26: revista territorios no. 22

“Gobierno de municipios y aglomeraciones urbanas”ISSN: 0123-8418ISSNe: 2215-7484

Territorios hace parte del índice Latindex. Está indexada en el International Bibliography of the Social Sciences (IBSS-LSE) del London School of Economics and Political Science y en la Hemeroteca Virtual RedAlyC

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Desarrollo económico territorialNúmeros 20 y 21* Bogotá * Enero-diciembre 2009

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Territorios es una publicación realizada conjuntamente por la Asociación Co-lombiana de Investigadores Urbanos Regionales –ACIUR– y por el Centro de Estudios Políticos e Internacionales –CEPI– de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Ro-sario, a través de su Programa de Gestión y Desarrollo Urbano-EKÍSTICA.

La ACIUR es una entidad de carácter privado, con fines científicos, gre-miales y culturales, que se ha organizado para propender por el fomento de la investigación urbana y regional en Colombia y consolidar la comunidad científica del área. Su naturaleza es la de una sociedad civil sin ánimo de lu-cro. Agrupa a tres tipos de miembros: los investigadores, los adherentes y los institucionales. Entre los terceros figuran la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de Colombia (sedes de Bogotá, a través del Instituto de Estudios Urbanos, y Medellín, a través de la Facultad de Arquitectura), la Universidad Piloto de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

Territorios 22. Primer semestre 2010 “Gobierno de municipios y aglomeraciones urbanas”ISSN: 0123-8418ISSNe: 2215-7484

InformaciónThierry [email protected] [email protected]://revistas.urosario.edu.co/territorios

Editorial Universidad del RosarioCra. 7 No. 13-41, of. 501Bogotá D.C., ColombiaTeléfono: 2970200, ext. 7724Correo electrónico: [email protected]

SuscripcionesPortal lalibreríadelaUDirección electrónica: www.lalibreriadelau.com

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Las opiniones de los artículos sólo comprometen a los autores y en nin-gún caso al Comité Editorial o a la Universidad del Rosario. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos incluidos en esta revista, salvo autorización previa de los autores.

territorios 22Director de la revista

Thierry Lulle

Coordinación editorialJaime Prada

Comité editorialMaría Helena BoteroLuis Mauricio Cuervo

Françoise DureauMaría Clara Echeverría

Samuel Jaramillo GonzálezJorge Lotero Contreras

María Mercedes MaldonadoOrlando Sáenz Zapata

Camilo Villa van Cothem

Comité científicoPedro AbramoHenri Coing

Sergio González LópezVincent GouësetEmilio Pradilla

Preparación editorialEditorial Universidad del Rosario

Corrección de estiloMónica Laverde Henao

Armada electrónicaÁngel David Reyes D.

ImpresiónXpress

territoriosRevista de estudios urbanos y regionales

Número 22. Primer semestre 2010

ContenidoEditorial

Thierry Lulle7

SECCIóN TEMÁTICA“Gobierno de municipios y aglomeraciones urbanas”

DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS y CONFIGURACIóN DEL TERRITORIO

Mobilidade espacial nas Metrópoles Brasileiras: complexidade do espaço urbanoÉrica Tavares da Silva, Juciano Martins Rodrigues

11

TRANSPORTE y SERVICIOS PúBLICOS DOMICILIARIOS

El impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: Bogotá los impactos del STM Transmilenio en los usos del suelo

Liliana Silva Aparicio33

METROPOLIZACIóN, CIUDAD y REGIóN

Gestión de suelo en la configuración de bordes de ciudad. El caso del borde occidental de Bogotá

Vanessa Velasco Bernal, Fabián Díaz y María L. López65

FRAGMENTACIóN, APROPIACIóN y REGULACIóN DEL ESPACIO URBANO

Santo Domingo Savio: un territorio reterritorializadoJorge Iván Ballesteros Toro, Claudia Velásquez Higuita, Marcela Sierra Vásquez,

Eliana María Torres Toro, Elizabeth Vélez González87

Renovación urbana. ¿Una respuesta al pánico moral?Carlos José Suárez

111

DERECHO URBANO

¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos

Lucas Correa Montoya125

RESEñAS

Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. Por Samuel JaramilloAdriana Parias Durán

151

La ciudad latinoamericana en el siglo XXI. Globalización, neoliberalismo, planeación. Por Peter Brand

Hernando Sáenz Acosta163

Sobre Terrotorios

territoriosJournal of urban and regional studies

Number 22. 1st Semester 2010

ContentsEditorial

Thierry Lulle7

THEMATIC SECTION“Government of municipalities and urban agglomerations”

DEMOGRAPHIC DyNAMICS AND CONFIGURATION OF THE TERRITORy

Spatial mobility in Brazilian Metropolis: Complexity of Urban SpaceÉrica Tavares da Silva, Juciano Martins Rodrigues

11

TRANSPORTATION AND RESIDENTIAL PUBLIC SERVICES

Transport impact in urban planning: the case of Transmilenio in BogotaLiliana Silva Aparicio

33

METROPOLIZATION, CITy AND REGION

The application of the land use policy in Bogota’s west boundaryVanessa Velasco Bernal, Fabián Díaz y María L. López

65

FRAGMENTATION, OwNERSHIP AND REGULATION OF URBAN SPACE

Santo Domingo Savio: a reterritorialized spaceJorge Iván Ballesteros Toro, Claudia Velásquez Higuita, Marcela Sierra Vásquez,

Eliana María Torres Toro, Elizabeth Vélez González87

Urban renewal. A moral panic answer?Carlos José Suárez G.

111

URBAN LAw

¿Right to the City? The city as a place and a possibility for human rightsLucas Correa Montoya

125

REVIEwS

Towards a Theory of Urban Land. By Samuel JaramilloAdriana Parias Durán

151

Latin American city in the 21st century. By Peter BrandHernando Sáenz Acosta

163

About Terrotorios

territorios 227

A finales de septiembre del año pasado se llevó a cabo el VIII Seminario Nacional de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales –ACIUR–, donde se contó con la fuerte colaboración del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El tema central de este

exitoso evento fue “Gobierno de municipios y aglomeraciones urbanas”. Participó un centenar de ponentes nacionales e internacionales, algunos con conferencias centrales, la mayoría con ponencias distribuidas entre una decena de mesas temáticas.

Estos seminarios de la ACIUR1 permiten un estimulante, enriquecedor y esperado reen-cuentro periódico de la comunidad científica estudiosa de los temas de desarrollo territo-rial, urbano y regional, desde lo social, económico, cultural, político y ambiental; también están presentes otros actores que provienen de la acción pública o de organizaciones no gubernamentales, lo cual favorece intercambios necesarios y fructíferos entre la academia y las otras esferas del desarrollo territorial.

Frente a esta amplia respuesta de la comunidad científica, la revista invitó a los ponentes a proponer artículos, los cuales pasaron por el estricto proceso editorial de evaluación por pares, tal como lo aplica habitualmente la revista. Una primera serie de artículos es presentada en este número, otra vendrá en el próximo.

Los artículos de este número provienen de ponencias que se presentaron en diferentes módulos del evento: 1) Dinámicas demográficas y configuración del territorio, 2) Trans-porte y servicios públicos domiciliarios, 3) Metropolización, ciudad y región, 4) Frag-mentación, apropiación y regulación del espacio urbano y 5) Derecho urbano. Aparecen problemáticas, sectores de intervención y disciplinas, cuyos cruces no dejan de enriquecer la comprensión de las dinámicas territoriales, urbanas y regionales, cada vez más comple-jas. Estos textos están nutridos de resultados de estudios e investigaciones. Además, vale la pena resaltar los aportes de una investigación joven, con bases muy sólidas y mucho interés en evaluar los procesos en curso de planeación y gestión de los distintos tipos de territorios. Esta vez los autores son en su mayoría colombianos, pero fieles a una tradi-ción propia de la revista, también abrimos nuestras páginas a autores extranjeros, como es el caso del primer artículo. Por otra parte, es de anotar que recibimos varios artículos colectivos y que no sólo se presenta el caso de Bogotá, sino también el de Medellín.

Editorial 1 El noveno seminario tendrá lugar a finales de octubre del presente año, y esta vez la Universidad Piloto de Colombia será el coorganizador.

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Para este número cambiamos la división por secciones, adoptando la de las mesas temá-ticas del seminario. En la primera sección: “Dinámicas demográficas y configuración del territorio”, el artículo “Mobilidade espacial nas Metrópoles Brasileiras: Complexidade do Espaço Urbano”, de Érica Tavares Da Silva y Juciano Martins Rodrigues, se refiere a las transformaciones demográficas urbanas de estas últimas décadas que caracterizan el proceso de metropolización, a partir de los casos de las catorce metrópolis más grandes de Brasil. Se trata de contestar a la pregunta de si este fenómeno está alterando la histórica “presión por las áreas centrales” o si la población está cambiando de sitio de residencia, pero sin dejar de trabajar en el núcleo urbano. Es así como los autores establecen una tipología de movimientos, dependiendo de las características de la población, lo cual les permite mostrar cómo se relacionan la movilidad residencial intrametropolitana y la movilidad cotidiana.

En la sección temática: “Transporte y servicios públicos domiciliarios”, el artículo “El impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: el caso de transmilenio en Bo-gotá”, de Liliana Silva Aparicio, tiene como punto de partida el importante papel que han asumido las infraestructuras del transporte en el crecimiento y expansión de las ciu-dades durante el último siglo, en especial en el caso de Bogotá. Hoy día, el gran reto es el planeamiento del Sistema de Transporte Masivo –STM– Transmilenio y su interacción con la estructura urbana, por lo cual la autora analiza el comportamiento de los usos del suelo en la primera fase de construcción del sistema. Ella muestra cómo no existe una articulación entre los sistemas de uso del suelo y transporte. Asimismo, el planeamiento a nivel intermedio y local muestra debilidad en su articulación. Adicionalmente, la in-fraestructura existente del STM reitera la tendencia de concentrar la accesibilidad en un mismo lugar: el centro concentra la mayor accesibilidad y la periferia no consigue superar sus limitaciones frente a este aspecto.

Pasando a la sección: “Metropolización, ciudad y región”, Vanessa Velasco Bernal, Fabián Díaz y María L. López presentan el artículo “Gestión de suelo en la configuración de borde de ciudad. El caso del borde de occidental de Bogotá”. Ellos tratan de identificar cómo inciden los instrumentos de gestión de suelo en la conformación de la estructura urbana, en particular, en el borde de ciudad (el caso del borde occidental en Bogotá). Igualmente, analizan el papel de los instrumentos en la conformación de una estructura urbana que soporte las decisiones del Modelo de Ordenamiento Territorial de Bogotá, articulado con la región y con las estrategias de ordenamiento de los municipios colin-dantes al borde occidental.

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La sección: “Fragmentación, apropiación y regulación del espacio urbano” reúne dos artículos: el primero, “Santo Domingo Savio: un territorio reterritorializado”, redacta-do por Jorge Iván Ballesteros Toro, Claudia Velásquez Higuita, Marcela Sierra Vásquez, Eliana María Torres Toro y Elizabeth Vélez González, se refiere al caso del barrio de la Comuna Popular número 1 denominado Santo Domingo Savio, el cual se ha formado a través de la ocupación marginal e ilegal de la tierra y ha sido marcado por la violencia y la pobreza. Luego de años de abandono, el Estado ha implementado varios tipos de proyectos de desarrollo urbano, lo que ha convertido a esta comuna en un lugar atractivo para residentes y turistas, pero también en un laboratorio de ciudad y en un modelo de renovación. Para analizar mejor esta situación de cambio, los autores exploran las distin-tas territorialidades que históricamente han tenido los diferentes actores en este espacio.

Por su lado, Carlos José Suárez, en su artículo “Renovación urbana. ¿Una respuesta al pánico moral?”, se centra en los procesos de transformación y renovación urbana del centro histórico de Bogotá, vinculados con la relocalización de poblaciones vulnerables que habitan esta zona. Estas intervenciones públicas tienen los referentes del urbanismo moderno higienista. La coyuntura actual de que barrios de la zona van a ser sometidos a un proceso de renovación enmarcado en el megaproyecto Ciudad Salud tiene que ser estudiada críticamente. Desde una perspectiva antropológica, el autor busca esclarecer los significados sociales de estos procesos de renovación.

En la última sección: “Derecho urbano”, el artículo de Lucas Correa Montoya “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos” plantea que el derecho a la ciudad como derecho colectivo se presenta jurí-dicamente desde tres facetas necesarias: el usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, el mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos. En este ensayo el autor analiza cómo este es un derecho del cual son titulares los ciudadanos ampliamente considerados y del cual es responsable, en concreto, la autoridad pública de la ciudad; sin embargo, dada su naturaleza compleja, se hace necesario un sistema de corresponsabilidades para hacerlo efectivo.

Seguimos con la presentación de reseñas muy interesantes y sugestivas de dos libros im-portantes. La primera se refiere a la segunda edición revisada y ampliada de “Hacia una teoría de la renta del suelo urbano”, de Samuel Jaramillo, obra que tuvo un gran impacto en la comunidad de los estudiosos de la ciudad en Latinoamérica y que, en esta nueva

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edición, tiene nuevos aportes muy originales y valiosos. La segunda reseña es sobre “La ciudad latinoamericana en el siglo XXI”, de Peter Brand, compilación de textos en los cuales, perpetuando una cierta tradición, se busca también definir lo que sería la ciudad latinoamericana desde distintas perspectivas.

Por otra parte, con el fin de seguir fortaleciendo la revista, estamos conformando un Comité Científico. Este proceso es lento pero ya tenemos un primer núcleo de cinco colegas, de México, Brasil y Francia, quienes aceptaron con mucho entusiasmo nuestra invitación. Es muy importante para nosotros poder contar con esta colaboración de muy alta calidad. Agradecemos la confianza de nuestros colegas. No dudamos que este comité se va a ampliar en los próximos meses.

Finalmente, en nombre de Territorios y de ACIUR, quisiera rendir un homenaje muy es-pecial a una gran persona, el profesor Thomas van der Hammen, quien falleció hace pocas semanas. Para muchos ambientalistas los múltiples aportes de este investigador holandés, apasionado e incansable estudioso de la naturaleza de nuestro planeta, en especial la de Colombia, han sido profundamente determinantes. También lo han sido sus contribu-ciones en la discusión que se llevó a cabo hace una decena de años durante la elaboración del POT de Bogotá, en especial en torno a su componente ambiental. Además, quienes lo conocieron quedaron impresionados por su inmensa calidad humana.

THIERRY LULLE

Mobilidade espacial nas Metrópoles Brasileiras: complexidade do espaço urbanoSpatial mobility in Brazilian Metropolis: Complexity of Urban Space

Érica Tavares da Silva*

Juciano Martins Rodrigues**

Territorios 22 / Bogotá, 2010, pp. 11-32ISSN: 0123-8418ISSNe: 2215-7484

* Pesquisadora do Obser-vatório das Metrópoles e Doutoranda em Planeja-mento Urbano e Regional no IPPUR/UFRJ – [email protected]** Pesquisador do Obser-vatório das Metrópoles e Doutorando em Urbanis-mo no PROURB/UFRJ –[email protected]

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Recibido: 1 de diciembre de 2009Aprobado: 16 de febrero de 2010

Para citar este artículoTavares da Silva, É.; Martins Rodrigues, J. (2010). Mobilidade espacial nas Metrópoles Brasileiras: complexi-dade do espaço urbano. Territorios, 22, pp. 11-32.

DINáMIcAS DeMogRáfIcAS y coNfIguRAcIóN Del TeRRIToRIo

Érica Tavares da silva, Juciano MarTins rodrigues

territorios 2212

resuMo

As transformações na dinâmica demográfica ocorrida nas últimas décadas nos espaços urba-nos passam, em grande medida, pela reconfi-guração territorial, econômica e social das áreas metropolitanas, na qual os movimentos das pessoas exercem influência fundamental. Para este trabalho, propomos uma abordagem sobre o movimento migratório intra-metropolitano em 14 áreas metropolitanas brasileiras, quais sejam: Belém, Belo Horizonte, Brasília, campi-nas, curitiba, florianópolis, fortaleza, goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória; questionamos se este fenô-meno estaria alterando a histórica “pressão pelas áreas centrais metropolitanas” ou se essa popu-lação está mudando de residência, mas conti-nua trabalhando no núcleo. Pensando sobre os movimentos da população ocupada nas regiões metropolitanas, buscamos ainda considerar os tipos de movimentos realizados (núcleo-peri-feria; periferia-núcleo e periferia-periferia) com uma caracterização desta população. Portanto, nossa reflexão está relacionada às diferentes ló-gicas que operam sobre o lugar de moradia das pessoas e os lugares de outros fazeres que deter-minam a vida urbana, especialmente o lugar de trabalho. A localização dos postos de trabalho em áreas mais “centrais” e a quantidade consi-derável de pessoas que se deslocam para estes municípios também são fenômenos expressivos ainda. Será que os movimentos cotidianos po-dem se apresentar como uma alternativa para a residência em outras áreas da metrópole e o trabalho nas áreas centrais? Nossa proposta é a de que esses processos precisam ser analisados cada vez mais em conjunto com a migração intra-metropolitana.

absTracT

The changes in demographic dynamics in urban areas during the last decades are related to the territorial, economic and social reconfiguration of metropolitan areas, in which the population movements play a fundamental role. In this ar-ticle, we propose an approach to a migrational movement within 14 metropolitan regions, which are: Belém, Belo Horizonte, Brasília, campinas, curitiba, florianópolis, fortaleza, goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador , São Paulo and Vitória. We ask whe-ther this phenomenon affects the historical “pressure by the central metropolitan areas”, or if this population is changing their residen-ce, but is still working at the center. Thinking about the movements of the population emplo-yed in the metropolitan areas, we also aim to consider movements’ types (center-periphery, periphery-center, periphery-periphery) and a characterization of this population. conse-quently, we think about the different logics that determine the place of residence and the place of work in urban life. The location of jobs in the most “central” areas and the considerable amount of people moving to these cities are also still significant phenomenon. Is the daily commute an alternative to live in other areas of the metropolitan region and work in central areas? our proposal is that these processes need to be analyzed more and more in conjunction with the intra-metropolitan migration.

Palavras-chaveMobilidade, migração, áreas centrais, periferia, metrópoles.

KeywordsMobility, migration, cen-tral areas, periphery, me-tropolis.

Mobilidade espacial nas MeTrópoles brasileiras: coMplexidade do espaço urbano

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Introdução

Historicamente, com os grandes fluxos migratórios em direção aos grandes centros urbanos do Brasil, vivenciou-se uma cons-tante pressão sobre a moradia, o mercado de trabalho, o acesso aos serviços básicos, etc. nas áreas centrais.1 A migração e a dis-tribuição da mão-de-obra foram questões marcantes no desenvolvimento regional brasileiro, na constituição de uma socie-dade urbano-industrial e na conformação da sua força de trabalho, diante de uma considerável “assimetria de oportunidades” regionais; ainda segundo Brandão (2007), “massas populacionais imensas buscaram novos lugares geográficos (promovendo uma das maiores mobilidades espaciais do mundo, uma verdadeira transumância) e novos loci de status social”.

Apesar dos grandes deslocamentos e de ter ocorrido certa mobilidade estrutural, as relações sociais com o lugar foram enfra-quecidas. Novas formas de sociabilidade passam a marcar a vida urbana, a falta de experiência urbana dos migrantes parece ter pesado sobre as formas de organização po-lítica na cidade, afetando a coesão social no espaço urbano, a normatividade e a dinâmi-ca civilizatória, devido ao desenraizamento, ausência de relações solidárias, preconceito, solidão, anonimato (faria, 1991, p. 106).

Quanto às condições de trabalho nestes centros urbanos, a urbanização e o desen-volvimento brasileiro foram incapazes de assegurar melhores condições de trabalho e de subsistência para o conjunto da po-pulação. Mesmo nas áreas mais dinâmicas,

uma reduzida camada de alta renda (com grande poder de consumo e influência so-cial) e camadas médias ampliadas, diversi-ficadas e em ascensão passaram a conviver com o proletariado industrial e terciário e com um vasto, instável e heterogêneo contingente de trabalhadores pobres, de vida incerta e duvidosa (carvalho, 2005, p. 8). A cidadania urbana vai sendo formada num contexto de grande movimentação em direção aos centros urbanos, massas que vão se juntando às classes trabalhado-ras, às classes médias e até aos bolsões de marginalidade.

A desigualdade socioeconômica expres-sou-se também no espaço, onde a ineficácia do estado diante dos interesses ligados à estrutura fundiária e à monopolização do espaço urbano, e uma expansão metropo-litana acelerada marcando a acumulação de capital levaram boa parte da população a uma situação habitacional bastante pre-cária e a um ausente ou desfavorável acesso aos serviços sociais básicos. Neste sentido, podemos afirmar que os movimentos da população no interior das metrópoles es-tão relacionados à configuração do espaço urbano num contexto de alta mobilidade do capital e expressivas exigências de mo-bilidade do trabalho.

Recentemente, todavia, há uma redu-ção considerável no nível e no ritmo de crescimento populacional dessas áreas cen-trais, com menor imigração e maior emi-gração especialmente para os municípios periféricos. Diante disso, colocamos al-gumas questões: a histórica pressão pelas áreas centrais poderia realmente estar apre-

1 Ao trabalhar com a ex-pressão área central (ou núcleo da metrópole) e pe-riferia, estaremos nos refe-rindo ao município cen-tral que dá nome à própria região metropolitana e aos demais municípios, respec-tivamente.


territorios 2214

sentando mudanças? Qual a dimensão dos fluxos em período recente? Quem são os migrantes que estão se movimentando no interior das áreas metropolitanas, qual a si-tuação ocupacional? Quais seriam as lógicas que operam sobre este movimento? Quem realiza movimento pendular?

Tendo consciência sobre o desafio que é responder todas estas questões, apresenta-mos neste trabalho uma abordagem sobre o movimento migratório intrametropolitano em 14 áreas metropolitanas brasileiras: Be-lém, Belo Horizonte, Brasília, campinas, curitiba, florianópolis, fortaleza, goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salva-dor, São Paulo e Vitória; analisamos assim as mudanças na dinâmica populacional dos espaços metropolitanos e os movimentos migratórios. Posteriormente, buscamos uma qualificação dos migrantes intrame-tropolitanos no período de 1995 a 2000, em termos de escolaridade, rendimentos e situação ocupacional, segundo os fluxos realizados – núcleo/periferia; periferia-núcleo; periferia/periferia. Relacionamos ainda as trocas migratórias intrametropo-litanas com os movimentos pendulares de população ocupada, trazendo algumas re-flexões sobre a relação entre mobilidade residencial e mobilidade temporária no espaço metropolitano em período recente.

1. Movimentos Intrametropolitanos: trocas migratórias centro-periferia

No atual modelo de desenvolvimento ca-pitalista, novas contradições são geradas

com a hipermobilidade do capital e da ri-queza e uma possível imobilidade da força de trabalho, especialmente por parte destas camadas mais desfavorecidas da sociedade. Simultaneamente, as transformações na es-trutura produtiva e no mercado de trabalho indicam uma tendência à precariedade e ins-tabilidade ocupacional, alterando também as chances/potencialidades de mover-se em busca de melhores condições de trabalho.

No caso brasileiro, historicamente, a riqueza e a população concentraram-se nas áreas centrais das regiões metropolitanas. com efeito, nestas áreas sempre ocorreu uma forte pressão pela sua ocupação como condição de acesso ao emprego, à renda e à moradia para amplos segmentos da so-ciedade, inclusive de trabalhadores subem-pregados – resultando no crescimento da ocupação precária, informal e transitória, especialmente no setor de serviços, em geral, e, em especial, nos serviços pessoais, ao lado da crise da mobilidade urbana e do colapso das formas de provisão de moradia. Neste contexto, presenciamos uma situação em que “a segmentação do mercado de trabalho, imobilidade urbana e ausência de políticas efetivas de provisão de moradia geram a segmentação sócio-territorial das metrópoles, cuja evidência mais forte é a pressão pela ocupação das áreas centrais” (Ribeiro, 2008, p. 225).

Mas, como já apontamos, apesar des-sa histórica pressão pelas áreas centrais, algumas mudanças nas tendências de mo-vimento das pessoas, e certamente de tra-balhadores, estão ocorrendo especialmente a partir das regiões metropolitanas ou em


territorios 2215

seu interior. A discutida relação centro-periferia, em suas diversas escalas, se torna importante nesse processo que pode ser um indicador de dispersão urbana, mas deve ser analisada sob outros enfoques, pois temos observado processos distintos e simultâ-neos envolvendo incremento e crescimento populacional, mudanças no mercado de trabalho, novas centralidades, entre outros processos de permanência e continuidade.

Numa abordagem mais demográfica so-bre a dispersão urbana na Região Metropo-litana de Barcelona, Rúbies (2005) aponta que tal fenômeno do crescimento urbano pode estar relacionado a dois fatores que expressam o teor de expansão da cidade: a) o crescimento das cidades menores, e b) o aumento dos núcleos localizados mais distantes da cidade central. Para a autora, vários aspectos estão envolvidos na revalori-zação territorial destes espaços, destacamos aqueles mais gerais: a) deslocalização de ati-vidades econômicas, não só industriais, mas também comerciais e de serviços; b) ino-vações tecnológicas e organizacionais que permitam uma articulação territorial mais próxima entre as empresas; c) expansão das vias rápidas de comunicação e melhoria do transporte público e privado; d) novos mo-delos residenciais que, com o aumento dos níveis de vida de algumas famílias, apreciam as condições ambientais ou de vizinhança e maior conforto da moradia; e) menor preço de moradia na periferia, explosão do mer-cado imobiliário e disponibilidade do au-tomóvel que facilita a dispersão residencial.

No Brasil, o fenômeno da dispersão ur-bana tem sido já amplamente considerado,

entretanto, apesar de algumas evidências apontarem para essas mudanças na confi-guração territorial, em termos da dinâmica populacional e até de novas localizações das atividades econômicas, especialmente in-dustriais, acreditamos que essa constatação remete a reflexões mais profundas sobre a própria forma de abordagem do espaço ur-bano e o entendimento de outras relações socioeconômicas, especialmente na análise da mobilidade. Por exemplo, as migrações intrametropolitanas expressam proximida-de ou distanciamento do lugar de trabalho? estes movimentos estão atenuando ou aci-rrando as desigualdades sociais?

A partir dessas questões e de algumas informações sobre a dinâmica populacio-nal –mais especificamente os movimentos migratórios recentes e os deslocamentos pendulares– nas regiões metropolitanas brasileiras, buscamos tecer algumas consi-derações sobre essa dinâmica e os processos de reconfiguração territorial. o mapa a se-guir representa uma dimensão em termos de localização e distribuição da população nas áreas metropolitanas brasileiras que es-tamos considerando neste trabalho.

estes 14 grandes espaços urbanos Brasileiros com funções metropolitanas2 abrangem 60,3 milhões de pessoas, sendo 35,5% da população do país e estão em todas as grandes regiões geográficas.3 es-tamos falando de um universo metropoli-tano bastante diverso, pois a maior dessas áreas metropolitanas é a de São Paulo com aproximadamente 19 milhões de pessoas, a menor é florianópolis com 940 mil. Ape-sar dos núcleos metropolitanos ainda con-

2 O Estudo do Observató-rio (2004) identifica 15 espaços, mas como estamos trabalhando com a dinâ-mica entre os municípios metropolitanos, excluímos da análise a RM de Man-aus, por ser composta ape-nas deste município.

3 O território brasileiro é divido em cinco grandes regiões geográficas: Nor-te, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.


territorios 2216

Mapa 1. Grandes espaços urbanos brasileiros

centrarem a maior parte da população de cada metrópole em termos absolutos, é possível notar que o ritmo de crescimento dos demais municípios metropolitanos fo-ram maiores entre 1991 a 2000, à exceção de florianópolis (gráfico 1). As periferias de Belém no estado do Pará, goiânia no estado de goiás e Brasília4 são as que mais cresceram neste período, os demais recortes espaciais tanto do núcleo quanto da peri-feria, apresentam crescimento abaixo de 5%. Belém apresenta enorme crescimento, determinado essencialmente pelo municí-

4 A Região Integrada de Desenvolvimento Econô-mico de Brasília, aqui con-siderado sua área metropo-litana, abarca municípios de três Unidades da Fede-ração brasileira: Brasília (Distrito Federal), Goiás e Minas Gerais.

pio de Ananindeua, compondo a periferia metropolitana que mais cresce no Brasil.

De 2000 a 2007, as taxas de crescimen-to no geral diminuíram, afinal estamos tra-tando de um intervalo de sete anos, porém, no geral, esse crescimento continua em ritmo mais acelerado a favor da periferia. florianópolis continua sendo exceção e, em Brasília, o crescimento da periferia fica próximo ao do núcleo (gráfico 2).

Na tabela 1 a seguir, apresentamos a distribuição populacional, incremento e crescimento populacional dos municípios


territorios 2217

Gráfico 1. Taxa de crescimento médio anual, núcleo e periferia das Áreas Metropolitanas Brasileiras 1991/2000

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1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0Núcleo Não-núcleo

fonte: IBge. Censo Demográfico de 1991 e 2000.

Gráfico 2. Taxa de crescimento médio anual, núcleo e periferia das Áreas Metropolitanas Brasileiras 2000/2007

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1,5

2,0

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3,0

3,5

4,0

4,5Núcleo Não-núcleo



territorios 2218

brasileiros, segundo nível de integração para os municípios metropolitanos e segun-do faixas de tamanho para os municípios não-metropolitanos . entre 1991 e 2000 a população dos municípios metropolitanos da periferia aumentou em 6.285.775 de pessoas, o que representa, numa dimensão relativa, 29,7% de crescimento. enquanto isso o aumento da população dos núcleos metropolitanos foi de 12,8%, pouco mais de 4 milhões de pessoas. um aumento relativo desta envergadura só é registrado para os municípios com até 10 mil habi-tantes, o conjunto destes municípios teve

um aumento absoluto de pouco mais de 3 milhões de habitantes. o incremento populacional nos municípios das periferias metropolitanas representa 27,3% de todo o incremento da população brasileira na década de 1990.

considerando ainda a distribuição da população metropolitana entre núcleo e periferia nos anos de 1991, 2000 e 2007, a tendência geral foi de aumento da parti-cipação da população da periferia no total, resultado da manutenção de altas taxas de crescimento anual, como mostramos an-teriormente.

Tabela 1. População e incremento populacional dos Municípios Brasileiros, 1991-2007

Tipo de municipioIncremento Contribuição para

o incrementoTaxa de

crescimento

91-00 Aum. (%) 00-07 Aum. (%) 91-00 00-07 91-00 00-07

Pólos Metropolitanos 4.065.452 12,8 3.153.291 08,8 017,7 022,6 1,3 1,2

Muito Alta 3.756.747 28,9 2.055.130 12,3 016,3 014,7 2,9 1,7

Alta 1.455.705 33,1 1.035.723 17,7 006,3 007,4 3,2 2,4

Média 795.688 35,7 393.077 13,0 003,5 002,8 3,4 1,8

Baixa 247.812 23,0 136.210 10,3 001,1 001,0 2,3 1,4

Muito Baixa 29.823 06,9 25.294 05,5 000,1 000,2 0,7 0,8

Periferia Metropolitana 6.285.775 29,7 3.645.434 13,3 027,3 026,1 2,9 1,8

Metrópoles 10.351.227 19,5 6.798.725 10,7 045,0 048,8 2,0 1,5

Interior 12.632.128 13,5 7.144.643 06,7 055,0 051,2 1,4 0,9

até 10 mil 3.020.972 28,7 565.074 04,2 013,1 004,1 2,8 0,6

> 10 mil até 20 mil 1.665.706 09,7 842.778 04,5 007,2 6,0 1,0 0,6

> 20 mil até 50 mil 1.647.707 06,6 1.388.884 05,2 07,2 10,0 0,7 0,7

> 50 mil até 100 mil 1.626.376 10,6 1.218.742 07,2 007,1 8,7 1,1 1,0

> 100 mil até 500 mil 1.675.739 17,2 2.534.878 10,1 016,0 18,2 1,8 1,4

> 500 mil 995.628 23,7 594.287 11,5 004,3 4,3 2,4 1,6

Total 22.983.355 15,7 13.943.368 08,2 100,0 100,0 1,6 1,1fonte: IBge. Censos Demográficos de 1991 e 2000 e Contagem Populacional de 2007.


territorios 2219

A análise dessas tendências passa por alguns pontos importantes sobre a dinâ-mica demográfica em geral, pois é preciso considerar em que medida essas diferenças de crescimento populacional entre núcleo e periferia têm sido impactadas pela mi-gração. Sendo assim, há aspectos demo-gráficos e espaciais que influenciam essa reflexão, como o processo de transição demográfica.

com a diminuição das taxas de mor-talidade e fecundidade, devido às trans-formações sociais, econômicas e culturais que ocorreram especialmente a partir do acelerado processo de urbanização, obser-vamos uma tendência geral de diminuição do ritmo de crescimento populacional, que vai apresentando impacto diferenciado sobre os grupos demográficos de crianças, jovens, adultos e idosos. com essa dimi-

nuição geral, os movimentos das pessoas a partir de uma mobilidade residencial vão se tornando um aspecto importante para determinar as mudanças na distribuição espacial da população. conforme também aponta Rigotti (2008), a migração passa a ser a componente principal na identificação desses processos.

Neste trabalho, buscamos contribuir na identificação das mudanças que estão ocorrendo no interior das metrópoles. co-mo apontado acima, a pressão pelas áreas centrais se apresentou mediante o intenso crescimento destes grandes aglomerados urbanos e a expressiva migração para essas áreas centrais. Sob este aporte de reflexão, apresentamos o saldo migratório dos nú-cleos das áreas metropolitanas em 1991 e 2000, que também mostra uma mudança nessa perspectiva.

Gráfico 3. Saldo migratório do município núcleo das Áreas Metropolitanas Brasileiras, 1991 e 2000

Bra

sília

flor

ianó

polis

cam

pina

s

goi

ânia

cur

itiba

fort

alez

a

Vitó

ria

Salv

ador

Port

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legr

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Bel

ém

Rec

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Bel

o H

oriz

onte

Rio

de

Jane

iro

Sao

Paul

o-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

Saldo 1991 Saldo 2000



territorios 2220

os núcleos metropolitanos vêm perden-do população desde 1991 e continuaram perdendo em 2000, considerando a mi-gração de maneira geral (com exceção do município de Brasília em 1991 e 2000; flo-rianópolis em 2000; e campinas em 1991). Trabalhando apenas com a migração intra-metropolitana essa perda também é bastante considerável, podemos perceber que, essa saída de pessoas para a periferia é expressiva.

obviamente as metrópoles com maior população apresentam maior número de pessoas em movimento, ou seja, São Paulo tem maior número de emigrantes para os municípios não-metropolitanos, seguido por Belo Horizonte e Rio de Janeiro, com mais de 100 mil pessoas saindo (gráfico 4).

Já considerando os valores em termos relativos, temos a taxa de emigração das

capitais para os demais municípios metro-politanos. Proporcionalmente, os núcleos de Belo Horizonte em especial, e ainda Re-cife e Brasília permanecem com os maiores valores de emigração intrametropolitana (gráfico 5).

outro dado importante é o quanto essa emigração representa na emigração total, ou seja, o percentual de migrantes que deixaram os respectivos núcleos das regiões metropo-litanas e se dirigiram para as periferias em relação ao total de emigrantes do núcleo. É significativa essa parcela em algumas metró-poles, com destaque para Belo Horizonte, onde 59,4% dos emigrantes da cidade núcleo ficam na própria área metropolitana, ao se dirigirem para sua periferia. Além desta, vale destacar Brasília e Porto Alegre, com esse percentual acima de 47% (gráfico 6).

Gráfico 4. Número de emigrantes do núcleo para periferia no Brasil 1995/2000

Sao

Paul

o

Bel

o H

oriz

onte

Rio

de

Jane

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Bra

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Salv

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pina

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polis

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000322.628

140.957128.914

69.06889.376

58.22160.52148.849 46.496 41.059 33.825 27.711 20.004 12.789

fonte: IBge. Censo Demográfico de 2000.


territorios 2221

Gráfico 5. Taxa de emigração intrametropolitana no Brasil (Núcleo para periferia), 1995/2000

Vitó

ria

Bel

o H

oriz

onte

goi

ânia

Rec

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Bra

sília

Port

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legr

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Bel

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Sao

Paul

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pina

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cur

itiba

fort

alez

a

Rio

de

Jane

iro

Salv

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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,007,41

6,84

5,81

4,83

5,29

4,04

4,82

4,01

3,383,1

2,812,52 2,38

1,51


Gráfico 6. Percentual de emigrantes que saíram do núcleo para a periferia por total de emigrantes do núcleo – 1995/2000

Bel

o H

oriz

onte

Bra

sília

Port

o A

legr

e

Rec

ife

cur

itiba

goi

ânia

Vitó

ria

flor

ianó

polis

Rio

de

Jane

iro

Bel

ém

fort

alez

a

Sao

Paul

o

cam

pina

s

Salv

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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Metrópoles

%



territorios 2222

São Paulo e Rio de Janeiro, apesar do maior valor em números absolutos, apre-sentam taxas de emigração intrametropo-litana menores, mas como veremos abaixo no saldo migratório intrametropolitano (entre núcleo e periferia), esses espaços realmente estão perdendo expressiva po-pulação para o entorno (gráfico 7).

Portanto, temos observado através da mobilidade residencial, um maior saldo positivo para municípios da periferia tan-to na migração total do país quanto na migração intrametropolitana. os núcleos metropolitanos estão perdendo em popu-lação através da migração para os demais municípios metropolitanos. esse aspecto estaria alterando o fenômeno de “pressão

pelas áreas centrais metropolitanas”? Pois simultaneamente a isso, alguns municípios estão tendo mais condições de retenção da população ocupada, conforme indicado por lago (2008) na região metropolitana do Rio de Janeiro. ou essa população está mudando de residência, mas continua tra-balhando no núcleo?

Neste sentido, consideramos crucial uma reflexão sobre quem são esses mi-grantes que se movimentaram no próprio interior das metrópoles no período de 1995 a 2000. Através dessa análise, podemos ter algumas indicações sobre as características desse processo, assim como levantar mel-hores direcionamentos para aprofundar a questão.

Gráfico 7. Saldo migratório entre núcleo e periferia metropolitanos no Brasil, 1995/2000

Sao

Paul

o

Bel

o H

oriz

onte

Rio

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Jane

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Bra

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cur

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Rec

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-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

Metrópoles

Pess

oas



territorios 2223

2. Quem são esses migrantes intrametropolitanos?

Recentemente, como foi visto, as áreas centrais das metrópoles estão apresentando menor ritmo de crescimento populacional, o que pode estar relacionado a diversos aspectos, pois no contexto atual da con-formação de novas territorialidades, consi-derar o movimento das pessoas no espaço abrange um amplo leque de determinantes e diferenciadas configurações. Pensar sobre este movimento implica não apenas refletir sobre a dinâmica demográfica, mas também uma abordagem a respeito das mudanças na estrutura produtiva e econômica; as transformações no mercado de trabalho; a estrutura social sob o confronto das pers-pectivas de desigualdade e/ou exclusão; e os modelos sócio-culturais com novos esti-los de vida e apreensão do urbano.

Buscando nos aproximar da configu-ração socioespacial e das condições sociais, econômicas e ocupacionais, é importante considerar quem são esses migrantes, quais são os grupos sociais que estão se movendo especialmente para fora do núcleo, uma vez que é nas áreas centrais que ocorre também uma imobilidade expressiva.

Dos mais de 15 milhões de migrantes no Brasil de 1995 a 2000, pouco mais de 2 milhões são migrantes intrametropoli-tanos, ou seja, em torno de 13% do total. Passamos a considerar então os migrantes intrametropolitanos nas 14 áreas metropo-litanas já apontadas acima, diferenciamos os fluxos da seguinte maneira: 1) núcleo

para periferia; 2) periferia para núcleo; 3) periferia para periferia.

Quanto à distribuição da população migrante pelo interior da metrópole, temos indicações de que a periferia está recebendo população menos escolarizada do núcleo, com maior participação nas faixas iniciais de escolaridade (sem instrução, adultos alfabetizados e de 1 a 3 anos; e de 4 a 7 anos). A distribuição por escolaridade des-tes que saíram do núcleo para a periferia se aproxima da distribuição entre os que se movimentaram na própria periferia me-tropolitana – as faixas até 7 anos de estudo já abrangem mais de 60% dos migrantes. Mas as trocas entre a periferia parecem estar mais marcadas por uma população menos escolarizada.

Já para o núcleo, em menor quantidade como se sabe, nas faixas de 11 a 14 anos de estudo e de 15 anos ou mais há maior par-ticipação do que nos outros tipos de fluxos, recebe uma população mais concentrada nas faixas médias de escolaridade.

No geral, os migrantes intrametropo-litanos ocupados apresentam maior parti-cipação na faixa de 1 a 3 salários mínimos em 2000. Também para os rendimentos, entre os que saíram do núcleo para a peri-feria apresentam, por exemplo, quase 25% recebendo mais de 5 salários mínimos, contra quase 33% entre os que realizaram movimento inverso; já para as trocas peri-féricas tem menor percentual ainda nesta faixa, 21%. como não temos uma análise de trajetória, não é possível saber se esse maior rendimento é determinado pela origem do


territorios 2224

núcleo ou se realmente pelas melhores con-dições encontradas no destino.

o fato é que estes migrantes “núcleo-periferia” têm menor participação nas faixas de melhor rendimento do que aqueles que saíram para o núcleo, sendo ainda menor entre aqueles que realizaram trocas entre a própria periferia. Assim como para a es-colaridade, estes também apresentaram maior concentração nas menores faixas de

rendimento (comparando os percentuais em cada faixa de rendimento).

entre estes migrantes, quase 950 mil são ocupados, o que pode servir de uma aproximação para analisarmos a migração intrametropolitana da força de trabalho, mesmo que esta não tenha sido diretamen-te a razão do movimento. Para os migran-tes intrametropolitanos ocupados, temos aproximadamente 54% que se dirigiram do

Tabela 2. Distribuição (%) dos migrantes intrametropolitanos brasileiros 1995-2000 segundo anos de estudo

Anos de Estudo Núcleo / Periferia Periferia / Núcleo Periferia / Periferia Total

Sem instrução 12,0 9,0 12,6 11,9

De 1a 3 e alf. adul. 16,0 13,1 16,8 16,0

De 4 a 7 32,6 28,2 35,0 33,0

De 8 a 10 17,5 17,8 17,1 17,4

De 11 a 14 17,3 22,8 15,5 17,2

Mais de 15 4,5 9,0 3,0 4,4

Total 1.142.960 199.191 731.073 2.073.224


Tabela 3. Distribuição (%) dos migrantes intrametropolitanos brasileiros 1995-2000 segundo rendimentos

Faixas de Rendimento Núcleo / Periferia Periferia / Núcleo Periferia / Periferia Total

Até 1 SM 14,1 13,2 15,3 14,4

De 1 a 3 SM 42,5 37,2 44,7 42,7

De 3 a 5 SM 18,7 16,7 18,4 18,4

Mais de 5 SM 24,7 32,8 21,6 24,5

Total 513.506 104.297 327.048 944.851



territorios 2225

núcleo para municípios da periferia, 11% que se dirigiram para o núcleo e mais 35% que realizaram trocas entre os municípios da própria periferia.

Para uma análise mais direcionada para a posição na estrutura ocupacional, utili-zamos uma categorização dos migrantes intrametropolitanos pelas suas condições ocupacionais, a partir de categorias sócio-ocupacionais (cATs).5

Podemos perceber que a maior parte dos migrantes intrametropolitanos con-centra-se nas categorias Médias e Trabal-hadores do Secundário, em seguida entre Trabalhadores do Terciário e Trabalhadores do Terciário não-especializado (tabela 5). Se compararmos cada categoria entre os tipos de fluxo, para os trabalhadores que saíram do núcleo em direção a municípios da periferia há percentual um pouco maior

de trabalhadores do terciário especializado e não-especializado. Já entre os dirigentes, pequenos empregadores, profissionais de nível superior e categorias médias, a par-ticipação é maior para aqueles que saíram da periferia para o núcleo (comparando o percentual pela categoria). Para os agri-cultores, mas com especial destaque para os trabalhadores do secundário, há maior participação entre aqueles que realizaram trocas migratórias na própria periferia me-tropolitana.

essa categorização foi feita para cada metrópole, como mostra a tabela 5. Sele-cionamos apenas o fluxo que vai do núcleo para a periferia para apreender possíveis di-ferenças entre as áreas metropolitanas. en-tre as categorias sócio-ocupacionais, os diri-gentes apresentam participação um pouco maior (2%) nas regiões metropolitanas de

5 As categorias sócio-ocu-pacionais, as CATs, foram construídas no âmbito do Observatório das Metró-poles como base para as análises das desigualda-des sócio-espaciais em todas as metrópoles da rede. As CATs são formadas por 8 grandes categorias resul-tantes da agregação de 24 categorias sócio-ocupacio-nais, construídas através da hierarquização social das ocupações definidas nos censos demográficos de 1991 e 2000: 1. Dirigentes (grandes empregadores e dirigentes do setor públi-co e privado); 2. Profis-sionais de nível superior (empregados, autônomos, estatutários e professores; 3. Pequenos empregadores; 4. Categorias médias (em-pregados em ocupações de rotina, supervisão, segu-rança, ensino básico e téc-nicos); 5. Trabalhadores do secundário (trabalhadores da indústria moderna, da indústria tradicional, dos serviços auxiliares à indús-tria e da construção civil); 6. Trabalhadores do terciá-rio (prestadores de serviço e comerciários); 7. Trabal-hadores do terciário não especializado (porteiros e vigias, trabalhadores do-mésticos, ambulantes e bis-cateiros) e 8. Agricultores.

