acciÓn popular - documento de trabajo - ley y reforma universitaria_090713

7/28/2019 ACCIN POPULAR - DOCUMENTO DE TRABAJO - LEY Y REFORMA UNIVERSITARIA_090713

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Comisin de Discurso y Pronunciamiento Julio 2013

Comit Nacional de Juventudes AP

DOCUMENTO DE TRABAJO

CASO: Ley de Reforma Universitaria 2013

Las juventudes de Accin Popular, ante el intenso debate pblico en torno a una nueva propuesta

de reformar la Ley Universitaria y los hechos de violencia registrados en diversos puntos del pas

exigiendo su archivamiento, expresamos lo siguiente:

CONTEXTO NACIONAL

En los ltimos 12 aos el presupuesto para universidades pblicas ha crecido en ms de150% (hoy es de casi S/.4450 millones). Sin embargo, el presupuesto ANUAL para la

educacin pblica aun no alcanza la ansiada promesa de ser el 6% del PBI; ni tampoco ha

mejorado la calidad acadmica de muchas de estas casas de estudios puestas hoy

totalmente en duda tanto por la calidad de sus docentes, infraestructuras inadecuadas,

sus actividades de investigacin y proyeccin social, y la calidad (tica y acadmica) de los

profesional que arroja al mercado laboral.

Desde la dcada de 1990 han surgido innumerables universidades privadas y pblicas,muchas de ellas promovidas por el mero afn de lucro y el protagonismo poltico de

autoridades nacionales, regionales y congresales. Ante ello el Congreso de la Repblica, el

Poder Ejecutivo de turno y la Asamblea Nacional de Rectores no han hecho ms que avalar

dicho caos administrativo, acadmico y financiero amparndose en una deformada

autonoma universitaria, que no es aquella que persiguiera la reforma de Crdova y

los jvenes peruanos a inicios del siglo XX (libertad de ctedra, proyeccin social, etc.).

La situacin ha generado casos de corrupcin de autoridades universitarias y alumnos,decanos encargados con ms de 10 aos de ejercicio, clientelaje poltico durante

seleccin de docentes, escasa actualizacin acadmica y pedaggica docentes, psimo uso

de los fondos pblicos y aportes estudiantiles privados, saturacin del mercado laboral en

diversas carreras e imposibilidad de demandar un mejor control de estos recursos (Ej.:

Contralora de la Repblica) si es que la propia universidad no lo solicita.

Curiosamente, a pesar del boom econmico experimentado en la ltima dcada, en losltimos aos se han multiplicado los reclamos docentes y estudiantiles demandando

mejores salariales y mayores presupuestos para investigacin y desarrollo tecnolgico.

Solo en el ltimo ao, se han transferido diversos fondos del canon (203 a 250 millones desoles) a universidades pblicas para este ltimo fin, algunas con millonarias cuentas (Ej.:

San Antonio Abad, S/. 141 millones; Antnez de Mayolo, 53 millones, etc.) sin embargoquienes administran la universidad no han sido capaces de generar proyectos de este tipo

ni con aliados municipales o con sus pares de universidades privadas- incluso

comprometindose a no gastar nada (Ej.: Cantuta, Villarreal, San Marcos, UNI, Jan,

Chota, Pedro Ruiz Gallo) pese a los valiosos esfuerzos de algunos docentes y alumnos por

producir ciencia y tecnologa.


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LA VIEJA LEY UNIVERSITARIA Y LOS INICIOS DE UN NUEVO INTENTO DE REFORMA

La actual Ley N23733 (y su modificatoria Decreto Legislativo N72) no est a tono con loscambios en la composicin demogrfica, social y rumbo econmico que el pas ha tomado

en los ltimos 20 aos.

