carlos ojeda bennett 30º-30.pdf · conceptualización a partir de la declaración de bridgetown,...

ANEPE

30Investigaciones

• Manual docente de las doctrinas de em-pleo de Unidades (Academia de Guerra del Ejército, 1996).

• Análisis crítico del sistema de planifi ca-ción estratégica del Ejército (Academia de Guerra del Ejército, 1997).

• Les Crises et la prise d’otages à la rési-dence de L’ambassadeur du Japon à Lima (Centre d’études diplomatiques et straté-giques de Paris, 2000).

• Refonte du système de sécurité interamé-ricain sur la base d’une analyse prospecti-ve des menaces communes Tesis doctoral (Université Paris 5, 2007).

• Defi nición de las capacidades de la De-fensa Nacional de Chile: “Bases para una doctrina” (Ministerio de Defensa Nacio-nal, 2011).

• Amenazas emergentes en América del Sur (ANEPE – Escuela Superior de Guerra de Brasil), 2012 – 2013).

Publicaciones:

• Los trabajos prospectivos: Una herramien-ta para la toma de decisiones (Memorial del Ejército año 2001).

• La previsión y prospectiva de las crisis internacionales. Traducción (Memorial del Ejército año 2002).

• Crisis en Irak: Desarrollo y perspectivas (Memorial del Ejército año 2003).

• Los recursos hídricos compartidos y su im-pacto en la seguridad (ANEPE – 2012).

• Las amenazas emergentes: análisis de causalidad en el ámbito nacional. (ANEPE 2013).

• El Océano Pacífi co: El despertar de las po-tencias (ANEPE 2013).

Colección de InvestigacionesAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

CARLOS OJEDA BENNETTLas amenazas multidimensionales son fenómenos sociopolíticos a los cuales nos enfrentamos, con diferentes intensidades, desde mucho antes de la caída del Muro de Berlín o de su conceptualización a partir de la Declaración de Bridgetown, Barbados, en el año 2002.

Sin embargo, a partir de los acontecimientos derivados de los hechos antes señalados, las llamadas amenazas emergentes, nuevas amenazas o, como se señalara, “amenazas multidimensionales”, han adquirido una relevancia cada vez mayor, aspecto que ha generado, en algunos casos y a partir de sus propias realidades, defi niciones estatales que han llevado a cambios en los roles de los organismos de seguridad y defensa, así como la creación o adecuación de organismo de cooperación internacional de carácter global, regional o subregional.

Consecuente con lo anterior, el problema no radica en conocer cuáles son, sino en determinar, por una parte, su impacto, y por otra, las herramientas que los diferentes Estados se han dado para enfrentarlas, toda vez que sus efectos, claro está, traspasan las fronteras de estos.

Es por ello que en esta obra el autor, desde una mirada suramericana, analiza dichos problemas de seguridad, centrándose en aquellos de mayor signifi cación colectiva, dejando de manifi esto su presencia, los instrumentos conceptuales, legales y organizacionales que se han dado para hacerles frente, así como los caminos que estima más adecuados para, desde una concepción moderna de la relaciones internacionales y de la seguridad, hacerles frente.

CARLOS OJEDA BENNETT

Es Coronel en retiro, Doctor en Ciencia Política y Magíster en Prospectiva en Asuntos Interna-cionales de la Universidad París 5, en Relacio-nes Internacionales (Enseignemet Diplomatic Supérieur) del Centro de Estudios Diplomá-ticos y Estratégicos de París, como también, graduado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia.

Es Magíster en Planifi cación y Gestión Estra-tégica, profesor de Historia Militar y Estrate-gia, así como en Geografía Militar y Geopolí-tica de la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

Actualmente, se desempeña como investiga-dor residente del Centro de Estudios Estraté-gicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

AMENAZAS

MULTIDIMENSIONALES

UNA REALIDAD EN SURAMÉRICA

AM

EN

AZ

AS

MU

LTID

IME

NS

ION

AL

ES

. UN

A R

EA

LID

AD

EN

SU

RA

MÉ

RIC

AC

arlo

s O

jed

a B

en

ne

tt


AMENAZAS

MULTIDIMENSIONALES: UNA

REALIDAD EN SURAMÉRICA

ANEPE

Carlos Ojeda Bennett

Colección de Investigaciones ANEPE N° 30

Copyright 2013 by: Carlos Ojeda Bennett

Diciembre de 2013

Edita ANEPE

Registro de Propiedad Intelectual Nº

ISBN: (Volumen 30)

ISBN: 978-956-8478-00-1(Obra completa Colección Investigaciones ANEPE)

Sello Editorial: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos(956-8478)

Diseño portada: Secretaría Ejecutiva Consejo Editorial ANEPE

Impreso en los talleres de Alfabeta Artes Gráfi cas que solo actúa como impresor

Derechos Reservados

Impreso en Chile / Printed in Chile

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE

Contraalmirante Harald Sievers ZimmerlingDirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

DIRECTOR

Julio E. Soto SilvaMaster of Sciences in National Security Strategy, NWC, NDU, Washington, D.C.

Magíster en Ciencias Militares con mención en Gestión y Planifi cación Estratégica, Licenciado en Ciencias Militares, Ofi cial de Comando y Estado Mayor del Ejército

de Sudáfrica y Especialista en Guerra Conjunta Superior FF.AA. de Sudáfrica y Diplomado en Educación Profesional Militar en Política y Estrategia de Seguridad Nacional, CDLAMP, NDU, Washington, D.C.; fue miembro del equipo redactor de

los Libros de la Defensa Nacional 2002 y 2010, respectivamente. Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Posgrado de la ANEPE.

EDITOR Y SECRETARIO

Iván Rojas Coromer

VOCALES 2013-2014Jaime Abedrapo Rojas

Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, Cientista Político y Periodista.

Profesor Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales. Subdirector de la ANEPE. Chile.

Roberto Arancibia ClavelDoctor en Historia - Universidad Católica de Chile. Magíster en Ciencias Políticas, Universidad Católica de Chile. Director Académico. Magíster en Historia Militar y

Pensamiento Estratégico, Academia de Guerra del Ejército. Chile.

Gustavo Basso CancinoMagíster en Ciencias Militares, mención Gestión y Planifi cación Estratégica.

Magíster en Seguridad y Defensa, mención Inteligencia Político-Estratégica en la ANEPE. Chile.

Fernando Cañas PalaciosDiplomado en Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez. Chile. Universidad del

Desarrollo. Chile.

Roberto Durán SepúlvedaDocteur en Sciences Politiques, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales

(IUHEI), Ginebra-Suiza. Instituto de Ciencia Política, Universidad Católica. Chile.

Uldaricio Figueroa PláAdministrador Público de la Universidad de Chile. Embajador de carrera, en retiro.

Profesor en la Academia Diplomática de Chile.

Carlos Molina JohnsonMagíster en Ciencia Política, mención Teoría Política, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Militares, mención Planifi cación y Gestión Estratégica,

Academia de Guerra del Ejército. Doctor (c) Filosofía, Universidad Pontifi cia de Salamanca. Asesor del Ministro de Defensa Nacional. M.D.N. Chile.

Walter Sánchez GonzálezDoctor en Ciencia Política - Universidad de Notre Dame, EE.UU. Instituto de

Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Chile.

Walter Walker JanzenProfesor de Estado en Matemáticas y Estadística. Licenciado en Educación,

Universidad EDUCARES, Chile, Magíster en Educación, Universidad de Santiago de Chile (Columbia University) Chile (USA), Doctorado en Investigación Pedagógica:

Sufi ciencia Investigadora U.R.L., Barcelona, España, Doctorado en Pedagogía: Doctor en Pedagogía, Universidad Ramón LLULL, Barcelona, España. ANEPE, Chile.

Iván Witker BarraDoctor en Comunicaciones - Universidad Carlos IV de Praga, República Checa.

ANEPE, Chile.

CONSEJO EDITORIAL CONSULTIVO INTERNACIONAL 2013-2014

Mariano C. BartoloméDoctor en Relaciones Internacionales - Universidad del Salvador, Escuela Superior

de Guerra, Escuela de Defensa Nacional - Universidades Nacional de La Plata y Universidad de Palermo. Argentina

Jaime García CovarrubiasDoctor en Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Pontifi cia de Salamanca

(España). Professor of National Security Aff airs, Estados Unidos de América

Marina MalamudDoctora en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Magíster en Defensa Nacional. Escuela de Defensa Nacional. Licenciada en Sociología. Universidad de

Buenos Aires. Argentina.

Luis V. Pérez GilDoctor en Derecho con Premio Extraordinario. Universidad de La Laguna. España.

Gema Sánchez Medero

Doctora en Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid. España.

Cynthia A. WatsonPh.D. Universidad de Notre Dame. MA Escuela de Economía y Política de Londres.

B.A. Universidad de Missouri en Kansas City. Estados Unidos.

7

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

EL ENTORNO INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS EN LA SEGURIDAD REGIONAL

PRECISANDO EL CONTEXTO REGIONAL

LAS POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN

AMENAZAS MULTIDIMENSIONALES EN LA REGIÓN

EPÍLOGO

BIBLIOGRAFÍA

9

11

15

19

57

99

107

9

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), en su tarea por generar conocimiento a través del desarrollo de temáticas que impacten a la seguridad y la defensa, más allá de lo meramente nacional, abordó el desafío de realizar, en conjunto con la Es-cuela Superior de Guerra del Brasil, una investigación sobre las amenazas multidimensionales en la región. Con tal propósito, encomendó a su investigador residente, Coronel de Ejército en retiro y Doctor en Ciencia Política, Carlos Ojeda Bennett, que abordara dicha problemática desde una mirada comprehensiva que permitiese contar con una visión general de la situación que enfrenta la región y sirviese de base de refl exión sobre esta reali-dad, material que ha servido de fundamento para la publicación de este libro.

A partir de lo señalado, esta publicación ha obviado incor-porar datos estadísticos que le dieran un sentido de extrema temporalidad a un trabajo que pretende abarcar aspectos más permanentes y profundos, sustentados en la conformación de políticas públicas y de organizaciones regionales o subregionales atingentes a la situación en estudio.

Durante el desarrollo de este trabajo, el autor busca de ma-nera importante sentar las bases para generar una unidad de criterio en cuanto a lo que se podría entender por Vulnerabilida-des, Riesgos, Amenazas y otras preocupaciones a la seguridad, conceptos acuñados en la DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS o CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE SE-GURIDAD, México 2003, que fuera la consecuencia natural de los cambios en la percepción de seguridad que venía gestándose a partir del fi n del periodo bipolar y que quedara refl ejada como una preocupación regional en las sucesivas reuniones hemisféri-cas iniciadas en Santiago de Chile en 1991 y 1998, siguiendo con


10

la de Canadá el 2001, en la cual se defi nen los lineamientos fi na-les para Conferencia Especial de Seguridad de México de 2003, previa realización de la de Barbados el 2002.

Del mismo modo, este trabajo busca entregar una visión sobre la manera en que los Estados como tales, y desde una perspectiva interna, han generado las herramientas que estiman adecuadas para el combate de este fl agelo así como también las necesarias alianzas cooperativas que han debido forjar a nivel interestatal, a fi n de minimizar una de las características más im-portantes de estas amenazas a la seguridad, la que se manifi esta a través de su multidimensionalidad, refl ejando tanto los avan-ces logrados como las deudas a las que se enfrenta la comunidad internacional regional sobre la materia.

De esta forma, el autor se involucra en un tema que por cierto no está en caso alguno zanjado, que cada día toma mayor relevancia hasta el punto de poner en tela de juicio el rol de enti-dades permanentes del Estado y que ha llevado a ciertos países a la categoría de fallidos o en vías de serlo.

Centro de Estudios EstratégicosAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

11

El año 2003 se convocó, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), a una Conferencia Especial de Se-guridad en México. En ella los países del continente americano acordaron una noción de seguridad de alcance hemisférico. En ese sentido, específi camente en el texto Declaración sobre Segu-ridad, México 2003, iniciando el subtítulo “valores compartidos y enfoques comunes”, se establece:

(…)“nuestra nueva concepción de seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional, incluye a las amenazas tradiciona-les y a las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado del hemisferio, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”.

En este contexto, se reconoce que a nivel suramericano hoy estamos viviendo un proceso que si bien no deja atrás los usos tradicionales de la fuerza, sí comienzan a plantearse nuevos de-safíos que tienen que ver con un enemigo cada vez más difuso.

Los ejemplos más paradigmáticos vendrían a ser Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y Perú con dis-tintas bandas o grupos terroristas. Se reconoce en estos casos la presencia del narcotráfi co como el mayor aliciente para estos ac-tores que se dedican ya sea a la venta o a la producción de droga, mezclando, eso sí, situaciones de violencia que atentan contra la seguridad del Estado y su población. En ambos casos las Fuerzas Armadas han sido uno de los principales actores dedicados a combatir a estos grupos.

INTRODUCCIÓN


12

Es factible determinar que, estructuralmente, dichas amena-zas están haciendo sentir sus efectos en el aumento de la debi-lidad institucional conducente, en algunos casos, hacia Estados frágiles, en el aumento de la sensación de inseguridad poblacio-nal, así como sobre las funciones propias y tradicionales de las Fuerzas Armadas.

A nivel suramericano, si bien no se ha llegado a magnitudes replicables como en Colombia o México, poco a poco fenómenos de este tipo han ido adquirido relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que Perú y Bolivia son los dos mayores productores mundiales de cocaína. En el primero de ellos existe un grupo re-conocido que opera en una zona determinada y que posee todas las características de narcoterrorismo. Nos referimos a Sendero Luminoso y a la región del VRAEM (Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro).

Situaciones de este tipo han hecho que los distintos Estados de la región hayan tomado medidas para hacer frente a estas circunstancias, quedando plasmadas, por lo general, en variados documentos que dan cuenta de sus respectivas estrategias de seguridad y/o defensa, en las que se determinan las principales vulnerabilidades, riesgos y amenazas que afectan a la seguridad nacional1.

Sin embargo, algo que no se debe dejar de reconocer, es que cada Estado se enfrenta a circunstancias distintas en cuanto a los desafíos a su seguridad. Estas diferencias vienen dadas por múl-tiples factores de tipo social, político, económico, institucional y geográfi co.

Asimismo, se reconocen Estados considerados como genera-dores, de paso y receptores de los efectos de las amenazas, como es en el caso de la droga, de migrantes ilegales o trata de perso-nas.

Todas estas circunstancias, entre otras, marcan las priorida-des que los distintos Estados darán a cada fenómeno y los recur-sos que pondrán a disposición para su combate.

1 En “defi niciones operativas” se discrimina cuáles de estas, serán encuadradas en el ámbito de la seguridad.

Introducción

13

A fi n de defi nir el área tratada en este escrito, según el Anua-rio Económico-Geopolítico Mundial 20112, Suramérica está di-vidida geopolíticamente en tres zonas o subregiones. En primer lugar, Venezuela y Guyana, compuesta por la República Boliva-riana de Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa; en segundo lugar, América Andina, compuesta por la República del Ecuador, la República de Perú, República de Colombia y el Esta-do Plurinacional de Bolivia.

En tercer lugar, se encuentra el Sur Americano o Cono Sur, compuesto por la República Federativa de Brasil, la República Argentina, la República de Paraguay, la República Oriental de Uruguay y la República de Chile.

Atendiendo a estas características y a las orientaciones polí-ticas actuales de los países en estudio, se han construido cuatro instancias de integración a las cuales nos referiremos en el de-sarrollo de este trabajo. Estas son: El Mercado Común del Sur MERCOSUR; la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR; la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA; y la Comunidad Andina de Naciones CAN.

El primero de ellos –MERCOSUR– está integrado por: la Re-pública Argentina, la República Federativa de Brasil, la Repúbli-ca del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, este último en proceso de adhesión y como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam, estos dos últimos en etapa de ratifi cación.

Por otro lado, el ALBA se conforma por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Venezuela, Honduras, Haití (observador), Irán (observador), Siria (observador), Surinam (invitado espe-cial) y Santa Lucía (invitado especial); por su parte la CAN posee como miembros a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pero son Estados asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

A partir de esto se determinó analizar este fenómeno espe-cífi camente en Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina y Uruguay.

2 BADIE, Bertrand. El Estado del mundo. Anuario Económico-Geopo-lítico Mundial 2011”. Madrid, Ediciones Akal, 2010, pp. 486-507.


14

En este libro se busca aproximarse a las visiones, condicio-nes, coincidencias y divergencias existentes entre los distintos países en Suramérica a la hora de defi nir, priorizar y enfrentar estos fenómenos no militares que sin duda son una realidad y que afectan su seguridad, así como posibles vías de solución.

Para tal efecto, en una primera instancia se desarrolla una visión de cómo las transformaciones en las relaciones internacio-nales han generado cambios sustanciales en la problemática de la seguridad a nivel mundial, regional y estatal, lo que ha llevado a modifi car los lineamientos al respecto.

Posteriormente, a través de indicadores contextuales de la región suramericana tales como la población afectada, la magni-tud de la economía y factores sociales que de ello se desprenden, establecer las bases vinculadoras con la presencia o ausencia de amenazas multidimensionales y la situación estratégica del terri-torio en la política mundial.

A continuación, se aborda la comparación de las políticas y estructuras de seguridad y/o defensa de los países de Suramé-rica, para lo cual se tendrán en cuenta aquellos documentos que cada Estado considere como su Libro (Blanco según correspon-da) de Defensa o Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que permita vislumbrar la orientación o características de las políticas estudiadas.

Por otra parte, se defi nen las estructuras de integración o cooperación que existen hoy en día a nivel suramericano, identi-fi cando cuáles de ellas es posible vincular al ámbito de la seguri-dad y si es posible una comparación entre las mismas en lo que respecta a la temática de amenazas multidimensionales.

Por último, en el epílogo, se plantean refl exiones atingentes al tema que permiten, desde diferentes miradas, sentar las bases que para una discusión constructivista y proactiva sobre este problema.

15

Los desafíos que se les presentan a los distintos gobiernos alrededor del mundo, en términos de vulneración de sus tradi-cionales capacidades estatales, encuentran un fuerte vínculo en el advenimiento del capitalismo y el término de la Guerra Fría. Hoy en día, la mayoría de las consecuencias que de esta situa-ción se desprenden, desde la perspectiva de la seguridad, de-mandan cada vez respuestas más coordinadas desde el plano de la cooperación y la integración internacional.

Otra característica del contexto internacional presente has-ta hoy, es el estatus de liderazgo/primacía de EE.UU., que, tal como lo plantea Bartolomé, encabeza todos los segmentos de poder, especialmente el duro. Sin embargo, al mismo tiempo y relacionado con lo que mencionamos anteriormente, comenzaron a persistir en la agenda de seguridad internacional importantes cuestiones que le agregaron un mayor grado de confl ictividad al sistema internacional3.

Uno de estos temas es el terrorismo internacional. Tal hecho motivó que desde EE.UU. se impulsara la “guerra contra el terro-rismo”, que provocó se delinearan nuevas reglas del juego en el sistema internacional, con especial énfasis en el subsistema de la Seguridad Internacional4.

De esta manera, lo que tenemos en esta primera fase del siglo XXI son confl ictos armados que fl uctúan desde la lucha in-terestatal clásica, pasando por la intervenciones colectivas contra

3 BARTOLOMÉ, Mariano César. “La Seguridad Internacional Post 11-S: Con-tenidos, Debates y Tendencias (1ª ed.)”. Buenos Aires, Instituto de Publica-ciones Navales IPN, 2006, p. 97.

4 Ibidem.

EL ENTORNO INTERNACIONALY SUS EFECTOS EN LA

SEGURIDAD REGIONAL


16

un Estado –fenómeno de tipo reciente– hasta las guerras asimé-tricas entre un Estado organizado y facciones en un área sin ley5.

Con lo anterior se asume que nuestro continente no está ajeno a este tipo de fenómenos, pues atañen al sistema interna-cional. Al mismo tiempo, la región suramericana no se ve exenta de ellos y estos nuevos temas comienzan a tomar lugar en las agendas de seguridad de los países, caracterizándose sobre todo por ser interestatales o intermésticos6, como el narcotráfi co, el te-rrorismo y el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar que los distintos Estados de la región suramericana en su mayoría –si es que no todos– reconocen la presencia de este tipo de fenómenos y considerando que su carácter transnacional muchas veces requiere de respuestas con-juntas7, no existe una concepción común entre todos ellos que permita defi nir, catalogar y priorizar, cuáles son las amenazas propias, las que comparten así como aquellas que los afectan en mayor medida.

Conforme a lo anterior, cada país priorizará recursos depen-diendo del fenómeno que mayor efecto posea en su propio terri-torio. Sin embargo, el no lograr reconocer amenazas comunes de los países suramericanos, atenta contra la capacidad que poseen los Estados para combatir de manera efectiva y efi caz este tipo de problemáticas. En ese sentido, constatar tal situación nos lleva también a preguntarnos ¿cuáles son las amenazas multidimen-sionales comunes que posee la región suramericana en el actual contexto internacional?

Autores como Raúl Benítez-Manaut, Pablo Celi, Rut Dia-mint, Jaime García Covarrubias, Francisco Rojas Aravena, Ma-riano César Bartolomé y John Griffi ths, entre otros, estudian los enfoques de seguridad en la región y sus implicancias, deriván-

5 GARAY, Cristián. “La camaleónica naturaleza del confl icto posmoderno”. Santiago, Biblioteca del Ofi cial del Ejército de Chile, 2004, p. 10.

6 BENÍTEZ-MANAUT, Raúl. “Seguridad Hemisférica. Debates y Desafíos.” Cuadernos de América del Norte N° 4. Ciudad de México, Universidad Autó-noma de México, 2005, p. 46.

7 Como ha ocurrido entre Colombia y Perú, Colombia y Estados Unidos, Mé-xico y Estados Unidos, Bolivia y Brasil, Brasil y Paraguay, Brasil y Perú o en la frontera tripartita de la amazonia que involucra a Colombia, Brasil y Perú, entre otros.

Amenazas Multidimensionales: una realidad en Suramérica

17

dolos, lógicamente, de los nuevos desafíos que se le presentan a los Estados en el contexto post-Guerra Fría. En otras palabras, to-dos ellos desarrollan la idea de “Amenazas multidimensionales” aplicadas a los países suramericanos.

Esta evolución de la noción en el período señalado ha provo-cado una ampliación conceptual que, académicamente, ha hecho necesario delimitar o acotar la noción pues, el peligro, es securi-tizar excesivamente la realidad social en el contexto internacio-nal, generando lo mismo en las agendas de seguridad nacionales.

Sin embargo, para esclarecer la distinción del concepto, en un primer momento es necesario alejarse del término con el cual normalmente se confunde, cual es “la Defensa”.

Ahora, en cuanto a la “Seguridad Humana”, esta es conside-rada la categoría más omnicomprensiva de la seguridad y si ade-más de ello consideramos lo señalado por J. Griffi ths, en su obra “Teoría de la Seguridad y la Defensa en el continente americano. Análisis de los casos de EE.UU. de América, Perú y Chile”, la no-ción de amenaza se diversifi ca e incluye nuevos fenómenos pro-pios del desarrollo, pero también algunos de naturaleza militar. De esta manera, lo que surge es que el concepto de Seguridad se vuelve multidimensional.

En ese sentido, el debilitamiento de las amenazas militares, lo que no implica su desaparición, ha generado otras más difíci-les de reconocer por sus especiales características entre las que destacan que: no reconoce fronteras, por tanto su lucha no puede depender de las acciones aisladas de un Estado; actúan con un alto grado de asociatividad y complementariedad, su grado de presencia deriva más bien de una percepción que de una consta-tación y; generan un efecto multiplicador en la sensación de in-seguridad de la población, a las que defi niremos como amenazas multidimensionales.

19

Como primer elemento de contexto, América del Sur, por su ubicación geográfi ca periférica respecto de los tradicionales cen-tros de interés, de las grandes potencias y de los acontecimientos globales, es vista como un conjunto cultural y social homogéneo, proveedor de materias primas y en donde subyacen los caudillis-mos, la corrupción, la falta de presencia de los Estados, la pobre-za y la desigualdad.

Como esta mirada conlleva un prejuicio y difi culta la com-prensión de la realidad regional, es necesario hacer una distin-ción entre los diferentes países que la componen, a través de una somera descripción de las características más importantes de cada uno de ellos para, a partir de allí, conformar un marco referencial que contribuya a entender la problemática individual y colectiva de la región en su conjunto, toda vez que ellas serán causa o efecto de la perspectiva de seguridad que se aborda en este estudio.

En tal sentido, se desarrollará una panorámica de seis fac-tores socioeconómicos y estratégicos que contribuyen a la con-formación de un contexto con mayores visos de precisión, como son: i) demografía; ii) desarrollo y desigualdad; iii) economía; iv) recursos naturales y energía; v) recursos humanos y vi) infraes-tructura.

En conjunto, América del Sur suma una cifra aproximada de 390 millones de habitantes8 –de los cuales casi la mitad corres-ponde a Brasil– representando el 68% de la población de Améri-ca Latina y tan solo del 5,7% de la población mundial. Sumado a

8 BANCO MUNDIAL. “Por País o Economía”. Washington, Banco Mundial [en línea]. Consulta realizada el día viernes 14 de septiembre de 2012. Disponible en http://datos.bancomundial.org/pais

PRECISANDO EL CONTEXTO REGIONAL


20

su condición minoritaria a escala global, se observa una tenden-cia de descenso progresivo en el crecimiento poblacional, que incluso podría continuar disminuyendo hasta llegar por debajo del nivel de remplazo, situación que llegaría a incidir en la dis-ponibilidad de ciudadanos económicamente activos.

Además, se sitúa como una de las subregiones más urbani-zadas del mundo, ya que, aproximadamente, el 70% de la pobla-ción reside en ciudades.

Lo anterior se relaciona con el aumento en la esperanza de vida, el cual presenta un promedio de 71 años para el periodo 2010-2015 y se espera que llegue a 79 años para el quinquenio 2040-2045, lo que sumado a la población que se ubica en el seg-mento de tercera edad, da cuenta de un acelerado envejecimiento poblacional y de personas dependientes9.

En cuanto a las migraciones, se presenta un panorama en el cual no existe una fuga de recursos humanos preocupante, espe-cífi camente en mano de obra técnica y profesional de acuerdo a las necesidades futuras. En este contexto, las migraciones que se producen son en su mayoría intrarregionales, siendo los polos de atracción las ciudades capitales más importantes de la región, como São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Santiago de Chile, que también son las más pobladas, confi gu-rándose polos de desarrollo y profundizando, de esta manera, la centralización característica de los países de Suramérica.

En materia de desarrollo y desigualdad, si bien la diferencia en la distribución marcada por el Índice de Gini ha ido disminu-yendo paulatinamente en la región, de igual forma se alza como una de las zonas con mayor inequidad a nivel mundial, siendo posible afi rmar que este panorama presenta una preocupante persistencia, afectando con ello las opciones de superación de la pobreza, aspecto en el cual Bolivia y Paraguay superan el 50%, casi el doble del promedio regional de 26,2% de pobreza10.

9 CEPAL. “UNASUR. Un espacio de desarrollo y cooperación por construir”. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011, pp. 8-11. Consulta realizada el día miércoles 5 de septiembre de 2012. Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/44100/2011-368_UNASUR.pdf

10 CEPAL. “Balance y Perspectivas de América Latina y el Caribe 2011-2012”. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),


21

Aunque la región presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH)11 relativamente aceptable en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-mico (OCDE), solo cuatro de los doce países superan la media re-gional (Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela), lo que da cuenta de una signifi cativa heterogeneidad en sus niveles de ingreso, gasto público, equidad y calidad de vida de sus habitantes, pro-duciéndose incluso realidades contradictorias, en el sentido de combinar alto desarrollo humano y muy mala distribución del ingreso, como son los casos de Chile y Brasil12.