Tabela 4. Distribuição (%) dos migrantes intrametropolitanos brasileiros 1995-2000 segundo categorias sócio-ocupacionais

Categorias Núcleo / Periferia Periferia / Núcleo Periferia / Periferia Total

Agricultores 1,2 0,9 2,9 1,8

Dirigentes 1,2 1,4 0,8 1,1

Pequenos empregadores 2,2 3,1 2,0 2,2

Profissionais de nível Superior 5,5 9,9 4,1 5,5

categorias Médias 26,2 30,4 23,4 25,7

Trabalhadores do Terciário 20,8 18,5 18,7 19,8

Trabalhadores do Secundário 23,9 17,6 29,2 25,0

Trabalhadores do Terciário N-e 19,2 18,1 19,1 19,0

Total 513.506 104.297 327.048 944.851



territorios 2226

Recife, Salvador e Vitória, uma vez que no total sua participação é de 1,2% (tabela 5). Para os pequenos empregadores, essas duas últimas regiões mais a de florianópolis também apresentam percentual maior de participação entre aqueles migrantes que saíram do núcleo para a periferia.

As periferias de campinas, Recife e Vi-tória são as que mais receberam propor-cionalmente migrantes do núcleo que em 2000 eram profissionais de nível superior. Nas categorias médias, apesar de bastante heterogêneas, em florianópolis e Vitória chegam a apresentar quase 40% dos mi-grantes intrametropolitanos que foram para a periferia proporcionalmente. Já em Bra-sília esse percentual é bem menor, menos de 20% de participação. Portanto, Vitória e florianópolis se destacam com maiores

participações entre dirigentes, pequenos empregadores e profissionais de nível su-perior que saíram do núcleo para a perife-ria, podemos ressaltar que a configuração geográfica litorânea dessas metrópoles e outras características afins podem também imprimir dinâmicas diferenciadas nessas áreas (tabela 5).

os trabalhadores do terciário e terciário não-especializado apresentam participações mais semelhantes entre as metrópoles pa-ra aqueles que se deslocaram do núcleo para a periferia, maior diferença observa-se em Brasília, que apresenta quase 30% de pessoas no terciário não-especializado que se deslocaram para a periferia de 1995 a 2000, ou seja, o núcleo de Brasília ex-pulsando mais pessoas sem especialização para a periferia. Já os trabalhadores do se-

Tabela 5. Distribuição (%) dos migrantes intrametropolitanos brasileiros (Núcleo para periferia), 1995-2000 por categorias sócio-ocupacionais

CATs BEL BHO BSB CAM CUR FLO FOR GOI POA REC RJN SAL SPO VIT Total

Agricultores 1,1 1,2 2,3 1,9 2,2 1,1 2,3 1,7 1,5 0,7 0,7 1,5 0,6 1,3 1,2

Dirigentes 1,2 0,8 0,4 1,3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 1,9 0,7 1,9 1,7 2,0 1,2

Peq. empreg. 1,4 2,1 1,3 2,2 1,8 4,8 2,0 1,4 2,6 2,9 2,0 4,3 2,3 4,7 2

Nível Sup. 4,4 4,2 2,3 7,8 4,6 7,1 3,3 3,4 7,0 7,7 6,3 7,4 6,1 10,5 5

Médias 23,9 25,4 18,7 25,8 23,2 37,2 22,9 23,4 29,1 33,1 26,9 28,3 26,8 36,2 26

Terciário 24,3 19,7 23,3 20,2 23,1 18,5 21,3 21,4 20,5 21,7 22,5 20,6 19,1 15,1 20

Secundário 20,4 26,1 23,1 24,4 27,2 14,6 27,0 28,0 22,0 15,3 20,8 17,6 26,3 15,9 23

Terciário N-e 23,3 20,4 28,6 16,3 17,0 15,8 20,5 20,1 16,3 16,7 20,1 18,5 17,2 14,2 19

Total 19.773 66.696 37.435 13.542 34.177 7.033 18.161 28.990 28.565 28.052 57.253 14.173 143.824 9.979 507.68



territorios 2227

cundário apresentaram maior participação entre aqueles que fizeram esse tipo de des-locamento, mais de 20%, nas metrópoles de Belo Horizonte, curitiba, fortaleza, goiânia e São Paulo (tabela 5).

Nos questionamos se esses trabalha-dores estão realmente trabalhando nesses municípios periféricos. Para tentar apre-ender o local de trabalho desses migrantes intrametropolitanos ocupados, cruzamos esses três tipos de fluxos com a variável do censo Demográfico de 2000 que pergunta sobre o município de trabalho ou estudo, variável utilizada para medir o movimento pendular no Brasil, ou commuting. Inte-ressante observar através da tabela 6 que, do total de migrantes intrametropolitanos (1995-2000) ocupados nestas 14 RMs que estamos considerando, pouco mais de 50% fazia movimento pendular em 2000, destes que realizavam tal deslocamento, quase 70% o fazia retornando para trabalhar no município de origem.

Apresentamos essa informação também segundo os tipos de fluxos e, mais inte-ressante ainda, é notar que entre aqueles que saíram do núcleo para a periferia, esses percentuais são mais elevados. Podemos dizer que 60% dos migrantes intrametro-politanos ocupados realizavam movimento pendular, destes, 88% se deslocavam fre-quentemente para trabalhar no município núcleo. Apesar de, em números absolutos, esse contingente não ser tão grande (co-mo vimos acima, pouco mais de 500 mil pessoas ocupadas em 2000 haviam saído do núcleo para a periferia metropolitana), no contexto da relação entre mobilidade

residencial e mobilidade temporária, essa expressividade ganha contornos bastante razoáveis.

entre os migrantes que saíram da pe-riferia para o núcleo metropolitano, ape-nas 12,5% realizava movimento pendular (entre estes 60% fazia para o município de origem na periferia); já entre os que migra-ram entre municípios da própria periferia, 50% fazia movimento pendular (entre es-tes, 32% era para o município de origem na periferia).

Tabela 6. Migrantes intrametropolitanos ocupados - RMs Brasil 2000

Origem/Destino Faz Mov. Pendular

Faz para o Mun. Origem

Núcleo-Periferia 59,8 88,3

Periferia-Núcleo 12,5 60,3

Periferia-Periferia 50,2 32,2

Total 51,3 68,6


Na tabela 7 temos essa informação pa-ra cada região metropolitana, segundo os fluxos realizados; aqui consideramos direta-mente entre os migrantes intrametropolita-nos de 1995 a 2000, o percentual daqueles que retornam para trabalhar no município de origem da migração. No geral, podemos perceber que esse retorno é bem expres-sivo entre aqueles que saíram do núcleo metropolitano. No total 52,8% retorna para o núcleo, com algumas diferenças, os percentuais para cada RM giram em tor-no desse valor; já os migrantes vindos da periferia que residem no núcleo, apenas


territorios 2228

7,5% retorna para o município de origem para trabalhar; entre as trocas periferia-periferia, temos em torno de 16% que faz esse retorno.

Na Região Metropolitana de Brasília, temos o maior percentual de migrantes ocupados que realizam movimento pendu-lar para o núcleo, em torno de 68%, como vimos acima esses migrantes têm maior participação de trabalhadores sem especia-lização, talvez não possuindo condições de manter residência do núcleo, mas passando a residir na periferia e deslocando-se para trabalho. Já Salvador apresentou o menor percentual de migrantes intrametropoli-tanos que saíram do núcleo que retornam para nele trabalhar –37%; nesta região, há o pólo petroquímico de camaçari, que destaca-se na dinâmica da periferia metro-politana. As demais regiões metropolitanas apresentaram esse percentual em torno de 50 a 55%, valores que consideramos tam-bém elevados, indicando que, apesar desses trabalhadores terem saído do núcleo para a periferia, boa parte deles ainda trabalha no núcleo – o que nos leva a relativizar esse movimento núcleo-periferia, em termos de redução de “pressão” pelo menos ao nível do mercado de trabalho nas áreas centrais.

embora com valores em números ab-solutos bem menores, podemos ressaltar também que, para os que saíram da periferia e foram para o núcleo, nas regiões de cam-pinas, florianópolis, Salvador e Vitória, há um percentual um pouco maior de pessoas que saem para trabalhar na periferia – aci-ma de 10%; já entre as trocas realizadas na própria periferia, o percentual de pessoas

que migraram e que se movimentam para trabalho é um pouco mais elevado, sendo mais expressivo em campinas, com 23%.

Considerações Finais

As mudanças populacionais observadas em períodos recentes nas áreas metropolitanas e não-metropolitanas permitem identificar

Tabela 7. Migrantes intrametropolitanos – retornam para trabalho ao município de origem

da migração – RMs Brasil 2000

RM Núcleo / Periferia

Periferia / Núcleo

Periferia / Periferia

Belém 55,4 3,2 14,0

Belo Horizonte 53,6 7,1 15,9

Brasília 68,1 1,8 2,9

campinas 47,7 12,4 23,1

curitiba 55,4 8,9 10,9

florianópolis 54,2 10,2 11,5

fortaleza 47,1 3,5 10,4

goiânia 56,7 4,5 2,4

Porto Alegre 56,1 4,6 15,5

Recife 56,1 9,0 11,7

Rio de Janeiro 51,2 7,4 19,0

Salvador 37,1 16,2 13,6

São Paulo 49,2 8,3 17,6

Vitória 47,3 12,0 14,6

Total 52,8 7,5 16,2



territorios 2229

uma complexificação do espaço urbano brasileiro, onde as áreas geralmente con-sideradas centrais, os núcleos metropolita-nos, estão passando por certa diversificação, ao mesmo tempo em que municípios da pe-riferia também apresentam mudanças. es-sas alterações também podem ser explicadas pela dinâmica demográfica, especialmente pela mobilidade espacial recente nas áreas metropolitanas, onde tem ocorrido con-siderável perda populacional dos núcleos metropolitanos em direção aos municípios periféricos.

É importante também considerar a migração a partir da metrópole, mas não apenas na relação núcleo-periferia, seria interessante relativizar essa dualidade, con-siderando os diferentes municípios que fazem parte dessa periferia. uma idéia que também deve ser considerada é o fato de alguns municípios da periferia estarem apresentando uma conformação de novas centralidades. em estudo de Ruiz e Pereira (2007) e também de lago (2008), foram identificadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, algumas ci-dades mistas de natureza operária que apre-sentam melhores condições de vida do que em outros municípios da periferia, como áreas de Duque de caxias e Nova Iguaçu, e também de Nilópolis, São gonçalo e São João do Meriti – municípios que têm apresentando uma dinâmica econômica diferenciada, inclusive retendo população ocupada. entretanto, o estudo de Ruiz e Pereira (2007) identifica esses municípios como espaços de baixa renda apropriada por seus moradores. Além disso, quando

comparamos a população ocupada que sai e aquela que fica trabalhando no município, percebemos que entre os que saem os níveis de rendimento e escolaridade são maiores, exceto para grupos de dirigentes e empre-gadores (Silva, 2009).

os migrantes intrametropolitanos “nú-cleo-periferia” têm menor participação nas faixas de melhor rendimento e escolaridade do que aqueles que saíram para o núcleo, sendo ainda menor entre aqueles que rea-lizaram trocas entre a própria periferia. Quanto à situação ocupacional, a maior parte dos migrantes intrametropolitanos concentra-se nas categorias Médias e Tra-balhadores do Secundário, em seguida en-tre Trabalhadores do Terciário e Trabalha-dores do Terciário não-especializado. entre os tipos de fluxo, para os trabalhadores que saíram do núcleo em direção a municípios da periferia há percentual um pouco maior de trabalhadores do terciário especializado e não-especializado. Quanto aos dirigentes, pequenos empregadores, profissionais de nível superior e categorias médias, a parti-cipação é maior para aqueles que saíram da periferia para o núcleo. Já entre os trabalha-dores do secundário, há maior participação para aqueles que realizaram trocas migra-tórias na própria periferia metropolitana.

Relacionando a migração intrametro-politana com o movimento pendular, en-contramos que entre os migrantes intrame-tropolitanos, mais de 50% fazia movimento pendular em 2000, destes que realizavam tal deslocamento, quase 70% o fazia re-tornando para trabalhar no município de origem. Destacamos que, entre aqueles


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que saíram do núcleo para a periferia, 60% dos migrantes ocupados realizavam movi-mento pendular, destes, 88% se deslocavam frequentemente para trabalhar no municí-pio núcleo. Portanto, como apontamos, embora esses trabalhadores tenham saído do núcleo para a periferia por mobilidade residencial, bem mais da metade deles ain-da trabalha no núcleo – o que nos leva a relativizar esse movimento núcleo-periferia.

Diante disto, os movimentos no es-paço metropolitano devem ser considera-dos principalmente em relação a mudanças nas condições de moradia, com alterações no mercado de terras urbanas, nível de preços e desigualdades socioeconômicas expressas na localização territorial – como revalorização imobiliária e saída dos pobres (Vignoli, 2008); e mudanças no mercado de trabalho, como elevação dos requeri-mentos de qualificação para melhores em-pregos e/ou estreitamento da absorção de emprego na indústria com ampliação dos serviços pessoais (Kaztman, 2009).

Portanto, alguns autores apontam uma possível fragilização dos vínculos dos tra-balhadores especialmente de baixa qualifi-cação com o mercado de trabalho nas áreas centrais. estes trabalhadores se integram ao mercado de trabalho, via precariedade ha-bitacional, ou via mobilidade urbana. esse processo influencia na própria composição social das áreas metropolitanas, podendo gerar segregação residencial e segmentação do mercado de trabalho. A teoria do spatial mismatch ressalta a distância entre o lugar de moradia e o lugar de trabalho – espe-cialmente para grupos socioeconômicos

mais desfavorecidos na sociedade (as mi-grações intra-metropolitanas expressam proximidade ou distanciamento do lugar de trabalho?).

Há algumas reflexões (Kaztman, 2009; Vignoli, 2008) apontando que essas dis-tâncias entre a localização das fontes de oportunidade de trabalho e o lugar de residência são reforçadas pelas migrações intraurbanas (ou intrametropolitanas), pela relocalização dos postos de trabalho e pelas mudanças nos critérios de recrutamento se-torial da mão-de-obra. essa distância se tra-duz especialmente nos custos, em termos de tempo e dinheiro, da busca de emprego e do deslocamento cotidiano ao trabalho. essa abordagem remete a reflexões mais profundas sobre a realidade metropolita-na e sobre a própria forma de estudar os diferentes espaços tanto metropolitanos (centro-periferia) como não-metropolita-nos (metrópole-interior).

Portanto, para além de uma reflexão sobre dispersão urbana ou novas centra-lidades nas áreas metropolitanas, temos indícios de diversificação demográfica, econômica e territorial nestes espaços, que revelam uma complexificação da estrutura social e do mercado de trabalho na metró-pole. A mobilidade urbana se apresenta assim como questão crucial para entender essa localização dos distintos grupos sociais na metrópole.

Apontamos que há diferentes lógicas que operam sobre o lugar de moradia das pessoas e os lugares de outros fazeres que determinam a vida urbana, especialmente o lugar de trabalho. A localização dos pos-


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tos de trabalho em áreas mais “centrais” e a quantidade considerável de pessoas que se deslocam para estes municípios também são fenômenos expressivos ainda. Podemos apontar aqui que os movimentos cotidia-nos podem se apresentar como uma alter-nativa para a residência em outras áreas da metrópole e o trabalho nas áreas centrais, aspectos que ainda merecem maiores in-vestigações.

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El impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: el caso de Transmilenio en BogotáTransport impact of in urban planning: the case of Transmilenio in Bogota

Liliana Silva Aparicio*


* Arquitecta y magíster en Urbanismo de la Uni-versidad Nacional de Co-lombia. Ha participado en la investigación y desa-rrollo de proyectos urbanos asociados a temas de pla-neación urbana, diseño y manejo del espacio público, movilidad y vivienda. Ac-tualmente hace parte del equipo asesor de urbanis-mo para el Programa de Macroproyectos de Interés Social Nacional, del Go-bierno Nacional ,y es do-cente de la Facultad de Ar-quitectura de la Universi-dad La Gran Colombia de Bogotá. Correo electrónico: [email protected].

33


Para citar este artículoSilva Aparicio, L. (2010). El impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: el caso de Transmilenio en Bogotá. Territorios, 22, pp. 33-64.

TRANSPoRTE y SERvIcIoS PúBLIcoS DomIcILIARIoS

LiLiana SiLva aparicio

territorios 2234

reSumen

El crecimiento y expansión de las ciudades du-rante el último siglo no puede ser visto sin con-tar con el importante papel que han asumido las infraestructuras del transporte. En Bogotá, el paso por el tranvía, los buses y el automóvil ha sido determinante, pues cada una de estas etapas marcó para la ciudad cambios drásticos en su morfología de crecimiento.Este artículo analiza el planeamiento del Siste-ma de Transporte masivo –STm– Transmilenio y su interacción con la estructura urbana, a la luz del actual marco de ordenamiento, par-ticularizando el comportamiento de los usos del suelo en la primera fase de construcción del sistema.Uno de los hallazgos de este estudio es que no existe una articulación entre los sistemas de uso del suelo y el transporte, a pesar de las determinaciones establecidas en el modelo de ordenamiento. Asimismo, el planeamiento a nivel intermedio y local muestra debilidad en su articulación.Adicionalmente, la infraestructura existente del STm reitera la tendencia de concentrar la acce-sibilidad en un mismo lugar: el centro contiene la mayor accesibilidad y la periferia no consi-gue superar sus limitaciones de accesibilidad. También es cuestionable la existencia de un sis-tema de planificación coordinado para Bogotá y la posibilidad de alcanzar las expectativas del modelo de planeamiento, mientras la ciudad continúe con esta tendencia; sin embargo, esto es algo que no sólo depende del STm.

abStract

The growth and expansion of cities during the last century can’t be seen without taking into account the important role they have assumed in the transport infrastructure. In Bogota have passed trough streetcar, buses and automobiles was deciding for the city, because all this periods marked a drastic change in growth morphology.This article studies the planning of mass Transit System –mTS– Transmilenio and its interaction with the urban structure, in light of the current city planning framework. It also specifies the behavior of land use in the construction of the system first phase.one of the most important findings of this study is that there is no articulation between land and transport use system, despite the de-cisions taken in the ordering model. Similarly, local and intermediate planning exhibits weak articulation.The existing infrastructure of the mTS reitera-tes the tendency to concentrate the accessibility in one place: the center has the largest acces-sibility whereas periphery fails to overcome its limitations of accessibility.While the city continued with this trend the existence of a coordinated planning system for Bogota and the ability to meet expectations of planning model is questionable, however it is something that depends not only on mTS.

Palabras claveTransporte, usos del suelo, Impacto, Transmilenio, modelo de ordenamiento.

KeywordsTransportation, land use, impact, Transmilenio, ur-ban planning.

eL impacto deL tranSporte en eL ordenamiento de La ciudad

territorios 2235

“El funcionamiento de las ciudades se mide y se percibe actualmente por la efi-

ciencia y la calidad de los sistemas y redes de transporte en estrecha relación con

el modelo de distribución espacial de las funciones y del contexto socioeconómico

en que se enmarcan”. CGN, 2005

Introducción

Que los usos del suelo y el transporte se encuentran relacionados es una afirma-ción común, ¿pero qué tan estrecho es este víncu lo? El desarrollo histórico de las ciu-dades ha permitido evidenciar la capacidad del transporte como instrumento de trans-formación urbana (montezuma, 2003), pero a la vez, éste ha sido un atributo poco aprovechado, pues también es evidente que el desarrollo de los sistemas de transporte ha carecido de un modelo estructurado, y en su lugar, básicamente, se constata una adaptación constante y continua de las in-fraestructuras a las demandas de la ciudad, a las posibilidades de la tecnología, a la competencia espacial con otros sistemas de transporte y a la capacidad financiera para construirlos (Julià, 2006, p. 2).

El producto de esta adaptación se ve reflejado en características tales como la for-ma de crecimiento urbano, la localización de los usos y actividades, las densidades y la ocupación del territorio. Un ejemplo se evidencia al comparar la proporción de área destinada a la circulación entre ciuda-des norteamericanas y europeas: mientras

en las primeras se destina cerca de un 70% del territorio urbano a la circulación, las segundas destinan un 30% para este mismo fin. En éstas últimas, a diferencia de las ciu-dades norteamericanas, el transporte em-pleado por preferencia es el servicio público colectivo, cuya ocupación de área por pasa-jero es inferior (montezuma, 1999, p. 5 ).

Lo anterior demuestra que la relación transporte/estructura urbana bien puede incidir en la optimización del espacio ur-bano, pero éste no es precisamente un ob-jetivo perseguido por planeadores, por lo menos no en la práctica. Desde principios del siglo XX, la relación ha sido estudiada por teóricos de diversas disciplinas, y las teorías más relevantes han sido aquellas que analizan la ordenación de los usos del suelo en relación con el transporte.

Algunas teorías intentaron tipificar mo-delos de ciudad, sin obtener mayor acogi-da. Su gran limitación radicaba en la difi-cultad para asimilarlos en cualquier ciudad. Este fue el caso de los modelos propuestos por Burgess y Hoyt, entre las décadas de 1920 y 1930, cuyo esquema estaba inspi-rado en la ciudad de chicago de aquella época (chapin, 1977).

A mediados de siglo, los modelos de usos del suelo integraron al transporte co-mo un componente básico de la planifica-ción; así, surge el estudio del llamado ciclo usos del suelo/transporte. Estos modelos dejaron a un lado la preocupación por ge-nerar un patrón universal de localizaciones y, en su lugar, se enfocaron en el análisis de los procesos que explicaban la distribución de los usos en relación con el transporte.


territorios 2236

Figura 1. Primeros modelos de usos del suelo

1. c.B.D. 6. Industria pesada2. Zona de transición 7. centro de negocios secundario3. Residencias de las clases populares 8. Residencia suburbana4. Residencias de las clases medias 9. Industria suburbana5. Residencias de las clases burguesas 10. Zona de emigaciones pendulares

ALas zonas concéntricas

BLos sectores radiantes

cLos núcleos múltiples

105432

1

3

3

3

2 1

6

4

5

9 8

13

3

3

32

2

4

4

5

3

3

Fuente: chapin, 1977.

Figura 2. Ciclo usos del suelo/ transporte

construcción

Elección del modo

Elección del destinoElección de la ruta

carga de los arcosElección del destino

Decisión del viaje

Propiedad del automóvil

ActividadesAccesibilidad

movimientosAtracción

Tiempos de viaje/distancias/costos

Decisiones de localización de usuarios

Transporte uso del suelo

Decisiones de localización de inversionistas

Fuente: Wegener, 2004.


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Así, cobraron mayor importancia los crite-rios de ordenación de la estructura urba-na, que el esquema espacial que ésta debía adoptar.

Los nuevos modelos encontraron en la relación usos del suelo/transporte efec-tos asociados con objetivos propios de la economía productiva: rentabilidad, valo-rización del suelo y acceso a bienes y ser-vicios. La capacidad del transporte como mediador en las condiciones de accesibili-dad constituía un importante factor en la tendencia de localización de los usos.

Desde finales del siglo XIX, planea-dores como Arturo Soria, en España, re-conocieron en la accesibilidad un factor determinante en la localización de los usos (Gravagnuolo, 1998). Así lo demuestra su modelo de ciudad Lineal, compuesto por una estructura urbana cuya columna ver-tebral es una línea de transporte férrea que distribuye equitativamente a lo largo de su eje el acceso al servicio de transporte.

Pero no todas las ciudades son pro-ducto de un modelo calculado como el de Soria; existen también ciudades dispersas,

Figura 3. Esquemas de la ciudad lineal de Arturo Soria

Fuente: http://es.geocities.yahoo.com/index.php


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concentradas o multinucleares, cuyo cre-cimiento, más que espontáneo, ha sido influenciado por la evolución de las infraes-tructuras de transporte, sin éstas advertirlo. Wegener lo interpreta así:

[…] una mayor accesibilidad aumenta la atrac-ción de una localización para todos los tipos de usos del suelo y debe, por lo tanto, influenciar la dirección del desarrollo urbano; si la accesibilidad en la ciudad entera se aumenta, es probable dar lugar a una estructura de establecimiento dispersa (2004, p. 19).

En estos términos, la investigación en la cual se basa este artículo analizó cuál es el impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad, en el caso específico de Bo-gotá, y la implementación del Sistema de Transporte masivo –STm– Transmilenio.

El desarrollo urbano de Bogotá, a la par con la evolución de sus infraestructuras, permite identificar diferentes etapas en las cuales la ciudad cambió drásticamente su forma de crecimiento, condición en la cual los cambios en las infraestructuras de trans-porte tuvieron una importante incidencia. Este precedente señala para el tiempo ac-tual la posibilidad latente de impactos en el desarrollo de la ciudad como consecuencia de la implementación de un nuevo sistema de transporte público.

La implementación del STm Transmi-lenio en Bogotá es relativamente reciente, por lo cual evaluar hoy en día sus impactos puede resultar apresurado. Sin embargo, la posibilidad de identificar esos posibles impactos no debe descartarse, y para ello

el análisis de las experiencias de la ciudad en materia de ordenamiento y transporte se presta como una valiosa fuente de infor-mación.

Es así como el análisis de los más impor-tantes planes y realizaciones sobre trans-porte y ordenamiento territorial durante el siglo XX en Bogotá permitió deducir los resultados que a continuación se definen respecto a lo que ha sido el impacto del transporte en el ordenamiento de Bogotá. con este precedente se visualiza la imple-mentación del STm Transmilenio asociado al modelo de ordenamiento actual, en pro-yección de sus posibles impactos a futuro.

1. La relación entre el transporte y los usos del suelo en Bogotá ha sido moderada, principalmente, por las condiciones impuestas por la demanda

En Bogotá, resulta fácil interpretar el ciclo de usos del suelo/transporte en el marco de lo que ha sido su expansión urbana, a la par con la evolución y expansión de sus infraestructuras de transporte. Las infraes-tructuras han determinado la creación de “oportunidades”, que a su vez han inten-sificado la localización de actividades en determinados lugares de la ciudad.

El escenario visto desde la planeación presenta, en principio, la tendencia a dise-ñar y ejecutar planes viales, a veces pensados como alternativas para contener y orientar el desarrollo de la ciudad. Un ejemplo es el Plano Bogotá Futuro, un plan adoptado


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por el Acuerdo 74 de 1925 (concejo de Bogotá), que presentó la proyección de una ciudad cuatro veces más grande que la existente –que evocaba el esquema de en-sanche desarrollado por cerdá en Europa–, así como el primer intento por jerarquizar corredores viales de acuerdo con su ancho y arborización (ver figura 4).

Posteriormente, la preocupación por el transporte en Bogotá adquirió un enfoque similar al de modelos teóricos de tráfico de la segunda mitad de siglo, basado, especial-mente, en los deseos de la demanda.1

La repercusión de estos enfoques en el crecimiento de Bogotá configuró, en principio, una ciudad de expansión lineal, altamente influenciada por el trazado de las líneas férreas que entonces prestaban el servicio de transporte público. Posterior-mente, la aparición de los buses influenció el crecimiento de la ciudad hacia el occiden-te, conformando un tipo de urbe dispersa a modo de tentáculos.

La propuesta del Plan Piloto de Bogotá, planteada en un comienzo por Le corbu-sier en 1951, proyectó una estructura vial anillar, que equilibraba las oportunidades

Figura 4. Plano Bogotá Futuro, 1925

Fuente: museo de Desarrollo Urbano, 1998.

1 A partir la década de 1960 se produjeron los modelos de tráfico, consi-derados hoy día “clásicos”, los cuales aludían a cuatro fases básicas del transporte: a) determinación de la ge-neración y atracción de los viajes según zonas, b) dis-tribución de los viajes por motivos, c) distribución de los viajes según modo de transporte y d) asignación de los viajes entre zonas a la red (Rodríguez, 2001).


territorios 2240

Figura 5. Bogotá: Plan vial de Le Corbusier, 1951

Nota: Nótense los límites del perímetro urbano definidos por las vías arterias carrera 30 al occidente y la Avenida 1° de mayo al Sur. La ciudad se desarrolla contra el límite de los cerros y los nacientes desarrollos localizados al occidente de la Sabana quedan por fuera de este bloque. De oriente a occidente aparecen trazadas las calles transversales que alimentan el tráfico y delimitan a los sectores funcionales.

Fuente: museo de Desarrollo Urbano, 1998.


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de accesibilidad al transporte para todos los espacios de la urbe “tentacular” (ver: concejo de Bogotá, 1961). En efecto, la propuesta consiguió su propósito en el largo plazo: paulatinamente se compactó el territorio urbano, pero a la vez, la ciudad se percató de que por sí sola la infraestructu-ra vial no resolvía todas las limitaciones de acceso al transporte.

El centro como eje principal de la acti-vidad laboral en la ciudad había concentra-do siempre la mayor atención de los planea-dores en el tratamiento de la accesibilidad. En consecuencia, tal y como lo sustentó la Escuela de chicago en la década de 1920, la competencia entre distintas actividades urbanas por ocupar y dominar el centro derivó en un proceso expansivo que con-llevó al desplazamiento de otras actividades originalmente establecidas allí.

Figura 6. Secuencia proceso de ocupación urbana de Bogotá

Fuente: Elaboración propia con cartografía de museo de Desarrollo Urbano,1998.

El centro se consolidó como el foco más importante de la ciudad, por ello, cada vez se expandió a un territorio mayor, pro-ceso en el cual expulsó actividades como la vivienda a lugares más periféricos. En éstos, la accesibilidad era más limitada, debido a lo poco atractivo que resultaban estas zonas –de poca demanda– para el servicio de transporte público operante –el hoy conocido Transporte Público Tradicional, TPT–.

Los efectos de la polarización del cen-tro y la concentración de la accesibilidad en éste serían los mismos advertidos por autores como Wingo, Alonso y Hansen:2 la densidad aumentaba progresivamente, a la par con el valor del suelo y de la renta, lo que hacía poco rentable e insostenible ubicarse en él para actividades como la residencia.

2 La teoría económica de los modelos de Lowdon Wingo (postulada en 1961) y Wi-lliam Alonso (postulada en 1960) se fundamentó en los costos asociados al transporte y las migracio-nes pendulares (desplaza-mientos de los trabajadores desde su lugar de residen-cia al trabajo). Según los autores, los costos cumplían un papel determinante en las rentas, las densidades, la utilización del suelo y, en consecuencia, en la or-ganización interna de la ciudad (Wingo, 1972).


territorios 2242

2. Ausencia de articulación entre los sistemas de usos del suelo y el transporte, a pesar de las determinaciones generadas por el modelo de ordenamiento

con la entrada en vigencia del nuevo Régi-men de ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997), la ciudad tomó conciencia, en su nuevo Plan de ordenamiento Territorial

Figura 7. Bogotá: Plan Vial Piloto, Acuerdo 38 de 1961 (Concejo de Bogotá)

Escuela militar

Avenida de las Américas

Parque Nacional

Autopista del Norte

Autop

ista a

Suba

campín

v-1

v-2v

-4

ciudad

Universitaria

Bosque Popular

carretera

oriente

carretera a Usme

carretera a Soacha

carretera a Fontibón

Autopista a medellín

Autopista al Aeropuerto

P.F.

c.c

.

Nota: Nótese el cruce entre el sistema anillar propuesto y la malla ortogonal corbusiana adoptada del Plan Piloto de Le corbusier, la cual fue archivada durante la dictadura militar del General Rojas Pinilla.

Fuente: Universidad Nacional de colombia –mAEU –.

La accesibilidad en la periferia, entre tanto, estaba relegada a las disposiciones ar-bitrarias de un sistema de transporte públi-co carente de una estructura administrativa organizada, que operaba bajo un régimen de competencia por adoptar los principales corredores arteriales de la ciudad, en donde se concentraba –y terminaba obligando a ubicar– la mayor parte de la demanda.


territorios 2243

Figura 8. Bogotá, diagnóstico POT 1999: Accesibilidad relacional

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá (Alcaldía mayor de Bogotá, 2000).


territorios 2244

–PoT–, del estado de “desequilibrio” que había adquirido el desarrollo. Se evidenció que los problemas de congestión y limita-ciones de acceso al transporte en la periferia

tenían mucho que ver con la localización de los centros de actividad laboral.

En una estrategia que parece funda-mentada en las teorías de Lowry y calthor-

Figura 9. Bogotá: Estrategia de ordenamiento para el Distrito

Fuente: Decreto 190 de 2004 (Alcaldía mayor de Bogotá).


territorios 2245

pe (reseñadas en cárdenas, 2005) y en la de currie (1998),3 el PoT plantea un mo-delo de ciudad armado en tres estructuras superpuestas e interdependientes, entre las cuales define una estructura socio económi-ca y espacial. Dicha estructura se conforma por una red de centralidades que integra los polos de actividad ya existentes en la ciudad –en donde prima el centro como el mayor– a otros secundarios, mediante su articulación con el sistema de movilidad.

El transporte cobra, entonces, una fun-ción importante en el futuro desarrollo de la ciudad: propiciar canales de comunica-ción y articulación entre las distintas centra-lidades, y entre éstas y el tejido residencial a su alrededor. La accesibilidad y el trata-miento de los usos a nivel zonal serían es-tratégicos en la potencialización de nuevas centralidades secundarias, de esta manera se conseguiría equilibrar el desarrollo de la ciudad en el largo plazo.

Pero la materialización de este discurso tiene limitaciones desde su planteamiento y esto se debe a varios factores: el primero se encuentra en la regulación de los usos. La regulación de los usos con el PoT no introduce mayores cambios a lo dispuesto anteriormente por el Acuerdo 6 de 1990 (Alcaldía mayor de Bogotá)4 en lo que respecta a las nuevas áreas de centralidad y las áreas asociadas al STm. A pesar de que el PoT introdujo mediante las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ– una ma-yor aproximación al planeamiento local, el papel de las centralidades desde la regula-ción de los usos se aprecia inadvertido en algunos casos.

En una revisión de las UPZ asociadas al Portal de Transmilenio calle 80, el cual se encuentra relacionado con la centralidad Quirigua–Bolivia, se observó una notoria debilidad de la norma para asimilar el im-pacto del Portal como equipamiento de escala urbana, al no introducir mayores cambios en el tratamiento y zonificación de los usos en áreas aledañas, efecto que tam-bién se observó en torno a la centralidad.

Tampoco se evidencia en las UPZ algún esfuerzo por articular a través de la malla vial intermedia –que es escasa– los tejidos aledaños al portal y la centralidad, por lo cual los flujos de tráfico local desembocan directamente sobre la troncal STm, lo que los constituye en factores agravantes de la congestión en horas pico.

El mismo ejercicio realizado con las UPZ aledañas al Portal Norte de Transmi-lenio, el cual se asocia con la centralidad de Toberín, presentó una mejor asimilación del impacto del Portal y de la centralidad, aunque parece ser más el producto de una vocación de uso que ya venía adquirida de tiempo atrás, sin que la llegada del Portal representara drásticos cambios a la estruc-tura preexistente.

Esta debilidad de la norma para apoyar la función que debiera cumplir el STm con respecto a las áreas de centralidad se cons-tituye en un factor que bien puede facilitar diversidad de efectos en el desarrollo urba-no, sean éstos o no derivados de elementos como el transporte.

otro factor que dificulta la articulación entre los sistemas de usos del suelo y el transporte en Bogotá es la tendencia a pla-

3 El común denominador de los argumentos teóricos de Lowry, Calthorpe y Cu-rrie es la relación cíclica que existe entre las acti-vidades urbanas básicas, como el trabajo, los servi-cios y la residencia, cuya presencia y localización se encuentran estrechamente asociadas, y por ello se ha-ce necesario el transporte como instrumento indis-pensable para su conecti-vidad. En función de la eficiencia de esta conecti-vidad, surgen modelos de tipo nuclear, donde las actividades, así como las infraestructuras de mo-vilidad, se organizan en una directa proporción de la demanda contra la ofer-ta de transporte.

4 El Acuerdo 6 de 1990 es el estatuto por el cual se re-gía el ordenamiento de la ciudad con anterioridad al Plan de Ordenamiento Territorial, instrumento de planeación creado por la Ley 388 de 1997.


territorios 2246

near el transporte en función de los viajes. El mismo PoT, que planea desconcentrar y controlar el proceso de expansión urbana, pone de partida la condición de planear el subsistema de transporte “en función de los orígenes y destinos de los viajes” (Artículo 164, Decreto 190 de 2004, Alcaldía mayor de Bogotá), algo claramente lógico, pero que asumido literalmente pone de nuevo a la orden la necesidad de concentrar el ser-vicio de las infraestructuras de movilidad en los mayores focos de actividad, entre ellos el centro.

La propuesta del Plan maestro de mo-vilidad –Pmm– (Alcaldía mayor de Bogo-tá, 2006),5 que ratifica los principios del modelo propuesto por el PoT, enuncia un discurso aún más amplio sobre la ne-cesidad de articular los usos del suelo con el transporte, con lo cual justifica el punto de partida –previsto desde el PoT– para ordenar el sistema de movilidad:

integrar de manera jerarquizada e interdepen-diente los diferentes modos de transporte con las infraestructuras de movilidad, teniendo como eje estructurador el sistema de transporte público (Alcaldía mayor de Bogotá, 2004, artículo 19).

Según el PoT, y la misma propuesta del Pmm, el sistema de transporte públi-co tiene como ejes estructuradores a los diferentes modos de transporte masivo (tren de cercanías, metro, tranvía, buses por carriles exclusivos), que en conjunto con los demás modos configuran lo que se ha denominado como el Sistema Integrado de Transporte Público –SITP–.

El esquema del sistema vial jerarqui-zado del Pmm muestra una organización clara de los diferentes modos y la infraes-tructura vial que tiene gran similitud con modelos como el de curitiba y el ToD de calthorpe. Pero este claro esquema no encuentra consonancia con lo traducido en la estructura urbana de la ciudad: en él se retoman los principales ejes viales arteriales como los de mayor jerarquía, pero los ejes viales intermedios son bastante limitados, cuando su trazado debería generar canales de transición entre las diferentes escalas territoriales (urbana, zonal y local).

La creciente insuficiencia de malla vial intermedia es una de las observaciones diagnosticadas por el mismo PoT (Alcaldía mayor de Bogotá, 2000), que parece no ser advertida en el Pmm. Esta falencia afectaría directamente la función integradora que debe cumplir el sistema de movilidad con la red de centralidades, pues queda poco claro el papel que cumplieron estos polos, y especialmente los nuevos, en un modelo de simulación como el empleado para el diseño de la propuesta del Pmm: el Em-mE/2, un sistema basado en la evaluación de la demanda y las redes.

Si el sistema de movilidad nuevamente se basó en la demanda existente, es claro que las nuevas centralidades resultan poco beneficiadas, más aún considerando que el EmmE/2 posee una debilidad por su incapacidad para simular problemas como la congestión, uno de los más dramáticos efectos que ha derivado la concentración de la accesibilidad en el centro de la ciudad.6

5 El Plan Maestro de Mo-vilidad para Bogotá se adoptó por el Decreto 319 de 2006.

6 El modelo EMME/2 ha sido cuestionado por su in-capacidad para simular problemas como la conges-tión, por eso ha sido poco recomendado para esce-narios urbanos como los de las ciudades latinoameri-canas. Ver “Comentarios a la Publicación de ILD Nº 562 del 04/01/2002, referida a la Construcción de la Línea 4 del Metro”. Disponible en: http://www.lyd.com/progra-mas/medioambiente/co-mentarios.html. Fecha de consulta: 7 de septiembre de 2008.


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Figura 10. Bogotá: Esquema del sistema de transporte público jerarquizado

Fuente: Plan maestro de movilidad para Bogotá (Alcaldía de Bogotá, 2006).


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3. La implementación de Transmilenio se inserta dentro de un modelo de movilidad que tiende a reforzar el patrón de desarrollo concentrado, a la vez que impacta con una intensificación de los usos y actividades del suelo

La propuesta del STm Transmilenio en el año 1999 emerge como una alternativa pa-ra dar solución a los principales problemas de movilidad en Bogotá. Su inserción en la ciudad, que debería guardar coherencia con los lineamientos del nuevo modelo de ciudad y con la nueva estructura del siste-ma de movilidad en la ciudad, presenta las siguientes características:

a. como Sistema de Transporte masivo –STm–, el cual debe constituirse en eje estructurador del transporte público de la ciudad, hasta ahora no ha resuelto su integración con otros modos de trans-porte, y su primera propuesta (rutas proyectadas en el sistema de movilidad del Acuerdo 619 de 2000, Alcaldía ma-yor de Bogotá), antes que reflejar un SITP, muestra un total desplazamiento de otros modos de transporte público en la ciudad.

b. Sin la posibilidad de integración modal, la fase I del sistema se implanta sobre los principales corredores arteriales de mo-vilidad en la ciudad, monopolizando el uso de estos y limitando las posibilidades de acceso para los usuarios a otros mo-dos de transporte público que permiten

acceder a destinos aún no cubiertos por el STm.

c. El trazado de las fases I y II obedece cla-ramente a una atención de los principa-les focos de origen y destino de viajes en la ciudad; la encuesta de movilidad del año 2005 (Alcaldía mayor de Bogotá) ratifica esta tendencia de los viajes. En consecuencia, es cuestionable de qué forma el sistema permite conectar las centralidades y su entorno, así como también el potenciar nuevas centralida-des en otros puntos diferentes al centro expandido de la ciudad, que parece rei-terarse como su principal eje de movili-dad (ver figuras 12, 13 y 14).

d. De los objetivos propuestos en el mo-delo de ciudad del PoT, el mejor asu-mido por el STm es la integración del transporte urbano y regional: la función que cumplen los portales como infraes-tructuras de integración modal entre el servicio de transporte intermunicipal y urbano ha permitido reducir una parte de la carga automotora en la ciudad.

En términos operativos, el STm tiene varios puntos a favor con respecto al TPT: mayor eficiencia en tiempos de viaje, la se-guridad, el confort y el mejoramiento de la calidad ambiental y física de las infraestruc-turas de movilidad (calzadas viales y ande-nes en corredores troncales). Estos cambios traducen efectos en la accesibilidad, y a su vez, tal y como lo sustenta marcial Echeni-que con respecto al cambio de un sistema de transporte, tienen el potencial de influir


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Figura 11. Bogotá: Sistema de transporte del Acuerdo 619 de 2000 –Primer POT–

Fuente: PoT de Bogotá (Alcaldía mayor de Bogotá, 2000).


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Figura 12. Bogotá: Trazado de fases futuras de Transmilenio en el año 2004

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la página de Transmilenio (www.transmileniogov.co) y de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=507007&page=93


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Figura 13. Bogotá: Concentración de viajes por origen y destino, año 2005

Destinos de viajes Origen de viajes

Fuente: Encuesta de movilidad (Alcaldía mayor de Bogotá y STT, 2005).


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Figura 14. Rutas intermunicipales desde los Portales Norte y Calle 80 a los municipios de Cota, Chía, Funza y Mosquera

Fuente: Elaboración propia sobre cartografía del DAPD.


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Figura 15. Longitud de rutas intermunicipales y recorridos sobre la ciudad antes de Transmilenio

cuenca origen Longitud total de la ruta

* medido desde las estaciones de integración de cabecera del Sistema Transmilenio

56

51

49

49

47

39

35

31

34%TenjoAutopista

37%Zipaquirá

39%Tabio

39%Tocancipá

40%Sopó

40%cajicá

54%chia

61%La caro

63

46

38

34

33

33

31

28

26

25

14%SubachoqueCalle 80

19%Facatativá

23%Tabio

25%El Rosal

26%chia

28%madrid

28%Tenjo

31%mosquera

33%cota

34%Funza

Fuente: Transmilenio S.A, 2000.

a largo plazo en la ubicación de las activi-dades: la demanda de los productos, el em-pleo y los servicios (cárdenas, 2005, p. 6).

Estos impactos en las localizaciones son apenas incipientes para el período que hasta ahora lleva de implementado el STm en la ciudad. Sin embargo, el análisis de estos primeros signos a escala urbana bien pue-de conducir a una perspectiva futura de los impactos, o por lo menos permite discutir el diálogo que establece el sistema con el modelo de ciudad propuesto.