En sus diversos artculos aunque afirma su autonoma estatutaria, acadmica,econmica y administrativa (art. 4), no ha cumplido con ampliar sus servicios de

acuerdo a los planes nacionales y regionales de desarrollo ni se conocen resultados

sobre la creacin y produccin de sus centros de investigacin y experimentacin

(art.5) ni se conocenen el caso de las privadas- cunto de sus excedentes han sido

invertidos en mejorar su infraestructura y becas para alumnos.

Durante la creacin de nuevas universidades pblicas y privadas con autorizacincongresal y la venia de los rectores (art.12) no se han demostrado la necesidades de

contar con profesionales de diversas carreras en los mbitos regionales; es discutible

la creacin de filiales con ptima calidad acadmica (art. 4 y 6) y; no han acreditado

la creacin de escuelas de formacin docente para dictar ctedras en universidades

(art.13). Todo ello, pese ese a la existencia del CONAFU y con el poco apoyo para el

SINACE (Sistema Nacional de Acreditacin) que solo posee S/.10 000 anuales para

realizar su labor en ms de 100 universidades peruanas.

No hay una homogeneidad entre lo solicitado (entre documentos y costos) por cadauniversidad para obtener los grados acadmicos profesionales (art.18 y art.22),

resultando en constantes abuso contra el usuario universitario y la economa familiar.

Las diversas modalidades de admisin que privilegian el carcter econmico (CentrosPre Universitarios, art. 21 y 56) resultan discriminatorias para miles de estudiantes y

muchas universidades sobre todo privadas- no publican anticipadamente el cuadro

de vacantes para cada una de las carreras profesionales (art.21).

El voto de los miembros de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, en sumayora docentes, en las ltimas dcadas ha estado ensombrecido por la falta de

mecanismo de consulta y rendicin de cuentas a toda la Comunidad Universitaria

(docentes, alumnos, graduados)generndose escasos pronunciamientos sobre la

memoria anual de los rectoressi es que los hay- y han sido muy poco objetivos al

momento de fiscalizar la creacin de facultades y escuelas (art. 29 y 32) que surgen

sin docentes adecuados, mobiliarios, equipos de laboratorio, etc.

Que solo los estudiantes tengan solo un tercio de los votos en dichas instanciascuando son ellos quienes mejor conocen las falencias y virtudes de sus docentes, solo

relega a los alumnos de su propia labor de fiscalizacin (art.40).

La otorgacin de documentos, bachilleres, licenciados y otros grados que directa oindirectamente afectan las posibilidades laborales y de becas de los estudiantes son

constantemente afectados por la inestabilidad poltica en las facultades y otras

instancias; todas ellas promovidas por la falta de homogeneidad de los reglamentos

electorales de las universidades pblicas y privadas, incluyendo lo poco transparente

que resultan las decisiones de sus Comits Electorales (art.38).


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Cada universidad posee su propia reglamentacin para ejercer la docencia desde elnivel de asistencia de ctedra; ello facilita que la eleccin de los mismos sean ms por

criterios subjetivos y polticos que lo que realmente interesa al alumno: su pedagoga,

produccin intelectual, experiencia profesional.

El sistema de evaluacin de docentes es diferente en cada universidad,imposibilitando al alumno universitario peruano tener criterios comunes para sindicar

el nivel de excelencia y el cumplimiento de sus obligaciones de ley (art.51 y 54)

como llegar a dictar las clases de manera personal. Incluso muchos de ellos, por el

reglamento particular de cada universidad, son impedidos de realizar carrera

docente, libre asociacin para actividades afines a la Universidad y la Promocin

Docente por temor a ser desplazados en un futuro de los cargos de gobierno

universitario art.52) por parte de las actuales autoridades.

La norma actual es discriminatoria con quienes se desempean en laboresadministrativas: Dicho personal al ser graduado o tener ttulo profesional puede

recibir un abono de 4 aos luego de 15 aos de trabajo para los varones y 12 y medio

aos para mujeres (art.68).

La ANR hasta hoy no cumple con su obligacin anual de publicar informes sobre larealidad universitaria nacional donde se demuestre su compatibilidad con las

principales polticas pblicas (art.92) en materia de salud, educacin, tecnologa, etc.