Por su parte, en relación al Producto Interno Bruto, en la actualidad el promedio de los países de Suramérica alcanzaba una cifra cercana al 6% del índice mundial, siendo liderados por Brasil –único Estado de la región que se inserta entre las prime-ras economías del orbe–, mientras que Guyana ostenta el más bajo rendimiento. Este es uno de los mayores contrastes entre sus miembros, con una clara incidencia en el tipo de relaciones y por cierto en las oportunidades.

En lo que respecta al intercambio comercial de bienes, en Suramérica se ha observado un signifi cativo dinamismo que los ha llevado a mejorar su posicionamiento en comparación con América Central y el Caribe, aunque se debe convenir que en esta materia afecta la carencia de industria pesada, por lo que esta actividad se concentra principalmente en los comodities y en manufacturas de tecnología media.

2012, p. 20. Consulta realizada el día viernes 14 de septiembre de 2012. Disponible en http://www.eclac.cl/noticias/paginas/8/33638/2012.03.16-ALADI.pdf

11 Busca medir el desarrollo de los países con énfasis en la calidad de vida dig-na y saludable de las personas.

12 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se publica anualmente por el PNUD con el fi n de medir el desarrollo de los países a través de una serie de indica-dores asociados a la salud, educación y calidad de vida, defi niendo un valor mínimo y no máximo para cada dimensión, para luego asignar a cada país un puntaje entre cero y uno. PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos”. Nueva York, Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020. Consulta realizada el día lunes 27 de agosto de 2012. Disponible enhttp://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf


22

No obstante, se ha observado un panorama de crecimiento regional sostenido, pero que tiende a moderarse a partir de una diversidad de factores internos y externos que necesariamente afectan a las economías locales. Entre los primeros se destacan la pérdida de dinamismo en la demanda de crédito bancario y la desaceleración en la generación de empleo. En tanto, entre los segundos es posible identifi car la agudización de la crisis econó-mica en la zona euro, la disminución de los precios de los pro-ductos básicos y desaceleración de la economía estadounidense y de las asiáticas13.

Este último factor es de suma importancia, pues específi -camente el comercio con China ha aumentado sustancialmente durante la última década, siendo el socio clave en la compra de materias primas e inversión en la región. Por ello, un descenso sistemático de los precios de las materias primas pone a las eco-nomías regionales en una posición sumamente vulnerable.

Queda a la vista, entonces, que Suramérica es signifi cativa-mente dependiente de sus materias primas, pues el 60% de sus exportaciones responde a productos primarios y sus ingresos en relación a las importaciones de los mismos representan cifras que ya superan el 10% de su PIB14.

Finalmente, y en materia económica, cabe un reconocimiento al rol jugado por los organismos de integración regional, como UNASUR, MERCOSUR y la Comunidad Andina15, cuya acción ha permitido llegar a cifras que superan las tres cuartas partes del intercambio facilitado por sus respectivos alcances.

Al tener una extensa superfi cie de 17 millones de kilóme-tro cuadrado16 y una extensión de sobre 34.000 km2 de costas17, Suramérica cuenta con una amplia gama de recursos naturales

13 CEPAL. “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Ca-ribe 2011”. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011, p. 50.

14 FMI. “Perspectivas Económicas Regionales: Las Américas. Estableciendo fl e-xibilidad y fortaleza”. Washington, Fondo Monetario Internacional, 2012, pp. 57 y 59.

15 CEPAL. “UNASUR. Un espacio de desarrollo y cooperación por construir”. San-tiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011, p. 42.

16 “ATLAS Geográfi co de Chile y del Mundo Vincens Vives”. Santiago, Instituto Cartográfi co Latino-Ediciones Vincens Vives, 2010, p. 140.

17 “ALMANAQUE Mundial 2011”. Santiago, Televisa, 2010, p. 169.


23

considerados clave a nivel estratégico, lo que hace a la región –especialmente a su población como recurso humano esencial, a su infraestructura y a su economía– vulnerable a los efectos de catástrofes naturales y amenazas sean tradicionales como multi-dimensionales.

En lo que respecta a sus recursos naturales, Suramérica cuenta con grandes riquezas en las dimensiones energética, alimentaria, minera y forestal pero sin concebir un desarrollo integrado, básicamente como consecuencia de las diferentes con-cepciones económicas que se aplican en cada país.

En el ámbito energético, la región tiene grandes ventajas por albergar importantes recursos hídricos al concentrar el 28% del agua dulce del mundo18 y contener tres de las mayores cuencas fl uviales del mundo: el Amazonas, Orinoco y Río de la Plata19. Además, cuenta con el acuífero Guaraní, uno de los órganos más grandes a nivel global de agua subterránea, que se extiende por más de 1.200.000 km2. De esta condición se basa gran parte de la matriz energética suramericana, aunque sin alcanzar una posi-ción predominante a escala regional.

Al respecto, la matriz energética de la región tiene su princi-pal base en fuentes no renovables, siendo el petróleo el primor-dial origen de energía, seguido del gas natural, la biomasa y el carbón y tan solo el 1% de energía nuclear.

Como se observa, el petróleo ocupa un lugar preponderan-te en la oferta, ya que en Suramérica se encuentra el 22% de las reservas a nivel mundial, aunque también con una distribución asimétrica, ya que solo Venezuela concentra el 92% del crudo disponible y el restante se distribuye entre Brasil, Ecuador, Co-lombia y Argentina20.

18 GLOBAL WATER PARTNERSHIP [en línea]. “Global Water Partnership pre-sence in South America”. Consulta realizada el día miércoles 5 de septiembre de 2012. Disponible en http://www.gwp.org/en/gwp-in-action/South-Ame-rica/

19 “ALMANAQUE Mundial 2011”. Op. cit., p. 171.20 UNASUR/OLADE. “UNASUR: Un espacio que consolida la integración

energética”. Quito, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 2012, pp. 33-36. Consulta realizada el día viernes 14 de septiembre de 2012. Disponible en http://www.olade.org/sites/default/files/publicaciones/UNASUR%20-%20Un%20espacio%20que%20-completo.pdf


24

Distinta es la situación respecto del gas natural, ya que los países suramericanos no tienen una posición relevante a escala global. Sin embargo, es sufi ciente para alimentar un demandante mercado regional, destacándose el caso de Bolivia, que sin ser el principal oferente –también lo es Venezuela– se ha convertido en el mayor exportador de gas natural de Suramérica, abasteciendo principalmente a Brasil y Argentina.

Con todo, se prevé que el sector hidrocarburos seguirá sien-do primordial para la obtención de energía a nivel suramericano, aunque se espera un aumento en la participación de fuentes re-novables de energía para la producción de electricidad y el desa-rrollo de biocombustibles para el transporte.

Por otro lado, la región además cuenta con gran potencial para el desarrollo de la energía nuclear, puesto que se han des-cubierto yacimientos de uranio en la cuenca del Roraima en Gu-yana, los que se suman a los existentes en Brasil y en la frontera entre Colombia y Venezuela21.

En lo que respecta a la dimensión alimentaria, Suramérica es un gran exportador de productos agrícolas dada la extensión de las tierras cultivables y de pastizales para la ganadería. Asi-mismo, es la región que ha tenido el mayor crecimiento en la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en las últimas dos décadas. Dado que los países de Centroamérica y el Caribe son importadores netos de productos alimentarios, dinamizan el intercambio intrarregional. Por ello que las exportaciones se con-centran en los productos minerales e hidrocarburos, en el caso de los países andinos, y agropecuarios para aquellos de la vertiente atlántica y el Cono Sur.

No obstante, en el área de los recursos forestales resulta preocupante la progresiva pérdida de superfi cie boscosa que representa el 55% a nivel mundial, tanto por sus efectos perjudi-ciales en la economía y en el medio ambiente, como también por el aumento sostenido de la desertifi cación, fenómenos difíciles de revertir sin una mayor regulación del mercado y de acciones concretas desde el punto de vista medioambiental.

Respecto de los recursos humanos, tras la primera década del siglo XXI la totalidad de los países de Suramérica contaban

21 BADIE, Bertrand. Op. cit. p. 486.


25

con tasas de participación en la actividad económica por sobre el 55% de la población mayor de 15 años y con una participación de la mujer por sobre el 40%, visualizándose una tendencia al alza de este porcentaje, en alrededor de un 3% por cada década22.

Si centramos el análisis en la población urbana, observaremos que la tasa de ocupación de los países de Suramérica bordea el 60% o 70%23, con un índice de participación mayor en la población masculina que femenina. Por último, al analizar la estructura de la población ocupada por sector de la actividad económica, es posible notar que el sector “servicios” es el que concentra una mayor pro-porción de personas, seguido de la industria y posteriormente de la agricultura, lo que podría parecer contraintuitivo en una región cuyas principales fortalezas están relacionadas con los comodities.

En materia de infraestructura, a nivel suramericano se vis-lumbra una tendencia a la reducción progresiva de la inversión en este rubro, especialmente en el sector público. Dicho panora-ma infl uye en que actualmente se presente un retraso considera-ble en el desarrollo y modernización de esta área, particularmen-te el terrestre (carreteras y ferrocarriles), que se traduce en una débil conectividad interior y en una pérdida de competitividad de las actividades económicas.

Ante el fenómeno del défi cit en la infraestructura asociada al transporte, en primer lugar, se hace referencia a la conectivi-dad terrestre o vial, en la que la falta de caminos pavimentados resulta un asunto grave. Por su parte, en lo referente a la infraes-tructura ferroviaria, tampoco se cuenta con una red de escala regional, limitándose el desarrollo interno de cada país y, cuando más, en el plano binacional.

En tanto, la infraestructura marítimo-portuaria se con-centra en aquellos países con mayor acento exportador, des-tacándose los casos de Chile y Uruguay en cuanto a la calidad

22 CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. “Anuario Esta-dístico de América Latina y el Caribe 2011”. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011, p. 40. Consulta realizada el día lunes 27 de agosto de 2012. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/45607/LCG2513b.pdf

23 Ibid.


26

de sus instalaciones, así como Argentina y Brasil en materia de intensidad del tráfi co portuario24.

Por último, la infraestructura para transporte aéreo aún no alcanza el mismo nivel que el terrestre y el marítimo, contando la región con alrededor de 330 aeropuertos, concentrados princi-palmente en Brasil, Venezuela y Argentina. No obstante, todavía existe un défi cit de aeropuertos de tipo internacional, si conside-ramos que el transporte de carga aérea se concentra en tres paí-ses de la región: Colombia, Brasil y Chile.

A pesar de un panorama no demasiado auspicioso en ma-teria de conectividad de alcance regional, uno de los aspectos estratégicos más relevantes en Suramérica es la existencia de co-rredores bioceánicos, que pueden ser defi nidos como grandes en-cadenamientos productivos generadores de innovaciones territo-riales, conformando las condiciones necesarias en la dinámica de mundialización25. Su relevancia está dada por la voluntad de los países de alcanzar mayor competitividad económica, a través de la integración de territorios para el intercambio y la exportación, específi camente la conexión entre centros de producción con ter-minales portuarios.

Para ello, en la Reunión de Presidentes de Suramérica, lle-vada a cabo en Brasilia en agosto de 2000, se creó la Iniciativa de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que más tarde se vincula con UNASUR, en el marco del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), creado en enero de 2009. Sin embargo, en términos concretos se observa que las principales iniciativas en este ámbito se concentran en el Cono Sur de América.

Ambos organismos publicaron una Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) que comprende el periodo 2012-2022, consistente en 31 iniciativas con una inversión que supera

24 UNASUR/CEPAL. “Infraestructura para la integración regional”. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011, p. 37. Consulta realizada el día viernes 14 de septiembre de 2012. Disponible en http://unasursg.org/PDFs/Centro-de-noticias/publicaciones/CEPAL-UNASUR-Infraestructura-para-la-Integracion-Regional.pdf

25 INOSTROZA, Luis y BOLÍVAR, Augusto. “Corredores Bioceánicos: Territo-rios, Políticas y Estrategias de Integración Subregional”. Análisis Económico, Ciudad de México (41): 153-174, segundo cuatrimestre, 2004.


27

los US$ 13.000 millones para profundizar la integración física y el desarrollo subregional, donde destaca la construcción de tres corredores bioceánicos que conecten el océano Pacífi co con el Atlántico. Entre ellos destaca el Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que busca conectar de manera interna el este y el oeste de Bolivia y vincularlo así con Brasil, Perú y Chile, utilizando los puertos de ambos países para acceder a los océanos Atlántico y Pacífi co; y el Corredor Ferroviario Bioceánico Paranagua-Anto-fagasta, que pretende unir Brasil, Paraguay y Argentina con los puertos de Antofagasta y Mejillones26.

Estos nuevos corredores se suman a los existentes, como el eje Argentina-Uruguay-Brasil-Chile, que a través del paso fronte-rizo Cristo Redentor, conecta los puertos de Valparaíso, Ventanas y San Antonio en Chile, con los demás países27. La IIRSA por su parte, establece 10 ejes de países para conectarlos por medio del desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones y energía, sien-do aquellos con carácter bioceánico los siguientes:

• Eje de Capricornio, constituido por Brasil, Paraguay, Argen-tina y Chile, uniendo los puertos de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Taltal y Chañaral, en la II Región de Antofagasta perteneciente a Chile, con las provincias argentinas de Jujuy y Salta, llegando a Brasil por Curitiba, Puerto de Santos y Paranaguá, abarcando 2.798.318 kilómetros cuadrados28. Sus principales productos de exportación son el cobre, soja, pe-tróleo crudo y hierro29.

26 “UNASUR construirá tres corredores bioceánicos para fortalecer la integra-ción regional”. Agencia Venezolana de Noticias [en línea]. Caracas, 24 de abril de 2012. Consulta realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.avn.info.ve/contenido/unasur-construir%C3%A1-tres-corre-dores-bioce%C3%A1nicos-parafortalecerintegraci%C3%B3n-regional

27 VILLAGRA, Héctor. “Importancia estratégica de los ejes de integración regio-nales”. Escenarios Actuales, Santiago (1): 35-46, mayo, 2008, p. 39.

28 Ibidem. p. 38.29 IIRSA. “IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos”. Buenos Aires, Ini-

ciativa para la integración de la Infraestructura Regional Suramericana [en línea], 2011, p. 70. Consulta realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012. Disponible.en.http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/lb_iirsa_10_a%C3%B1os_sus_logros_y_desafi os.pdf


28

• Eje del Amazonas, que incluye a Brasil Colombia, Ecuador y Perú, a través del Río Amazonas, alcanzando una superfi cie de 5.657.679 km2.

• Eje del Sur, que conecta Chile y Argentina, abarcando las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos con las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, respectivamente, con 474.568 kilómetros cua-drados30. En esta zona se ubica el corredor bioceánico Nor-patagónico.

• Sus productos de exportación son el cobre, harinas de semi-llas oleaginosas, aceite de soja y derivados del petróleo, las cuales superan el 45% del total de exportaciones de ambos países, donde más del 80% de las mismas se despachan por vía marítima por ser primordialmente extra zona31.

• Eje Interoceánico Central, que comprende los departamen-tos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna en Perú, con las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá en Chile; los departamentos de Beni, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Cocha-bamba, Chuquisaca y Santa Cruz en Bolivia; Paraguay y los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, San Pablo y Paraná, para llegar al puerto de Santos en Brasil, abarcando una superfi cie de 3.461.461 kilómetros cuadra-dos32. Las principales exportaciones son el cobre, aceites crudos de petróleo, porotos de soja y concentrados de hierro, que constituyen el 37% de las exportaciones totales de los países del Eje, las que en su mayoría se envían al exterior por vía marítima33.

30 IIRSA. “Áreas de Acción: Eje del Sur”. Buenos Aires, La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana [en línea]. Consulta realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/S/secretaria_cct/secretaria_cct.asp?CodIdioma=ESP

31 IIRSA. “IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos”. Op. cit. p. 75.32 UNASUR, COSIPLAN. “Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración

(API)”. Quito, Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento [en línea], 2012, p. 51. Consulta realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/api_agenda_proyectos.pdf

33 IIRSA. “IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos”. Op. cit. p. 72.


29

• Eje MERCOSUR-Chile, que incluye las provincias de Men-doza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones en Argentina, los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Minas Gerais en Bra-sil; la zona oriental de Paraguay; el puerto de Montevideo en Uruguay y las regiones Metropolitana, de Coquim-bo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O´Higgins y del Maule en Chile, con una extensión de 3.216.277 kilómetros cuadrados34. Más del 80% de sus exportacio-nes son extrazona MERCOSUR y por vía marítima, cu-yos principales productos son el cobre, porotos de soja, aceites de crudo de petróleo, hierro, harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal, siendo el más diversifi cado en materia productiva en la región35.

Respecto de la efectividad que actualmente presentan estos corredores, como fuente de desarrollo e intercambio comercial intrarregional, por ahora es difícil de determinar cuán efectivo han sido o si se han mantenido aún en la fase de gran proyecto, esperando la generación de una visión más integradora en lo po-lítico que la concrete.

34 UNASUR, COSIPLAN. “Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API). Op. cit. p. 56.

35 IIRSA. “IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos”. Op. cit. p. 73.

31

Los procesos de redemocratización a nivel suramericano –que caracterizaron la década de 1990– dieron paso a la genera-ción de emergentes comunidades de defensa y a la instalación de una agenda sectorial que tendió, entre otros aspectos, a la dismi-nución cuantitativa de las fuerzas militares, un aumento en los expertos civiles y control político-gubernamental en la industria de la defensa, mayor voluntad política por parte de los actores formales para articular una política exterior transparente, abierta y con un fuerte sentido de cooperación regional.

Ello derivó en la intención de hacer transparentes las po-líticas de defensa y seguridad, concebidas esencialmente para reducir el riesgo de confl icto bélico y contribuir a consolidar un sistema democrático con menor inclinación al uso de la fuerza en cada uno de los países de la región36.

Más tarde, en el año 2002, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos adoptó los lineamientos para la elaboración de documentos sobre políticas y doctrinas nacionales de defensa propuestos por la Comisión de Seguridad Hemisférica, con el fi n de fomentar la confi anza mutua entre los Estados miembros, así como la seguridad en el hemisferio.

Los principales lineamientos apuntaban a la divulgación de políticas para la planifi cación de la defensa a mediano plazo, respetando la Constitución de cada uno de los países, las cuales debían ser fl exibles para adaptarse a los cambios en la seguridad, a través de la evaluación de los riesgos y factores tradicionales y

36 GARAY, Cristian. “Políticas de Defensa y Seguridad en el Cono Sur America-no 1990.1998”. Diplomacia, Santiago (78): enero-marzo, 1999, pp. 23-24.

LAS POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN


32

no tradicionales que afectaban a la seguridad regional y nacio-nal37.

Para dicho periodo, varios países suramericanos ya habían hecho explícitas sus concepciones en la materia, comúnmente a través de la publicación de sus respectivos Libro de la Defensa, como Brasil en 1996, Chile en 1997, Uruguay en 1998 y Argen-tina en 1999 y 2010. Tras los lineamientos de la OEA, los demás países también fueron transparentando su política sectorial y los que ya la tenían difundieron nuevas versiones de sus libros, así como en algunos casos, sus estrategias de seguridad y defensa.

Un aspecto fundamental que imponía la necesidad de contar con políticas de seguridad y/o defensa públicas a nivel región, fue la de precisar los conceptos de amenaza, riesgo y vulnerabili-dad así como el de “nuevas amenazas” considerando la poca cla-ridad que al respecto estableció la Declaración sobre Seguridad de las Américas de la OEA en 2003, así como cuáles fenómenos se agrupaban en cada categoría, toda vez que señala una larga lista de ellos de variada naturaleza que tendrían la capacidad de afectar transversalmente a los Estados.

A lo anterior, debe agregársele que dicha Declaración señala que cada Estado tiene el derecho de identifi car sus propias prio-ridades nacionales de seguridad y sus estrategias para enfrentar las amenazas a esta38, lo que hace más difícil aún lograr una con-junción de esfuerzos para hacerles frente.

Con este trasfondo, a continuación se expone lo que cada país entiende por los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en el marco de sus respectivas políticas de seguridad y/o defensa, las que también serán detalladas.

Previamente, cabe destacar que del total de doce países que se consideran como parte de la región suramericana, Venezuela,

37 OEA. “Adopción de los lineamientos sobre la elaboración de documentos sobre políticas y doctrinas nacionales de defensa”. Washington, Organización de Estados Americanos [en línea], 2002. Consulta realizada el día lunes 1 de octubre de 2012. Disponible en http://www.oas.org/consejo/sp/resolucio-nes/res829.asp

38 “CONFERENCIA Especial sobre Seguridad” (Ciudad de México, México, 27-28 de octubre, 2003). Washington, Organización de Estados Americanos, 2003. 14p. Consulta realizada el día lunes 1 de octubre de 2012. Disponible en http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf


33

Paraguay, Surinam y Guyana actualmente no cuentan con una política explícita que permitan esclarecer su conceptualización sobre amenaza, riesgo y vulnerabilidad. En esta misma línea, Uruguay no se pronuncia sobre estos términos a pesar de dete-ner una política declarada39.

En el caso de Argentina, en su Libro Blanco de Defensa de 2010 no se establece una defi nición explícita del concepto de seguridad, sino que la clasifi ca en amenazas clásicas, las cuales están dirigidas hacia la integridad de los Estados, y amenazas multidimensionales, de carácter hostil, que afectan a institucio-nes y personas por la mayor permeabilidad de las fronteras na-cionales40. De la misma forma, establece que existen unas nuevas construcciones teóricas sobre el concepto de seguridad asignán-dole un enfoque de naturaleza “multidimensional”41.

En cuanto al concepto de riesgo, el Libro de la Defensa de 1999 lo defi ne de mejor manera al señalarlos como aquellos fac-tores que, “careciendo de voluntad impulsora, hacen al interés de los Estados de diversos modos, como la acumulación y trans-porte de desechos nucleares, armas químicas, bacteriológicas y nucleares, afectación del medio ambiente”42. En tanto, en la publicación de 2010, estipula que “La agresión militar externa constituye el riesgo mayor que puede verse obligado a afrontar un Estado y demanda, consiguientemente, el desarrollo de un adecuado sistema de defensa”43.

Por último, no establece una categoría para la defi nición de vulnerabilidad, más bien, identifi ca fenómenos de carácter trans-nacional que confi guran una amenaza, riesgo y vulnerabilidad como un todo, los cuales son el narcotráfi co, crimen organizado,

39 Para superar esta falta de información, en estos casos particulares, se ex-pondrán declaraciones de actores clave relacionados con la dimensión de la seguridad y la defensa, con el fi n de contar con indicios de cómo estos países conciben el contexto actual y qué medidas tomarán en función de aquel.

40 ARGENTINA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa Nacional”. Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 2010, p. 24.

41 Ibidem p. 2942 ARGENTINA, Ministerio de Defensa. “Libro de la Defensa Nacional”. Bue-

nos Aires, Ministerio de Defensa, 1999, p. 20.43 ARGENTINA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa Nacional”.

Op. cit. p. 90.


34

tráfi co de armas, terrorismo y movimientos guerrilleros44. Sin embargo, en el libro de 201045, antes señalado, se refi ere al con-cepto de la siguiente manera: el concepto de “vulnerabilidad nacional”, entendido este como la suma de aquellos factores propios de debilidad y defi ciencia que restringen la libertad de acción, las capacidades y la posición relativa del país, pudiéndo-le originar –eventualmente– perjuicios diversos, e impidiéndole benefi ciarse de oportunidades u operando como riesgos en cuan-to aparece una voluntad estratégica en oposición, dispuesta o en capacidad de utilizar en su benefi cio esas debilidades.

Bolivia publicó su Libro Blanco de la Defensa en 2004, pre-vio a su transformación constitucional en un Estado Plurinacio-nal con el reconocimiento de 36 naciones indígenas y un nuevo ordenamiento institucional. Ante esto, al no existir una nueva defi nición no es posible visualizar cambios en la defi nición de estos conceptos.

En la misma línea, en el Libro Blanco de la Defensa se defi ne seguridad como una situación que permite alcanzar y mantener los objetivos que son señalados por la política, distinguiendo entre sus acepciones interna y externa, donde esta última se re-laciona con los objetivos de independencia nacional, integridad territorial y soberanía nacional46.

Sobre su defi nición de amenaza, estipula que corresponde a “aquellos obstáculos que difi cultan o impiden alcanzar y man-tener los objetivos nacionales, pudiendo ser existentes o poten-ciales, materiales o inmateriales, fenómenos naturales, hechos sociales, estructurales y no estructurales, convencionales y no convencionales”47.

Establece además una distinción entre: i) amenazas internas, las cuales pueden obstaculizar el desarrollo y seguridad, como la corrupción, delincuencia, inestabilidad política, tráfi co de armas, narcotráfi co y terrorismo48; y ii) amenazas no convencionales, las

44 Ibidem p. 16.45 Ibid., p. 203.46 BOLIVIA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa de la República

de Bolivia”. La Paz, Ministerio de Defensa, 2004, pp. 21 y 36.47 Ibidem p. 45.48 Ibidem p. 20.


35

que a su vez de dividen en dos grupos: las adversas y las antagó-nicas. Las primeras son aquellas que se interponen a los esfuer-zos del Estado para alcanzar y preservar los objetivos nacionales –pobreza, exclusión social, racismo, inestabilidad política y jurí-dica–, mientras que las segundas manifi estan actitudes dolosas y se contraponen a la consecución y preservación de los objetivos nacionales, como la corrupción, narcotráfi co, terrorismo, narcote-rrorismo, delincuencia transnacional, tráfi co de armas, deterioro del medio ambiente y desastres naturales49.

En la política de defensa vigente en Bolivia no se establecen defi niciones para los conceptos de riesgo y vulnerabilidad.

Brasil ha ido modernizando a través de diferentes versiones su Política de Defensa Nacional. La primera se publicó en 1996 y la última en 2005, para luego explicitar su Estrategia Nacional de Defensa en 2008.

Específi camente en 2005 se defi nió seguridad como “una condición que permite al país la preservación de la soberanía y la integridad territorial, la realización de sus intereses naciona-les, libre de presiones y amenazas de cualquier naturaleza, y la garantía a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales”50.

Por otro lado, el concepto de amenaza no ha sido presentado de forma explícita, sino más bien se reconocen atributos de los tipos de intimidaciones a la seguridad. En la Estrategia Nacional de Defensa, publicada en 2008, se argumenta que no es posible identifi car amenazas militares concretas y defi nidas representa-das por fuerzas antagónicas de otros Estados o actores no esta-tales, de modo que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para desempeñar multiplicidad de misiones en diversas áreas y escenarios51. Sin embargo, en la elaboración del nuevo “Livro Branco de Defesa Nacional” de 2012, se señalan amenazas multidi-

49 Ibidem pp. 45-47.50 BRASIL, Ministerio de Defensa. “Política para la Defensa Nacional”. Brasilia,

2005, p. 3.51 BRASIL, Ministerio de Defensa. “Estrategia Nacional de Defensa”. Brasilia,

2008, p. 47.


36

mensionales a su seguridad, focalizadas en el tráfi co de armas, narcotráfi co, piratería y crimen organizado52.

De la misma forma, el Manual Básico de la Escuela Superior de Guerra toma como eje el origen de las amenazas para hacer la distinción en el ámbito de la Defensa, lo cual resalta entre los de-más países suramericanos. En este documento, la neutralización, reducción o anulación de una amenaza a la seguridad se focaliza en la Defensa. Por lo tanto, cuando se originan y manifi estan en el entorno de las relaciones internacionales, la respuesta se buscará a través de acciones de defensa externa; por su parte, si esta se genera en el ámbito interno, se intentará controlar en esa dimensión, basado en los preceptos del orden jurídico vigente53.