4. Los principales signos de impactos del STM en la estructura de la ciudad

4.1. Las preferencias en el servicio: incidencia de los tiempos de viaje

El sistema ha mejorado los tiempos de viaje para los residentes de la periferia, pero sólo a una parte, pues con el desplazamiento de otros modos de transporte público como el TPT, en algunas áreas el STm limitó las posibilidades de acceso a zonas no cubiertas


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por éste. Se ha constatado que existe cierta preferencia por usar el STm para realizar viajes largos en la ciudad, en vez del trans-porte público tradicional que tiende a ser preferido para realizar viajes cortos, debido a que su tiempo promedio de viaje para mayores distancias es comparativamente mayor al empleado en el STm. Así lo de-muestran los siguientes datos:

Cuadro 1. Promedio de viajes realizados en STM por rangos de tiempo

Tiempo de viaje Promedio viajes en STM

0 – 30 minutos 32,2%

31 – 50 minutos 26,3%

51 – 80 minutos 32,2%

81 – 120 minutos 7,9%

mayor a 120 minutos 1,4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de movilidad 2005 (Alcaldía mayor de Bogotá).

Cuadro 2. Promedio de viajes realizados en STM por rangos de distancia

Distancia recorrida Promedio viajes

0 - 5 km 13,5%

5,1 - 10,0 km 34,2%

10,1 - 15,0 km 34,8%

mayores a 15 km 17,4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de movilidad 2005 (Alcaldía mayor de Bogotá)

En áreas de la ciudad más centrales, la coexistencia del TPT con el STm permite a los usuarios más alternativas de acceso al transporte público, por lo cual continua

siendo más atractivo residir en áreas centra-les antes que en la periferia; consecuente-mente, la densidad para estos lugares “más accesibles” es mayor.

Para el modelo de ciudad proyectado, esta tendencia está en contradicción a la idea de desconcentrar la ciudad central y fortalecer centralidades en la periferia, ya que es poco estimulante para el estableci-miento de actividades productivas el con-tar con limitadas posibilidades de acceso y movilidad. No obstante, la localización en la periferia tiene la ventaja de ser adecuada para el establecimiento de actividades com-plementarias a los usos industriales que se desarrollan en el suelo suburbano del Dis-trito, en este aspecto la función de integra-ción regional de los portales constituye un punto a favor del STm.

4.2. Efectos en la integración regional: una mayor preferencia por el uso del STM en usuarios de municipios vecinos

con respecto al posible impacto que ha tenido el STm en municipios vecinos de la Sabana de Bogotá, aparentemente la de-manda de usuarios intermunicipales ha superado las expectativas del sistema, dado que el espacio de las infraestructuras de portales tiende a ser insuficiente para mane-jar el flujo de pasajeros intermunicipales, lo cual se evidenció durante visitas periódicas en horas pico de la mañana y noche.

Por otra parte, un importante creci-miento de la actividad edificadora en vivien-da, durante los últimos años, en municipios como Funza y mosquera7 pone en cuestión

7 Esta apreciación se fun-damenta en la observa-ción de aerofotografías de diferentes años, las cua-les muestran el proceso de ocupación del suelo en los municipios de Funza y Mosquera, teniendo en cuenta que en éstos el licen-ciamiento es realizado por muy pocos urbanizadores formales, según afirma la Lonja de Propiedad Raíz de la Sabana de Bogotá.


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una aparente atracción de estos municipios como lugares de residencia para usuarios que encuentran en el STm una forma de “recortar las distancias” con sus lugares al-ternativos de trabajo en Bogotá, gracias a la reducción de tiempos de viaje.

Dentro de la perspectiva de integración regional del modelo, el STm permitiría apoyar el control de los procesos de co-nurbación urbana, pero poco conveniente es el masivo desarrollo de nuevas unidades de vivienda que no se complementan equi-tativamente con equipamientos, servicios y

fuentes de productividad en los municipios vecinos, pues esto derivaría en el largo pla-zo en una mayor dependencia de Bogotá e incentivaría más a una vocación de “muni-cipios dormitorio”.

Entre tanto, para la gran ciudad el au-mento de la demanda de servicios y empleo será cada vez más superior a lo que real-mente requieren sus propios residentes. Pero esta es una cuestión que se sale del al-cance que por sí solo pueda tener el STm, y está más estrechamente asociada al manejo concertado de los usos del suelo.

Figura 16. Relación entre caracterización de viajes y disponibilidad de rutas de transporte público tradicional en Bogotá

Distancia promedio de viajes por UPZ Tiempo promedio de viajes por UPZ Rutas de TPT en Bogotá, 2005.

Fuente: Encuesta de movilidad 2005 (Alcaldía mayor de Bogotá).


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4.3. Incidencia en las tendencias de localización de los usos

Los usos y actividades localizadas sobre los corredores del STm presentan signos de nuevas tendencias de localización, densi-dad y ocupación. En usos comerciales, el comercio de mayor jerarquía parece forta-lecido (ver figura 18), mientras los estable-cimientos comerciales menores tienden a conservar la misma dinámica y, en algunos casos, se reubican en vías transversales a la troncal o en corredores inmediatos por donde transita el TPT.

Entre los factores asociados al com-portamiento de las áreas comerciales con el STm, se visualizan los cambios en la circulación de peatones y la disponibilidad de parqueaderos. A diferencia del STm, el TPT maneja paradas aleatorias y sobre el andén, por lo cual el peatón tiene una

mayor oportunidad de interactuar con el espacio. La localización de paraderos fijos del STm cada 400 metros ofrece una mayor oportunidad de interacción física, o por lo menos visual, del usuario con las esquinas de manzana sobre el corredor.

La necesidad de áreas de estaciona-miento parece ser un factor asociado a la localización del comercio. Las grandes su-perficies comerciales por lo general dispo-nen de estacionamientos propios, mientras que el comercio de menor jerarquía hace uso de la calle, condición que es limitada por el STm en sus corredores.

Por otra parte, los usos de tipo institu-cional se han intensificado en ciertos luga-res de las troncales. Se aprecia un aumento importante del área ocupada por este tipo de uso y de la densidad de sus construc-ciones, en medio de entornos tradicional-mente ocupados para usos residenciales

Figura 17. Establecimiento de grandes superficies comerciales en áreas aledañas a estaciones del STM

Almacén de cadena en la estación calle 53, sobre la troncal Av. caracas.

centro comercial en cercanías al portal Norte. centro comercial junto al Portal calle 80.

Fuentes: fotografía 1: http://www.skyscrapercity.com, consultada el día 15 de septiembre de 2008; fotografías 2 y 3: imágenes propias.


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damiento tiende a incrementar en un 7,0% por cada 100 metros de alejamiento de la troncal (Targa, 2003).

El impacto en los usos residenciales presenta dos particularidades: el desplaza-miento en las troncales de los desarrollos con menor densidad (uno a tres pisos) y la revitalización o aumento significativo de los desarrollos con mayor densidad (alturas superiores a cinco pisos).

Dos ejemplos caracterizan el impacto en los usos residenciales: el desplazamiento de la vivienda en ciertas zonas de la Auto-pista Norte es un continuo fenómeno de tiempo atrás, que, al parecer, con el STm

netos y con comercio en la vivienda. La estrategia de estos establecimientos parece ser el aprovechamiento de las facilidades de acceso que provee el STm y su asocio con puntos de referencia fáciles de identificar en la ciudad.

En términos de renta inmobiliaria, los usos institucionales y comerciales se presen-tan como los más atractivos para ser desa-rrollados sobre las troncales STm. Felipe Targa sustenta que por cada 100 metros de distancia a una estación de Transmile-nio, el precio de arrendamiento solicitado decrece en un 3,71%. caso opuesto sucede con el uso residencial, cuyo valor de arren-

Figura 18. Esquemas de flujos peatonales con TPT y STM en un trayecto de la Avenida Caracas en Bogotá

Esquema de flujos peatonales con TPT Esquema de flujos peatonales con STm.

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth, 2008.


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Figura 19. Localización típica de áreas de estacionamiento aledañas a corredores STM

Nota: Troncal STm Avenida caracas: vías transversales a las estaciones de Hortúa y Avenida Jiménez.

Fuente: elaboración propia.

Figura 20. Comportamiento del valor de la renta en torno a estaciones del STM, según Targa

Uso residencial

700m

300m 300m

valor renta

Distancia Estación STm

+21,0% -11,13%

Usos comercial o institucional

200m

100m

200m

100m

Estación Estación

+7,0% -3,71%

+14,0% -7,42%

Fuente: Elaboración propia a partir de Targa, 2003.

se intensificó. El caso de la Troncal caracas muestra que su asocio con el centro expan-dido y el plan de reactivación de esta mis-ma zona ha sido propicio para estimular el

desarrollo de vivienda en altura, en lugares poco atractivos antes de la implementación del STm.


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Figura 21. Evidencias del desplazamiento de usos residenciales sobre el corredor STM de la Autopista Norte

Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. Cambios de uso y densidad en áreas residenciales sobre el corredor de la Autopista Norte

Nota: La ocurrencia de estos cambios también ha sido facilitada por el carácter flexible de la norma urbana, cuyos lineamientos generalizados poco limitan intervenciones puntuales como estas.



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Figura 23. Aumento de densidad en nuevos desarrollos residenciales sobre corredores troncales del STM: (1, 2, 4) Troncal Caracas; (3) Troncal Calle 80


Sin el manejo concertado de los usos a largo plazo, las oportunidades de apro-vechar el STm para apoyar el modelo se pueden tornar en adversidades, dada la invasión y el desplazamiento progresivo de otros usos. Los impactos consecuentes a esto, que parece ser un proceso de “reno-vación urbana puntual de predio a predio”, pondrían en riesgo el equilibrio de las in-fraestructuras de servicios disponibles a su alrededor, así como también afectarían a

los usos originalmente establecidos y con-solidados.

4.4. La articulación entre áreas de centralidad y de éstas con su entorno: una cuestión más teórica que práctica

El trazado de las fases I y II del STm reco-ge en su recorrido varias centralidades de la red propuesta por el PoT. La forma que emplea el sistema para facilitar la conexión


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y articulación de las mismas –función de-legada por el PoT– es cuestionable. Por una parte, el manejo de la infraestructura en las áreas aferentes a estas zonas no mues-tra mayores diferencias con respecto a la empleada en otras áreas que no poseen el mismo carácter. Se sobreentiende que son áreas –y está previsto a futuro – que concen-tran un gran volumen de actividad y, por tanto, también de usuarios del transporte público; entonces, resulta cuestionable por qué razón estaciones como las de la calle 76 y Avenida Jiménez en la caracas tien-den a generar caos y congestión en horas pico del día.

El dimensionamiento de dichas esta-ciones parece insuficiente para la carga de usuarios que manejan, asimismo, cualquier otra centralidad, y con mayor gravedad aquellas secundarias, son inadvertidas por el STm. De otra parte, también resulta bien limitada la articulación de los tejidos residenciales alrededor de las centralidades servidas por el STm, pues, como es sabido, el sistema aún no establece integración con otros modos de transporte,8 y el manejo del tejido vial intermedio es discutible.

La repercusión en el modelo de ciu-dad señala que si las nuevas centralidades dependen sustancialmente de la función conectora del STm, con gran dificultad conseguirán fortalecerse como nuevos po-los de actividad. Así, también la función de las centralidades estaría poco soportada en la articulación de las áreas a su alrededor, donde el manejo de los usos del suelo se convierte en una estrategia de control de los impactos, que deriva en estructuras urbanas

8 Entrado el año 2010, el Distrito Capital apenas ha efectuado los primeros acuerdos con empresarios del transporte público tra-dicional en torno a la ges-tión y operación de lo que será el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

consolidadas. De esta manera, la idea de desconcentrar el centro, aún estaría en este caso muy distante de las posibilidades que ofrece el STm como sistema estructurador del transporte público en la ciudad.

5. A modo de conclusión

Frente a la pregunta de cuál es el impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad, es posible identificar dos atributos

Figura 24. Bogotá: localización de centralidades urbanas del actual modelo de ordenamiento y corredores de Transmilenio

existentes

Fuente: Elaboración propia sobre cartografía del Decreto 190 de 2004 (Alcaldía mayor de Bogotá).


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principales sobre los cuales el transporte ejerce influencia en la ciudad: la expansión territorial y la localización de los usos. En el caso de Bogotá, el análisis de sus planes y realizaciones en materia de transporte evi-dencia que el crecimiento de la ciudad ha si-do impactado sustancialmente por cambios en las infraestructuras de transporte. Tales impactos asocian el paso del tranvía a los buses y automóviles, con la transformación de una ciudad lineal en una ciudad dispersa.

con estos antecedentes, la implemen-tación del STm predice la ocurrencia de impactos, signos de los cuales ya se han mencionado. A la luz del actual modelo de ordenamiento de la ciudad, las fases iniciales del STm parecen obedecer es-pecialmente a los deseos de la demanda y dejan marginados otros objetivos como la potencialización de nuevas centralidades y la articulación de los usos alrededor de és-tas. En este sentido, la inserción del STm en el sistema de transporte de la ciudad tiende a reforzar un reiterado patrón de desarrollo urbano, marcado por la polariza-ción de la accesibilidad y la segregación de los usos.

Este efecto pone en evidencia la dispa-ridad entre la planeación de dos importan-tes componentes de la estructura urbana, como consecuencia de un sistema de pla-neación sectorizado que se ve incapacitado para articular los diferentes sistemas que componen la estructura funcional del te-rritorio. El organismo que debería ejercer estas funciones, la Secretaría de Planeación Distrital, ha quedado prácticamente rele-gado a ser un ente generador de norma urbana.

El STm Transmilenio tiene un gran potencial que le permitiría ser un instru-mento de apoyo en los procesos de trans-formación urbana que buscan equilibrar y consolidar el desarrollo de las áreas urbanas menos consolidadas y con problemas de orden territorial. Pero de continuar en la ciudad la tendencia hacia una planificación sectorizada, poco provecho se puede sacar de tal potencial; aún peor, el alcance de un

Figura 25. Bogotá: concentración de puntos de origen de viajes

Fuente: Encuesta de movilidad, 2005 (Alcaldía mayor de Bogotá).


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modelo de ordenamiento como el actual se vislumbra muy distante.

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Gestión de suelo en la configuración de bordes de ciudad. El caso del borde occidental de BogotáThe aplication of the land use policy in Bogota west boundary

Vanessa Velasco Bernal*, Fabián Díaz** y María L. López***


* Arquitecta urbanista. Su área de investigación es la articulación de instru-mentos de planeamiento y gestión de suelo. Actual-mente se desempeña como coordinadora del Plan Maestro de Turismo del IDT , como contratista de la Dirección de Planes Maestros del SDP y como asesora del Municipio de Barrancabermeja en el Plan Parcial Centro de Barrancabermeja. Correo electrónico: [email protected].

65


Para citar este artículoVelasco Bernal, V. Díaz, F. López, M. L. (2010). Gestión de suelo en la configuración de bordes de ciudad. Territorios, 22, pp. 65-85.

➙

METRoPoLIzAcIóN, cIuDAD y REGIóN

➙

Vanessa Velasco Bernal, FaBián Díaz y María l. lópez

territorios 2266

resuMen

El presente documento plantea identificar la in-cidencia de los instrumentos de gestión de suelo en la conformación de estructura urbana, en particular en el borde de ciudad (caso Bogotá, borde occidental). Igualmente, busca analizar el papel de los instrumentos en la conformación de una estructura urbana que soporte las deci-siones del Modelo de ordenamiento Territorial de Bogotá, articulado con la región y con las estrategias de ordenamiento de los municipios colindantes al borde occidental.Para esto, se estudian los siguientes aspectos: qué es un borde y cómo se define su estructu-ra urbana, definición de los instrumentos de gestión e identificación de aquellos adoptados que inciden en el borde occidental, análisis de las decisiones de ordenamiento de municipios vecinos que inciden en el borde, caracterización del borde occidental y conclusiones de la inci-dencia de los instrumentos de gestión de suelo en su conformación.

aBstract

The main objective of this document is to identify the incidence of the land use policy on the conformation of urbanism structure, in particular the city boundaries (Bogota’s West Boundary case). At the same time, it analyzes the role of these policies in the development of Bogota’s Master Plan, and the relationship between Bogota and the Region. The topics of this article are: to create a boun-dary definition, to identify Bogota’s land use policies and establish which one of them is being used on the boundaries, and finally, to identify the small town planning decisions and its consequences on the boundary. As a result of this analysis, we make a conclusion about the incidence of the Land use Policy on Bogota’s West Boundary.

Palabras clavePolíticas de suelo urbano, estructura urbana, bordes de ciudad, articulación de instrumentos de planea-ción y gestión urbana.

Key wordsUrban Land Policies, City’s Structure, City’s boundaries Configura-tion, Instruments of Land Arrangement.

** Arquitecto urbanista. Su área de investigación son los instrumentos de gestión de suelo y finan-ciación. Actualmente se desempeña como asesor PMT de turismo en instru-mentos de gestión de suelo y como asesor del Munici-pio de Barrancabermeja en Plan Parcial Centro de Barrancabermeja. Correo electrónico: [email protected].*** Arquitecta urbanis-ta. Su área de investiga-ción son los instrumentos de gestión de suelo y finan-ciación. Actualmente se desempeña como asesora de revisión del POT en Ma-nizales y como consultora de PRM de la EAAB. Co-rreo electrónico: [email protected].

Gestión De suelo en la conFiGuración De BorDes De ciuDaD

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Introducción

La dinámica de crecimiento de la ciudad a través de procesos formales e informales ha dado como resultado la aparición de periferias con bajas condiciones ambien-tales, desprovistas de servicios públicos e infraestructura, de difícil accesibilidad y conectividad con el área central, con alta concentración de empleo y actividad econó-mica. Este tipo de periferia es propia de una ciudad histórica y compacta en la que todo gravita en torno al centro, sin embargo, la conformación desde hace mas de 30 años de ciudades multicéntricas –donde los centros suburbanos complementan y compiten con el centro de ciudad, y donde el crecimiento sobre las áreas metropolitanas es superior al del centro– permite cuestionarnos sobre el papel de la periferia1 en este nuevo contexto metropolitano y regional. ¿Podemos afirmar que se han convertido en espacios de alta calidad urbana,2 que permiten articular a Bogotá y los municipios contiguos, o por el contrario siguen siendo áreas deficitarias, cuyos costos de urbanismo son asumidos por el Estado en procesos de regularización posterior a la parcelación y edificación infor-mal? ¿Es posible afirmar que los instrumen-tos de planeación y de gestión desarrollan estas áreas en el marco de lo definido en la estrategia de ordenamiento territorial del PoT, en particular para el caso de Bogotá?

El Modelo de Ordenamiento Territorial de Bogotá3 plantea su consolidación a través de la relación entre las piezas urbanas y los proyectos de los sistemas generales a partir de la planificación de nuevas áreas de desa-

rrollo.4 Este tratamiento aplica a los predios que se van a incorporar al desarrollo urbano y que fomentan la ejecución de vivienda de interés social –VIS– o vivienda de interés prioritario –VIP–, el desarrollo de sectores completos y no predio a predio, la obten-ción de suelo de protección y la dotación de infraestructura. un alto porcentaje de las áreas con tratamiento de desarrollo se localizan en la periferia y, por ende, tienen la vocación de configurar el borde de ciu-dad y generar la infraestructura que cuali-fique y desarrolle la estructura urbana. A pesar de haber sido derogadas, las piezas urbanas y sus áreas funcionales reconocen las calidades espaciales y urbanas de la ciu-dad, y orientan su desarrollo a través de la formulación de los planes parciales.

El decreto que reglamenta la revisión del PoT; prioriza la jerarquización de ins-trumentos de planeación, en particular los Planes de ordenamiento zonal, y especifica la política de gestión de suelo, el reparto de cargas y beneficios y los instrumentos de gestión contemplados en la Ley 9 de 1989 y en la Ley 388 de 1997. A la luz de la pre-gunta sobre la incidencia de los instrumen-tos de gestión de suelo en la conformación de bordes de ciudad, el estudio se orienta hacia aquellos instrumentos adoptados en Bogotá que conforman estructura urbana y local: infraestructura, servicios públicos, cesiones de espacios públicos y equipa-mientos de diversas escalas, porcentaje y tipos de uso, y cambios en la edificabilidad. Entre estos instrumentos se encuentran el Reparto de cargas y Beneficios, el Derecho de Preferencia, el Desarrollo Prioritario,

1 Periferia entendida en el marco de la ciudad histó-rica, aproximada al con-cepto de Giuseppe Desma-téis de Periferia Fordista. (Monclus Fagras, Fran-cisco, 1998).

2 Calidad urbana defini-da en términos de infraes-tructura, equipamientos, servicios, espacio público, actividad y vivienda.

3 “En armonía con la protección y conservación del medio ambiente, que permi tirá la incorpora-ción al desarrollo de urba-nizaciones bien dotadas, de gran calidad urbanística, con clara vocación hacia la solución de los problemas habitacionales de equipa-mientos y de espacios libres de la periferia y en general de la ciudad ya construi-da”.

4 Decreto 190 de 2004 que reglamenta el POT y su re-visión (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).


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Mecanismos de Participación en Plusvalía, Anuncio de Proyectos y Planes Parciales de Desarrollo. Además, se plantea un estudio particular hacia el plan parcial como instru-mento de segundo nivel que complementa y desarrolla las disposiciones del PoT, pa-ra áreas especificas de suelo urbano y para las áreas incluidas en suelo de expansión. Dentro de estas disposiciones se encuen-tran la articulación con otros instrumentos de planeación, el cumplimiento del siste-ma de reparto de cargas y beneficios, y la articu lación con las decisiones del modelo de ordenamiento; en particular, la apuesta al desarrollo del escenario de la red de ciu-dades en el marco de una visión regional y la creación de una ciudad poli céntrica a través del desarrollo de las operaciones y centralidades.

Este estudio busca alimentar el debate sobre la conformación de bordes de ciu-dad como elementos intermedios entre la ciudad y el territorio, y analizar el papel de los instrumentos de gestión de suelo en la conformación de una estructura urbana que soporte las decisiones del Modelo de ordenamiento Territorial de Bogotá, arti-culado con la región y con las estrategias de los macroproyectos. El trabajo se soporta en el PoT de Bogotá y en diversos estudios producidos por la Dirección de Planes Par-ciales de la SDP (2002-2009) sobre el rol de los instrumentos de gestión en la ciudad, la estructura urbana que producen los pla-nes parciales de desarrollo, los lineamientos de modelación y articulación con la ciudad para las áreas de desarrollo y la aplicabilidad del sistema de reparto de cargas y beneficios

hacia la estructura urbana. Igualmente, usa como referencia el avance de la Declaratoria de Desarrollo Prioritario y el Derecho de Preferencia de la SDH y los macroproyec-tos adoptados por el Ministerio de Vivienda Desarrollo y Medio Ambiente que inciden en la periferia de Bogotá.

1. Conformación del borde ciudad

El borde se manifiesta como aquella franja territorial que denota una transición de los aspectos urbanos predominantes como: densidad de ocupación, morfología, usos urbanos, dinámicas socio-culturales y espa-cios naturales o usos de suelo rurales. Las características son intrínsecas a las dinámi-cas que esas franjas desarrollan, afectan o no el suelo de protección y constituyen un área potencial de relación entre el área rural y la urbana. Es importante destacar que enten-der la complejidad del borde y aproximar-nos a su definición o intervención implica el estudio del desarrollo histórico, su papel en el ordenamiento territorial y el resultado de la estructura urbana de los instrumentos de gestión aplicados.

una de las definiciones que determi-nan los lineamientos del borde como es-pacio articulador y lo refiere a la estructura urbana es el de “ámbitos de articulación territorial”,5 entre los que se encuentran el soporte territorial, los territorios morfo-lógicos y los espacios articuladores. Estos últimos están conformados por nodos, ró-tulas, corredores o elementos naturales que articulan un territorio; travesías o espacios

5 Tomando como referencia el promedio.


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agrícolas residuales resultados de afectacio-nes o infraestructuras.

En la configuración del Territorio Dis-trital de Bogotá se determinan cuatro tipos de borde: el oriental o de los cerros, el bor-de norte, el borde sur y el borde occiden-tal; este último es el que presenta el mayor número de planes parciales adoptados, por lo cual, permite establecer la incidencia de los instrumentos en la configuración de la estructura urbana.

2. Parámetros de definifición de estructura urbana

Para efectos de esta definición, precisare-mos el alcance de la estructura urbana en dos aspectos: desde su aproximación es-tructuralista y desde la cualificación espacial y urbana, la cual debe ser el resultado de los procesos de urbanización.

La estructura urbana, según el Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá, está conformada por los sistemas generales, com-puestos por el Sistema de Espacio Público, el Sistema de Equipamientos y el Sistema de Movilidad y Transporte; y las estructuras, que son la Estructuras Socioeconómica y Espacial, la Infraestructura de Servicios y la Estructura Ecológica Principal.

Es importante destacar la importancia de las estructuras y los sistemas en la confi-guración del modelo de ordenamiento, en sus diversas escalas: regional, metropolita-na, urbana y zonal; así como el papel de los instrumentos de gestión en su articulación.

2.1. Estructuras y sistemas

A continuación se desarrolla cada sistema y cada estructura.

• Estructura Ecológica Principal: está compuesta por los cuerpos de agua, las zonas de manejo y preservación ambien-tal, las áreas de reserva natural y el suelo de protección.

• Estructura Funcional y de Servicios: la componen los equipamientos, el espacio público y la movilidad.

• Estructura Socioeconómica y Espacial: está compuesta por operaciones estraté-gicas y centralidades.

• Sistema de Espacio Público: compuesto por parques, plazoletas y áreas verdes.

• Sistema de Equipamientos: compuesto por los equipamientos definidos en los planes maestros (educativos, culto, cul-tural, recintos feriales, abastecimiento, deportivos y recreativos, salud, sedes administrativas y educación superior).

• Sistema de Servicios Públicos: está com-puesto por todas las redes para el sumi-nistro de servicios públicos en la ciudad.

• Sistema de Movilidad: funciona con la unión de varios componentes, pero para el caso de la estructura urbana son priori-tarias la red vial y las infraestructuras dise-ñadas para sistemas de transporte masivo.

2.2. Cualificación espacial de los proyectos urbanos

Por cualificación espacial de los proyectos urbanos entendemos la calidad urbana pro-


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ducto del cumplimiento de estándares por habitante de espacio público, vías y equi-pamientos; las condiciones volumétricas del proyecto; la mezcla de actividades; la articulación del proyecto hacia las diversas escalas de ordenamiento, y el reconoci-miento o definición de la forma y la tipo-logía urbana. A continuación se desarrolla cada uno de estos conceptos:

• Mezcla de usos y actividades: hace refe-rencia a la combinación de actividades en un área y sus usos complementarios; evita áreas de uso exclusivo y único cuya zonificación no se especifique exclusiva-mente en primer piso.

• condiciones volumétricas: definición de la volumétrica y estructura espacial del proyecto, donde el espacio público, el equipamiento y la definición de los usos deben consolidar áreas centrales del proyecto y alta calidad de diseño urbano, entre otros.

• calidad urbanística: se relaciona con el cumplimiento de estándares urbanís-ticos como el número de metros cua-drados por habitante de zonas verdes y equipamientos, al igual que la capacidad portante de infraestructura del proyecto (malla vial urbana, metropolitana y zo-nal).

• Morfología y tipologías urbanas: esta herramienta pretende generar estructu-ras más amables para los habitantes de la ciudad, lugares que generen procesos de apropiación, divisiones prediales que faciliten el recorrido peatonal y no sólo la movilidad vehicular y ciudades segu-

ras que dependen, en gran medida, del tamaño de las manzanas. Es importante que la morfología permita crear espacios jerárquicos, que a su vez posibiliten la creación de imaginarios colectivos en torno a las piezas urbanas y sus funcio-nes; además de proporcionar diferentes sensaciones para el peatón.

3. Los instrumentos de gestión que inciden en la estrategia de ordenamiento y en la conformación de estructura urbana

El artículo 30 del Decreto 190 de 2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá) establece co-mo “instrumentos de gestión de suelo” aplicables para alcanzar los objetivos y el modelo de ordenamiento adoptados en el PoT los que se desarrollan a continuación.

3.1. Planes Parciales –PP–

como instrumentos de planeación y ges-tión, estos planes fijan las condiciones ur-banísticas y de factibilidad urbana para la incorporación de suelo para usos urbanos, garantizando que la transformación de la estructura urbana se dé de forma articulada a la ciudad existente y cuente con infraes-tructura, equipamiento y espacio público de soporte a las actividades y usos auto-rizados. Los planes parciales tienen como finalidad controlar y orientar el desarrollo y el crecimiento urbano, en relación con la configuración de los elementos de soporte de escala general de la ciudad; de forma tal


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que al habilitar porciones de suelo para usos urbanos, se integren de manera coheren-te con las dinámicas de crecimiento de la ciudad y se articulen a la estructura urbana existente y proyectada.

El mayor potencial de los PP está dado por la planeación integral que supone su adopción, la cual permite configurar piezas urbanas más equitativas social y espacial-mente, que respondan a las necesidades tanto de la población originada en su ám-bito, como de la población circundante. Su mayor potencial está representado porque mediante su formulación la administración pública puede controlar el crecimiento des-ordenado e ineficiente de la ciudad y aplicar los instrumentos de gestión y programa-ción del suelo.

En términos de áreas, los Planes Par-ciales adoptados han otorgado a la ciudad más 376ha de cesión, de un total de 688ha adoptadas, lo que equivale a un 54% del área total del proyecto urbanístico. Tam-bién se han entregado 101ha para parques, con un promedio de 2ha por Plan Parcial, lo cual equivale a la posibilidad de desarro-llar un parque zonal en cada plan parcial; un total de 41ha para equipamiento, que garantizan el área requerida para la cons-trucción de equipamientos de escala zonal en cada plan parcial; 130ha de Estructu-ra Ecológica Principal; un total de 27ha de cargas generales; 86ha de cargas viales locales, y 21ha para cesión de control am-biental. Finalmente, los planes parciales han dado a la ciudad 688ha incorporadas a usos urbanos.

3.2. Repartos de cargas y beneficios

La política de gestión del suelo adopta-da en el PoT de Bogotá está orientada, principalmente, a sufragar los costos de la infraestructura de soporte a las activida-des urbanas, con cargo a los beneficiarios de las acciones urbanísticas. Bogotá toma conciencia sobre la importancia de admi-nistrar los derechos de uso y edificabilidad y su contraprestación está siendo orientada a la obtención de suelos y a la financiación de infraestructura urbana, aplicable en la ciudad en proceso de desarrollo. Son com-ponentes del sistema de reparto de cargas y beneficios los siguientes elementos:

• La asignación de usos y/o edificabilidad con cargo a la asunción de cargas gene-rales.

• La obligación de provisión VIS/VIP.• La obligación de la provisión de 4m2 de

espacio público por habitante.

El sistema de reparto de cargas y bene-ficios ha sido reglamentado para los suelos no urbanizados localizados al interior del perímetro urbano o suelos de expansión sobre los cuales se evidencia un avance significativo en la provisión de suelo e in-fraestructura de articulación a la estructura urbana existente.

3.3. Declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria

Junto con la enajenación forzosa en pública subasta, esta declaratoria permite progra-


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mar la circulación del suelo en el mercado, especialmente de aquellos suelos identifi-cados como prioritarios para el desarrollo de proyectos de interés colectivo. Bogotá aplicó la declaratoria como mecanismo para programar el desarrollo de suelos inactivos, que le permitan a la administración pública ejercer control frente al déficit de vivienda social que presenta actualmente.

3.4. Transferencia de derechos de construcción

Se desarrollan acompañados de los meca-nismos de compensación, estímulo y be-neficios en el caso de los tratamientos de conservación histórica o arquitectónica y para la protección ambiental.

3.5. Distintos mecanismos de participación distrital en las plusvalías

Están orientados a captar una porción del incremento del precio del suelo de los pre-dios que han sido objeto de beneficios ur-banísticos por incremento en los aprovecha-mientos del suelo en uso o edificabilidad. El objeto principal de la participación en plusvalía está sustentado en la distribución equitativa de las cargas y los beneficios deri-vados del ordenamiento territorial, lo cual, a partir de la movilización de los incremen-tos de los precios del suelo derivados de la acción urbanística del Estado, le permite a la administración financiar la compra y desarrollo de terrenos para vivienda social

e infraestructura y promover procesos de renovación urbana y mejoramiento integral.

Desde el año 2003, Bogotá ha veni-do aplicando la participación en plusvalía como mecanismo de financiación del de-sarrollo urbano, mediante la participación de hasta el 50% de los incrementos en los precios de los terrenos sobre los cuales se ha identificado un efecto plusvalía, según la metodología y las condiciones estipuladas en el Acuerdo 118 de 2003 (concejo de Bogotá). Bogotá ha recaudado por partici-pación en plusvalía a junio de 2009, 54 mil millones de pesos, los cuales representan para la ciudad, según la destinación fijada en el Acuerdo 118 de 2003 (70% para pro-cesos de vivienda social), cerca de 38 mil millones de pesos para compra de predios para VIS (enajenación/expropiación), lo que equivale como mínimo a 151 hectáreas para el desarrollo de este tipo de vivienda.

Su aplicación constituye una oportu-nidad enorme para que la ciudad pueda orientar recursos al desarrollo urbano, es-pecialmente en las zonas más deficitarias. No obstante, en nuestro criterio, su ope-ratividad no ha sido muy exitosa debido, principalmente, a dos condiciones: por un lado, no se ha logrado el efecto esperado en el control de los precios de los terrenos y, por el contrario, el precio de la vivienda aumentó proporcionalmente con el valor de plusvalía; y por otro lado, el recaudo ha sido precario, fundamentalmente porque el momento en que se genera la obligación tributaria del cobro de la participación está asociado únicamente a la expedición de li-cencias, y, adicionalmente, porque no se ha


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adelantado un proceso de fiscalización y de control en el cambio efectivo del uso de los inmuebles sobre los cuales fue identificado un efecto plusvalía.

A pesar de lo anterior, consideramos que el principal problema no está dado en la operatividad del instrumento y en el bajo recaudo, sino más bien en que su destina-ción e inversión no está aportando en la configuración del modelo de ordenamiento propuesto en el PoT, en la medida que no se ha dado la orientación estratégica de la inversión de los recursos, los cuales deben ser orientados prioritariamente a la pro-visión de vivienda social, al desarrollo de infraestructura, a la renovación urbana y al mejoramiento integral.

La participación en plusvalía hasta aho-ra ha sido abordada como otro instrumento tributario que pesa sobre los inmuebles, y aunque hoy existe en el mercado una cultura de pago, no se le ha dado la im-portancia que merece como instrumento de financiación para el ordenamiento te-rritorial. consideramos, por tanto, que con un proceso fuerte de fiscalización y una orientación estratégica en la inversión de los recursos provenientes de su aplicación, se puede aportar en el logro de la configu-ración de una ciudad más incluyente social y espacialmente.

4. La configuración de los planes parciales de desarrollo

Los planes parciales de desarrollo, como instrumento de planeación y gestión, son los que orientan las decisiones del modelo

de ordenamiento del PoT para áreas espe-cificas de la ciudad. En el caso de las opera-ciones del norte, sur y centro, las decisiones de ordenamiento las determinan los planes zonales o los planes de ordenamiento zo-nal; en el borde occidental, la inexistencia de este tipo de planes que orienten la es-tructura urbana intermedia otorga al plan parcial la potestad y responsabilidad de la conformación de esta estructura.

Sin embargo, al ser los planes parciales adoptados instrumentos de iniciativa priva-da, el resultado de esta estructura de escala intermedia se convierte en la sumatoria de planes parciales, y no en la respuesta a una estrategia de planeamiento definida desde la planeación. A continuación se relacionan los resultados de los planes parciales adop-tados6 en las localidades de Bosa, Fontibón, Engativá y Suba, las cuales conforman el borde occidental de la ciudad.

4.1. Localidad Bosa

Según los planes maestros adoptados, la Lo-calidad de Bosa es deficitaria en aproxima-damente 37ha de suelo para equipamien-tos, con los cálculos de población de uPz, sin tener en cuenta la población proyecta-da que genera el plan parcial. Los planes parciales adoptados determinan un total de 231ha adoptadas, con una población aproximada en plan parcial de 80.590 ha-bitantes; 35ha de espacio público; 57ha de EEP y 17ha para equipamientos; lo que da como resultado un promedio de 2,2 m2 de equipamientos por habitantes y 4,7 m2 de espacio público.

6 Contrato 367 de 2008 (Dirección de Planes Par-ciales, SDP, 2008).


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que representa un 90% del total del área útil del plan parcial; 7ha de área útil para comercio; 2,7ha de área útil para uso do-tacional y 7ha de área útil para otros usos.

4.2. Localidad Suba

Según los planes maestros adoptados, la Lo-calidad de Suba es deficitaria en aproxima-damente 18ha de suelo para equipamientos, con los cálculos de población de uPz, sin tener en cuenta la población proyectada de 26.400 habitantes que genera el plan par-

Algunos de estos planes parciales, como el Porvenir, consolidan la estrategia de or-denamiento territorial al convertirse en una centralidad de carácter zonal; sin embargo, los otros planes parciales adoptados y en proceso consolidan la estructura urbana del propio proyecto urbano, sin mayor relación entre sí. como hecho físico importante se consolida la Alameda El Porvenir y la pre-servación de los suelos de protección y los humedales.

En relación con los usos, se adoptaron 114ha para Vivienda de Interés Social, lo

Figura 1. Determinantes de áreas de desarrollo sujetas al Plan Parcial-Bosa

Fuente: contrato 367 de 2008, Dirección de Planes Parciales del SDP.


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cial. Se han adoptado 158ha para malla vial arterial, 6,2ha para área de Estructura Eco-lógica Principal, 26ha para parques, 17ha de cesión para vías locales y 10ha para equi-pamientos. Lo anterior da como resultado un promedio de 2,2 m2 para equipamiento y 4,8 m2 de espacio público por habitante.

En términos de estructura urbana, los planes parciales, a través de los rangos de edificabilidad definidos en el PoT y el cum-plimiento del Decreto Distrital 436 de 2006, han dado como resultado parte de la preservación de los cerros de Suba; sin

embargo, la morfología de estos proyectos no siempre coincide con las condiciones topográficas de la zona, por lo que se re-comendaría modificar esta estructura para los cerros sur de Suba.

Los usos producto del plan parcial son 90ha de vivienda no VIS, 5ha de comer-cio, 1,19ha destinadas para otros usos y 26ha para uso dotacional. Se presenta una mezcla de actividades de comercio, un alto porcentaje de vivienda para estratos 5 y 6 y el traslado de VIS hacia otras zonas de la ciudad.

Figura 2. Determinantes de áreas de desarrollo sujetas al Plan Parcial-Suba



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4.3. Localidades Fontibón y Engativá

Según los planes maestros adoptados, las Localidades de Fontibón y Engativá son deficitarias en aproximadamente 35ha de suelo para equipamientos, con los cálculos de población de uPz, sin tener en cuen-ta la población proyectada que genera el plan parcial de 74.500 habitantes. Se han adoptado 150ha, de las cuales para suelo público se han obtenido 13ha de carga general, 38ha de EEP, 22ha de parque y

8ha de equipamientos. Lo anterior da co-mo resultado un promedio de 1,4 m2 para equipamiento y 4,2 m2 de espacio público por habitante.

En términos de estructura urbana, se destaca la centralidad desarrollada por el Plan Parcial de la Felicidad, que consolida la Estrategia de ordenamiento Territorial y las áreas de desarrollo localizadas al interior de la operación Aeropuerto el Doradado.Los usos producto del plan parcial para estas zonas, con un promedio de 73ha de

Figura 3. Determinantes de áreas de desarrollo sujetas al Plan Parcial-Kennedy



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área útil, son: 35ha de VIS, 5ha de comer-cio local, 5ha de comercio metropolitano, 25ha de vivienda no VIS y 2ha de área útil dotacional.

5. Las decisiones normativas de los municipios que inciden en la estrategia de ordenamiento y estructura urbana

Los municipios ubicados sobre el borde occidental de la ciudad son: Soacha, Mos-quera y Funza. Para efectos de este estudio, estos tres municipios son los que configu-ran este borde urbano. como decisiones normativas entenderemos las que se adop-taron a través de los planes de ordenamien-to territorial. Por ello, analizaremos los aspectos más relevantes de éstos.

5.1. Soacha

Este municipio es el que, de los tres, confi-gura el área conurbana más consolidada al sur de la ciudad de Bogotá. Posee una es-trategia de crecimiento dada por las proyec-ciones de demanda de vivienda de estratos bajos, la cual se desarrolla sobre el eje de conectividad de la autopista sur. Aunque el crecimiento de Soacha es acelerado, su con-centración se sigue dando en los alrededores de la Autopista Sur, generando accesibili-dad a través de ella. En el borde occidental colindante a Bogotá no se ha producido conurbación, como consecuencia de la exis-tencia de grandes zonas de humedales y del sistema de ríos en dicho borde.

Figura 4. Borde occidental, relación con Soacha

Fuente: Velasco, López y Díaz (2009).

5.2. Mosquera

Su estrategia actual se fundamenta en ser un municipio con vocación industrial, las grandes piezas urbanas se estructuran en corredores industriales contiguos a la ca-rretera occidental Número 50, y se busca consolidar áreas residenciales y expandirse para este uso de manera muy cautelosa. Se conurba con Bogotá por el extremo que delimita con el municipio de Funza, ubi-cado sobre la prolongación de la calle 13 y sobre el Río Bogotá; esta conurbación se debe a la poca claridad del borde en Bogotá en el límite con la localidad de Fontibón.


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El proceso de urbanización ilegal en esta zona ha sobrepasado la barrera del Río Bogotá y tiende a expandirse sobre el área de uso industrial, definida en el Plan de oredenamiento Territorial de Mosquera, la cual, en el momento, no tiene una alta demanda, dada la alta oferta de suelo para este uso en la sabana.

Figura 5. Borde occidental, relación con Mosquera


5.3. Funza

Al igual que Mosquera, este municipio es-tructura su desarrollo sobre grandes áreas industriales, ubicadas sobre la carretera occidental Número 50 y la vía que con-duce de Mosquera a la Autopista Medellín. Tiene un mayor aumento poblacional sobre las áreas que bordean el Sistema de Riego la Ramada y el Humedal del Gualí, y pre-senta problemas de conurbación con usos de vivienda en las áreas que limitan con la

Localidad de Fontibón, sobre la carretera Número 50. Esta conurbación en el área de Funza pone en peligro la sostenibili-dad del Aeropuerto El Dorado, ya que en su mayoría las áreas de acercamiento a las pistas del Aeropuerto están dadas sobre la conservación del Distrito de Riego.

Figura 6. Borde occidental, relación con Funza


Las estructuras de los Planes de or-denamiento Territorial de estos munici-pios plantean procesos de consolidación de áreas residenciales sobre sus centros ur-banos existentes, y mantienen como suelos agrícolas las áreas que limitan con el bor-de de la ciudad. En las revisiones de estos planes aparecen nuevas áreas suburbanas sobre las inmediaciones de la futura Vía Longitudinal de occidente, con destina-ción para suelos de carácter industrial en los cuales se proponen centros logísticos de carga. Estos centros son vistos por estos municipio como la oportunidad de cambio en la estructura vial regional que plantea


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los accesos a la ciudad sólo a través de la Avenida centenario y de la calle 80; esta vía cambia la movilidad regional y permite moverse por el eje occidental de la ciudad y acceder a ella por diferentes puntos.

Lo que más ha marcado los procesos de conurbación sobre vías como la Avenida centenario y la calle 80 es lo siguiente:

• La normativa nacional que permitió que sobre áreas catalogadas como rurales se pudieran dar usos industriales, con la clara intención de liberar suelo sobre ejes viales, para que los usos industriales se asentaran en áreas estratégicas. Esta de-cisión desconoce los modelos de orde-namiento territorial de los municipios, el reconocimiento y validación de los suelos de protección, y la infraestructura urbana que demandaría estos usos y la nueva población.

• El Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá la concibe como una ciudad de servicios y disminuye el número de áreas industriales. Esto crea la necesidad en las industrias de implantarse en los mu-nicipios vecinos, debido a menores pre-cios del suelo, disponibilidad de mayor área en predios y a la competitividad en movilidad que ofrece la red vial depar-tamental.

• Decisiones tomadas a través del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad, se-gún las cuales se limitaba la circulación de transporte de carga al interior de la ciudad, acrecentaron la necesidad de ubicarse en los municipios del primer anillo metropolitano.

• La existencia de un desequilibrio terri-torial en los sistemas tributarios, en las cargas a urbanizadores y a propietarios del suelo, en la calidad urbanística como estándar mínimo, son algunas de las características que dejan a la ciudad en una clara desventaja en precios de suelo en relación con los demás suelos de la región; lo anterior, sumado a una dis-minución en la brecha de precios de los productos inmobiliarios, produce que muchos compradores finales prefieran localizarse en los municipios del primer anillo.

• Las decisiones de carácter nacional fren-te a soluciones de vivienda ponen en riesgo que áreas de la región que aún no están preparadas para ser urbanizadas inicien procesos de urbanización acele-rados, a través de macroproyectos de vivienda, con el único fin cuantitativo de otorgar soluciones de vivienda que ponen en riesgo el equilibrio territorial.

