agua y disputas territoriales en chile y colombia

b i b l i o te ca a b i e r t aCO L E CC I Ó N G E N E R A L

Agua y disputas territoriales en

Chile y Colombia

Astrid Ulloa Hugo Romero-Toledo

editores

Grupo Cultura y AmbienteDepartamento de Geografía

Facultad de Ciencias HumanasSede Bogotá

bibl ioteca abier taco l e c c i ón gene r a l perspec t ivas ambienta les

Agua y disputas territoriales en Chile y Colombia

2018


Astrid Ulloa

Hugo Romero-Toledo Editores

Instituto de Estudios Antropológicos

Facultad de Ciencias Humanas

Comité editorial

Luz Amparo Fajardo Uribe, Decana

Nohra León Rodríguez, Vicedecana Académica

Jhon Williams Montoya, Vicedecano de Investigación y Extensión

Gerardo Ardila, Director del Centro de Estudios Sociales -CES-

Jorge Aurelio Díaz, Director de la revista Ideas y Valores, representante de las revistas académicas

Rodolfo Suárez Ortega, Representante de las Unidades Académicas Básicas

Diseño original de la Colección Biblioteca Abierta

Camilo Umaña

Preparación editorial

Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas

Camilo Baquero Castellanos, Director

Laura Morales, Coordinadora editorial

Juan Carlos Villamil Navarro, Coordinador gráfico

Carlos Contreras, Maquetación

Íkaro Valderrama, Corrección de estilo

[email protected]

www.humanas.unal.edu.co

Bogotá, 2018

Impreso en Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.


© Biblioteca Abierta

Colección General, serie perspectivas ambientales

© Universidad Nacional de Colombia,

Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas,

Departamento de Geografía, 2018

Con la colaboración de la Univeridad Austral de Chile

y el Centro de Conflicto y Cohesión Social (Chile)

Primera edición, octubre de 2018

ISBN impreso: 978-958-783-565-6

ISBN digital: 978-958-783-566-3

© Editores, 2018

Astrid Ulloa

Hugo Romero-Toledo

© Autores varios

catalogación en la publicación universidad nacional de colombia

Agua y disputas territoriales en Chile y Colombia / Astrid Ulloa, Hugo Romero-Toledo, editores. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Geografía, 2018.

552 páginas : ilustraciones (principalmente a color), mapas. -- (Biblioteca abierta. Serie perspectivas ambientales ; 476)

Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo e índice de Materias. ISBN : 978-958-783-565-6 (rústica). -- ISBN : 978-958-783-566-3 (e-book). 1. Recursos hídricos 2. Derecho de aguas 3. Gobernanza 4. Ecología política 5. Política pública 6.

Geografía humana -- Colombia 7. Geografía humana -- Chile I. Ulloa Cubillos, Elsa Astrid, 1964-, editor II. Romero-Toledo, Hugo, 1981, editor III. Serie

CDD-23 333.91 / 2018

Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Introducción

Hugo Romero-Toled o & Astrid UlloaHidro-poderes globales-nacionales y resistencias locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Extractivismos, gobernanza, acaparamientos y derechos

Hugo Romero-Toled o, Felipe Castro & Yerko GarcíaAgua, extractivismo y etno-territorialidades: los aymara

y los mapuche en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Catalina Caro GalvisLas venas de la tierra, la sangre de la vida:

significados y conflictos por el agua en

la zona carbonífera del sur de la Guajira, Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Maria Isabel Valderrama González¿Gobernanza del agua en la Sierra Nevada

de Santa Marta, Colombia? Tensiones

y articulaciones alrededor de un recurso de uso común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Robinson Torres Salinas & Jorge Rojas HernándezLa fractura hidro-metabólica del neoliberalismo:

etnografías de la desposesión hídrica en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Patricia Sánchez garcíaAgua y gran minería en Colombia: reflexiones

a partir del análisis de los casos de Cerrejón (Guajira),

Cerro Matoso (Córdoba) y La Colosa (Tolima), Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Hidroeléctricas, represas y control territorial

Martha Correa-CasasReconfiguración territorial y apropiación del agua:

construcción de la represa Chivor, Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Lorena TorresHidropoder: ¿agua para la vida o mercancía hidroenergética?

Caso del proyecto hidroeléctrico El Paso

en Cabrera, Cundinamarca, Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Johanna HöhlHidroelectricidad y pueblos indígenas: un análisis

del megaproyecto Ralco en la región Bío Bío, Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Ciudades, acceso, conflictos y desigualdades socioambientales

Marcel a LópezLuchando por lo público, reivindicando la ciudadanía:

prácticas cotidianas de acceso al agua en zonas

de alto riesgo en Medellín, Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Anyi Castelbl anco montañez¿A quién le pertenece el agua? Apropiación del agua

en la vereda Buenos Aires Los Pinos, La Calera, Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Vl adimir Sánchez-CalderónAgua y desigualdades socio-ecológicas en Bogotá a mediados

del siglo xx. El caso del río Tunjuelo y sus barrios ribereños . . . . . . . . . . . . . 391

María Christina Fragkou & Cl audia VásquezEl pasto es siempre más verde que el cactus: modificaciones

hidrometabólicas, producción de áreas verdes, y justicia

ambiental urbana en el desierto de Atacama, Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Jenny Marcel a Peñuel a López & Akbar Rosemberg Vargas Sand oval

Camellones, monolitos y lógicas urbanizadoras: un análisis

de las socionaturalezas que configuran el tercio medio

del humedal Jaboque, Bogotá d. c., Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Jenny Patricia Veloza TorresConflictos socioambientales alrededor del agua: el caso

del humedal Moyano, en la Sabana de Bogotá, Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Conclusiones

Astrid Ulloa & Hugo Romero-toled oDe aguas “naturales” a aguas politizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Sobre los autores y autoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

Índice de materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

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Las venas de la tierra, la sangre de la vida: significados y conflictos por el agua en la zona carbonífera

del sur de la Guajira, Colombia

Catalina Caro Galvis1

Censat Agua Viva

La industria carbonífera en Colombia y

los derechos de las comunidades

La extracción de carbón en Colombia ha tenido un largo protago-nismo en la economía. Desde finales del siglo xix y principios del xx, la producción de carbón movilizó las locomotoras a vapor y los buques que permitieron la conectividad terrestre y fluvial del país. Luego, en las primeras fábricas, los hornos de sal y las ladrilleras se sirvieron del calor del carbón térmico y metalúrgico para su funcionamiento, así como las ferrerías, en donde se produjeron maquinaria agrícola, rieles de ferrocarril, tuberías de acueducto, etc. (Arias, 2014).

Ya hacia principios de la década de 1980, el modelo de aprovecha-miento del carbón sufrió una transformación de enfoque y de destino, asociada a la incorporación de las materias primas como el carbón, el oro y otros minerales a una geopolítica global de extracción, destinada al crecimiento de las economías de países emergentes. Colombia, en este contexto, pasó de una producción orientada a la generación de energía y acero para el mercado nacional a un esquema exclusivamente exportador y de extracción intensiva (Arias, 2014).

1 Este artículo hace parte de una investigación comunitaria desarrollada por Censat Agua Viva en el sur de la Guajira.

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Catalina Caro Galvis

Este cambio significó una nueva administración del negocio del carbón, que pasó del sector público al privado (trasnacional), y además la relocalización de su explotación que se ubicó principalmente en la zona caribe colombiana, específicamente en los departamentos de la Guajira y el Cesar. Esta zona permitió la construcción de infraes-tructura de gran envergadura y además la extracción a gran escala de los dos yacimientos de carbón térmico más prometedores en el país, que correspondían al Cerrejón Zona Norte en la Guajira y a la mina Pribbenow en el Cesar (Rudas, 2014).

El carbón, como un mineral importante en la mayoría de las historias de los estados nacionales, por su uso estratégico en la industria ha sido clave en los procesos de modernización de infraestructura, producción de energía e impulso a otros sectores, como el siderúrgico. Sin embargo, la extracción de carbón a gran escala se ha constituido en una actividad productora de conflictos, ya que los enormes impactos de la minería se han profundizado durante más de treinta años de explotación, convirtiendo a estas zonas del país en territorios de sacrificio, en donde las personas, los animales, el agua y la tierra han sido las principales víctimas.

Si revisamos algunas de las cifras entregadas por la instituciona-lidad colombiana, la industria del carbón ha crecido continuamente. Como se ilustra en la figura 1, la exportación de carbón desde 1992 ha sufrido un crecimiento continuo con algunas caídas anuales, pero en general con una tendencia al alza, teniendo para 2017 la mayor producción de carbón en la historia colombiana, con más de noventa millones de toneladas.

0 10.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

90.498.688

Año

Figura 1. Exportación de carbón colombiano, 1992 -2017. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de anm (2017).

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Las venas de la tierra, la sangre de la vida: significados y conflictos por el agua...

Este crecimiento en el total de carbón exportado ha signi-ficado que la frontera extractiva del carbón crezca también, y con ello los impactos que tiene esta explotación a gran escala sobre los territorios y las personas que los habitan. Para el caso de la Guajira, la expansión minera ha producido desplazamientos forzados en los cuales once comunidades han sido desplazadas (Cinep, 2016). Así mismo, la expansión ha requerido la intervención a f lujos de agua para la ampliación de tajos mineros y con ello la destrucción de enormes extensiones de acuíferos, así como la tala de bosque seco tropical, un ecosistema en extinción.

Estas implicaciones del crecimiento minero, vienen acompañadas por un empobrecimiento estructural de las zonas asociadas a la mi-nería del carbón. Al respecto, los indicadores sociales relacionados con medición de necesidades básicas insatisfechas (pobreza, acceso a salud y a educación, vivienda y otros) muestran valores negativos en municipios asociados con explotación minera a gran escala (Rudas, 2014. Al compararlos con los promedios nacionales o con los de municipios que tienen presencia petrolera o minera de menor envergadura, las cifras son conclusivas. En el censo general de 2005, el 28% de la po-blación del país se encontraba en condición de necesidades básicas insatisfechas. Mientras tanto, los municipios mineros de carbón en los departamentos de Cesar y Guajira, esa población ascendía al 45% y al 61%, respectivamente.2

Este desajuste en las expectativas sociales del modelo extractivo era previsible, ya que el extractivismo supone una distribución desigual tanto de los beneficios como de las afectaciones sociales y ambientales de la extracción. Dicho de otra manera, se sostiene por relaciones de injusticia ambiental (Vélez, 2005).

Esa desigualdad se manifiesta fundamentalmente en la imposi-bilidad que tienen las comunidades en las zonas mineras de gozar de sus derechos fundamentales, pues van en contravía de los intereses de quienes manejan más poder en los territorios —es decir, las indus-trias mineras—, y de la expansión de la frontera extractiva, basada

2 Para mayores detalles, consultar de Rudas (2013).

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cada vez más necesidades de tierra, agua y otros beneficios naturales para su sostenimiento.

El caso más ilustrativo de esta incompatibilidad se da alrededor del agua. El acceso al agua potable se considera un derecho fundamental, pues necesariamente está conectado con la vida. La industria extractiva, en especial la minera, también necesita mucha agua para procesar los minerales, la supresión de polvo y para abastecer a los trabajadores y trabajadoras en las instalaciones mineras. En Colombia, las zonas mineras de carbón a gran escala coinciden con lugares de cierta escasez hídrica, los cuales han tenido una desatención estructural de parte del Estado (traducida en la nula inversión en infraestructura para la distribución del agua, su potabilización y gestión), para satisfacer este derecho, desde antes de la llegada de la minería.

Cuando las mineras se instalan y empiezan a crecer, aumenta la demanda de agua en estas zonas, de modo que se configura una fuerte y desigual competencia por el agua entre las empresas y las comuni-dades rurales, en favor de las primeras, lo que agrava las posibilidades y condiciones de acceso de la población al líquido. Las mineras, en su voracidad extractiva pero también con sus ventajas técnicas, acaparan y agotan fuentes de agua y en esta dinámica cuentan con el apoyo de los gobiernos nacionales y locales que justifican todo esto con el discurso de la productividad y del desarrollo de la región.

Es decir, a los impactos por la naturaleza de las actividades mi-neras, que reciben las comunidades y que afectan algunos derechos, se agrega la vulneración de otros como el derecho a la alimentación y a la salud, por la vía de la imposibilidad de acceder al agua.

El caso del agua es una —quizá la más importante y aterradora— de las falacias del desarrollo encarnadas en la industria minera a gran escala. Las promesas de progreso y cambio, propias de las bonanzas extractivas, se entierran en la misma arquitectura del modelo di-señado para la ganancia de pocas personas y ciertos lugares; para un aprovechamiento intensivo que empobrece territorios, para producir espacios “sin futuro”, lugares que solamente se entienden y se ocupan en la lógica de la acumulación del capital.