Debido al manejo poltico instalado en muchas universidades, los serviciosuniversitarios (comedor, residencia, etc.), el acceso a becas y la premiacin de

concursos acadmicos est manejado por criterios polticos tanto por autoridades

como operadores estudiantiles en contra de muchos estudiantes que realmente

requieren el uso de estos servicios. Ello lo nico favorece es que el sistema de

servicios sociales no tenga un adecuado control de la comunidad universitaria y sirva

como ayuda asistencialista para unas cuntas cpulas estudiantiles y docentes.

PROPUESTA DE REFORMA: CRTICAS Y PERCEPCIONES

Toda esta situacin lamentable ha generado que 4 de cada 10 estudiantes universitariosconsidere que lo aprendido en la universidad realmente no les sirva ni para obtener y

permanecer en un empleo (Junio 2012: Encuesta Grupo Apoyo, CADE Universitario) ni

proyectarse en mejora de la calidad de vida ciudadana o la modernizacin del Estado.

Todo ello atenta contra el derecho estudiantil a recibir una educacin de calidad, servicios

de bienestar modernos, acceso a becas y participarcon capacidad de fiscalizacin- de un

buen gobierno de sus facultades y otras instancias universitarias.

En los ltimos aos y gracias entre otras cosas- a la escasa presencia productiva de lospartidos polticos en las universidades, la falta de respuesta gubernamental y legislativa

respecto a la creacin y monitoreo de la calidad universitaria, incluyendo los psimos

sueldos de los docentes de aula y de investigacin; prdicas violentistas han comenzado

nuevamente a ganar algunos espacios polticos tanto en el gobierno estudiantil como en

sus espacios de representacin gremial, incluyendo una desidia total a la participacin por


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un cogobierno que atienda las demandas materiales (infraestructura, investigacin,

calidad docente) que realmente claman los estudiantes para mejorar sus expectativas

laborales y de contribucin con el desarrollo local, regional y nacional.

Atendiendo esta preocupacin, la Comisin de Educacin del Congreso de la Repblicadesde setiembre del 2011 ha venido generando una serie de rondas informativas y de

acopio de informacin en varios puntos del pas con la finalidad de construir una norma

que desde la perspectiva legal y tcnica se concentra en devolver calidad acadmica y un

monitoreo administrativo y acadmico de las universidades pblicas y privadas.

Sin embargo, esta Comisin no ha generado los mecanismos de difusin necesarios paraque su finalidad y contenido sea de conocimiento masivo de los estudiantes universitarios

de pregrado y post grado. Incluso la mayora desconoce quines son sus integrantes y que

posicin defienden.

Es preocupante que organizaciones que se asumen tener la legitimidad estudiantil como laFederacin de Estudiantes del Per y otras similares que responden a directivas de

algunos partidos polticos (Patria Roja, APRA, etc.) no hayan realizado su tarea de informar

a estudiantes y hayan priorizado otras agendas lejanas a las necesidades del estudiante: la

revocatoria municipal en Lima, debates sobre derechos sexuales y reproductivos, la

formacin de un Frente Amplio de Izquierdas, ser escuderos de gobiernos universitarios y

nacionales con sospechas de corrupcin.

Creemos que todo ello ha facilitado argumentos para que los que se oponen a todo tipode reforma (ANR, dueos de universidades-empresa y operadores polticos

universitarios) y que no usan adecuadamente fondos pblicos y privados en favor de una

educacin de calidad; hoy se eleven como garantes de una autonoma universitaria que

en la actualidad se ha alejado de la transparencia y la meritocracia.

Hoy, muchos de estos interese oscuros pretenden desconocer cualquier posibilidad deleer en el contenido de las actuales propuestas de reforma cualquier aspecto positivo, las

cuales son a nuestro criterio:

Voto universal para eleccin de rector y vicerrectores. Ampliar los fondos del canon de 5% a 20% de los destinado a gobiernos regionales

para labores de investigacin y desarrollo tecnolgico que atiendas necesidades

locales y regionales.