6. Conclusiones del borde occidental

como vemos, los procesos que se dan so-bre el borde urbano de esta área occidental de la ciudad son acelerados; en menos de media década se configuró un área indus-trial de importante dimensión y estratégi-camente ubicada, que no pudo tener una adecuada planeación. En consecuencia, esta área está a punto de colapsar, dado que fueron pocas las medidas que se tomaron en estructura vial y en infraestructura de ca-rácter ambiental que reduzca los impactos sobre los humedales que están en procesos


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de deterioro, e incluso de desaparición, pues el proceso de urbanización nunca los vio como un elemento fundamental. otro punto determinante es que no se han con-solidado bordes de ciudad, lo que generó escenarios de urbanización ilegales que so-brepasaron el Río Bogotá, dejando fuera de la jurisdicción del Distrito capital proble-mas inherentes a él y trasladando este tipo de desarrollo a municipios aledaños con infraestructura básica, con problemas en la prestación eficiente de servicios públicos y con una capacidad administrativa deficiente para dar solución a este tipo de problemas.

Si bien es cierto que algunos instru-mentos de planeación y gestión del suelo, como los Planes Parciales, son cuestiona-bles en relación con el tiempo necesario para su adopción, lo que pretende este artículo es mostrar que, como tal, este ins-trumento ha permitido la consolidación del modelo de ordenamiento de la ciudad de Bogotá. Es por ello que municipios como Mosquera empezaron, bajo esta óptica, a catalogar sus suelos de desarrollo como áreas de planes parciales, lo que permitirá que se frenen los proceso de conurbación ilegales, los cuales se presentan, en su gran mayoría, por la responsabilidad individual de urbanizar. Sin embargo; cuando el terri-torio se ve fuera de los ámbitos de un sólo predio, se empieza a generar una visión de desarrollo conjunto.

El camino debe ser la equidad territo-rial en lo que respecta a gravámenes sobre la propiedad y cargas al propietario del suelo y al urbanizador. Esta será una he-rramienta que permita poner a todos en el

mismo nivel de condiciones y que reduzca los procesos de segregación socio-espacial, causados, en su mayoría, por las desigual-dades que llevan a la implantación de usos específicos en ciertas áreas del territorio.

ya que una consolidación de procesos regionales que integre de manera decidida a todos los entes territoriales es complica-da en este momento, dada la estructura administrativa en lo que respecta a las de-cisiones de ordenamiento, la Gobernación de cundinamarca impulsa un modelo de ocupación regional que pone en evidencia las implicaciones del proceso de urbani-zación que hasta hoy se ha dado sobre la región capital. Este modelo propone que los 25 municipios inmediatos a la ciudad de Bogotá sean los que integren el primer anillo, a excepción de los ubicados en el eje Bogotá-Fusagasuga. También dice que el crecimiento de los que se encuentran limitando con la ciudad debe ser bajo y propone un crecimiento demográfico alto en municipios como Facatativa, zipaquirá y Fusagasuga, y consolida grades proyec-tos como Aerópolis, el cual pretende dar continuidad a la operación Estratégica del Aeropuerto y proteger todo el sistema de humedales que aún persiste en la sabana.

7. Caracterización general de la estructura urbana que producen los diferentes instrumentos de gestión adoptados

• Planes Parciales: éstos han producido piezas urbanas que han logrado articular


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los diferentes sistemas. Se debe trabajar en la calidad espacial, una mezcla de actividades y funciones hacia el interior, una mejor morfología urbana que no se base en el concepto de súper manzanas.

• Reparto Equitativo de Cargas y Be-neficios: esta herramienta permite que la ciudad obtenga suelos para espacio público en relación con el número de habitantes en el área, y un 8% para equi-pamientos; este suelo es una carga urba-nística para el propietario. También se obtiene el suelo para malla vial arterial y el suelo y construcción de la malla vial intermedia y local. El reparto permite que las zonas de preservación y manejo ambiental se entreguen a la ciudad.

• Plusvalía: la movilización de plusvalías para la adquisición de predios ha permi-tido que se incrementen las posibilida-des económicas para su obtención.

8. Nivel de la articulación de los instrumentos de gestión de suelo adoptados en Bogotá y los de los municipios

El modelo de ordenamiento de los muni-cipios que conforman el borde occidental de la capital no plantea específicamente la conurbación con Bogotá. Todos ellos se han visto envueltos en procesos de urbani-zación, dado, en gran medida, a decisiones de carácter nacional.

Después de haber permitido el proce-so de urbanización con fines industriales sobre los ejes de la red vial regional, en su

mayoría, y por ende todos los procesos de urbanización contiguos al uso industrial, sumado al impacto provocado sobre la red vial y la estructura ecológica, los municipios empiezan a ver que la manera más idónea de integrar estas nuevas zonas a sus centros consolidados y crear una estructura más completa es a través de la configuración de piezas urbanas en los pocos vacíos que aún tienen, e identifican la necesidad de exigir cesiones de suelo para compensar los deficientes indicadores de espacio público y equipamientos de los residentes de estas áreas. Esto sólo se puede lograr con la exi-gencia de planes parciales, un instrumento ya conocido y reglamentado por la Nación.

Igualmente, es necesaria la aplicación del instrumento no sólo en áreas de ex-pansión, sino en áreas urbanas, con el fin de dar continuidad a las vías. Para ello, se debe evaluar el área de las zonas a las que se les pide adelantar procesos de urbani-zación, previa exigencia de plan parcial, ya que el instrumento se convierte en una herramienta relevante para la escala de las áreas urbanas de estos municipios.

Podríamos hablar de la inexistencia del plan parcial desde la adopción de los planes de ordenamiento, o su ineficacia para con-solidar la estructura urbana municipal, pero es cierto que en casos particulares como el municipio de Mosquera el instrumento no exigía cesiones de suelo y nunca ha existido un reparto equitativo de cargas y beneficios en relación con la ciudad; tampoco se ha dado la implementación de un reajuste de terrenos o una integración inmobiliaria, todos éstos instrumentos que aportarían a


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encontrar soluciones viables y con resulta-dos óptimos.

La capacidad administrativa de estos municipio se queda corta frente a los retos que implica ser vecinos de una ciudad de más de seis millones de habitantes y que sobrepasa sus límites geográficos, lo que crea problemas regionales que afectan entes territoriales que están en proceso de cuali-ficar y definir sus propios centros urbanos.

Los municipios que no han desarro-llado procesos de planificación y adopción de instrumentos de gestión de suelos y financiación deberán desarrollar procesos de urbanización conjunta entre el sector

privado y el público, que exijan que las áreas por desarrollar sean urbanizadas por los interesados.

Es imperativo definir reglas de juego claras y comunes para todos los entes te-rritoriales. Si la ciudad, hasta el día de hoy, ha empezado a utilizar los instrumentos de gestión de manera decidida y los primeros resultados son buenos, los municipios de-ben aprovechar esta experiencia y replicar este tipo de modelos, con el fin de que sus procesos de urbanización no se traduzcan en malas experiencias. Ademas, los munici-pios deben implementar procesos adminis-trativos que permitan evaluar cómo se está

Figura 7. Articulación de los instrumentos de gestión de suelo adoptados en Bogotá y los municipios aledaños

Fuente: Velasco, López y Díaz, 2009.


territorios 2283

dando el proceso de urbanización, y deben desarrollar herramientas que conformen áreas de ciudad integrales y con calidad urbanística.

9. Caracterización del borde occidental a partir de la interacción entre los instrumentos de gestión en Bogotá y las decisiones municipales

La estructura que se configura con los pla-nes parciales permitió que la ciudad le diera continuidad a sus sistemas, con especial énfasis en el sistema vial, lo que garantizó el suelo para la malla vial arterial y la cons-trucción de la malla vial intermedia y local. Igualmente, contribuyó a fortalecer el sis-tema de equipamientos y espacio público, a través de la obtención del suelo; aunque hasta ahora se ve la necesidad de articular todos los planes maestros y definir desde el diseño del plan parcial la destinación de los suelos. Asimismo, se convierten en herra-mientas fundamentales para la obtención y preservación de los suelos de protección.

La configuración de las zonas del borde occidental generado por los planes parciales adoptados son áreas de vivienda, preferible-mente proyectos destinados al VIS, con la dotación de espacio público y suelo para

equipamientos necesarios para el uso. Sin embargo, esta configuración no permite que la ciudad cuente con servicios com-plementarios hacia el interior de los planes parciales. Esto se debe, en gran parte, a la intención de desarrollar el mercado de vi-vienda por parte de las entidades que pla-nean y gestionan la ciudad. como resulta-do, los promotores deciden, en su mayoría, el uso del suelo de estas áreas; además, la gestión para impulsar otro tipo de uso, a través de reparto de cargas y beneficios, se permite única y exclusivamente a través del negocio más rentable para el urbanizador. Si bien es cierto que los planes parciales son el instrumento que contribuyó a con-figurar el borde occidental de la ciudad, en particular en las localidades de Bosa, Fontibón, Engativá y Kennedy, gracias a la intervención en el suelo de desarrollo, su objetivo principal en términos urbanos ha sido el consolidar la estructura urbana no cualificada de la ciudad en la zona. La mo-delación de los planes parciales se basa en la configuración de piezas urbanas que com-plementen la estructura de escala vecinal o zonal, lo que deja de lado la conformación de áreas integrales de actividad múltiple que desarrollen el Modelo de ordenamien-to Territorial.


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Referencias

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Alcaldía Mayor de Bogotá (2004). “Decreto 190 del 22 de junio de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”. Bogotá: Alcaldía Mayor.

Alcaldía Mayor de Bogotá (2004). “Decre-to 327 de octubre 11 de 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo urbanístico en el Distrito capital”. Bogotá: Alcaldía Mayor.

Alcaldía Mayor de Bogotá (2006). “Decre-to 436 de octubre 19 de 2006, por el

Figura 8. Imagen del borde occidental. Instrumentos de gestión adoptados en Bogotá y sus municipios aledaños

Fuente: Velasco, López y Díaz, 2009.


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cual se dictan disposiciones comunes a los planes parciales en Tratamiento de Desarrollo y se establecen metodologías para el reparto equitativo de cargas y beneficios”. Bogotá: Alcaldía Mayor.

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Santo Domingo Savio: un territorio reterritorializadoSanto Domingo Savio: a reterritorialized space

Jorge Iván Ballesteros Toro, Claudia Velásquez Higuita, Marcela Sierra Vásquez, Eliana María Torres Toro, Elizabeth Vélez González*


* Estudiantes de la Maes-tría en Estudios Urbano Regionales, de la Escuela de Planeación Urbano Re-gional, Facultad de Ar-quitectura, Universidad Nacional de Colombia, Se-de Medellín. E-mail con-tacto: [email protected].

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Para citar este artículoBallesteros Toro, J. I.; Velásquez Higuita, C.M.; Sierra Vásquez, M.; Torres Toro, E. M.; Vélez González, E. (2010). Santo Domingo Savio: un territorio reterritorializado. Territorios, 22, pp. 87-110.

FRAGMENTACIóN, APRoPIACIóN y REGulACIóN DEl ESPACIo uRBANo

Jorge Ballesteros, Claudia Velásquez, MarCela sierra, eliana torres, elizaBeth Vélez

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resuMen

Santo Domingo Savio es un barrio de la Comu-na Popular número 1,1 ubicado en el nororiente de la ciudad de Medellín (Antioquia, Colom-bia). Es un territorio formado a través de la ocu-pación marginal e ilegal de la tierra, que ha sido marcado por la violencia y la pobreza. El Esta-do, luego de años de abandono, ha implemen-tado proyectos de desarrollo urbano que han generado infraestructura de transporte, espacio público y educación; proyectos que enmarcan la ciudad en el contexto de la competitividad. la actual dinámica territorial ha convertido esta comuna en un lugar atractivo para residentes y turistas, en un espacio reterritorializado por el Estado; además, ha transformado el lugar en un laboratorio de ciudad y en un modelo de re-novación. Bajo este escenario, esta exploración pretende visualizar la territorialidad que en el transcurso del tiempo han tenido los diferentes actores en este espacio.

aBstraCt

Santo Domingo Savio is a neighborhood of The Comuna Polpular No. 1, located at the north east of Medellin (Antioquia, Colombia). It has been formed through illegal and marginal occu-pation of land; it is a territory with a lot of vio-lence and poverty problems in which the urban policies have generated transport infrastructure, public space and equipments in the context of the city competitiveness. The territorial dyna-mics generated by the State intervention have transformed the Comuna into an attractive place for residents and visitors. The space has been recovered by the State, and has become not only a city laboratory, but also a model of renovation to copy. under this scenery the exploration wants to observe the territoriality of different actors through the space and time.

Palabras claveTerritorio, transforma-ción urbana, relaciones de poder, conflictos urbanos, espacialidad.

KeywordsTerritory, urban transfor-mation, power relations, urban conflict, spatiality.

1 Las comunas son áreas delimitadas dentro del perímetro urbano de la ciudad, comprendidas por barrios o agrupamientos de barrios. Son usualmente reconocidas por sus habi-tantes como referentes de su localización en la ciudad (adaptado del Art. 22 de la Ley 388 de 1997).

santo doMingo saVio: un territorio reterritorializado

territorios 2289

Introducción

Este ejercicio exploratorio tiene como pro-pósito comprender e interpretar las relacio-nes de poder y los hechos sociales que se presentan en Santo Domingo Savio, a partir de la transformación urbana que se inició en Medellín a principios del siglo XXI. En este proceso, el interés principal es analizar los efectos de la territorialización del Es-tado, que se llevó a cabo por medio de la proyección y generación de obras de infra-estructura en la Comuna 1: inicialmente, la construcción del Metro Cable (línea K) y, posteriormente, la adecuación del Colegio la Candelaria, el Parque Biblioteca España y la intervención de zonas aledañas, en el contexto de competitividad de ciudad.

Con el propósito de comprender e in-terpretar las relaciones y hechos, se plantea la siguiente hipótesis central, la cual se desa-rrolla a partir de la transformación urbana, vista desde la dimensión sociopolítica: hoy Santo Domingo Savio está caracterizado por los ejercicios de territorialización que ha venido ejerciendo el Estado, enmarca-dos en una política urbana que cristaliza el ideario de ciudad, expresado en un modelo de transformación guiado por una lógica de producción del espacio que se manifiesta en una escala local y global. Sin embargo, esta transformación físico-espacial no trasciende hacia la realización de una intervención in-tegral que atienda las problemáticas sociales más apremiantes de este sector.

Varios cuestionamientos facilitaron ubi-car y contextualizar la hipótesis planteada. Cada pregunta denota una particularidad

y un propósito específico para intentar di-lucidar alguna respuesta: ¿Cuáles son los agentes y actores presentes en el territorio? ¿Cómo se miran y perciben los actores en-tre sí? ¿Cuáles son los actores hegemónicos en el territorio? ¿Cómo se da el poder de la norma y la planeación en este lugar? ¿Cuá-les son las principales tensiones o conflictos sociales que se expresan en la conformación del territorio? ¿Qué papel juega la planea-ción en la resolución de los conflictos? ¿Có-mo se ha organizado lo público y lo privado en la regulación y control del territorio? ¿Existe otro tipo de reglas que permite el orden, regulación y control del territorio? ¿Cómo se han espacializado los procesos sociales presentes en el territorio?

Para dar respuesta a estas preguntas se desarrollaron tres fases metodológicas: la percepción, que consistió en un primer acercamiento desprevenido, el cual permi-tió, mediante la observación, adquirir las primeras nociones del lugar y la interven-ción urbana, así como del entorno. En el segundo momento se desarrolló una fase descriptiva a partir de información primaria y secundaria, que contribuyó a la elabora-ción de un diagnóstico, el cual se alimentó y confrontó las percepciones anteriores, lo que permitió una mayor profundización. El tercer momento consistió en una inter-pretación espacio-temporal, que produjo reflexiones empíricas y consideraciones fi-nales frente a la hipótesis planteada.

El análisis de los datos de esta explora-ción se apoyó en la generación y recolección de información cualitativa, ingrediente que se plasma en la descripción y en las rela-


territorios 2290

ciones establecidas entre la información primaria y secundaria. Por ello, durante el relato contenido en el documento se pre-senta información combinada producto de las diferentes fases mencionadas.

1. Consideraciones iniciales: algunos conceptos

El territorio, la territorialidad y la territoria-lización son conceptos que corresponden, fundamentalmente, a fenómenos interde-pendientes que se definen en una escala de tiempo y espacio. Al concebirse el territorio como un escenario dinámico y en constante producción, la territorialidad y la territo-rialización se convierten en componentes primordiales que le dan vida al espacio y que, a su vez, lo configuran, delimitan y definen sus particularidades. Por ello, se hace necesario acercarse a esos conceptos para comprender la producción del espacio y la complejidad del sentido territorial del barrio Santo Domingo Savio, ubicado en la Comuna 1 del nororiente de la ciudad de Medellín.

Antes de presentar los avances de este ejercicio, es necesario desarrollar algunos conceptos teóricos que guiaron el proceso de descripción y análisis. Inicialmente, se comprende el “espacio” como aquel so-porte material del desarrollo social y como producción social derivada de la actividad humana que lo transforma y se transforma a partir de sí mismo (Echeverría y Rincón, 2000). la noción de espacio se convierte aquí en un elemento clave, al ser una espe-

cie de matriz sobre la que lo social se esta-blece y configura; incluso, se podría decir que tiene una relación de prelación con respecto al territorio y la territorialidad: la territorialidad se origina en las expresio-nes de alguien o algo al marcar el espacio y el tiempo tangible, y, sensiblemente, al generar o alterar el ambiente físico, social, cultural o político, lo que genera múltiples sentidos al territorio (Echeverría y Rincón, 2000).

En esa línea de ideas, el “territorio” es el medio codificado, dotado de sentido, puede ser cultural, social, político o espa-cial. las expresiones de los actores estable-cidas por cierto tiempo sobre el territorio constituyen un sistema de códigos (con un significado desde los códigos socio-cultura-les y desde los códigos de quienes lo inter-pretan) que le otorgan sentido variable en el tiempo. El territorio se consolida cuando en las dinámicas de configuración (territo-rialización, desterritorialización, reterrito-rialización) se logra establecer un sentido propio. Se identifica desde el ejercicio de la territorialidad de sujetos, actores sociales y de los procesos en los que se inscribe o participa un lugar, sometido a los cambios de sus interacciones y negociaciones (Eche-verría y Rincón, 2000).

En el ejercicio de la territorialidad, los “sujetos” son aquellos habitantes que ac-túan frente al espacio individual y colec-tivamente desde sus prácticas cotidianas, hábitos y costumbres, sin ninguna organi-zación social consciente; por su parte, los “actores” son quienes asumen el ejercicio ciudadano, en general, basados en un co-


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lectivo orgánicamente conformado; ambos generan en el territorio interacciones y negociaciones de fijación de sus sentidos. los “agentes” son los responsables de los cambios en el territorio desde la puesta en escena de diferentes ejercicios de poder, lo que marca determinados espacios territo-riales (Echeverría y Rincón, 2000).

Ahora bien, en Santo Domingo Savio el territorio se ha conformado, principalmen-te, a través de los procesos de territoriali-zación históricos, ejercidos por diferentes actores como la comunidad, los grupos armados ilegales y el Estado, quienes han establecido en el tiempo diversas relaciones de poder en el espacio, imprimiéndole sus propias visiones del mundo que confluyen en su configuración actual.

2. Un contexto del lugar

El barrio Santo Domingo Savio, como muchos que surgieron en los años 60 en la ciudad de Medellín, fue consecuencia del momento por el que pasaba nuestro país. En los años 50, Colombia estaba viviendo cambios en su desarrollo y se encontraba en una crisis política por la violencia partidista. Durante este período, el éxodo masivo del campo a la ciudad se produjo por síntomas como la búsqueda de progreso y por el desplazamiento de personas que huían de la violencia. la ciudad de Medellín no fue ajena a este hecho social. Para el año de 1964, durante la presidencia de Guillermo león Valencia (1962-1966), doña Domi-tila Morenod viuda de Vicente Benítez, se

convirtió en la líder fundadora de Santo Domingo Savio, y narra al respecto:

una noche tuve un sueño, se me apareció un señor muy formal de sombrero, con un pantalón negro y una camisa blanquita que me decía: oiga, ¿usted se quiere venir? yo en el sueño dije que sí. oiga, ¿usted quiere una iglesia? le respondí que sí. Entonces me señaló un punto en el morro, yo lo vi clarito todo y así pasaron varios días con el mismo sueño […] … luego, el sueño se materializale dije: mijito (Don Vicente, esposo) vámonos pa´ esa loma a vivir, que no se den cuenta los vecinos, y que si nos morimos sólo los gallina-zos sepan, y él me dijo que bueno, que de algo teníamos que morirnos […] yo había pensado en la fecha y quería, un 20 de julio, como pa´ independizarme y así fue […] el ranchito lo em-pezamos a construir con unos palos que nos dejó una gente que bajaba al Popular y con hojas de salvia lo tapamos para evitar frío (Bustillo, 1994).

Esta gesta trajo consigo un proceso independentista: en este caso una territo-rialización vía loteo e invasión de personas, cuyo único escampadero era la fuerza de voluntad con la que habían nacido. Con el tiempo, otras familias fueron llegando y colonizando sobre el territorio su espacio.la Comuna 1, conocida como Popular, está distribuida, según el Diagnóstico In-tegral de Ciudad para la Equidad –DICE– (2004), sobre 310,94 ha, con una densidad poblacional de 368 hab/ha, en 12 barrios con 30.400 viviendas y una población de 132.688 habitantes al año 2006. Según cifras de la Encuesta de Calidad de Vi-


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da (2006), la densidad poblacional es de 4,19 habitantes por vivienda. El estrato socioeconómico que predomina en esta co-muna es el 2 (bajo), existente en 75,4% de las viviendas, seguido por el estrato 1 (bajo-bajo), que corresponde al 24,6% restante.

Según el Anuario Estadístico de Mede-llín (2005), la gran mayoría de sus habitan-tes está por debajo de los 39 años (73,4%), de los cuales el mayor porcentaje lo aportan los adultos jóvenes (42,5%), con rango de edad entre 15 a 39 años. Sólo un 4,9% de la población es representada por habitantes mayores de 65 años, es decir, población de la tercera edad.

la topografía que presenta la comuna es muy abrupta y con altas pendientes. las quebradas la Seca o Negra, Granizal, Ca-revieja y El Zancudo, que pasan por allí, se caracterizan por tener cañones muy pro-fundos, sus riveras están invadidas casi en su totalidad por asentamientos humanos y tienen antecedentes de desastres por inun-daciones en las temporadas invernales. la clasificación geológica de los suelos muestra un gran porcentaje de terrenos con baja ap-titud para el uso urbano, es decir, que están clasificados como de alto riesgo.

3. Una percepción del lugar

Acercase a Santo Domingo Savio y reco-nocer su entorno parte de la inquietud y la trama de diferentes miradas, enfoques y disciplinas, que se conjugan para brindar un acercamiento, de momento, sobre el territorio. De este ejercicio de lenguajes y perspectivas surgen percepciones del lugar

que dilucidan aspectos a priori y conjetu-ras por el asombro en la interpretación del territorio.

la recuperación realizada sobre el co-rredor intervenido se evidencia en la re-construcción de andenes, secciones de vías, el arreglo de los antejardines y las obras de espacio público que comprenden pequeños parques, en donde es constante la asistencia y afluencia de niños y niñas.

la escala de ciudad se introduce en la barrial a partir de la intervención público-estatal, con elementos diferenciadores co-mo la plazoleta y el sistema de movilidad, que poseen unas características formales cargadas de simbolismo. Así, se incrustan unos códigos expresados en formas físicas contemporáneas y se atribuye a la arquitec-tura el poder de visualizar las expresiones vitales del lugar, lo que humaniza aquella ciudad olvidada.

lo anterior nos permite considerar el papel turístico y simbólico de este lugar, que en relación con la ciudad cristaliza el ideario urbano expresado en un modelo de transformación. Hay que reconocer las diferentes caras y miradas que pueden abs-traerse de este fenómeno para el resto de la ciudad; Santo Domingo pasó de ser un lugar que representaba la historia de la vio-lencia urbana, a ser un escenario de cambio en el contexto del marketing de ciudad.2 Por otro lado, se genera un turismo que ha puesto de cara a la ciudad la realidad so-cial predominante en este tipo de sectores deprimidos, y que parece ser desconocida para muchos, incluso para los habitantes de Medellín.

2 Las políticas de promo-ción, marketing y creación de imagen de las ciudades actúan como auténticos instrumentos de política urbana: representan es-fuerzos por producir una imagen lo suficientemente atractiva para sus habi-tantes, las empresas y los visitantes, a través de una acción profesionalizada, llevada a cabo por agencias de publicidad y empresas de relaciones públicas. Cfr: Benach, N. (2000). Nue-vos espacios de consumo y construcción de imagen de la ciudad en Barce-lona. Estudios Geográfi-cos LXI(238): 189-205. Citando a Holcomb, B. (1994): “City make-overs: marketing the post-indus-trial city,” en Gold, J.R. Ward, S.V. (ed.). Place promotion. The use of pu-blicity and marketing to sell towns and regions, pp. 115-131. Chichester: John Wiley and Sons.


territorios 2293

Desde el espacio público se percibe un paisaje de mixturas, donde la disposición de las viviendas asombra por su densidad. Allí, las personas caminan entre los senderos o calles estrechas, las cuales únicamente per-miten una reducida circulación trasversal entre las laderas. En el sector se presenta una convivencia de las formas de autocons-trucción de carácter precario, con otras que se destacan por los materiales de las vivien-das y los procesos de consolidación, lo que refleja una mejor situación económica o un mayor tiempo de pervivencia.

la Biblioteca España, monumental en su dimensión espacial y en su forma, se mi-metiza como un camaleón en medio de las viviendas de Santo Domingo. Con todo, la biblioteca se representa como rocas en el paisaje; sin embargo, una vez se está allí adentro, se puede identificar una corres-pondencia con los elementos espaciales del entorno, expresada en la forma y disposi-ción de la construcción. un ejemplo de ello son las grietas y los miradores dentro y fuera de la biblioteca, que se asemejan a los callejones del sector y permiten una mirada de la ciudad desde sus pequeños resquicios.

la frontera es demarcada a través de texturas y un sentido estético particular de la intervención pública, lo que posibilita el intercambio entre las personas que visitan el lugar y los residentes. Paralelamente, el espacio público conduce al visitante por un corredor que brinda seguridad, pero mu-chas veces el visitante no sale de allí debido a que persisten latentes los imaginarios del miedo; la frontera se establece cuando las relaciones e interacciones entre visitante

y residente sólo se dan dentro de ese es-pacio público; mientras que se conforma un puente cuando el visitante se permite traspasar e interactuar.

4. Entre sujetos, actores y agentes

4.1. Narcotráfico

Hacia los años 80, el narcotráfico marcó profundamente este territorio, con la ar-ticulación de la delincuencia común orga-nizada y la conformación de ejércitos de sicarios a favor de los carteles y redes de narcotraficantes, lo que intensificó a niveles alarmante las confrontaciones y la violencia. Durante esta época, el narcotráfico pasó a ser no sólo la mayor expresión del crimen organizado, sino también una actividad que comportaba nuevos canales de ascenso so-cial para la población juvenil de los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad.

las personas y los grupos asociados al narcotráfico se convirtieron en los princi-pales actores, cuya gestión territorial trans-formó las dinámicas socio espaciales que se presentaban hasta ese momento. Su inser-ción acarreó la transformación de numero-sas “galladas” de barrio en poderosas ban-das delincuenciales, un notable incremento en el consumo de drogas lícitas e ilícitas y el número de homicidios, al igual que un ambiente de tensión por la intensidad de la violencia (Pulgarín, 2009).

El narcotráfico se convirtió en un fe-nómeno que detonó diferentes y múltiples formas de violencia, expresadas en índices


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record de homicidios, secuestros, torturas y desapariciones, entre otras actividades de-sarrolladas por los diferentes grupos de si-carios y por las bandas existentes. un “con-tinuum” que se evidencia en el presente.

4.2. Globalización

la globalización, para este caso, se com-prende como la tendencia internacionali-zadora de la economía capitalista de orden neoliberal, cuya función se ha venido im-pulsando en las ciudades por medio de la competitividad, en el marco de un modelo de desarrollo de ciudad que atiende desde lo local la observación y puesta en escena del orden global.

la década de los 90 se caracteriza por grandes fenómenos a escala regional y na-cional que afectan la ciudad de Medellín. En concreto, se trata de varios procesos que al conjugarse dan lugar a una coyuntura específica, estos son: la reorganización es-pacial a nivel urbano, en el marco de la re-lación ciudad-economía-mundo, y la crisis del modelo fordista de regulación, que da impulso a procesos de reconversión indus-trial, desindustrialización y terceriarización de la economía, así como al cambio en el patrón de acumulación del capital, con impactos en la esfera productiva, el mundo del trabajo y la ciudadanía social (Franco et. al., 2004).

la resignificación de lo local y de la ciudad como enclave de desarrollo reade-cua su infraestructura hacia el modelo de producción postfordista, de ahí su embelle-cimiento para exhibirla en el exterior como

la ciudad de servicios, eventos, la ciudad marketing, entre otros.

4.3. Mercado

El mercado se concibe como un intercam-bio de bienes y servicios a diferentes escalas, el cual permite establecer dinámicas, rela-ciones y sistemas de producción propios. Para el caso del barrio Santo Domingo Sa-vio, no existe un sector económico fuerte; sin embargo, a partir de la observación en-contramos maquilas textileras, carpintería, tiendas y economía informal en general, las cuales son características de la zona.

Varias actividades de economía infor-mal surgen con la implementación de las obras de intervención urbana: juegos para niños, fotos con animales, observación de la ciudad desde el telescopio y guías turísticos, ésta última actividad realizada por jóvenes que expresan un discurso basados en la his-toria y transformación del lugar.

5. Relaciones de poder

Desde su inicio y hasta el presente, Santo Domingo Savio ha sufrido una serie de transformaciones y configuraciones, tanto territoriales como sociales; son varios suce-sos que dan vida y delimitan las fronteras del lugar en el tiempo (ver Cuadro 1).

Como respuesta a la expansión de las milicias, la fuerza pública emprendió es-trategias de pacificación, en una avanzada por recuperar el control en estos territo-rios olvidados por el Estado. A la par, fue-ron surgiendo grupos paramilitares, como


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organización de contrainsurgencia ilegal, cuyo poder militar provenía del narcotrá-fico, el capital privado y el apoyo del Es-tado, y quienes reclutaron, por presión o autonomía, a aquellos que delinquían en las bandas.

Con estos actores armados en escena, el espacio que se producía sobre el territo-rio no era otro más que el de la violencia. Este conflicto político militar entre ban-das, milicias, paramilitares y Estado, todos permeados por la creciente industria del narcotráfico, provocó una desterritorializa-ción de sus pobladores por desplazamiento, muerte y desolación.

Mirando en retrospectiva a Santo Do-mingo Savio, han sido varios los actores que, visible o invisiblemente, han tran-sitado por este territorio: la comunidad, las bandas delincuenciales, las milicias, el narcotráfico, los grupos paramilitares y el Estado (ver Cuadro 2).

Como se puede apreciar, el espacio se convirtió en escenario de lucha entre actores; la intimidación y la mancha roja sobre el pavimento provocaron miedo y los grupos insurgentes y contrainsurgentes libraron una batalla de regulación, poder y control social sin tregua, donde la pobla-ción civil fue la más afectada.

Cuadro 1. El barrio: hegemonías y poder territorial en el tiempo

Período Hecho principal Sucesos principales

Década de los 60 Solidaridad y cooperación en la fundación

Se genera un proceso de desplazamiento del campo a la ciudad por fenómenos asociados a la violencia.

Década de los 70 Consolidación del barrio e inicio de procesos de poder

Aparecen los Camajanes y Malevos (típicos personajes urbanos de la zona que no respetan la autoridad), luego, las primeras bandas.

Década de los 80

Hegemonía y escalas de poder. Preocupación por la demanda de atención a necesidades básicas

Aparece el fenómeno de la violencia. Brotan el narcotráfico, las milicias y las bandas delincuenciales. Por su parte, la gestión territorial del Estado estaba destinada hacia la regularización y, en menor medida, hacia la legalización.

Década de los 90

Hegemonía, escalas de poder y negociaciones. objeto de preocupación y gestión del Gobierno Nacional

las milicias y las bandas estaban en una disputa total por el control territorial. Se gestan diálogos con las milicias, los cuales llevaron a su desvinculación. Surgen los grupos de autodefensas y contrainsurgencia.

2000 a 2009Negociaciones y proyectos hegemónicos sobre el territorio. Gestión estatal

Reterritorialización del Estado por medio de proyectos urbanos que contribuyen a la tranquilidad de la Comuna, el barrio y la ciudad.

Fuente: elaboración propia con base en: Franco, et. al. (2004), Pulgarín (2009) y consideraciones propias.


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Cuadro 2. Características hegemónicas de los actores en el territorio

Actor Función principal Características En el territorio

Comunidad Cooperación y solidaridad

Individuos y otros actores, como la Iglesia, se unen para defender intereses colectivos. Su rol se fundamenta en la construcción social del territorio y su derecho a la ciudad.

Se asientan y generan un proceso de posesión.

Bandas Delincuencia

Actúan en espacios de consumo de los barrios y prestan sus servicios a favor del narcotráfico. Tienen poca recepción por parte de la población en el territorio.

Control de un territorio por la fuerza.

Milicias Intencionalidad política y social

Actúan como reguladores sociales, producto de su origen insurgente. obtienen aceptación por gran parte de la población en el territorio. Defensa armada contra los diferentes actos delictivos que azotaban a las comunidades como forma de control territorial.

Regulan el territorio. Delimitan áreas de influencia.

Narcotráfico Tráfico de drogas ilegales

Expendio, distribución y consumo de narcóticos. Controlan territorios con los recursos económicos proveniente de la venta de drogas. Introducen el sicariato y el terrorismo.

Redes que fomentan la violencia por el poder de la “plaza” y el territorio entre diferentes actores.

Paramilitaresorganización de contrainsurgencia ilegal

Poder militar que proviene del capital privado, el Estado y el narcotráfico. Reclutan bandas.

Control y poder territorial, utilizando actos violentos directos y simbólicos.

Estado Configuración territorial

Aplica el poder militar y alianzas para recuperar el control y poder territorial. luego, implementa proyectos urbanos con el objetivo de recuperar su presencia y legitimar su acción.

Regulación del territorio en cumplimiento de la constitución.

Fuente: elaboración propia con base en Franco, et. al. (2004), Pulgarín (2009) y consideraciones propias.


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6. Conflictos urbanos y tensiones sociales en la conformación del territorio

El conflicto en las relaciones entre sujetos y actores se expresa en tensiones de orden hegemónico dominante y resistencia a la inclusión de nuevos órdenes. El conflic-to remite al concepto de territorialidad, y su incidencia en el espacio a través de sus diversas manifestaciones, como son la apropiación, la protección y defensa, la afirmación y la acción, da como producto el territorio (Echeverría, 2000).

En la transformación de espacio a te-rritorio, mediante el ejercicio de la territo-rialidad, se trascienden los ámbitos físicos y materiales; las actividades sociales, eco-nómicas, culturales y políticas codifican los modos de vida, la organización en todos los niveles, y determinan, en gran medida, los imaginarios colectivos propios de los lugares. De esta manera se configura cada territorio, como construcción diversa de los sujetos, actores, acciones y procesos.

la tensión entre actores se da a tra-vés de disputas por el territorio e implica la confrontación, muchas veces violenta, por la imposición de normas que regulan las relaciones entre los actores mismos y el común vivir de la sociedad. Existe una estrecha relación entre las manifestaciones sociales y el establecimiento de determina-das dinámicas asociadas a los actores que legitiman y direccionan las acciones per-mitidas y no permitidas allí; es decir, que manifiestan su poder y ejercen un control. A su vez, estas tensiones se materializan en

el territorio; las formas físicas dan cuenta de las imposiciones, de la jerarquía, de lo conciliado y lo no conciliado.

la misma colonización de los terrenos ya implicaba para la época una fuerte ten-sión entre comunidad y Estado, conflicto en el cual la “lógica de la necesidad” se en-frenta cara a cara con la “lógica del Estado”, situación en la que predomina la primera, pese a la respuesta en principio violenta y de ahí en adelante indiferente de la Admi-nistración local (Abramo, 2003).

6.1. Naturaleza de las tensiones

Este escenario nos remonta a sucesos histó-ricos. la manera como ha sido tradicional-mente concebido este barrio de Medellín explica, en gran medida, las principales problemáticas que cobran vigencia hoy día.

la comunidad ha asumido las funcio-nes públicas del Estado en cuanto a plani-ficación, gestión, regulación y promoción de condiciones de vida dignas, mediante la organización social, con el acompaña-miento de las Juntas de Acción Comunal y la Iglesia, ante la precariedad del Estado en cuanto a soluciones integrales; es decir, la comunidad produce socio-espacialmente el territorio desde lo privado y suple preca-riamente las funciones públicas de Estado.

6.2. Actores en conflicto

los conflictos entre actores han estado liga-dos a aspectos particulares de la ocupación, establecimiento y convivencia de éstos en el territorio. los más importantes acaecen


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desde la conformación del asentamiento y algunos perviven en la actualidad con cier-ta fuerza. Entre otros conflictos entre los actores del terriotorio se perciben los que se desarrollan a continuación.

Conflictos entre la comunidad y el Estado

Asociados al uso y ocupación del suelo, difi-cultaron el establecimiento de condiciones dignas de vida urbana en este asentamiento, entre las décadas de 1950 – 1960. luego, la tensión entre la comunidad y el Estado se prolongó y agudizó ante la deslegitimación de este último, generando una tensión por la ausencia y el abandono. Según Torres (2005), en la falta de intercambio demo-crático de valores se genera la tensión entre sociedad y Estado, entre leyes y prácticas sociales, lo que estimula la ilegalidad y el apoyo en agentes clandestinos. Posterior-mente, a través de la implementación de proyectos de ciudad, hacia 1990, el Estado trató de restablecer la interacción perdida.

Conflictos entre grupos armados al margen de la ley y el Estado

Se manifiestan como una tensión inhe-rente a la existencia de lógicas distintas, la abstracción del deber ser orientado por el Estado y la presión física de un sujeto que impone bajo la fuerza un nuevo deber ser de las acciones sociales. los grupos al margen de la ley actúan como agentes diso-ciadores entre la sociedad civil y el Estado, lo que ahonda esta brecha. Estos grupos

reemplazan al Estado, más allá del ámbito público, es decir, ejercen una autoridad to-tal del territorio hasta espacios tales como el familiar. Estos conflictos se dan de manera continua y, en muchos de los casos, por medio de la violencia.

Conflictos entre grupos armados al margen de la ley

Disputas sectoriales por el control del terri-torio entre los diferentes grupos conforman la guerra entre bandas organizadas. Allí su presencia se convierte en ley y, además, los territorios representados en barrios o sec-tores se convierten en plazas de tráfico de drogas y de armas que representan dinero, y las cuales son defendidas bajo todo tipo de acciones violentas, físicas y simbólicas, que actúan como fachada de poder.

Tensión entre los grupos armados al margen de la ley y la comunidad

Se presenta como un régimen de miedo sobre la sociedad civil, se da una coerción de la libertad y se violan todo tipo de dere-chos fundamentales. los grupos armados interfieren y regulan las acciones cotidianas de la comunidad, restringiendo parte de las prácticas temporales y territoriales de normal desempeño; es el caso de las res-tricciones en horarios y lugares de tránsito de las personas, de acuerdo con los límites territoriales y reglas establecidas para las determinadas zonas de acción de esta clase de grupos armados.


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Tensión entre grupos armados al margen de la ley y las organizaciones sociales comunitarias

Se presenta cuando los grupos armados impiden el funcionamiento de las organi-zaciones comunitarias, porque en algunos casos suponen un contacto entre la comu-nidad y el Estado (entre organizaciones comunitarias y la administración local o nacional), y en otros, porque constituyen nuevas formas de liderazgo que no son bien vistas por los grupos armados. los líderes son asesinados, amenazados u obligados a retirarse, lo cual desarticula y genera miedo entre la organización y su gestión social.

Es de resaltar la aparición de nuevos conflictos cuando se generan cambios sus-tanciales en el territorio promovidos desde la institucionalidad; son muestra de ello los efectos de la territorialización del Estado, la cual se desarrolló por medio de la pro-yección y generación de las obras de infra-estructura en la Comuna 1: inicialmente la construcción del Metro Cable y, poste-riormente, la de la Biblioteca España. Esta situación conllevó a la intensificación del conflicto y de la violencia entre actores ar-mados y el Estado y entre la comunidad y el Estado, a razón de la imposición de la eje-cución de dichas obras; es decir, de la pri-macía del interés general sobre el particular. Esta agudización temporal del conflicto condujo, posteriormente, a transformar la percepción sobre Santo Domingo Savio.

6.3. Conflictos por usos y límites del territorio

los conflictos por el uso del suelo se ori-ginan con la ocupación informal e ilegal de los terrenos del barrio Santo Domingo Savio y sus colindantes, muy evidente entre las décadas de 1950 y 1960. Dentro de esta ilegalidad la ocupación y apropiación del terriotorio se realizaron mediante la inva-sión y el loteo pirata, y las viviendas fuero autoconstruidas. El uso y apropiación por estas vías determinó inherentemente un conflicto entre legalidad e ilegalidad, entre leyes y prácticas (Torres, 2009). Este con-flicto subsigue en la medida que se hace ne-cesario adaptar las condiciones básicas para vivir en el entorno urbano, como los ser-vicios públicos; mediante los mecanismos de cooperación colectivos se posibilitaron soluciones, en ocasiones provisionales, que fueron facilitando las condiciones de vida.

los conflictos por límites en el territo-rio, se encuentran en profundo asocio con la proliferación de actores ilegales hacia las décadas de 1980 y 1990. A partir de lo anterior se presentó una agudización de la violencia, lo que a su vez abrió paso, ante la evidente ausencia del Estado, a una des-enfrenada lucha por el control territorial, entre la que se destacó la marcada influen-cia del narcotráfico, patrocinador de clanes encargados de defender plazas de tráfico y comercialización de drogas. Estas agrupa-ciones ilegales se fortalecieron y libraron batallas violentas y sangrientas.


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la violencia en los asentamientos infor-males puede ser causada, principalmente, por motivos políticos o razones económi-cas. En el ámbito de lo económico la vio-lencia surge, según Pulgarín (2009),

[…] por ejemplo, de los mercados ilegales don-de se comercian armas, drogas ilícitas, artículos robados o se generaliza la industria del secuestro o del sicariato. Por esta vía mercantil se han for-mado empresas transnacionales del delito, siendo las de mayor peso las referidas al narcotráfico.

Bajo esta dinámica, el territorio es se-veramente fragmentado bajo los esquemas físicos violentos y simbólicos del miedo. Se construyen límites inquebrantables al interior de un mismo barrio, sector o calle; es decir, fronteras en la circulación y uti-lización del espacio físico y límites en las relaciones sociales entre miembros de una misma comunidad o comunidades vecinas.

6.4. Vías, estrategias y mecanismos de resolución

El curso del conflicto y sus intentos por resolverlo han tomado varias formas. En Santo Domingo, dado que el conflicto fue frustrado por una solución, éste tomó for-ma de violencia, medio por el cual actores armados y Estado libraron disputas. Esta forma de conflicto, mediante la imposición violenta de un actor, generó una temporal calma; sin embargo, estas disputas volvie-ron a presentarse más adelante.

Mediante las nuevas iniciativas de inter-vención del territorio en Santo Domingo

Savio, la Administración Municipal, a par-tir de 1994, ha intentado realizar procesos de negociación con grupos armados, en los que se han ofrecido garantías para su desmovilización y abandono de las armas, como parte del proyecto de normaliza-ción a la vida ciudadana. Algunos de estos intentos fracasaron, al darse múltiples he-chos violentos en la reincorporación social de los integrantes de estos grupos al mar-gen de la ley. Sin embargo, hubo también intentos exitosos de desmovilización que dieron como resultado la desarticulación de grupos urbanos de paramilitares, gue-rrillas y milicias.

Por otra parte, las vías de resolución del conflicto se dan a través de estrategias de intervención socioespacial, mediante las cuales se territorializa, implantando obras de infraestructura. A través de éstas el Es-tado recobra legitimidad y, a su vez, se implementa el espacio público como ám-bito generador de interacciones entre la ciudadanía y los múltiples actores, como nuevos espacios de encuentro ajenos a la clandestinidad.

Es de anotar que mediante esta territo-rialización Estatal se genera también una intensificación del conflicto, que luego repliega y desplaza acciones clandestinas sobre el territorio, abriendo espacios faci-litadores de transformación.

6.5. El papel de la planeación y el derecho en la resolución del conflicto

las instancias de planeación y el derecho, como ordenadores del territorio y orien-


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tadores y reguladores del ejercicio de lo público, asumen la responsabilidad de in-tervenir los territorios como singularidades sociales, culturales y espaciales, donde el componente político entra a jugar un papel crucial, de acuerdo con su gran injerencia y repercusión multiescalar (barrial, municipal y nacional).

la planeación, y en especial el derecho, se representan legalmente en el territorio a través del instrumento normativo; la nor-ma constituye en su concepto más básico el conjunto de directrices que, dentro de un marco, dirigen las acciones de la sociedad en un sentido determinado. De acuerdo con esta base, las normas surten un efecto clave, por cuanto determinan las liberta-des y restricciones que se presentan en los territorios y, en este sentido, deben ser lo más acorde posible con la realidad que pre-tenden regular.

la relevancia de la planeación y el de-recho en la resolución del conflicto es fun-damental, dado su poder de conducir a una solución o transformación positiva de un conflicto o de agudizarlo profusamente.