En este artículo exploro las formas en que la extracción de carbón a gran escala en el sur de la Guajira, han transformado los territorios

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del agua y con ello los usos, significados y prácticas del pueblo wayuu con este elemento de la naturaleza. Desde las narraciones orales y la cosmología wayuu se exploran los impactos de la minería de carbón a gran escala, que sin duda ha causado innumerables transformaciones ambientales y sociales, pero que fundamentalmente ha amenazado el pensamiento y la pervivencia de una forma de producir y sentir el territorio.

Utilizo el agua como eje articulador del análisis, profundizando en las formas de apropiación del agua que ha producido la minería de carbón a gran escala, resaltando el carácter simbólico y material del agua y las disputas que en estos dos órdenes se han librado durante más de treinta años de explotación de carbón en la Guajira.

En tres secciones argumento cómo el agua ha sido una de las principales víctimas de la extracción de carbón a gran escala y cómo esa victimización se ha materializado en las formas en que el pueblo wayuu vive su territorio, pero también en la manera en que las empresas multinacionales han refinado diversas estrategias de privatización de las fuentes hídricas. Finalmente, analizo cómo los conflictos por el agua y el paisaje minero, producidos por la explo-tación del carbón, han ubicado a la Guajira como un territorio para la explotación y el sacrificio, reforzando imaginarios territoriales que ubican esta zona como un lugar sin gente y para la inversión trasnacional.

Es importante señalar que este artículo busca explorar otras de las dimensiones respecto a la afectación al agua a partir de la minería de carbón a gran escala, específicamente las que se refieren al daño cultural. Existen diversos estudios que muestran con cifras y mediciones las afectaciones ambientales y ecosistémicas que la minería de carbón ha causado a las fuentes hídricas. Aquí pretendo abordar desde otra mirada los impactos, haciendo énfasis en cómo la minería de carbón ha afectado profundamente la vida cultural del pueblo wayuu en los ámbitos simbólicos, políticos y materiales. Por lo tanto, el abordaje incluye datos etnográficos y referencias etno-históricas que permiten ampliar la mirada de los impactos y proyectar nuevos horizontes para la reparación integral de los territorios del departamento de la Guajira.

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El agua: la principal víctima de la

actividad extractiva del carbón

El agua es uno de los principales elementos vitales que está direc-tamente implicado en los procesos de extracción del carbón a cualquier escala. En efecto, el agua es el elemento más importante para la vida humana y no humana y, además, cumple un papel muy importante en el ordenamiento social y cultural del territorio, siendo una de las principales víctimas de la expansión del modelo extractivo minero en Colombia y en Latinoamérica.

Para la industria extractiva minera, el agua es uno de los bienes más codiciados. La minería de oro y de carbón utiliza agua no solo para el proceso de explotación, sino que esta también debe ser obtenida y potabilizada para el sostenimiento de los trabajadores y trabajadoras de la instalación minera en todas las fases.

Para el caso de la minería de carbón, el agua se ve afectada de diversas maneras y en distintas fases del proceso extractivo, por ejemplo: en las fases de instalación y exploración, las aguas de los territorios se encuentran expuestas a la contaminación de residuos sólidos domésticos, así como a la deforestación que genera pérdida de la vegetación protectora en muchos nacimientos y cauces de ríos y arroyos. Luego en las fases de explotación, las aguas superficiales y subterráneas sufren un notable deterioro, producto de los drenajes mineros, la acidificación resultado del contacto con estériles de la explotación, contaminación de acuíferos, lixiviación, contaminación por sólidos en suspensión, agotamiento, etc. Así mismo, en los procesos de cierre de mina o tajo, las escombreras de estériles no contribuyen a la restauración hídrica del paisaje, presentándose lixiviación de sustancias nocivas de la escombrera a las fuentes de agua, así como altos riesgos de deslizamientos y erosión en masa que sedimentan las aguas superficiales (García, 1998).

Como es analizado por Budds (2010) la extracción y el procesa-miento de los minerales requieren volúmenes significativos de agua y, por tanto, la expansión de la minería crea competencia sobre los bienes hídricos en los territorios, así como cambios en los paisajes hídricos (Buds y Hinojosa, 2012). Estos cambios se expresan de distintas ma-neras, físicamente a través de transformaciones en los flujos de agua,

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agotamiento y desaparición de fuentes, cambios en la vegetación y ecosistemas productores de agua, etc; pero también los cambios suceden en otros ámbitos, ya que el agua no solo es un elemento material, sino también un elemento simbólico, ligado a relaciones de poder, relaciones comunitarias, espacialidades simbólicas y culturales; por ende, las geografías mineras transforman el uso, acceso, control y gobernabilidad del agua.

La expansión de la frontera extractiva de carbón en Colombia ha generado una gran conflictividad alrededor del agua en la región caribe y central del país, entendiendo el agua, no solo como un “recurso material” sino como “un elemento ‘híbrido’ que captura y encarna procesos que son a la vez materiales, discursivos y simbólicos” (Swyn-gedouw, 2004, p. 28). En este sentido, y como es argumentado por varios autores (Budds e Hinojosa, 2012; Castree, 2001; Blaikie, 1995) el agua es socionatural, en el sentido en que las acciones humanas la forman, así, en tanto es formada también es conceptualizada de distintas maneras. El agua entonces no es un elemento universal u objetivo, sino que está atravesado por las relaciones y acuerdos culturales que producen su concepción, uso y significado.

Para el caso de pueblos étnicos, el agua se entiende como un ser con vida propia con el cual se interactúa y se establecen una serie de gramáticas de uso —muchas veces rituales—, que garantizan que este elemento permanezca en su espacio y esté siempre disponible para las comunidades. En la mayoría de las culturas, el agua hace parte del mito de origen y también hay seres de diversa naturaleza que son considerados como cuidadores del agua; para los indígenas estos seres deben ser alimentados ritual y materialmente, por lo que los paga-mentos y rituales en los sitios sagrados son prácticas indispensables para garantizar el equilibrio.

En el caso de las comunidades campesinas y rurales, el agua ha sido durante mucho tiempo entendida y reconocida como un elemento común; común en tanto que les pertenece a todos, pero común también como indicador de comunidad. Así mismo, el agua ha estado directamente relacionada con la producción, y por lo tanto con el alimento, por lo que su acceso y distribución ha sido re-gulado comunitariamente para garantizar el abastecimiento integral.

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Además, para las comunidades rurales el agua también está vinculada simbólicamente con la recreación, con un espacio de encuentro comu-nitario y un “lugar” (Escobar, 2003) en el sentido de la reproducción de la cultura campesina y sus prácticas.

La minería de carbón, tanto en la Guajira como en otras zonas del país, ha roto estos sentidos durante sus años de “convivencia” con las comunidades. No solo por los intensos acaparamientos de fuentes de agua que están vinculadas también con procesos de acaparamiento territorial, sino también porque las empresas repro-ducen otra mirada o visión del agua que se contrapone a los sentidos y significados que el agua reviste para las comunidades étnicas y campesinas. Esta sobreposición de cosmovisiones alrededor del agua es una de las principales causas que motivan los conflictos por este elemento en las zonas mineras.

Otro de los motores de la conflictividad alrededor del agua en las zonas de extracción de carbón es el control y el gobierno del agua. Las empresas mineras, principalmente en la Guajira y en el Cesar, han privatizado muchas de las fuentes de agua de las que dependían las comunidades, esta privatización se ha realizado mediante la compra de terrenos en donde existen nacimientos, por desviación de cauces de ríos y arroyos y militarización de zonas, restringiendo el acceso y aprovechamiento de las comunidades. Este control de la fuente, puede decirse que es la principal estrategia de ampliación de la frontera extractiva minera en los territorios; mientras las comunidades pierdan el acceso a su fuente primaria de agua, sus opciones se reducen al desplazamiento, a la venta y abandono de sus tierras ancestrales.

El control de la fuente deriva por supuesto en una exacerbada apropiación del agua por parte de las empresas, quienes utilizan el agua como un insumo y no como un elemento vivo que tiene un ciclo y unas dinámicas propias, esto causa una inmensa contaminación irreparable en términos ambientales y culturales. Precisamente, la contaminación es el tercer factor productor de conflictos por el agua en zonas de extracción minera. Esta contaminación que se realiza por distintas vías —vertimientos directos, polvillo de carbón en las aguas, depósito de residuos sólidos de escuadrones que prestan seguridad

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a los complejos mineros, drenajes ácidos, lixiviación de basuras, se-dimentación por las escombreras, etc.—, tiene efectos de resonancia intergeneracional que resultan determinantes en los procesos de resistencia que emprenden las comunidades en sus territorios.

Teniendo en cuenta estas formas materiales y simbólicas de afectación de las aguas en contextos mineros de carbón, analizaré las implicaciones culturales que la minería de carbón —realizada en el sur de la Guajira— ha tenido para las comunidades wayuu y afroguajiras, quienes han sido las principales afectadas por el crecimiento de la mina a cielo abierto Cerrejón, que por más de 34 años ha desarrollado su operación en este departamento.

Bitácora del daño cultural producido por

la explotación minera de carbón a gran

escala en la Guajira colombiana

Muchas veces al analizar la situación de violación de derechos humanos que la minería de carbón a gran escala ha producido, se suelen exaltar las afectaciones asociadas con lo ambiental y lo social, pero difícilmente se realizan inventarios estrictos acerca de cómo una actividad extractiva afecta culturalmente la vida de poblaciones étnicas en un territorio. Para el caso de la Guajira, el pueblo indígena wayuu ha sido el principal receptor de los impactos de minería de carbón y quienes han estado más expuestos culturalmente a cambios en sus costumbres cotidianas de habitar el territorio, emergencia de nuevas expectativas individuales asociadas a la minería y sobre todo esguinces en su relación con la cultura y la naturaleza.

Este aparte, pretende analizar cómo la relación entre los wayuu y el agua ha sido transformada de manera directa por la minería de carbón. No solo por las implicaciones que esto trae respecto a la ca-lidad y la disponibilidad del líquido vital, sino también referida a otras dimensiones culturales que el agua tiene para este pueblo indígena. La minería, además de desaparecer el agua, ha significado la extinción de indicadores socioambientales para la reproducción de la vida en la Guajira, y con ello ha puesto en peligro la vida de un pueblo.

Los conflictos alrededor del agua en contextos de extracción de carbón, como lo hemos señalado, no solo aparecen por la competencia

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entre actores por los usos diferentes que se quiere dar al agua, de hecho, la raíz de la conflictividad reside en una sobreposición de cosmologías y conceptualizaciones respecto al agua.

“El agua no es solamente un recurso material que satisface las necesidades básicas y las actividades económicas de poblaciones locales, sino también es un recurso cultural que incorpora signi-ficados diferentes” (Bakker 2003; Strang 2004). Esta variedad de significados influye en la manera como los pueblos y las comunidades —dependiendo de su territorialidad— manejan, usan, administran y gobiernan el agua. Además, como sostiene Budds (2010) la naturaleza misma del agua, sus características biofísicas y culturales ejercen influencia sobre las formas en que las personas y las comunidades la gobiernan y administran, lo que implica que el agua no es simplemente el objeto de los procesos sociales, sino también el sujeto.

En este sentido, el agua produce territorios teniendo como pers-pectiva dos grandes rasgos que caracterizan la noción de territorio en todas sus acepciones: el territorio es un “espacio representado y apropiado” (Segato, 2006). Esto significa que el territorio siempre se define en función de una apropiación política del espacio, política en tanto que se ejerce un dominio, un poder material y simbólico. El agua produce sus territorios en una interacción con el ecosistema y los seres humanos, estableciendo fronteras, rutas, espacios de uso; así mismo, es territorio en el sentido identitario, porque se establecen adentros y afueras, es decir pertenencias y posiciones que producen otros. Esto significa que en la interacción las comunidades, los bosques y los animales establecen sentidos de pertenencia con el agua que configuran territorialidades.

Estos territorios del agua o, en palabras de Budds (2010) y Swyn-gedouw (2004), paisajes hídricos, se configuran en una trama de relaciones de poder en donde la minería ha jugado un papel muy importante, ya que esta ha transformado los modos propios de terri-torialidad y ha intervenido de manera desigual en las relaciones de poder que configuran los paisajes hídricos.

Para el caso de la región atlántica colombiana, la minería ha significado una fractura en las gramáticas y lógicas étnicas de con-cepción del agua, no solo por la intervención física de este elemento,

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sino porque la minería ha invisibilizado durante treinta años las di-námicas simbólicas que determinaban la territorialidad del agua en la Guajira, transformando concepciones y formas de uso propias que determinaban los modos de acceso, flujo y administración del agua en los territorios. A continuación, analizaremos los principales choques entre dos concepciones del agua que durante los últimos años han configurado el paisaje hídrico del sur de la Guajira.