Cabe señalar que ni en la Política Nacional de Defensa ni en la Estrategia Nacional de Defensa existe una defi nición de riesgo y vulnerabilidad. No obstante, en cuanto a esta última, se enumeran diecinueve situaciones de carácter interno o aquellas falencias del propio Estado que constituyen vulnerabilidades, entre las cuales se destacan: i) la escasa participación de la socie-dad brasileña en los asuntos de defensa, ii) discontinuidad en la asignación de recursos para el presupuesto para la defensa; iii) falta de dirección unifi cada para la adquisición de productos de defensa; iv) debilidad en los conocimientos necesarios para la planifi cación y asesoramiento de la defensa, y v) falta de partici-pación efectiva de la industria nacional de material de defensa54.

Chile, por su parte, ha publicado su Libro de la Defensa Na-cional en tres ocasiones (1997, 2002 y 2010) y en 2012 se elaboró la primera versión de la Estrategia Nacional de Seguridad y De-fensa.

En su Libro de la Defensa Nacional de 2010 se tratan las nociones de seguridad de forma específi ca, así como las de ame-naza, riesgo y vulnerabilidad como fenómenos, aunque comple-mentarios, distintos en su conceptualización. Así, la seguridad se

52 BRASIL, Ministerio de Defensa Nacional. “Livro Branco de Defesa Nacional”. Brasilia, Ministerio de Defensa Nacional, 2012, pp. 29 y 208.

53 BRASIL, Escola Superior de Guerra. “Manual Básico: Elementos Fundamen-tais” (2ª edición). Río de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 2011, pp. 65, 70 y 71.

54 BRASIL, Ministerio da Defensa. “Estratégia Nacional de Defensa”. Loc. cit.


37

concibe como una “condición que varía según las acciones que el Estado realice para hacer avanzar el país hacia los objetivos pretendidos y resguardar los intereses nacionales con la menor interferencia de riesgos, amenazas, problemas u otros obstáculos importantes”55.

Específi camente, una amenaza se refi ere a una acción provo-cada por un eventual adversario, a saber un “actor internacional, que manifi esta la voluntad de causar daño a los intereses nacio-nales, principalmente la soberanía e integridad territorial, y que tiene la capacidad para hacerlo”56.

Ante el debate sobre la clasifi cación de fenómenos que se consideran amenazas, Chile reconoce la existencia de los llama-dos “problemas a la seguridad de los Estados”, pero cuyo en-frentamiento y estrategia difi ere según la situación. En esta cate-goría amplia se incluye el terrorismo, narcotráfi co, proliferación de armas de destrucción masiva, pobreza y pandemias, a pesar de constituir amenazas a la seguridad57.

De acuerdo a su defi nición, riesgo es la probabilidad de re-cibir daño en algún área de interés. Estos pueden reducirse o incrementarse por tanto ser susceptible de manejarse en función de materializar un escenario pretendido58.

Sin embargo, en la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024 se intentó precisar un poco más este tema, asumiendo como nuevas amenazas en el ámbito internacional al narcotráfi co, el terrorismo, el crimen organizado y los ciberata-ques59. A nivel interno, se identifi can ciertos fenómenos como riesgos y amenazas en una categoría única, siendo estos la crisis o ataque al territorio nacional, el terrorismo, el narcotráfi co, el

55 CHILE, Ministerio de Defensa Nacional. “Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010”. Santiago, Ministerio de Defensa Nacional, 2010, p. 108.

56 Ibidem p. 130.57 Ibidem58 Ibidem p. 81.59 CHILE. “Consulta de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera

Echenique, al Honorable Senado de la República sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024”. Santiago, Revista AA Inteligencia [en línea], 2012, p. 19. Consulta realizada el día viernes 14 de septiembre de 2012. Disponible en http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/

2012/08/ENSYD-version-defi nitiva1.pdf


38

tráfi co de armas y proliferación de armas de destrucción masiva, catástrofes y el ciberataque60.

Finalmente, en dicho documento se señalan las vulnera-bilidades nacionales que afectan a la seguridad, las cuales se circunscriben al ámbito energético, de desigualdad social, pobla-ción insufi ciente y mal distribuida y la restringida visión geopo-lítica de la integración territorial61.

Colombia editó en 2003 la llamada Política de Defensa y Segu-ridad Democrática, que aborda los conceptos de riesgo y amenaza, junto a los fenómenos que los acompañan como una categoría única.

Especifi ca que la seguridad democrática tiene por objetivo cen-tral reforzar y garantizar el Estado de Derecho, fortaleciendo la autoridad democrática sobre la base de tres pilares: i) protección de los derechos de los ciudadanos; ii) protección de los valores, pluralidad e instituciones democráticas; y iii) solidaridad y coo-peración de toda la ciudadanía62.

Asimismo, se catalogan como “amenazas que constituyen un riesgo inmediato para la nación, instituciones democráticas y la vida de los colombianos” los siguientes fenómenos: corrupción, terrorismo, negocio de drogas ilícitas, fi nanzas ilícitas, tráfi co de armas, municiones y explosivos, secuestro y extorsión y el homi-cidio63. También destaca la presencia de amenazas de tipo trans-nacional, siendo estas la existencia de organizaciones armadas ilegales, el contrabando y el narcotráfi co.

En este caso tampoco se establecen defi niciones para los con-ceptos de riesgo y vulnerabilidad.

Ecuador establece una defi nición conceptual de las ame-nazas a través de su Política de la Defensa Nacional, edición 2002. No obstante, llama la atención que en su versión poste-

60 Ibidem pp. 35-41.61 Ibidem pp. 41-44.62 COLOMBIA, Ministerio de Defensa Nacional. “Política de Defensa y

Seguridad Democrática”. Bogotá, Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pp. 12 y 13. Consulta realizada el día sábado 18 de agosto de 2012. Disponible en http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf

63 Ibidem p. 24.


39

rior (2006) no se haga referencia a una defi nición conceptual ni fenómenos asociados a la amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

Las amenazas son catalogadas en dos categorías: externas e internas. Respecto de las primeras, se establece que es rol de la Defensa Nacional enfrentarlas, ya sean en estado real o potencial, y entre estas identifi ca las amenazas convencionales asociadas al confl icto entre dos o más Estados; los efectos del confl icto interno en Colombia, narcotráfi co y crimen organizado, terrorismo inter-nacional, inequidad en el comercio internacional, proliferación de armas de destrucción masiva y deterioro del medio ambiente.

Por su parte, y respecto de las amenazas internas, entre los factores de riesgo se identifi ca a la pobreza y deterioro del nivel de vida, la corrupción, migración descontrolada, confl ictos de gobernabilidad64, deterioro del medio ambiente, efectos de catás-trofes naturales, confl ictos étnicos, culturales y tendencias auto-nomistas exacerbadas65.

En el caso de Paraguay cabe señalar que la explicitación de su política en materia de seguridad y defensa es tardía, habién-dose presentado al Congreso la estructura básica de su Libro de la Defensa Nacional –elaborado por el Consejo Nacional de Defensa– recién el año 2012. En dicha propuesta detallan las con-ceptualizaciones correspondientes a amenazas, riesgos y vulne-rabilidades para su seguridad66.

64 El concepto de “good governance”, buena gobernanza o gobernabilidad, consiste en “las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país. Esto incluye el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, controlados y remplazados; la capacidad del gobierno para formular y aplicar efi cazmente políticas sólidas y el respeto de los ciudadanos y el esta-do de las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos”. La gobernabilidad, de acuerdo al Banco Mundial cuenta con seis dimensiones o indicadores, las cuales son 1. Voz y rendición de cuentas, 2. Estabilidad política y ausencia de violencia, 3. Efectividad del gobierno, 4. Ca-lidad regulatoria, 5. Estado de Derecho y 6. Control de la Corrupción. Ver en BANCO MUNDIAL. “Worldwide Governance Indicators”. Washington, Banco Mundial [en línea]. Consulta realizada el día miércoles 31 de octubre de 2012. Disponible en http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

65 ECUADOR, Ministerio de Defensa Nacional. “Política de la Defensa Nacional del Ecuador”. Quito, Ministerio de Defensa Nacional, 2002, pp. 77-85.

66 “PARAGUAY inició elaboración de su libro blanco de defensa nacional”. La Nación [en línea]. Asunción, 3 de octubre de 2012. Consulta realizada el día


40

No obstante esta carencia de conceptualizaciones forma-les, podemos visibilizar las orientaciones del Estado paragua-yo respecto a qué fenómenos pueden ser considerados como amenazas a su seguridad, a través de las declaraciones de sus autoridades sectoriales. En tal sentido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto –tras su reunión con el Comandante del Comando Sur de Estados Unidos en junio de 2011– señaló que las principales amenazas multidimensionales para Paraguay son la corrupción, la pobreza, el tráfi co ilícito de personas y el narcotráfi co, desta-cando que si bien el terrorismo no es una amenaza prioritaria para el país, sí podría desencadenarse como consecuencia de los fenómenos anteriores67.

Por su parte, durante 2012 la Ministra de Defensa recalcó la necesidad de modernizar a las Fuerzas Armadas paraguayas, con vistas a desarrollar su capacidad de control de fronteras frente a las nuevas amenazas de tipo transnacional –que pre-cisamente no tienen fronteras defi nidas– identifi cando como fenómenos relevantes al tráfi co de drogas, tráfi co de personas, contrabando asociado a la tala de bosques y las catástrofes natu-rales68, por lo que se presume que están en la línea del patrón de identifi cación de amenazas comunes de los países suramerica-nos, destacando la tríada narcotráfi co-crimen organizado-tráfi co de armas y personas.

Perú publicó su Libro Blanco de la Defensa Nacional en el año 2005, durante la presidencia de Alejandro Toledo. Dicho documento incluye una conceptualización de seguridad y una

lunes 19 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.lanacion.com.py/articulo/93171-paraguay-inicio-elaboracion-de-su-libro-blanco-de-defensa-nacional.html

67 “DIÁLOGO entrevista con el General de División Adalberto Ramón Garcete de Paraguay”. Diálogo [en línea]. Doral, 6 de junio de 2011. Consulta reali-zada el día lunes 19 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.dia-logoamericas.com/es/articles/rmisa/features/regional_news/2011/06/06/feature-ex-2208

68 La ministra paraguaya afi rma que las FFAA han estado bastante descuidadas en la democracia”. El Diario [en línea]. Madrid, 5 de octubre de 2012. Con-sulta realizada el día lunes 19 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.eldiario.es/politica/ministra-paraguaya-FFAA-descuidadas-democra-cia_0_54945008.html


41

identifi cación de amenazas a la misma, mas no son señalados fenómenos asociados a los conceptos de riesgo y vulnerabilidad.

En detalle, se defi ne como seguridad a la situación en la cual el Estado tiene garantizada su independencia, soberanía e inte-gridad y la población los derechos fundamentales establecidos en la Constitución69.

Respecto del concepto de amenaza, aunque no se defi ne como tal, se identifi can fenómenos correspondientes a las categorías interna y externa. Las primeras corresponden a grupos terroris-tas y subversivos, contrarios al ordenamiento constitucional y que optan por la violencia; grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares; delincuencia común or-ganizada, tráfi co ilícito de drogas, corrupción y depredación del medio ambiente70.

Las amenazas externas, por su parte, corresponden a las que podrían generarse si intentan aplicar en la región doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del Derecho internacio-nal; aquellas que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos naturales de valor estratégico; terrorismo; narcotráfi -co y delincuencia internacional71.

Uruguay, a pesar de no contar con una política de seguridad y/o defensa, en octubre de 1999 emitió un documento titulado “Ba-ses para una Política de Defensa Nacional”, en él se señala que el concepto de seguridad es la situación requerida para la existencia de un orden jurídico institucional dentro del territorio nacional, confor-me a la Constitución y las leyes, abarcando el mantenimiento de la tranquilidad interior, la paz social, el nivel cultural, las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades económicas y el man-tenimiento de la soberanía e independencia del Estado72.

69 PERÚ, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa Nacional”. Lima, Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005, p. 62.

70 Ibidem p. 63.71 Ibidem72 URUGUAY, Ministerio de Defensa Nacional. “Bases para una Política de

Defensa Nacional”. Washington, Comisión Permanente de Seguridad Hemis-férica de la Organización de Estados Americanos. 1999. Consulta realizada el día lunes 19 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.oas.org/csh/spanish/doclibrdefUrug.asp


42

Por otra parte, en 2010, promulgó la Ley 18.650 “De Defensa Nacional”. Cabe destacar que en ambos documentos ofi ciales no son claramente abordados los conceptos bajo análisis. Este últi-mo, al referirse a las amenazas a la seguridad lo hace desde la siguiente perspectiva de aquellos fenómenos que pudiesen poner en riesgo la soberanía e independencia de la República así como afectar gravemente los intereses nacionales73.

Respecto de los fenómenos asociados a amenazas multidi-mensionales, en el ámbito de la comunidad de la defensa74, se conciben como aquellas acciones directas o indirectas no tradi-cionales que pueden llegar a afectar la seguridad nacional, la cual está compuesta por la protección del territorio, los recursos naturales, los bienes nacionales y el bienestar de sus ciudadanos.

Bajo el mismo prisma, las vulnerabilidades serían las limitaciones, obstáculos y debilidades humanas y materiales para enfrentar las amenazas, así como ante las presiones dominantes de organizacio-nes nacionales y/o extranjeras que poseen una composición de po-der económico, político y/o militar superior al existente en el país.

Venezuela, en tanto, no cuenta con una política de seguridad y/o defensa vigente en donde se establezcan conceptualizacio-nes de amenaza, riesgo y vulnerabilidad.

En la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del 29 de no-viembre de 2002, se defi ne seguridad como la condición, estado o situación que garantice el goce y ejercicio de los derechos en el ámbito económico, social, político, cultural geográfi co, ambiental y militar, de acuerdo a los principios y valores constitucionales de la población, libre de amenazas a su sobrevivencia, soberanía e integridad del territorio75.

73 URUGUAY, Ley 18.650 “De Defensa Nacional” [en línea]. Consulta realizada el día miércoles 30 de octubre de 2013. Disponible en http://www.parlamen-to.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18650&Anchor=

74 Entrevista a experto: Juan Bordagorry, Asesor Militar de Inteligencia de la República Oriental de Uruguay.

75 VENEZUELA. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. United Nations High Commissioner for Refugees. Ginebra, 29 de noviembre de 2002. Consulta realizada el día lunes 19 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.unhcr.org/refworld/pdfi d/44a00c4a4.pdf


43

El Estado venezolano tampoco se ha expresado a través de declaraciones de sus actores formales o mediante proyectos de ley, conceptualizaciones de amenaza, riesgo y vulnerabilidad que sirvieran de indicador para llevar a cabo una comparación conceptual con los demás países suramericanos, a falta de una política de seguridad y/o defensa.

En el caso de Guyana y Surinam no se han identifi cado po-líticas de seguridad y/o defensa vigente, así como tampoco pro-yectos de ley donde se evidencie la intención de sus autoridades de elaborar un Libro de la Defensa, declaraciones de estos y otras políticas que permitan visibilizar qué entienden por conceptos como seguridad, amenaza, riesgo y vulnerabilidad.

Finalizada esta breve revisión de lo que cada país entiende por los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en el marco de sus respectivas políticas de seguridad y/o defensa, se ha constatado que no existe consenso en cuanto a una aproxima-ción conceptual y por tanto de los alcances que conllevan los ci-tados términos. Consecuente con ello, y a fi n de precisar el objeto de análisis que desarrollaremos, a partir de las diferentes con-notaciones dadas por ciertos países suramericanos, tomaremos como marco conceptual las siguientes defi niciones operativas, lo que permitirá circunscribir en un solo nivel dichas expresiones.

• Seguridad:

Es la condición que permite al país la preservación de los intereses nacionales y avanzar hacia los objetivos pretendidos con la menor interferencia de riesgos y amenazas, así como ga-rantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.

• Vulnerabilidad

Es aquella condición estructural o coyuntural de un país que lo hace susceptible a sufrir los efectos de problemas de diversa índole. Su solución está en el ámbito de la aplicación de políticas públicas no relacionadas con la seguridad del Estado; sin embar-go, esta condición puede incidir en la acentuación de un riesgo o amenaza.


44

• Riesgo

Es la probabilidad evidente que, bajo determinadas circuns-tancias, los intereses nacionales se vean afectados. Dada su va-riabilidad, este podrá aumentar o disminuir conforme el entorno sea modifi cado intencionalmente, pudiendo llegar a transformar-se en una amenaza. Su control y manejo está en el ámbito de la seguridad nacional.

• Amenaza

Es la consecuencia de la acción o intención premeditada de un adversario percibida, dada la capacidad de este, como tendiente a dañar los intereses propios. Los mecanismos que el Estado se da para hacerle frente están en el ámbito de la seguridad nacional.

Habiéndose llevado a cabo el análisis de los conceptos tra-tados en México 2003, en adelante nos abocaremos a hacer una revisión de las estructuras de seguridad regionales a fi n de deter-minar sus componentes, orientaciones, así como los alcances es-tablecidos a través de sus normativas e intentar, determinar el rol que se han atribuido frente a las amenazas multidimensionales.

Tras el fi n de la Guerra Fría surgieron en la región suramerica-na diversos organismos destinados a fortalecer la integración entre los Estados, alejados de la esfera de infl uencia de Estados Unidos, los cuales, en su mayoría, se enfocan en lo económico, pero con una fuerte voluntad política. Se caracterizan por ser aún frágiles y en proceso de evolución, dado el desdibujamiento de su centro neurálgico en Suramérica al tener ramifi caciones con miembros de Centroamérica y el Caribe; las tensiones bilaterales entre algunos de ellos y la crisis frente a la presencia de amenazas emergentes –específi camente el narcotráfi co76–, hacen que hoy estén llamadas a responder a las transformaciones en el escenario regional por medio de una cooperación más activa e integral en distintas áreas.

76 LEAL, Francisco. “La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-rica (ALBA) y su impacto en la seguridad regional”. En: MATTHIEU Hans y NIÑO, Catalina (editores).” Anuario 2010 de la seguridad regional en Améri-ca Latina y el Caribe”. Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung, 2010, pp. 73-82.


45

En la actualidad coexisten cuatro organismos subregionales: i) el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); ii) la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); iii) la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Las dos primeras cuentan con mayor legitimidad y complejidad al estar compuesta por un mayor número de países.

El MERCOSUR fue formado a través de su Tratado Consti-tutivo del 26 de marzo de 1991, a la fecha, está integrado por: la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la Repúbli-ca del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, este último en proceso de adhesión y como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam, estos dos últimos en etapa de ratifi cación, conformando así el MERCOSUR ampliado.

Respecto de las instancias cooperativas en el marco de la se-guridad y la defensa, el organismo no cuenta con una política de bloque defi nida para tratar esta temática ya que las percepciones de amenazas son bajas y, por tanto, no existen conceptualizacio-nes sobre ellas así como tampoco de los riesgos y vulnerabilida-des. El peso del factor seguridad no logra superar al eje económi-co que sustenta a MERCOSUR como para constituir una política colectiva sobre esa materia77.

Algunas referencias sobre seguridad se llevan a cabo alu-diendo a fenómenos como el terrorismo, las armas de destruc-ción masiva y el tráfi co de armas, municiones y explosivos, sin ser concebidos explícitamente como amenazas a la seguridad regional. En esta línea, los Estados miembros y asociados han reafi rmado su compromiso con la lucha contra el terrorismo, en la prevención de sus actos y abogar por la protección de las vícti-mas; contra el tráfi co ilícito de armas de fuego y fomentar el des-minado humanitario, además de reforzar la cooperación penal para enfrentar la delincuencia organizada internacional78.

77 GARAY, Cristian. “Las Políticas de Defensa Nacional en el MERCOSUR y Asociados. Historia, Procesos, Tendencias 1990-2000”. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2003, p. 241.

78 MERCOSUR. “Comunicado conjunto de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”. Montevideo, Mercado Común del Sur [en línea], 2011. Consulta realizada el día viernes 5 de octubre de 2012. Disponible enhttp://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3371&site=1&channel=secretaria


46

Finalmente, en junio de 2012, se suscribió un acuerdo para el intercambio de información sobre la fabricación y tráfi co ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, en el cual nueva-mente reafi rman su compromiso para luchar contra el crimen organizado internacional que involucra este tipo de transgresio-nes, ofreciendo mutua asistencia judicial para la investigación de delitos afi nes, adjuntando un formulario como propuesta para fomentar la transparencia en el proceso79.

Por el contrario, el Tratado Constitutivo de la UNASUR, es-tablece algunos aspectos que hacen referencia a políticas y temas de seguridad conjuntos. Específi camente, destacan los referidos a la integración energética para el aprovechamiento sostenible y solidario de los recursos naturales de la región; la cooperación en la prevención contra catástrofes; el intercambio de información y de experiencias en materia de Defensa; la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la coordinación con organismos especializados de los Estados miembros para fortalecer la lucha contra el terrorismo, corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfi co de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de ar-mas nucleares y de destrucción masiva y el desminado80.

Dentro de los organismos que forman parte de la UNASUR destacan tres por su relación con la estructura de seguridad a nivel subregional: i) El Consejo de Defensa Suramericano (CDS), ii) el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las

79 MERCOSUR. “Acuerdo entre los Estados partes del MERCOSUR y los Esta-dos asociados para el intercambio de información sobre la fabricación y el trá-fi co ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales rela-cionados” (Mendoza, Argentina, 29 de junio, 2012). Montevideo, Mercado Co-mún del Sur [en línea], 2012. Consulta realizada el día viernes 5 de octubre de 2012. Disponible en http://gd.mercosur.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.nsf/29885D9B8CFC610703257A8F00149D0B/$File/DEC_009-2012_ES_Acdo%20Interc%20Informac%20Armas%20de%20fuego.pdf

80 UNASUR. “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas” (Brasilia, Brasil, 23 de mayo, 2008). Quito, Unión de Naciones Suramericanas [en línea], 2008. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Dispo-nible en http://www.unasurcds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=182&lang=es


47

Drogas y iii) el Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delin-cuencia Organizada Trasnacional.

El primero de ellos fue creado en la Cumbre Extraordinaria de UNASUR realizada en Brasil, en diciembre de 2008, por ini-ciativa del gobierno local, derivado de la falta de una agenda propia a nivel regional, así como de una instancia de cooperación propiamente suramericana capaz de superar la subordinación ante Estados Unidos materializada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su Estatuto ofi cial fi rmado en Santiago en diciembre de 2008, se concibe al CDS como un órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de Defensa, apuntando sobre todo a constituir una identidad suramericana en esta esfera, para lo cual establece en sus objetivos específi cos principales los siguientes tópicos de interés: i) analizar y discutir sobre los elementos comu-nes de una visión conjunta de la Defensa; ii) intercambio de infor-mación sobre la situación regional e internacional para identifi car a tiempo riesgos y amenazas a la seguridad regional y mundial; iii) adoptar medidas de confi anza mutua; iv) promover el inter-cambio en la industria de la defensa, en la formación y capacita-ción militar; apoyar acciones humanitarias y compartir experien-cias sobre operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas; y v) intercambiar experiencias sobre la modernización de los ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas81.

Para alcanzar estos objetivos, el CDS desarrolló tres Planes de Acción, correspondientes al periodo 2009-2010, 2010-2011 y 2012, en los cuales se establecen directrices para los cuatro ejes o áreas de acción del organismo, a saber: i) política de defensa; ii) cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz; iii) industria y tecnología de la defensa; y iv) formación y capaci-tación.

81 UNASUR. “Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR” (Santiago, 11 de diciembre, 2008). Quito, Unión de Naciones Suramericanas [en línea], 2008. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Dispo-nible en http://www.unasurcds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=188&lang=es


48

En la misma línea, en la reunión de los Ministros del CDS realizada en Guayaquil, Ecuador, en mayo de 2010, se resolvió aprobar el Estatuto que crea el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano (CEED-CDS)82, cuya sede se fi jó en Buenos Aires y que entró en vigencia el 11 de marzo de 2011.

La idea detrás del CEED es generar un pensamiento estra-tégico de identidad suramericana, por medio de estudios, in-vestigaciones, talleres y otras actividades, de modo que una vez alcanzados y consensuados conceptualizaciones comunes en el ámbito de la seguridad y la defensa, sea posible la coordinación y armonizaciones de las políticas de defensa en la región.

Entre los objetivos del CEED se destacan los siguientes: i) contribuir al análisis permanente para la identifi cación de desa-fíos, factores de riesgo y amenaza, oportunidades y escenarios para la seguridad y defensa regional e internacional; ii) promo-ver la construcción de una visión compartida que posibilite el abordaje común en materia de defensa y seguridad regional, de los desafíos, factores de riesgo y amenaza, oportunidades y esce-narios previamente identifi cados; y iii) contribuir a la identifi ca-ción de enfoques conceptuales y lineamientos básicos comunes que permitan la articulación de políticas en materia de defensa y seguridad regional83.

Respecto a las amenazas a la seguridad subregional, el CDS no ha establecido un concepto operativo para ello, ni tampoco para riesgo y vulnerabilidad, refi riéndose a ellos solamente en el

82 UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano. “II Reunión Extraordinaria del Consejo de Defensa Suramericano”. Guayaquil, Ecuador, 6-7 de mayo, 2010. Qui-to, Unión de Naciones Suramericanas [en línea], 2010. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unasurcds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Adeclaracion-de-guayaquil-ii-reunion-ordinaria-cds&catid=57%3Aespanol&Itemid=189&lang=es

83 UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano. “Estatuto del Centro de Es-tudios Estratégicos para la Defensa del Consejo de Defensa Suramericano” (Guayaquil, Ecuador, mayo, 2010). Quito, Unión de Naciones Suramerica-nas [en línea], 2010. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unasurcds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=460%3Aestatuto-del-centro-de-estudios-estrategicos-de-defensa-del-consejo-de-defensasuramericano&catid=57%3Aespanol&Itemid=189&lang=es


49

Estatuto del CEED-CDS, donde se vislumbra que se les concibe como fenómenos diferentes entre sí. Sin embargo, se caracteriza por explicitar su intención de adaptarse a la realidad actual de la región suramericana, reafi rmando la protección en materia de defensa frente a amenazas externas o internas, rechazando la presencia y acción de grupos armados fuera de la ley84.

Resaltan los temas abordados en la IV Reunión de la Instan-cia Ejecutiva del CDS realizada en 2011, referidos al análisis de los avances del Plan de Acción 2010-2011. En tal sentido, se diag-nosticó que solo la defi nición de “Defensa” se encuentra consoli-dada en base a una concepción común entre los países miembros, ya que en cuanto al concepto de seguridad solo algunos países cuentan con defi niciones fundamentadas en documentos ofi cia-les, mientras que en otros se percibe un solapamiento entre dicho concepto y el de defensa. Además, tampoco se cuenta con defi ni-ciones de los conceptos de Seguridad Regional y Defensa Regio-nal, que serían avances sustantivos en el seno del CDS85.

Por otro lado, en la Declaración de Bariloche de agosto de 2009, los Estados miembros del CDS se comprometen a abstener-se de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier Estado miembro de UNASUR, así como fortalecer la lucha contra el terrorismo, delincuencia organizada internacional y sus delitos asociados, el narcotráfi co, tráfi co de armas y grupos armados ilegales. En la esfera del tráfi co de drogas, declaran la necesidad de una estrategia conjunta a través de la creación de un Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas86.