7. Regulaciones, control y orden

El territorio de Santo Domingo se ha confi-gurado a partir de la apropiación y la defen-sa de los derechos urbanos por parte de sus habitantes. las pocas opciones de solucio-nes de vivienda para la población de escasos recursos llevaron a la comunidad a ejercer el derecho a la ciudad a través de una lógica informal, en territorios de difíciles condi-

ciones de localización, topografía, suelos, transporte y sin ninguna dotación urbana.

El Estado se había mantenido al mar-gen frente al ordenamiento del territorio, incluso fue un oponente en el proceso his-tórico de ocupación y un gran ausente en la solución de las problemáticas que se gene-raron a partir de este tipo de configuración. Tras el cambio discursivo que se presentó a partir de la década del 70, se piensa en incorporar este territorio a la ciudad, para fomentar el crecimiento económico y la articulación a los mercados internacionales (Pulgarín, 2009).

7.1. Legalidad/ilegalidad: orden, regulación y control del territorio

las reglas se han configurado por largo tiempo a partir de la misma comunidad, quien ha otorgado legitimidad a formas alternativas al Estado, dada la ineficacia de este último para dar solución a todo tipo de problemáticas. la comunidad canalizó la asociatividad hacia grupos como milicias o autodefensas, quienes se encargaron de satisfacer las necesidades de seguridad con la implantación de sus propias reglas y usan-do la violencia directa y simbólica sobre la vida pública y privada.

los grupos armados al margen de la ley son en este caso actores que generan cohesión en la comunidad a partir de la im-plantación de sus normas. las acciones de estos grupos se enfocaron hacia el control de posesión de armas, tráfico de drogas, zonas de consumo, fiestas, uso de lo pú-blico, labores de protección, ejecución de


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favores, conformación de límites (resaltos, barreras de piedras puestas sobre la vía, ce-rramiento de los callejones, otros), acceso a los barrios, horario de circulación, entre otros (Pulgarín, 2009).

De esta forma, fueron controlados por estos grupos armados la calle, las esquinas, las canchas, las placas polideportivas y los parques infantiles, lugares que fueron adap-tados como oficinas de bandas, sitios de distribución de droga y de ajusticiamiento por los actores del conflicto armado. los efectos de las disputas por el control se hi-cieron visibles en aspectos como el despla-zamiento de las familias (Pulgarín, 2009).

Aunque su composición se ha visto permeada por diversos grupos armados, or-ganizaciones como la Acción Comunal son otros actores de carácter legal que disputan el control territoria y ejercen autoridad a través del manejo de información u opor-tunidades de participación en proyectos, eventos y empleos (García, Duque, Posada y Morales, 2005).

7.2. Normatividad estatal: legitimidad

El papel del Estado en el sector se ha trans-formado con el paso del tiempo: en los inicios del barrio se presentó como un actor que pretendía desalojar a los pobla-dores iniciales; posteriormente, adquirió un carácter ausente e incapaz de atender las necesidades del sector; hoy, el Estado se muestra como un agente que reconoce una “deuda social” y establece programas que promueven la inclusión del sector a la

ciudad y la atención a las necesidades de la población. Estas acciones pueden clasifi-carse en acuerdos directos con los grupos armados ilegales y programas de interven-ción física (Hernández, 2006).

los acuerdos con los grupos arma-dos constituyen medidas para recuperar la confianza ciudadana, mediante el forta-lecimiento de la justicia estatal y la puesta en marcha de acciones que garanticen una eficaz presencia de la fuerza pública.

Por su parte, la intervención del Metro Cable (línea K) se consideró como el pago de la deuda social y el derrumbamiento de las barreras culturales, políticas, sociales y económicas. Además, se percibe como de-tonante de las siguientes dinámicas:

• El rescate de la institucionalidad, hoy hay una nueva actitud y disposición fren-te al aparato estatal.

• Se crearon más de 32 nuevos negocios comerciales y nuevas rutas de distribu-ción comercial.

• la accesibilidad para personas con mo-vilidad reducida en las nuevas estaciones permite nuevas posibilidades laborales y el desplazamiento.

• Se redujeron los homicidios en un 79%. Pasaron de 102 por 100.000 habitantes, entre enero y junio de 2003, a 21 en el mismo período de 2004.

• Reducción de la limitación territorial por el carácter integrador y ordenador de conductas que generó el Metro Cable.

• De acuerdo con la información de la lonja de Propiedad Raíz de Medellín, se dio en la zona un incremento del valor


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del metro cuadro de suelo urbanizado, que pasó de Col$80.000 en el 2003, a Col$107.000 en el 2004 (Metro de Medellín ltda., 2004)

otros aspectos que confirman la recu-peración del control y la legitimidad por parte del Estado a partir de las obras del Metro Cable tienen que ver con el fomen-to del sector como lugar turístico y ejem-plo de transformación para la ciudad y el mundo (Iankelevich, 2008), lo cual han convertido a Santo Domingo en un mo-delo replicable, enmarcado en las políticas de transformación de Medellín hacia una ciudad competitiva.

En consideración, se evidencia que el Estado ejerce cohesión sobre la comuni-dada través del incremento de la fuerza pública y el debilitamiento de los grupos armados, , como se ha mostrado, pero tam-bién a través de acciones que tienen que ver con la cultura y la educación, un ejemplo de esto es la “Cultura Metro” y sus pautas de comportamiento específicas (Metro de Medellín ltda, 2005).

A pesar de los efectos anteriores, el pro-ceso de legitimación del Estado a través de programas que propenden por la inclusión del barrio en la dinámica de la ciudad, los cuales se han desarrollado durante los últi-mos años, aún no se impactan totalmente todos los ámbitos, un ejemplo de esto se encuentra en la autoconstrucción de las vi-viendas, que sigue realizándose de manera informal y en condiciones de precariedad y riesgo.

Por otra parte, y a pesar del renacimien-to de la tranquilidad, se han presentado recientemente acciones violentas prove-nientes de grupos armados al margen de la ley, lo que evidencia públicamente que la disputa de los grupos armados por el control del territorio no ha desaparecido (Cabrera, 2009; El País, 2009; El Tiempo, 2009; Gutiérrez, 2009; londoño, 2009).

8. El espacio como expresión de la territorialidad

los procesos considerados anteriormente se presentan como un ejercicio por excelen-cia de territorialización, en el cual la pro-ducción del espacio cobra relevancia, pues es en éste donde se plasman un sin número de relaciones entre agentes. Gran parte de las tensiones inherentes al territorio se manifiestan espacialmente como forma de orden y control.

En Santo Domingo Savio, lo privado se ha organizado a través de la ocupación paulatina y los derechos adquiridos sobre el suelo en el transcurso del tiempo. un reflejo de la tenencia ilegal de la tierra es el número de matrículas inmobiliarias fic-ticias, que para el 2007 alcanzaba cerca de 1900 de los 2544 predios del cerro Santo Domingo (Vásquez, 2007).

Es posible identificar, a partir de la ob-servación, que Santo Domingo durante décadas ha presentado una estructura ur-bana desequilibrada, como producto de sus procesos históricos de ocupación y los fuer-tes procesos sociales que allí se han dado.


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los espacios públicos se presentan de manera difusa y escasa, la calle sigue asu-miendo el papel principal en la estructu-ración de lo público, como espacio de en-cuentro, y es en ella donde se manifiesta la dinámica del barrio. Al no ser ésta parte activa del indicador de espacio público, adquiere un significado funcional como tal, además de ser el marco de la actividad comercial, de abastecimiento barrial y el escenario de la subsistencia.

El Parque Biblioteca, el entorno de la Estación Metro Santo Domingo y el pasaje peatonal que los conecta son, en la actuali-dad, los únicos espacios públicos efectivos del sector, enmarcados en una jerarquiza-ción de escala de ciudad. Además de ser lu-gares apropiados por parte de habitantes y foráneos, son los principales dinamizadores de un uso comercial a su alrededor.

El espacio público se implanta en Santo Domingo como estrategia de consolida-ción de una centralidad ya existente, según el ejercicio diagnóstico realizado en el Plan de ordenamiento Territorial (Alcaldía de Medellín, 2006), comienza a suplir la ca-rencia de espacio público a nivel zonal.

En este sentido, es posible identificar elementos que han permitido tejer a los habitantes un imaginario urbano y que, no obstante, en la ausencia de espacios físicos de calidad, han construido identidad y sen-tido. Hablamos, entonces, de elementos como ejes, hitos y centralidades barriales que aún persisten. Como centralidades se identifican: a escala de barrio, la calle Puer-to Rico y la terminal de buses; a escala de ciudad que se integra al sector, el entorno

de la Biblioteca y la plazoleta del Centro de Desarrollo Zonal (CEDEZo).3

los hitos, entendidos como aquellos rasgos visuales que facilitan la orientación y establecen un orden e identidad de los lugares, se mimetizan en la trama urbana del sector. A escala barrial es posible iden-tificar como hitos la estructura deportiva, y a escala de ciudad, sin lugar a dudas la Bi-blioteca España, que establece una relación de monumentalidad.

En las manzanas del entorno inmediato a la Biblioteca y al sistema de plazoletas que conforman la intervención, los usos de los zócalos urbanos se han transformado, ge-nerando corredores de comercio y servicios que dan continuidad al espacio público co-mo nodo. Esta dinámica de transformación en los usos de los espacios está apuntando a la consolidación de la centralidad, a través de la mezcla de aquellos que encuentran ahora cabida en un sector específico y de forma planificada.

Aunque todavía hay en el sector necesi-dades básicas sin resolver, la intervención es la oportunidad de romper con la exclusión de una porción de ciudad que se desarrolló de manera incompleta, además, permite el encuentro ciudadano y favorece las condi-ciones para que la población salga al esce-nario público. El reconocimiento con el otro en el espacio empieza a ser importante.

9. Reflexiones empíricas

Cada uno de los actores presentes en Santo Domingo desde la década del 70 ha juga-

3 Equipamiento de servi-cio básico comunitario, de carácter económico, que busca brindar acompaña-miento e impulso al em-prendimiento empresarial.


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do un papel estructurador de las acciones y prácticas barriales. Por medio de la vio-lencia se ha logrado el posicionamiento de órdenes territoriales y el ejercicio directo del control territorial, desarrollando así li-derazgos, legitimidades y reconocimientos.

A finales de la década del 90, la zona nororiental se vuelve objeto de preocupa-ción y gestión del gobierno local y nacional, por lo que se implementaron diferentes programas y proyectos que buscaban, prin-cipalmente, mejorar los estándares de ca-lidad de vida de la población y, al mismo tiempo, recuperar la legitimación estatal. En este contexto, el Estado, con el propó-sito de lograr una gestión territorial en esta zona, adelantó una serie de acciones que se consolidaron en el año 2002, con la cons-trucción del sistema de transporte masivo Metro Cable (línea K), el cual, adicional-mente, contempló varias acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida, como la renovación urbana de un sector del barrio Santo Domingo Savio. Estas intervenciones trajeron consigo impactos positivos y negativos en una escala global y local. A continuación se desarrollan dichos impactos.

9.1. Enmarcado en un modelo de ciudad

las intervenciones se reflejan en los imagi-narios colectivos de inclusión y se traducen en una relación más positiva con respecto a la ciudad, a partir de los programas de em-prendimiento, acceso a educación y cultura ciudadana, y de la construcción de espacios

públicos, hechos que han contribuido a la recuperación del control y la legitimidad del Estado y que se han convertido en un modelo de transformación para la ciudad y el mundo.

9.2. Intervención urbana

Como elemento de control y regulación ha permitido establecer una configuración es-pacial del territorio de carácter vinculante, los bordes y fronteras establecidos a través de la historia se desdibujan con las obras físicas, lo que vuelca la acción urbana al es-pacio abierto; con ello, el habitante vuelve a recrear la calle y los nuevos espacios pro-ducidos por el Estado.

Por otra parte, persisten carencias que no han sido resueltas y que se traducen en necesidades de primera mano, lo que se auna a los conflictos históricos que han determinado las expresiones territoriales y ciudadanas del barrio. las contradicciones continúan latentes, a pesar del esfuerzo de la administración local por resolver las tensiones asociadas al espacio público, y por mejorar, aunque de manera focalizada, condiciones físicas, sociales y culturales que merecían ser atendidas. Pese a la acción del Estado, se observa que los grupos armados ilegales siguen ejerciendo actualmente un control, presente de manera simultánea al del Estado en el territorio.

En este contexto, bajo las políticas pú-blicas, los programas, planes y proyectos que se realizan en entornos de conflicto, violencia y exclusión social subyacen apues-tas por la gobernabilidad, perfiladas desde


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un modelo que viene consolidándose en el marco de la globalización e internalización económica de la ciudad. Se convierten en estrategias paliativas frente a una proble-mática urbana de orden estructural, que desborda las posibilidades de intervención desde el corto plazo. Son discursos que in-cluyen una opción política y gubernamental inspirada en el propósito aparente de pagar la deuda social y de legitimar y acercar el Estado a la sociedad.

10. Consideraciones sobre la hipótesis planteada

El establecimiento de proyectos de inter-vención urbanística, como el Metro Cable que se integra al sistema Metro de la ciu-dad de Medellín, la renovación urbana de un sector del barrio Santo Domingo Savio y la construcción del Parque Biblioteca España son obras que brindaron infraes-tructura, espacio público y equipamientos, ampliamente reconocidos por la comuni-dad; obras que ofrecen la posibilidad de integración con la otra ciudad, que abren puertas a conocer otros mundos. lo ante-rior se refleja en los imaginarios colectivos de inclusión, en una relación más positiva con respecto a la ciudad, fomentada princi-palmente por parte del Estado, por medio de programas de emprendimiento, acceso a la educación y cultura ciudadana.

otros hechos que confirman la recupe-ración del control y la legitimidad por parte del Estado en el sector son las obras que influyen en el fomento del turismo, exhi-

biendo un modelo de transformación para la ciudad y el mundo. De esta manera, el espacio público se produce como una for-ma de regulación y control, a través de una intervención formal en lugares segregados y afectados por la violencia; el proyecto urbano implementado propende por la re-cuperación de la presencia legítima del Es-tado, por medio de la inclusión y desarrollo social en la producción del espacio público.

Al mismo tiempo, se trata de transpor-tar la ciudad y su filosofía de desarrollo a lugares conflictivos como Santo Domingo Savio, en los que simbólica y tangiblemente se hace necesaria la opción de alternativas de vida fuera de los esquemas territorial-mente aislados. Así, el Estado intenta im-partir sus reglas sociales con el uso de la fuerza pública y, paralelamente, con estra-tegias pedagógicas, culturales y educativas.

los efectos e impactos de la interven-ción plantean una dicotomía entre las es-calas global y local: por una parte, el barrio refleja las intervenciones físicas en el marco del proceso de competitividad global de la ciudad, y, por otra, la resignificación del tejido social se enmarca en las políticas lo-cales con un reconocimiento del derecho a la ciudad, basado en lograr un mayor equilibrio en el sistema urbano.

Pese a la acción del Estado, se observa que los grupos armados al margen de la ley siguen ejerciendo actualmente un con-trol de manera simultánea a la presencia estatal. la existencia de estos grupos se alude al contexto histórico en el cual se ha producido este territorio, pues suplen el papel del Estado desde una perspectiva de


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seguridad y resolución de conflictos sociales y cotidianos.

Actualmente, las relaciones cotidianas se despliegan en un nuevo escenario de espacio público: además de la calle, las prácticas cotidianas vuelven a expresarse en espacios espontáneos; también lo popular se ha adaptado a estas nuevas realidades espaciales que se muestran como posibles, y que, si bien fueron impuestas en un prin-cipio, hoy en día se funden entre las viven-cias populares.

No es fácil generar y consolidar una solución a las problemáticas locales por medio de la utilización de estrategias que se enmarcan en lógicas globales. A un nivel discursivo, el proceso de transformación de ciudad debería enfocarse en el contexto del desarrollo humano. los hechos del discur-so político sólo reflejan la monumentalidad de las obras de infraestructura implemen-tadas, pero dejan de lado el empleo, la educación y la salud como indicadores que constituyen un enfoque más humano.

las intervenciones en el sector han buscado dar solución o, al menos, mitigar los conflictos presentes en el territorio, rompiendo físicamente con una fronte-ra territorial impresa por la violencia. Sin embargo, las obras de infraestructura só-lo lograrán impactar los aspectos sociales estructurales a través de estrategias de lar-go plazo, que lleven al empoderamiento cultural y político de la ciudadanía, y que permitan darle continuidad a las políticas públicas, donde los ciudadanos asuman una posición consciente de exigir y participar de su derecho a la ciudad.

Finalmente, de acuerdo con los argu-mentos encontrados a lo largo de este pro-ceso exploratorio, se valida la hipótesis planteada. Santo Domingo Savio en su totalidad es un pasado, un presente y un fu-turo, un barrio que probablemente seguirá siendo un territorio que bajo las condicio-nes sociohistóricas de conformación, evo-lución y su situación actual, se comporta como un fenómeno urbano en el que se abstraen diversos matices y que adquiere un sentido territorial plural, diverso y hetero-géneo entre actores y agentes, y su disputa por la configuración territorial.

Difícilmente, problemáticas sociales aún presentes puedan ser solucionadas bajo una lógica de intervención Estatal, basada principalmente en proyectos de infraestruc-tura. El barrio se convierte en un escenario propicio para la observación y constatación de los procesos territoriales: su espacialidad, los retos y desafíos que representan para la planeación urbano regional en los contex-tos contemporáneos.

11. Una última deliberación para el diálogo

El actual modelo de planificación de ciu-dad enfocado en el urbanismo social pro-voca sobre el territorio transformaciones físicas y espaciales, que deslumbran por su monumentalidad. Sobre esta tendencia el Estado propone una nueva reterritorializa-ción, llevando a cabo proyectos urbanos en sectores olvidados: son lugares que hoy se renuevan por la obra. Sin embargo, queda-


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rán cuestionamientos para el debate sobre estas intervenciones, por ejemplo: ¿cómo se han transformado los usos del suelo a partir de las intervenciones públicas implementa-das? ¿Cuáles han sido los efectos sobre los sujetos, actores y agentes que intervienen el territorio? ¿Cómo han contribuido estas intervenciones al bienestar de la población? ¿Qué conflictos sociales y urbanos se han generado a partir de estas intervenciones? ¿Cómo se han estructurado las relaciones de poder sobre el territorio? Éstas son al-gunas de las preguntas, entre muchas otras, que permitirían ampliar un acercamiento y reconocimiento del territorio desde otras miradas, otras perspectivas, otro diálogo.

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Renovación urbana. ¿Una respuesta al pánico moral?Urban renewal. A moral panic answer?

Carlos José Suárez G.*


* Antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a la Maestría en Antro-pología de la Universida-de Federal Fluminense de Brasil. Trabaja el tema de violencia intrafami-liar, sexual y callejera des-de 2005, con proyectos de diagnóstico y prevención a nivel distrital y nacional. Es investigador asociado del Grupo Conflicto Social y Violencia, del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia. [email protected]

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Para citar este artículoSuárez G., C. J. (2010). Renovación urbana. ¿Una respuesta al pánico moral? Territorios, 22, pp. 111-124.

FRAGmeNTACIóN, APRoPIACIóN y ReGUlACIóN del eSPACIo URBANo

Carlos José suárez G.

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resumen

en este artículo se analizan los procesos de transformación y renovación urbana en el cen-tro histórico de Bogotá, vinculados con la re-localización de poblaciones vulnerables que habitan esta zona, considerada como violenta y de alta pelivgrosidad. estas acciones de la administración distrital se están ejecutando a partir de las premisas del urbanismo moderno que dictan reglas higiénicas para combatir los tugurios. la coyuntura actual de los barrios San Bernardo y Voto Nacional, que presentan un alto deterioro arquitectónico y que van a ser so-metidos a un proceso de renovación enmarcado en el megaproyecto Ciudad Salud, nos ofrece un escenario privilegiado y una oportunidad única para el análisis de este fenómeno. estos procesos que buscan modernizar la ciudad y combatir la criminalidad y la delincuencia de-ben ser estudiados críticamente. Así, desde una perspectiva antropológica, se busca esclarecer los significados sociales de estos procesos de renovación.

abstraCt

This article analyzes the processes of change and renewal in the historic center of Bogota, linked with the relocation of vulnerable people, whom inhabit this zone considered as violent and highly dangerous. The administrative actions are executed by the modern urbanism’s prin-ciples of hygienic, in order to struggle hovels and misery. The conjuncture in San Bernardo and Voto Nacional, a couple of neighborhoods with high architectonic weakening, which will be demolish and renewal to do Ciudad Salud (Health City), offers a privileged scene and a unique chance to analyze this phenomenon. These processes of city modernization search to eliminate the criminal and delinquency rates, and we must study them critically. Then, with an anthropological perspective, this text looks for clarify the social meanings about the urban revitalization.

Palabras claveCiudad Salud, Calle del Cartucho, renovación ur-bana, centro histórico, ha-bitante de la calle.

Key wordsCiudad Salud, Calle del Cartucho, urban renewal, historic center, homeless.

renovaCión urbana. ¿una respuesta al pániCo moral?

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“En nombre de la salud pública deberían ser condenados barrios enteros.

Los unos, fruto de una especulación precoz, sólo merecen la piqueta;

otros, a causa de los recuerdos históricos o de los elementos de valor artístico que encierran,

deben ser parcialmente respetados; existen medios para salvar lo que merece ser

salvado pese a destruir sin piedad lo que constituye un

peligro”.

Principio 24 del urbanismo (le Corbusier, 1989)

Analizar los procesos de renovación urbana del centro histórico de la ciudad de Bogo-tá desde una perspectiva antropológica, es decir, desde el encuentro de los signifi-cados de las acciones de las personas que conforman una sociedad, aporta nuevas preguntas a las sugeridas desde la vivencia de la ciudad y el urbanismo. es importante analizar aquellos procesos nacidos en las décadas de los cincuenta y sesenta, a partir del pensamiento de le Corbusier (1989) en sus Principios de urbanismo, donde se dictan preceptos higiénicos para combatir los tugurios. el caso más representativo de este tipo de intervención en Colombia ha sido la construcción del Parque Tercer milenio en el corazón de la capital, el cual sustituyó una zona de terror llamada la Ca-lle del Cartucho.

este artículo está basado en investiga-ciones hechas por el autor sobre la Calle del Cartucho y sus moradores, especial-

mente en proyectos que buscaban hacer un diagnóstico de su situación de derechos y de oferta institucional (cf. Barrios et al., 2006; Universidad Nacional-minprotec-ción, 2007). en estas investigaciones se realizaron visitas a lugares donde moran los habitantes de la calle en Bogotá, tras la destrucción de la Calle del Cartucho, co-mo la carrilera a la altura de la carrera 20 y algunos sectores del barrio Santafé.1 Igual-mente, se hicieron entrevistas a moradores del sector y a algunos ex-consumidores de sustancias, quienes tienen un sentido críti-co de la situación que se está presentando en la ciudad. Por otra parte, se consulta-ron fuentes oficiales como los programas institucionales del distrito para habitan-tes de la calle y se realizaron entrevistas a funcionarios y a encargados de oNG e instituciones religiosas con un reconocido trabajo con estas poblaciones.2 Finalmen-te, se utilizaron otras fuentes secundarias, como los proyectos de estas instituciones, investigaciones académicas hechas durante los años noventa y artículos de periódico con información sobre el tema.

Con base en la información anterior, el presente texto busca, sobre todo, llamar la atención acerca de los actuales procesos de renovación urbana en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, enmarcados en las nuevas políticas de competitividad econó-mica internacional, los cuales están débil-mente acompañados de acciones de política social; por tanto, esta es una introducción que no pretende agotar el tema ni ser una revisión exhaustiva de los programas de gobierno o de la historia del lugar.

1 Para una comprensión de la división política de la ciudad de Bogotá es importante anotar que el barrio Santafé queda en la localidad de Los Már-tires, y que la Calle del Cartucho (ahora Parque Tercer Milenio) queda en la localidad de Santafé. Esta homonimia entre el barrio y la localidad causa frecuentemente confusión para quienes no están fa-miliarizados con este sector de la ciudad.

2 Entre estas se pueden mencionar la ACJ, la Medalla Milagrosa de San Vicente de Paul, Idi-prón, la Secretaría Distri-tal de Integración Social, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y el Hospital Centro Oriente. Estas entrevistas a funcio-narios se centraron, prin-cipalmente, en el área de la salud y la atención médica. Sin embargo, la violencia y la inseguridad fueron te-mas emergentes durante las charlas.


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1. Los inicios

el antiguo barrio Santa Inés, que creció a pocos metros del barrio la Candelaria y de la Plaza de Bolívar, fue la zona donde residió la clase pudiente de Bogotá a prin-cipios del siglo XX. Con la construcción de la estación de la Sabana, en 1917, este sec-tor, que había sido residencial y de espar-cimiento, cambió su carácter y se convirtió en una zona comercial, lo que lo llevó a un rápido proceso de urbanización, aumento de la densidad poblacional e incrementos progresivos de personas en condiciones de extrema pauperización, concretamente por la llegada de campesinos comerciantes que venían a la metrópoli a vender sus pro-ductos. debido al aumento de la actividad comercial en la zona, las élites santafereñas se trasladaron al norte, especialmente al barrio Chapinero. Posteriormente, con el asesinato del líder liberal Jorge eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, el caos se apoderó del centro de la ciudad: edificios enteros fueron pasto de las llamas y de la furiosa horda liberal que clamaba sangre y venganza. los testigos que aún viven, mencionan que en la ciudad se experimentó durante una semana un intenso desorden, en medio de un ambiente dominado por la ansiedad y crueldad de los fanáticos. las pocas personas adineradas que quedaron en el barrio terminaron por abandonar sus mansiones y huyeron a los barrios de Cha-pinero, el lago y el Chicó (cf. Robledo y Rodríguez, 2008).

estos mostrencos fueron paulatina-mente ocupados por los emigrantes que

llegaban a la ciudad por la estación de la Sabana, así como por habitantes pobres y personas que circulaban en los alrededores de las plazas de mercado, como Paloque-mao y la Plaza españa. durante este largo proceso, los dueños se despreocuparon totalmente de sus bienes y propiedades, que poco a poco se fueron degradando ar-quitectónicamente (cf. Góngora y Suárez, 2008; Robledo y Rodríguez, 2008). en un inicio las grandes casas fueron tapiadas para evitar cualquier acceso, pero con per-sistencia las personas lograron habitarlas de nuevo y cambiaron los usos de la estructu-ra. en las décadas de los sesenta y setenta los nuevos moradores comenzaron a buscar alguna forma de lucro, y estos ocupantes de hecho transformaron las casonas en inqui-linatos,3 ocupados por quienes llegaban de otras regiones del país a vender sus produc-tos y por tantas personas que arribaron a la ciudad en busca de un refugio, debido a la violencia que azotaba el país.

A la pobreza imperante en el sector se sumó la ilegalidad: nuevas mercancías co-menzaron a llegar a Bogotá en las décadas de los setenta y ochenta, particularmente marihuana y cocaína. esto repercutió nue-vamente en el uso del espacio, puesto que poco a poco los inquilinatos se degradaron “moralmente” y se convirtieron en lugares de venta y consumo de sustancias psico-activas, así como de reciclaje de botellas y papel: las conocidas “ollas” o “sopladeros” (Góngora y Suárez, 2008; Robledo y Ro-dríguez, 2008). A partir de los ochenta, la zona comenzó a conocerse nacionalmente como una de las zonas más peligrosas de

3 A estas casonas reforma-das se les da en Buenos Ai-res el nombre de “conventi-llos” y de “cortiços” en Río de Janeiro.


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Bogotá, con el nombre de la “Calle del Cartucho”. era el centro de las actividades económicas ilícitas de la ciudad, donde se podía conseguir “cualquier cosa”: desde fusiles y granadas de fragmentación, hasta sicarios.4 los habitantes de esta zona ca-liente de la ciudad eran los despectivamente llamados “desechables”, “rateros” y “jíba-ros”. Uno de los antiguos habitantes del Cartucho, cuyo nombre se mantendrá en el anonimato por razones de seguridad, des-cribe de la siguiente manera los usos de las casas de ventas de droga llamadas “ollas”:

Usted entra y son escalas o un pasillo, con una puertica angostica, es oscuro. Ahí encuentra un salón grande y encuentra piezas [habitaciones] también. en el salón están los “manes” que fu-man ahí, pero en las piezas entra la gente que paga para que la dejen entrar, para que no la invadan los otros… esos “manes” bien llevados [se refiere a aquellos que tienen altos grados de adicción] comienzan a pedir a los otros que un fósforo, que un cigarrillo, y hay “manes” a los que no les gusta que les asaren la traba, por lo que se van a la pieza, y cada que se les acaba llaman al jíbaro para que les traiga más. en el espacio gran-de están los más vaciados [pobres], los que van por una bicha [papeleta de bazuco]. A las piezas van con hembras. Abajo también hay hembras esperando a ver quién llega. Casi siempre son patios cerrados, la mayoría son cerrados. Usted alquila la pieza igual que un hotel. Siempre hay mujeres en estos sitios, y ellas consumen, siempre los “manes” les dan o si les gustan las invitan. Siempre hay prostitución.

en 1998 comenzaron los megapro-yectos de renovación urbana del centro de Bogotá, mediante los cuales se inició una recuperación del espacio público: se crea-ron parques cuya primera empresa fue el desalojo de los vendedores informales que se encontraban en la plaza de San Victori-no. luego, empezaron los procesos políti-cos y burocráticos para la destrucción del Cartucho, la expulsión de sus habitantes y la construcción de un parque. Gracias a este cambio en la morfología de la ciudad y en el paisaje urbano, se esperaba el inicio para la recuperación social y comercial del centro histórico de la ciudad.

2. Miedo y pánico en la ciudad

este cambio radical del uso del suelo –que busca controlar el espacio gracias a la incorporación de un panóptico plano, despojándolo además de todo valor comer-cial– cumple a la vez otra función social: borrar de la memoria material un signo de la depravación y la ignominia. este artículo pretende, desde una perspectiva antropo-lógica, encontrar los significados culturales de algunas acciones estatales para la preven-ción del crimen y el aumento de la seguri-dad en el centro de la ciudad. existen al-gunas investigaciones que abordan el tema, en las cuales se encuentra como referente esencial una emoción fuertemente ligada a la experiencia de este lugar llamado la Calle del Cartucho: el miedo. A mediados

4 El diario El Tiempo re-copila algunas de estas his-torias en su colección “La ciudad jamás contada”.


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de los noventa los investigadores Andrés Salcedo (1996) y Soledad Niño (1998) escribieron sobre el miedo en el centro y en la Zona de Tolerancia de Bogotá.5 en estas descripciones aparece el habitante de la calle como “sujeto productor de miedo” y peligro para la mayoría de los ciudada-nos. el miedo puede ser descrito como un “mecanismo de respuesta ante una situa-ción de desconcierto, que adquiere una determinada especificidad de acuerdo a la cultura” (Reguillo, 2000; douglas, 1973). en algunas sociedades estos miedos son manipulados discursivamente por las élites dominantes, por medio de la trasmisión de datos sesgados que estigmatizan a ciertas personas. esto termina provocando un verdadero “pánico moral”6 ocasionado por estos “hijos ilegítimos de la urbe” (Araya, 2008, 2007).

la forma de vida de estas personas esta-blece una ruptura con el orden. Por ejem-plo, la mayoría de estos sujetos, vistos como “esperpentos” de la ciudad, se dedica al reciclaje de basuras. esta actividad podría describirse como una profanación de lo que comúnmente los “ciudadanos” tomamos como desperdicio, ya que ellos escarban la basura en busca del alimento que nosotros desechamos. esta es, sin duda, la imagen más impactante de las grandes metrópolis modernas. es debido a esta situación que algunos “ciudadanos”, así como varios fun-cionarios que atienden estas problemáticas, tienden a considerar a los habitantes de la calle como sospechosos de pertenecer a otra “cultura”, denotada como primitiva

y salvaje, donde impera la violencia y la ley del más fuerte.

llegar a la calle ha significado para es-tas personas una respuesta a la violencia en sus hogares, generalmente sumidos en la pobreza extrema. esta es una condición que se viene repitiendo desde generacio-nes. los niños y jóvenes que duermen por primera vez a la intemperie deben aprender rápidamente que están en un lugar salvaje y agresivo, deben saber domesticar este es-pacio por la fuerza y el argot (Barrios et al., 2006). Claro está, la sociedad en general y el estado en particular, como entidad le-gítima para ordenar los comportamientos, han desarrollado mecanismos para contro-lar este fenómeno. la pobreza extrema, en este caso la que estaba representada en la Calle del Cartucho y en quienes allí resi-dían, es un foco de desorden y de maldad en el corazón mismo de la ciudad. Por esto, son estas las áreas estigmatizadas para llevar a cabo los procesos particulares de renova-ción urbana, con una determinada carga simbólica y aparejando la destrucción del hábitat de estos sujetos.

detengámonos brevemente en tres respuestas que se han impuesto frente a este peculiar problema. Primero, en las estrategias estatales de tipo asistencial que propenden por la transformación social del individuo se estima, sobre todo, la limpieza y la disciplina. descansan también en un profundo sentido religioso de la piedad y la caridad hacia los desvalidos, en este caso, personas que han caído en el infierno y de-ben aprender a “volar” (y a trabajar), seres

5 La zona de tolerancia es el único lugar de la ciudad en el que está permitido el libre ejercicio de la prosti-tución.

6 La autora toma este con-cepto de Michel De Cer-teau (1999). La invención de lo cotidiano, México: Universidad Iberoameri-cana.


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incompletos que no tienen ambiciones. Así, los habitantes de la calle han sido “pa-tologizados” y “psicologizados”, en tanto su condición física y mental se considera devastada (cf. Barrios et al., 2006; Uni-versidad Nacional-minprotección, 2007).

en segundo lugar está la práctica co-nocida como “limpieza social”, la cual también puede ser reconocida como una acción de agentes estatales sobre quienes están fuera de la ley. en su trabajo de 1994, Carlos Rojas afirma que estas muertes son aleccionadoras, en tanto censuran una serie de patrones de conducta inadmisibles. Así, balear a quemarropa un niño de la calle, atarlo de pies y manos y taparle la boca con pegante da cuenta del desprecio ante “el vicio y la degeneración”: ese es un niño que no vale nada. existe, además, un tipo de “limpieza” que se puede describir como ejecución sumaria, y es la realizada dentro del grupo de comerciantes y “jíbaros” de la olla para ayudar a preservar las jerarquías. A partir de esta lógica existe una importante ley dentro de las ollas que se debe mante-ner y que fue acatada especialmente en el Cartucho y en otras zonas de la muerte de la ciudad: la ley del silencio (Góngora y Suárez, 2008).

Finalmente, y en este orden de ideas, la renovación urbana es vista como la respues-ta política a la violencia que se acumula en la ciudad, y que actúa mediante la destrucción de predios degradados arquitectónicamen-te, que han sido invadidos y transformados en expendios de drogas y de prostitución. Simultáneamente, los diagnósticos de vio-lencia de estas zonas están relacionados con

el discurso de la seguridad, que estigmatiza y magnifica la violencia endógena, por lo que son presentadas como zonas imbricadas únicamente al crimen, lo cual desconoce las falencias sociales y las conexiones entre los mercados ilegales y la Policía. Por supuesto que hay saldos positivos tras la destrucción de la Calle del Cartucho, como la dismi-nución de las tasas de delitos y homicidios en las localidades de Santafé y los mártires y la recuperación de un punto neurálgico para el crecimiento y el desarrollo econó-mico de la ciudad. Sin embargo, la caída de esta zona del miedo y del terror conllevó al crecimiento y desarrollo de otras zonas críticas u ollas que ya existían, como son la Calle del Bronx, Cinco Huecos y el barrio San Bernardo (Góngora y Suárez, 2008), donde en este momento se concentra el miedo y el peligro a tan solo unos metros del Parque Tercer milenio.

3. Ciudad salud o la inversión simbólica del lugar

el programa de renovación urbana que comenzó en 1996 ha sido continuo. en la más reciente fase se institucionalizó el proyecto Ciudad Salud, por medio del Acuerdo 192 del 20 de diciembre de 2005 (Concejo de Bogotá). Éste quedó anudado al Proyecto Centro Comercial metropolita-no y al Proyecto Residencial de Renovación en el sector de San Bernardo, aprobados por el decreto 239 del 4 de julio de 2006 (Alcaldía mayor de Bogotá), y asignados a la empresa de Renovación Urbana de Bogotá. Para financiar esta nueva etapa, el


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Consejo Nacional de Política económica y Social, Conpes 3471,7 con apoyo del Ban-co Interamericano de desarrollo, aprobó la búsqueda de la revitalización del centro histórico de la ciudad, incrementando el espacio público por medio de la construc-ción de parques y el ensanche de avenidas (ver figura 1). Además, se espera aumentar la competitividad de este sector del centro de la ciudad,8 así como su atractivo residen-cial, debido a que en los últimos años ha venido presentando un marcado deterioro en el uso del suelo y desvalorización. este plan tendrá una duración de cuatro años y un costo de 16,6 millones de dólares.

Pero Ciudad Salud es mucho más que esto: este gigantesco proyecto se ejecutará durante los próximos 20 años, con un pre-supuesto de 2,2 billones de pesos (Vega, s.f.). Se articularán en el centro de la ciu-dad, en un complejo médico-científico, los hospitales de la Samaritana, San Juan de dios, la misericordia, Santa Clara y mater-no Infantil, así como los Institutos derma-tológico y de Cancerología e Inmunología. dentro de esta ciudad se construirán tam-bién centros comerciales y hoteleros para albergar visitantes extranjeros. Finalmente, para incrementar el valor del suelo y fomen-tar el lucro residencial, se tiene proyectada

Figura 1. Proyecto Ciudad Salud

Nota: al fondo se puede apreciar el Parque Tercer milenio (antigua Calle del Cartucho) y el proyecto de reconstrucción total del barrio San Bernardo y parte del barrio las Cruces.

Fuente: Consorcio Proeza HCT Ingenieros (s.f.).

7 Aprobado el 14 de mayo de 2007.

8 Administrativamente este es un sector complejo, ya que el área del proyec-to abarca los límites de 5 localidades contiguas: Santafé-Candelaria, Los Mártires, San Cristóbal y Antonio Nariño.


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la construcción de vivienda de estratos 4, 5 y 6, así como algunas viviendas de interés social; es decir, que no va a haber segrega-ción residencial.

los cambios que se produzcan a nivel arquitectónico redundarán en la mejora de los indicadores de seguridad, en la dis-minución del crimen y, obviamente, en el paisaje urbano y en la percepción de la ciudad. Además de la seguridad, se busca la desarticulación de las actividades ilícitas que se están llevando a cabo en la zona: atraco callejero; homicidios; lesiones comunes;

distribución y consumo de estupefacientes; redes de trata de personas para el ejercicio de la prostitución, pornografía y prostitu-ción infantil; clubes nocturnos; economía ilegal y lavado de activos (lópez obregón, 2008); todo ello especialmente en San Bernardo, las Cruces y Santa Bárbara, don-de han ido apareciendo y ampliándose las “ollas” y los denominados “sopladeros”.9

en la figura 2, elaborada por la Secre-taría de Gobierno con base en datos de homicidios de la Policía metropolitana y del Instituto Nacional de medicina legal

9 Lugares destinados a la venta y consumo de drogas.

Figura 2. Concentración de homicidios en el centro de Bogotá

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá, SUIVd. (2006) Concentración del homicidio 2006. Localidades Santafé y Los Mártires.

➙


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y Ciencias Forenses –INmlCF–, se pue-de identificar la diseminación de las zo-nas de muerte a partir del foco de la calle del Cartucho,10 sustituida por el Parque Tercer milenio, con una menor densidad en medio del mapa, un espacio de menor concentración donde está el rotulo Santa Inés. A pesar de que, como se mencionó, las tasas de homicidios de las localidades de Santafé y los mártires descendieron, tam-bién es evidente el movimiento centrífugo de la muerte en el centro de la ciudad, ha-cia la Catedral del Voto Nacional, el barrio hotelero de la Favorita, y a la intersección de los barrios las Cruces y San Bernardo (conocido tradicionalmente por la venta de muebles de segunda).

las cifras muestran, sin embargo, que este proyecto, a pesar de ser liderado por la Secretaría distrital de Salud, no está dirigi-do a la población más deprimida y miserable que mora allí; por el contrario, busca gene-rar una nueva versión de turismo médico para clases altas y para extranjeros, lo que a la larga revitalizará la actividad económica del centro de la ciudad. Por ejemplo, de acuerdo con un informe ejecutivo de 2007 elaborado por la empresa de Renovación Urbana para evaluar el proyecto de Ciu-dad Salud, se identifica que se espera una valorización del suelo hasta de $917.133 y $1’155.775 por metro cuadrado.

de este modo, podemos apreciar cómo tres ordenes diferentes se van conectando progresivamente: el estético, el económico y el científico. Sumado a estos ordenes, es preciso encontrar el significado a estas ac-ciones, es decir, identificar cómo las trans-

formaciones de la ciudad alteran su orden simbólico. Con el término íconos del mal identifico a aquellos sectores de la ciudad donde las leyes morales son contravenidas constantemente a favor de otra lógica, la ley del silencio. Para este caso en especial el tér-mino cronótopo, de mijail Bajtin, es bastante útil, puesto que permite asir las intenciones políticas de las transformaciones en la trama urbana; la definición del término aparece en el libro Art and answerability (1990):

We somehow manage however to endow all phenomena with meaning, that is, we incor-porate them not only into the sphere of spatial and temporal existence but also into a semantic sphere. This process of assigning meaning also involves some assigning of value. But questions concerning the form that existence assumes in this sphere, and the nature and form of the eva-luations that give sense to existence, are purely philosophical (although not, of course, meta-physical) and we will not engage them here. For us the following is important: whatever these meanings turn out to be, in order to enter our experience (which is social experience) they must take on the form of a sign that is audible and visi-ble for us (a hieroglyph, a mathematical formula, a verbal or linguistic expression, a sketch, etc.). Without such temporal-spatial expression, even abstract thought is impossible. Consequently, every entry into the sphere of meanings is ac-complished only through the gates of the chro-notope11 (Bajtin, 1990).

este término define un signo creado por el hombre mediante el cual un significa-do toma una forma perceptible y tangible;

10 Se trata de un análisis gráfico de Kernel. Para una evolución de la car-tografía criminal puede consultarse DNP-BID-CED-CRISP, 2004.

11 Traducción: Sin em-bargo, manejamos varias formas para establecer el significado de todos los fe-nómenos, esto es, los incor-poramos no solamente a las esferas espacial y temporal de la existencia, sino, ade-más, a la esfera semántica. Este proceso de asignación de significado también in-volucra alguna asignación de valor. Pero las preguntas que conciernen a la forma que la existencia asume en esta esfera, y a la natura-leza y forma de las evalua-ciones que dan sentido a la existencia, son puramente filosóficas (aunque no, por supuesto, metafísicas), y no las discutiremos aquí. Pa-ra nosotros, lo que importa es lo siguiente: lo que sea en que estos significados se conviertan para entrar en nuestra experiencia (que es una experiencia social), debe tomar la forma de un signo que sea audible y visible para nosotros (un jeroglífico, una fórmula matemática, una expre-sión verbal o lingüística,

➙renovaCión urbana. ¿una respuesta al pániCo moral?

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tal significado involucra la asignación de va-lores en tres esferas: la espacial, la temporal y la semiótica. Podemos ver la importancia de la definición del “cronótopo” dentro de un análisis del patrimonio: aquel bien (particularmente inmueble) que debe ser protegido y preservado con fines políticos o ideológicos. la Lista de Bienes Declarados Bien de Interés Cultural de Carácter Na-cional – Monumento Nacional, actualizada en 2007 por la dirección del Patrimonio del ministerio de Cultura, contiene 982 construcciones en todo el territorio nacio-nal consideradas como monumento. Se-ñalemos que se destaca la gran cantidad de estaciones de ferrocarril, un total de 429, muchas de las cuales, paradójicamente, están inutilizadas. Igualmente, hay un ele-vado número de construcciones religiosas, 136 edificaciones entre iglesias (70), con-juntos conventuales (33) y centros doctri-neros (33).