Concepciones del paisaje hídrico

en el sur de la Guajira

La pérdida del agua trae muchas consecuencias para nosotros en el sur de la Guajira, aquí se hacen muchos velorios y los velorios son muy importantes para la cultura wayuu, en este año se han

muerto muchos jóvenes en moto y los viejos decían que estamos en una era difícil donde la misma tierra se está vengando de nuestro pueblo, estas vidas que se están cobrando las pagamos los wayuu

[…] nosotros antes teníamos agua, ahora nos toca almacenar el agua y no hay agua. Desde la llegada de Cerrejón, nuestras aguas no las

han desaparecido… eso no es que se ha desaparecido porque si.Lideresa Wayuu – Fuerza de mujeres Wayuu.

El pueblo wayuu es una comunidad étnica binacional que habita la península de la Guajira y se constituye como el pueblo indígena más numeroso de Colombia. Según los datos censales del 2005, en Colombia 270.413 personas son reconocidas como wayuu, repre-sentado el 19.42% de la población indígena del país. Además de su gran población, el pueblo wayuu cuenta con un territorio ancestral de gran envergadura, que ha sido reconocido en parte por el Estado colombiano bajo la figura del Resguardo de la Alta y Media Guajira, que tiene una extensión de 1.000.000 ha.

Los wayuu tienen una organización social, ambiental y política característica asociada con su manera especial de entender y concebir la naturaleza. Este pueblo construye y ocupa el espacio teniendo como

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premisa que “los mundos natural y social se entrelazan y anudan sus propios componentes a la manera de una pareja prototípica: Juya (el que llueve, móvil) y Mna (la tierra, inmóvil)” (Correa, 1995, 237). Esto significa que para los wayuu, la tierra y el agua se constituyen en el equilibrio primario de su organización social y cultural y, por lo tanto, la interacción entre estos dos espacios de vida es fundamental.

De hecho, el concepto de bienestar wayuu, Anaaakua’ ipa, depende del equilibrio entre estos dos espacios. La tierra espera la lluvia para ser fecundada y renovar los ciclos naturales y culturales, estos ciclos determinan la espacialidad wayuu y su forma de ocupación y pro-ducción del territorio. Por ejemplo, los wayuu conforman vecindarios o “rancherías” teniendo como referente su tipo de organización social matrilineal, así como “un cementerio, una red estrecha de cooperación y el derecho de acceso a una fuente de agua local” (Correa, 1995). Estos cuatro elementos determinan la relación entre la organización social y los espacios de vida que provee el territorio para la subsistencia wayuu; sin agua, sin una red de cooperación filial o Apüshi y sin un sitio sa-grado (“cementerio”), el mundo wayuu es impensable. Pese al carácter poliresidencial del pueblo wayuu, el arraigo se adscribe a una localidad específica y las territorialidades asociadas a estos cuatro elementos son las que conforman “la comunidad”. Así mismo, el rasgo referido a la filiación o grupo clanil es de gran importancia para entender cómo la naturaleza se ubica en la cosmovisión wayuu.

Según las investigaciones etnográficas (Perrin, 1989; Correa, 1995; Ardila, 1990), el pueblo wayuu está conformado por aproximadamente treinta clanes o sibs que poseen vínculos totémicos con distintos ani-males que habitan la península. El totemismo, como una ontología que describe una relación monista entre la sociedad y la naturaleza (Descola, 2002), muestra cómo las culturas referencian lo no humano como signo y, además, las interacciones de estos signos como una forma de organización en el territorio. Para los antiguos wayuu, los clanes y sus referentes no humanos tenían gran importancia en el ordenamiento territorial; aunque actualmente esto ha cambiado, es necesario tener presente este rasgo cultural, ya que ejemplifica la re-lación interdependiente y continua entre la naturaleza y el ser wayuu. En contraste con la concepción dualista del mundo occidental, en

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donde la naturaleza está por fuera del ser humano, para los wayuu la naturaleza hace parte de su ser individual y colectivo, determina los vínculos filiales y de alianza, su lugar y su movilidad en el territorio, “sus usos, tiempos, reciprocidades, prestaciones e intercambios entre los seres vivos y los muertos” (Correa, 1995).

Precisamente, esta cosmovisión y manera específica de relacionarse con el mundo viviente y el mundo de los muertos tiene un correlato en la manera como el pueblo wayuu construye su territorialidad. El cementerio, como se mencionó anteriormente, es uno de los lugares más determinantes para la vida wayuu, “el cementerio es familiar y es el principal patrón de residencia en tanto define la adscripción territorial del grupo: se es de donde es el propio cementerio; el wayuu es de donde va a ser enterrado” (Vásquez, 1985).

Las y los wayuu marcan su pertenencia al territorio con el en-tierro de los ombligos en el cementerio materno como una forma de conectarse con los espíritus de los parientes fallecidos y además para ser reconocidos y aceptados en las redes parentales. Este lugar, se constituye en el primer sitio sagrado, en donde yacen los restos de sus ancestros en su viaje hacia Jeipira —sitio en el fondo marino para el reencuentro con los ancestros. (Fuerza de mujeres wayuu, 2015, p. 45)

El cementerio materno, el agua en donde está jeipira —sitio final del destino de los espíritus wayuu—, el agua que representa juya y que significa la fecundidad de la tierra, todos estos significados culturales se conjugan para el manejo que durante siglos el pueblo wayuu ha realizado de su territorio. Así mismo, prácticas asociadas al agua y a los arroyos, así como historias y personajes míticos se imprimen en la vida wayuu y son el motor de su cultura.

[…] los animales representan todo, porque nosotros imitamos a nuestros animales en nuestras danzas, en nuestras alegrías están presentes, los burros por ejemplo se encuentran allí, se enamoran en el arroyo, eso es una cosa que no se ve pero es un elemento impor-tante de vida para los wayuu. El encontrarnos nosotros, el charlar con otro clan que esporádicamente y que en el arroyo nos vemos y char-lamos eso es muy relevante y otra cosa, fíjate la labor de los sapos en el agua, para el wayuu, el sapo es un ser wayuu, es el wayuu vigilante

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del agua, el que vigila el agua, el que dice ahí vine fulanita, ahí viene. Además de ser vigilante está vinculado con las “lágrimas del agua”, es decir que si el sapo se va el agua se seca. Los sapos deben estar perma-nentemente en el agua. [...] el canto y cuando ellos empiezan a llorar eso es las lágrimas del agua, ellos le dan vida al agua. (Entrevista a lideresa wayuu, junio de 2015)

Tanto el primer entierro de los muertos, que significa materialmente un ingreso a la tierra, como el segundo entierro que es el ingreso al agua, a jeipira, ejemplifican también la importancia de esta interacción entre tierra y agua, la cual es el fundamento ancestral de la supervi-vencia de este pueblo, junto con el sueño (laapüt) que es mediador y conecta el mundo de los vivos con el de los muertos y ancestros.

El sueño es importante al hablar del territorio y del agua, ya que por medio de los sueños se organiza la vida social y ambiental wayuu. Ciertamente, el sueño revela acontecimientos y mensajes de infortunio y de esperanza, pero también manejos ambientales del territorio, respecto a lugares para visitar, buenas o malas cosechas, animales para sacrificar, pestes por venir, momentos de grandes sequías, etc. “Los sueños son para los wayuu una presencia cotidiana. Ordenan el pasado, deciden el futuro”. (Goulet, 1981, p. 51).

Además de los significados y asociaciones culturales del agua en el territorio material, este pueblo realiza en sus narraciones una extra-polación del cuerpo wayuu al territorio wayuu, teniendo como base la importancia de la sangre y la carne en sus vínculos genealógicos y sociales.

En el tema del agua, cuando se habla que son venas, yo pienso que la relación de los impactos se deriva a lo de la sangre, porque la sangre para nosotros es una cuestión bien sagrada y que la relación es muy estrecha con todo el tema del agua. La interpretación se dice que los ríos son las venas pero que las venas corren el agua, es decir la sangre. Lo que uno le entiende a los viejos, es la relación entre la sangre y el agua, yo le pregunté pero por qué el agua, por qué es la vena […] Nos metemos con el dios Juya, que es el fecundador, el agua que fe-cunda la tierra y que si se mira la interpretación, Juya fecunda los arroyos, los acuíferos, fecunda el territorio, si la lluvia no llega entonces no se fecunda la tierra. (Entrevista a lideresa wayuu, mayo de 2015)

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Para el pueblo wayuu, la carne (eirükuu) se trasmite por vía materna exclusivamente, este parentesco uterino es el principio de reclutamiento en las retaliaciones, así como en otras reciprocidades de obligación entre parientes uterinos, junto con la adscripción a un mismo territorio, sobre el cual se tiene titularidad de derechos (Mancuso, 2006). La sangre, por su parte, es la herencia del padre pero, aunque no tiene mucha importancia en la organización social, la sangre es sagrada y los derramamientos de sangre son una de las mayores ofensas que se castigan en los sistemas tradicionales de control social wayuu.

Estas dos dimensiones de la organización y de la genealogía de este pueblo, explican también la manera en que construyen un con-cepto del territorio y del agua y evidencian su inseparable relación. Carne a tierra y sangre al agua, son entonces los más íntimos significados culturales que se operan y producen la realidad material de los wayuu, son estos los que se juegan en la disputa ambiental por el territorio frente a la extracción intensiva del carbón. De hecho, el mismo carbón, en cuanto mineral de la tierra, interviene en esta disputa simbólica y material; el carbón es entendido como “un órgano de Mna (tierra) y representa un equilibrio en el territorio” (Fuerza de mujeres wayuu, 2015, p. 9), cuando el carbón es extraído se extrae un órgano de la tierra, entonces, ¿un cuerpo sin órganos cómo puede funcionar?

La noción de cuerpo como territorio y territorio como cuerpo está muy extendida en las cosmovisiones indígenas andinas y amazónicas; Echeverry (2004) destaca que entre los indígenas existe una noción no areolar del territorio y que por el contrario se concibe en un modelo relacional: como tejido, como cuerpo viviente que se alimenta, se reproduce y teje relaciones con otros cuerpos. Esta noción cultural del territorio es el escenario del conflicto que tiene lugar en el sur de la Guajira por la extracción de carbón a gran escala, una noción de cuerpo que es antagónica a las nociones occidentales del territorio y específicamente a la mirada mercantilista que las empresas multi-nacionales carboníferas han instaurado como un orden.

Durante los últimos treinta años, este sistema de equilibrio y compensación, de ensoñación, de interacción entre la vida, la muerte, la tierra y el agua, se ha visto interrumpido por la llegada de la extracción

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minera a gran escala. Esta actividad extractiva ha transformado los ciclos naturales y culturales asociados con la permanencia del pueblo wayuu en el territorio, restringiendo el tránsito de las comunidades para el pastoreo, privatizando tierras, secando aguas, cambiando las prácticas de sobrevivencia, destruyendo sitios sagrados para las comunidades, imposibilitando el sueño, el saber tradicional y la re-producción cultural del pueblo wayuu.

[…] soy mujer juchon Mna, hija de la tierra, aquí llevo muchos años en estas tierras que heredé de mis viejos, vivo por la tierra, por todo lo que he comido que sale de ella. Soy outsü, sabedora espi-ritual, pero ya no tengo ni tierra, ni sueño, mis plantas medicinales me dejaron de hablar, porque ya soy una mujer perdida en mi propia cultura […], estamos perdidos en nuestra tierra propia. (Testimonio de mujer sabedora wayuu, outsü, recogido por Fuerza de Mujeres wayuu, 2015, p. 10)

Este testimonio resume la disputa simbólica y material que la minería ha significado para los wayuu. Como ya se mencionó, además de la disputa física por el agua y el territorio, en las geografías de la minería se escenifica una lucha cosmológica por formas distintas de entender los elementos naturales y las maneras de su control y uso. Para el caso del sur de la Guajira, la afectación que la minería de carbón ha causado en sus fuentes de agua y lo que significó la desaparición de un cerro sagrado en donde convivían los espíritus y donde existían varios cementerios, se traduce directamente en las maneras propias que el pueblo wayuu utilizaba para regular y ordenar el territorio.

[…] el cerro significa equilibrio, allí estaban muchos cemen-terios, los primeros cementerios estaban allí, por eso es que muchos trabajadores de la mina, que han visto que sale un misterio, ellos les ha salido Purowi ahí, que es una mujer bella de cabello largo y ella se ha comido muchos trabajadores, eso no lo dicen a la luz pública. Cerrejón encontró unos fósiles y eso tiene que ver con lo que había allí anteriormente, quién eran esos, eso tiene que ver con Purowi y los misterios, eso no es cualquier cosa, porque ese era un cerro de mis-terios, era misterioso porque se perdía la gente. (Entrevista a lideresa wayuu, junio de 2015)

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El sueño, que como ya fue presentado, es el mecanismo de or-denamiento social y de la vida, ha sido interrumpido por la mina; además, las constantes explosiones y la imposibilidad de vivir en el lugar de nacimiento, han significado la eliminación de un mecanismo de reproducción cultural. Si el pueblo ya no sueña y las sabedoras ya no pueden soñar, significa que el pueblo wayuu ya no puede pervivir.