Que al igual que en las actividades donde uno mismo no pueda ser su propiofiscalizador, se contemple la Creacin de una entidad supra universitaria (SUNEU) con

miembros del Estado (polticos y tcnicos), autoridades universitarias, gremios

empresariales que regule la creacin y acreditacin de universidades bajo las

necesidades de profesionales que por especialidad requiera cada regin del pas.

Que se reafirme una autonoma universitaria y la libertad de ctedra pero donde lasautoridades universitarias rindan cuentas de sus actos ante una entidad supra

universitaria para evitar que las universidades sigan siendo el feudo de cada rector o

grupo poltico de turno, y sigan ms bien criterios estandarizados de calidad y

excelencia acadmica y administrativa.


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Que se contemple la posibilidad de regular con criterios tcnicos los pedidos depresupuesto anual modificado, los balances, los pagos exigidos a alumnos y trmites

estandarizados, las remuneraciones de docente y autoridades y que estas casas de

estudio sigan a cabalidad las leyes de transparencia.

Contar con instancias definitivas que, lejos del control poltico de autoridadesuniversitarias, resuelvan los conflictos intrauniversitarios y as no detengan la marcha

administrativa y acadmica.

Que la creacin de universidades sea solo si previamente se demuestra ladisponibilidad de recursos econmicos y humanos para su constitucin y

funcionamiento y acordes a una necesidad del mercado y los planes de desarrollo

local y regional. De esta manera se evitara que solo los criterios polticos de algn

Presidente o Congresista promueva la creacin de estas casas de estudio expropiando

bienes a otras universidades, o que estas solo respondan al afn de lucro creando

falsas expectativas entre los estudiantes.

Que se d el respaldo institucional para que el SINEACE y el CONEAU puedan cumplirsu labor de acreditacin y defina los estndares para la evaluacin de universidades.

Adems, bajo la promesa de beneficios tributarios e incentivos para la investigacin y

el cierre y clausura de aquellas que no logran acreditar dicha calidad tal como ocurre

en cualquier pas del Mundo (Ej.: Ecuador).

Que se diferencie el nmero de horas que representa el creditaje en base al estudiopresencial con otras modalidades (Ej.: estudios a distancia) en pre y postgrado. Esto

tambin implica la definicin de crditos mnimos para estudios de diplomados,

segunda especialidad, magster y doctorado.

Que las posibilidades de estudios de maestra requieran al igual que en cualquierotro pas- tan solo el bachiller, el cual debe ser obtenido ya no bajo la modalidad

automtica sino previa tesiscomo en cualquier pas-.

Que se obligue a las universidades pblicas y privadas a destinar un importanteporcentaje de su presupuesto a labores de investigacin de manera progresiva- y

que estas respondan a los objetivos nacionales planteados por el SUNEU y CONCYTEC.

Que se reglamente la permanencia de los alumnos de las universidades en base acriterios acadmicos mnimos tales como la aprobacin de creditajes (2 aos o 4

semestres a la duracin normal de los estudios), la reprobacin de un mismo curso

por 3 veces consecutivas y llevar un creditaje mnimo por semestre y justificado de tal

manera que las vacantes obtenidas por cada alumno sean aprovechadas al mximo y

as no se quiten oportunidades a otros estudiantes que s habran querido tener

oportunidades de admisin a diversas carreras profesionales.

Que los miembros de los rganos de gobierno no reciban dieta alguna por suasistencia a las sesiones.

Que el grado mnimo para ejercer la docencia universitaria en pre grado sea el delicenciado y que existan incentivos para que los que no estn hoy en este parmetro

puedan adecuarse a l.


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Que la promocin y acreditacin docente est en ltima instancia a cargo del SUNEU.As se limita el clientelaje poltico de los docentes en estos nombramientos.