Con estos antiguos íconos se esboza el ideal democrático de unidad nacional, sustentada, por un lado, en el progreso, simbolizado por los vestigios de la edad de oro de los ferrocarriles decimonónicos, y, por el otro, en el fomento a los valores cristianos, expresados por los signos de la opresión de la cristiandad española durante la Colonia. Por su parte, los íconos del mal pueden ser considerados el inverso de los patrimonios, y en vez de ser lugares de con-servación necesaria, son más bien objetos que deben desaparecer del acervo material de las ciudades, para que así se vayan dilu-yendo poco a poco de la memoria de las nuevas generaciones.

más allá de esto, para observar la futura transformación del Barrio San Bernardo también empleo la perspectiva del crono-paisaje, propuesta por Fernando Rivera (2008), quien propone un análisis desde tres perspectivas. dentro del cuerpo de prácticas colectivas que organizan esque-mas de percepción, como define la prime-ra perspectiva, se tienen las referencias al nerviosismo y a las actitudes adoptadas por quienes se encuentran involucrados en estas zonas. de esta forma, se configuran como peligrosas las zonas donde el sujeto es vul-nerable a la muerte y al vicio; además, éste ha sido clasificado como degenerado y, por tanto, con un gran poder contaminante.

las acciones simbólicas sobre este foco de infección social, la segunda perspectiva, consistieron, en primer lugar, en transfor-mar el laberinto tortuoso y maligno del Cartucho en un parque-panóptico, con-cebido y ejecutado como recuperación de este espacio como público; segundo, en convertir al barrio San Bernardo, una de las nuevas “cloacas urbanas”, en un epicentro de salud. Así, la contaminación se va lim-piando del tapiz urbano.

la tercera perspectiva del análisis del cronopaisaje, el repertorio de representa-ciones de un poder continuo y estable, se puede ver procesalmente. existe un espacio caótico que va a ser tratado de dos maneras diferentes: se le dará forma de parque al predio “confuso”, abriéndolo al público, y se hipervalorizarán los predios por especu-lación privada, lo cual no sólo exacerbará la competitividad comercial, sino que cerrará el acceso al ciudadano común. Así, se irá

un dibujo, etc.). Sin tal ex-presión espacio-temporal, aun los pensamientos abs-tractos son imposibles. En consecuencia, cada ingreso en la esfera de los significa-dos es alcanzado solamente a través de las puertas del cronótopo.


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configurando un determinado tipo de “pú-blico” para este sector del centro histórico de la ciudad: el paciente internacional.

Anteriormente vimos cómo este tipo de intervenciones van de la mano de una esté-tica particular, donde se puso de presente el acuerdo categórico con el estado. esta nueva estética de las ciudades fue caracte-rizada como kitsh, en el sentido dado por Kundera según el cual la mierda es negada y todo mundo se comporta como si no existiese. de esta manera, la situación que se estaba viviendo en El Cartucho durante casi dos décadas fue evitada por las admi-nistraciones distritales en general (Góngora y Suárez, 2008). ¿Se podría hablar de un totalitarismo científico-económico expresa-do en la asepsia urbana y en la ordenación particular de la ciudad? este paradigma moderno es adoptado por el estado co-mo progreso y desarrollo, al igual que un experimento científico con sus protocolos y pruebas. Como muestra se tiene el caso del hospital Johns Hopkins de Baltimore, el cual es uno de los paradigmas que ha de alcanzar Ciudad Salud en Bogotá.12 david Harvey, en su libro Espacios de esperanza (2003), describe la pobreza y la marginali-dad que coexisten junto a uno de los más prestigiosos centros de investigación cien-tífica en el mundo. ¿Tal vez allí se cometió una falla fundamental al pretenderse una transformación instantánea de la identidad de un sector de la ciudad? estas observacio-nes de los cambios en el entorno social son omitidas en gran parte de los estudios, y los impactos son medidos preferiblemente en términos económicos.

más allá de esto está la realidad social de la miseria y la ilegalidad, que no va a des-aparecer por una inversión del significante en la estructura urbana. Además del avance que implican estas obras (cambios positivos de percepción y seguridad y modernización del centro histórico), hay que admitir tam-bién su insuficiencia para solucionar proble-mas sociales contemporáneos. Si bien los habitantes de la calle y la miseria, en gene-ral, plantean un problema para las ciudades, el cambio no se debe hacer únicamente mediante las transformaciones del locus del significado: el signo. estas actuaciones par-ten de un orden discursivo a la imposición material, un hacer que obra y construye tanto en la ciudad, como en la memoria. Pero, por supuesto, dadas las condiciones especiales de los pobladores descritos co-mo criminales, enfermos o sospechosos, tales medidas de control y ordenamiento espacial no los toman en cuenta como ciu-dadanos plenos: así, la renovación urbana puede ser descrita como intervención de sa-neamiento u operación bulldozer. después de esto, cabe hacerse continuamente las preguntas ¿a dónde se desplazarán las zonas de la muerte?, ¿tenemos ya las herramientas para poder predecir estas transformaciones y actuar eficazmente?

Referencias

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12 Otros casos relevantes e icónicos son el Cancéropôle de Toulouse y el Biopôle de Lyon. Estos enormes com-plejos funcionan a nivel regional entre ciudades pequeñas.


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¿Qué significa tener derecho a la ciudad?La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos*

¿Right to the city?The city as a place and a possibility for human rights

Lucas Correa Montoya**


* El presente artículo se de-riva del proyecto de investi-gación titulado “El derecho a la ciudad en los instru-mentos internacionales y la Constitución Política Colombiana de 1991”, de-sarrollado durante 2008 y 2009 en el marco de la Lí-nea de Investigación de Es-tudios Clínicos del Derecho y Derecho Ambiental, del Grupo de Investigaciones Sociales y Jurídicas, clasi-ficado en la categoría “C” de Colciencias.

** Abogado de la Uni-versidad de Medellín, es-tudiante de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde se des-

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Para citar este artículoCorrea Montoya, L. (2010). ¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos. Territorios, 22, pp. 125-149.

➙

DeReCho URBANo

➙

Lucas correa Montoya

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resuMen

el derecho a la ciudad como derecho colectivo se presenta jurídicamente desde tres facetas necesarias: (a) el usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitan-tes, (b) el mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y (c) el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos. este es un derecho del cual son titulares los ciudadanos ampliamen-te considerados, y del cual es responsable, en concreto, la autoridad pública de la ciudad; sin embargo, dada su naturaleza compleja, se hace necesario un sistema de corresponsabilidades para hacerlo efectivo.

abstract

The Right to the City as a collective right in-cludes in its definition three necessary aspects: (a) the equitable use and access by all it inhabi-tants to all advantages offered by the city, (b) the collective participation of its inhabitants in all urban and city matters and (c) the effective-ness of all human rights in the urban context. All citizens, consider in a wide way, are entitle of the Right to the City and the city’s public authority is the responsible for its implemen-tation and guarantee. Nevertheless, owing to the fact of its complex nature, the Right must be based on a system of co-responsibilities to make it a reality.

Palabras claveDerecho a la ciudad, ciu-dad, derechos humanos.

KeywordsRight to the city, city, hu-man rights.

empeña como coordinador del Programa de Acción por la Igualdad y la In-clusión Social (PAIIS). Correo electrónico: [email protected], [email protected]

¿Qué significa tener derecho a La ciudad?

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1. Precisiones iniciales

el presente texto busca sistematizar y plan-tear algunas bases para una discusión jurí-dica elaborada sobre el derecho a la ciudad, no es un texto acabado y concluyente, si-no un llamado a reflexionar jurídicamente sobre él. Éste se desarrolló siguiendo la metodología de investigación documen-tal, aquella que a partir de la revisión de las fuentes documentales elabora reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la inves-tigación. Para el presente estudio se revisa-ron, principalmente, las siguientes fuentes documentales: las discusiones actuales so-bre el derecho a la ciudad derivadas de la UNeSCo, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos humanos (UN-hABITAT) y de la Unión europea; algunos instrumentos internacionales, y la Constitución Política Colombiana de 1991. Como eje central se utilizó la Carta Mun-dial por el Derecho a la Ciudad, un instru-mento en preparación que, si bien no tiene fuerza vinculante internacional, recoge los avances y discusiones del Foro Social Mun-dial y otros esfuerzos globales por impulsar el derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico internacional.

Para responder a la cuestión planteada en el título. “¿Qué significa tener derecho a la ciudad?”, el texto aborda dos aspectos fundamentales: en primer lugar, desarrolla la idea de que la ciudad es más que una ins-titución, un lugar o un objeto privilegiado; dependiendo de la forma como ésta tiene lugar y es construida, puede ser un elemen-

to de vital importancia para la garantía de los derechos humanos de sus habitantes o, por el contrario, un nefasto ejemplo de vulneración. en segundo lugar, aborda la cuestión sobre el derecho a la ciudad desde tres aspectos: su objeto, es decir, su conte-nido prestacional concreto; los sujetos que participan de él, sea como titulares u obli-gados, y, finalmente, su naturaleza como derecho colectivo.

2. La ciudad: elemento para la garantía de los derechos humanos

La Ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza, un extraño amor, el amor secreto del porvenir y de su cara desconocida (Citando a Borges: Borja, 2004).

2.1. El proceso industrialización–urbanización

La ciudad en la que vivimos, en la que de-sarrollamos nuestro proyecto de vida es la ciudad que hemos heredado de la indus-trialización. este tipo de ciudad, si bien en muchas facetas conserva los rasgos de la ciudad antigua (proveniente de Grecia y Roma) y de la ciudad feudal, en su estruc-tura responde a la sociedad industrializada1 o moderna. Así, el proceso de industriali-zación es el punto de partida para el aná-lisis de la problemática urbana actual; este proceso, de acuerdo con Lefèbvre (1978), es el motor de las transformaciones más importantes en los siglos más recientes.

1 Es necesario tener en cuenta que la referencia al proceso de industrializa-ción–urbanización se desa-rrolla de forma abstracta, no atada a ninguna rea-lidad histórica en parti-cular; por ello, los retos y análisis planteados pueden parecer cubiertos a medias en algunas zonas, o incluso inexistentes. Las reflexiones en torno a la pertinencia de las discusiones sobre el derecho a la ciudad se jus-tifican en todos los niveles y lugares atendiendo a las distintas proporciones que revelan los diferentes esta-dos del desarrollo humano, se perfila como una situa-ción deseable en donde la carrera por alcanzarla no presenta, necesariamente, una situación homogénea.


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Agrega, además, que hoy día

[…] nos encontramos ante un doble proceso, o si se prefiere ante un proceso con dos aspectos: industrialización y urbanización, crecimiento y desarrollo, producción económica y vida social. Los dos aspectos de este proceso son insepara-bles, tienen unidad, pero el proceso es conflic-tivo. históricamente, entre realidad urbana y realidad industrial hay un violento choque (Le-fèbvre, 1978, p. 23).

Industrialización y urbanización se ha-llan unidas por una relación recíproca de inductor-inducido. La ampliación y tecni-ficación de los procesos productivos generó el crecimiento de la población urbana, la expansión de las ciudades existentes y la creación de nuevas; además, modificó la vida en el campo e introdujo cambios sus-tanciales en los modos de vida de las perso-nas. De igual forma, los procesos urbanos y el fenómeno de la expansión de la vida en la ciudad permitieron el eficaz desarrollo de la industrialización y sus procesos asociados.

De acuerdo con Benevolo (1992, p. 14), la primera transformación decisiva fue el aumento de la población, debido a la disminución de las tasas de mortalidad que, por primera vez, se alejaron de forma decidida de las de natalidad, lo que a la vez generó dos grandes efectos: (a) se produjo un cambio fundamental en los esquemas sociales: la población joven creció en núme-ro, como consecuencia de la reducción de la mortalidad infantil, lo que interrumpió el equilibrio secular de las circunstancias na-turales, a raiz de las cuales cada generación

tendía a ocupar el puesto de las precedentes y a repetir su destino; y (b) el aumento de la población y su distribución en el espacio rompió el equilibrio entre la ciudad y el campo. es necesario aclarar en este punto que dicho equilibrio entre ciudad y campo no hace referencia a la coexistencia en con-diciones de igualdad de estos dos ámbitos, sino a una condición sobre la cual se había estructurado la ciudad y la sociedad durante siglos, que no la califica como mejor o peor, sino que sirve para denotar el cambio en las estructuras sociales.

La masificación de las economías de es-cala impulsó la transformación de las aglo-meraciones humanas. Los cambios y me-joramientos en las técnicas de producción experimentadas en la sociedad preindustrial implicaron, necesariamente, una modifica-ción en la forma de vida, la cotidianidad, las costumbres y en la apropiación del espacio. Se rompió, entonces, la estructura pro-ductiva familiar, mínima, nuclear y surgió la necesidad de la industria, y de que ésta esté situada en sitios estratégicos, de fácil acceso al transporte, al agua, a las materias primas, entre otras.

Siguiendo las palabras de Benevolo (1992), se creó, entonces, una nueva diná-mica entre la industria (sistema productivo) y la ciudad. Ya aquella no estaría atada a las viejas estructuras de ésta, por el contrario, desarrollada la ciudad y la industria, lejos de las tradicionales parroquias y burgos, las personas encontraron dos posibilidades esenciales: (a) la industria tenía una gran cantidad de mano de obra disponible y va-cante para los efectos de los cambios en la


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producción, y (b) la población migrante a las ciudades, si bien mal pagada y explo-tada, encontraba en la ciudad múltiples posibilidades, una variedad de elecciones y la oportunidad de reconocerse como una categoría, de organizarse en la defensa de sus intereses comunes.

Sin embargo, el impacto del avance tecnológico no solo permeó la producción, sino que rápidamente se extendió a todas las esferas de la vida, el ser humano tuvo a su disposición más y mejores productos y servicios; el transporte, la salud, la vivienda, la educación, el flujo de información, entre otros, sufrieron profundos cambios que impactaron, tanto positiva como negativa-mente, la vida de todas las personas. este es un proceso que Benevolo describe desde la ciudad inglesa preindustrial, pero que se reproduce en la ciudad latinoamericana a mediados del siglo pasado y que aún, de forma discontinua, es actual.

Lefèbvre (1978, p. 38) sintetiza de for-ma sencilla el proceso industrialización–urbanización a través de tres etapas: (a) la industria y el proceso de industrialización asaltan la ciudad feudal, caracterizada por una vida simple y de producción precaria y arrollan con la realidad urbana preexistente. el proceso de industrialización se presenta como una negación de la realidad urbana preexistente, la economía industrial niega lo urbano. (b) La urbanización se extiende, la sociedad urbana se generaliza. La realidad urbana se hace reconocer en su destrucción a través de esta misma destrucción, como realidad socioeconómica. Se descubre que la sociedad total corre el riesgo de descom-

ponerse si la ciudad y la centralidad le faltan. Y, finalmente, (c) la realidad urbana se reen-cuentra o se reinventa. Adicionalmente, esta última etapa implica el reto de reinventar lo urbano como el lugar de las posibilidades, de los derechos humanos en la ciudad y ella como posibilidad de derechos.

Las etapas no se presentan de forma lineal y uniforme, su aporte es denotar la dinámica en que se muestran el pasado, el presente y el futuro como síntesis constate de la vida urbana. Desde la tendencia mar-xista de Lefèbvre, estas etapas indican situa-ciones de vital importancia si sobrepasan lo ideológico. en primer lugar, los procesos de industrialización implican cambios pro-fundos en las estructuras sociales existen-tes y, por tanto, en la ciudad. en segundo lugar, las modificaciones sobre la ciudad y las dinámicas que en ella tienen lugar se posicionan. Y en tercer lugar, más allá de preguntarse lo viable de volver al statu quo y negar así el proceso de industrialización–urbanización, la nueva ciudad, producto de las dos fases anteriores, debe reinventarse de acuerdo con los retos que su nueva situa-ción y caracterización le ponen en frente.

en relación con la tercera etapa plan-teada por Lefèbvre, y de forma contrastada con los planteamientos de Benevolo (1992, p. 52), la diferencia vital entre la ciudad preindustrial y la ciudad industrial es la ac-titud de la sociedad frente a la realidad. en la primera, la sociedad asumía su realidad como algo que era necesario soportar, que no había cómo cambiarla. en la segunda, la sociedad reconoce las ventajas que el presente le ofrece, es capaz de observar-


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lo críticamente y pone sus esfuerzos para mejorarlo.

el descontento que caracteriza a la so-ciedad industrial nace del contraste entre lo que es y lo que es posible, no de lo que era y ahora es. esta situación plantea nuevos re-tos a los procesos de planeación modernos, los de ampliar los beneficios potenciales de la revolución industrial a toda la población y dejar claro las inevitables consecuencias políticas y sociales de la falta de planeación. La reinvención de la tercera fase propuesta por Lefèbvre en El derecho a la ciudad co-incide con esta actitud.

2.2. La función social de la planeación urbana

De acuerdo con los retos planteados, los procesos de planeación urbana deben dejar de presentarse como la realización de la utopía, como una herramienta que organi-za desde arriba, separada e independiente de los problemas sociales. el urbanismo comienza a enfocarse en uno de los factores más importantes: la construcción de una comunidad democrática desde lo urbano. Una disciplina y herramienta atenta y re-lacionada con los problemas sociales; de tipo horizontal, orientada a emplear mo-dificaciones periódicas. es más un enfoque hacia un compromiso entre las fuerzas en juego para renovarse continuamente, que necesariamente a lograr el cambio com-pleto y definitivo, consciente de que su objeto corresponde a un proceso social de largo aliento, que no tiene lugar de forma homogénea y metódica, sino incompleta,

discontinua y a veces imposible y frustran-te. esta situación no marca la inutilidad de los procesos de planeación o una visión pesimista de la ciudad, por el contrario, resalta los retos y las posibilidades de los mismos.

Como lo expresa Lefèbvre, el problema fundamental desatado por el proceso in-dustrialización–urbanización es que la vida social urbana, la realidad urbana, deja de ser un valor social para adoptar un valor de uso y de cambio, como respuesta natural al sistema económico en que se enmarca. No obstante, si bien es cierto que la causa de los problemas urbanos actuales se debe, en gran medida, a la complejización de los me-dios de producción, a la expansión del ma-quinismo y de la industrialización, ninguna de estas son la causa próxima, sino la poca preparación de la sociedad para prever los efectos de ésta sobre el entramado social.

Por ello, no puede perderse de vista que el doble proceso de industrialización y urbanización pierde todo sentido si no se concibe la sociedad urbana como me-ta y finalidad de la industrialización, si se subordina la vida urbana al crecimiento industrial. La industrialización produce la urbanización, en una primera fase; después, aparece la verdadera tarea: la de transfor-mar la realidad. La ciudad deja de ser el recipiente y el receptáculo pasivo de los productos y de la producción y se perfila como construcción de lo social (Lefèbvre, 1978, p. 166).

La realización de la sociedad urbana reclama una planificación orientada a las necesidades sociales desde la participación


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comunitaria. Dicha orientación se presen-ta hoy día como una necesidad más apre-miante, dadas las enormes proporciones de población que se espera viva en las ciudades en el futuro más cercano. De acuerdo con el preámbulo de la Carta mundial por el derecho a la ciudad (Foro Social Mundial, 2005), el nuevo milenio comenzó con casi la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, y de acuerdo con las perspec-tivas para el 2050, la proporción habrá au-mentado al 65%. Por otra parte, “en 2007 el 78% de la población latinoamericana habitaba en las ciudades, se estima que pa-ra el 2025 dicho porcentaje aumentará al 83% y para el 2050 será del 88%” (eFe – Naciones Unidas, 2008, p. 14A). Las cifras indican una tendencia a que en el futuro continuarán las migraciones del campo a la ciudad y que la proporción de la vida urba-na aumentará indefectiblemente.

La ciudad no es un elemento dado e inexorable que deba ser aceptado como tal por la comunidad, por el contrario, es necesario entenderla en las huellas que su historia ha dejado en ella y en nosotros, observarla e intervenirla en su presente y realidad, pensarla en las proximidades e imaginarla y soñarla siglos adelante.

es una institución, objeto y lugar so-cial privilegiado, producto de las acciones, pero también de la imaginación de los que la habitan; es el lugar del encuentro, de las posibilidades, en donde se viven los dere-chos humanos de una gran proporción de la población actual; además, como cons-trucción colectiva política es más que el marco de estos derechos, se perfila como

un factor vital para su promoción y garantía o, de otro lado, su vulneración.

2.3. La ciudad y los retos que ella implica

La ciudad puede entenderse como la ma-yor obra de arte creada por el ser humano. Tal es su importancia que, según lo anota Castells (2004), ningún tipo de civilización –en mayor o menor medida– ha podido escapar de ella; no es otra cosa que causa y consecuencia de la civilización en todas sus manifestaciones. Actualmente, es el motor del crecimiento nacional y provee las ma-yores oportunidades para el avance social y el crecimiento económico. Lo anterior, como consecuencia de que la aglomeración humana y la proximidad territorial que las ciudades implican permiten economías de escala y sinergias que generan un mejor nicho para localizar mejores puestos de trabajo, servicios educativos y sanitarios de mejor calidad, oferta de la cultura y co-nocimiento, entre otras.

Sin embargo, el universo de beneficios y ventajas que ofrece la ciudad frente al cam-po, si es que estas realidades territoriales pueden entenderse antitéticamente, no se ofrecen en condiciones de igualdad y equi-dad en todas las ciudades y a todos sus habi-tantes. Como en síntesis lo señalan los de-bates promovidos por la Unesco (2006) y por otros expertos,2 las tendencias globales de urbanización y globalización implican no menos que la desigualdad estructural en el acceso a los bienes y servicios sociales, la inequidad y las significativas concentra-

2 Los problemas sociales que tienen lugar en la ciudad han sido resalta-dos por múltiples auto-res. Para efectos de hacer más sencilla la lectura se unificaron y contrastaron los argumentos presenta-dos por diferentes auto-res, entre los que fueron tenidos en cuenta: Sané y Tibaijuka (2006); Colin (2006); Tibaijuka (2006); Safier (2006); Fernan-des (2006a), (2006b) y (2007); Angulo (2001); Richardson (1983); Kan-tor (1983); Borja (2004); Velásquez Carrillo (2004), y Castells (2004).


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ciones de la riqueza. A este panorama se suma la creciente urbanización de la po-breza y el correlativo empobrecimiento de las ciudades, la generalizada división social de la comunidad y las prácticas derivadas de exclusión social y segregación espacial, así como la degradación del ambiente y el uso no sostenible de los recursos naturales.

el panorama descrito marca los retos de las ciudades, entendidas desde sus habitan-tes y gobernantes, y permitirá en palabras posteriores dibujar los contornos del dere-cho a la ciudad.

Por otro lado, Paul Kantor (1983, p. 227) y William Richardson (1983, p. 208), en su reseña de la obra de Gerald L. houseman, concluyen que las actitudes conservadoras resultan ineficientes para dar respuesta a las problemáticas urbanas, generalmente porque son hostiles a la ciu-dad y a sus ciudadanos, porque no están motivadas por consideraciones de igualdad y porque los ataques anti-liberales del pen-samiento conservador, a su juicio, terminan limitando los derechos y las libertades en la práctica.

A partir de lo anterior se presenta, en-tonces, el primer reto de las ciudades (Fer-nandes, 2006b): el de revertir el paradigma clásico-liberal –el cual, aunque denomina-do liberal, resulta siendo profundamente conservador– que ha imperado, y en virtud del cual la propiedad individual ha gozado de una excesiva protección estatal. esto implica no menos que introducir y hacer efectivo el principio socioeconómico de las funciones social, económica y ambien-

tal de la propiedad del suelo urbano y de la ciudad.

el segundo reto es el de implementar el paradigma del desarrollo basado en dere-chos (right-based approach), ordenado por la Declaración del Milenio, que exige que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de lo que las ciudades tienen para ofrecer. Así, la vida urbana no debe entenderse co-mo un efecto no controlado del crecimien-to económico, sino como un elemento en cuyo fin último deben tener voz no sólo las fuerzas del mercado, sino también los demás actores sociales.

“La Ciudad nos impone el deber te-rrible de la esperanza, un extraño amor, el amor secreto del porvenir y de su cara desconocida” (Citando a Borges: Borja, 2004). La ciudad actual, continúa Bor-ja, es tridimensional: su faceta compacta recuerda la ciudad histórica, lo local, la ciudad del imaginario y del autogobierno; su faceta metropolitana recuerda en la pe-riferia la herencia de la sociedad industrial, donde la ciudad pierde a veces su nombre y cuya deuda histórica se paga hoy con infraestructura, transporte y espacio pú-blico; la última, su faceta regional, indica el propósito de una ciudad de ciudades, articulada por los medios de transporte y comunicación. en este contexto, las ciu-dades, y más específicamente las políticas urbanas, tienen actualmente otro retos: el de contrarrestar la exclusión social, impedir la hiperespecialización territorial y evitar las desigualdades entre los lugares y las perso-nas que la habitan.


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Castells (2004) identifica dos retos adicionales: la necesidad de concertar las presiones globales y del mercado sobre la ciudad con las aspiraciones sociales y co-lectivas de sus habitantes, de modo que la preeminencia de alguna no desfigure o invisibilice la otra; y la necesidad de rein-ventar política y culturalmente la ciudad, de modo que pueda responder eficiente-mente a las necesidades que su expansión funcional implica.

De forma consolidada, es necesario concluir preliminarmente que el reto pri-mordial de la ciudad no es otro que revertir el panorama planteado, para ello, debe ser entendida como una institución en donde no sólo tiene lugar el goce efectivo de los derechos, sino que ella misma puede ser un factor determinante en su garantía o vulneración y que, por tanto, se revela una responsabilidad compartida entre gober-nantes y gobernados de hacer de ésta un territorio de derechos: el lugar del derecho a la ciudad.

2.4. El derecho a la ciudad, ¿una respuesta a la situación actual de las ciudades?

Una vez planteado el panorama general que hoy día se ofrece en las ciudades, las problemáticas que los modelos de desa-rrollo han generado y los retos que sus administraciones y comunidades deben tener como norte de sus actuaciones, es necesario preguntarse por la utilidad de abordar jurídicamente la situación de si el derecho a la ciudad, como forma y noción

jurídica, puede ser la respuesta a la situación descrita o puede aportar en el logro de los retos mencionados.

De entrada hay que considerar que no basta una noción jurídica como el derecho a la ciudad para responder a las necesidades sociales imperiosas, pero que ésta sí puede ser una herramienta útil para complemen-tar la noción política con los elementos de efectividad que puede aportar el derecho. Si bien puede no aparecer como una solución única al problema, lo cierto es que su apor-te sí puede ser fundamental. Durante todo el proceso de elaboración de la Carta mun-dial por el derecho a la ciudad (Foro Social Mundial, 2005), los movimientos sociales proclamaron la urgencia y la necesidad de reforzar el papel que deben jugar las ciu-dades en la garantía a todos sus habitantes del goce colectivo de la riqueza, la cultura, los bienes y el conocimiento. Reforzar es-ta necesidad en los niveles local, regional, nacional e internacional es, en opinión de osorio (2006), el reto principal para que esta deje de ser una noción política y ad-quiera una forma jurídica que integre en su interior obligaciones justiciables y exigibles.

el clamor por el derecho a la ciudad es muestra de una aceptación, ampliamente difundida, del principio que el desarrollo urbano de la vida debe permitir la inclusión, sin discriminación y excepción, de todos aquellos que habitan en la ciudad. Lo que resta para ser logrado, en términos de Safier (2006), es la implementación de este prin-cipio de forma apropiada en las prácticas institucionales, las políticas públicas y la legislación, teniendo en cuenta las necesi-

3 Entre ellos, Fernan-des (2006a), (2006b) y (2007); Sané y Tibai-juka (2006) y Tibaijuka (2006).


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dades específicas, en términos de diversidad e inclusión, que requiera cada ciudad.

La Unesco, Un-habitat, líderes y aca-démicos3 han considerado que el concepto del “derecho a la ciudad” –estructurado en los años 60 por el sociólogo y filósofo francés henri Lefèbvre– está enfocado a discusiones de filosofía y teoría social que, en principio, no permiten una discusión estructurada en términos del derecho. es-ta fue la razón, según Colin (2006, p. 13), para promover los debates sobre el tema y buscar un consenso entre los actores clave.

A su vez, Fernandes (2006b, pp. 42-45) plantea que la discusión sobre el de-recho se vio nutrida por el planteamiento presentado por Lefèbvre al final de su vida,4 en el que se identifica la importancia de actualizar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano con la introducción de una idea de “ciudadanía social” que ex-prese efectivamente las actuales relaciones sociales presentes en los centros urbanos. Indicaba Lefèbvre que los ciudadanos de-ben dejar de ser definidos por su nombre, familia y lugar de nacimiento; en cambio, la ciudadanía debe ser definida por la for-ma en que el sujeto pertenece a una red de prácticas sociales en su familia, profesión, hábitat, ciudad y región.

Tener derecho a la ciudad no resuelve de forma automática el panorama plantea-do, pero permite entenderlo más allá de los planteamientos académicos, de la voluntad política y de la disponibilidad de recursos. estructurar el discurso del derecho a la ciudad implica unificar su contenido, los

sujetos involucrados y delinear los contor-nos para hacerlo efectivo.

No obstante, aun si esto se lograra con claridad, no bastaría tener derecho a la ciu-dad. es necesario, además, contar con po-líticas públicas coherentes que trasciendan las esferas de lo público en todos los niveles, para que impliquen cambios estructurales en la forma como gestionamos el desarrollo urbano y local. es por ello que, como se indicará, la faceta de la gestión y la parti-cipación en la ciudad se presenta como un asunto de diametral importancia.

Si bien hasta este punto los plantea-mientos y retos del derecho a la ciudad resultan prometedores y reveladores, el verdadero reto se encuentra en poder llevar la discusión más allá: pasar de la plataforma filosófica y política sobre la que está plan-teado el derecho a la ciudad y hablar de él en términos jurídicos, es decir, poder deter-minar en concreto su contenido y articular las responsabilidades estatales en cada una de sus manifestaciones (Fernandes, 2006b, p. 46). La plataforma filosófica y política montada por Lefèbvre provee la sustancia para la formulación de un discurso general de derechos y de justicia social y una aproxi-mación al enfoque de derechos en el desa-rrollo urbano (Fernandes, 2007, p. 202).

3. ¿En qué consiste en concreto tener derecho a la ciudad?

[…] el derecho a la ciudad no es sólo el techo. También son las condiciones de vida, es decir, el acceso a todos los servicios públicos, en buenas

4 Se refiere a la obra origi-nal en francés: Lefèbvre, Henri (1990). Du contrat de citoyennete. París: Sy-lleps/Periscope.


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condiciones, a bajo costo. Pero de igual manera el derecho al trabajo bien remunerado. Poder vivir fruto de nuestra realización personal, sin-tiéndonos útiles a la sociedad.en nuestro barrio [Citando al Barrio Jerusalén de Bogotá, Colombia] esta parte de la construcción de la ciudad no se logró sin antes realizar cientos de tomas, miles de reuniones, múltiples acciones colectivas en procura de vida digna. Tuvimos que superar desacuerdos, intereses mezquinos, utilitarismos. hoy, los frutos se ven desde lejos (Maldonado Copello, 2002, p. 9).

Preguntarse en qué consiste el derecho a la ciudad implica orientarse a responder algu-nas preguntas específicas que den claridad sobre su objeto y contenido, los sujetos que participan de él y su naturaleza al inte-rior de la clasificación internacional de los derechos humanos. No es la intención de este texto presentar una respuesta acabada a cada una de estas cuestiones, sino comenzar y sintetizar algunos puntos de la discusión, así como dejar otros planteados para futuras elaboraciones.

3.1. ¿Cuál es su contenido?

el contenido concreto del derecho a la ciudad, su objeto, se sistematiza en cuatro líneas generales que siguen a continuación, y al interior de cada una se precisan bre-vemente los aportes teóricos de algunos autores que han abordado el tema.

La primera línea general es entender el derecho a la ciudad como una posibilidad de ciudad, es decir, como una forma o mo-do concreto en que la ciudad, lugar, objeto

e institución privilegiada, se ofrece y posi-bilita a sus ciudadanos. Dos son los autores que definen el contenido del derecho a la ciudad de la manera planteada: el filósofo y sociólogo francés henri Lefèbvre (1969) y Jordi Borja (2004).

Lefèbvre (1968) reconoce este dere-cho, en su obra El derecho a la ciudad, co-mo el derecho a la vida urbana renovada. Para entender más a fondo qué se entiende por “vida urbana renovada” es necesario indicar que se refiere a la vida en la ciudad cuando se ha llegado a la tercera etapa del desarrollo urbano; como se mencionó en líneas anteriores, cuando la vida urbana, asaltada por el proceso de industrialización-urbanización, comienza a pensarse a sí mis-ma, a reinventarse en el nuevo contexto que se le presenta; cuando la vida urbana deja de ser efecto no planificado de los procesos económicos y productivos que tienen lugar en la ciudad, y se convierte en el fin último de todo el proceso.

Si bien los planteamientos originarios no permiten una profunda discusión ju-rídica sobre el derecho, sí abren la puerta para entender esa vida urbana renovada como una ciudad en donde hay un goce pleno y efectivo de los derechos humanos, donde el contexto urbano no es el lugar de las penurias, sino el lugar de la vida digna.

Jordi Borja (2004) es el segundo de los autores que se refiere al derecho a la ciu-dad como posibilidad de ciudad. Desde sus planteamientos, este derecho se estructura en tres facetas: (a) la física, que hace refe-rencia al derecho al lugar, a permanecer, a la movilidad, es el derecho a la centralidad


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accesible, al entorno bello y al espacio pú-blico significante, es el derecho a la seguri-dad y a la convivencia pacífica; (b) la faceta individual, hace referencia al derecho a definir el proyecto de vida libremente, el derecho a no vivir alejado, en espacios in-visibles y sin cualidad; y finalmente, (c) la faceta colectiva, que se refiere al derecho a la participación en los ámbitos reales de la decisión y la gestión.

el autor no se refiere técnicamente a derechos humanos concretos, sino a los efectos que su presencia logra en la ciudad, a lo que debe ser una ciudad lugar de los derechos humanos en los contextos urba-nos y lo que tal presencia le posibilita a sus ciudadanos. Una nota importante en su aporte con relación a Lefèbvre es que posi-bilita una visión más humana del derecho a la ciudad, ya no es la realidad urbana reno-vada en términos de la ciudad, sino cómo debe ser esa ciudad desde las tres facetas planteadas para que la dimensión humana tenga lugar en ella.

Lefèbvre y Borja presentan visiones complementarias de cómo debe ser una ciudad, la vida urbana; cómo debe ofre-cerse a sus ciudadanos y, por tanto, lo que los ciudadanos pueden y deben esperar de ella. Si bien estas aproximaciones dan un paso más allá de la plataforma política, no es posible estructurar desde ellas la visión jurídica del derecho; son más objetivos po-líticos que se muestran a los gobernantes de la ciudad, y metas dadas a las organi-zaciones sociales para reclamar e incidir al interior del proceso político. Aunque no se devela con claridad la estructura jurídica

del derecho, ambas perspectivas ofrecen insumos interesantes.

La segunda línea general es entender el derecho a la ciudad como el goce de dere-chos en los contextos urbanos. esta es una apuesta por ir más allá de la ciudad que se debe ofrecer a sus ciudadanos, quienes, a su vez, deben participar de su construc-ción. Previamente, es necesario plantear que estas definiciones se estructuran desde el panorama de la ciudad esbozado, que es una perspectiva desde la cual se entiende el derecho a la ciudad como la mejor manera para superar el contexto, y que si bien parte de una idea de ciudad que debe ofrecerse, ésta se entiende como una mutua construc-ción entre gobernados y gobernantes; co-mo se verá, la participación resulta esencial al interior del derecho a la ciudad.

Sané y Tibaijuka (2006, p. 9), desde los debates promovidos por la Unesco y Un-habitat, presentan el derecho a la ciudad atado al modelo de desarrollo, a ese modelo basado en derechos (right-based appoach)5 que exige que todos los ciudadanos se be-neficien de lo que las ciudades tienen para ofrecer. Más adelante, Tibaijuka (2006, p. 24) indica los mínimos que, en su concep-to, implica el derecho a la ciudad: una vi-vienda digna y acceso al agua. Finalmente, planta que este derecho es especialmente importante para aquellos vulnerables y des-favorecidos.

Por su parte, Colin (2006, p. 12) iguala el contenido general del derecho a la ciudad con la función social que le otorga a ésta: buscar la sostenibilidad y la justicia social garantizando el usufructo equitativo de las

5 Esta aproximación al de-recho a la ciudad debe en-tenderse relacionada con los postulados internacio-nales del derecho al desa-rrollo, principalmente pre-sentados en: Organización de la Naciones Unidas (1969). Declaración sobre el progreso y desarrollo en lo social. Nueva York: ONU; y Organización de la Na-ciones Unidas (1986). De-claración sobre el derecho al desarrollo. Nueva York: ONU.


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ciudades. Un aspecto importante de esta aproximación al derecho a la ciudad es que le otorga una finalidad, es decir, el derecho entendido como la posibilidad de usufruc-tuar equitativamente las ciudades, de gozar de los derechos humanos en los contextos urbanos. Se orienta a lograr algo en con-creto: la sostenibilidad social y ambiental y la justicia social en la ciudad. esta finalidad permite trascender la concepción del dere-cho a la ciudad como un mero agregado de derechos humanos en lo urbano, hacia un derecho independiente.

Finalmente, Fernandes (2006b, p. 46) define el “derecho a la ciudad” como la posibilidad de los habitantes urbanos de disfrutar completamente de la vida urbana, con todos sus servicios y ventajas, y tomar parte activa y directa en el manejo de los asuntos de la ciudad. el autor estructura su visión del derecho a la ciudad desde dos facetas: la del goce efectivo de derechos y la de la participación activa. Tener acceso a la vida urbana se traduce, entonces, en los derechos de los cuales se goza en los contextos urbanos y en poder ser parte de los procesos de discusión y acción en los asuntos de la ciudad. Adicionalmente, el autor introduce acertadamente el elemen-to de participación en el derecho, no sólo como una obligación de incluir y tomar en cuenta a las comunidades en los procesos de discusión, gestión e implementación de los asuntos de ciudad, sino como corres-ponsabilidad de los ciudadanos, colectivi-dades y organizaciones sociales de tomar parte activa, de presionar e incidir; a partir de la idea que la ciudad no es un bien dado

a la comunidad, sino construido mutua y colectivamente.

Velásquez Carrillo (2004, pp. 13-14) provee una aproximación al derecho a la ciudad que se presenta como la tercera línea general unificadora de una visión de ciudad: el goce de derechos humanos y la participa-ción ciudadana. el autor indica que el dere-cho a la ciudad es un derecho de naturaleza compleja que involucra dimensiones de tipo político, social, económico y cultural. También afirma éste tipo de derecho parte de una noción de ciudad como realidad socio-cultural que se produce a partir de la interacción social; del intercambio cultu-ral; la resignificación del espacio público; las relaciones de género, generacionales e interétnicas; por la exigibilidad social y política de los derechos humanos; por el ejercicio de la ciudadanía, y, finalmente, por la posibilidad de los seres humanos de construir sus proyectos de vida libremente.

en correspondencia con las facetas propuestas por Fernandes, el derecho a la ciudad, concluye, alude a la posibilidad de construir espacios de encuentro, delibera-ción e incidencia en los destinos colectivos (participación). La posibilidad de construir y hacer ciudad, de vivirla, disfrutarla e inci-dir en el destino de una ciudad digna que permita la distribución de recursos mate-riales y simbólicos (goce de la vida urbana).

Finalmente, Velásquez Carrillo (2004, p. 14-16) identifica cinco implicaciones del derecho a la ciudad que deben ser tenidas en cuenta a la hora de garantizarlo o exigir-lo: (a) recuperar la capacidad deliberativa, de presión e incidencia que tienen los ciu-


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dadanos, especialmente los excluidos y los discriminados; (b) abordar una discusión sobre la ética que impera en las ciudades y el modelo de desarrollo; (c) evaluar la po-sibilidad que tienen los ciudadanos de dise-ñar y vivir su proyecto de vida en el marco del multiculturalismo, la democracia, el género y la diversidad social; (d) fomentar una actitud abierta a la construcción de lo público, y (e) articular esfuerzos e intere-ses, la solución pacífica de los conflictos y la erradicación del autoritarismo.

La Carta mundial por el derecho a la ciudad (Foro Social Mundial, 2005) se presenta, finalmente, como la última línea general mediante la cual es posible abordar el contenido del derecho a la ciudad. es un esfuerzo importante por llevar el debate sobre el derecho a la ciudad al nivel interna-cional, como un derecho humano exigible y justiciable por sus titulares y responsabi-lidad de los gobernantes.

Si bien la Carta aún no es un tratado internacional con fuerza vinculante para los estados, su objetivo y proceso de cons-trucción social es claro, así como sus posi-bilidades de adquirir estatus de obligatorie-dad. Desde el primer Foro Social Mundial (2001) se ha discutido y asumido el reto de construir un modelo de sociedad y de vida urbana sostenible, basado en los principios de: solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social; fundados en el respeto por las distintas culturas urbanas y el balance entre lo rural y lo urbano. Por ello, como se establece desde su preámbulo, la Carta mundial por el derecho a la ciudad (Foro Social Mundial, 2005)

está llamada a constituirse en una plataforma ca-paz de unir los esfuerzos de todos los actores: pú-blicos, sociales y privados, interesados en lograr la completa validez y efectividad de este nuevo derecho humano, a través de su promoción, re-conocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica.

el nuevo entendimiento del derecho a la ciudad implica ampliar el enfoque tradi-cional orientado a mejorar la calidad de vida de las personas desde la vivienda y el vecin-dario, para hacerlo trascender a una escala más amplia, la de la ciudad y sus alrededores rurales. Lo anterior implica concebir este tipo de derecho como una nueva forma de promoción, respeto, defensa y goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y del ambiente garanti-zados en los instrumentos internacionales de carácter regional e internacional.

Partiendo de la premisa que es apenas cuestión de tiempo para que la Carta ad-quiera su naturaleza de instrumento in-ternacional y su correlativa fuerza vincu-lante, es necesario indicar que es el único instrumento que aborda directamente el derecho a la ciudad como derecho humano independiente e interdependiente de los demás derechos reconocidos en el sistema internacional.

Actualmente la Carta ha propuesto, según lo señalan Colin (2006) y Abumere (2006), un núcleo de tres elementos bási-cos para el derecho, que se coordinan con la síntesis teórica planteada: en primer lugar, se retoma el concepto original de promo-ción del acceso en igualdad de condiciones


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de los ciudadanos a los potenciales benefi-cios de la ciudad; en segundo lugar, la parti-cipación democrática de los habitantes en el proceso de toma de decisiones y manejo de los asuntos de la ciudad; y en tercer lugar, la realización de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

en su artículo primero, la Carta esta-blece que el derecho a la ciudad se define como el derecho colectivo de los habitantes de la ciudad, en particular de los grupos vulnerables o marginados, que los legitima para lograr el completo ejercicio de la libre determinación y un adecuado nivel de vi-da. es un derecho interdependiente de los demás derechos humanos integralmente reconocidos internacionalmente, e impli-ca el usufructo equitativo de las ciudades bajo criterios de sostenibilidad, democra-cia, equidad y justicia social (Foro Social Mundial, 2005).

La definición del derecho presentada recoge los planteamientos teóricos expues-tos en este apartado: se refiere a una forma de ciudad que se posibilita a sus habitan-tes, esta forma no es otra que la del goce efectivo de los derechos humanos en la ciudad; pero dicha situación sólo puede ser construida colectivamente a través de la participación democrática en los procesos de discusión, decisión, gestión e implemen-tación de los procesos urbanos.

Adicionalmente, para interpretar efi-cazmente este derecho, es necesario remi-tirse a los principios que se establecen en el artículo segundo. el primero de ellos es el pleno ejercicio de la ciudadanía y la admi-nistración democrática de la ciudad:

Las ciudades deberán constituir un ambiente de plena realización de todos los derechos huma-nos y las libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas en condiciones de igualdad, equidad y justicia. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo igualmente el deber de la solidaridad […].Todas las personas tienen el derecho de partici-par directamente o a través de sus representantes en la elaboración, definición, implementación, distribución y administración de las políticas pú-blicas y los presupuestos municipales en orden a fortalecer la trasparencia, efectividad y autonomía de las administraciones locales y las organiza-ciones populares (Foro Social Mundial, 2005, Artículo 2°).

esto implica, necesariamente, un sis-tema de corresponsabilidades entre el in-dividuo, las organizaciones sociales y las autoridades públicas. Por un lado, tanto las organizaciones estatal, regional y mu-nicipal, como el ejercicio de la autoridad pública deben permitir el pleno ejercicio de la ciudadanía, para ello deben garantizar las libertades individuales y los derechos civiles y políticos absteniéndose de coartarlos; por otro lado, se deben ejecutar las acciones afirmativas para fomentar la organización social y colectiva y garantizar su participa-ción en los asuntos de la ciudad.

Bajo este postulado, los individuos, la familia, las organizaciones sociales y la co-munidad en general deben participar acti-


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vamente de estos espacios, buscarlos, abrir-los, conservarlos y actuar responsablemente en ellos. Necesariamente el desarrollo de este primer principio implica una acción de doble vía, en donde ambos actores sociales son necesarios e imprescindibles.

Como función principal la ciudad y la propiedad urbana deben desarrollar una de tipo social, ello implica “garantizar a todos sus habitantes el completo usufructo de los recursos ofrecidos por la ciudad […] los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad deberán ser usados priorizando los intereses sociales, culturales y ambientales” (Foro Social Mundial, 2005, Artículo 2°). La función social de la ciudad constituye el segundo principio del derecho a la ciudad establecido por la Carta.

el tercer principio es quizás el más sim-ple y sencillo, no obstante es central para la garantía y efectividad del derecho a la ciudad: la igualdad y la correlativa prohi-bición de la discriminación en el acceso a la ciudad es clave, por ello los contenidos del derecho se garantizarán a todos las per-sonas que habiten la ciudad, transitoria o permanentemente, sin discriminación de ninguna clase.