En el caso del sueño, también hay sueños que indican que va a llover, que va a ver buena cosecha, que va a haber buena lluvia, para nosotros el agua tiene una gran relevancia porque con eso se cultiva, ya nadie sueña eso. Nosotros hacemos el ejercicio de llamar la lluvia con la tambora, la kasha, lo hacemos, pero no funciona. Las outsü, dicen que como hay un interruptor del sueño que es la mina, eso no permite porque la relación del agua, del sueño y la tierra, es impor-tante. Todo está conectado y eso indica el tiempo y las prácticas con la tierra. (Entrevista a lideresa wayuu, mayo de 2015)

Así mismo, sucede con el arraigo, la instalación de la mina en el cerrejón y la compra de tierras significaron el desplazamiento de muchas comunidades que tuvieron que reasentarse junto con sus cementerios, porque como ya vimos la vida wayuu se desarrolla alrededor de los cementerios maternos. Este “reasentamiento”, en el lenguaje de la empresa multinacional, ha significado una trasfor-mación en los patrones culturales de poblamiento y en las formas culturales de arraigo que utilizaban los clanes con el territorio. El traslado de los cementerios y la deslocalización del Apüshi han roto las dinámicas comunales y familiares y, por lo tanto, las maneras propias de utilizar y gobernar el territorio y el agua; así mismo, las memorias territoriales se han perdido, lo cual ha tenido gran impacto en las nuevas generaciones de wayuu quienes difícilmente construyen lazos sólidos con el territorio.

Otra de las disputas frente a la visión y significado del agua tiene que ver directamente con la integralidad del papel del agua en la vida wayuu. Las fuentes de agua, insistimos también, hacen parte de las condiciones que garantizan la vida en comunidad; con la expansión de la frontera extractiva y sus consecuentes desplazamientos, el agua también ha sido constantemente desplazada, transformando los paisajes

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hídricos y muchas veces agotando las fuentes mediante la privatización o el desvío. Aunque para la empresa, los desvíos no significan una intervención radical a los cursos de las fuentes hídricas, el pueblo wayuu ha insistido en que estos cambios y trasformaciones a los flujos naturales del agua atentan contra el cuerpo-territorio, rompiendo la conectividad corporal del agua, las relaciones y prácticas asociadas a estas fuentes y trasformando ecosistemas que además de su equilibrio físico se conectan espiritualmente con la vida wayuu:

[…] en los arroyitos, los niños se bañaban, las niñas, los mu-chachos después de pastorear y hacer sus actividades se iban a bañar o se iban también a descansar, es un sitio de descanso. En el caso de las médicas tradicionales ellas buscan el agua del arroyo porque esa agua que fluye es mejor para hacer rituales y ahora donde lo van a buscar, han recurrido otras aguas, pero por eso el tema de la espiritualidad se ha visto impactado por la minería. (Entrevista a lideresa wayuu, mayo de 2015)

Todos estos cambios traídos por la minería al sur de la Guajira han sido reiterados insistentemente por muchas voces y sectores que luego de años de convivencia con la minería han podido constatar las enormes consecuencias que esta produce a nivel cultural. Pese a ello, proyectos como el p40 que contemplan el desvío del arroyo Bruno en dos tramos, y de otros afluentes como el río palomino, resulta un desafío y una nueva estocada a lo que queda de vida cerca a los tajos que la mina ha realizado durante años.

El arroyo Bruno es un arroyo vivo, en donde muchas de las prác-ticas aquí retomadas son realizadas por las comunidades y constituyen su única forma de supervivencia. De hecho, comunidades como La Horqueta —una de las más afectadas por el desvío—, fueron previa-mente desplazadas de su lugar de origen, trasladando su cementerio y con ello abandonando su memoria territorial. En la expedición al arroyo, realizada en septiembre de 2015, varios viejos de la comunidad recorrieron junto a los jóvenes estos lugares y recordaron la vida que había allí y cómo todo había cambiado desde la llegada de la empresa. La constante militarización de sus comunidades y el constreñimiento territorial al que han sido sometidos, resultan en complicados conflictos

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comunitarios y en una fuerte competencia por el acceso al agua, en una zona con posibilidades productivas reducidas y con un acoso constante para la ampliación de la mina.

Otros motores de la conflictividad: apropiación

y privatización de las aguas en la Guajira

Como se ha mencionado, una de las arenas de conflicto que se juega en las geografías de la minería de carbón creadas en la Guajira es la contraposición de visiones y concepciones acerca del agua. Estas luchas cosmológicas y filosóficas continúan entonces en disputas materiales por el agua en los territorios. Estas disputas materiales se caracterizan porque el agua se convierte en un “activo” o capital, lo que significa que el acceso y control de los activos naturales pasa a ser un factor que configura el territorio (Hinojosa et al., 2010).

El agua, convertida en mercancía, termina entonces en una lógica de competencia que admite diversas estrategias asociadas con su privati-zación, acaparamiento y uso de la fuerza para su control. Este cambio de valoración social, material y simbólica del agua, es característico en las formas de control territorial del extractivismo, que como es anotado por Swyngedouw (citado por Budds e Hinojosa, 2012, p. 13 produce paisajes hídricos específicos con patrones de acceso e inclusión, formas físicas de recorridos de las fuentes hídricas, presencia de obras hidráulicas, así como discursos y marcos regulatorios característicos.

Para el caso de la Guajira y en general del panorama colombiano, las relaciones de poder implicadas en el control del agua en territorios con explotación de carbón, están atravesadas por los intereses de grandes empresas trasnacionales con enormes músculos financieros, así como por marcos regulatorios, autoridades ambientales débiles y comunidades estructuralmente empobrecidas, en algunos casos con pocas fortalezas organizativas y dificultades de acceso a mecanismos de protección de sus derechos. Esta diversidad de actores, en condiciones evidentemente desiguales, pugna por el acceso y aprovechamiento del agua, unos para su sobrevivencia material y cultural y otros para su ganancia económica.

En este apartado analizaré los mecanismos que las empresas han utilizado para garantizar el control del agua en la región de la

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Guajira, estas estrategias se repiten en muchos lugares de explotación de carbón mostrando cómo

[…] existe un nexo entre el agua, el capital y el poder, en el cual el agua funciona como un lubricante de procesos de acumulación de capital, esto significa que controlar el agua en un contexto extractivo es sumamente importante para garantizar la producción de una espa-cialidad diseñada para el capital. (Swyngedouw, 2004)

Precisamente, las empresas y los gobiernos entienden este carácter “lubricante” del agua y han diseñado tanto políticas como estrategias para lograr la apropiación de este líquido vital en favor de los intereses privados; entre estas estrategias se cuentan desde la incidencia en la formulación de políticas públicas asociadas al sector minero y de agua, pasando por la intromisión en autoridades ambientales vía “puerta giratoria” —es decir funcionarios que pasan de las empresas mineras a las instituciones o viceversa—, compra de líderes, militarización de cuencas, construcción de obras hidráulicas y, como es señalado por Urrea (2014), privatización del agua.

Al respecto, el Estado colombiano, convertido en un Estado corporativo a favor de las empresas multinacionales, ha sido uno de los mayores responsables de la desigualdad jurídica y material de estos conflictos por el agua. La complicidad del Estado con el capital trasnacional se concreta en la expedición de leyes que han disminuido las competencias ambientales de algunos entes muni-cipales y departamentales para el ordenamiento del territorio, así como en otras disposiciones respecto a la consulta previa, la gestión del agua, entre otras. También por medio de la corporativización de la institucionalidad ambiental, el Estado colombiano ha favorecido los intereses sectoriales de la minería en detrimento de la protección de los derechos humanos de los pobladores en los territorios.

Captura corporativa de la institucionalidad ambiental

Las empresas han utilizado variados mecanismos para acceder al agua, algunos de ellos jurídicos, es decir a través de los instrumentos de política pública dispuestos por el Estado colombiano para el uso de

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aguas en emprendimientos industriales y mineros, los cuáles se resumen en permisos y concesiones para la utilización de las aguas.

Otra de las formas de captura corporativa del Estado en la Guajira se concreta en la institucionalidad “alterna” creada por la empresa multinacional para suministrar el agua a las comunidades. Cerrejón dispone de un sistema de fundaciones para la gestión social, que según la empresa: “busca promover y apoyar proyectos dirigidos al fortalecimiento y al desarrollo sostenible, con recursos propios y de otros aliados —nacionales e internacionales—, que se puedan aplicar a los ambiciosos proyectos de desarrollo regional” (Cerrejón, 2016). Entre estas se encuentra la Fundación Cerrejón-Agua, quienes im-pulsan iniciativas alrededor de soluciones de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene y gestión integral de fuentes hídricas.

Estas fundaciones ejecutan recursos en el marco de los prin-cipios de responsabilidad social corporativa (rsc) que se define según la Comisión de Comunidades Europeas (2001 p. 4) “como un concepto a través del cual las compañías integran las preocu-paciones sociales y ambientales en su operación comercial y en su interacción con sus grupos de interés de forma voluntaria”. Esto significa que las empresas establecen mecanismos para rela-cionarse con lo que en rsc se conoce como los stakeholders, grupo o individuo que puede afectar o ser afectado en el cumplimiento de los objetivos de la compañía.

Esta concepción de “disminución de daños o relacionamientos”, en el caso de la Guajira ha estado atravesada por una construcción de un espacio minero; en donde la empresa se incrusta en la vida cotidiana de las comunidades en el territorio, mediando casi completamente todas las relaciones que allí ocurren. Cerrejón ha utilizado las fun-daciones como estrategia para crear el espacio minero y convertirse en una institucionalidad alterna al Estado que, por su corrupción e ineficiencia, ha permitido dicha captura.

Discurso de la escasez

Otro de los dispositivos institucionales usados para esconder y maquillar los grandes procesos de acaparamiento y privatización del

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agua, efectuados por las empresas multinacionales de carbón, fue la producción simbólica y técnica del discurso de la escasez.

Como es señalado por Swyngedouw (2004):[…] la producción discursiva de la “escasez” sirve para manufac-

turar una crisis social en el terreno político de discusión de la gestión del agua y, en última instancia, para apoyar la especulación, que se equipara a un “terrorismo del agua”.

La escasez del agua como hecho material es indiscutible, no obs-tante, la escasez no se produce tan solo como una fatalidad natural, por el contrario hay varios factores que influyen en esta condición en un lugar determinado. De hecho, la escasez puede ser producida y repro-ducida mediante una serie de interrelaciones económicas y políticas ventajosas para agentes con intereses mercantiles sobre este elemento.

En la Guajira, durante 2014 y 2015 se presentó una de las mayores se-quías de los últimos años, que agudizó las condiciones de acceso y aprove-chamiento del agua de las comunidades wayuu y afroguajiras. Esta sequía causó un aumento de muertes de infantes por desnutrición, situación que se había venido denunciando, pero que durante este periodo se agudizó notablemente. Según los informes entregados por las comunidades y asesores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), en los últimos ocho años habrían muerto 4.770 niños de esa comunidad debido a situaciones relacionadas con alimentación y falta de agua potable. Por su parte, el dane reporta entre el 2008 y el 2013 la muerte de 4151 niños: 278 por desnutrición, 2671 por enfermedades que pudieron ha-berse tratado y 1202 que no alcanzaron a nacer.

Estos alarmantes indicadores coincidieron en su momento con un fenómeno climático conocido El Niño, que azotó al país durante el 2015 y que enrareció las condiciones climáticas en la Guajira; este fenómeno entonces terminó siendo señalado como el prin-cipal causante de la situación de escasez hídrica del departamento. De hecho, durante todo el 2015 se visibilizó en la opinión pública la difícil situación de la población wayuu respecto al acceso al agua, atribuyendo la responsabilidad al cambio climático y a la fatalidad natural incontrolable; en ese discurso parece no haber responsables,

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pero lo que nunca se visibilizó fueron los impactos de la industria minera del carbón en el departamento.

Esta falacia informativa, convertida en un discurso de la escasez, resultó diluyendo las verdaderas y estructurales causas de la “sed de la Guajira”, que como fue denunciada por Urrea (2014) tiene una relación directa con los más de treinta años de extractivismo minero de carbón en la zona. Al respecto, los intensos acaparamientos de agua super-ficial y subterránea que ha realizado la mina durante varios años, han tenido una consecuencia directa en la posibilidad de las comunidades de mantener un sistema agroalimentario sustentable.

En este orden de ideas, se conectan dos situaciones que reflejan grandes niveles de injusticia hídrica, la primera tiene que ver con la imposibilidad de la realización del derecho a la alimentación de las poblaciones en la Guajira, la cual está asociada al déficit hídrico para la agricultura; la segunda situación está conectada directamente con el derecho a la salud, ya que la dificultad de acceso y disfrute del agua significa para los seres humanos y no humanos la imposibilidad de gozar de un estado físico, emocional y social óptimo para la vida.