La creación de un organismo de UNASUR que aborde la problemática de las drogas como una instancia aparte del CDS,

84 Ibidem85 UNASUR, IV Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa Suramericano, Lima,

Perú, 28-29 de abril de 2011. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unasursg.org/uploads/ac/28/ac287fa6c340b90ac3dc6061047715d7/IV-Reunio%CC%81n-de-la-instancia-Ejecutiva-del-Consejo-de-Defensa-Suramericano-Lima-Peru%CC%81-28-29-abril2011.pdf

86 UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano. “Reunión Extraordinaria de Je-fas y Jefes de Estado y Gobierno de la UNASUR” (Bariloche, Argentina, 28 de agosto, 2009). Quito, Unión de Naciones Suramericanas [en línea], 2009, pp. 2. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=658%3Adeclaracion-bariloche-agosto2009&catid=72%3Aorganos&Itemid=342


50

nos lleva a inferir que este fenómeno se concibe como un pro-blema de seguridad pública, fuera del ámbito de la defensa. Este Consejo fue creado el 4 de mayo de 2010 como una instancia permanente, al igual que el CDS, de consulta, cooperación y coordinación para enfrentar el problema mundial de las drogas, articulando estrategias para reducir la oferta y la demanda.

En su Estatuto se declara que no existirá intervención en los asuntos internos de los Estados y respeto a la legislación vi-gente en cada país miembro, de sus políticas relacionadas con la drogas. Entre sus objetivos específi cos destacan los siguientes: i) propiciar medios para armonizar normas penales, civiles y administrativas y políticas públicas relacionadas con el proble-ma de las drogas; ii) promover la investigación científi ca y el intercambio de experiencias entre los países para aumentar el conocimiento sobre la problemática por medio de la capacitación de profesionales afi nes; y iii) promover acciones para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente; fortalecer acciones para reducir la oferta y demanda de drogas y fomentar la coope-ración efectiva entre las agencias judiciales, policiales o de inteli-gencia fi nanciera, para aumentar la capacidad de respuesta ante delitos vinculados con la problemática de las drogas87.

Asimismo, cuenta con un Plan de Acción del cual se despren-den cinco ejes o ámbitos de competencia del Consejo; i) reducción de la demanda; ii) desarrollo alternativo, integral y sostenible; iii) re-ducción de la oferta; iv) medidas de control; y v) lavado de activos88.

En la llamada Declaración de Cartagena, emanada de la Reu-nión de Ministros de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones Exte-riores de UNASUR, llevada a cabo en mayo de 2012, se recogen los postulados y focos de acción tanto del Consejo de Defensa Surame-ricano como del Consejo Suramericano para el Problema Mundial

87 UNASUR. “Estatuto del Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas” (Los Cardales, Argentina, 4 de mayo, 2010). Quito, Unión de Naciones Suramericanas [en línea], 2010, p. 8. Consulta realizada el día jue-ves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=87:consejosuramericano-del-problema-mundial-de-las-d&id=337:estatuto-consejo-problema-mundial-drogas

88 UNASUR, “Plan de Acción de UNASUR sobre las drogas”. Disponible en http://www.unasursg.org/uploads/7c/81/7c8187875fc493d0ecacf587dd4e7031/Plan-de-accion-Consejo-Problema-M-Drogas.pdf


51

de las Drogas, en la forma de un documento que otorga líneas más claras de la estructura de seguridad del organismo subregional89.

De acuerdo a dicha declaración, se establece que cada Esta-do miembro tiene el derecho de identifi car sus propias priorida-des de seguridad nacional y defi nir acciones para enfrentar las amenazas a la misma –asemejándose a la Declaración sobre Se-guridad en las Américas de la OEA en 2003–, así como fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada internacional llamando a crear un nuevo Consejo en materia de seguridad, ya citado en iii) precedente, con ayuda de las defi niciones y aportes entregados por el CEED, el cual complementaría el trabajo del CDS y del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas90.

Por su parte el ALBA surge en 2004 con el mismo obje-tivo de contrapeso a Estados Unidos que UNASUR, aunque desde un enfoque ideológico radical bajo el liderazgo de Venezuela, sumándose Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua y San Vicente y Granadinas. En 2009 cambió su denominación por Alternativa Bolivaria-na para las Américas, a la que se agregó el Tratado de Co-mercio de los Pueblos, adquiriendo la sigla “ALBA-TCP”91.

También la integran Haití, Irán y Siria en la calidad de Es-tados observadores, mientras que Surinam y Santa Lucía son invitados especiales. Por lo tanto, este organismo regional se diferencia de los demás por su dispersión geográfi ca, ya que su

89 UNASUR. “Declaración de Cartagena. Reunión de Ministros de Defensa, Jus-ticia, Interior y Relaciones Exteriores de UNASUR” (Cartagena de Indias, Co-lombia, 3-4 de mayo, 2012). Washington, Banco Interamericano de Desarrollo [en línea], 2012, p. 5. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10196.pdf

90 UNASUR, Secretaría General. “Intervención de la Secretaria General de UNASUR, María Emma Mejía en la Reunión de Ministros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de UNASUR” (Cartagena de Indias, Colombia, 3-4 de mayo, 2012). Quito, Unión de Naciones Suramericanas [en línea]. Consulta realizada el día jueves 4 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=634%3Areunion-de-ministros-de-defensa-interior-justicia-y-relaciones-exteriores-de-unasur-cartagena-mayo-2012&catid=79%3Aintervenciones&Itemid=353

91 LEAL, Francisco. Op. cit. pp. 75 y 77.


52

punto de confl uencia es la afi nidad ideológica y objetivos comu-nes, considerando que, a excepción de Venezuela, tienen poca relevancia económica y política, buscando alcanzar niveles de in-tegración económica que les permitan alcanzar mayores niveles de desarrollo92.

El ALBA se caracteriza por la “diplomacia de cumbres” con alto impacto político y mediático, que en el caso de la seguridad se expresa principalmente en la defensa bajo la noción tradicio-nal, es decir, la protección frente a amenazas de Estados externos al bloque.

Ejemplo de ello fue la inauguración de una Escuela de De-fensa del ALBA, el 2011, con sede en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se busca integrar a civiles y militares bajo la lógica del “respeto a la Madre Tierra” y el “vivir bien”, con la intención de incentivar la protección de los recursos naturales, la soberanía y diseñar estrategias para responder ante las ame-nazas de intervenciones extranjeras en el continente93, lo cual va de la mano con la creación del Comité Permanente de Defensa y de Soberanía que, integrado por los Ministros de Defensa de los países miembros, tendrá que defi nir una “Estrategia de Defensa Integral Popular Conjunta y constituir una escuela de dignidad y soberanía de las fuerzas armadas”94.

Por otro lado, en la Declaración Conjunta tras la VII Cum-bre del ALBA en Cochabamba, en octubre de 2009, los Estados miembros manifi estan su apoyo al fortalecimiento de mecanis-mos comunes para combatir la trata de personas y el tráfi co ilegal de migrantes, mientras que la lucha contra el narcotráfi co debe llevarse a cabo respetando la soberanía y los derechos hu-

92 Ibidem p. 79.93 ALBA, La Escuela de Defensa del ALBA es una lucha por la independen-

cia. Notas ALBA-TCP [en línea]. Santa Cruz, 31 de mayo de 2011. Consulta realizada el día martes 4 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.alba-tcp.org/contenido/la-escuela-de-defensa-del-alba-es-una-lucha-por-la-independencia-31-de-mayo-de-2011

94 ALBA-TCP. “Consejo Político del ALBA-TCP”. Caracas, ALBA-TCP [en lí-nea]. Consulta realizada el día martes 4 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.alba-tcp.org/contenido/consejo-pol%C3%ADtico-0


53

manos, también mediante acciones cooperativas multilaterales que eliminen las “prácticas neocoloniales de Estados Unidos”95.

Finalmente, a principios de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA publicaron una Declaración Especial sobre la creación del Consejo de Defensa del ALBA, siendo la mate-rialización del proyecto de Comité Permanente de la Defensa planteado en 2009, integrados por los Ministros de Defensa y los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los países miembros96.

Como se observa, el ALBA no ha mostrado hasta ahora una conceptualización común respecto a amenazas multidimensiona-les en la región y sus áreas se siguen enfocando en lo económico, científi co-tecnológico, social y cultural, en función del eje articu-lador del antagonismo hacia Estados Unidos97. No obstante, su creciente interés en la esfera de la defensa bajo una noción estre-cha de la seguridad98 se diferencia de otros organismos regiona-les, principalmente UNASUR.

La última entidad revisada es la CAN, organismo regional que tiene sus orígenes en la fi rma del Acuerdo de Integración Subregional Andino, también llamado Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, el 26 de mayo de 1969, entre los llamados “países

95 Cumbre del ALBA-TCP (VII, Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre, 2009). Declaración Conjunta. Caracas, ALBA-TCP [en línea]. Consulta realizada el día martes 4 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.alba-tcp.org/contenido/declaracion-conjunta-vii-cumbre

96 Cumbre del ALBA-TCP (XI, Caracas, Venezuela, 4-5 de febrero, 2012). Decla-ración Conjunta sobre la Conformación de un Consejo de Defensa del ALBA. Caracas, ALBA-TCP [en línea]. Consulta realizada el día martes 4 de diciem-bre de 2012. Disponible en http://www.alba-tcp.org/contenido/declaracion-especial-sobre-conformacion-de-un-consejo-de defensa-del-alba

97 El ALBA-TCP cuenta con las siguientes áreas de trabajo: 1. Educación, 2. Energía, 3. Industria y Minería, 4. Salud, 5. Telecomunicaciones, 6. Transporte y 7. Turismo.

98 Se entiende por “noción estrecha de la Seguridad” a la dimensión que Barry Buzan identifi ca como “seguridad militar”, referida a la interacción de las capacidades defensivas de los Estados y las percepciones que los Estados ten-gan entre sí. Es decir, las amenazas se conciben como aquellas que provienen de otros Estados mediante el instrumento militar tradicional. En: BUZAN, Barry. 1991. “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”. Inter-national Aff airs. 67 -83-9-. Páginas 431-451.


54

andinos” –Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile–, cuyo obje-tivo central es mejorar la calidad de vida de sus poblaciones por medio de la integración y cooperación económica. Chile se retiró el 30 de octubre de 1976 y Venezuela adhirió al acuerdo el 13 de febrero de 1973, pero se retiró en 200699.

Actualmente los miembros de la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, mientras que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, que retornó al Pacto en 2006, son miembros asociados.

En la actualidad este organismo mantiene su foco en el desa-rrollo económico, social y cultural de los países que la integran. Sin embargo, la CAN ha hecho referencias a temas de seguridad en declaraciones y documentos ofi ciales, como por ejemplo, la Agenda Estratégica Andina, aprobada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el 5 de febrero de 2010.

Entre los principios orientadores de dicho documento se señala la necesidad de fortalecer la cooperación regional en te-mas de seguridad a través de la implementación de programas relacionados con la seguridad pública, control del narcotráfi co y tráfi co de armas y los gastos en defensa.

Por otro lado, la CAN ha realizado esfuerzos para establecer una “zona de paz andina”, a partir de la integración de los cam-bios en los conceptos tradicionales de seguridad y la presencia de amenazas multidimensionales. Para ello, a partir de la XIII Reunión del Consejo Andinos de Ministros de Relaciones Exte-riores, en julio de 2004, explicitó los lineamientos de una Política de Seguridad Externa Común Andina100.

Respecto de las amenazas multidimensionales, destaca en esta Política la voluntad de los Estados miembros de enfrentar-las de forma cooperativa, mediante acciones coordinadas para reforzar la seguridad tanto a nivel de políticas nacionales como

99 COMUNIDAD ANDINA. “Reseña Histórica”. Lima, Comunidad Andina [en línea]. Consulta realizada el día lunes 3 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.comunidadandina.org/Resena.aspx

100 REUNIÓN Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-res (XIII, Quito, Ecuador, 10 de julio, 2004). Decisión N° 587. Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común Andina. Washington, D.C, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Consulta realizada el día martes 4 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.cicad.oas.org/For-talecimiento_Institucional/ESP/CAN%20spa/Decisi%C3%B3n%20587.pdf


55

apoyar la armonización de estas, así como desarrollar mecanis-mos de prevención y alerta temprana. Entre estos se puede citar la creación de una Red Andina de Seguridad, la cual asesore ins-titucionalmente a los países, se lleven a cabo diagnósticos sobre potenciales amenazas, prevención de confl ictos, gestión de crisis y medidas de confi anza mutua. Se identifi can como fenómenos que constituyen amenazas a la seguridad de la Comunidad An-dina al terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfi co, tráfi co de armas, tráfi co de personas y lavado de activos101.

Sobre el Tráfi co de Armas, la CAN cuenta con la Decisión N° 552, de junio de 2003, la que establece el “Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfi co Ilícito de Ar-mas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos”102. En dicho do-cumento se señala que el tráfi co de armas es una amenaza para la paz, seguridad, gobernabilidad y orden democrático de los países miembros de la CAN, al ser un obstáculo para alcanzar el desarrollo político, económico, social y cultural que el organismo regional persigue como principio, dado que se vincula con otras amenazas como el terrorismo, el narcotráfi co y la delincuencia transnacional organizada, para lo cual se establecen directrices y agenda de actividades cooperativas103.

En cuanto a la problemática de las drogas, los países miembros de la CAN han explicitado su preocupación y han llevado a cabo proyectos cooperativos con la Unión Europea, como DROSICAN, para la realización de un diagnóstico de la presencia de esta amenaza y el accionar de los países para combatirla, las principa-les necesidades institucionales para reducir la oferta y la deman-da de drogas ilícitas y proponer mecanismos comunitarios, como la creación de un Observatorio Andino de Drogas104.

101 Ibidem102 REUNIÓN Ordinaria del Consejo Andinos de Ministros de Relaciones Exte-

riores (XI, Quirama, Colombia, 24-25 de junio, 2003). Decisión N° 552. Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfi co ilícito de ar-mas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Lima, Comunidad Andina [en línea]. Consulta realizada el día martes 4 de diciembre de 2012. Disponible enhttp://www.comunidadandina.org/exterior/areas.htm

103 Ibidem104 COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General. “Lecciones aprendidas del

Proyecto Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de Drogas Sintéticas (DROSICAN)”. Lima, Comunidad Andina, 2010, p. 133. Consulta realizada el


56

Un primer análisis de la realidad regional en materia de po-líticas y estructuras de seguridad, permite constatar la carencia de una mirada común frente a problemas que tienen la capaci-dad de afectar al conjunto de naciones, pese a su adhesión a las defi niciones alcanzadas en el seno de la OEA en 2003.

En tal sentido, además de una condición geográfi ca diversa y que tiende a favorecer el agrupamiento subregional más que global, pesan las posturas ideológicas y la impronta de las dife-rencias bilaterales subyacentes, tanto como el interés por asumir actitudes distantes de EE.UU.

Con todo, y a pesar de estas diferencias, a priori se identifi ca que las amenazas capaces de afectar al conjunto estarán princi-palmente relacionadas con el narcotráfi co y aquellos fenómenos que inciden en las opciones de desarrollo de los Estados surame-ricanos, más que en las clásicas percepciones vinculadas al con-fl icto internacional.

día martes 4 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.comunidadan-dina.org/Upload/201129164252proyectoDROSICANlecciones.pdf

57

A continuación se desarrollará una síntesis del impacto que representa la presencia de los ilícitos de mayor connotación y efecto transnacional, como son el terrorismo, el narcotráfi co, el crimen organizado y el tráfi co de armas. Para completar esta visión señalaremos las instituciones a cargo de combatirlas así como las políticas públicas que los correspondientes gobiernos están llevando a cabo para enfrentarlos. Con este panorama, se podrá tener una visión sobre los desafíos en materia de seguri-dad que afecta a la región.

Para sustentar dicha síntesis, nos remitiremos al diagnóstico realizado en el marco de la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia de los países miembros de UNASUR, llevada a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, en mayo de 2012, oportunidad en que los distintos delegados expusieron sobre las ten-dencias del narcotráfi co y delitos conexos en sus respectivos países.

De lo expuesto por cada uno se seleccionaron aquellos tópicos que permiten confi gurar un cuadro general de lo que ha ocurrido en los países de la región, detallándose cuáles son los problemas que los aquejan, un breve relato de la forma en que se han manifestado y cómo se les enfrenta, incluyendo la participación de las Fuerzas Ar-madas en la búsqueda de soluciones, si procede.

En Argentina105 se destacan los siguientes problemas: i) nar-cotráfi co, ii) crimen organizado y iii) el tráfi co o trata de personas.

En primer término, el narcotráfi co se ha convertido en la mayor amenaza a la seguridad del país, dado que ha alcanzado, junto con Chile, la condición de corredor para la exportación de

105 ARGENTINA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa”. Buenos Ai-res, Ministerio de Defensa, 2010. p. 26.

AMENAZAS MULTIDIMENSIONALES EN LA REGIÓN


58

drogas hacia Europa y África, principalmente a través de sus puertos, además de ser un foco de atracción para los carteles del rubro, especialmente los colombianos.

En los últimos tres años el decomiso de cocaína y la activi-dad de sicarios han aumentado de forma directamente propor-cional106, sobre todo en la zona noreste del país cercana a Bolivia (Jujuy y Salta), donde se advierte la presencia de organizaciones delictuales transnacionales107.

El organismo encargado de coordinar las políticas nacionales enfocadas a la lucha contra este fl agelo y los problemas de adic-ción es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfi co (SEDRONAR)108, la cual ha desarrollado dos planes federales de prevención inte-gral de la droga-dependencia y de control del tráfi co ilícito de drogas, el primero para el periodo 2005-2007 y el segundo para el periodo 2009-2011.

No obstante, el país sigue siendo el primer consumidor de cocaína y marihuana en la región y el segundo detrás de Estados Unidos, con más de dos millones de consumidores y un mercado que asciende a los 3.229 millones de pesos argentinos109.

Por su parte, el crimen organizado se expresa especialmente en la tríada formada por el robo de vehículos, la trata de perso-

106 OTERO, Silvia y GUADERRAMA, José. “Narcotráfi co mexicano rebasa fron-teras del continente”. Prensa Escrita [en línea]. Bogotá, 7 de octubre de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com

107 En el primer semestre de 2011 se investigaron más de 400 casos vinculados con drogas, se ha amenazado y atacado a funcionarios judiciales. Ver en: GRANDA, Julio. “Cómo el narcotráfi co logró someter a la justicia argentina”. La Nación [en línea]. Buenos Aires, 1 de febrero de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1444861-como-el-narcotrafi co-busco-someter-a-la-justicia-argentina

108 DECRETO N° 1177/2012. Boletín Ofi cial. Buenos Aires, 16 de julio de 2012. Consulta realizada el día martes 09 de octubre de 2012. Disponible en http://www.boletinofi cial.gov.ar/Inicio/Index.castle?s=01&idAviso=4354467&IdRubro=24&f=201207 24

109 GAMBARO, Natalia. “La Argentina es atractiva para el narcotráfi co”. El Clarín [en línea]. Buenos Aires, 4 de agosto de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.clarin.com/opi-nion/Argentina-atractiva-narcotrafi co_0_749325218.html


59

nas y el narcotráfi co. Frente a esto, el Ministerio de Seguridad creó en agosto de 2011 una comisión de análisis integrada por re-presentantes de las estructuras de inteligencia de todas las fuer-zas de seguridad y policiales, la Subsecretaría de Delitos Com-plejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada y especialistas en la materia, cuyo objetivo es asistir a la autoridad ministerial en la recomendación de lineamientos políticos, examinar perió-dicamente las tendencias de la criminalidad organizada, super-visar las políticas respectivas y evaluar sus resultados110. A ello se agrega la creación del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado en octubre de 2011, dependiente de la Direc-ción General de Inteligencia Criminal111.

En cuanto al tráfi co o trata de personas, se constata como un fenómeno que se da mayormente en las grandes ciudades del país y en la llamada “Triple Frontera” –que corresponde a la con-fl uencia limítrofe de Argentina, Brasil y Paraguay– donde orga-nizaciones criminales desarrollan explotación laboral forzada y prostitución infantil destinada a un público objetivo constituido principalmente por turistas112.

A modo de ilustración, se puede señalar que desde diciem-bre de 2010 hasta julio de 2011 las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad rescataron a 451 víctimas de la trata

110 RESOLUCIÓN N° 660/2011. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires, 10 de agosto de 2011. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Dispo-nible en http://www.minseg.gob.ar/sites/default/fi les/fi les/upload/docu-mentos/Res-660.pdf

111 CREAN un cuerpo de elite contra el crimen organizado”. El Clarín [en línea]. Buenos Aires, 19 de octubre, 2011. Consulta realizada el día viernes 24 de agosto de 2012. Disponible en http://www.clarin.com/inseguridad/Crean-cuerpo-elite-crimen-organizado_0_575342577.html

112 Solamente desde diciembre de 2010 hasta julio de 2011, las Fuerzas Federales dependientes del Ministerio de Seguridad rescataron a 451 víctimas de la tra-ta de personas, siendo 47 de ellas menores de edad, mientras que en diciem-bre de 2011, rescataron a 90 personas, 12 de las cuales eran menores de edad sometidas a esclavitud laboral y sexual En septiembre de 2012, nuevamente se rescató a 41 personas en 15 allanamientos realizados en Buenos Aires, de-teniendo a cinco integrantes de organizaciones criminales. Ver en: “FUERZAS Federales rescataron 41 víctimas de trata de personas”. Ministerio de Seguri-dad [en línea]. Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.minseg.gob.ar/fuerzas-federales-rescataron-41-v%C3%ADctimas-de-trata-de-personas


60

de personas, siendo 47 de ellas menores de edad; mientras que en diciembre de 2011 liberaron a 90 personas, 12 de las cuales eran menores de edad sometidas a esclavitud laboral y sexual. En septiembre de 2012, nuevamente se recobraron a 41 personas en 15 allanamientos realizados en Buenos Aires, deteniendo a cinco integrantes de organizaciones criminales.

La mayoría de las víctimas de trata de personas en el país provienen de zonas rurales y provincias situadas en el norte, que son llevadas a ejercer la prostitución en las ciu-dades céntricas argentinas. Otro importante contingente proviene de Paraguay, Bolivia y Perú, sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos. Al respecto, y a pesar de no existir una estructura unitaria de apoyo, se han consta-tado importantes avances en materia procesal, destacándo-se que en 2011 se llevaron a cabo 196 investigaciones y 167 procesos judiciales por este tipo de delito a nivel nacional113.

Otra situación relevante en materia de seguridad es la gran cantidad de mujeres y niñas que han sido secuestradas por or-ganizaciones criminales para ejercer la prostitución, lo cual se agrava considerando las falencias en la legislación vigente. En tal sentido, en 2011 el Senado aprobó el proyecto de modifi cación de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, pero la Cámara de Diputados no lo trató y perdió prioridad, con lo cual no se transformó en ley114.

Además se han realizado operativos policiales bajo el alero de la Ofi cina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damni-fi cadas por el Delito de Trata de Personas, dando cuenta de la

113 En 2011 se llevaron a cabo 196 investigaciones y 167 procesos judiciales en curso por trata de personas a nivel nacional. Ver en: ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Informe 2012 sobre Trata de Personas: Argenti-na”. Washington DC, Ofi cina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas-Departamento de Estado [en línea], 2011. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://photos.state.gov/libraries/argentina/8518/pdfswebsite/2012ArgTIPREPORTSpanish.

114 En Argentina se calcula que más de 700 mujeres y niñas se encuentran des-aparecidas por concepto de trata de personas. Ver en: “TRATA de personas: En Argentina, hay más de 700 mujeres y niñas desaparecidas”. El Once [en línea]. 3 de diciembre de 2012. Consulta realizada el día miércoles 5 de di-ciembre de 2012. Disponible en http://www.elonce.com/secciones/general/nota.php?id=288103


61

relevancia de esta amenaza en el país debido a la gran cantidad de víctimas rescatadas durante 2012115.

Finalmente, y en cuanto al empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se destaca el carácter excepcional de esta medida, de acuerdo a lo consignado en la Constitución Política, la Ley de Seguridad Interior y el Libro Blanco de la Defensa del año 2010, que constituye la actual Política de Defensa del país.

Al respecto, en el Artículo N° 27 de la Ley de Seguridad In-terior se establece que corresponderá al Ministerio de Defensa, en caso de requerimiento del Comité de Crisis116, disponer que las Fuerzas Armadas apoyen operaciones de seguridad interior, contando con un representante del Estado Mayor Conjunto y el control de la Subsecretaría de Seguridad Interior. En la misma lí-nea, el Artículo N° 31 dispone que estas fuerzas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior en casos excep-cionales en el que el sistema de seguridad interior resulte insufi -ciente, de acuerdo al criterio del Presidente de la Nación y previa declaración del estado de sitio117.

Sumado a ello, en el Libro Blanco de la Defensa de 2010 el Estado argentino hace clara diferencia entre las actividades de defensa nacional y de seguridad interior. La primera, asociada a acciones de origen externo por Fuerzas Armadas de otros Esta-

115 Entre enero y septiembre de 2012 se detuvieron a 315 personas por delito de Trata de Personas, mientras que 30 fueron rescatadas por concepto de explo-tación laboral y otras 512 fueron liberadas por concepto de explotación se-xual. Del total de víctimas rescatadas en lo que va del año, 839 eran mayores de edad, 113 menores de edad, de los cuales 429 eran de nacionalidad argen-tina y 523 extranjeras. Ver en: “TRATA de personas: víctimas rescatadas en 9 meses”. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [en línea]. Buenos Aires, 2 de octubre de 2012. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=1265

116 El Comité de Crisis está compuesto por: Ministerio de Defensa, Jefe del Es-tado Mayor Conjunto, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y Jefe del Estado Mayor General de la Armada.

117 ARGENTINA. “Ley N° 24.059 de Seguridad Interior”. Congreso Nacional [en línea]. Buenos Aires, 17 de enero de 1992. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1859263975/Ley%20de%20seguridad%20inte-rior%2024059.pdf?url=%2FBibliotecaWeb%2FVarios%2FDocumentos%2FBD_1859263975%2FLey+de+seguridad+interior+24059.pdf


62

dos; en tanto, la segunda se enfocada a preservar y restaurar el orden interno a través de instrumentos propios de las institucio-nes policiales y fuerzas de seguridad118.

En Bolivia se destacan los siguientes problemas: i) narcotrá-fi co, ii) lavado de activos, iii) crimen organizado, iv) tráfi co de armas y v) trata de personas.

Para enfrentar el narcotráfi co en 1987 el Estado boliviano creó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi co (FELCN), como organismo especializado y dependiente de la Policía Bo-liviana. Esta entidad está encargada de realizar operativos de incautación de drogas y destrucción de laboratorios y fábricas.

Además de la producción de cocaína y marihuana, se desta-ca la conformación de corredores de transporte de drogas a otros países, concentrados mayormente en las zonas de frontera con Argentina y Paraguay, donde además se evidencia una intensa actividad vinculada al contrabando comercial. Otro corredor relevante es la capital, La Paz, hasta donde llega la droga prove-niente de Perú, que luego es transportada a distintos mercados utilizando diversos mecanismos que permitan eludir los contro-les policiales y aduaneros119.

La complejización del fenómeno del narcotráfi co va de la mano con una mayor imbricación de redes compuestas por ciudadanos de diversos países, lo cual amplía el carácter de la amenaza desde el plano bilateral al subregional. Diariamente delincuentes argentinos y brasileños entran y salen de Bolivia

118 Las instituciones policiales y fuerzas de seguridad pertenecientes al Sistema de Seguridad Interior argentino son las siguientes: Gendarmería Nacional, Pre-fectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales. Ver: Argentina, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa”. Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 2010, p. 93.

119 En los principales mecanismos de transporte se encuentran las llamadas “mulas”, utilizar automóviles robados con droga en ellos, hasta esconder pequeñas dosis en productos alimenticios para evadir el control policial, al mismo tiempo, diversifi cando sistemáticamente las rutas de transporte. Ver en: “LA FELCN identifi ca micro fábricas de drogas en las zonas fronterizas”. El Nacional [en línea]. Tarija, 17 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elnacionaltarija.com/?p=12133


63

con vehículos robados y droga120, llamando la atención de las au-toridades, que buscan coordinar su acción para detectar nuevas rutas y medios de transporte, incluyendo el tráfi co aéreo.