Desde la definición del derecho a la ciu-dad en el artículo primero de la Carta (Foro Social Mundial, 2005), las prerrogativas se establecen para los ciudadanos en general y sin ninguna discriminación; no obstante, se indica la especial relevancia que juegan en su goce y efectividad las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Precisamen-te, la especial protección a estos grupos y personas constituye el cuarto principio que

implica que éstos tengan derecho a medidas especiales para su protección e integración a la realidad urbana y para el acceso a la distribución de los recursos económicos, a los servicios esenciales y a la protección de todas las formas de discriminación.

La Carta, además, considera en situa-ción de vulnerabilidad o como sujetos de especial protección a los siguientes grupos y personas: aquellos que viven en situa-ción de pobreza y de riesgo ambiental, las víctimas de la violencia, las personas con discapacidad, las personas en situación de desplazamiento forzado, los refugiados y, en general, todos los grupos que, de acuer-do a las condiciones particulares de cada ciudad, vivan en condiciones de desventaja respecto de los demás habitantes. Inclusive, para efectos de priorizar los recursos y las acciones, se establece que al interior de cada grupo se atenderán, en orden: los ancianos, las mujeres cabeza de familia y los niños.

en relación con los principios y dado que el derecho a la ciudad se estructura desde un sistema de responsabilidades y corresponsabilidades que incluye a las au-toridades públicas, las organizaciones socia-les, el sector privado y a los individuos en general, se establece como quinto principio el compromiso social del sector privado y la promoción de las prácticas de economía solidaria y de las políticas progresivas de fijación de impuestos.

Finalmente, la Carta presenta el con-tenido concreto de este derecho a través de una serie de derechos correlativos agru-pados en dos grandes categorías: (a) los derechos relativos al ejercicio de la ciuda-


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danía y a la participación en el gobierno de la ciudad y (b) los derechos sociales y colectivos en la ciudad. Cada uno de ellos, en conjunto, referidos al colectivo de ha-bitantes y al contexto urbano, dan vida al Derecho a la Ciudad.

3.2. ¿Quiénes pueden participar del derecho a la ciudad y cómo?

Sintetizados los contenidos del derecho a la ciudad desde tres facetas –(a) el usu-fructo equitativo de la ciudad por parte de sus habitantes, (b) la participación demo-crática y pluralista en su construcción y (c) el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos–, es necesario ahora preguntarse por los sujetos que par-ticipan de él. esto implicará responder a cuestiones como: quiénes son sus titulares y destinatarios, quiénes pueden exigirlo, quiénes son los responsables de hacer de él una realidad, entre otros; algunos de estos asuntos se abordaron tangencialmente en líneas previas; sin embargo, acontinuación se desarrollan con más profundidad.

en primer lugar, los titulares del dere-cho son, en general, todos los ciudadanos que pueden beneficiarse de todo aquello que las ciudades tienen para ofrecerles; pero como lo señala Tibaijuka (2006, p. 24), es-te es un derecho de especial relevancia para aquella población en condición de vulnera-bilidad y desventaja. es precisamente la es-pecial protección a estos grupos y personas lo que constituye el cuarto principio, que implica que éstos tengan derecho a medidas especiales para su protección e integración

a la realidad urbana y para el acceso a la distribución de los recursos económicos, a los servicios esenciales y a la protección de todas las formas de discriminación.

el concepto de ciudadanos se aparta de los conceptos típicos del derecho civil para establecer la titularidad del derecho a la ciudad; así, los criterios tradicionales para establecer la nacionalidad y la ciudadanía son abandonados, y de forma amplia la car-ta incluye como sujetos del derecho a la ciu-dad a todas las personas que se encuentren en ella en algún momento dado, sin ningún otro tipo de consideración. Como ciuda-danos, y por tanto como destinatarios y titulares del derecho, se consideran a todas las personas que habitan la ciudad, sea per-manente o transitoriamente.

en relación con los obligados o des-tinatarios del derecho, se determinan, en un primer momento, a las autoridades pú-blicas de cada ciudad en concreto como responsables de fomentar y garantizar el cumplimiento del contenido del derecho a la ciudad. No obstante, dada la natura-leza compleja del derecho, la Carta mun-dial por el derecho a la ciudad(Foro Social Mundial, 2005) establece en su artículo 2° un sistema de corresponsabilidades entre dichas autoridades locales con: las autori-dades de rango superior, las organizaciones sociales, la familia, el individuo y el sector privado.

Así, de un lado, tanto las organizacio-nes estatal, regional y municipal, como las manifestaciones de la autoridad pública deben permitir el pleno ejercicio de la ciu-dadanía. Para ello se debe, en primer lugar,


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garantizar las libertades individuales y los derechos civiles y políticos, absteniéndose de coartarlos, y en segundo, ejecutar las acciones afirmativas para fomentar la orga-nización social y colectiva y su participación en los asuntos de la ciudad.

Por otro lado, bajo este postulado, los individuos, la familia, las organizaciones sociales y la comunidad en general deben participar activamente de estos espacios, buscarlos, abrirlos, conservarlos y actuar responsablemente en ellos. el desarrollo de este primer principio implica una acción de doble vía, donde ambos actores sociales son necesarios e imprescindibles.

3.3. ¿Cuál es su naturaleza?

Previo a indicar cuál es la naturaleza del derecho a la ciudad, es necesario plantear, en términos generales, la utilidad de la cla-sificación de los derechos, por medio del criterio de su naturaleza, es decir, identi-ficando si tiene algún sentido diferenciar los derechos humanos en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales (DeSC), y en derechos colec-tivos o del medio ambiente.

esta clasificación proviene de los ins-trumentos internacionales que consagran derechos humanos y se ve reflejada am-pliamente en el catálogo de derechos de la Constitución Política Colombiana de 1991. La primera de ellas es la de los derechos fundamentales, los cuales coinciden en lo esencial con la categoría de los derechos civiles y políticos de los cuales son titulares las personas de forma individual.

el concepto clásico de derecho como protec-ción de las libertades del individuo frente a las intervenciones estatales constituye el status ne-gativues; son, por tanto, aquellos que se pueden exigir directamente sin que medie ley que los reglamente e implica siempre una abstención por parte del estado (Caballero y Anzola 1995, p. 176).

De esta forma, los derechos funda-mentales son una típica manifestación del estado liberal, los cuales, prima facie, se hacen efectivos mediante una abstención del estado, a través de la no limitación o vulneración de los mismos a sus titulares (Abramovich y Courtis, 2004).

La segunda clasificación corresponde a los derechos económicos, sociales y cul-turales (DeSC) que derivan de las luchas sociales de principios del siglo XX, que se encaminan a garantizar unas condiciones de vida mínimas y de los cuales son titulares los individuos en razón de su pertenencia a una colectividad determinada. Los DeSC, de acuerdo con Caballero y Anzola (1995, p. 176), contienen los derechos del indi-viduo a ciertas prestaciones del estado; el desarrollo de estos derechos, plantean los autores, requiere de la erogación de presupuesto por parte del erario público (Abramovich y Courtis, 2004).

en el contexto colombiano, la inclusión de los DeSC como derechos constituciona-les se da como respuesta a las nuevas consi-deraciones del constitucionalismo moder-no, a partir de la constitución de 1991. Se instaura el principio de un estado Social de Derecho que propende por la efectividad


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de los derechos humanos, donde éstos no son sólo limitantes del poder público, ga-rantía negativa de los intereses individuales, sino que también se convierten en un con-junto de principios y valores de la acción positiva de los poderes del estado (Pérez Luño, 1998).

La última clasificación, la de los de-rechos colectivos y del ambiente, de los cuales es titular la colectividad como un todo, se refiere a los mínimos necesarios para garantizar las condiciones de la vida en comunidad. estos derechos hacen refe-rencia a valores, intereses y necesidades que no son atribuibles a los individuos, sino a todos, a muchos, esos intereses son los que, en palabras de López Calera (2000, p. 92), dan fundamento a los derechos colectivos.

Planteado el panorama de la distinción, cabe preguntarse, retomando las ideas de Víctor Abramovich y Christian Courtis, si mantenerla tiene algún sentido. La idea central de la distinción entre las dos prime-ras categorías, a saber los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, está en función del contenido de las obligaciones que cada uno de estos tipos de derechos implican. Tradicionalmente se ha indicado que los primeros implican obligaciones de no ha-cer, mientras que los segundos tienen un contenido de hacer.

No obstante, esta distinción, como lo explican (Abramovich y Courtis 2004, p. 23), está basadas sobre visiones sesgadas del rol del estado y corresponde a la visión decimonónica del estado mínimo, garan-te exclusivo de la justicia, la seguridad y la

defensa. Adicionalmente, esta adopción jurídica del pensamiento económico clásico liberal es defectuosa, porque aún estos eco-nomistas reconocían el paralelismo necesa-rio entre las abstenciones del estado y las prestaciones positivas correlativas. Incluso las abstenciones estatales necesitan de las condiciones institucionales positivas.

Los más típicos derechos civiles y polí-ticos, como la libertad y el debido proceso, requieren de acciones afirmativas y condi-ciones institucionales, como órganos de policía, jueces, cárceles, etc., que implican la erogación de recursos y no la mera abs-tención del estado. Señalan, además, que dada la coincidencia histórica entre estas funciones y el estado liberal moderno, se tiende a entender como natural la acción estatal y a poner un mayor énfasis en los límites de su actuación.

Por otro lado, los derechos económi-cos, sociales y culturales no sólo se agotan en obligaciones que consistan únicamente en disponer de reservas presupuestarias a efectos de ofrecer una prestación. Éstos se manifiestan también como el posible man-dato de establecer algún tipo de regulación sin la cual el ejercicio del derecho no tiene sentido o está fijo el marco sobre el cual se mueven el mismo estado y los particulares. Además, estos derechos también pueden implicar obligaciones negativas (Abramo-vich y Courtis, 2004, pp. 32-33).

en relación con la cuestión sobre la utilidad de la distinción entre ambas cate-gorías de derechos, Abramovich y Courtis señalan algunos argumentos en su favor como: (a) su valor heurístico, ordenatorio


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y clasificatorio (2004, p. 27); (b) identifican alguna utilidad en la distinción en la medi-da que refleja la operación de paradigmas o matices político-ideológicos diferentes de regulación jurídica; y (c) ayudan a con-textualizar históricamente la forma como fueron positivados ciertos tipos de derechos (2004, p. 48).

Así, una conceptualización más riguro-sa, basada en el carácter de las obligaciones que cada derecho genera, llevaría a admitir un continuum de derechos, en el que el lu-gar de cada uno de éstos esté determinado por el peso simbólico del componente de obligaciones negativas o positivas que lo caractericen. Como desarrollo de esta idea, los derechos podrán clasificarse según su composición, de acuerdo con las obligacio-nes, así: (a) derechos de respeto (obligación del estado de no interferir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el núcleo del derecho), (b) derechos de protección (obligación del es-tado de impedir que terceros obstaculicen el acceso a los bienes núcleo del derecho) y (c) derechos de satisfacción (obligación del estado de garantizar y promover el acceso a los bienes núcleo del derecho) (Abramovich y Courtis, 2004, pp. 27-31). No obstante, por su misma complejidad dicha clasificación es apenas ilustrativa, no excluyente.

Desde esta perspectiva, las diferencias entre derechos civiles y políticos; dere-chos económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos y del ambiente son de grado, más que diferencias sustanciales en cuanto a las obligaciones (Abramovich y

Courtis, 2004, p. 25). Por tanto, establecer jerarquías entre derechos de las cuales se haga depender su efectividad y justiciabili-dad no está justificado.

Algunos de los teóricos citados en el presente texto han señalado una naturaleza concreta de este derecho; sin embargo, no ha habido una discusión profunda sobre el asunto en concreto. Lefèbvre (1968) lo califica como una forma superior de dere-chos y se niega a suscribirlo en una de las clases existentes a la fecha, por el temor a reducir su alcance. Complementariamen-te, Fernandes (2006b, p. 46) agrega que, además de ser un derecho que se encuen-tra por encima de los derechos humanos, el derecho a la ciudad se halla en situación de correlación e interdependencia con los demás derechos.

Por su aprte Tibaijuka (2006, p. 24) indica que el derecho a la ciudad debe ser entendido como un derecho colectivo de todos los habitantes de la ciudad, especial-mente de aquellos vulnerables y desfavo-recidos. Finalmente, Velásquez Carrillo (2004, pp. 13-14) establece que es un derecho de naturaleza compleja que invo-lucra dimensiones de tipo político, social, económico y cultural.

Los planteamientos de henri Lefèbvre y edesio Fernandes sobre la naturaleza de este derecho no aportan a su discusión y elaboración jurídica, por cuanto no per-miten sobrepasar la plataforma política que le da vida. Sin embargo, las ideas expuestas por Tibaijuka y Velásquez Carrillo permiten dar unos pasos adelante.


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es necesario entender que, dada la complejidad intrínseca del derecho a la ciudad y las facetas en que éste se manifies-ta, presenta las siguientes condiciones: (a) usufructo equitativo de la ciudad, (b) par-ticipación en la construcción de la ciudad y (c) goce efectivo de los derechos humanos. en consecuencia, este derecho adquiere, de acuerdo con los criterios establecidos por López Calera (2000), como un todo la categoría de derecho colectivo.

en primer lugar se considera que el de-recho a la ciudad es un derecho colectivo, en la medida que incorpora un interés colecti-vo, es decir, una necesidad que no es atribui-ble a los individuos, sino a todos, a muchos (López Calera, 2000, p. 92). Dicho interés colectivo se sintetiza en el usufructo equi-tativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer, bajo criterios de sostenibilidad, igualdad, equidad y justicia social. Sin embargo, el interés colectivo no queda así planteado en abstracto; los mandatos de construcción colectiva y participativa, así como el goce efectivo de los derechos humanos dibujan el contorno de lo que la ciudad debe ofrecer y determinana que no queda supeditada al vaivén de las voluntades políticas.

Se considera, además, que el derecho a la ciudad implica un interés colectivo en la medida que no puede ser ejercido por una sola voluntad, sino que su misma naturaleza ordena un proceso de construcción social, de interacción y corresponsabilidades entre los ciudadanos, las organizaciones sociales, el sector privado y, desde luego, la presencia ineludible de las autoridades públicas; no

es algo que un solo individuo pueda recla-mar para sí.

Adicionalmente, implica la existencia de un sujeto colectivo que sea su titular, es decir, los ciudadanos. Éste existe y es el resultado del conjunto de individuos que lo componen, necesita de la cooperación interindividual, pero de su sinergia devie-ne un individuo colectivos independiente, cuyos fines e intereses son algo más que la suma de los de cada individuo. es de-cir, se produce la integración de un sujeto colectivo conformado por múltiples indi-vidualidades, pero que constituye una na-turaleza separada de sus partes, que tiene vida gracias a que se enmarca dentro de una organización y representación democrática (López Calera, 2000, pp. 102-106).

A este punto se ha planteado que el derecho a la ciudad constituye un derecho colectivo en la medida integra un interés colectivo y está referido a un sujeto colecti-vo, el de los ciudadanos. es necesario agre-gar, además, algunas consideraciones sobre la manera como éste grupo, los ciudadanos, ejerce colectivamente el derecho, es decir, la forma como opera el fenómeno jurídico de la representación.

Para efectos que puedan considerarse que un grupo o un sujeto colectivo como los ciudadanos están debidamente repre-sentados y por tanto, que se ha garantiza-do, por lo menos en parte el derecho a la ciudad es necesario poder verificar algunas condiciones específicas para cada caso con-creto.

en primer lugar, debe haber un adecua-do nivel de organización e institucionaliza-


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ción en la forma en que se ejerce el derecho; en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la voluntad colectiva expresada no pue-de asimilarse a la voluntad individual, ésta debe entenderse como un proceso, un re-sultado del diálogo entre individuos libres e iguales –bajo este entendido, así el diálogo venga de individuos, ya no puede asimilarse a una suma de voluntades individuales–, y en tercer lugar, es indispensable tener en cuenta que no basta cualquier tipo de ins-titucionalización y de proceso se expresión de la voluntad colectiva, es necesario que tales sean democráticos (López Calera, 2000, pp. 141-144).

Resulta evidente que los individuos pueden agruparse, dialogar, discutir, te-ner relaciones estables, y sobre esa base estructurar una voluntad colectiva, en ese proceso de consenso y disenso se gesta la voluntad común que no es ni perfecta, ni infalible, ni homogénea. La voluntad colectiva es del todo, del grupo, pero no de todos y cada uno al interior del mismo. La voluntad colectiva es el producto de las voluntades individuales de seres que dialo-gan, así, cuanto más maduro y civilizado, el encuentro de razones y voluntades será más organizado, permitirá una auténtica comunidad de diálogo y la voluntad general será más compartida y menos fragmentada (López Calera, 2000, p. 145).

De esta manera, entendido el derecho a la ciudad como un todo, se presenta como un derecho colectivo; sin embargo, dicha clasificación puede, dando la razón a los temores de henri Lefèbvre, resultar reduc-cionista y, por tanto, es necesario aclara en

este punto que, dada la naturaleza compleja del derecho, en algunas de sus manifesta-ciones puede adquirir matices de derecho individual o de DeSC, ello, dependiendo de la dimensión particular o el derecho co-rrelativo a que haga referencia.

el derecho a la ciudad implica una serie de prestaciones particulares y sociales, que individualmente consideradas pueden ser reclamadas como un derecho en particular, por ejemplo: la vivienda digna, el espacio público, la seguridad de las edificaciones, la movilidad. Sin embargo, la suma de estos intereses, junto con otros tantos, dibuja el contorno del derecho a la ciudad, que sin eliminar las características propias de cada uno de ellos, configura un interés, un derecho nuevo, el cual, como un todo, se considera un derecho colectivo que, sobre la idea de Abramovich y Courtis del con-tinuum de derecho, se entiende como un derecho humano, interdependiente y rela-cionado con los demás derechos del sistema internacional.

Conclusiones

Los procesos de industrialización implican cambios profundos en las estructuras socia-les existentes y, por tanto, en la ciudad, a tal punto que ya no es posible ni deseable vol-ver al statu quo anterior y negar así el pro-ceso de industrialización–urbanización. La ciudad y los procesos de planeación y ges-tión deben responder al reto de reinventar lo urbano como el lugar de las posibilida-des, de los derechos humanos en la ciudad,


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de entender laciudad como escenario de derechos. esta situación plantea nuevos re-tos a los procesos de planeación modernos, los de ampliar los beneficios potenciales de la revolución industrial a toda la pobla-ción y dejar claro las inevitables consecuen-cias políticas y sociales de la falta de pla- neación.

La ciudad no es un elemento dado e inexorable que deba ser aceptado como tal por la comunidad, es necesario entenderla desde las huellas que su historia ha dejado en ella y en nosotros, observarla e inter-venirla en su presente y realidad, pensarla en las proximidades e imaginarla y soñarla siglos adelante. ella es un objeto y lugar social privilegiado, producto de las accio-nes, pero también de la imaginación de los que la habitan, es el lugar del encuentro, de las posibilidades, es donde se viven los derechos humanos de una gran proporción de la población actual y además es una construcción colectiva política; es más que el marco de estos derechos, pues se perfila como un factor vital para su promoción y garantía o, de por el contrario, para su vulneración.

Abordar jurídicamente el derecho a la ciudad no resuelve de forma automática la situación social de la ciudad, pero permi-te entenderla más allá de los planteamientos académicos, de la voluntad política y de la disponibilidad de recursos. estructurar el discurso del derecho a la ciudad implica unificar su contenido, los sujetos involucra-dos, y delinear los contornos para hacerlo efectivo.

el derecho a la ciudad se presenta jurí-dicamente desde tres facetas necesarias: (a) el usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, (b) el mandato de construcción colectiva y par-ticipativa de los asuntos de ciudad y (c) el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos. este es un derecho del cual son titulares los ciudadanos amplia-mente considerados y del cual es respon-sable la autoridad pública de la ciudad en concreto; sin embargo, dada su naturaleza compleja se establece un sistema de corres-ponsabilidades para hacerlo efectivo.

Así, tanto las organizaciones estatal, re-gional y municipal, como las manifestacio-nes de la autoridad pública deben permitir el pleno ejercicio de la ciudadanía, para ello deben garantizar las libertades individuales y los derechos civiles y políticos abstenién-dose de coartarlos. Adicionalmente, estas entidades deben ejecutar las acciones afir-mativas para fomentar la organización so-cial y colectiva y propiciar su participación en los asuntos de la ciudad.

Por otro lado, bajo este postulado los individuos, la familia, las organizaciones sociales y la comunidad en general deben participar activamente de estos espacios, buscarlos, abrirlos, conservarlos y actuar responsablemente en ellos. Necesariamente el desarrollo de este primer principio impli-ca una acción de doble vía donde ambos actores sociales son necesarios e impres-cindibles.

Finalmente, entendido como un todo, el derecho a la ciudad se presenta como un derecho colectivo; sin embargo dicha


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clasificación puede, dando la razón a los temores de henri Lefèbvre, resultar reduc-cionista. en su interior implica una serie de prestaciones particulares y sociales que individualmente consideradas pueden ser reclamadas como un derecho en particu-lar; pero la suma de estos intereses, junto con otros tantos, dibuja el contorno del derecho a la ciudad que, sin eliminar las características propias de cada uno de ellos, configura un interés, un derecho nuevo, el derecho a la ciudad que como un todo se considera un derecho colectivo.

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Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Por Samuel JaramilloTowards a Theory of Urban Land. By Samuel Jaramillo

Jaramillo González, Samuel. Segunda edición revisada y ampliada. Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrrollo Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009

PorAdriana Parias Durán*


* Doctora en Urbanismo. Economista-Urbanista, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos, Profeso-ra-Investigadora. [email protected]

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Para citar este artículoParias Durán, A. (2010). Reseña de: Hacia una Teoría de la Renta del Suelo Urbano. Samuel Jaramillo Gon-zález. Segunda edición revisada y ampliada. Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrrollo Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009. Territorios, 22, pp. 151-161.

AdriAnA PAriAs durán

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El libro de Samuel Jaramillo constituye un valioso aporte teórico y analítico para la comprensión de los mercados del suelo urbano y del espacio construido en las ciu-dades capitalistas. Desde un enfoque mar-xista, el autor presenta una reformulación de la Teoría de la Renta de Marx, con una propuesta original sobre las rentas urbanas en la ciudad contemporánea, lo que hace del libro una referencia obligada en el de-bate académico, técnico y político sobre los fenómenos urbanos. Sin hacer una apolo-gía del mercado, que es lo propio de otras corrientes del pensamiento económico en particular de la teoría neoclásica, el autor aborda la dimensión económica en la con-figuración de las ciudades, las implicaciones sociales, económicas del funcionamiento de los mercados inmobiliarios y señala los desafíos del urbanismo como disciplina y de la planeación urbana, que en sus versio-nes más tradicionales conciben los Planes Urbanos desde una pretendida perspectiva técnica, al margen de los procesos socioeco-nómicos.

A partir de una revisión crítica, en los dos primeros capítulos el autor presenta las nociones básicas y algunos replantea-mientos de la Teoría General de la Renta de la Tierra (TGRT) de Marx. Los méritos que tiene este examen son: de una parte, aclara nociones fundamentales de la teoría de Marx, que a juicio del autor han sido desdeñadas o mal interpretadas, incluso por corrientes marxistas, y que van a estar en la base de la Teoría de la Renta del Suelo Urbano; de otra parte, reformula algunos aspectos de la teoría “madre” (de Marx) y

discute algunos de los puntos más debati-dos en las reinterpretaciones de la teoría marxista.

La TGRT tiene como propósito ge-neral “interpretar la existencia social de la propiedad territorial en el capitalismo”, es decir, definir la categoría que distingue a los propietarios de la tierra como una clase de la sociedad capitalista. El recorrido teórico que presenta Samuel Jaramillo no lo po-demos reseñar aquí, sin embargo, mencio-naremos quesegún el autor en la tradición de la Teoría del Valor Trabajo el hecho de que la tierra tenga un precio constituye una paradoja, ya que ésta no es producto del trabajo social. Sin embargo, Marx plantea que la tierra adquiere un precio como resul-tado de la existencia de la renta, que sí es un valor. La renta es parte del valor producido socialmente, el cual, en lugar de ir a alimen-tar el fondo de plusvalías que se reparten los capitalistas bajo la forma de ganancia, va a parar a manos de los terratenientes, debido a que, gracias a la propiedad privada, con-trolan una condición que es indispensable para la producción: la tierra.

A partir de la noción general, Marx de-sarrolla las distintas modalidades de rentas rurales: retomando la noción de renta de David Ricardo, define la renta diferencial (tipo I y tipo II), derivada de las condiciones productivas diferenciadas de los terrenos; la renta absoluta, que se desprende de la exis-tencia de la propiedad privada de la tierra, y la renta de monopolio, que se soporta en la escasez de tierras. Estas nociones son fuente de interesantes discusiones entre los teóri-cos de la economía, en particular la renta

HAciA unA teoríA de lA rentA del suelo urbAno. Por sAmuel JArAmillo

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absoluta, cuya definición comprometería la validez de la Teoría del Valor Trabajo y alimenta el clásico debate entre escuelas del pensamiento económico (marxistas, neori-cardianos, institucionalistas, entre otros) sobre la solución dada por Marx a la trans-formación de valores a precios.

El planteamiento de Jaramillo es que Marx comete un error al pretender demos-trar que la renta absoluta –que se explica, entre otros, por el hecho de que el terrate-niente está en capacidad de retener la tierra y, por lo tanto, de exigir una renta a cambio de cederla para la producción, lo que reper-cute sobre los precios de mercado de los productos agrícolas– es al mismo tiempo compatible con el funcionamiento general de la teoría del valor.El autor sostiene que la renta absoluta y la renta de monopolio, de escasez, tienen la misma naturaleza y su determinante es una competencia estruc-tural por los bienes agrícolas, que hace in-crementar los precios de mercado de estos productos sistemáticamente por encima de sus precios de producción. El aporte de Samuel Jaramillo al debate de la teoría eco-nómica en este nivel tiene una consecuencia muy importante: reposiciona teóricamente la noción de renta absoluta.

Otro tópico polémico tiene que ver con el enfoque general de Marx. Con alguna frecuencia se sitúa a la teoría marxista en el marco de la teoría de la producción. Por su parte, Jaramillo rescata la importancia de la esfera de la circulación en la teoría mar-xista. La famosa noción del salto peligroso de la mercancía es precisamente el enlace que establece Marx entre el mundo de la

producción y el mundo de la circulación, es decir, la dimensión monetaria del mer-cado, donde se resuelve la valorización de la mercancía. El recorrido del vestido en-tre la fábrica y el cuerpo del comprador es un tiempo azaroso, incierto, en el que el capitalista no sabe si podrá realizar su fin último: la valorización del valor. Si es así para una mercancía ordinaria, adelantán-donos a la propuesta de Samuel Jaramillo, qué decir de la tierra que no se produce y de los productos inmobiliarios urbanos cu-yos mercados, entre otras particularidades, condensan una gran cantidad de valor, son bienes durables e inmóviles con respecto al suelo que los soporta en su proceso de consumo y son mercados con un carácter especulativo. De tal manera que la teoría de la renta del suelo urbano reflexiona tanto en términos de la esfera de la producción, como en la esfera de la circulación.

Si bien el libro de Samuel Jaramillo tie-ne el objetivo de formular una teoría de la renta del suelo urbano, no se limita a los as-pectos más generales, sino que, de manera sistemática, va descendiendo en niveles de abstracción hasta llegar a las manifestacio-nes concretas, lo cual es un gran aporte para orientar estrategias e instrumentos de po-lítica y para “analizar situaciones concretas de manera conectada con los fundamentos teóricos”, como lo advierte el propio autor.La teoría de la renta del suelo urbano mar-xista que propone Jaramillo pretende expli-car cómo opera el mecanismo de la renta urbana en el proceso de distribución del valor que emerge de la pugna entre agentes o clases sociales con disparidades de poder.


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El capítulo tres, “Las articulaciones del suelo urbano”, presenta una reflexión sobre el papel de la propiedad en la tierra urbana y, de manera particular, de las rentas que se estructuran en la ciudad. Para ello, siguiendo la formula metodológica referi-da, examina los procesos de acumulación con los que se relaciona la renta del suelo urbano, su papel en la acumulación general, sus características técnicas, los agentes y las transacciones entre ellos.

Dos de las diferencias más importantes entre la tierra rural y la tierra urbana para la formulación teórica son el hecho de que el producto urbano, el espacio construido, permanece inmóvil del suelo durante el proceso de su consumo y que su vida útil es muy extensa. Esta característica implica articular en el análisis de las rentas, meto-dológicamente, tanto la producción del es-pacio construido –lo que el autor denomina la articulación primaria del suelo urbano–, como los usos alternativos del espacio cons-truido –las articulaciones secundarias del suelo urbano–.

En relación con este segundo aspecto, Jaramillo desarrolla una sugestiva aproxi-mación tendiente a encontrar los determi-nantes de la distribución de las actividades urbanas en la ciudad capitalista y su diná-mica (funcionamiento del mercado del suelo), basada en la dimensión simbólica convencional de la ciudad. Considero que esta reflexión es uno de los aportes más destacados de su obra, en la medida en que en nuestro tiempo, en la era de los mega proyectos urbanos, la dimensión simbólica constituye uno de los mecanismos más po-

derosos de transformación y de actuación sobre los mercados del suelo. Por tanto, este desarrollo proporciona herramientas conceptuales para comprender los pro-cesos con mayores impactos en la ciudad contemporánea.

Los determinantes de la localización de las distintas actividades urbanas en la ciu-dad y su entrelazamiento espacial no son exclusivamente de carácter técnico, fruto de una lógica funcional –como lo formulan algunas aproximaciones del individualis-mo metodológico y del comportamiento paramétrico de los agentes económicos– que conduce a algo difícil de sostener: un equilibrio general, único, óptimo y estable, con las repercusiones que ello implica sobre los aspectos de política, ya que su conclu-sión más general es que el funcionamiento espontáneo del mercado es el mecanismo más eficiente de la distribución de las acti-vidades urbanas en el espacio.

Samuel Jaramillo señala el carácter co-lectivo e interactivo de la asignación de los usos del suelo urbano y, por tanto, de la determinación de los precios. Para ello, parte de la cuestión de cómo se establecen las relaciones, las prácticas colectivas que desde la teoría marxista tendrían como raíz el carácter clasista de la sociedad capitalista. Sin embargo, el autor se propone avanzar con respecto a las propuestas del marxismo estructuralista de los años70, en particu-lar con respecto a la tesis de Alain Lipietz sobre la División Técnica y Social del Es-pacio –DTSE–, la cual considera un plan-teamiento muy general: la especialización técnica estaría determinada por las ventajas


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de aglomeración y la especialización so-cial fundamentada en el carácter clasista de la sociedad. Sin desconocer el marco estructural general, el autor es consciente también de que los agentes concretos del mercado del suelo, y los individuos que interactúan y usan la ciudad en actividades diversas, heterogéneas y simultáneas, tienen un comportamiento espacial y una capaci-dad de incidir en la configuración urbana.

Para avanzar su propuesta, acude a la semiología, la cual, apoyada en la lingüís-tica, desarrolla un aparato conceptual para entender los signos. En el caso que nos ocupa la elaboración conceptual que ofrece el autor permite explicar los determinan-tes de las rentas (y los precios) del suelo. En sus propios términos: “Las prácticas espaciales en la ciudad requieren… [de] un elemento externo a sus protagonistas, una referencia colectiva que no puede ser reducida a una relación interpersonal.” Para desarrollar este aspecto, Samuel Jaramillo remite al lector a las acciones cotidianas y normales que realizan los individuos en la ciudad: vender y comprar zapatos, vender y comprar pan, caminar. Así como en la comunicación los interlocutores se remi-ten a las reglas lingüísticas para entenderse mutuamente, para realizar cada una de las actividades urbanas los individuos siguen reglas, consensos establecidos socialmente, de tal manera que el uso de la ciudad es algo estructurado y regular.

De esta manera, cada lugar concreto en una ciudad, y por tanto cada lote de terreno, tiene potencialidades diversas de sostener procesos de

consumo de espacio construido. Estas diferencias no dependen en principio ni del propietario del terreno, ni del constructor, ni del usuario final de manera individual: están asignadas por un proceso global que escapa al control de cada uno de estos agentes.

Estas reglas, que determinan el código y el texto urbano, pueden ser de carácter objetivo o funcional; por ejemplo, las in-dustrias que producen insumos para otras empresas se localizan cerca de estas últimas para aprovechar mutuamente las ventajas comparativas de su aglomeración. Pero esas reglas también pueden ser convencio-nales, fortuitas y azarosas, se puede uno preguntar ¿por qué las zonas reservadas para la vivienda de los grupos de mayores ingresos en las ciudades de América Lati-na se extienden al norte, al sur, al oriente o al occidente del centro tradicional? En ninguna de ellas los factores funcionales lo explican en lo fundamental, lo explica más bien el carácter convencional de la ciudad.

Pero la ciudad no es estática, en su es-tructura de usos se constatan transforma-ciones, al igual que en el lenguaje, por ser ambas actividades entre sus participantes los cambios deben ser producidos por éstos mismos. Si en la lengua los articuladores pueden intentar introducir novedades o neologismos y fracasar o tener éxito en su propósito, en la ciudad sucede algo similar, los agentes (usuarios del espacio construi-do, productores o promotores) pueden intentar cambiar el uso de una edificación o intentar cambiar el código urbano en una sección de la ciudad, en lo que pueden


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fracasar o tener éxito. Este planteamiento expresa una posición del autor con respecto a la tensión entre la estabilidad de la estruc-tura urbana y la capacidad de los agentes de transformarla: su posición es que los cambios son graduales, lo más frecuente es que “la novedad no sea tan brusca co-mo para no ser entendida”. Sin embargo, los agentes urbanos tienen una asimetría de poder y, generalmente, son los grandes promotores urbanos quienes están en capa-cidad de formular las transformaciones del código urbano. A veces en asociación con los poderes públicos, los macroproyectos urbanos se inscriben en la lógica de buscar influir sobre la dimensión convencional de la ciudad, para generar transformaciones del uso, de las rentas y de los precios del suelo. Esta reflexión da lugar a las nocio-nes de especulación pasiva y especulación inductiva, a las que se hace referencia más adelante.

La reflexión que encuentra los deter-minantes del uso del suelo por fuera del propio mercado resuelve un equívoco y una tautología recurrente, que consiste en sostener que son los precios del suelo los que determinan la localización de las acti-vidades urbanas; sin embargo, es el precio del suelo lo que se quiere explicar cuando se estudia su mercado. Ahora bien, Samuel Ja-ramillo advierte que no hay una causalidad unilateral: los precios del suelo cumplen un papel importante como mecanismo de mo-dulación de las convenciones urbanas, en este sentido, su lógica realimenta el proceso de asignación convencional de usos de los diferentes terrenos de la ciudad.

Como ya se mencionó, la pregunta de partida de la teorización marxista es ¿por qué la tierra, que no es un valor en sí mis-ma, tiene un precio? La categoría que lo explica es la renta: el control que ejercen los propietarios de los terrenos de una con-dición indispensable para la producción y consumo del espacio construido les confie-re el poder de apropiarse de parte del valor producido socialmente, y que en lugar de ir a parar a manos de los capitalistas, va a parar a manos de los terratenientes.

En el capítulo cuatro el autor desarrolla la estructura de rentas del suelo urbano. In-troduce importantes innovaciones con res-pecto a la teoría marxista original: propone dos modalidades de rentas primarias, renta diferencial tipo I y II, ligadas al proceso de producción del espacio construido, así como varias modalidades de rentas secun-darias, ligadas a cada una de las actividades urbanas: industria, comercio y servicios, vivienda para las distintas clases sociales. Cada una de estas actividades, atendiendo al sistema general y colectivo de asignación de usos del suelo, encontrará una localiza-ción que haga posible la realización de su objetivo particular, lo que a su ve genera una modalidad específica de renta urbana.

Más que hacer referencia a cada mo-dalidad de las renta, formulemos algunos interrogantes relacionados con fenómenos que en las distintas ciudades tienen su pro-pia forma e intensidad de manifestación, pero que son comunes a la mayor parte de ellas, y a los que Samuel Jaramillo da respuesta con la teoría de la renta del suelo urbano.


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¿Por qué si los rascacielos son el sím-bolo de la sociedad moderna, no están a lo largo y ancho de las ciudades?, incluso en una ciudad como NY, con presencia de los grandes capitales inmobiliarios, estos símbolos se concentran en Manhattan, pero no hay edificios en Long Island. El autor plantea que la norma urbana puede influir pero que no es la explicación de este fenómeno, tampoco lo es la coexistencia de capitales de distinta talla en la rama de la construcción; lo que lo explica es la renta primaria diferencial tipo II y su articulación con los precios del suelo. La construcción en altura implica costos más elevados que la construcción horizontal. La diferencia entre el precio del espacio construido en cada localización y el precio de producción del espacio construido genera una sobre-ganancia que se convierte en renta. La producción en altura permite multiplicar la cantidad de espacio construido que se puede vender en un lugar específico, lo que hace crecer la sobreganancia, pero implica también costos mayores, lo que hace dis-minuir la sobreganancia. La comparación de estos dos términos define la decisión económica de los promotores: si el precio de venta no es suficientemente elevado para compensar los costos proporcionalmente mayores de construir en altura, se produce en baja densidad. Si por el contrario, este precio es lo suficientemente elevado como para absorber el mayor costo, se utiliza la técnica de construcción en altura. Pero, eventualmente, el uso de la técnica en al-tura hace aumentar la sobreganancia más que proporcionalmente, y el precio del

suelo sufre un impacto adicional al alza. De esta manera, la relación entre costos de producción y precios de venta del espacio construido determinan, simultáneamente, la densidad de construcción utilizada y el precio del suelo.

¿Por qué todos los terrenos urbanos, aun los más marginales, tienen un precio? Reformulando la exposición marxista origi-nal, Samuel Jaramillo lo explica con la no-ción de renta absoluta urbana. Los terrenos para tener el carácter de urbanos requieren estar dotados de infraestructura y servicios públicos urbanos, los cuales no pueden ser producidos por el capital individual, gene-ralmente se proveen por inversiones del Es-tado. De esta manera, el capital promotor se enfrenta con una circunstancia externa a su dinámica, que no controla: necesita te-rrenos urbanos y para obtenerlos tiene que contar con otros agentes. Adicionalmente, el espacio construido requiere de una arti-culación con otros inmuebles y actividades urbanas, lo cual es el resultado de la inte-racción de un gran número de agentes; por ello, la asignación colectiva de los usos del suelo urbano es algo que escapa al control unilateral de un promotor individual. Estos condicionantes y otras circunstancias pue-den hacer surgir una escasez de terrenos urbanos, lo que restringe la producción de espacio construido. La competencia entre los usuarios del espacio construido, frente a la restricción de la oferta hará subir su precio, lo que se puede convertir en una ganancia extraordinaria para el constructor. Sin embargo, esta sobreganancia se deriva de las características de los terrenos que


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permiten la edificación urbana, lo que le confiere a los propietarios de los terrenos el poder de desviarla hacia ellos convertida en renta.

¿Cómo se explicita el rango social en la sociedad capitalista, en la cual no existe una instancia jurídico-política que lo ha-ga?, y de manera más concreta, ¿cómo se hace operativa la diferenciación social en el espacio? La renta de monopolio de segre-gación está a la base de este fenómeno tan marcado en las ciudades de América Latina. Samuel Jaramillo plantea que la jerarquía social entre los individuos que conforman la clase capitalista está dada por la magnitud de sus capitales y la manera de explicitar las diferencias es a través del denominado gasto conspicuo, que no tiene como finali-dad última satisfacer una necesidad, sino que busca un efecto de demostración de su capacidad de gasto y, por lo tanto, de pertenencia a una cierta categoría social. Esta pauta social se extiende al conjunto de la sociedad y refleja la magnitud de los ingresos de los individuos. En términos de la vivienda, el gasto conspicuo no se limita a la materialidad de la vivienda, sino a su lo-calización en el espacio urbano. Los grupos de mayores ingresos se reservan para ellos ciertos sectores de la ciudad y excluyen a las otras categorías sociales, el mecanismo de exclusión se basa en la renta. Los indivi-duos están “dispuestos a pagar una suerte de impuesto privado por ocupar los lugares positivamente connotados, en una cuantía tal que sobrepase las posibilidades de los otros sectores sociales”. En la medida en que la connotación positiva de un lugar

obedece a un proceso colectivo que escapa a la acción de los individuos aislados, los propietarios de los terrenos que gozan de esa connotación social particular controlan el mecanismo de explicitación del rango social, y quien quiera beneficiarse de él no tendrá más opción que pagar la renta de segregación.

Vistas en su conjunto, las distintas ren-tas urbanas se entrelazan para conformar la renta total que se expresa en un lote especí-fico. Nuevamente, contra la causalidad sim-ple de que son los precios del suelo los que determinan el uso que de él se haga, Samuel Jaramillo argumenta una causalidad inde-terminada: si el determinante básico de la asignación de usos del suelo son las pautas colectivas y de acuerdo con estas pautas en un terreno se puede desarrollar más de una actividad, en términos potenciales pueden surgir varias rentas secundarias; en conse-cuencia, el mercado hará que el uso que se desarrolle en un terreno específico sea el que arroje la mayor renta. Por tanto, las rentas secundarias tienen una imbricación competitiva entre ellas. La combinación y el entrelazamiento de las rentas urbanas tienen un amplio abanico de posibilidades, que varía de una ciudad a otra, y en una misma ciudad en distintos momentos del tiempo, lo que define una configuración urbana particular y cambiante.

En el quinto capítulo se aborda el te-ma de la dinámica de los precios del suelo urbano. El autor señala distintos determi-nantes de los movimientos de los precios, y, como en los otros capítulos, va articulando su afirmación con distintos niveles de con-


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creción. Este tema remite a la operación del mercado de tierras y al “salto peligroso de la mercancía”. Los movimientos es-tructurales generales se relacionan con los efectos del funcionamiento de la economía capitalista, con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y con el incremento de la productividad económica. Sobre el mercado del suelo estos factores convergen para determinar una tendencia creciente de sus precios.

Los movimientos coyunturales genera-les expresan los flujos y reflujos de los pre-cios en el mercado del suelo urbano como mecanismo de socialización. Es aquí donde se introduce el carácter descentralizado de las acciones de los agentes del mercado que somete a los inversionistas a una cier-ta incertidumbre sobre la posibilidad de realización del valor, pues sus decisiones se basan en los precios de corto plazo que tienen múltiples impactos y condicionan-tes, muchos de estos fortuitos. Los precios están sometidos a las contingencias propias de este mercado y externas a él, que no son calculables ex ante, en palabras del autor, ante estos condicionantes el tiempo es una limitación, lo que implica que la interac-ción entre oferentes y demandantes sea di-fícil y que se generen ondas de ampliación y contracción con una frecuencia más o menos regular. Esta aproximación, desde luego, cuestiona fuertemente la teoría del equilibrio.

Los movimientos estructurales particu-lares son propios del funcionamiento del mercado del suelo. Son cambios bruscos de los precios en determinados terrenos,

que resultan del comportamiento propio normal de la estructura urbana, no son movimientos relacionados con factores de corto plazo, son “más bien repercusiones focalizadas de los movimientos de largo plazo”. Sus principales determinantes son los cambios de uso del espacio construido: un lote particular pasa de soportar una renta de uso determinado, a otro que ge-nera una renta más elevada, lo que implica la aceleración del crecimiento del precio de ese terreno particular en un momento específico.

Ahora bien, el hecho de que los movi-mientos de los precios del suelo sean son generalmente crecientes, tiene consecuen-cias e impactos importantes sobre el mis-mo mercado de tierras, sus agentes y sus prácticas; sobre la rama de la construcción, sobre la acumulación en general y sobre las relaciones entre las clases. Esta reflexión ha sido un referente importante para el desa-rrollo de instrumentos de gestión del suelo en nuestro país.

La tendencia general al alza de los pre-cios en el mercado de la tierra, como algo estructural, hace que los agentes siempre estén buscando apoderarse de estos incre-mentos. Desde esta perspectiva, la especu-lación no es una práctica circunstancial o eventual, es algo propio de este mercado; no obstante, los distintos agentes tienen lógicas y capacidades de “especular” dife-rentes. La modalidad más impactante en términos urbano y económico es la espe-culación que Samuel Jaramillo denomi-na “especulación inductiva”. Los grandes promotores, sin llegar a ser autónomos


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con respecto a las leyes del sistema colecti-vo de asignación de usos del suelo, tienen un cierto margen de manipulación sobre el texto urbano. Compran terrenos por precios que soportan un determinado uso y la modalidad de renta asociada, y con su capacidad de inversión masiva pueden construirlos con edificaciones destinadas a usos más rentables, que, por tanto, gene-ran sobreprecios de los cuales se apoderan. Con el ilustrativo ejemplo de Unicentro en Bogotá, el autor muestra cómo opera este tipo de especulación.