En resumen, el extractivismo minero, que insiste en su expansión, ha producido una situación de vulnerabilidad de derechos para todas las poblaciones en la Guajira —principalmente las comunidades indígenas y afro—, ya que el déficit hídrico que hoy vive esta región se traduce en la imposibilidad material de sostener la vida y, con ello, todas las funciones orgánicas asociadas. Aunque la Guajira no posee la riqueza hídrica de otros departamentos del país, la dispo-nibilidad hídrica después de la llegada de la minería a gran escala se ha reducido continuamente, en un proceso de vulneración de los derechos de toda la población.

La apropiación de las aguas y su privatización minera

Como es señalado por Isch (2010, p. 108) “la acumulación del agua no tiene que ver solo con la forma en la cual alguien se apropia de un bien natural transformándolo en recurso, sino que también se refiere a la forma de esta apropiación, es decir que es selectiva y se dirige a las aguas de mejor calidad”.

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En este sentido, unas personas o grupos de personas se quedan sin cantidad y calidad suficiente de agua para el desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que otras, además de acumular agua de mejor calidad, también terminan apropiándose de su manejo y de la toma de decisiones frente a su distribución.

Esta relación de apropiación, que puede ser agenciada por una persona, un sector o una clase social, se efectúa como un proceso de acumulación no solo de un bien natural sino también de un poder. Precisamente, el proceso de acaparamiento de agua tiene, según Isch (2010),

[…] una doble forma de expresarse: la primera tiene que ver con que un actor del mundo productivo utiliza cantidades de agua inmen-samente superiores a las de otros actores, logrando así acaparar para sí el recurso que es negado a la mayoría de la sociedad; la segunda corresponde a que este gran actor o usuario del agua devuelva el agua inutilizable hacia el esto de la comunidad que lo requiere. (p. 113)

Precisamente, esta mención de los actores del mundo productivo o corporativo nos lleva a incorporar otro concepto clave para entender las modalidades de la apropiación del agua en los territorios: la pri-vatización. La privatización ha sido un enfoque construido desde la economía, que se refiere a una transferencia del patrimonio público al sector privado; esta transferencia no solo se reduce a la propiedad sino también al manejo, gestión y uso de lo público. La privatización ha sido concebida también como una estrategia, por medio de la cual los sectores privados, quienes son los grandes propietarios de los medios de producción y de los circuitos de intercambio del capital, lo ofrecen y optimizan los procesos de administración de lo público frente a la ineficiente gestión estatal.

Para el caso de los bienes comunes y específicamente del agua y de los minerales, hablar de privatización implica el lamentable hecho de incorporar estos elementos naturales a los regímenes de propiedad del capitalismo moderno. Es decir, que siendo el agua “para el mercado” un recurso transable con una propiedad transferible, también es entonces un recurso privatizable. De hecho, existen planteamientos como el desarrollado por Hardin (1968), que sugiere la importancia

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de la privatización de los bienes comunes como una estrategia para evitar su agotamiento. No obstante, como es argumentado por Shiva (2004), el supuesto de Harding, acerca de que los bienes comunes son un sistema de libre acceso sin regulaciones sociales para su manejo, es equivocado. Más allá de una concepción de propiedad existen usos y formas ancestrales de gestión de los bienes comunes, que además tienen gramáticas y regulaciones las cuales han permitido su aprove-chamiento y protección; por lo que la privatización como estrategia de optimización resulta innecesaria.

De hecho, las concepciones más colectivistas y comunitarias de la propiedad, uso y gestión de los bienes comunes han sido fun-damentales para la conservación integral de ecosistemas con gran fragilidad; en cambio, la privatización, que se configura como una acción de privación, cercamiento y acaparamiento de las aguas y el territorio agenciada por empresas de gran poder económico, se ha convertido en una amenaza urgente para la naturaleza. Se estima que los procesos de acumulación de bienes naturales conducen a mayores daños ambientales, ya que como es señalado por varios autores el uso de la naturaleza está directamente ligado a la forma de organización de la sociedad (Godelier, 1984).

En el caso de los contextos mineros, como la Guajira, los pro-cesos de apropiación, acaparamiento y privatización del agua se han dado en diversas escalas y por diferentes agentes, pero todos ellos asociados a la adecuación territorial de una economía de enclave que durante treinta años ha impuesto relaciones desiguales de propiedad, acceso, gestión y uso del agua y de los minerales. Ahora analiza-remos, siguiendo a Ribeiro (2006), algunas de las modalidades de privatización del agua que la minería ha producido en esta región y que leemos también en clave de estrategias de control desarrolladas por las multinacionales mineras.

Privatización de los territorios y de las fuentes:

encerrados en nuestra propia tierra

La expansión de la frontera extractiva en la Guajira ha signi-ficado la necesidad de encontrar nuevos territorios donde haya naci-mientos de aguas superficiales y fuentes subterráneas. Durante años,

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las empresas mineras han realizado compras de tierras que, como ha sido documentado en varios informes (Cinep, 2016), han implicado procedimientos inadecuados y transacciones espurias. De hecho, la compra de tierras ha estado acompañada de procesos de desposesión obligada, ya que las comunidades adyacentes a los bordes de la mina, presionadas por los altos niveles de contaminación del aire y sobre todo del agua que les dificulta su pervivencia en el territorio, terminan vendiendo sus predios.

No podíamos acceder al río Ranchería para ir a pescar, porque era propiedad de la empresa. No podíamos acercarnos a los terrenos que dan hacia la Serranía del Perijá para cazar, porque también era propiedad de la empresa. Antes podíamos movernos de un lugar a otro sin problema, luego quedamos encerrados en 10 hectáreas, ya ni podíamos colgar nuestro chinchorro en cualquier parte, porque todo se volvió propiedad privada. (Testimonio de Jairo Fuentes Epiayú, Tamaquito, citado en Osorio, 2011)

La empresa con la propiedad de los predios también reclama la propiedad del agua y la incorpora como uno de sus activos. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso del arroyo Bruno, en donde uno de sus tramos se ubica en tierras con título de propiedad de la mina. Arguyendo este derecho de propiedad, se planearon las obras de desviación del cauce en esta zona, con el fin de “blindar” la obra de posibles litigios asociados al beneficio común que las aguas del arroyo prestan a las comunidades rurales y urbanas. No obstante, la empresa tuvo que responder por los perjuicios que esta desviación podía traer, tanto en la desembocadura como en el nacimiento y en el tramo medio del arroyo, zonas por fuera de su “propiedad privada”. En este caso, las comunidades wayuu que vivían en las riberas del Bruno fueron desplazadas de dichos predios por medio una transacción desventajosa en los años noventa y perdieron el acceso directo que tenían a la fuente; ahora, más distantes, vuelven a enfrentarse a una nueva avanzada de la mina que posiblemente los lleve a un nuevo desplazamiento y a un abandono tanto de la tierra como del agua.

Esto ha sucedido una y otra vez en la Guajira y se evidencia en los reasentamientos involuntarios que ha producido la expansión de

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la mina, los cuáles han generado la pérdida de las fuentes de agua de las cuáles dependían las comunidades afroguajiras y wayuu. Con el acaparamiento territorial, las comunidades se separan de sus com-plejos de vida construidos alrededor del agua y la empresa logra el control de la fuente, con lo que obliga a estas comunidades a establecer nuevas relaciones —lamentablemente mercantiles— con el agua. En los reasentamientos que han sido construidos en clave de hábitat suburbano (Chancleta y Patilla, por ejemplo), las comunidades afro-guajiras deben pagar por el servicio del agua, el cual es intermitente y distribuye agua de mala calidad.

En esta privatización del territorio también se acaparan las re-servas de agua subterránea que son de gran valor en la Guajira, los acuíferos confinados y no confinados que alimentan el ciclo del agua y que son cruciales en estas regiones de estrés hídrico, también se privatizan en la expansión de la mina. Esta situación genera nuevas preguntas y desafíos acerca del lugar del subsuelo en la legislación colombiana y frente a la protección de los acuíferos en los contextos de actividad minera.

Privatización por desviación de cauces: la

fractura de la integralidad ecosistémica

Una de las estrategias más usadas en la Guajira para la apropiación del agua es la desviación de cauces de grandes ríos y pequeños arroyos. Este tipo de apropiación resulta altamente efectiva en términos del control del agua en una zona que, como ya hemos señalado, se carac-teriza por un estado de estrés hídrico. Insistimos en que el río más importante en el sur de la Guajira es el río Ranchería —la mayoría de los arroyos hacen parte de su microcuenca—, por lo que cualquier intervención afectaría un ecosistema que soporta la mayor parte de la demanda hídrica humana y no humana del departamento.

Como es señalado por Isch (2010), los actores privados que se acercan al agua solo la ven como un recurso transable y desdeñan su importancia ecológica, ritual y social. Esto es precisamente lo que ha sucedido con los proyectos de expansión de la mina que han contemplado la desviación de cauces de río y arroyos en la Guajira. En el año 2012, las comunidades wayuu y afroguajiras, en compañía

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de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, libraron una ardua pelea contra las empresas mineras que pretendían desviar un tramo del río Ranchería, la más abundante fuente hídrica del de-partamento. Esto tenía como propósito ampliar la producción de la mina, que en su momento alcanzaba 32 millones de toneladas anuales, a 40 millones de toneladas anuales. El proyecto p500 sostenía que bajo el lecho de un tramo del río Ranchería habría 500 millones de toneladas de carbón, y que sería necesaria la desviación de un tramo de aproximadamente 26.2 kilómetros para su extracción. Después de grandes movilizaciones, ante un rechazo generalizado de las co-munidades y presión nacional e internacional, el proyecto se detuvo. No obstante, en el 2014, la empresa minera presentó otro nuevo pro-yecto denominado p40, que ya no disputaba las aguas del Ranchería sino las de uno de sus principales tributarios: el arroyo Bruno.

Este nuevo proyecto prendió las alarmas de las comunidades, quienes ya habían demostrado la inconveniencia de la desviación de fuentes hídricas en el departamento y quienes han sostenido que esta es la estrategia de la empresa para secar el Ranchería por el camino largo: secando sus arroyos. El p40 despertó la indignación de las comunidades guajiras, así como la de la opinión pública nacional, que durante los años 2014 y 2015 tuvo noticia, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, de la muerte de más de 5000 niños wayuu por desnutrición en este departamento. Dicha situación, causada por el desabastecimiento hídrico, suscitó una pregunta de naturaleza ecológica y política: ¿cómo es posible permitir el desvió de fuentes hídricas en un departamento en donde las personas mueren de sed y por deficiencias nutricionales?

Esta pregunta, que dirigió durante varios meses el debate y presionó a varias instancias para hacer una moratoria al proyecto, nos muestra una de las principales ref lexiones que este tipo de apropiación y privatización suscita, la cual tiene que ver con la inte-gralidad ecológica de los territorios. Las empresas mineras arguyen repetidamente que las intervenciones a tramos de ríos, arroyos y quebradas no causan un impacto de gran escala y que, por medio de procedimientos técnicos de simulación de cauce, traslado de fauna, reforestación etc., se restauran las fuentes desviadas y sus

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ecosistemas asociados; no obstante, varios ejemplos, como el desvío del arroyo Aguas Blancas o el arroyo La Puente han demostrado que a largo plazo los efectos en la disminución de caudales, la sedi-mentación y la pérdida de biodiversidad son evidentes. Sin contar con la fragmentación del ciclo hídrico, es decir que arroyos, pozos subterráneos, jagüeyes, la lluvia y los ríos guardan una relación que no puede ser vista de manera fracturada, ya que el sistema hídrico es integral, se interconecta y se alimenta, lo cual significa que una modificación en ese ciclo repercute en estos espacios y procesos amenazando integralmente la disponibilidad hídrica.

Los desvíos de fuentes hídricas, además de significar un atentado ecológico, normalmente se hacen para ampliar los tajos de explotación minera, lo que implica que el arroyo no queda exento de las afecta-ciones de su vecindad con el tajo; por el contrario, las desviaciones significan más vulnerabilidad frente a la contaminación y además una pérdida definitiva del territorio del agua, ya que estos desplazamientos resultan temporales frente a los apetitos de ampliación minera que siempre presuponen la expansión.

Es importante señalar que este tipo de apropiaciones implican no solo la privatización del agua sino también del territorio, ya que en el caso de la Guajira la compra de predios y la realización de obras de desviación han producido la restricción de movilidad de las comu-nidades adyacentes a la obra, la militarización de sus territorios y su copamiento industrial, así como nuevos relacionamientos de género propiciados por la presencia de trabajadores hombres y soldados cerca a las comunidades.