Ante esto, Brasil y Perú están cooperando con Bolivia. El pri-mero, ante el continuo ingreso de aeronaves con cargamentos de droga elaboró un Plan de Acción Conjunta para mejorar la lucha contra el narcotráfi co, a través de la implementación de opera-ciones de inteligencia, cooperación jurídica y policial con las au-toridades bolivianas, incluyendo la presencia de la embajada de Estados Unidos121. Asimismo, se donaron helicópteros UH1-HI a la Fuerza Aérea Boliviana para fortalecer este plan en una zona fronteriza de 3.423 kilómetros de extensión122.

Por su parte, Perú ha colaborado con Bolivia a través de co-misiones mixtas, a través de las cuales se busca intercambiar expe-riencias e información sobre el estado migratorio de personas in-vestigadas por tráfi co de droga y delitos asociados, investigaciones sobre lavado de dinero y cooperación policial. Asimismo, se busca evaluar la ejecución de operaciones coordinadas en pasos fronte-rizos entre autoridades policiales y aduaneras de ambos países123.

120 “NARCOTRÁFICO y contrabando de vehículos tienen nuevas rutas”. El Nacional [en línea]. Tarija, 29 de agosto de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elnacionaltarija.com/?p=10475

121 BOLIVIA y Brasil evalúan lucha contra las drogas”. El Día [en línea]. Santa Cruz, 14 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=148&pla=3&id_articulo=99186articulo =99186

122 BRASIL entrega a Bolivia dos helicópteros en Santa Cruz”. El Cambio [en línea]. La Paz, 10 de octubre de 2012. Consulta realizada el día miér-coles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://www.cambio.bo/seguridad/20121003/brasil_entrega_a_bolivia_dos_helicopteros_en_san-ta_cruz_80611.htm

123 PERÚ y Bolivia coordinan bajar demanda por drogas”. Los Tiempos [en lí-nea]. Cochabamba, 28 de agosto de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012 Disponible en http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120828/bolivia-y-peru-coordinan-bajar-demanda-de-drogas_183572_388911.html


64

Respecto al lavado de activos, Bolivia se encuentra mal eva-luada por no cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)124, lo cual ha constituido el prin-cipal desincentivo para la inversión extranjera en el país.

No obstante, está mostrando esfuerzos para combatir tanto el lavado de dinero, como el crimen organizado y el terrorismo125, ya que en julio de 2012 el Senado aprobó la Ley de Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vincula-das con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terroris-mo, lo que permite una mayor regulación y prevención de deli-tos asociados a estas amenazas126, sumado a que cuenta con una unidad de investigaciones fi nancieras desde 1997, encargada de detectar y reportar operaciones de ganancias ilícitas.

En tanto, la fuerte vinculación de estas amenazas con el trá-fi co de armas se manifi esta con mayor intensidad en la respuesta de los grupos ilegales ante la creciente presión de la policía, representada en el incremento del volumen de compras y arren-damiento de material para sus ilícitos. El circuito de estas armas comienza con la compra ilegítima en países vecinos, para luego ser transportadas por los mismos miembros de las redes crimi-nales por vía terrestre y aérea, incluso enviándolas por correo127.

124 “BOLIVIA y Ecuador poco hicieron contra lavado”. Los Tiempos [en línea]. Cochabamba, 23 de agosto de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.lostiempos.com/diario/actua-lidad/economia/20120823/bolivia-y-ecuador-poco-hicieron-contra-lava-do_183011_387583.html

125 De acuerdo al Balance de Gestión de la IUF, durante el año 2011 se registra-ron 319 casos de delitos investigados, entre los que destacan 157 de corrup-ción, 17 de tráfi co de sustancias controladas, 1 de fi nanciamiento de terroris-mo y 7 de organizaciones criminales, además 557 investigaciones fi nancieras. Ver en: BOLIVIA, Unidad de Investigaciones Financieras. “Casos de Inves-tigación Financiera. Estadísticas 2011”. La Paz, Unidad de Investigaciones Financieras [en línea], 2012. Consulta realizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. p. 8. Disponible en http://uif.asfi .gob.bo/LinkClick.aspx?fi leticket=PTYWqDScvlA%3d&tabid=65

126 “SENADO sanciona ley que congelará fondos de personas vinculadas al te-rrorismo”. La Patria [en línea]. La Paz, 11 de julio de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://lapatriaenlinea.com/?t=senado-sanciona-ley-que-congelara-fondos-de-personas-vinculadas-al-terrorismo&nota=112775

127 “PF prende acusado de tráfi co internacional de armas”. O Globo [en línea]. Río de Janeiro, 10 de julio de 2012. Consulta realizada el día miércoles 10


65

Finalmente, y en lo que respecta a la trata de personas, se per-cibe el mismo fenómeno que ocurre en Argentina, ya que Bolivia es principalmente un país de tránsito de víctimas –en su mayoría menores de edad– provenientes desde Paraguay y Argentina128 y que se concentran en La Paz, El Alto y Santa Cruz, además de ser un corredor utilizados por bandas criminales para sacarlas del país129.

Pero no todo se reduce al tránsito de víctimas, ya que en la población local también se somete a mujeres y niñas a explota-ción sexual y a niños e indígenas a un aprovechamiento con fi nes laborales, especialmente en zonas mineras y agrarias. Del mismo modo, también se identifi ca un fl ujo destinado al servicio do-méstico, en su mayoría destinado hacia Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y España. Muchas otras personas son utilizadas por bandas criminales para el narcotráfi co, específi camente niños para transportar drogas130.

En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate de las amenazas, es la Constitución Política del Estado Plurinacional la que determina sus competencias, las que solo participan en eventos específi cos y bajo el imperio de un Estado de Excepción131.

de octubre de 2012. Disponible en http://oglobo.globo.com/rio/pf-prende-acusado-de-trafi co-internacional-de-armas-5440099

128 “BOLIVIA es la nueva ruta para la Trata de Personas”. ABC Color [en línea]. Asunción. 26 de julio de 2012. Consulta realizada el día miércoles 5 de di-ciembre de 2012. Disponible en http://www.abc.com.py/nacionales/bolivia-es-la-nueva-ruta-para-la-tratade-personas-430955.html

129 En 2010 se registró un total de 260 casos de Trata de Personas, en 2011 un total de 226 casos y en primer semestre de 2012 se han registrado 131 casos. Ver en: “EN La Paz se registran más delitos de trata y tráfi co”. La Razón [en línea]. La Paz, 3 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día miércoles 6 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.la-razon.com/sociedad/Paz-registran-delitos-trata-trafi co_0_1681031898.html

130 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Bolivia”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 91. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf

131 BOLIVIA, Ministerio de Defensa. “Nueva Constitución Política del Estado”. La Paz, Ministerio de Defensa [en línea], 2008, p. 30. Consulta realizada el día viernes 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.mindef.gob.bo/Mindef/sites/default/fi les/nueva_cpe_abi.pdf


66

Asimismo, estas pueden participar en regulaciones expresas y en colaboración con las fuerzas policiales en tareas tales como: i) control de fronteras, por medio de Comandos Conjuntos, en operativos contra el contrabando, explotación ilegal de recursos naturales y otros ilícitos; ii) erradicación de cultivos exceden-tarios de hoja de coca y patrullaje ecológico junto a la Policía Boliviana; iii) apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfi co en Comandos Conjuntos; y iv) tareas de seguridad ciudadana en ayuda a la Policía Nacional para la vigilancia y control delicti-vo132.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas contribuyen en for-talecer la seguridad pública del país, lo cual se materializa en el “Plan Ciudad Segura 2012”, impulsado por el Ministerio de Defensa e implementado en una primera etapa en las principa-les ciudades del país, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, y se planea replicarlo en otras ciudades como Camiri, Caranavi, Potosí, Oruro Apolo y Yacuiba133. En dicha política, el objetivo es que efectivos pertenecientes a la Policía Militar de las Fuerzas Armadas apoyen las labores de la policía de patrullaje y vigilancia para asuntos de seguridad ciudadana, así como para combatir el crimen organizado y el narcotráfi co134.

En Brasil, por su parte, se destacan los siguientes problemas: i) narcotráfi co, ii) crimen organizado, iii) tráfi co de armas, y iv) trata de personas.

El narcotráfi co es una amenaza que ha concitado la atención del Estado debido al signifi cativo aumento del tráfi co de drogas

132 JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA. “Pesquisa sobre el involucra-miento de las Fuerzas Armadas del continente americano en actividades de seguridad pública”. Washington, Junta Interamericana de Defensa [en línea], 2012, p. 16. Consulta realizada el día miércoles 24 de octubre de 2012. Dispo-nible en http://www.oas.org/dsp/documents/Informe_FA_Emp_Seg_Publi-ca_JID_6-29-12.pdf

133 “REPLICARÁN Plan Bolivia Segura en 6 zonas del país”. El Nacional [en línea]. Tarija, 29 de mayo de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octu-bre de 2012. Disponible en http://www.elnacionaltarija.com/?p=1147

134 BOLIVIA, Ministerio de Defensa. “Plan Ciudad Segura 2012”. Boletín Infor-mativo [en línea], N° 14, marzo de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible http://www.mindef.gob.bo/mindef/sites/Default/fi les/Biptico_Ndeg_14.pdf


67

proveniente de países fronterizos, tanto como el consumo inter-no, que ha elevado las tasas de población dependiente de alguna droga, sobre todo cocaína y crack, hacia niveles preocupantes135.

Al ser Brasil un importante mercado de drogas den-tro de Suramérica, se han creado condiciones propi-cias para las actividades de bandas criminales y narco-traficantes nacionales y de países vecinos, cuyo objeto principal gira en torno al abastecimiento desde los principales centros de producción. En tal sentido, las autoridades han fo-calizado los esfuerzos de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas –en cooperación con sus ho-mólogos de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay–, con el objetivo de erradicar plantaciones de coca y marihuana, destrucción de laboratorios y fábricas e incautación de drogas136.

El énfasis en los países vecinos se entiende a partir de la existencia de una extensa frontera de 16.800 kilómetros, que am-plía considerablemente las opciones del tráfi co ilícito. En dicho contexto, alrededor del 54% de la cocaína que ingresa anualmen-te al país proviene de Bolivia, seguido por Perú, con aproxima-damente un 38%; mientras que la mayor parte de la marihuana que ingresa a Brasil lo hace desde Paraguay137.

Como se observa, las condiciones que se crean en tan amplia zona de frontera, que además de involucrar a nueve Estados (Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Vene-zuela, Guyana y Surinam), también amplían las opciones para los otros delitos transnacionales analizados –crimen organizado, tráfi co de armas y trata de personas–, lo que ha llevado a las auto-ridades brasileñas a concebir una estrategia integral a través de un Plan Estratégico de Fronteras (PEF). En este instrumento se consignan los lineamientos para diversos regímenes y operativos

135 “BRASIL reprime narcotráfi co en su frontera por aumento de consumo”. El Universal [en línea]. Caracas, 23 de agosto de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.eluniversal.com/in-ternacional/120823/brasil-reprime-narcotrafi co-en-su-frontera-por-aumento-de-consumo-inte nal/120823/brasil-reprime-narcotrafi co-en-su-frontera-por-aumento-deconsumo-


137 Ibid.


68

que le permiten integrar esfuerzos sectoriales y profundizar la coordinación de organismos del Estado, en especial los ministe-rios de Defensa y de Justicia y la Policía Federal138.

En esta línea se destaca la realización de una serie de opera-ciones que permiten la integración de los órganos de justicia, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y otros organismos guber-namentales en la represión del narcotráfi co, el crimen organiza-do y el contrabando139. Estas acciones, además de su foco anti-delictual, han incorporado tareas en el área de la salud, asuntos indígenas y medioambientales, por medio de la participación de las agencias gubernamentales que tienen responsabilidades en dichas áreas.

Respecto del crimen organizado, se ha observado una agudi-zación de sus nocivos efectos sobre la seguridad de la población, sus alcances transnacionales y el impacto en las instituciones del Estado, entre los que destaca la tendencia a ejercer presión sobre los magistrados que investigan causas relacionadas, traspasando la esfera de la amenaza y de la mera agresión, para llegar hasta el asesinato. Frente a esta cruda realidad el Gobierno Federal respondió con la Ley N° 12.964/2012, que establece una serie de medidas para aumentar la seguridad de los jueces involucrados en casos contra organizaciones criminales140.

Finalmente, en cuanto a la trata de personas, Brasil es una fuente de víctimas principalmente en las zonas rurales, donde son forzadas a condiciones de explotación laboral. Además es un foco de destino de personas para el ejercicio de la prostitución, principalmente mujeres, menores de edad y transexuales prove-nientes de Bolivia, Paraguay y Perú141.

138 Ibid139 “ROUSSEFF envía a 9.000 soldados a las fronteras para combatir el crimen”.

El País [en línea]. Madrid, 7 de agosto de 2012. Consulta realizada el día miér-coles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/07/actualidad/1344361866_889914.html

140 “CERCA de 400 juízes são ameaçados pelo crimen organizado, diz AMB”. O Globo [en línea]. Río de Janeiro, 27 de julio de 2012. Consulta realizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://oglobo.globo.com/pais/cerca-de-400-juizes-sao-ameacados-pelo-crime-organizado-diz-amb-5593519#ixzz2907LLvxI

141 Se estima que más de 250.000 menores de edad están involucrados en prostitución y más de 25.000 hombres brasileños son sometidos a condiciones


69

Cabe destacar que el empleo de las Fuerzas Armadas en estos eventos es de carácter eventual, temporal y excepcional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Federal y en la legislación que concibe y autoriza las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), considerando la seguridad pública se logra, principalmente, a través de acciones a cargo de las fuerzas policiales142.

La Constitución Federativa de Brasil establece, en su Artícu-lo N° 144, que la Seguridad Pública se ejerce por las siguientes agencias, a saber: Policía Federal, Policía Federal de Caminos, Policía Civil, Policía Militar y Cuerpo de Bomberos143. Además, el Artículo 136 señala que el Presidente de la República podrá, con previa consulta al Consejo de la República o al Consejo de Defensa Nacional, decretar el “estado de defensa” para la utiliza-ción de las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, la Ley Complementaria N° 136 expresa que se podrán emplear a las Fuerzas Armadas para garantizar el or-den público de forma episódica, en una zona y tiempo limitado, en las acciones de prevención y represión necesarias para garan-tizar los resultados de las operaciones para garantizar la ley y el orden144. Ello se produce toda vez que los órganos de seguridad pública no están disponibles, son inexistentes o insufi cientes para el desempeño de su rol constitucional, consignando que la decisión de dicho empleo corresponde al Presidente de la Repú-

laborales de esclavitud. Ver en: ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Trafficking in Persons Report 2011. Brasil”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 96. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf

142 BRASIL, Escola Superior de Guerra. “Manual Básico: Elementos Funda-mentais” (2ª edición). Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 2011, p. 69. Consulta realizada el día sábado 27 de octubre de 2012. Disponible en http://www.esg.br/uploads/2011/01/Manual-B%C3%A1sico-Vol-I.pdf

143 BRASIL, Senado Federal. “Constitución de la República Federativa de Bra-sil”. Brasilia, Senado Federal [en línea]. Consulta realizada el día viernes 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/index.shtm

144 BRASIL. Ley Complementaria N° 136. Senado Federal. Brasilia, 28 de agosto de 2010. Consulta realizada el día viernes 30 de noviembre de 2012. Disponi-ble en http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp


70

blica, por iniciativa propia o por la de los poderes Legislativo o Judicial145.

En Chile se destacan los siguientes problemas: i) narcotrá-fi co, ii) crimen organizado, iii) lavado de activos y iv) trata de personas.

En cuanto al narcotráfi co, la mayor producción mundial de drogas está en los países que comparten la frontera norte de Chi-le, lo cual afecta la proyección de las principales rutas de comer-cio internacional, multiplica la violencia, el crimen organizado y el consumo a nivel interno146.

Ante esto, la planifi cación de seguridad pública señala que el país es vulnerable al ingreso de drogas vía terrestre y maríti-ma, dado que sus vecinos Perú y Bolivia producen más del 50% de la cocaína a nivel mundial y la frontera norte ocupa el primer lugar del ingreso; mientras que Argentina es la vía de ingreso de marihuana proveniente desde Paraguay.

Además, Chile se ha convertido en productor de precursores químicos usados para la elaboración de drogas ilícitas, lo cual complejiza el problema si se consideran las defi ciencias detecta-das en la fi scalización, incautación, intercambio de información y coordinación entre las agencias que intervienen en el combate de este tipo de ilícitos, de modo que se contempla una Estrategia de Control de Tráfi co de Drogas orientada a atacar dichas falencias con mayor dotación de recursos humanos, tecnológicos y la crea-ción de nuevos organismos147.

Respecto del crimen organizado, se le considera como un agente multiplicador del narcotráfi co, el lavado de activos y la trata de personas y, potencialmente, sobrepasa la acción policial,

145 JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA. Op. cit. p. 18.146 CONFERENCIA Subregional (VII, Santiago, Chile, 20-22 de julio, 2011). Dis-

curso de Apertura Ministro de Defensa Nacional Andrés Allamand. Santiago, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, 2011. p. 34. Consulta realizada el día lunes 8 de octubre de 2012. Disponible en http://www.defensa.cl/ar-chivo_mindef/anexos/expo_chds.pdf

147 CHILE, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Cuenta Anual 2011”. Santiago, Ministerio del Interior y Seguridad Pública [en línea], 2010, pp. 40 y 41. Consulta realizada el día lunes 8 de octubre de 2012. Disponible en http://issuu.com/minterior/docs/chile_seguro#download


71

desincentiva la inversión nacional y extranjera y atenta contra la estabilidad democrática. En tal sentido, destaca que la principal manifestación del crimen organizado en Chile sea el tráfi co de drogas, correspondiendo al 61% de las organizaciones crimina-les, compuestas principalmente por chilenos, peruanos, argenti-nos, colombianos y bolivianos148.

Frente a este fl agelo, el Ministerio del Interior estableció tres frentes para combatir el crimen organizado en el país: i) implementación del Plan Frontera Norte, destinado a aumentar el control de entrada y salida de estupefacientes mediante el re-fuerzo del control de fronteras; ii) incremento de la fi scalización de los precursores químicos, focalizada en la empresa privada del rubro químico y en un mejor registro de los usuarios; y iii) incremento de la cooperación internacional, compartiendo expe-riencias y trabajando en conjunto con organismos internacionales como MERCOSUR y ONU149.

Asimismo, en línea con el último de los frentes señalados, el Ministerio del Interior fi rmó con su homólogo en Argentina un acuerdo de cooperación para generar mecanismos de coordina-ción para prevenir y controlar el crimen organizado y sus ma-nifestaciones, como el narcotráfi co, trata de personas, tráfi co de migrantes, tráfi co de armas y lavado de activos150.

En la esfera del Lavado de Activos, Chile cuenta con una uni-dad de análisis fi nanciero (UAF) creada por ley en 2003151, la cual tiene por objetivo prevenir e impedir la utilización del siste-

148 CRIMEN organizado: 61% de los grupos trafi ca drogas”. La Tercera [en línea]. Santiago, 25 de septiembre de 2011. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://diario.latercera.com/2011/09/25/01/contenido/pais/31-84754-9-crimen-organizado-el-61-de-los-grupos-trafi ca-drogas.shtml

149 CHILE, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Cuenta Anual 2011”. Op. cit. p. 97.

150 MINISTRO Hinzpeter fi rmó con Argentina acuerdo de cooperación para com-batir el crimen organizado”. Gobierno de Chile [en línea]. Santiago, 6 de junio de 2012. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.gob.cl/informa/2012/06/06/ministro-hinzpeter-fi rmo-con-argentina-acuerdo-decooperacion-paracombatir-elcrimen-organizado.htm

151 LEY N° 19.913. Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifi ca diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Biblioteca del Con-greso Nacional. Santiago, 18 de diciembre de 2003. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.uaf.cl/descargas/legislacion/LEY19913.pdf


72

ma fi nanciero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de este tipo de delito y fi nanciamiento del terroris-mo, a través de la obtención de inteligencia fi nanciera que cola-bore con la investigación y persecución penal del ilícito a través del Ministerio Público152.

Para ello, empresas y personas naturales de 34 sectores eco-nómicos están obligadas a entregar información de operaciones sospechosas, para así procesarla y enviarla a su destinatario le-gal, el Ministerio Público153.

Al igual que en el crimen organizado, el principal delito base de lavado de activos en Chile es el narcotráfi co154, confi r-mando la existencia de la triada advertida por la Resolución 1373/2001 de Naciones Unidas, que da cuenta de la íntima interre-lación entre estos ilícitos, cuyo enfrentamiento debe, necesaria-mente, obedecer a estrategias integrales.

152 Durante el periodo 2006-2011, se llevaron a cabo 350 investigaciones por el de-lito de lavado de dinero, de las cuales 43 casos se formalizaron, con 220 perso-nas y 44 sentencias defi nitivas. Para año 2011, se realizaron 71 investigaciones y la Fiscalía Nacional formalizó a 71 personas por lavado de dinero, obtenien-do 15 sentencias defi nitivas, condenas para 75 personas en 39 enjuiciamien-tos. Ver en: CHILE, Fiscalía Nacional. “Éxitos de la Estrategia Antilavado de Activos” [diapositiva]. Santiago, Fiscalía Nacional, 2011. 15 diapositivas, col. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CCcQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.fi scaliadechile.cl%2FFiscalia%2Farchivo%3Fid%3D2163%26pid%3D728%26tid%3D2%26d%3D1&ei=UCp0ULUGg6z0BN7NgdgF&usg=AFQjCNE2g_UtN2G1z1OxegEvtPp-V_g8oQ

153 De acuerdo al Balance de Gestión de la UAF, durante 2010 se realizaron 55 fi scalizaciones, de las cuales 20 correspondieron a casas de cambio. Se iden-tifi caron, notifi caron y registraron un total de 1.484 entidades que se encon-traban en incumplimiento legal. CHILE, Unidad de Análisis Financiero. “Ba-lance de Gestión Integral Año 2010. Santiago, Unidad de Análisis Financiero [en línea], 2010, p. 39. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.uaf.cl/descargas/acerca/balances/BGI2010.pdf

154 Desde la creación de la UAF, fueron sentenciados 36 casos de lavado de ac-tivos relacionados con el narcotráfi co, lo cual equivale al 86% del total, y el 14% restante correspondió a delitos de malversación de caudales públicos, trata de personas, corrupción y fraude al fi sco. Ver en: CHILE, Unidad de Análisis Financiero. “Tipologías y Señales de Alerta del Lavado de Activos en Chile. Informe de Condenas 2007-2011”. Santiago, Unidad de Análisis Finan-ciero [en línea], 2012, p. 9. Consulta realizada el día martes 9 de octubre de 2012. Disponible en http://www.uaf.cl/prensa/archivo_det.aspx?id=169


73

Respecto a la trata de personas, la legislación vigente es bas-tante reciente, obteniéndose las primeras condenas en agosto de 2012155. Estos datos no deben llevar a pensar que se trata de un problema nuevo, sino que su manifestación ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, principalmente por el crecimiento económico del país.

De esta forma podemos observar que Chile es fuente, trán-sito y destino de víctimas. En el primer caso, mujeres y niñas son captadas bajo falsas ofertas de trabajo y son explotadas sexualmente en países como Argentina y España. Por su parte, las víctimas extranjeras provienen de la región suramericana y son destinadas al trabajo forzado y sexual en las zonas agrícolas y mineras, respectivamente, mientras otras son utilizadas para transportar drogas en las zonas fronterizas156. A lo anterior se debe agregar la inefi ciente ley de migración en vigencia, lo que hace difícil el control de inmigrantes clandestinos y las activida-des que estos desarrollan, especialmente en la zona norte para personas provenientes de Colombia, Perú y Bolivia.

En otro orden de ideas, si bien Chile no reconoce la existencia de focos de terrorismo, hay dos situaciones relevantes a mencio-nar. En primer término, la pervivencia de grupos anarquistas de relevancia media-baja, que en el tiempo han hecho detonar una serie de artefactos explosivos, con efectos más bien mediáticos.

En el mismo contexto, en tanto, en la Región de La Arau-canía la difi cultad persistente desde hace más de 20 años y que se ha manifestado en el tiempo, con distinta intensidad, es el derivado de las demandas de ciertos grupos de mapuches, en la zona sur del país, en donde buscan que el Estado acepte sus demandas. La difi cultad que se presenta porque, por una parte, no existe un líder o vocero legítimamente reconocido por ellos,

155 DICTAN primera condena en Chile por trata de personas”. La Tercera [en línea]. Santiago, 1 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://diario.latercera.com/2012/09/01/01/contenido/país/31-117386-9-dictan-primera-condena-en-chile-por-trata-de-personas.shtml

156 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Chile”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 119. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf


74

que congregue la representatividad de la totalidad de las más de tres mil comunidades existentes157, por la otra, sus peticiones y demandas no han sido defi nidas ya que obedecen a particulares necesidades de dichas comunidades las cuales se encuentran di-seminadas en tres regiones del país; del mismo modo, el Estado ha sido incapaz de dar respuestas concretas a vulnerabilidades reales que afectan a dicha etnia, y por tanto, estos han respondi-do, como es dable en un confl icto con tan amplia desigualdad de fuerzas, a través de actos violentos cuya manifestación ha lleva-do a preguntarse si corresponde a la categoría de terrorismo, sin existir entre las autoridades consenso al respecto.

En ambos casos se observa una alta ideologización de las posturas y una intensa defensa de los grupos de presión recla-mantes por parte de diversos sectores de opinión, complejizando la persecución judicial de los responsables y contribuyendo a la creación de un clima enrarecido que difi culta el análisis del tema y la búsqueda de la verdad.

Finalmente, las Fuerzas Armadas no tienen participación en tareas de Seguridad Pública y su eventual empleo está restringi-do a la vigencia de los estados de excepción consignados en la Constitución Política: i) Estado de Asamblea, en caso de guerra exterior; ii) Estado de Sitio, en caso de guerra interna o conmo-ción interior; iii) Estado de Emergencia, en caso de grave altera-ción del orden público, daño o peligro para la seguridad nacio-nal; y iv) Estado de Catástrofe, en caso de calamidad pública158.

No obstante, Chile ha avanzado en este aspecto con la Estra-tegia Nacional de Seguridad y Defensa, que estipula el concepto de complementariedad en el uso de capacidades, que consiste en una acción efi caz de seguridad al coordinar capacidades y

157 De las comunidades señaladas, las cuales pueden estar integradas hasta por 1.200 personas cada una, 50 grupos no tienen ningún contacto con el gobierno, 4 de ellas son abiertamente violentas: Temucuicui Autonomía – Te-mucuicui Tradicional – José Guinón y WenteWilcúnMapu; Por otra parte 37 comunidades mantienen contacto con el gobierno al formar parte de Áreas de Desarrollo Indígena.

158 CHILE. “Constitución Política de la República de Chile”. Biblioteca del Congreso Nacional [en línea]. Santiago, 22 de septiembre de 2005. Consulta realizada el día viernes 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://bcn.cl/4r4m


75

medios específi cos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad y otros organismos afi nes. Asimismo, el Estado espera que cumplan tareas adicionales a las de su misión constitucio-nal, que son: i) apoyar a las autoridades civiles nacionales en la prevención, respuesta, mitigación y reconstrucción, en caso de desastres naturales o de origen antrópico y ii) contribuir con capacidades específi cas de la defensa a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, para apoyarlas en su tarea de dar protección a la población civil frente a amenazas transnacionales, en confor-midad con la ley159.

En Colombia se destacan los siguientes problemas: i) terro-rismo, ii) narcotráfi co, iii) crimen organizado, iv) lavado de acti-vos, v) tráfi co de armas y vi) trata de personas.