Si es la tendencia creciente de los pre-cios del suelo la que explica la especulación, esta práctica retroalimenta dicha tendencia y con ello la distribución del producto so-cial. Si bien, según el autor, dada la disper-sión de la propiedad territorial urbana no se puede hablar de estrategias oligopólicas, el alza de los precios estimula la retención de terrenos a la espera de las alzas del precio en el largo plazo, lo que agudiza la escasez de los terrenos y hace aumentar los precios.

En este capítulo el autor despeja tam-bién la confusión derivada de la percepción de que el propietario de los terrenos y el agente capitalista constructor se encuen-tran en una confrontación inconciliable, en la medida en que el primero, a través de la renta, se apropia de parte de la ganan-cia del segundo. Jaramillo sustenta que la renta no es una deducción de la ganancia del capitalista constructor, sino del fondo de ganancias del capital en su conjunto, de tal manera que el capital constructor no obtiene una ganancia inferior a la media, es esta última la que se ve afectada por

la existencia social de la renta. Entre los dos agentes concretos hay un forcejeo por apropiarse los incrementos de los precios del suelo, por tanto no tiene un carácter estructural.

El sexto capítulo introduce al Estado. El autor demuestra, a través de un ejercicio minucioso, acudiendo incluso a las técnicas de la microeconomía, que los impuestos que recaen sobre la renta del suelo no se trasladan al usuario final. Hace un análisis del impacto en la renta del suelo como efecto de la reglamentación, los cambios de uso y densidades constructivas, así co-mo de la inversión del Estado en infraes-tructura urbana. Este análisis sustenta la pertinencia y conveniencia para la sociedad de que la ciudad recupere los incrementos del precio del suelo, o al menos una parte de ellos, cuando provienen de decisiones y acciones estatales, sin que el propietario del suelo haya intervenido en ello. Este es un aspecto de gran relevancia para la for-mulación de políticas e instrumentos de gestión del suelo urbano y de regulación del mercado. Como bien lo desarrolla el autor en su análisis del impuesto predial, la recuperación de plusvalías, el suelo creado y la contribución de valorización son ins-trumentos que de manera progresiva se han indo incorporando a la legislación en los países de América Latina, en particular en Brasil y Colombia, y que pueden producir correctivos importantes en los mercados inmobiliarios y combatir las inequidades urbanas en las ciudades de la región.

En síntesis, el libro de Samuel Jaramillo se puede considerar como un estudio de la


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propiedad territorial en las ciudades, que tiene como eje básico la teoría de la renta del suelo urbano. El autor emprende un recorrido que parte de los conceptos más básicos, para irse acercando poco a poco a nociones más complejas y situaciones más concretas. Sin embargo, Jaramillo afirma, recordando a Marx que “lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones”, lo que lo sitúa en una perspectiva desde la cual es necesario, pero no suficiente, el recorrido hacia lo tangible “a través de es-ta vía de la complejización estructural”. La realidad incorpora múltiples determinantes que escapan a la lógica del análisis formal y deductivo, no es que estos sean inaprensi-bles o que no tengan ningún orden, lo que sucede es que tienen su propia lógica. Para el autor es la lógica histórica en la que “to-man importancia otras relaciones: el orden

cronológico, la incertidumbre y el carácter imprevisto del futuro, las decisiones y re-presentaciones de los actores… Pero, sobre todo, emergen otras conexiones entre los conceptos que desbordan la causalidad elemental:… las relaciones dialécticas”. De tal manera que en su recorrido analítico, Jaramillo transita entre los determinantes estructurales y los históricos, para arribar al examen de la evolución histórica de la pro-piedad territorial y la configuración urba-na, en la que aparecen los diversos agentes vinculados a las también diversas formas de producción y circulación del espacio cons-truido, que prevalecen en el transcurrir de la sociedad capitalista y se manifiestan en dos ciudades con contextos y horizontes temporales muy diferentes: París y Bogotá. Este es el contenido del séptimo y último capítulo del libro.

La ciudad latinoamericana en el siglo XXI. Globalización, neoliberalismo, planeación. Por Peter BrandLatin American city in the 21st century. By Peter Brand

Brand, P. (compilador y editor). Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Escuela de Planeación Urbano-Regional, 2009

PorHernando Sáenz Acosta*


* Economista y magíster en Planificación y Admi-nistración del Desarrollo Regional. Correo electró-nico: [email protected].

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Para citar este artículoSáenz Acosta, H. (2010). Reseña de: La ciudad latinoamericana en el siglo XXI. Globalización, neoliberalismo, planeación. De Peter Brand (Compilador y Editor), Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Arquitectura, Escuela de Planeación Urbano-Regional, 2009. Territorios, 22, pp. 163-167.

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En un esfuerzo por generar y mantener es-pacios de reflexión sobre el desarrollo urba-no de la última década en nuestras ciudades latinoamericanas, tuvo lugar en Medellín, durante 2007, el seminario “Globalización Neoliberal y Planeación Urbano-regional: Perspectivas para América Latina”. Fruto de este evento ha sido esta publicación, la cual fue compilada y editada por el profe-sor Brand, y está organizada en 4 grandes bloques: Transformaciones globales; Desa-rrollo económico y ambiental; Espacialidad y vivienda, y Gobierno y planeación urbana.

En la introducción, Peter Brand jus-tifica la utilización del término “ciudad neoliberal” para denotar la reestructuración económica y la reorganización espacial de nuestras ciudades, donde el Estado es re-emplazado por el mercado y la empresa, lo que descarga en los ciudadanos la res-ponsabilidad por su autorregulación. En ella, la planificación territorial pierde su finalidad de alcanzar la equidad territorial, pues prima ante todo la necesidad de hacer a la ciudad más competitiva a nivel global.

En la primera parte del libro, Carlos A. de Mattos y John Jairo Betancur exponen una serie de argumentos para criticar el actual modelo económico (de tipo pos-fordista o de acumulación flexible) y sus impactos en términos de la evolución urba-na en Latinoamérica. Mattos menciona que predomina una ciudad reticular, con pe-riurbanización ilimitada, policéntrica, frag-mentada, pero con una identidad que es funcional para atraer los capitales financie-ros, que en este período alcanzan una gran autonomía para elegir el destino geográfico

de sus inversiones. Ante este panorama, el papel de la planificación urbana parece re-ducirse, según Betancur, a los asuntos de competitividad y gobernanza. Esta impo-tencia puede ser resuelta por medio de una anti-planificación de tipo contestataria, que trascienda el tratamiento institucional del espacio y la ciudad, para poder articular las contradicciones y desarrollar otra teoría y otra práctica.

La segunda parte del libro aborda el tema del desarrollo económico y ambiental: mientras que Jorge Lotero señala la ausen-cia de unas efectivas políticas de desarrollo territorial en Colombia, Luís Carlos Agu-delo aborda el concepto de “sostenibilidad ecológica urbana”, aplicándolo al problema de abastecimiento de agua de las ciudades colombianas. Por su parte, Roberto Fer-nández desarrolla una conceptualización de la gestión ambiental de las ciudades, con una terminología específica que gira sobre lo sistémico.

Ante la heredada problemática de la etapa proteccionista, la industria manufac-turera colombiana se ve en la necesidad de recurrir a la subcontratación y la maquila, basada en la flexibilidad y los bajos costos laborales. Lo anterior, ante las exigencias de una apertura económica que tiende a reforzar la concentración geográfica de las actividades económicas, lo que ha hecho que, en realidad, sea nulo el impacto que ha tenido la política de fortalecimiento de clusters. Ahora bien, se suma a lo anterior la crisis ecológica y social que origina el mo-delo actual, y la realidad de que se requiere un desarrollo sostenible. Para ello, Agudelo

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propone el concepto de “ecorregión”, que, en síntesis, recalca la interdependencia re-gional para el desarrollo metropolitano y la solidaridad regional para lograr la sos-tenibilidad ecológica urbana, que va más allá de lo económico y de las posibilidades que existen desde la técnica para reempla-zar el capital natural, pues a menudo esta posibilidad trae consigo la exclusión de los más pobres, en particular frente a aquellos recursos que, como el agua, son definidos por el autor como un tipo de capital natural crítico urbano.

El tema de la espacialidad y la vivienda compone la tercera parte del libro. En esta sección confluyen los artículos de acadé-micas como Ana Clara Torres de Ribeiro, Análida Rincón, Silvia Arango y Carlos Torres. Se analizan las características de la ciudad neoliberal, el uso de las normas ur-banísticas, las islas de globalización que hay en las ciudades latinoamericanas y el hábitat popular que parece persistir y ser funcional al modelo económico posfordista.

Como ya lo mencionaba Peter Brand en la introducción, asistimos a un escenario donde la ciudad neoliberal hace prevalecer el discurso de la competitividad como estra-tegia para el crecimiento económico, y una supuesta promesa para la redistribución. En términos espaciales, por el contrario, persis-te la tugurización, la elitización y la periur-banización. Para Torres de Ribeiro, con el modelo neofordista las sociedades periféri-cas ven la instauración en su espacio urbano de un vórtice modernizador que agrega más fragmentación y en el que las nuevas formas de movilidad social van aparejadas

con nuevas formas de marginalización y una fragilidad de las políticas públicas para objetivar la integración social. La memoria y la cultura de los lugares pueden ser una alternativa para avanzar en la construcción de una urbanidad cuya principal caracte-rística sea lo democrático y la generosidad.

Precisamente en el sentido de un urba-nismo más democrático, el análisis del uso de la norma urbana por parte de Análida Rincón nos recuerda que existen conflictos urbanos que involucran al Estado con los pobladores de un determinado territorio. Los usos urbanos son arena política en la cual se despliegan estrategias y tácticas, tra-zadas por una pluralidad de racionalidades que conviven tensamente. Es ahí, según ella, que surge el poder normativo que se impone a través de agentes reguladores, quienes, a su vez, administran un cuerpo de normas que, a través de recursos –en algunos casos argumentativos, en otros violentos –, buscan evadir, mutar, tramitar y controlar el conflicto.

Por su parte, Silvia Arango denuncia cómo en la fase actual de acumulación los intereses inmobiliarios pretenden desarro-llar un tipo de planeación sujeta a la espe-culación urbana, lo que mina de una vez su intención pluralista. La implantación de ciudadelas de negocios y de una arquitec-tura que responda a las necesidades de los “yuppies” implica un escenario donde la auto-segregación de los triunfadores o el lugar de los cosmopolitas flotantes genera lo que se denomina como “islas de globa-lización”: un intento por crear un mundo globalizado independiente del contexto

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general de la ciudad. Sin embargo, para Arango las evidencias muestran que tarde o temprano estas zonas se volverán barrios con muchos de los rasgos predominantes de la ciudad donde se ubican.

Por último, Carlos Torres aborda el tema del hábitat popular y, lejos de una apología sin sentido, afirma que esta for-ma de auto-provisión de unas condiciones mínimas de habitabilidad es una pieza clave del modelo de desarrollo latinoamericano, razón por la cual se requiere del diseño de una política pública de mejoramiento ba-rrial cada vez más sólida, que sirva para sal-dar la deuda social que tiene el Estado con la población excluida. La urbanización de nuestras ciudades no trajo la erradicación de la pobreza; por el contrario, en la actual fase de globalización ha traído más segre-gación, concentración y desequilibrio. De la mano de una efectiva descentralización y del fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana, Torres considera posible avanzar en la superación de una visión económica de la planificación, im-perante en la actualidad.

La cuarta y última parte del libro abor-da el tema del gobierno y la planificación urbana. En ella se aprecia, en primer lugar, una crítica a la planificación en tanto ins-trumento para favorecer los intereses del capital transnacional, no sólo en una época de libre mercado como la actual, sino en la etapa anterior de intervencionismo estatal. Esta visión pesimista y bastante fuerte im-plica, para Emilio Pradilla, que la planea-ción sea entendida como política pública, es decir, que se constituya en una práctica

democrática y participativa. Eso significa el fin del urbanista como actor protagónico y la puesta en marcha de una planeación-proceso, entendida como revisión constan-te de la relación entre políticas y realidad.

Por su parte, Darío Restrepo muestra cómo, a pesar de ciertos esfuerzos, segui-mos con un poder económico y político privado y estatal concentrado social y terri-torialmente. Por ello, reclama la necesidad de involucrar la equidad como criterio en la ejecución de los presupuestos territoriales. Ello, sumado a reformas como la unifica-ción de los diferentes tipos de financiamien-to de las regiones, la descentralización de la fiscalidad, el fortalecimiento de la auto-nomía fiscal local y la proliferación a nivel territorial de planes y presupuestos parti-cipativos, puede permitir la generación de oportunidades para la autodeterminación. Así, por ejemplo, para superar ese modelo de capitalismo de enclave se requiere de la conformación de un mercado interno, independiente de potencias externas, que garantice posibilidades de desarrollo y au-tonomía a las regiones.

Por último, y para concluir el libro, se presenta un artículo esperanzador para el cambio que se reclama a lo largo del tex-to, el cual se resume en un urbanismo más democrático para las ciudades latinoame-ricanas. Un referente normativo de gran valía como la Ley 388 de 1997 es presen-tado por Samuel Jaramillo, quién rechaza aquellas proposiciones que hablan del fin de la planeación. Esta ley busca, ante to-do, propender por una redistribución de la riqueza, teniendo como ejes la función

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pública del urbanismo y la función social de la propiedad. La introducción de instru-mentos de gestión del suelo, de diferentes niveles de operación de las decisiones de planeación y la elaboración de los planes de ordenamiento territorial son ejemplos

de esta cobertura jurídica que tiene la Ley, la cual, indudablemente, requiere de una decidida voluntad política que le permita ser la oportunidad de cambio en la práctica de la planeación territorial.

Los autores en este número por orden de aparición

Territorios 20-21 / Bogotá, 2010, pp. 169-173ISSN: 0123-8418ISSNe: 2215-7484

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Érica Tavares Da Silva. Atualmente é Do-utoranda no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pesquisadora Assistente do Observa-tório das Metrópoles/Rio de Janeiro – Brasil. Cientista Social, Mestre em Estudos Populacionais e Pesquisa Social pela Escola Nacional de Ciências Esta-tísticas/IBGE. Desenvolve pesquisa na área de Dinâmica Populacional e Mobi-lidade Espacial.

Recentemente publicou os seguintes trabalhos: Movimentos no Território Fluminense: Migrações e Deslocamentos Pendulares. Apresentação de Trabalho e Publicação em Livro do Seminário “Rio de Janeiro – Um olhar socioespacial”. Rio de Janeiro: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), out./2009. Migração e Pendularidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Uma Análise Socioespacial da Mobilidade. Apresentação de Trabalho e Publicação em Anais do XIII Encontro da Asso-ciação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, ANPUR – SC, maio/2009. Esvaziamento das Metrópoles e Festa do Interior?. Artigo publicado em co-autoria com Ribeiro, L. C. Q. e RO-DRIGUES, J. M. no Boletim Regional, Urbano e Ambiental do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), jul./2009/no2.

Juciano Martins Rodrigues. Atualmente é Doutorando do Programa de Pós-

Graduação em Urbanismo da Univer-sidade Federal do Rio de Janeiro e Pes-quisador Assistente do Observatório das Metrópoles/Rio de Janeiro – Brasil. Economista, Mestre em Estudos Po-pulacionais e Pesquisa Social pela Es-cola Nacional de Ciências Estatísticas/IBGE. Desenvolve pesquisa na área de Dinâmica Populacional e Dispersão Ur-bana nas Áreas Metropolitanas e Segre-gação e Segmentação Urbanas.

Recentemente publicou os seguin-tes trabalhos: Segregação e Mercado de Trabalho nos Grandes Espaços Urbanos Brasileiros. Artigo apresentado no En-contro Nacional da Rede Observatório das Metrópoles – PR, 2008. Em co-autoria com Ribeiro, L. C. Q. e Co-rrêa, F. S. Esvaziamento das Metrópoles e Festa do Interior?. Artigo publicado em co-autoria com Ribeiro, L. C. Q. e SILVA, E. T. no Boletim Regional, Urbano e Ambiental do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), jul./2009/no2. Território e Trabal-ho: segregação e segmentação urbanas e oportunidades ocupacionais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apre-sentação de Trabalho e Publicação em Livro do Seminário “Rio de Janeiro – Um olhar socioespacial”. Em co-autoria com Ribeiro, L.C.Q e CORRÊA, F.S. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), out./2009.

Liliana Silva Aparicio. Magíster en Urba-nismo y Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participa-


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do en la investigación y desarrollo de diversos proyectos urbanos, asociados al ejercicio de la planeación urbana, diseño y manejo del espacio público, movilidad y vivienda. Actualmente hace parte del Equipo Asesor de Urbanismo para el Programa de Macroproyectos de Interés Social Nacional del Gobierno Nacional y es Docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia.

Vanessa Velasco Bernal. Magíster en Proyec-tación Urbanística, Universidad Politéc-nica de Cataluña, España. Especialista en Mercados y Políticas de Suelos en América Latina, Universidad Nacional de Colombia. Arquitecta, Universidad Pontificia Javeriana, Colombia. Actual-mente trabaja como Profesora de la Fa-cultad de Arquitectura, Énfasis Proyecto Urbano, de la Universidad Pontificia Javeriana, Colombia. De igual manera se desempeña como Coordinadora del Plan Maestro de Turismo en el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y como Arquitecta Especializada de la Secretaria Distrital de Planeación, Dirección de Planes Maestros y Complementarios y Dirección de Planes Parciales de Bogo-tá. Su hoja de vida profesional se destaca por su constante trabajo como asesora urbana y consultora en temas urbanís-tico en el sector público.

Fabián Díaz. Especialista en Mercados y Políticas de Suelos en América Latina,

Universidad Nacional de Colombia. Arquitecto, Universidad de La Salle, Colombia. Actualmente es Profesor de la Facultad de Arquitectura, Depar-tamento de Urbanismo, Universidad Piloto de Colombia. También trabaja como Arquitecto Contratista de la Se-cretaría Distrital de Planeación, Direc-ción de Planes Parciales de Bogotá. Su experiencia laboral se ha caracterizado por el asesoramiento, la elaboración y la planeación de proyectos de vivienda de interés social rural y en el área in-mobiliaria.

María Luisa López. Especialista en Admi-nistración y Planificación del Desarrollo Regional con énfasis en Ordenamiento Territorial del CIDER, Universidad de los Andes, Colombia. Arquitecta - Ur-banista de la Facultad de Artes y Publi-cidad, Manizales, Colombia.

Jorge Iván Ballesteros Toro. Candidato a Magíster en Estudios Urbano Regio-nales, Facultad de Arquitectura, Uni-versidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Administrador del Medio Ambiente, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Actualmente se desempeña como Docente de Cátedra en Gestión Ambiental Empresarial, en la Facultad de Economía de la Univer-sidad de Antioquia, Colombia. Ha tra-bajado en varios proyectos universitarios relacionados con la investigación y par-ticipación académica en el Eje Cafetero.


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Claudia Velásquez Higuita. Estudiante de la Maestría en Estudios Urbano Regio-nales, Facultad de Arquitectura, Uni-versidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Especialista en Gestión In-mobiliaria, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Arquitecta, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Ha tra-bajado como Arquitecta Investigadora en algunos proyectos de investigación que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín ha desarrollado en los últimos años.

Marcela Sierra Vásquez. Estudiante de la Maestría en Estudios Urbano Regio-nales, Facultad de Arquitectura, Uni-versidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ingeniera Forestal, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Ha traba-jado principalmente temas de revisión cartográfica en áreas municipales.

Eliana María Torres Toro. Estudiante de la Maestría en Estudios Urbano Regio-nales, Facultad de Arquitectura, Uni-versidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Arquitecta, Facultad de Ar-quitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Su experien-cia laboral le permite abordar el análisis de planes de ordenamiento en etapas de preformulación, formulación, docu-mentación y diagnóstico.

Elizabeth Vélez González. Estudiante de la Maestría en Estudios Urbano Regio-nales, Facultad de Arquitectura, Uni-versidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Socióloga, Universidad de Antioquia, Colombia. Ha trabajado en el desarrollo de investigación y formu-lación de proyectos y asesorías a gobier-nos locales en Medellín.

Carlos José Suárez. Candidato a la Maestría en Antropología de la Universidade Fe-deral Fluminense, Brasil. Antropólogo, Universidad Nacional de Colombia. Trabaja el tema de violencia intrafami-liar, sexual y callejera desde 2005, con proyectos de diagnóstico y prevención a nivel distrital y nacional. Es investigador asociado del Grupo Conflicto Social y Violencia, del Centro de Estudios So-ciales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia.

Lucas Correa Montoya. Magíster en cur-so en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, Co-lombia. Abogado, Universidad de Me-dellín, Colombia. Trabajó como Di-rector de la Clínica Jurídica de Interés Público, Investigador en la línea “De-recho Ambiental y Estudios Clínicos del Derecho” y Profesor de la Facultad de Derecho, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Colombia. Actualmente se desempeña como Coor-dinador del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y


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Profesor de la Facultad de Derecho, en la Universidad de los Andes, Colombia

Adriana Parias Durán. Doctora en Ur-banisme et Aménagement, Institut d´Urbanisme de Paris, Université Paris XII, Francia. Magíster en Economía, Universidad de los Andes, Colombia. Economista de la misma Universidad. Fue Profesora e Investigadora del Cen-tro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS), Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Ex-ternado de Colombia y del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Colombia.

Trabaja los temas de mercados informa-les de suelo y producción de vivienda. Actualmente es Profesora e Investiga-dora del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hernando Sáenz Acosta. Magíster en Pla-nificación y Administración del Desa-rrollo Regional, CIDER, Universidad de los Andes, Colombia. Ha trabajado como Investigador en temas mercados informales de vivienda y Profesor uni-versitario. Actualmente es Docente de la cátedra Economía Urbana en la Uni-versidad de La Salle, Colombia.


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Los evaluadores de este número en orden alfabético

Eva

luad

ores

Los evaLuadores de este número en orden aLfabético

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Angélica Camargo Sierra. Magíster en Ges-tión Urbana, Universidad Piloto de Co-lombia. Especialista en Planeación y Administración del Desarrollo, CIDER, Universidad de Los Andes, Colombia. Arquitecta, Universidad Piloto de Co-lombia. Ha trabajado como Profesora e Investigadora en temas relacionados con Hábitat, Ambiente y Territorio y Hábitat y Desarrollo Urbano en la Uni-versidad Piloto de Colombia. También ha sido Consultora y Asesora en el sec-tor privado. Actualmente se desempeña en esta Universidad como Directora e Investigadora de la Maestría en Gestión Urbana.

Samuel Jaramillo González. Doctor en Urbanisme et Aménagement, Institut d´Urbanisme de Paris, Université Paris XII, Francia. Diploma in Urban Plan-ning, Oxford School of Planning- Ox-ford Polytechnic, Inglaterra. Economis-ta, Universidad de los Andes, Colombia. Por más de treinta años ha venido tra-bajando como Profesor e Investigador en el campo de los estudios urbanos y de planeación, en especial procesos de urbanización, producción de vivienda, renta del suelo urbano. Ha publicado varios libros de amplia circulación. Ac-tualmente trabaja como Profesor Titular e Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de Facultad de Economía de la Univer-sidad de los Andes, Colombia.

Luís Molina López. Candidato a Doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental, Universidad de Barcelona, España. Magíster en Planifi-cación y Administración del Desarrollo Regional, CIDER, Universidad de los Andes, Colombia. Ingeniero Catastral y Geodesta, y Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), Univer-sidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Trabajó como Docente hora cátedra de la Universidad de la Paz de Barrancabermeja, Colombia. Fue Pro-fesor Invitado de la Especialización en Mercado y Políticas del Suelo en Améri-ca Latina en la Universidad Nacional de Colombia y Evaluador Par de Colcien-cias en las áreas de planeamiento urba-no y regional, y en el área de Geografía urbana. Trabajó como Director de la Corporación Planeación del Desarrollo Regional. Actualmente es Jefe de la Ofi-cina Asesora de Planeación Municipal de la Alcaldía de Barrancabermeja.

Adriana Parias Durán. Doctora en Ur-banisme et Aménagement, Institut d´Urbanisme de Paris, Université Paris XII, Francia. Magíster en Economía, Universidad de los Andes, Colombia. Economista de la misma Universidad. Fue Profesora e Investigadora del Cen-tro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS), Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Ex-ternado de Colombia y del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico

Los evaLuadores de este número en orden aLfabético

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(CEDE) de Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Colombia. Trabaja los temas de mercados informa-les de suelo y producción de vivienda. Actualmente es Profesora e Investiga-dora del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Analida Rincón Patiño. Doctora en Pesqui-sa y Planejamento Urbano e Regional, Instituto de Pesquisa y Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), Universi-dade Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Brasil. Magíster en Estudios Urbano-Regionales, Escuela de Planeación Ur-bano-Regional, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Abogada, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Colom-bia. Ha trabajado con comunidades en ejercicios de planeación participativa y ONG. Sus investigaciones abordan los temas de la planificación, las territoriali-dades y la producción normativa. Actual-

mente se desempeña como Directora de la Escuela de Planeación Urbano-Regio-nal, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Andrés Salcedo Fidalgo. Doctor en Antro-pología y Magíster en Ciencias Sociales, University of California Irvine, Estados Unidos. Antropólogo de la Universidad de los Andes, Colombia. Le fue otorgada una beca Fulbright para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos y la Uni-versity of California Irvine, le concedió el premio Regents Writing Dissertation Fellowship. Sus temas de investigaciones son la movilidad forzosa, las migraciones internas, el conflicto, y la recuperación de la memoria. Ha integrado el grupo: “Conflicto social y violencia” de la Uni-versidad Nacional de Colombia donde se ha desempeñado como Coordinador del Grupo e Investigador. Actualmente es Profesor y Coordinador de la Maes-tría en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.


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Curriculum vitae de los miembros de los Comités Editorial y Científico en orden alfabético

Com

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CurriCulum vitae de Los miembros de Los comités editoriaL y científico

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Comité editorial

María Helena Botero. Magíster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Uni-versité de Genève (UNIGE), Suiza. Especialista en Planeación Urbana y Regional, Escuela Superior de Admi-nistración Pública (ESAP), Colombia. Administradora Pública de la misma Escuela. Ha trabajado como Docente e Investigadora en temas de desarrollo territorial por más de veinte años a nivel de pregrado y post grado en Universi-dades en Colombia y América Latina. Actualmente se desempeña como Do-cente e Investigadora de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Uni-versidad del Rosario, Colombia.

Jorge Lotero Contreras. Magíster en Scien-ces Sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Francia. Especialista en Reformas Eco-nómicas y Gestión Pública Estratégica, Instituto Latinoamericano de Planifica-ción Económica y Social (ILPES), San-tiago de Chile. Economista, Universidad de Antioquia, Colombia. Ha trabajado como Profesor e Investigador en Desa-rrollo local y regional, Competitividad regional y local, Organización producti-va e instituciones y Diagnóstico y planes de desarrollo. Actualmente es Profesor e Investigador del Grupo de Estudios Regionales (GER) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia (UDEA), Colombia.

Luis Mauricio Cuervo. Doctor en Urba-nisme, Institut d´Urbanisme de Paris. Université Paris XII, Francia. Máster en Planificación Urbana de la misma Uni-versidad. Economista, Universidad de los Andes, Colombia. Ha trabajado co-mo Profesor e Investigador en temas del desarrollo económico regional y urbano desde 1982, vinculado principalmente a la Facultad de Economía y al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre De-sarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, Colombia, del cual ha sido director. Actualmente se encuentra vin-culado al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), en el Área de Desarrollo Local y Regional de la Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile.

Françoise Dureau. Doctora en Démogra-phie, Institut de Démographie de Pa-ris, Francia. Magister en Cartographie, Université Paris VII, Francia. Geógrafa y Demógrafa. Trabajó como Cartógrafa en el Institut National d’Etudes Démo-graphiques (INED), Paris, Francia, y en la Direction du Développement Régio-nal, Ministère du Plan et de l’Industrie, Abidjan, Costa de Marfil. Ha dedicado su carrera a la investigación, trabajando principalmente como Investigadora del Institut de Recherche pour le Dévelop-pement (IRD), Francia, en Ecuador y Colombia. Sus temas de investiga-ción son las migraciones, las formas de


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movilidad espacial, las trayectorias y estrategias residenciales, y las reconfi-guraciones territoriales. Actualmente es Directora de Investigación en el IRD, miembro de la UMR 201, IRD, - Uni-versité Paris 1, Francia y Vicepresidenta de la Commission Scientifique Secto-rielle Sciences Humaines et Sociales (CSS4) del IRD.

María Clara Echeverría. Magíster en Esté-tica - Cultura de la Metrópoli, Universi-dad Nacional de Colombia. Especialista en Diseño y Planeación de Vivienda, IHS-BIE, Países Bajos. Arquitecta, Uni-versidad Nacional de Colombia. Ha tra-bajado como Profesora, Investigadora y Decana de la Facultad de Arquitectura y del Centro de Estudios del Hábitat Po-pular – CEHAP (hoy Escuela del Hábi-tat – CEHAP), Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Actualmente es Profesora asociada de la Maestría en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Samuel Jaramillo González. Doctor en Urbanisme et Aménagement, Institut d´Urbanisme de Paris. Université Paris XII, Francia. Diploma in Urban Plan-ning, Oxford School of Planning, Ox-ford Polytechnic, Inglaterra. Economis-ta, Universidad de los Andes, Colombia. Por más de treinta años ha venido tra-bajando como Profesor e Investigador en el campo de los estudios urbanos y de planeación, en especial procesos de urbanización, producción de vivienda,

renta del suelo urbano. Ha publicado varios libros de amplia circulación. Ac-tualmente trabaja como Profesor Titular e Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de Facultad de Economía de la Univer-sidad de los Andes, Colombia.

María Mercedes Maldonado Copello. Es-tudios de Doctorado en Urbanisme, Université de Paris, Francia. Abogada, Universidad Externado de Colombia. Ha sido investigadora del CINEP (Pro-yecto Políticas de servicios públicos en Colombia), Consultora del PNUD, Mi-nisterio de Desarrollo Económica, Pro-yecto de apoyo a la política de gestión urbana y de vivienda y de Evaluación de la descentralización. Investigadora y Profesora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, Co-lombia. Sus temas de investigación son relacionados con el derecho urbano, los procesos de producción normati-va en Colombia, políticas de suelo en procesos de ordenamiento territorial y recuperación de plusvalías. Actualmente se desempeña como Profesora e Investi-gadora del Instituto de Estudios Urba-nos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Orlando Sáenz Zapata. Doctor en Urbanis-mo de la Universidad Nacional Autóno-ma de México. Magíster en Desarrollo Urbano de El Colegio de México. So-ciólogo. Trabaja actualmente en la Uni-


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versidad de Ciencias Aplicadas y Am-bientales (UDCA), Bogotá, Colombia.

Camilo Villa van Cothem. MA in Develo-pment Studies, Institute of Social Stu-dies, Países Bajos. Especialista en Pla-neación y Administración del Desarrollo Regional, Universidad de los Andes, Colombia. Antropólogo, Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado cerca de veinte años en entidades de investigación y formación, y con or-ganizaciones de apoyo a procesos de desarrollo. Se ha desempeñado también como Profesor e Investigador en Uni-versidades colombianas y holandesas, desde 1994 hasta 2010. Actualmente trabaja como Consultor y Formador independiente.

Comité científico

Pedro Abramo. Doctor en Economie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socia-les (EHESS), Paris, Francia. Magíster en Planejamento Urbano e Regional, Universidad Federal do Rio de Janei-ro (UFRJ), Brasil. Economista, Uni-versidade Federal Fluminense (UFF), Niteroi, Brasil. En su reconocida tra-yectoria investigativa ha abordado los temas de economía inmobiliaria, uso de suelo urbano y vivienda y mercados informales. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Postgrado e Investigación en Planificación Urbana y Regional (ANPUR), Brasil. Actualmen-

te es Profesor e Investigador del Institu-to de Pesquisa y Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Henri Coing. Doctor d’Etat en Sciences So-ciales y Doctor de 3° cycle en sociologie urbaine. Profesor jubilado del Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est, Francia. Ha trabajado en empresas consultoras de Urbanismo, ha sido Di-rector del Département d’Urbanisme, Transport et Environnement de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, Francia. Ha sido Profesor invitado del IESA, Caracas, Venezuela. En su larga y reconocida trayectoria investigativa ha abordado los temas de los cambios sociales y la renovación urbana, los mer-cados de empleo y procesos de urba-nización, y la gestión de los servicios públicos domiciliarios, tanto en Francia como en Latinoamérica.

Sergio González López. Doctor en Urba-nismo de la Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM), México. Maestro en Arquitectura de la misma Universidad. Es Coordinador General de la Red Iberoamericana de Investi-gadores sobre Globalización y Terri-torio (RII); Consejero Académico de la Red Iberoamericana de Postgrados sobre Política y Estudios Territoriales (RIPPET) y Coordinador Académico del Área de Estudios Territoriales de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal


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(REDALYC). Es Investigador Nacional Nivel I, trabajando en las líneas de inves-tigación “Reestructuración productiva y desarrollo local”, “Estado del cono-cimiento de los estudios territoriales” y “Perfil formativo de los estudios territo-riales”. Actualmente se desempeña co-mo Profesor y Coordinador del Centro de Estudios de la Universidad (CEU), en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Vincent Goueset. Tiene una Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Uni-versité Rennes 2, Francia. Es Doctor en Géographie, Université Bordeaux 3 et Institut Français d’Etudes Andines (IFEA), Francia. Es geografo de la mis-ma Universidad. Trabajó como Investi-gador en el IFEA en Bogotá, Colombia. Sus temas de investigación son las diná-micas urbanas y regionales en Latinoa-mérica, la acción pública, los procesos de descentralización, la gestión de los

servicios públicos. Actualmente es Pro-fesor e Investigador del Departamento de Geografía y el Laboratorio ESO (Es-paces et Sociétés) de la Universidad de Rennes, Francia.

Emilio Pradilla Cobos. Doctor en Urba-nismo de la Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM). Experto en urbanismo y desarrollo económico y social, especialista en organización del territorio. Actualmente es Profesor-In-vestigador del Departamento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. Investigador Nacional del Sistema Na-cional de Investigadores, Consejo Na-cional de Ciencia y Tecnología, México. Miembro de la Red Nacional de Investi-gación Urbana y la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio.

territoriosRevista de Estudios Urbanos y Regionales

¿Cuál es el perfil de la revista?

La revista Territorios es una publicación académica semestral, cuyo principal objetivo es difundir el conocimiento especializado sobre temas regionales y urbanos, y de esta manera poder enfrentar y abordar los problemas del desarrollo territorial, a través de la difusión del análisis crítico y de las propuestas alternativas, que en últimas, busca redefinir la región y el territorio, bajo los cambios estructurales económicos y políticos que viven el país y Latinoamérica.La revista es una publicación realizada conjuntamente por la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales, ACIUR, y el Centro de Estudios políticos e interna-cionales de las facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad del Rosario a través de su programa de Gestión y Desarrollo Urbanos Ekística.Territorios actualmente hace parte del índice Latindex, del International Bibliography of the Social Sciences IBSS-LSE en el London School of Economics and Political Science y de la Hemeroteca Virtual RedAlyC.

¿Qué busca la revista Territorios?

a. Busca una participación amplia de instituciones y académicos relacionados con estudios urbano-regionales, de tal manera que se vinculen en calidad de miembros del comité editorial, colaboradores o coeditores.

b. La temática de la revista está centrada en lo regional y en lo local, en el marco de la acción para el desarrollo territorial.

c. El tratamiento y el enfoque de los artículos son interdisciplinarios.

Territorios 22 / Bogotá, 2010ISSN: 0123-8418ISSNe: 2215-7484

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¿Qué propone la revista Territorios?

a. Difundir los esfuerzos por redefinir la región y el territorio, bajo los cambios estruc-turales económicos y políticos que vive el país y Latinoamérica.

b. Plantear y difundir el análisis crítico y las propuestas alternativas para abordar y enfren-tar los problemas del desarrollo territorial.

c. Recoger metodologías que reflejen una visión integral de la planeación y de los pro-cesos de desarrollo.

d. Presentar experiencias de desarrollo, tanto desde una perspectiva histórica como actual, que permitan interpretar y evaluar las dinámicas presentes en diversos contextos.

e. Traer al medio nacional discusiones relevantes en el medio internacional.f. Los artículos trabajan, en lo posible, una perspectiva latinoamericana de la temática.

¿Qué secciones conforman la revista Territorios?

Sección temática

Esta sección cobija cualquiera de las varias formas de exposición y conocimiento –artículo académico, ensayo o experiencias– sobre el tema especial definido para cada número de la revista.

Sección general: Investigaciones y ensayos

Sección abierta a estas dos formas de exposición y conocimiento. Se acogen por un lado trabajos académicos en los cuales se genere discusión teórica, metodológica y el trata-miento riguroso de la información empírica; y por el otro contribuciones más abiertas, donde las referencias teóricas son indispensables, pero el componente de reflexión abierta y libre es más importante que en el caso de las investigaciones.

Experiencias

Sección abierta a artículos provenientes de ONG grupos de base, funcionarios públicos y consultores interesados en presentar casos particulares de desarrollo regional y local, donde la riqueza, complejidad y particularidad están por encima de la generalidad y ca-

Ciudades y soCiedades en mutaCión. LeCturas Cruzadas soBre CoLomBia

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pacidad de abstracción. No es indispensable que el sustento teórico de estos trabajos sea muy grande. Sin embargo, es deseable (no indispensable) un esfuerzo de generalización, de referencia a discusiones de teoría y política regional y urbana, así como amplitud en la presentación de los puntos de vista de los diversos actores presentes en el caso. Si no es posible conseguir esto último, debe hacerse explícita la parcialidad de la visión.

Trabajos de jóvenes investigadores

Para la revista es importante abrir espacio a la presentación de trabajos de jóvenes inves-tigadores; pueden ser trabajos de tesis de pre o postgrados o primeras investigaciones.

Reseñas

Reseñas-artículos sobre libros de desarrollo urbano-regional, o presentación de biblio-grafía relacionada con la temática de la revista.

¿A quién va dirigida la revista Territorios?

Territorios tiene como destinatarios a los académicos, técnicos de planeación, gobernantes y funcionarios territoriales, empresarios, organizaciones no gubernamentales, consultores y estudiantes de pre y post grado.

¿Cuáles son los requisitos formales para presentar artículos a la revista Territorios?

El archivo debe estar en formato Word, letra Times New Roman, tamaño de letra 12, a espacio 1.5 (espacio y medio). En caso de que el artículo incluya gráficas, figuras o mapas, éstos deberán anexarse en original para garantizar la calidad de su reproducción. Cada mapa o gráfica utilizada debe tener un breve título y citar la fuente de donde se obtuvo; si la fuente es de Internet, anotar la dirección electrónica completa.

En archivo aparte, el autor debe anexar su currículum vitae actualizado, incluyendo las últimas publicaciones que haya realizado en los tres últimos años.

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a. El número máximo de caracteres variará según la sección a la cual corresponda el ar-tículo, así:

– Tema especial: 40.000 caracteres– Investigaciones y ensayos: 60.000 caracteres– Experiencias: 30.000 caracteres – Trabajos de jóvenes investigadores: 30.000 caracteres– Reseñas: 10.000 caracteres

b. Referencia del autor:

– Datos personales (nombres, apellidos, dirección electrónica y para correspondencia, formación aca démica)

– Institución a la cual pertenece como investigador y cargo– Área de estudio

c. Resumen de contenido:

– Debe elaborarlo el autor, en español e inglés.– Su extensión no debe superar las 200 palabras.

d. Palabras claves: de cinco a siete por artículo.

e. Las notas a pie de página serán de carácter aclaratorio.

f. Referencias bibliográficas:

– La referencia del autor se indicará en el cuerpo de texto así:– Apellido del autor, año de la publicación, y número de la página de la cual se toma

la cita textual.– La bibliografía se indicará al final del artículo así:

Libros: Krugman, P. (1991). Geography and trade. Massachusetts: The MIT Press.Artículos de revistas: Malerba, F. y Orsenigo, L. (1997). Technological regimes and sectoral patterns of innovative activities. Industrial and Corporate Change, 6 (1), 83-117.Capítulo de libro: Boisier, S. (2001). “Desarrollo local ¿De qué estamos hablando?”. En Vásquez Bar-quero y Madoery (Comp.), Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local (pp. 48-75). Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Ciudades y soCiedades en mutaCión. LeCturas Cruzadas soBre CoLomBia

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– Cuando se citen varios textos de un autor que hayan sido publicados en un mismo año, se diferenciarán acompañando el año con letras, en orden alfabético, tanto en la indicación en el cuerpo de texto como en la bibliografía.

– Para citar un lugar en la Red se recomienda escribir el nombre de la página en el texto del documento (ej.: http://cider.uniandes.edu.co). No es necesario incluirlo en la bibliografía general.

¿En qué consiste el proceso de evaluación y selección de artículos?

a. La coordinación editorial de la revista Territorios hará una convocatoria amplia para la presentación de artículos, a partir de la cual quienes deseen participar contarán con un plazo determinado para entregar su propuesta.

b. Una vez recibido un artículo, la coordinación editorial de Territorios notificará al au-tor de su recepción; registrará el artículo con un número y dará a conocer el título del trabajo sin el nombre del autor, procediendo a entregarlo a los miembros del comité editorial o evaluadores externos para su evaluación.

c. Los integrantes del comité editorial y evaluadores externos revisarán cada uno de los artículos y entregarán por escrito el resultado de su evaluación.

d. Posteriormente, el comité definirá: la aceptación definitiva, el rechazo, o la devolución para ajustes o modificaciones.

e. Según el caso, la coordinación editorial procederá a:

– Comunicar al autor la aceptación del artículo e iniciar el procesamiento del texto para su publicación.

– En caso de rechazo se notificarán al autor los motivos expuestos por el comité edi-torial que impiden la publicación de su trabajo.

– Cuando el comité editorial considere que un artículo puede publicarse, pero que es necesario ajustarlo o complementarlo, la coordinación editorial presentará al autor las anotaciones correspondientes.

– Si el comité editorial considera que es necesario contar con una opinión externa sobre algún artículo, ya sea por su carácter muy especializado o porque no hay consenso en cuanto a la decisión de publicarlo, la dirección de la revista designará un colaborador externo para tomar la decisión y continuar el proceso con alguno de los tres puntos anteriores.

– Los resultados finales del proceso de evaluación serán inapelables en todos los casos.

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Derechos de autor

Al momento de aceptar la publicación de sus artículos, los autores deberán formalizar la cesión de derechos de autor a Territorios, según las condiciones establecidas por la revista.

&Universidad Empresa

Revista

Autorización para publicaciónSeñoresCOLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIOBogotá, Colombia

__________________________________ , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _______, en __________, identicado como aparece al pie de mi rma y creador del texto titulado __________________, como parte de la publicación _______________________, a través de este documento, autorizo voluntariamente a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la publicación de la obra en mención.

Así mismo, conozco que la obra en razón a la naturaleza académica de la Universidad, será publicada a título de ilustración destinada a la enseñanza con nes educativos, sin ánimo de lucro y por lo tanto, autorizo que los fondos que se llegaren a recaudar por su divulgación, se destinen a apoyar el nanciamiento de los costos sufragados por la Universidad para la divulgación de esta u otra obra que publique con estos nes.

Igualmente, declaro que la obra es original e inédita y fue realizada por mí mismo, sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad de los derechos morales de la misma, garantizo que no contiene citas o transcripciones de obras no debidamente referenciadas; que no contiene declaraciones difamatorias contra terceros, ni contrarias al orden público y a las buenas costumbres, y que no viola derechos de otros autores.

En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos morales o patrimoniales de autor sobre la obra en cuestión, asumiré toda responsabilidad y saldré en defensa de los derechos aquí otorgados.

Nombre : ___________________Cédula : ___________________Firma : ___________________Dirección de correspondencia : ___________________

Por favor diligencie el formulario y envíelo en el momento de presentar el artículo al editor o director de la publicación.

RevUniver&Empresa13_final.indd 217 22/5/08 12:47:35

territoriosRevista de estudios urbanos y regionales

Información de la Publicación Publication InformationPublicación Semestral de la Asociación Colombiana de Investi-gadores Urbano Regionales (ACIUR) y las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Programa de Gestión y Desarrollo Urbano, de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.Cra 6a No. 14 - 13, piso 2, Bogotá, Colombia.Formato 21 x 21 cm.

Bi-annual publication of Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) and the Department of Political Science and Government and International Relations, Program of Urban Management and Development of the University Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.Cra 6a No. 14 - 13, Second floor, Bogota, Colombia.

Size 21 x 21 cm.

Compra BuyPara adquirir cualquier ejemplar de la revista comuníquese con la Editorial Universidad del Rosario al teléfono (57+1) 2970200 Ext. 7724, Cra. 7 # 13 - 41 Ofic. 501, Bogotá, Colombia.

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2 números al año: Nacional: $35.000Internacional: $97.100

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2 numbers a year:National: US$ 19 - € 15International: US$ 53- € 40

26: revista territorios no. 22

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