También existe otra modalidad de privatización por desviación o intervención de las fuentes hídricas, asociada con la realización de obras hidráulicas como represas o distritos de riego. Para el caso de la Guajira y el Cesar, en el 2010 se finalizó la represa el Cercado y el distrito de riego del río Ranchería, después de casi cinco años de cons-trucción. Esta gran obra de infraestructura tenía varios propósitos, entre los que estaba surtir los acueductos de nueve municipios del sur de la Guajira, producir energía y alimentar los distritos de riego del Ranchería y San Juan del Cesar. La construcción tuvo grandes demoras y sobrecostos, así como procedimientos inadecuados de

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consulta previa a las comunidades indígenas que habitaban la zona de construcción; actualmente, esta no ha significado ninguna mejora para el abastecimiento de agua en los departamentos. Por el contrario, y como ha sido ampliamente denunciado por el movimiento Ríos Vivos y las comunidades indígenas wiwas y wayuu, esta obra significó el desplazamiento y la pérdida de los medios y los significados de vida de muchas comunidades indígenas de la zona, así como problemas de salud y nuevos desplazamientos después del llenado, que fue irregular y por fuera de los parámetros establecidos.

Para los habitantes de la Guajira, el represamiento del río Ran-chería no ha significado ningún beneficio para el mejoramiento de la distribución del agua y el abastecimiento a los municipios, por el contrario, esta apropiación y privatización de sus aguas ahora solo sirven a los intereses privados tanto de la minería como del agrone-gocio (cultivos de arroz). Es claro que la represa el Cercado, aunque fue promocionada entre la población como una obra que pretendía contribuir a la solución de los problemas de agua del departamento, desde el principio estaba pensada como una estrategia de acapara-miento y privatización del agua con fines industriales.

Frente a esta situación, el silencio de la institucionalidad am-biental ha sido absoluto, sólo hasta el 7 de enero de 2015, debido a la fuerte temporada de sequía, Corpoguajira expidió la Resolución 035, que restringe el uso de las aguas de la represa para el sector arrocero. Sin embargo, el seguimiento y la realización de las interconexiones con los acueductos municipales sigue en espera, mientras que los problemas de abastecimiento, distribución y uso del agua continúan y se agudizan en las zonas urbanas y rurales de municipios como Barrancas, Hatonuevo y Albania.

Privatización por contaminación

Junto a estos procesos de apropiación y privatización mediante desvíos, represamiento o confinamiento de aguas, encontramos también una de las formas más aterradoras de la privatización: la contaminación. Como hemos insistido, los procesos de privatización y apropiación del agua parten de una visión mercantil de este elemento vital, la cual supone que controlar y acumular el agua es sinónimo

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de poder. En este sentido, las consecuencias de la apropiación y uso desmedido del agua resultan insignificantes para las personas, gremios o empresas que se la apropian.

Siguiendo a Isch (2010, p. 114) “la contaminación se define como el cambio de la naturaleza de un recurso o de las condiciones en las cuales se desarrolla la existencia de las relaciones al interior de un ecosistema”. Esta contaminación es agenciada de manera diferenciada por varios actores en el territorio, pero los intereses privados e indus-triales han sido especialmente uno de los mayores responsables de entregar aguas inservibles a comunidades y personas que dependen de ellas y que se juegan su posibilidad de pervivencia, ya que sin agua para el consumo y para la agricultura familiar los humanos y no humanos están destinados a la muerte.

Los procesos de privatización de agua por contaminación traen consigo una concepción inmediatista y a corto plazo, “ya que en esta apropiación sólo se valora todo aquello que pueda tener una utilidad económica” (Isch, 2010, p. 114), lo que convierte al agua en un producto casi desechable, sin tener en cuenta su carácter complejo e inseparable del sostenimiento de la vida en el planeta.

La industria minera requiere grandes cantidades de agua, tanto para el proceso de extracción como para la operación y el sostenimiento de los complejos asociados al funcionamiento de la mina. Pero más allá del agua que se consume, las cantidades de agua que se contaminan son mucho mayores: en los procesos de perforación en donde se contaminan los acuíferos, reservorios de agua subterránea; en los procesos de dis-posición de materiales estériles en donde por lixiviación se acidifican las fuentes superficiales de agua; en los procesos de transporte, etc.

La contaminación se desarrolla como una estrategia en la cual los sectores industriales y extractivos le quitan a las poblaciones el agua útil y sana y, en muchos casos, las obligan a desplazarse o a pagar en sus cuerpos el precio de un consumo de agua de mala calidad. Enfermedades, desnutrición e insalubridad se conciben como muertes lentas que garantizan la expulsión y el sacrificio humano y natural para el extractivismo. La estrategia es “quitar el recurso a los demás, de manera tal que, en última instancia, la cantidad y calidad de agua queda en pocas manos” (Isch, 2010, p. 116).

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Otra de las mayores consecuencias de la contaminación de las aguas por la minería de carbón en la Guajira son las enfermedades a las que se enfrentan las comunidades, así como la incertidumbre alimentaria que se vive. Como ha sido narrado por los líderes y las comunidades afectadas, las aguas contaminadas y la desaparición de fuentes de agua han significado la pérdida del buen vivir, de las prácticas y de su autonomía alimentaria

Con los cambios en el territorio ha habido un exterminio cultural, porque realmente, primero a la orilla del río y los arroyos en las partes bajas donde nosotros llamábamos calceta, sembrábamos, plátano, yuca, fríjoles, ahuyama, guineo en verano, porque la fertilidad de la tierra estaba allá, porque esto en invierno se inundaba y en verano podíamos sembrar y aguantaba y se cultivaba, ya no se puede hacer, entonces ahí hemos perdido el buen vivir, ese buen vivir que teníamos antes de la llegada de la minería ya no lo tenemos, ya lo que hemos tenido es un desplazamiento forzado, un desarraigo total, pero con ese desarraigo llegó la pobreza extrema, ahora nosotros llevamos del bulto, estamos sumidos en la pobreza. (Entrevista a líder afro guajiro)

La contaminación de las aguas también se ha convertido en una estrategia de corporativización de la vida cotidiana de las comunidades. En la Guajira, la empresa minera acumula y contamina el agua para luego —mediante responsabilidad social empresarial— distribuir aguas sanas e infraestructura que tiene como objetivo esconder y maquillar una estrategia de dependencia y de control de la vida de los indígenas y afroguajiros. En esta vía, la empresa ha ofrecido soluciones temporales e ineficientes que no garantizan el suministro y la disponibilidad de agua para todas las poblaciones afectadas; por ejemplo, proyectos como los reservorios de agua lluvia resultan irrisorios en una zona del país que tiene bajas precipitaciones y que ha estado fuertemente afectada por la variabilidad climática durante los últimos tres años.

Finalmente, la contaminación, que no solo se realiza sobre las aguas sino que afecta todas las partes que componen los ecosistemas adyacentes a la explotación minera (el aire, los bosques y el subsuelo) termina por convertirse en un factor de expulsión de las comunidades.

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El cercamiento ambiental y de subsistencia que el extractivismo agencia es uno de los vectores de desplazamiento forzado que ha re-producido nuevas victimizaciones. Las “víctimas del desarrollo” han sido reasentadas en espacios diferentes, con otro tipo de viviendas, otras formas de relacionamiento con el agua y maneras distintas de comunicación comunitaria, etc.

Estas víctimas, invisibilizadas en los marcos de política pública, son ahora los nuevos sujetos de la lucha ambiental, que no solo pugnan por la expulsión del modelo extractivo trasnacional, sino que ahora resisten la llegada de las diversas formas de economía verde, que en los actuales momentos de posacuerdo, parecen ser la apuesta de paz del gobierno actual. En la Guajira, la incertidumbre frente al crecimiento minero continúa signando la vida de las mujeres y hombres wayuu y afroguajiros quienes, con poco, siguen sobreviviendo y reinventando sus luchas después de treinta años de expoliación. El agua, otra víctima, agoniza ante el silencio del gobierno nacional y los gobiernos locales.

Conclusiones

El agua de la Guajira no solamente ha sido sistemáticamente vulnerada por las actividades asociadas al carbón; en efecto, otras formas de extractivismo como la agroindustria, las represas, la explo-tación de gas, se expanden por el departamento como un cáncer que privatiza el agua, desplaza y despoja a las comunidades y continúa territorializando el extractivismo en este departamento, configu-rándolo como una “zona de sacrificio”; este concepto desarrollado para varias zonas de copamiento extractivo en Chile, ha mostrado cómo los gobiernos eligen estratégicamente territorios con grandes riquezas asociadas a los minerales y el agua para entregarlos inte-gralmente al capital trasnacional.

La Guajira es un departamento que ejemplifica dicha situación, proyectos energéticos de toda índole han sumido al departamento en una crisis social, cultural y ambiental. Esta crisis ha llegado a extremos deplorables, asociados al sistemático exterminio material y cultural de las comunidades indígenas wayuu y afroguajiras, así como a la muerte de arroyos, manantiales y ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical.

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Sin duda, la Guajira es mucho más que carbón y energía, es un territorio con una riqueza cultural, cosmológica y social de gran im-portancia para el patrimonio y la memoria de Colombia. Sus playas, pescadores, indígenas y negros son parte de la memoria viva que se ha resistido al exterminio, a las invasiones, a las bonanzas, a la sequía y ahora al extractivismo. Urge que la Guajira sea reubicada en el proyecto político y económico del país, revalorando sus potencialidades más allá del extractivismo y sobre todo retornándole a este territorio las condiciones necesarias para que los derechos sean realizados y prote-gidos por un Estado a favor de sus ciudadanos y no de las empresas. El momento es propicio, gracias a los grandes pasos que los movi-mientos sociales han dado para garantizar su participación en los destinos de sus regiones y a los nuevos aires de construcción de paz que recorren a Colombia y que se constituyen en un momento histórico para emprender nuevos rumbos.

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Sobre los autores y autoras

Catalina Caro Galvis: antropóloga con estudios de maestría en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Forma parte del grupo de investi-gación Cultura y Ambiente. Ha trabajado acompañando comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en varios lugares del país, específicamente en temas relacionados con derechos humanos, conflicto socioambiental, educación propia e intercultural y educación popular ambiental. Ha sido docente ocasional en la Universidad Nacional de Colombia y en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es Investigadora de Censat Agua Viva, donde trabaja como coordinadora del área de conflictos mineros acompañando a comunidades afectadas por el extractivismo minero en el Cauca, el suroeste antioqueño y la Guajira.

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Anyi Viviana Castelblanco Montañez: licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del grupo de investigación Cultura y Ambiente. Ha trabajado acompañando comunidades para la formulación de procesos educativos propios, comunitarios y con población en condición de vulnerabilidad, y ha investigado temas socioambientales y de epidemiología. Actualmente trabaja en Censat Agua Viva apoyando los procesos investigativos y de acompañamiento de las comunidades afectadas por el extractivismo en los departamentos de La Guajira, Suroeste de Antioquia y Cauca.

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Martha Correa Casas: profesional en el área de antropología y medio ambiente, con estudios de maestría en Antropología Social y licenciada en Biología. Ha centrado su trabajo en la aproximación a conflictos socioambientales vinculados con la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, así como en el fortalecimiento de procesos de apropiación territorial. Tiene un interés especial en procesos asociados con la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la gobernanza del agua.

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Felipe Castro: geógrafo y magíster en Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, e investigador del Observatorio Regional uct. Su área de especialización son los sistemas de información geográfica aplicados a las ciencias sociales, así como los análisis y diagnósticos territoriales.

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María Christina Fragkou: profesora asistente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y una maestría en Tecnología Ambiental del Imperial College, Reino Unido. Es una de las profesoras a cargo del Laboratorio de Ecología Política y Conflictos Socioambientales del Departamento de Geografía. Su investigación se centra en los impactos sociales de la gestión de los recursos naturales y su escasez en Chile.

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Yerko García: sociólogo de la Universidad Católica de Temuco. Realizó su práctica en el Observatorio Regional uct, sobre la expansión forestal en Chile, y ha trabajado el tema de la autoidentificación indígena en aymaras y mapuches.

[email protected]

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Johanna Höhl: tiene un doctorado en Historia Contemporánea del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, y es magíster en Ciencias Regionales de América Latina de la Universidad de Colonia, Alemania. Docente de la maestría Governance of Risk and Resources, organizada por la Universidad de Heidelberg en colaboración con la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de interés son la gobernanza de recursos, específicamente el nexo entre agua y energía. Asimismo, estudia el rol de los pueblos indígenas en los procesos y estructuras de gobernanza en torno al uso y control de los recursos.

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Marcela López: geógrafa con una formación interdisciplinaria en estudios urbanos y ambientales. Su investigación se enfoca en desigualdades sociales, con-flictos ambientales y políticas de agua. Es la fundadora de la plataforma Paisajes Hídricos Urbanos en Disputa (contestedurbanwaterscapes.net), la cual promueve el diálogo e intercambio interdisciplinario entre académicos, movimientos sociales y proveedores de servicios públicos para la búsqueda de alternativas que permitan reducir las desigualdades en el acceso al agua. Actualmente es investigadora del Rachel Carson Center for Environment and Society en Munich, Alemania.