Colombia, al igual que Perú, Bolivia y Ecuador, forma parte del eje andino de Suramérica, que constituye el principal foco de amenazas multidimensionales, concretamente el narcotráfi co y sus nexos con otros fenómenos asociados.

Respecto al terrorismo, el Ministerio de Defensa Nacional declara que existe un descenso en su manifestación, pese al quiebre de la tendencia a la baja sostenida que se observó entre 2002 y 2010160. Ante este panorama, la autoridad sectorial reac-cionó adoptando medidas de mayor control y prevención, para lo cual dispuso la creación de unidades militares para proteger la infraestructura asociada al petróleo, electricidad y medios de transporte de empresas de actos terroristas por parte de la gue-rrilla161.

159 CHILE. “Consulta de S.E. el Presidente de la República. Op. cit. p. 19.160 En 2002 se produjeron 1.645 actos de terrorismo en Colombia, disminuyendo

paulatinamente hasta alcanzar los 564 casos en 2011, aunque 93 más de los actos que se registraron en 2010 con 471. Se evidencia una tendencia al alza nuevamente entre enero y septiembre de 2012, donde se han registrado 649 actos de terrorismo. COLOMBIA, Ministerio de Defensa Nacional. “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”. Bogotá, Ministerio de Defensa Nacional [en línea]. 2012, p. 36. Consulta realizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf

161 CREAN batallones para evitar terrorismo contra infraestructuras en Co-lombia”. Univisión [en línea]. Miami, 12 de septiembre de 2012. Consulta


76

En la esfera del narcotráfi co, el Estado mantiene su acción persistente en la incautación de drogas162. Estos continuos es-fuerzos por parte de los sucesivos gobiernos, sobre todo en la esfera de la erradicación de cultivos de coca, han llevado a que los carteles colombianos perdieran el control del mercado de Estados Unidos que ha pasado a manos de los mexicanos con la esperable disminución de sus operaciones. Ante esta nueva realidad, las bandas criminales buscaron nuevas plazas en Eu-ropa, duplicando el tamaño del comercio de la cocaína en ese continente entre 1998 y 2008 e incrementando la cooperación con grupos criminales europeos163.

Esta fuerte vinculación y potenciamiento del crimen organi-zado generó un cambio en la gestión del narcotráfi co, que pasó a manos de organizaciones delictivas que controlan las zonas de cultivo y distribución de coca y practican el secuestro y la extor-sión164. Las llamadas “bandas criminales”, como las denomina el gobierno colombiano, representan en la actualidad el mayor desafío para la seguridad del país por sus enlaces y mecanismos de acción de los antiguos paramilitares, recurriendo al empleo de sicarios como una de sus prácticas más frecuentes165.

realizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-09-12/crean-batallones-para-evitar-terrorismo?refPath=/noticias/america-latina/colombia/

162 Para el año 2011, se incautaron 155,3 toneladas de cocaína y entre enero y septiembre de 2012, 147,4 toneladas, equivalente a un 32% más de lo incau-tado en el mismo periodo del año anterior; para la heroína, se incautaron 558 kilogramos en 2011 y 378 kilogramos en el periodo enero-septiembre de 2012, en el caso de la marihuana se mantiene la tendencia al alza desde 90,3 toneladas incautadas en 2002, 353,3 toneladas en 2011 y 280,2 toneladas para el periodo enero-septiembre de 2012. Op. cit. p. 44.

163 ONU, UNODC. “Crime and Instability: Case Studies of Transnational Threats”. Viena, United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC), 2010, pp. 7-8. Consulta realizada el día lunes 22 de octubre de 2012. Disponible en http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Crime_and_instability_2010_fi nal_26march.pdf

164 NARCOTRÁFICO en Colombia transitó de grandes carteles a bandas cri-minales”. El Espectador [en línea]. Bogotá, 29 de marzo de 2011. Consulta realizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-259737-narcotrafi co-colombia-transito-de-grandes-cartelesbandas-crimin

165 “SICARIATO y crimen organizado representan un nuevo desafío para Co-lombia”. El Espectador [en línea]. Bogotá, 29 de enero de 2011. Consulta rea-


77

El gobierno colombiano ha respondido a este desafío me-diante la generación de acuerdos de cooperación con países de la región, como es el caso de Perú, los años 2011 y 2012, con el cual se fi rmó un Plan de Seguridad Binacional Fronteriza y un nuevo acuerdo orientado a la lucha contra el crimen organizado, el nar-cotráfi co, el lavado de activos, contrabando y la trata de personas en la frontera común, que se extiende por 1.600 kilómetros166.

Por otra parte, la amenaza de fi nanzas ilícitas o lavado de activos no se encuentra aislada de los fenómenos de terrorismo, narcotráfi co y crimen organizado, representando en la actualidad más del 3% del PIB de Colombia, superando los US$ 11.000 mi-llones167.

Finalmente, la trata de personas constituye una amenaza rele-vante tanto a nivel interno como regional, ya que Colombia es la principal fuente de mujeres y niñas víctimas de tráfi co sexual en Suramérica, además de su importante presencia en América del Norte, Europa Occidental y Asia. A nivel interno, se deriva de la gran cantidad de desplazados como consecuencia de la violencia armada existente en el país, donde hombres, mujeres y niños de comunidades indígenas y zonas rurales empobrecidas son capta-das por organizaciones criminales para la explotación sexual y el narcotráfi co, mientras que los grupos armados ilegales los reclu-tan en sus fi las, lo cual también ocurre con niños provenientes de Ecuador168.

lizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-247811-sicariato-y-crimen-orga-nizado-representan-un-nuevodesafi o-colomom/noticias/judicial/articulo-

166 PERÚ y Colombia acuerdan combatir el crimen organizado en la frontera común”. El Mundo [en línea], Bogotá, 25 de enero, 2012. Consulta realizada el día viernes 24 de agosto de 2012. Disponible en http://www.elmundo.com/portal/noticias/politica/peru_y_colombia_acuerdan_combatir_el_crimen_organizado_en_la_frontera_comun.php

167 “El lavado de dinero en Colombia se amplía más allá del narcotráfi co”. El Caracol [en línea]. Bogotá, 26 de julio de 2012. Consulta realizada el día miércoles 10 de octubre de 2012. Disponible en http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/el-lavado-de-dinero-en-colombia-se-amplia-mas-alla-del-narcotrafi co/20120726/nota/1729898.aspx

168 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Colombia”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012. p. 125. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf


78

La presencia de estas amenazas multidimensionales se com-binan en el accionar de organizaciones insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejér-cito de Liberación Nacional (ELN), cuya principal manifestación en la actualidad ha transitado desde acciones terroristas como mecanismo para alcanzar los objetivos políticos de estos grupos, al llamado “narcoterrorismo”. Ello se explica porque el tráfi co de drogas se ha convertido en su principal fuente de fi nanciamien-to, participando en las distintas fases de producción, refi namien-to y transporte para la adquisición de armamento y asegurar su subsistencia.

Tras una serie de intentos infructuosos de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC, ha comenzado, inicialmente en Oslo, en octubre de 2012 y posteriormente en La Habana, un proceso de negociaciones con mayores opciones de éxito, aunque no exento de difi cultades, después de casi medio siglo de confl ic-to. Por su parte, los dirigentes de la guerrilla fi rmaron a fi nes de agosto de 2013 en la capital cubana de La Habana, un Acuerdo General para la terminación del confl icto y la construcción de la paz, donde se señalan cinco puntos clave, a saber, i) desarro-llo rural, señalando la propiedad de la tierra como el principal problema de Colombia; ii) garantías de oposición y participación política; iii) fi n al confl icto armado; iv) solución al problema de las drogas ilícitas y v) derechos de las víctimas169, las que se pue-den agrupar en tres ámbitos.

Las demandas históricas, constituidas por el desarrollo rural y la participación política de sus miembros. Con respecto al pri-mero, se pueden lograr avances, ya que el gobierno está dispues-to a redistribuir las tierras en disputa, situación contraria si nos referimos a la participación política, porque debe considerarse el efecto que acarreará la reinserción de los miembros de la guerri-lla en cargos públicos.

En el ámbito sociocultural, encontramos el fi n del confl icto y del narcotráfi co. Este aspecto que involucra la entrega de las ar-

169 “COLOMBIA por un camino de paz”. Prensa Latina [en línea]. La Habana, 18 de noviembre de 2012. Consulta realizada el día domingo 18 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=719611&Itemid=1


79

mas, condición que marca un hito en las negociaciones dado por el complejo entrecruzamiento existente entre las FARC y el nar-cotráfi co, difi culta el proceso. Por ello, ambas partes tendrán que redirigir o crear nuevas políticas que permitan rehacer la política agraria para abrir otros campos de producción, dando término de forma progresiva a la producción de la hoja de coca, situación que no deja de ser controversial.

Por último, se encuentran las medidas de reconciliación nacional. La discusión sobre los derechos de las víctimas es, sin duda, el tópico más complejo, ya que al defi nirlas conlleva a identifi car los victimarios.

Por otra parte, a fi nales de agosto del presente año concluyó el primer ciclo de negociaciones. En declaraciones compartidas manifestaron su disposición de llegar a un acuerdo q ue permita alcanzar la paz en Colombia. No obstante, en declaraciones sepa-radas, ambos expusieron su divergencia respecto al mecanismo de legitimación de los acuerdos, generándose así el sexto punto de la agenda.

Asimismo, el Ministro de Defensa declaró que las Fuerzas Armadas aumentarán su contingente en los próximos dos años, incorporando 25 mil nuevos miembros, sumados a los 450 mil ya existentes, señalando la multiplicidad de roles que podrán desempeñar además de garantizar la soberanía y la integridad territorial, como la protección de los recursos naturales e infraes-tructura, respuesta ante desastres naturales y estar presentes en la etapa postconfl icto170. Lo anterior da cuenta de la concepción de los actores formales respecto al tratamiento de las amenazas y sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la esfera de la seguridad, posición que podría generar tensiones durante la negociación171.

170 “COLOMBIA abatió a 50 guerrilleros desde inicio del diálogo de paz”. Infobae [en línea]. 5 de noviembre de 2012. Consulta realizada el día domingo 18 de noviembre de 2012. Disponible en http://america.infobae.com/notas/60885-Colombia-abatio-a-50-guerrilleros-desde-el-inicio-del-dialogo-de-paz

171 “FARC declara cese al fuego unilateral por dos meses”. El Caracol [en línea]. Bogotá, 19 de noviembre de 2012. Consulta realizada el día 19 de noviembre de 2012. Disponible en http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-279605-farc-declara-cese-el-fuego-unilateral-dos-meses


80

Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, Colombia destaca entre los demás países suramericanos por su involucramiento ac-tivo en el combate de amenazas multidimensionales, específi ca-mente el terrorismo y el narcotráfi co. Ello se ampara en la Cons-titución Política, que las incluye en la Fuerza Pública y les asigna como fi n primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional172.

En la Política de Defensa y Seguridad Democrática también se da cuenta de la participación de las Fuerzas Armadas o “Fuer-zas Militares”, indicando que entre las prioridades de su accio-nar está la desarticulación de organizaciones terroristas, protec-ción de la infraestructura nacional y defensa de las fronteras, por las que salen drogas ilícitas y entran armas para las organizacio-nes armadas ilegales173.

En tanto, en Ecuador se destacan los siguientes problemas: i) crimen organizado, ii) trata de personas y iii) tráfi co de armas.

El crimen organizado está identifi cado como la principal ame-naza tanto a la seguridad nacional como regional, pues de este fenómeno se derivan el narcotráfi co, tráfi co de personas y lavado de activos, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo para tareas de seguridad ciudadana y fortalecer a la Policía Mili-tar ya existente174.

Dada la magnitud de la amenaza, que se extiende más allá de las fronteras nacionales, Ecuador ha establecido acuerdos con sus países vecinos –Perú y Colombia– para combatir principal-

172 COLOMBIA, Senado de la República. “Constitución Política”. Bogotá, Secre-taría del Senado [en línea]. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/base-doc/cp/constitución_politica_1991_pr007.html

173 COLOMBIA, Ministerio de Defensa Nacional. “Política de Defensa y Segu-ridad Democrática”. Bogotá, Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, 2003, pp. 38 y 39. Consulta realizada el día sábado 18 de agosto de 2012. Disponible en http://www.oas.org/csh/spanish/documen-tos/Colombia.pdf

174 LUCHA contra el crimen organizado podría redefi nir rol de militares en Ecuador”. Terra [en línea]. 4 de octubre de 2012.Consulta realizada el día jue-ves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://noticias.terra.com.co/inter-nacional/lucha-contra-crimen-organizado-podria-redefi nir-rol-de-militares-enecuador,86b5c1c123e2a310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html


81

mente el narcotráfi co y el crimen organizado. Con el primero promovió un proyecto para construir patrulleras que vigilen la frontera marítima de ambos países, en el marco del objetivo del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR de avanzar en la articulación de una industria de la Defensa regional175. Con el segundo, los respectivos ministros de Relaciones Exteriores sus-cribieron un acuerdo enfocado a la trata de personas, en las áreas de prevención, investigación y protección a las víctimas176.

La Policía Nacional ha identifi cado zonas vulnerables del país al tráfi co de drogas, armas y personas, específi camente la frontera norte –donde se lleva a cabo el lavado de dinero que ob-tienen las organizaciones criminales del narcotráfi co– y la fron-tera sur, que es utilizada por delincuentes internacionales para el tráfi co de drogas, precursores químicos y armas mediante 140 pasos clandestinos, donde son transportadas escondidas en vehículos comúnmente robados, lo cual constituye un problema cada vez mayor si consideramos la gran cantidad de droga que circula por el país anualmente177.

El tráfi co de armas se basa, principalmente, en su ingreso a través de la frontera sur (Perú) donde las organizaciones crimi-nales las adquieren en pocas cantidades pero de forma sistemáti-ca para escapar del control policial, son guardadas en viviendas generalmente rurales y luego trasladadas a Quito y zonas fronte-rizas con Colombia para ser vendidas a otras bandas criminales

175 “PERÚ y Ecuador proyectan construir navíos para combatir el crimen organi-zado”. Terra [en línea]. Bogotá, 28 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://noticias.terra.com.co/internaciónal/peru-y-ecuador-proyectan-construir-navios-para-combatir-crimen-organizado,96e304d023f0a310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

176 “ECUADOR y Colombia fi rman acuerdo contra la trata de personas”. Mi-nisterio del Interior [en línea]. Quito, 14 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.mi-nisteriointerior.gob.ec/?p=5370/ecuador-y-colombia-fi rman-acuerdo-contra-la-trata-de-personas

177 Anualmente circulan por el país alrededor de 220 toneladas métricas de dro-ga, donde el 90% corresponden a clorhidrato de cocaína, 7% de pasta base de cocaína y 3% a marihuana. Ver en: “POR Ecuador circulan 220 toneladas de drogas”. Hoy [en línea]. Quito, 15 de agosto de 2011. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/por-ecuador-circulan-220-t-de-drogas-494114.html


82

locales, grupos subversivos y miembros de la guerrilla colombia-na178.

Respecto a la trata de personas, Ecuador es fuente, tránsito y destino de víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad que son trasladados desde áreas rurales hacia zonas fronterizas y centro urbanos para ejercer la prostitución, servicio doméstico, actividades económicas informales y trabajo forzoso, además de ser parte de redes de “turismo sexual” en balnearios del país, teniendo a su vez presencia en Colombia, Perú y Europa Occi-dental179.

En la Constitución Política de Ecuador se establece la dife-rencia entre las áreas de competencias de las fuerzas, asignándo-le a las Fuerzas Armadas la misión fundamental de defensa de la soberanía y la integración territorial, mientras que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de la protección interna y man-tener el orden público. Junto con ello, al igual que en los demás países suramericanos, se establece el marco legal de los Estados de Excepción, señalando que corresponde al Presidente de la República decretarlo en situación de grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, notifi cando a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y organismos internacionales correspondientes180.

Esto se reafi rma en la Ley de Seguridad Pública y del Estado del año 2009, al señalar que siempre que el Presidente de la Re-pública disponga del empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una situación de estado de excepción, ambas debe-rán coordinar acciones para el restablecimiento del orden públi-

178 EL tráfi co de armas vulnera las fronteras norte y sur del Ecuador”. El Comercio [en línea]. Quito, 17 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elcomercio.com/seguridad/trafi co-armas-vulnera-fronteras-Ecuador_0_775122566.html

179 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Ecuador”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 148. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf

180 ECUADOR, Asamblea Nacional. “Constitución de la República del Ecuador”. Quito, Asamblea Constituyente, 2008, pp. 91-94. Consulta realizada el día sá-bado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf


83

co, siendo responsabilidad del Ministerio de Gobierno, Policía y Culto181.

En Paraguay se destacan los siguientes problemas: i) narco-tráfi co, ii) tráfi co de armas, iii) trata de personas, iv) crimen orga-nizado y v) terrorismo.

Sin tener un abanico de amenazas a su seguridad defi nidas en alguna política de seguridad y/o defensa, Paraguay es un foco de alta actividad delictual que combina narcotráfi co-tráfi co de armas y trata de personas-crimen organizado en la zona fron-teriza con Bolivia y, en especial, en la “Triple Frontera” que com-parte con Brasil y Argentina, donde está Ciudad del Este182.

Lo anterior se ve facilitado en que Paraguay sea el país con menor desarrollo de los tres, que se traduce en el posicionamien-to de una economía paralela e informal, una regulación débil al sector fi nanciero, poca presencia ofi cial en las fronteras, empre-sas informales y redes criminales, así como la existencia de va-cíos legales respecto del fi nanciamiento del terrorismo, derechos de autor y circulación de personas183.

En el caso de la trata de personas, Paraguay es considerado una fuente de origen de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual en centros urbanos como Asunción, Ciudad del Este y

181 ECUADOR, Asamblea Nacional. “Ley de Seguridad Pública y del Estado”. Asamblea Nacional [en línea]. Quito, 21 de septiembre de 2009. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf

182 Entre julio y septiembre de 2012, el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional ha incautado en Ciudad del Este 9.611 kilogramos de ma-rihuana prensada, 985 kilogramos de marihuana picada, 93.000 kilogramos de marihuana en producción y 1.813 kilogramos de cocaína en 27 allana-mientos. Ver en: “ANTINARCÓTICOS ya destruyó más de 103 toneladas de marihuana en 3 meses”. Ministerio del Interior [en línea]. Asunción, sep-tiembre de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Dis-ponible en http://www.mdi.gov.py/index.php/component/k2/item/397-antinarc%C3%B3ticos-ya-destruy%C3%B3-m%C3%A1s-de-103-ton-de-mari-huana-en-3-meses

183 UMAÑA, Felipe. “Threat Convergence Report: Revisiting the crime-terro-rism in the tri-border area”. Washington, DC, Fundfor Peace [en línea], 2012. p. 15. Consulta realizada el día miércoles 24 de octubre de 2012. Disponible en http://www.fundforpeace.org/global/library/ttcvr1208-threatconvergen-ce-triborder-04e.pdf


84

Encarnación, mientras los hombres y niños son utilizados para trabajo forzado en las zonas agrícolas. En los principales países donde es posible encontrar víctimas de trata de personas de nacionalidad paraguaya, se encuentran Argentina, Chile, Boli-via, España y en menor medida, Brasil, mientras que aquellas víctimas extranjeras dentro del país provienen de Bolivia y Perú, siendo todos trasladados desde la Triple Frontera184.

El caso de Paraguay se asemeja a Colombia, al establecer la composición de la Fuerza Pública con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su Constitución Política, aunque es explícita en acotar la función de seguridad pública como un asunto esen-cialmente de competencia policial. También incluye el concepto de Estados de Excepción, aplicables en el caso de confl icto arma-do internacional y grave conmoción interna185.

A través de la Secretaría Nacional Antidrogas, se ha incre-mentado paulatinamente la incautación de marihuana y cocaína respecto a 2010186. No obstante, las cifras son bajas. Por otra parte, no se cuenta con datos que permitan establecer una vin-culación entre las personas detenidas por posesión y tráfi co de drogas y su participación en redes de crimen organizado187.

En cuanto al terrorismo, los paraguayos enfrentan una cre-ciente presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), funda-do ofi cialmente el año 2008, que ha llevado al actual Presidente a disponer el despliegue de unidades de Fuerzas Armadas en la zona noreste del país, al igual como se hiciese en el año 2010.

184 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Paraguay”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 292. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164457.pdf

185 PARAGUAY, Secretaría de la Función Pública. “Constitución Nacional 1992”. Asunción, Secretaría de la Función Pública [en línea], 2007, 150 pp. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible enwww.sfp.gov.py/

186 En 2011 se incautaron 1.453,695 kilogramos de cocaína y 309.835,993 kilogramos de marihuana, mientras que en 2010 se registraron 129.693,215 kilogramos de ma-rihuana incautada. Ver en: PARAGUAY, SENAD. “Incautaciones realizadas por infracción a la ley 1340-01 de enero al 31 de diciembre-Año 2011”. Asunción, Secre-taría Nacional Antidrogas [en línea]. Consulta realizada el día martes 23 de octubre de 2012. Disponible en http://www.senad.gov.py/logros/Logros_2011.pdf

187 Ibidem. Durante 2011, se detuvieron 116 personas por posesión y tráfi co de co-caína, y 145 por posesión y tráfi co de marihuana, frente a las 111 por posesión y tráfi co de cocaína, y 127 por marihuana que se detuvieron durante 2010.


85

Conforme a lo expresado por la Fiscal Antisecuestro de Pa-raguay188, existe la posibilidad que integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se unan al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como consecuencia de las tratativas de paz entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero. Por consiguiente, el narcoterrorismo será un problema no menor para las autoridades, situación que vendría a sumarse a los problemas similares que viven México, Colombia y Perú, comprometiéndose con ello, además, la seguridad interestatal de la región.

El empleo de las Fuerzas Armadas es una condición sine qua non tal como el año 2010, sin embargo, se estima que las auto-ridades recientemente investidas evitarán gestar un estado de excepción constitucional a fi n de no aumentar aún más la per-cepción de desgobierno e intranquilidad reinante en la zona nor-este del país y optarían por un despliegue militar en apoyo a las fuerzas policiales como se hizo en enero de 2009, tras el asalto y quema de un puesto militar, también en la localidad de Tacuatí, vale decir, bajo un régimen constitucional normal.

En tanto, en Perú se destacan los siguientes problemas: i) terrorismo, ii) narcotráfi co, iii) narcoterrorismo, iv) crimen orga-nizado, y v) trata de personas.

Sobre el terrorismo, el Estado ha pedido cooperación inter-nacional y ha decretado el aumento de la dotación de efectivos en puntos sensibles para prevenir la repetición de los ataques de grupos extremistas, como los efectuados por Sendero Luminoso contra las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú ubi-cada en el Cuzco durante 2012189, que potencialmente generaría desabastecimiento de energía190.

188 “Fiscal antisecuestro advierte posible adhesión de integrantes de las FARC al EPP”. La Nación [en línea]. Asunción, 4 de junio de 2013. Consulta realizada el día jueves 11 de junio de 2013. Disponible en http://www.lanacion.com.py/articulo/128434-fi scal-antisecuestro-advierte-posible-adhesion-de-inte-grantes-de-las-farc-al-epp.html

189 “MINISTRO de Defensa asegura que el gobierno no retrocederá en la lucha contra el terrorismo”. Ministerio de Defensa [en línea]. Lima, 10 de octubre de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.mindef.gob.pe/vernoticias.php?id_note=874&sw4_dc=dt012293

190 “GUERRILLA peruana incendia tres helicópteros en ataque terrorista”. El Espectador [en línea]. Bogotá, 6 de octubre de 2012. Consulta realizada el día


86

En el caso del narcotráfi co, la Policía Nacional peruana ha desarrollado una Dirección Antidrogas, la cual realiza operativos para desmantelar laboratorios y decomisos de la producción, que en su mayoría corresponde a cocaína, seguido por la marihuana. Del mismo modo que en los demás países de la región, el tráfi co de drogas se efectúa por vía terrestre, marítima y aérea hacia las zonas fronterizas bajo la infl uencia amazónica y áreas grises que escapan del control estatal.

Otra situación signifi cativa en materia de seguridad es la fusión entre el terrorismo y el narcotráfi co, comúnmente deno-minado “narcoterrorismo”, cuya mayor expresión se observa en la región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y últimamente Man-taro (VRAEM), al ser uno de los principales focos de produc-ción de cocaína y escenario de enfrentamientos entre facciones de Sendero Luminoso con la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo que el gobierno ha reaccionado con la implementación del Plan VRAE y la Región Militar VRAE191.

Esta zona adquiere notoriedad hacia fi nes de la década de 1980, como consecuencia de la falta de presencia del Estado, que facilitó el inicio de la producción de cocaína en grandes canti-dades, sin mayor regulación y en un contexto de alta vulnera-bilidad socioeconómica y predominio de la población indígena, facilitando la conversión del sector en un nicho adecuado para organizaciones criminales, narcotrafi cantes y organizaciones in-surgentes, como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucio-nario Tupac Amaru (MRTA)192.

Actualmente, el accionar de Sendero Luminoso en alianza con grupos dedicados al narcotráfi co y otras actividades delicti-vas asociadas, demuestra la fl exibilidad y organización en redes descentralizadas y móviles con la que se desenvuelven otras or-ganizaciones similares en los demás países de Suramérica, donde la tenencia de gran cantidad de armas modernas, dinero y dro-

jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-379655-guerrilla-peruana-incendia-tres-helicopte-rosataque-terrorista

191 FUENTES, Juan. “Narcotráfi co y Subversión en el valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el Perú”. CEE-ANEPE Cuadernos de Trabajo, Santiago (16): 1-17, octubre, 2012.

192 Ibidem


87

gas es el denominador común. Se presume que los ataques bus-can mayor relevancia mediática y generar terror en la población, dirigiéndose hacia edifi cios de organismos públicos, cuarteles militares y policiales, gasoductos y localidades con mayor pobla-ción, en las cuales se infi ltran entre las comunidades para agredir y replegarse nuevamente sin ser reconocidos, provocando que la respuesta por parte de las fuerzas de orden derive en ataques a los pobladores193.

Ante esto, tanto la Policía Nacional como el Comando Con-junto de las Fuerzas Armadas han desarrollado operativos en la región del VRAEM que han terminado en enfrentamientos con resultados de víctimas fatales194. Ello lleva al cuestionamiento de la efectividad de los planes implementados por el gobierno, así como la existencia de capacidades adecuadas para hacer frente a esta amenaza en lo referido a su equipamiento, recursos y tecno-logía. Frente a ello las autoridades han resuelto incrementar las bases militares en esta parte del territorio peruano y el desarrollo de capacidades aéreas para acceder a las zonas selváticas contro-ladas por el narcoterrorismo195.

En este contexto, donde el narcoterrorismo tiene fuerte presencia, las Fuerzas Armadas están autorizadas para incautar drogas, interceptar medios de transporte y detener sospechosos. Esta llamada “militarización” de la lucha antidroga se explica porque la amenaza de la tríada narcotráfi co-terrorismo-crimen organizado parece exceder las capacidades policiales, tomando

193 “FFAA detectan plan terrorista en el VRAEM y preparan ofensiva”. La República [en línea]. Lima, 1 de octubre de 2012. Consulta realizada el día lunes 22 de octubre de 2012. Disponible en http://www.larepublica.pe/01-10-2012/ff aa-detectan-plan-terrorista-en-el-vraem-y-preparan-ofensiva

194 En julio de 2012 murió un soldado y dos resultaron heridos, mientras que a mediados de agosto, un nuevo ataque terrorista dejó a cinco soldados muer-tos y siete heridos. Ver en: “CINCO muertos y siete heridos producto de ataque senderista en el VRAEM”. La República [en línea]. Lima, 15 de agosto de 2012. Consulta realizada el día lunes 22 de octubre de 2012. Disponible en http://www.larepublica.pe/15-08-2012/cinco-muertos-y-siete-heridos-producto-de-ataque-senderista-en-el-vraem

195 “Instalarán 10 bases militares en el VRAEM”. Perú 21 [en línea]. Lima, 10 de octubre de 2012. Consulta realizada el día lunes 22 de octubre de 2012. Dispo-nible en http://www.larepublica.pe/13-10-2012/gobierno-planea-comprar-20-helicopteros-para-lucha-en-el-vraem


88

en cuenta la amplitud del territorio y la necesidad de un mayor despliegue de las fuerzas para aumentar las incautaciones y neu-tralizar la logística de los grupos narcoterroristas196.