Quienes hayan sido condenados por el delito de terrorismo o apologa al terrorismoestn impedidos de postular a procesos de admisin en universidades pblicas.

Representantes estudiantiles sin sentencias judiciales y que comulguen la actividadpoltica con el rendimiento acadmico (5 superior).

Por otro lado, existen aspectos de la propuesta de reforma que pueden ser revisados ymejorados tales como:

Integrantes del SUNEU: Debiera incorporarse a representantes estudiantiles,representantes de colegios profesionales y gremios de trabajadores en nmero de

uno (1).

Estndares del SINEACE: deben estar contemplados en la ley los estndaresmanejados por el SINEACE para las acreditaciones de las universidades y docentes.

Estos estndares deben responder a una combinacin de las caractersticas

educativas nacionales, la necesidad del mercado laboral y las leyes de transparencia y

tica en el ejercicio de la funcin pblica.

Aumentar la participacin estudiantil: tanto en las facultades, CU y AU esta debieraestar en situacin de paridad con el nmero de docentes y autoridades juntas. Sabido

es que los estudiantes por s solos en las instancias de gobiernos no pueden fiscalizar

ni decidir nada pese a que ellos son los directamente beneficiados o perjudicados con

la poltica educativa de cada universidad.

Tribunales de Honor Universitario: deben contar con un representante estudiantil yotro de graduados.

Defensora del Estudiante: Que exista un rgano del SUNEU que se dediqueexclusivamente a difundir informacin, orientar y brindar asesora legal al estudiante

en casos de vulneracin de sus derechos (Ej.: trmites engorrosos, cobros ilegales,

etc.) con carta a ser presentados ante los rganos de gobierno universitario en

primera instancia, y al mismo SUNEU en ltima instancia.

La definicin de estndares de calidad para los servicios sociales universitarios: Creemos que este punto es necesario para articular todos los esfuerzos universitarios

para estandarizar la calidad y nmero de beneficiados de estos servicios (comedor,

transporte, residencia, etc.).

Eliminar los centros preuniversitarios por ser un filtro discriminatorio para el ingresode los estudiantes peruanos.

Limitar la creacin de universidades por un perodo no menor a 10 aos: Ello con lafinalidad de homologar en calidad a aquellas casas de estudio que se adecuarn a la

nueva ley universitaria.

Creemos que el querer no asumir la existencia de aspectos favorables y otros mejorablesen favor del estudiante y tan solo exigir el archivo total de la propuesta de reforma es

una actitud irresponsable promovida por quienes no desean cambio alguno en la realidad

universitaria (ANR y operadores polticos).


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Por otro lado, una propuesta de reforma de esta envergadura requiere ganar lalegitimidad suficiente entre los estudiantes. Por lo tanto, exigimos que esta Comisin

realice una labor de difusin y recojo de propuestas con representantes estudiantiles,

colegios profesionales, para su redaccin y aprobacin final por el Congreso. Adems, el

Poder Ejecutivo debe garantizar su cumplimiento y declarar en cunto tiempo por fin

ejecutar la promesa de tener un 6% del PBI para el sector educacin.

Ninguna reforma legal por s sola lograr sus fines declarados. Actualmente tenemos unmovimiento estudiantil totalmente fragmentado, partidarizado y que no responde a las

necesidades materiales y de calidad que los cientos de miles de estudiantes universitarios

reclaman. Los partidos polticos, ni los profesores, ni los empresarios ni el gobierno son

dueos de ellas.

Todo lo contrario, son las necesidades de la poblacin local, regional y nacional quienesdemandan que est realmente ejecute sus labores de proyeccin social siendo un aliado

estratgico para el estudio de estas realidades y la formulacin de propuestas con

aplicabilidad prctica y con criterios de tica.

A los seores congresistas, rectores, alumnos y lderes polticos: Postergar la reformauniversitaria solo servir para seguir alimentando la mediocridad profesional, el vaco

intelectual y el estancamiento productivo nacional.

Lima, 06 de Julio del 2013.

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