[email protected]

Jenny Marcela Peñuela López: estudiante de geografía de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de licenciatura en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Miembro del grupo de investigación Cultura y Ambiente del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de las organizaciones Colectivo Caicas y Mesa Socioambiental de Occidente. Sus temas de interés son ecología política urbana, movimientos ambientales, desarrollo y sociedad, gestión del re-curso hídrico, entomología y educación ambiental para la biodiversidad y la sustentabilidad.

[email protected]

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Jorge Rojas Hernández: doctor en Sociología por la Universidad de Hannover, Alemania. Sus líneas de investigación incluyen procesos de desarrollo regional, trabajo, transformaciones globales, instituciones, movimientos sociales y ambientales, sustentabilidad y cambio climático. Fue di-rector del Proyecto anillos soc-28: Impactos Socioambientales del Cambio climático en la Región del Biobío, y actualmente es investigador asociado del Proyecto conicyt/fondap 15130015: Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (crhiam). Investigador de la red temática Cambio Transnacional, Desigualdad Social, Intercambio Intercultural y Manifestaciones Estéticas en La Patagonia, Universidad Friedrich Schiller, Alemania y financiada por el daad. Investigador del grupo clacso: Pensamiento Crítico y Prácticas Emancipatorias. Ha sido director del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción decano de la Facultad de Ciencias Sociales y sub-director del Centro de Ciencias Ambientales (eula) de Chile. Actualmente es profesor titular del Departamento de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales) y vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (vrim), Universidad de Concepción, Chile.

[email protected]

Vladimir Sánchez Calderón: geógrafo y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia; Magíster y doctor en Historia de la Universidad de los Andes. Miembro de la línea de Historia Ambiental del grupo de investigación Historia, Ambiente y Política de las universidades Nacional y Los Andes; miembro de la línea de Historia Urbana del grupo de investigación PSORHE de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Profesor asistente de la Escuela de Historia, UIS. Sus áreas de interés son historia ambiental urbana, ecología política, ambiente urbano, historia y geografía de ciudades latinoamericanas, desastres y riesgos, antropoceno.

[email protected]

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Patricia Sánchez García: socióloga (2005) y magister en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia (2014), posgraduada en Cultura de Paz de la Uni-versidad Autónoma de Barcelona (2015). Actualmente cursa el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de Los Andes. Ha sido partícipe o coordinadora de procesos de investigación sobre conflictos socioambientales, extractivismo, minería, territoriali-dades campesinas, Zonas de Reserva Campesina e inundaciones. Ha sido consultora en organizaciones no gubernamentales y docente en diversas universidades públicas y privadas de Bogotá, en donde ha dictado cursos relacionados con ecología política, cartografía social, investigación cuan-titativa y cualitativa, así como con conflicto social y armado colombiano.

[email protected]

Lorena Andrea Torres Higuera: antropóloga y socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de maestría en Geografía en la Uni-versidad Federal de Espirito Santo, Brasil. Ha trabajado problemáticas asociadas a conflictos ambientales generados por la implementación de proyectos extractivos en territorios campesinos en el departamento de Cundinamarca; multiculturalismo y conflictos interculturales entre pueblos indígenas y campesinos del departamento del Cauca. Ha acom-pañado investigaciones sobre derecho, justicia propia y autonomía de comunidades indígenas de la región del Putumayo y la Sierra Nevada de Santa Marta.

[email protected]

Robinson Torres Salinas: sociólogo y doctor en Environmental Social Science por la Arizona State University, ee. uu. Su línea principal de inves-tigación es la ecología política, en particular la relación entre agua y poder social. Profesor asistente, Departamento de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales) y Departamento de Planificación Territorial (Facultad de Ciencias Ambientales), Universidad de Concepción, Chile. Es investigador del Cluster Agua & Sociedad del Proyecto fondap 15130015: Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (crhiam); e investigador principal del Proyecto fondecyt Postdoctorado 3170694:

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La Hidro-Modernidad de lo Común: una Ecología Política de los Nuevos Movimientos Sociales por el Agua en Chile (2017-2019). Miembro de la Red waterlat-gobacit, dedicada a la docencia e investigación acción en problemáticas sociohídricas y ambientales (véase, http://waterlat.org/es/).

[email protected]

Akbar Rosemberg Vargas Sandoval: geógrafo y estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de investigación Cultura y Ambiente del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo estudiantil Laboratorios Sociales de Ciencia y Tecnología (LabSCyT) de la misma universidad. Sus temas de interés son ecología política urbana, ciencia, tecnología y género, planeación urbano-regional, historiografía urbana y cartografía social y participativa.

[email protected]

Claudia Vásquez Baeza: creció en la comuna de Pudahuel ubicada en la periferia de la ciudad, este hecho la llevó a interesarse por las problemáticas urbanas en su comuna, las diferencias en el espacio público y el trabajo voluntario para mejorarlo. Estudió Geografía en la Universidad de Chile y elaboró su trabajo de grado sobre áreas verdes urbanas en zonas desérticas, con un marcado interés por el acceso desigual a ellas y sus diferencias de acuerdo con las clases sociales. Ha ejercido en el Instituto Nacional de Estadísticas, y en la Ilustre Municipalidad de Pudahuel.

[email protected]

Maria Isabel Valderrama González: comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en Ciencias Sociales (especialidad Territorios, Espacios, Sociedades) y doctora en Antropología Social y Etnología de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Sus temas de interés se centran principalmente en cuestiones relativas al territorio, gobernanza, pueblos indígenas, geopolítica interna, geografías del poder y de la resistencia, análisis

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institucional y de discursos. Su tesis doctoral aborda, desde una mirada crítica, los obstáculos para la implementación de sistemas de gobernanza en un territorio indígena como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde confluyen diferentes actores con sus intereses, representaciones y pro-yectos de territorio. Además cuenta con experiencia profesional en ordenamiento territorial, fortalecimiento organizativo, gestión social institucional, comunicación pública, trabajo de campo y concertación con comunidades.

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Patricia Veloza Torres: geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y especialista en Sistemas de Información Geográfica. Hace parte del grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Sus campos de investigación son los conflictos socioam-bientales y territoriales, la ecología política, la geografía feminista y los movimientos sociales. Ha trabajado en diversas organizaciones y ong, desarrollando proyectos sociales y ambientales en torno a la defensa territorial y el empoderamiento comunitario.

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Hugo Romero-Toledo: sociólogo, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Manchester y profesor asociado del Instituto de Estudios Antropoló-gicos de la Universidad Austral de Chile. Sus áreas de investigación son transformaciones socioambientales, geografías interculturales y geografía histórica. Fue director del Observatorio Regional de la uct, y miembro de los claustros del magíster en Planificación Territorial y del doctorado en Estudios Interculturales. Investigador de la línea Geografía del Con-flicto del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (coes) y ha colaborado con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas (ciir).

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546


Astrid Ulloa: profesora titular del Departamento de Geografía de la Univer-sidad Nacional de Colombia y directora del grupo de investigación Cultura y Ambiente. Tiene una maestría y doctorado en Antropología de la Universidad de California, Irvine, ee. uu. Hace parte del consejo asesor de la Asociación Ambiente y Sociedad Colombia. Sus principales temas de investigación son: movimientos indígenas, autonomía, género, territorialidad, problemáticas ambientales, extractivismos, cambio cli-mático, al igual que alternativas y propuestas locales. Investigadora de las redes Gesma y TrAndes. Actualmente su proyecto de investigación, financiado por la Universidad Nacional de Colombia-grade, se enfoca en gobernanza hídrica en escenarios de minería a gran escala.

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547

A

Acueducto: 21, 46, 64, 85, 155-157, 199,

214, 349-351, 353, 368, 371-373, 375,

380-385, 393, 394, 397-400, 404-407,

409-414, 416

Agrosuper: 165, 166, 168, 171

Agua

no contabilizada: 336

potable: 23, 24, 32, 45, 61, 88, 106,

133, 134, 149, 150, 156, 157, 170, 171,

189, 194, 201, 209, 210, 338, 340, 344,

347-349, 353, 357, 359, 364, 365, 368-

371, 375, 384, 386, 389, 397, 398, 400,

403, 405-407, 409, 413, 417

prepago: 341, 343, 350

Apropiación: 19, 36, 42, 44, 71, 89, 92,

94, 103, 104, 107-109, 111, 112, 114,

115, 149, 152, 217, 225, 231, 234, 235,

239, 241-245, 254-256, 253, 277, 283,

304, 359, 362, 376, 377, 381-385, 387,

388, 417, 470, 479, 487, 494, 498, 510,

513-515, 517-519, 532

Araucanía: 57, 58, 71, 72, 74, 75, 78,

310, 311

Áreas verdes: 46, 429, 435, 438-452,

530

Asentamientos informales: 343

Aymaras: 29, 39, 57, 58, 62, 63, 65,

67-69, 71, 72, 79, 80, 83

B

Bien común: 26, 34, 36, 38, 134, 136, 137,

141, 142, 171, 172, 205, 265, 382, 514,

520, 530, 536

Bien público: 23, 24, 35, 171, 308, 336,

345, 348, 369, 536

Bienes comunes: 34, 40, 78, 108, 137,

142, 363, 520, 536

Bogotá: 45-47, 231-233, 246, 262, 276,

286, 359, 360, 374-377, 382, 384, 391-

393, 396-400, 402, 405, 406, 410, 412-

414, 416, 460-465, 467, 468, 474, 476,

478-480, 483, 489, 490-492, 503, 508,

518-520

Buenos Aires Los Pinos: 45, 359, 360,

363, 369, 373-378, 382, 384-388

C

Cabrera: 42, 43, 48, 261-265, 274, 275,

280, 282, 283, 288, 289-292

Cmëntšá: 533

Camiones aljibe: 68, 76, 149, 157, 168,

170, 172

Carbón: 39-41, 85-93, 99, 100, 103, 104,

106, 107, 112, 116-118, 177, 179-183, 185,

188, 190, 191, 200, 202, 204, 206, 207,

264, 287, 374

Cerrejón: 86, 93, 95, 100, 101, 105, 177, 180-

193, 197, 200-207, 209-211, 214, 215, 217

Índice de materias

Índice de materias y nombres

548

Chile: 11,12, 15, 16, 19, 20, 26, 30, 34, 35,

37-39, 41, 43, 46, 48, 57-59, 61, 62, 64,

67-69, 71, 72, 74, 78, 117, 147-153, 158,

165, 167, 168, 170, 171, 297, 298-300,

306-308, 310, 311, 312, 314, 318, 323,

339, 429, 431, 436, 438, 451, 453, 527

Ciclo hidrosocial: 24, 25, 35, 43, 61, 78,

263, 283, 284, 529, 530

Ciudad: 44-46, 69, 76, 343, 344, 346,

394-396, 397, 416, 451, 480-484

bacteriológica: 23

desértica: 46, 430

moderna: 23, 397, 416

Ciudadania: 30, 44, 45, 150, 288, 335,

337, 342, 343, 346, 349, 350, 352, 353,

361, 459, 484, 511

Conflicto(s)

ambiental(es): 194, 395 487

hídrico(s): 24, 30, 65

socioambiental(es): 21, 23, 24, 30,

40-42, 47, 48, 177, 180, 190, 200, 202,

207, 208, 210, 216, 300, 302, 305, 324,

325, 473, 487, 489, 496, 499, 500, 509,

516-518, 520

Conquista hidrosocial: 42, 227, 229, 231,

234-237. 240, 242, 248-250, 254-256

Corporatización: 339, 343

Cosmovisión: 30, 33, 40, 92, 96, 97, 99,

316, 320, 321

Cuencas hidrográficas: 123-125, 276

D

Derechos de la naturaleza: 535

Desalinización: 429, 430, 432, 531

Desarrollo: 12, 13, 19, 32, 43, 77, 88, 105,

117, 123, 126, 130, 133, 147, 149, 151, 155,

158, 165, 178, 183, 186, 187, 191, 192, 194-

196, 199, 210, 215, 225, 229-239, 241,

252, 255, 256, 264, 269, 270, 272-274,

285, 286, 288, 298, 299, 304, 307, 309,

312, 314-317, 319-322, 324, 352, 360,

363, 364-367, 372, 373, 376, 384, 403,

431, 461, 62, 465, 472, 475, 478-480,

487, 506, 530

Desarrollos geográficos desiguales:

177, 178, 217

Desastres: 396, 401, 402, 415

Desconexión: 340, 342, 343, 352

Desierto de Atacama: 62, 429, 431

Desigualdades: 12, 15, 20, 24, 38, 44, 45,

299, 304, 333, 341, 342, 354, 391-395,

406, 417, 418, 483, 531-533

Dinámicas de negociación/resistencia:

71, 529

Dirección General de Aguas (DGA):

149, 166

E

Ecología política: 11, 15, 21, 23, 24, 29,

32, 42, 43, 47, 48, 60, 177, 273, 297, 303,

305, 394, 403, 430, 433, 487, 488, 495,

499, 505, 510

Ecología política urbana: 22, 46, 393,

395, 431, 432, 433, 434, 451, 452

Elitización: 46, 47, 374, 464, 478, 480,

483

Embalse de La Esmeralda: 238

Energía hidroeléctrica: 43, 261-263,

266,-270, 272, 273, 283-287

Especies vegetales: 46, 431, 435, 440,

441, 446, 451, 452

Estructura Ecológica Principal: 461


549

Etno-territorialidades: 57

Extractivismo: 12, 30-34, 38, 39, 57-59,

61, 64, 72, 77, 78, 80, 87, 103, 107, 115,

117, 118, 207, 217, 386, 527, 530

F

Forestal Arauco: 155, 157, 158

Fractura hidro-metabólica: 41, 147, 148,

152, 153, 165, 168, 170, 172

G

Gestión del agua: 37, 41, 104, 106, 139,

150, 299, 302, 308, 360, 361, 363, 370,

372, 373, 385, 462

Gobernanza: 12, 28, 31, 38, 40, 44, 55,

123-126, 132, 139-141, 148, 151, 170, 300-

306, 309, 313, 360, 376, 531

Gobernanza ambiental: 124, 301, 302,

304

H

Humano: 23, 26, 29, 34, 35, 73, 530,

534, 535

Hidroeléctricas: 12, 20, 27, 32, 34, 36,

38, 42, 61-63, 73, 75, 78, 164, , 228, 229,

253, 256, 263, 264, 269, 298, 303, 368,

386, 527, 532

Hidroelectricidad: 73, 77, 79, 162, 297,

298, 303, 322, 323

Hidropoder: 36, 42, 261, 283, 289, 531

Historia ambiental urbana: 393, 395, 396

Humedal: 11, 19, 44, 46, 47, 64, 67, 147,

151, 158, 404, 459, 460-479, 481, 482,

487, 488-519

Humedal Jaboque: 46, 47, 459, 461, 463-

469, 474, 45, 478, 479, 484

I

Identidad indígena: 59, 65

Identidades étnicas: 299, 304, 305, 320

Indígenas: 33, 34, 37-40, 43, 44, 48, 57-72,

75, 78-80, 91, 99, 107, 114, 116-118, 123,

125-133, 135-138, 141, 142, 160, 183-185,

189, 190, 192, 193, 206, 297-310, 312-325,

466, 467, 528-530, 533, 534

Infraestructura: 14, 23, 24, 27, 28, 31,

34, 36, 37, 45, 47, 76, 86, 88, 113, 116,

126, 134-136, 150, 160, 171, 179, 190, 197,

203, 213, 237, 261, 267, 274, 276, 279,

281, 336-338, 345-347, 350, 352, 367,

371, 372, 376-380, 383, 384, 403, 412,

433, 434, 446, 449, 450, 452, 498, 503,

506, 507, 509, 518, 529

Injusticia ambiental: 87, 177, 178, 215,

430, 443, 446

Interés general: 133, 134, 136, 137, 142, 317

Investigación Acción Participativa:

489, 495

J

Justicia ambiental: 24, 31, 46, 403, 429,

431-435, 445, 451, 452, 535, 536

Justicia ambiental relacional: 535, 536

Justicia hídrica: 32, 33, 488, 527, 535, 536

L

La Calera: 45, 359, 360, 363, 373-375, 385

La Colosa: 41, 177, 180, 194-198, 210,

211, 213-215

M

Mapuche: 57, 60, 62, 71-77, 79, 80, 150,

160, 162, 298, 299, 305, 316, 321


550

Maritorio: 78, 80

Materialidad del agua: 338, 352

Mega-sequía: 148, 153, 169, 169

Mercantilización: 20, 36, 42, 308, 322,

335, 360, 362, 367, 365, 377, 378, 478,

480, 482, 536

Metabolismo hídrico: 23, 46, 430, 432

Minería: 14, 24, 32, 39, 40, 57, 52, 63, 65,

69, 71, 78, 86-90, 92-95, 100, 102-104,

107, 109, 114, 116, 148, 151, 177-179, 181,

184-190, 192, 194-201, 210, 211, 214-216,

270, 386, 431, 432, 437, 459

Movimientos sociales por el agua: 171

N

Naturaleza: 15, 20-23, 26, 28, 29, 32, 43,

44, 47, 89, 91, 93-97, 109, 112, 115, 141,

152, 160-163, 165, 216, 228, 229, 231,

232, 241, 264, 271-273, 283, 286, 297,

299, 301, 304-306, 317, 319, 320, 322,

323, 337, 338, 350, 359, 360, 362, 366,

381, 388, 394, 395, 433, 434, 462-466,

468, 469, 476-483, 487-489, 492, 499,

504, 510, 513, 518, 519, 528, 534, 535

capitalista: 463, 469, 480, 481

orgánica: 47, 464, 466, 468, 483

Norte Grande: 57, 58, 60, 63, 68, 69,

71, 79, 308

No humano: 28, 29, 34, 35, 73, 96, 299,

303, 321, 322, 325, 528, 530, 533-536

O

Organizaciones ambientales: 494, 496,

497, 506, 517, 520

P

Paisaje(s) hídrico(s): 36, 90, 94, 95, 103,

217, 235, 336, 376, 380, 384, 494, 499,

500, 506, 508, 509, 511, 512, 517-519

Paisaje hídrico urbano-rural: 47

Planes de Ordenación y Manejo de

Cuencas Hidrográficas (POMCA):

124-128, 130-134, 139, 140

Poder: 15, 19, 21-23, 27, 28, 29, 31, 40, 42,

43, 61, 67, 80, 87, 91, 94, 103, 104, 108,

109, 115, 124, 138, 151, 164, 170, 216, 217,

233, 235-237, 240, 248, 252, 256, 264,

265, 283, 285, 289, 297, 298, 300-304,

306, 310, 315, 323, 346, 361-353, 366,

374, 376, 381, 394, 397, 410, 411, 430,

433, 452, 468, 472, 487, 489, 511, 517,

527, 528, 530, 531

Privatización: 16, 19, 23, 26, 36, 37, 41, 42,

45, 57, 61, 79, 80, 89, 92, 102-105, 107-

109, 111-115, 147-151, 153, 181, 252-256,

269, 270, 305, 306, 337, 352, 360-365,

370-373, 377, 480, 520, 531, 535

Proyecto Hidroeléctrico El Paso: 43,

261-264, 270, 274, 275, 278, 279, 283,

284, 288, 289, 291, 292

Público: 25, 35, 41, 44, 86, 108, 124, 132,

133, 136, 150, 151, 166, 252, 253, 335, 337,

338, 342, 343, 349, 351, 353, 354, 369,

383, 470, 487, 509, 511, 516

Pueblos indígenas: 33, 37, 38, 43, 58-63,

65, 72, 78, 80, 125-127, 129, 132, 133,

135-137, 141, 297, 300, 302, 303, 305-

309, 312-318, 321-325, 466, 530, 533, 534

Punilla: 159-161, 163-165, 171


551

R

Ralco: 43, 73, 162, 297-300, 302, 303,

309-314, 316-318, 320-325

Recurso natural: 137

Represa de Chivor: 42, 226, 227, 229-

234, 246, 255

Represas: 12, 22-24, 27, 34, 38, 42, 61,

113, 117, 160, 162, 164, 165, 171, 172, 227-

229, 237, 251, 255, 267, 297, 299, 312,

397, 402-406

Río Tunjuelo: 45, 391-393, 395, 396, 398,

401-406, 408, 410, 414, 416

S

Sabana de Bogotá: 47, 462, 487, 489,

490, 492, 494, 503, 508, 511, 518-520

Sector Hugo Chávez: 47, 462, 464, 469-

474, 476, 477, 481

Segregación espacial: 475

Servicio público: 25, 133, 134, 136, 137, 284

Sierra Nevada de Santa Marta: 40, 123,

125-130, 132-136, 140, 141

Siglo XX: 24, 27, 29, 34, 36, 45, 60, 64,

72, 75, 149, 153, 159, 171, 181, 225, 229,

248, 255, 277, 278, 391, 395-397, 400,

402, 403, 406, 415, 416, 467, 530

Significación: 30, 73, 78, 255, 513-515

Socionaturaleza: 47, 461, 464, 476, 478,

480, 481

T

Territorio(s): 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22,

27-31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 48,

57-59, 61-65, 67, 71-73, 77-80, 87, 89-90,

92-105, 108-111, 113, 115-118, 124-130,

132, 134, 137, 138, 139, 141, 148, 149, 152,

158, 165, 169-172, 178, 183, 187, 188, 192,

194, 197-199, 211, 213, 215-217, 227, 229,

231, 232-235, 242, 250, 252, 254-256,

261, 262, 264, 265, 272, 273, 275, 276,

278-280, 282, 285, 287, 288, 289, 291,

292, 299, 302, 303, 305, 307, 312, 314-

325, 359, 362, 364, 365, 372-375, 378,

381-388, 434, 435, 461, 471, 472, 476,

479, 481, 483, 489, 490, 496, 498-500,

509-511, 517, 519, 520, 529, 532-534, 536

U

Urbanización: 43, 45, 47, 59, 60, 148, 151,

230, 233, 272, 273, 286, 288, 391-396,

404, 406, 416, 418, 451, 464, 469, 470,

477, 481, 507

Urbanización popular: 393, 396

V

Valle de Tenza: 42, 225, 226, 229-232,

234-238, 241, 248, 255, 256

W

Wayuu: 89, 93, 95-102, 106, 110-112, 114,

117, 183, 184, 189, 190


e di ta d o p or e l Ce n t ro E di t or i a l

de l a Fac u lta d de ci e nci a s

h u m a na s de l a u n i v e r si da d

naciona l de c ol om bi a, For m a

pa rt e de l a bi bl io t e c a a bi e rta,

c ol e c ción ge n e r a l , se r i e

pe r spe c t i va s a m bi e n ta l e s .

e l t e x t o f u e c om pu e st o e n

c a r ac t e r e s m i n ion y f ru t ige r .

se u t i l i z ó pa pe l Hol m e n bo ok

de 70 gr a mo s y, e n l a c a r át u l a,

Cl a s sic L i n e n Nat u r a l W h i t e DE

2 16 gr a mo s. e l l i bro se t e r m i nó

de i m pr i m i r e n bo g o tá, e n d gp

e di t or e s sa s , e n o c t u br e de 2 018 .

La relación entre la Política del agua y los procesos que estructuran

a las sociedades humanas a nivel planetario se encuentra marcada

por múltiples tensiones y contradicciones, que se expresan en

la profundización del deterioro de la calidad y cantidad del agua

disponible para la vida, en grados crecientes de desigualdad

e injusticia en el acceso al agua, y en la multiplicación y

agravamiento de conflictos por esta, que revisten altos niveles de

complejidad debido a su carácter multidimensional, no reductible a

consideraciones técnicas y económico-mercantiles.

En este contexto altamente conflictivo, los casos de Colombia y

Chile revisten una importancia fundamental. Ambos países son

territorios privilegiados en la mira de la expansión extractivista

que caracteriza a la región latinoamericana. Colombia,

particularmente a partir de los acuerdos de paz firmados en

2017, se ha constituido en una de las fronteras más codiciadas

para dicha expansión, una de cuyas consecuencias más notables

ha sido el rápido crecimiento de la violencia y el asesinato

sistemático de las poblaciones que resisten el avance de la

expropiación y la expoliación extractivista. Chile, por su parte,

continúa siendo un ejemplo paradigmático de implementación del

ideal neoliberal de política del agua, prácticamente inigualado a

nivel global, debido al carácter extremo que asume la privatización

de las fuentes de agua en el país.

Este libro, compuesto por catorce capítulos de distintos especialistas,

constituye una excelente contribución a un debate urgente que debe

ser ampliado y profundizado, dadas las consecuencias de estos

procesos para el futuro de las sociedades latinoamericanas y, por

extensión, para el futuro de las sociedades humanas. La compilación

nos presenta una riqueza de ejemplos empíricos procedentes de los

medios urbanos y rurales de Chile y Colombia, que fundamentan

los argumentos ecológico-políticos desplegados por los autores

y confirman la gravedad de los desafíos que enfrentan las

comunidades ubicadas en los territorios de frontera del avance

extractivista. Su lectura resultará de gran provecho para un amplio

público interesado y comprometido con el estudio y el debate sobre

la política del agua y sus consecuencias para el futuro de nuestras

sociedades y de la vida misma.

José Esteban Castro

Coordinador de la Red waterlat-gobacit

ISBN 978-958-783-565-6

9 789587 835656

agua y disputas territoriales en chile y colombia

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