Por otro lado, Perú ha iniciado la preparación y discusión de una ley contra el crimen organizado, que incluye un mayor con-trol a los casos de corrupción y fortalecimiento de sistemas de inteligencia y contrainteligencia para desarticular a bandas cri-minales197, así como una mayor cantidad de peritos y protección a funcionarios del Poder Judicial ante la serie de amenazas por parte de organizaciones criminales ligadas al narcotráfi co198. Ello se suma a los efectos propios de este tipo de ilícitos, normalmen-te relacionados con la alteración de la seguridad de la población y el negativo impacto en el turismo y las inversiones extranjeras.

La trata de personas es el tercer delito más frecuente en el país, de acuerdo al Ministerio del Interior, siendo fuente de origen, tránsito y destino de víctimas. Al igual que en el resto de Suramérica, aquellos afectados que se encuentran en zonas rurales, principalmente hombres, son sometidos a condiciones de explotación laboral en la minería, agricultura, fabricación de material de construcción y servicio doméstico; mientras que las mujeres y niñas son reclutadas por bandas criminales para ejer-cer la prostitución en centros urbanos y mineros, siendo los prin-cipales destinos las ciudades de Lima, Madre de Dios y Cuzco, que constituyen focos de “turismo sexual”. Ello se complejiza ya que muchas de las víctimas son utilizadas para la producción y

196 MÉNDEZ, Javier. “Perú recurre a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfi co”. El Mercurio [en línea]. Santiago, 9 de noviembre de 2012. Consulta realizada el día viernes 9 de noviembre de 2012. Disponible en http://diario.elmercurio.com/2012/11/09/internacional/internacional/noticias/6D678356-DB36-4D0B-823F-22885B83D72B.htm?id=%7B6D678356DB36-4D0B-823F-22885B83D72B%7D

197 “PRESIDENTE Ollanta Humala anuncia creación de Ley contra el Crimen Organizado”. La República [en línea]. Lima, 11 de junio de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.larepublica.pe/11-06-2012/presidente-ollanta-humala-anuncia-creacion-de-ley-contra-el-crimen-organizado

198 “NARCOS buscan amedrentar a los fi scales contra crimen organizado”. La República [en línea]. Lima, 25 de enero de 2012. Consulta realizada el día jue-ves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.larepublica.pe/25-01-2012/narcos-buscan-amedrentar-los-fi scales-contra-crimen-organizado


89

tráfi co de drogas, especialmente cocaína, donde se conjuga el re-clutamiento de menores de edad por parte de Sendero Luminoso para desempeñarse como combatientes y para el transporte de la mercancía ilícita y armas199.

La mayoría de la trata de personas se produce a nivel inter-no, sin embargo, existe la presencia de mujeres y niñas peruanas ejerciendo la prostitución en Ecuador, España, Italia, Japón y Estados Unidos, mientras que la explotación laboral se concen-tra en Argentina, Chile y Brasil. La importante presencia de esta amenaza se explica por la existencia de regiones o áreas grises donde el Estado no tiene presencia o se hace sentir muy debili-tada200. Para enfrentar este fl agelo el gobierno aprobó un plan nacional de acción contra la trata de personas, cuya vigencia co-rresponde al período 2011-2016, y sus efectos ya han empezado a dar los primeros resultados, aun considerando la complejidad que representa la persecución de este delito201.

Respecto del empleo de las Fuerzas Armadas en el enfren-tamiento de estas amenazas, la Constitución Política estipula los Estados de Excepción como vía para que asuman roles excep-cionales en casos de perturbación del orden interno, catástrofe, invasión, guerra exterior o guerra civil202.

Además del marco constitucional, el empleo operacional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior se encuentra amparado en una serie de documentos legales203, siendo el más importante el Decreto Legislativo N° 1.095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional, específi ca-

199 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Perú”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 293. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164457.pdf

200 Ibidem p. 294.201 PERÚ, Ministerio del Interior. “Plan Nacional de Acción contra la Trata de

Personas en el Perú 2011-2016”. Lima, Ministerio del Interior [en línea], 2011. p. 83. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.mininter.gob.pe/userfi les/DS-MIN-004-2011%281%29.pdf

202 PERÚ, Tribunal Constitucional. “Constitución Política del Perú de 1993”. Lima, Tribunal Constitucional [en línea], p. 41. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.tc.gob.pe/consti-tucion.pdf

203 JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA, Op. cit. p. 65.


90

mente para la protección de la sociedad en defensa del Estado de Derecho y asegurar el orden interno.

En Uruguay se destacan los siguientes problemas: i) narco-tráfi co, ii) lavado de activos, iii) crimen organizado y iv) trata de personas.

A pesar que también fi gura como un país de tránsito de dro-ga, cuenta con una ventaja considerable al tener una población de solo un poco más de tres millones de habitantes, lo cual facilita en parte el control estatal. Sin embargo, no ha logrado sustraerse de estos fl agelos y ha sido necesaria la creación de la Dirección Na-cional de Lucha contra el Crimen Organizado, que constituye el organismo a cargo de hacer frente estas amenazas204.

En el caso del narcotráfi co, dado que el país no es considera-do un productor de drogas sino de tránsito, el volumen del pro-blema no es alto ni alcanza cifras preocupantes, como en el resto de los países suramericanos205.

Durante mayo de 2012 el gobierno uruguayo inició el desa-rrollo de una política contra el tráfi co de drogas basada en tres ejes, a saber: i) atacar y destruir el mercado de la droga contro-lado por los narcotrafi cantes y otras organizaciones criminales; ii) dar atención médica adecuada a los adictos con programas de rehabilitación e inserción social; y iii) reducir los niveles de con-sumo de drogas, violencia y corrupción206.

204 “EL narcotráfi co expande sus redes en la región”. La Nación [en línea]. Buenos Aires, 23 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día viernes 12 de octu-bre de 2012. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1510651-elnarcotra-fi co-expande sus-redes-en-la-region

205 De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, durante lo transcurrido de 2012, se han incautado 217,94 kilogramos de plantas de marihuana, mientras que en el año 2011 se incautaron 1.967 kilogramos, frente 380,31 kilogramos durante el 2010. En cuanto a las drogas procesadas, en 2011 se incautaron 1.924 kilogramos de mari-huana que estaban destinados al consumo interno, 255 kilogramos de cocaína, 155 kilogramos de pasta base de cocaína, se detuvieron a 1.475 personas con 628 de ellas procesadas, y se desarticularon 3 grupos de tráfi co internacional y 12 grupos de tráfi co nacional mayor. Ver en: URUGUAY, Ministerio del Interior. “Memoria Anual del Ministerio del Interior 2011”. Montevideo, Ministerio del Interior [en línea], 2012, p. 14. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.minterior.gub.uy/images/stories/m_interior_2011.pdf



91

Cabe destacar que Uruguay es uno de los precursores del cambio de enfoque respecto del enfrentamiento del problema de las drogas, asumiéndola como una enfermedad que debe ser tratada por la esfera de la salud y la educación, mostrándose a favor de la despenalización del cultivo de marihuana y, además, de que el Estado tenga un activo rol en esta esfera.

Asimismo, también se anunció una estrategia para combatir el lavado de activos y fi nanciamiento del terrorismo, que se en-marca en las recomendaciones realizadas al país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2012, enfocándose en sectores vulnerables al accionar de organizacio-nes criminales y narcotrafi cantes, como las sociedades anónimas, asociaciones público-privadas y organizaciones sin fi nes de lu-cro, donde se integran las ONG, clubes deportivos e iglesias207.

En cuanto al crimen organizado, el Ministerio del Interior ha reconocido que las organizaciones delictuales utilizan niños para practicar el sicariato, robo de automóviles y trafi car drogas208. Ante esto, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de juzgados especializados, que incluirán casos de explotación sexual y por-nografía infantil, en el caso que tengan nexos con este tipo de entidades209.

Respecto a la trata de personas, el país es origen de tráfi co de mujeres y menores de edad explotados en su mayoría sexual-mente, especialmente en zonas urbanas y turísticas, mientras otras víctimas son trasladadas a países europeos como Italia y España, de modo que los esfuerzos institucionales para combatir

207 “CONTROL antilavado alcanzará ONG, clubes deportivos e iglesias”. El Observador [en línea]. Montevideo, 17 de junio de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 octubre de 2012. Disponible en http://www.elobservador.com.uy/noticia/226206/control-antilavado-alcanzara-a-ong-clubes-deportivos-e-iglesias/

208 “EL crimen organizado utiliza a niños en Uruguay”. El Observador [en línea]. Montevideo, 3 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día jueves 11 de octubre de 2012. Disponible en http://www.elobservador.com.uy/noticia/231702/el-crimen-organizado-utiliza-a-ninos-en-uruguay/

209 “JUZGADOS de crimen organizado cambian sus competencias”. La Red 21 [en línea]. Montevideo, 31 de agosto de 2012. Consulta realizada el día viernes 12 de octubre de 2012. Disponible enhttp://www.lr21.com.uy/comunidad/1056944-juzgados-de-crimen-organizado-cambian-sus-competencias


92

esta amenaza se concentran en los fi nes sexuales, careciendo de servicios especializados de protección a las víctimas210.

El marco legal para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública es la Constitución Política y la Ley N° 14.157 Orgánica Militar, que señala como misión de las Fuerzas Armadas dar seguridad nacional exterior o interior y apoyar los planes de desarrollo que les fuesen asignados211, pero no profun-diza en qué casos específi cos estas deben actuar y frente a qué fenómenos.

Por su parte, en Venezuela se destacan los siguientes proble-mas: i) narcotráfi co, ii) crimen organizado y iii) trata de personas.

A pesar de que no cuenta con una política de seguridad y/o defensa en la que se identifi quen las principales amenazas para su seguridad, sufre los efectos de los fenómenos del narcotráfi co y el crimen organizado, al igual que los demás países de Suramérica.

Venezuela es considerada como un país de tránsito y uno de los mayores puntos de partida de la droga proveniente de la zona andina que es exportada hacia Estados Unidos y Europa. Además, los antiguos y grandes carteles colombianos se han fragmentado en multiplicidad de bandas criminales que progre-sivamente se instalan en territorio venezolano, siendo un medio propicio para el emplazamiento de organizaciones terroristas y criminales212. Ello se explica por su ubicación geográfi ca que vincu-la Suramérica con América del Norte a través de gran cantidad de

210 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Uruguay”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012. p. 379. Consulta realizada el día jueves 6 de diciembre de 2012. Disponible enhttp://www.state.gov/documents/organization/164458.pdf

211 URUGUAY. Ley N° 14.157 Orgánica Militar. Poder Legislativo [en línea]. Montevideo, 21 de febrero de 1974. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14157&Anchor=

212 FARAH, Douglas. “TransnationalOrganizedCrime, Terrorism, and Crimi-nalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority”. Pennsylvania, Strategic Studies Institute [en línea], p. 12. Consulta realizada el día martes 23 de octubre de 2012. Disponible en http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1117


93

rutas marítimas y aéreas al estar en la frontera del mar Caribe y el océano Atlántico Norte, entre Colombia y Brasil213.

Al igual que Colombia, Surinam y Guyana, sus países ve-cinos, Venezuela es un punto de encuentro de organizaciones criminales, así como de salida de drogas con destino a Europa, comúnmente España y Portugal, con las ventajas del idioma y cercanía cultural, desde de donde vuelve a salir la droga con des-tino a los demás países europeos.

Por lo tanto, en 2012, los ministros de Defensa de Venezuela y Brasil se comprometieron a profundizar sus lazos de coope-ración en materia de la industria del sector, tecnología y el in-tercambio de experiencias militares para fortalecer la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfi co214.

El crimen organizado también constituye una prioridad para las autoridades de gobierno, pues actualmente operan en Venezuela células de ocho “mafi as” de distintos países. Desde Colombia las que destacan son las FARC, las Águilas Negras, los Rastrojos y los Urabeños; de México se instalaron miembros de los carteles del Golfo, Juárez y Los Zetas, y también se han detectado miembros de organizaciones criminales italianas, chinas y de los Balcanes215.

En cuanto a la trata de personas, Venezuela es considerada un país de origen, tránsito y destino de víctimas, especialmente mujeres y menores de edad sometidos a explotación sexual y laboral, desde regiones pobres al interior del país hacia centros urbanos y turísticos como Caracas, Maracaibo e Isla Margarita216.

213 ESTADOS UNIDOS, United States Special Operations Command. “Illegal Drugs. A global crisis”. Tampa, United States Special Operations Command, 2011, p. 42

214 “BRASIL y Venezuela llegan a acuerdos en materia de seguridad”. El Universal [en línea]. Caracas, 25 de enero de 2012. Consulta realizada el día viernes 12 de octubre de 2012. Disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politi-ca/120125/brasil-y-venezuela-llegan-a-acuerdos-en-materia-de-seguridad

215 “GRANDES mafi as operan en Venezuela”. El Nacional [en línea]. Caracas, 23 de septiembre de 2012. Consulta realizada el día viernes 12 de octubre de 2012. Disponible en http://www.el-nacional.com/sucesos/grandes-mafi as-operan-Venezuela_0_49195197.html

216 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Venezuela”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, p. 382. Consulta realizada el día jueves 6 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164458.pdf


94

En la Constitución venezolana se señala que la Guardia Nacional, siendo parte de la Fuerza Armada, cooperará en el de-sarrollo de operaciones militares y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las mismas para el mantenimiento del orden interno217. De allí que participe activamente en operativos contra el narcotráfi co, crimen organizado y tráfi co de armas.

Por otro lado, el Presidente de la República podrá decretar los estados de excepción, entendidos como circunstancias de orden social, económico, político o ecológico que afecten grave-mente a la seguridad de la nación, clasifi cándose de acuerdo al siguiente detalle: i) Estado de Alarma, en el caso de catástrofes o calamidades públicas; ii) Estado de Emergencia Económica, en caso de circunstancias que afecten la vida económica de la nación y iii) Estado de Conmoción Interior o Externo, en caso de confl icto interno o internacional218.

En Surinam y Guyana se destacan los siguientes problemas: i) tráfi co de drogas, ii) minería ilegal y iii) trata de personas.

Tanto Guyana como Surinam constituyen rutas de tráfi co de drogas y focos de minería ilegal de extracción de piedras precio-sas, generando nocivos efectos para el medio ambiente y violen-cia entre grupos organizados219. Específi camente para el caso de Surinam, este país está adquiriendo gran relevancia como foco de tránsito y de exportación tanto de drogas como de personas hacia Europa220, así como de presencia de microfábricas de éxta-sis y anfetaminas, drogas sintéticas que tradicionalmente se pro-

217 VENEZUELA. “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Caracas, Contraloría General de la República [en línea], 2009, p. 87. Consulta realizada el día sábado 1 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=048

218 Ibidem p. 90.219 BRASIL apoyará militarmente a Guyana y Surinam”. Defensa [en línea]. 14

de septiembre de 2012. Consulta realizada el día viernes 12 de octubre de 2012. Disponible en http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6846:brasil-apoyara-militarmente-a-guyana-y-surinam&catid=55:latinoamerica&Itemid=163

220 ONU, UNODC. “World Drug Report 2011”. Viena, United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC) [en línea], 2011, p. 109. Consulta realizada el día lunes 22 de Octubre de 2012. Disponible en http://www.unodc.org/docu-ments/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf


95

ducían en el viejo continente221.Esta situación resulta preocupante producto de la falta de

datos disponibles respecto a la cantidad de droga que es trans-portada y exportada desde su territorio y la presencia de organi-zaciones criminales con vínculos transnacionales, además de la poca vinculación con el resto de Suramérica, más allá de su per-tenencia como miembro de UNASUR, por lo que los esfuerzos en materia de cooperación con otros países resultan positivos.

A modo de ejemplo, en septiembre de 2012 Brasil acordó fo-mentar la cooperación con Guyana y Surinam como parte del ob-jetivo de la integración suramericana en el contexto del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR, a través de intercambios de experiencias, capacitación militar, modernización del equipa-miento militar y accionar conjunto en las fronteras que los tres países comparten222.

Asimismo, a fi nes de agosto de 2012, ambos países fi rmaron sus respectivos memorandos de entendimiento para unirse al Programa de Control de la Ofi cina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), con vistas a mejorar la infraes-tructura de protección portuaria, con el fi n de evitar el tráfi co de drogas y el accionar de organizaciones criminales de carácter transnacional223.

Guyana constituye una fuente y destino de trata de personas, en su mayoría mujeres y niñas sometidas a explotación sexual, especialmente si se encuentran en situación socioeconómica vulnerable y provienen de áreas rurales, dado que estas zonas son propicias para la existencia de trata de personas en zonas mineras y centros urbanos. Las denuncias son bajas por temor al accionar de organizaciones criminales, tomando en cuenta que

221 Ibid p. 159.222 BRASIL quer Guiana e Suriname envolvidos na integração em defesa sul-

americana Paramaribo”. Ministerio de Defensa [en línea]. Brasilia, 13 de sep-tiembre de 2012. Consulta realizada el día viernes 12 de octubre de 2012. Dis-ponible en https://www.defesa.gov.br/index.php/noticias-do-md/2455336-13092012-defesa-brasil-quer-guiana-e-suriname-envolvidos-na-integracao-em-defesa-sul-americana.html

223 “GUYANA y Surinam se unen a Programa de Control de Contenedores de UNODC”. Centro de Noticias ONU [en línea]. Nueva York, 23 de agosto de 2012. Consulta realizada el día lunes 22 de octubre de 2012. Disponible en http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=24257


96

no se perciben los esfuerzos sufi cientes por parte del Gobierno en función de la protección a las víctimas, especialmente por la corrupción existente a nivel policial224.

Un fenómeno similar se evidencia en Surinam, dado que también es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Las mujeres y niñas explotadas sexualmente provienen de zonas pobres del país, así como de Guyana, norte de Brasil y República Dominicana; en tanto los hombres pro-vienen desde Vietnam, Indonesia, China y Haití, que migran en busca de trabajo y al llegar son sometidos a deberes forzados en la industria pesquera, fábricas, agricultura y en la minería del oro. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la identifi cación y mecanismos de asistencia a las víctimas con-tinúan siendo débiles, sobre todo para regularizar la situación migratoria de aquellos que se encuentran indocumentados225.

Sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, estas se rigen por las Constituciones de ambos países, en las cua-les se establece que pueden participar para restablecer el orden interno solo en caso de estado de excepción.

En el caso de Surinam, de acuerdo a su Constitución Polí-tica las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad territorial, aunque pueden realizar tareas especiales que se determinen por ley, mientras que el Cuerpo de la Policía tiene como función mantener el orden público y la se-guridad nacional, estableciendo competencias diferenciadas para ambas226.

224 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Re-port 2011. Guyana”. Washington DC, 2012. p. 180. Consulta realizada el día miércoles 5 de diciembre de 2012. Disponible enhttp://www.state.gov/docu-ments/organization/164453.pdf

225 ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011. Surinam”. Washington DC, Departamento de Estado [en línea], 2012. p. 339. Consulta realizada el día jueves 6 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.state.gov/documents/organization/164457.pdf

226 SURINAME. “Constitution 1987 with Reforms of 1992”. Washington DC, Po-litical Database of the Americas [en línea], 2002. Consulta realizada el día do-mingo 2 de diciembre de 2012. Disponible en http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Suriname/english.html


97

Los aspectos reseñados dan cuenta de una realidad transver-sal en Suramérica, constituida por la preeminencia del narcotráfi -co como amenaza multidimensional, que además tiene la capaci-dad para permear hacia otras esferas delictuales, como el crimen organizado, el tráfi co de armas y el lavado de activos, cruzando fronteras y aunando voluntades en aquellos sectores en que la acción del Estado es más débil y en las grandes urbes, de por sí difíciles de controlar.

Frente a esta realidad los Estados tienden a ser mayormente reactivos, generándose espacios de libertad de acción que son muy bien aprovechados por las bandas delictuales internaciona-les.

Por cierto, se observa que los mayores y efectivos esfuerzos por controlar estos fl agelos se reducen al plano bilateral, sin que se haya logrado una acción integral de nivel regional, por lo que los éxitos ofi ciales tenderán a mantenerse como sectoriales o de escala reducida, frente a un problema que no reconoce fronteras y concita voluntades en toda Suramérica.

En tal sentido, resulta casi obvio que el mayor problema está concentrado en Brasil, esencialmente por su tamaño, amplitud como mercado y extensión de sus fronteras –que lo vinculan prácticamente con todo el subcontinente, a excepción de Chile y Ecuador– pero que no recibe reciprocidad colectiva en el trata-miento del fl agelo. Este es, entonces, uno de los mayores desafíos de seguridad regional, por cuanto las bandas delictuales conocen las debilidades del sistema y las han convertido en oportunida-des para su lucrativo y nocivo negocio.

99

En estas páginas hemos dado cuenta de una realidad com-pleja, cuyas mayores expresiones están afectando de modo concreto a la región suramericana, en la forma de lo que hemos denominado amenazas multidimensionales, que no son otra cosa que una conjunción de capacidades para el desarrollo de activi-dades ilícitas que afectan la seguridad de los Estados.

Como hemos constatado, estas amenazas han adoptado formas y estrategias diversas, focalizándose en torno al crimen organizado, narcotráfi co, terrorismo, lavado de activos, tráfi co de armas y trata de personas, cuyas combinaciones les han permiti-do tejer una intensa red de relaciones y desarrollar importantes medios para concretar sus acciones. En estas radican sus capaci-dades afectar la seguridad de los Estados.

Como es de suponer, la respuesta a estos ilícitos no puede li-mitarse a la represión de los grupos delictuales e ideológicos que constituyen la expresión palpable de las amenazas multidimen-sionales, muy por el contrario, ya que a todas luces se requiere de una mirada integral de la situación y de la adopción de me-didas que además de su contención contribuyan a la creación de condiciones tales que inhiban su gestación y desarrollo.

No obstante, y como el último aspecto trasciende a la esfera de la seguridad y defensa, las refl exiones que hemos desarrolla-do están principalmente orientadas a la contención, contribuyen-do de esta forma a un estado de normalidad en que el Estado se vea afectado por las menores interferencias posibles y, en caso contrario, reaccionar oportunamente para su neutralización.

A pesar de las múltiples denominaciones utilizadas para referirse a los problemas de seguridad tratados, se estima más adecuado referirse a ellas como “amenazas multidimensionales” más que “emergentes” ya que este último término contiene un elemento de temporalidad que ha quedado largamente sobrepa-sado por los hechos.

EPÍLOGO


100

Asimismo, cabe hacer presente que deliberadamente se dejó fuera de este estudio las posibles fuentes de confl ictos bélicos entre los países de la región, ya que ello, por su amplitud, es ma-teria de un estudio particular.

De la conceptualización realizada y a pesar de existir diver-sas posiciones al respecto, se ha asumido que los fl agelos que tie-nen la capacidad para afectar la seguridad de un Estado deben, necesariamente, corresponder a aquellos que conceptualmente se enmarquen en las categorías de riesgos o amenazas, de tal forma de sustentar metodológicamente la mirada a las realidades parti-culares y su impacto en el conjunto.

Asimismo, esta defi nición de límites nos ayuda a diferen-ciarlos de aquellas situaciones cuya solución se enmarca en políticas públicas ajenas al ámbito de la seguridad y que son asu-midas como vulnerabilidades y otras preocupaciones que afectan a los Estados, sin por ello restarles relevancia, sino que tan solo circunscribiéndolas a sus respectivos ámbitos.

El crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos –como ejemplos del listado defi nido a nivel continental– no pue-den ser catalogados per se como una vulnerabilidad, un riesgo, una amenaza u otras preocupaciones para los Estados, sino que dependerá de la magnitud de su presencia, impacto en la socie-dad y la defi nición de los instrumentos de lucha en su contra.

A lo anterior es preciso agregar que no es posible reconocer una sola condición como detonante de la expresión de cada ame-naza, como tampoco encasillarlas en un solo campo de acción. Muy por el contrario, son múltiples los factores del quehacer de cada nación que infl uyen en su gestación, que van desde el desa-rrollo, las características propias del territorio y aspectos socia-les, hasta variables de orden político-ideológicas.

De lo señalado en el párrafo precedente, es importante con-siderar que fenómenos como la pobreza, los efectos del cambio climático, las migraciones, zonas denominadas fronteras interio-res, entre otros, que por la naturaleza de las respuesta necesarias para hacerles frente, escapan al ámbito de la seguridad, deben ser considerados potenciadores de riesgos227 y en consecuencia

227 Para mayor profundidad sobre estos, ver: Ministerio de Defensa de España, Institu-to Español de Estudios Estratégicos “los potenciadores del riesgo”, febrero de 2013.

Epílogo

101

considerarlos en los análisis respectivos como elementos que, con su presencia, podrán hacer que un riesgo o una amenaza ad-quieran una connotación de mayor peligrosidad.

Esta naturaleza amplia, diversa, difusa y cambiante provoca que sea difícil la tarea de defi nir una respuesta por parte de los Estados, ya que ello conlleva, necesariamente, una acción sisté-mica e integral en donde se opondrán factores de orden constitu-cional, legislativo, judicial, procedimental y cultural, aspectos en los cuales encontraremos enraizadas profundas contradicciones, tanto de orden nacional como institucional.

También podemos constatar que, a pesar de la cooperación interestatal existente, la región tiene como tarea pendiente acor-dar y defi nir –sin dejar lugar a imprecisiones– lo que se enten-derá por riesgo y amenaza regional. En ese sentido, en los plan-teamientos hasta aquí desarrollados se entregan antecedentes al respecto y esperamos que sirvan como insumo a futuros trabajos, pues una vez delimitados los fenómenos que en conjunto afectan a la seguridad de la región, la focalización de recursos para su combate podrá hacerse en términos de mayor facilidad y efi cien-cia.

Un aspecto trascendente es que cada Estado sea capaz de definir, legalizar y respaldar las tareas que frente a este proble-ma arrogarán a sus Fuerzas Armadas, así como a las de Orden y Seguridad, sin quedarse amarrados a viejas concepciones unifuncionales, pero a la vez resguardando su naturaleza dis-tintiva.

Hechas estas consideraciones generales, las refl exiones so-bre el estado de las amenazas y su impacto a nivel regional han sido ordenadas en seis categorías –so riesgo de abundar en una esquematización– con el solo propósito de contribuir a su mejor comprensión y tratamiento diferenciado. Ellas son: i) política, ii) económica, iii) social, iv) empleo de las Fuerzas Armadas, v) se-guridad y defensa y vi) cooperación e integración regional.

En tal sentido, y desde una perspectiva política, más allá de crear nuevas instituciones u organizaciones, se cree necesario que los decisores políticos de cada Estado se comprometan a fortalecer a la que está en mejores condiciones de asumir estos desafíos, como es la UNASUR, ya que, a través del CDS en su funcionamiento ágil y centrado en propuestas concretas arroja resultados que permiten observar avances en coordinaciones y/o


102

cooperación en temas que están situados en el nivel político es-tratégico de los países228.

También es preciso aumentar la confi anza y legitimidad de las instituciones, a través de la promoción de la transparencia, el control de la corrupción, el balance de poderes y mecanismos de control y el Estado de Derecho.

Derivado de lo anterior, del mismo modo se hacen absoluta-mente necesario adecuados niveles de gobernabilidad y buen go-bierno que permitan enfrentar mejor las condiciones generadoras de riesgos y amenazas, tanto a su propia seguridad como en la dimensión regional, ya que la presencia o ausencia del Estado en las diferentes zonas del país, contribuye de manera cierta a dejar abierta una puerta para el desarrollo o regresión de estos fenó-menos que afectan a la seguridad.

Como el problema tiende a ser común y ningún Estado lo podrá solucionar por sí mismo, resulta benefi cioso contar con la voluntad política de los actores formales en cada país, con la fi -nalidad de fortalecer la integración subregional, para lo cual hay que avanzar en lograr que las instituciones nacionales involucra-das sean más homogéneas en sus procedimientos y desarrollen mecanismos de interacción efectivos.

Asimismo, también es pertinente promover que aquellos países que no cuentan con una política explícita de defensa (Gu-yana, Surinam y Venezuela) avancen en esta materia y señalen ofi cialmente, en el corto plazo, dónde enfocarán sus concep-tualizaciones de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Esta idea es igualmente aplicable para aquellos Estados cuyas políticas son antiguas y pudieren estar sobrepasadas por los acontecimientos.

Por su parte, y en materia económica, consignemos que la plena integración de los países suramericanos a los mercados internacionales y la prioridad con la que cuenta el intercambio a nivel subregional, debe ir acompañada de mejores controles a nivel fronterizo y aduanero, que también es aplicable a la conten-ción del comercio informal y su acepción transfronteriza.

228 ABEDRAPO, Jaime, ¿Por qué un Consejo Suramericano de Defensa? Una Mirada desde el Personalismo y la Necesidad de Cooperación, CEE-ANEPE, Cuaderno de Trabajo 12/2013, p. 18.

Epílogo

103

En materia social, la totalidad de los países sudamericanos, pero con especial énfasis en aquellos con altos niveles de pobreza y desigualdad social, deben mantener y aumentar los esfuerzos de corto, mediano y largo plazo para dar soluciones viables a las materias en torno a las cuales se crean bolsones de postergación e inseguridad, apuntando sobre todo a aquella población más vulnerable a los efectos de las amenazas multidimensionales.

Al mismo tiempo, es ineludible mejorar los mecanismos po-liciales de denuncia y respuesta, en concordancia con los tribu-nales pertinentes. De esta forma la ciudadanía podrá mejorar la confi anza y respaldar el rol de las fuerzas de orden y seguridad pública.

En otro orden de ideas, es indispensable precisar el rol que cada institución del Estado tendrá en función de hacer frente a las amenazas multidimensionales, específi camente para los mi-nisterios de Defensa, de Interior y Relaciones Exteriores, a través de un marco legal actualizado y claro.

Si bien las Fuerzas Armadas de la región se encuentran en una etapa de transformación y profundización de las responsabi-lidades que topan el ámbito de la seguridad pública y protección civil, es necesario delimitar legislativamente el rol que jugarán ante cada acción a la que deban responder.

En materia de seguridad y defensa sería positivo que aque-llos países que cuentan con un desarrollo a lo largo del tiempo, como Brasil y Chile, cooperen con las demás naciones, sirvien-do de base para avanzar en la homologación de conceptos y mecanismos de acción. En este sentido, el Consejo de Defensa Suramérica (CDS) en el marco de UNASUR, ha comenzado ya a trabajar en esta línea, por lo que parece sumamente necesario.

UNASUR, a través del CDS, debe consolidar su legitimidad ante la opinión pública y otros organismos de cooperación in-ternacional, así como su capacidad de consenso en función a las agendas y roles que cada Estado contempla en el ámbito de la seguridad y la defensa.

En el caso del CDS, la idea es que evolucione desde un órga-no de consulta –como es en la actualidad– a un organismo de in-tegración regional, cuyas decisiones tengan el carácter vinculante para generar estructuras de cooperación en defensa que expresen una “identidad suramericana”, ejemplo de ello es la Escuela Sud-americana de Defensa.


104

Asimismo, es necesario avanzar en la pronta explicitación de las conceptualizaciones comunes de amenazas, riesgos y vulne-rabilidad, en el marco del CDS, lo que contribuirá a desarrollar políticas de defensa y estrategias de seguridad y/o defensa con un mismo enfoque, que al mismo tiempo consoliden una base de cooperación para avanzar en otros temas. No olvidemos, a la hora de refl exionar sobre este tema, que se trata de un problema común.

En la dimensión operativa, se deben intensifi car los inter-cambios de información entre las agencias de inteligencia, unida-des de inteligencia fi nanciera y las policías, en el marco de las le-gislaciones nacionales vigentes, para hacer frente a las amenazas más presentes en la región, el narcotráfi co y crimen organizado.

En tanto, y en materia de cooperación internacional, al no existir relación entre una estructura cooperativa de seguridad y una estructura cooperativa de Defensa, se vuelve necesario buscar una coherencia en la articulación de conceptos comunes, como en los intereses claramente defi nidos en la esfera de la se-guridad y la defensa, superando aquellos espacios donde ambas convergen. Estas son las directrices que los estudios de los dis-tintos organismos deben profundizar.

UNASUR se presenta hoy como el organismo desde el cual es posible seguir ampliando y profundizando el trabajo que per-mita hacer frente a fenómenos de amenazas multidimensionales, ya que, en efecto, la UNASUR nació proyectando su función y éxito desde la base de una fórmula de coordinación que puede transformarse en el gran referente de cooperación e integración regional. De esta forma se pavimentará el camino para abordar ampliamente la temática del desarrollo regional, para lo cual se hace necesario establecer amenazas comunes a la región229.

En el marco de UNASUR es pertinente tener precaución con la creación de nuevos organismos asociados a la esfera de la seguridad y la defensa, sumados a los ya existentes (Consejo de Defensa Suramericano y Consejo Suramericano para el Problema Mundial de las Drogas y otros). Más bien se cree recomendable

229 Ibid., p. 10.

Epílogo

105

consolidar el trabajo de estos y evaluar sus resultados, con el fi n de fortalecerlos en su aporte a la cooperación regional.

Hasta ahora, aspectos como el trabajo en torno a la concep-tualización de amenazas, seguridad y defensa a nivel regional, o bien los operativos combinados desarrollados por varios países de la región, han demostrado ir por buen camino. El desafío está en consolidar estos éxitos y profundizar los mecanismos que los hicieron posible, para así potenciar la integración en materia de seguridad y defensa.

Con estas palabras se cierra esta mirada, efectuada desde la perspectiva de la seguridad y defensa, en el convencimiento que hemos dado pasos importantes para la identifi cación y control de las amenazas multidimensionales, pero no los sufi cientes, porque el desafío que aún está pendiente deberá centrarse en no ceder ante la presión de los grupos delictuales que afectan la seguridad de los Estados y persistir en las refl exiones y sugerencias a las que hemos arribado en estas líneas. Es un camino largo pero ne-cesario de recorrer.

107

BIBLIOGRAFÍA

Libros

“ALMANAQUE Mundial 2011”. Santiago, Televisa, 2010. pp. 608ANUARIO 2010 de la seguridad regional en América Latina y el

Caribe”. Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung, 2010. “ATLAS Geográfi co de Chile y del Mundo Vincens Vives”. San-

tiago, Instituto Cartográfi co Latino-Ediciones Vincens Vives, 2010. pp. 192

BADIE, Bertrand. El estado del mundo. “Anuario Económico- Geopolítico 2011”. Madrid, Ediciones Akal, 2010.

BARTOLOMÉ, Mariano César. “La seguridad internacional en el siglo XXI, más allá de Westfalia y Clausewitz. Santiago, Co-lección de Investigaciones Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 2006. pp. 358

BUZAN, Barry. “People, States and Fear”. Londres, Lynne Rien-ner Ediciones, 1991. pp. 393

CHILE, Instituto Geográfi co Militar. “Atlas Mundial”. Santiago, Instituto Geográfi co Militar, 2004. pp. 153

DIAMINT, Rut; TULCHIN Joseph; BENÍTEZ, Raúl. “El Rom-pecabezas: conformando la seguridad hemisférica del siglo XXI”. Bononiae Libris, Buenos Aires, 2006

ESTADOS UNIDOS, United States Special Operations Com-mand. “Illegal Drugs. A global crisis”. Tampa, United States Special Operations Command, 2011. pp. 194

FARAH, Douglas. “Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority”. Pennsylvania, Strate-gic Studies Institute, 2012. pp.98

GARAY, Cristian. “La Camaleónica naturaleza del confl icto pos-moderno”. Santiago, Biblioteca del Ofi cial, Ejército de Chile, 2004. pp. 231


108

GARAY, Cristian. “Las Políticas de Defensa Nacional en el MERCOSUR y Asociados. Historia, Procesos, Tendencias 1990-2000”. Santia-go, Universidad de Santiago de Chile, 2003. pp. 295

GRIFFITHS, John. “Teoría de la Seguridad y la Defensa en el con-tinente americano. Análisis de los casos de EE.UU de Améri-ca, Perú y Chile”. Santiago, Ril Editores, 2011. pp. 642

ROJAS, Francisco. “El Crimen Organizado Internacional: Una grave amenaza a la democracia en América Latina y el Cari-be”. FLACSO, 2006.

Artículos de Revista

ABEDRAPO, Jaime. ¿Por qué un Consejo Suramericano de Defensa? Una Mirada Desde el Personalismo y La Necesi-dad de Cooperación, CEE, ANEPE, Cuaderno de Trabajo 12/2013.

BENÍTEZ-MANAUT, Raúl. Seguridad Hemisférica. Debates y Desafíos. Cuadernos de América del Norte N° 4. Ciudad de México, Universidad Autónoma de México, 2005.

BUZAN, Barry. “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”. International Aff airs, Londres (3): 431-451, julio, 1991.

CELI, Pablo “La seguridad hemisférica en América Latina”, De-fensa nacional: Dimensiones internacionales y regionales, 2007, p. 37

FUENTES, Juan. “Narcotráfi co y Subversión en el valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el Perú”. CEE, ANEPE, Cuadernos de Trabajo, Santiago (16): 1-17, oc-tubre, 2012.

GAMBARO, Natalia. La Argentina es atractiva para el narcotrá-fi co. El Clarín [en línea]. Buenos Aires, 4 de agosto de 2012.

GARAY, Cristian. “Políticas de Defensa y Seguridad en el Cono Sur Americano 1990.1998”. Diplomacia, Santiago (78): pp. 23-34, enero-marzo, 1999.

GARCÍA, Jaime. Los vectores estratégicos y la defi nición de la amenaza. Escenarios Actuales, Santiago (2), pp. 13-24, agos-to, 2009.

GRANDA, Julio. Cómo el narcotráfi co logró someter a la justicia argentina. La Nación [en línea]. Buenos Aires, 1 de febrero de 2012.

Bibliografía

109

GRIFFITHS, John. “Chile y los desafíos globales de seguridad”. UNISCI Discussion Papers. Madrid (21). Octubre, 2009, pp. 14-26

GRIFFITHS, John. “Procesos de integración regional en defensa: Consejo Sudamericano de Defensa –UNASUR– ¿Un nuevo intento?”. Revista Globalización, Competitividad y Gober-nabilidad [en línea], 2009, N° 1, pp. 104-119.

INOSTROZA, Luis y BOLÍVAR, Augusto. Corredores Bioceáni-cos: Territorios, Políticas y Estrategias de Integración Subre-gional. Análisis Económico. Ciudad de México (41), segundo cuatrimestre, 2004, pp. 153-174.

LEAL, Francisco. “La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y su impacto en la seguridad re-gional”. En: MATTHIEU Hans y NIÑO, Catalina (editores)”. Anuario 2010 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe”. Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung, 2010, pp. 73-82.

OLAVARRÍA, Mauricio. “Conceptos Básicos en el Análisis de las Políticas Públicas”. Documentos de Trabajo. Santiago (11): 1-92, diciembre de 2007.

OROZCO, Gabriel. “El aporte de la Escuela de Copenhague a los estudios de seguridad”. Revista Fuerzas Armadas y Socie-dad. Santiago (1): 141-162, enero-junio de 2006.

OTERO, Silvia y GUADERRAMA, José. Narcotráfi co mexicano rebasa fronteras del continente. Bogotá, 7 de octubre de 2012.

SANAHUJA, José Antonio. “Regionalismo e Integración en clave suramericana: Los Orígenes y evolución de UNASUR”. En: “La creación de UNASUR en el marco de la seguridad y la defensa”. Madrid, Ministerio de Defensa, 2010, pp. 53-64.

UMAÑA, Felipe. Threat Convergence Report: Revisiting the cri-me-terrorism in the tri-border area. Washington, DC, Fund for Peace [en línea], 2012.

VILLAGRA, Héctor. Importancia estratégica de los ejes de in-tegración regionales. Escenarios Actuales, Santiago (1), pp. 35-46, mayo, 2008.

Documentos Electrónicos


110

Documentos de Organismo Internacionales

ALBA-TCP. Declaración conjunta sobre la Conformación de un Consejo de Defensa del ALBA. Caracas. 2012.

ALBA. Declaración conjunta de la VII Cumbre del ALBA-TCP, Cochabamba, 17 de octubre, 2009.

ALBA. La Escuela de Defensa del ALBA es una lucha por la in-dependencia. Notas ALBA-TCP. Santa Cruz, 31 de mayo de 2011.

BANCO MUNDIAL. “Por País o Economía”. Washington, Banco Mundial.

BANCO MUNDIAL. “World wide Governance Indicators” [en línea]. Washington. 2012.

CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas. “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2011”. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Ca-ribe, 2011, pp. 222

CEPAL. “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2011”. Santiago, Comisión Económica para Amé-rica Latina y el Caribe (CEPAL), 2011, pp. 184.

CEPAL. “UNASUR. Un espacio de desarrollo y cooperación por construir”. Santiago, Comisión Económica para América La-tina y el Caribe, 2011, pp. 47

CEPAL/CELADE. “Población, territorio y desarrollo sostenible”. Santiago, Centro Suramericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 2012, pp. 242

COMUNIDAD ANDINA. “Reseña Histórica”. Lima, Comunidad Andina.

COMUNIDAD ANDINA de NACIONES, Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Quirama. Decisión N° 552. Plan Andino para la prevención, combate y erradicación del tráfi co ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Colombia, 24-25 de junio de 2003.

COMUNIDAD ANDINA de NACIONES, Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, De-cisión N° 587. Lineamientos Política de Seguridad Externa Común Andina. Ecuador, 10 de julio de 2004.

Bibliografía

111

COMUNIDAD ANDINA de NACIONES, Secretaría General. “Lecciones aprendidas del Proyecto Apoyo a la Comuni-dad Andina en el Área de Drogas Sintéticas (DROSICAN)”. Lima, 2010.

FMI. “Perspectivas Económicas Regionales: Las Américas. Esta-bleciendo fl exibilidad y fortaleza”. Washington, Fondo Mo-netario Internacional, 2012, pp. 103

GLOBAL WATER PARTNERSHIP. “Global Water Partnership presence in South America”.

IIRSA, “Áreas de Acción: Eje del Sur. Buenos Aires, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional, 2013.

IIRSA, “IIRSA 10 años después: Sus logros y desafíos”. Buenos Aires, Iniciativa para la integración de la Infraestructura Re-gional Suramericana, 2011.

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA. “Pesquisa sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas del continente americano en actividades de seguridad pública”. Washing-ton, Junta Interamericana de Defensa [en línea], 2012, pp. 88

MERCOSUR, “Acuerdo entre los Estados partes del MERCOSUR y los Estados asociados para el intercambio de información sobre la fabricación y el tráfi co ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Montevideo, 2012.

MERCOSUR. “Comunicado conjunto de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”. Montevideo, Mercado Común del Sur [en línea], 2011.

MERCOSUR. “Comunicado conjunto de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”. Montevideo, 2011.

OEA, CONFERENCIA Especial sobre Seguridad (Ciudad de Mé-xico, México, 27-28 de octubre, 2003). Washington, Organiza-ción de Estados Americanos, 2003, pp. 14

OEA. “Adopción de los lineamientos sobre la elaboración de do-cumentos sobre políticas y doctrinas nacionales de defensa”. Washington, Organización de Estados Americanos, 2002.

ONU, UNODC, Centro de Noticias ONU [en línea]. 23 de agosto de 2012.

ONU, UNODC. “Crime and Instability: Case Studies of Transna-tional Threats”. Viena, United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC), 2010, pp. 59


112

ONU, UNODC. “World Drug Report 2011”. Viena, United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC) [en línea], 2011, pp. 272

PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos”. Nueva York, Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011, pp. 201

UNASUR, “Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR”. Quito, 2008.

UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano. “II Reunión Ex-traordinaria del Consejo de Defensa Suramericano”. Guaya-quil, Ecuador, 6-7 de mayo, 2010). Quito, Unión de Naciones Suramericanas, 2010.

UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano. “Estatuto del Cen-tro de Estudios Estratégicos para la Defensa del Consejo de Defensa Suramericano” (Guayaquil, Ecuador, mayo, 2010). Quito, Unión de Naciones Suramericanas, 2010.

UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano. “Reunión Ex-traordinaria de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la UNASUR” (Bariloche, Argentina, 28 de agosto, 2009). Quito, Unión de Naciones Suramericanas, 2009 pp. 2

UNASUR, COSIPLAN. “Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API)”. Quito, Consejo Suramericano de Infraes-tructura y Planeamiento, 2012.

UNASUR, “Plan de Acción de UNASUR sobre las drogas”, 2010.UNASUR, Secretaría General. “Intervención de la Secretaria Ge-

neral de UNASUR, María Emma Mejía en la Reunión de Mi-nistros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de UNASUR” (Cartagena de Indias, Colombia, 3-4 de mayo, 2012). Quito, Unión de Naciones Suramericanas.

UNASUR, IV Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa Surameri-cano, Lima, Perú, 28-29 de abril de 2011.

UNASUR. “Declaración de Cartagena. Reunión de Ministros de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores de UNASUR” (Cartagena de Indias, Colombia, 3-4 de mayo, 2012). Wash-ington, Banco Interamericano de Desarrollo [en línea], 2012, pp. 5

UNASUR. “Estatuto del Consejo Suramericano sobre el proble-ma mundial de las drogas” (Los Cardales, Argentina, 4 de mayo, 2010). Quito, Unión de Naciones Suramericanas [en línea], 2010, pp. 8

Bibliografía

113

UNASUR. “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Surame-ricanas” (Brasilia, Brasil, 23 de mayo, 2008). Quito, Unión de Naciones Suramericanas, 2008.

UNASUR/OLADE. “UNASUR: Un espacio que consolida la in-tegración energética”. Quito, Organización Suramericana de Energía (OLADE), 2012, pp. 56

Documentos nacionales

ARGENTINA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defen-sa Nacional”. Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 1999, pp. 233

ARGENTINA, Ministerio de Seguridad [en línea]. Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011.

ARGENTINA, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [en línea]. Buenos Aires, 2 de octubre de 2012.

ARGENTINA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defen-sa”. Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 2010.

ARGENTINA, RESOLUCIÓN N° 660/2011. Ministerio de Segu-ridad. Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.

BOLIVIA, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa de la República de Bolivia”. La Paz, Ministerio de Defensa, 2004.

BOLIVIA, Ministerio de Defensa. “Nueva Constitución Política del Estado”. La Paz, 2008.

BOLIVIA, Unidad de Investigaciones Financieras. “Casos de In-vestigación Financiera. Estadísticas 2011”. La Paz, Unidad de Investigaciones Financieras, 2012.

BRASIL, Escola Superior de Guerra. “Manual Básico: Elementos Fundamentais” (2ª edición). Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 2011, pp. 72

BRASIL, Ministerio de Defensa. “Política para la Defensa Nacio-nal” Brasilia, Ministerio de Defensa, 2005, pp. 17

BRASIL, Ministerio de Defensa Nacional. “Livro Branco de Defe-sa Nacional”. 2012.

BRASIL, Ministerio de Defensa. “Estrategia Nacional de Defen-sa”. Brasilia, 2008.


114

CHILE. “Consulta de S.E. el Presidente de la República, Sebas-tián Piñera Echenique, al honorable Senado de la República sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024”. Santiago, Revista AA Inteligencia [en línea], 2012, pp. 76

CHILE. “Constitución Política de la República de Chile”. Biblio-teca del Congreso Nacional [en línea]. Santiago, 2005.

CHILE, Gobierno de Chile [en línea]. Santiago, 6 de junio de 2012.

CHILE, Unidad de Análisis Financiero. “Balance de Gestión Inte-gral Año 2010. Santiago, Unidad de Análisis Financiero [en línea], 2010, pp. 39

CHILE, Unidad de Análisis Financiero. “Tipologías y Señales de Alerta del Lavado de Activos en Chile. Informe de Condenas 2007-2011”. Santiago, Unidad de Análisis Financiero [en lí-nea], 2012, pp. 118

COLOMBIA, Senado de la República. “Constitución Política”. Bogotá, Secretaría del Senado.

ECUADOR, Asamblea Nacional. “Constitución de la República del Ecuador”. Quito, Asamblea Constituyente, 2008, pp. 218

ECUADOR, Ministerio de Defensa Nacional. “Política de la De-fensa Nacional del Ecuador”. Quito, Ministerio de Defensa Nacional, 2002, pp. 271

ECUADOR, Ministerio de Defensa Nacional. “Política de la De-fensa Nacional del Ecuador”. Quito, Ministerio de Defensa Nacional, 2002, pp. 271

ESPAÑA, Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos. “Los potenciadores del riesgo”, febrero de 2013.

ESTADOS UNIDOS, Departamento de Estado. “Traffi cking in Persons Report 2011”. Washington, DC, Departamento de Estado [en línea], 2012, pp. 397

PARAGUAY, Ministerio del Interior [en línea]. Asunción, sep-tiembre. 2012.

PARAGUAY, Secretaría de la Función Pública. “Constitución Na-cional 1992”. Asunción, Secretaría de la Función Pública [en línea], 2007, pp. 150

PARAGUAY, SENAD. “Incautaciones realizadas por infracción a la ley 1340-01 de Enero al 31 de Diciembre-Año 2011”. Asun-ción, Secretaría Nacional Antidrogas.

Bibliografía

115

PERÚ, Ministerio de Defensa. “Libro Blanco de la Defensa Na-cional”. Lima, Ministerio de Defensa y Ministerio de Rela-ciones Exteriores, 2005, pp. 140

PERÚ, Ministerio del Interior. “Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016”. Lima, Ministerio del Interior [en línea], 2011, pp. 83

PERÚ, Tribunal Constitucional. “Constitución Política del Perú de 1993”.

SURINAME. “Constitution 1987 with Reforms of 1992”.Washing-ton, D.C., Political Database of the Americas, 2002.

URUGUAY, Ministerio de Defensa Nacional. “Bases para una Política de Defensa Nacional”. Washington, Comisión Per-manente de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos. 1999.

URUGUAY, Ministerio del Interior. “Memoria Anual del Minis-terio del Interior 2011”. Montevideo, Ministerio del Interior [en línea], 2012, pp. 22

VENEZUELA, “Constitución de la República Bolivariana de Ve-nezuela”. Caracas, Contraloría General de la República [en línea], 2009.

VENEZUELA. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. United-Nations High Commissioner for Refugees [en línea]. Gine-bra, 29 de noviembre de 2002.

Leyes y Decretos

ARGENTINA, DECRETO N° 1177/2012. Boletín Ofi cial. Buenos Aires, 16 de julio de 2012.

ARGENTINA. “Ley N° 24.059 de Seguridad Interior”. Congreso Nacional [en línea]. Buenos Aires, 17 de enero de 1992.

CHILE, LEY N° 19.913. Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifi ca diversas disposiciones en materia de lavado y blan-queo de activos, 18 de diciembre de 2003.

ECUADOR, Asamblea Nacional. “Ley de Seguridad Pública y del Estado”. Asamblea Nacional. Quito, 21 de septiembre de 2009.

URUGUAY, Ley 18.650 “De Defensa Nacional” 2010. URUGUAY, Ley N° 14.157 Orgánica Militar. Poder Legislativo.

Montevideo, 21 de febrero de 1974.


116

Entrevistas

Entrevista con el General de División Adalberto Ramón Garcete de Paraguay. Doral, 6 de junio de 2011.

Entrevista realizada a Juan Bordagorry. Asesor Militar de Inteli-gencia de la República Oriental de Uruguay. Realizada el día viernes 26 de octubre de 2012.

Conferencia

ALLAMAND, ANDRÉS. Conferencia Subregional Centro de Es-tudios Hemisféricos de Defensa, Santiago, 2011.

Artículos de Prensa3.

ABC Color [en línea]. Asunción. 26 de julio de 2012. Agencia Venezolana de Noticias [en línea]. Caracas, 24 de abril de

2012.El Cambio [en línea]. La Paz, 10 de octubre de 2012. El Caracol [en línea]. Bogotá, 19 de noviembre de 2012. El Caracol [en línea]. Bogotá, 26 de julio de 2012. EL Clarín [en línea]. Buenos Aires, 19 de Octubre 2011.El Comercio [en línea]. Quito, 18 de noviembre de 2012.El Día [en línea]. Santa Cruz, 14 de septiembre de 2012. El Diario [en línea] Madrid, 5 de octubre de 2012.El Espectador [en línea]. Bogotá, 29 de marzo de 2011. El Mercurio [en línea]. Santiago, 9 de noviembre de 2012.El Mundo [en línea], Bogotá, 25 de enero, 2012. El Nacional [en línea]. Caracas, 23 de septiembre de 2012.El Nacional [en línea]. Tarija, 29 de agosto de 2012.El Observador [en línea]. Montevideo, 3 de septiembre de 2012.El Observador [en línea]. Montevideo, 17 de junio de 2012.EL Once [en línea]. Paraná, 3 de diciembre de 2012.El País [en línea]. Madrid, 7 de agosto de 2012.El País [en línea]. Buenos Aires, 23 de agosto de 2013El País [en línea]. Buenos Aires, 18 de agosto de 2013.

3 Revisión de prensa escrita a partir de los sitios de internet ofi ciales de los princi-pales periódicos de Suramérica.

Bibliografía

117

El Universal [en línea]. Caracas, 25 de enero de 2012.El Universal [en línea]. Caracas, 28 de octubre de 2012. Hoy [en línea]. Quito, 15 de agosto de 2011.La Nación [en línea]. Buenos Aires, 23 de septiembre de 2012. La Nación [en línea] Asunción, 3 de octubre de 2012.La Patria [en línea]. La Paz, 11 de julio de 2012. La Razón [en línea]. La Paz, 3 de septiembre de 2012. La Red 21 [en línea]. Montevideo, 31 de agosto de 2012.La República [en línea]. Lima, 01 de octubre de 2012.La República [en línea]. Lima, 11 de junio de 2012.La República [en línea]. Lima, 15 de agosto de 2012.La República [en línea]. Lima, 25 de enero de 2012.La Tercera [en línea]. Santiago, 1 de septiembre de 2012. La Tercera [en línea]. Santiago, 25 de septiembre de 2011. Los Tiempos [en línea]. Cochabamba, 23 de agosto de 2012. Los Tiempos [en línea]. Cochabamba, 28 de agosto de 2012. Globo [en línea]. Río de Janeiro, 10 de julio de 2012. Globo [en línea]. Río de Janeiro, 27 de julio de 2012.Perú 21[en línea]. Lima, 15 de agosto de 2012.Prensa Latina [en línea]. La Habana, 18 de noviembre de 2012. Terra [en línea]. 4 de octubre de 2012.Terra [en línea]. Bogotá, 28 de septiembre de 2012. Ultima Hora, Asunción, de 4 de junio de 2013.Univisión [en línea]. Miami, 12 de septiembre de 2012.


119

OTROS TÍTULOSDE LA “COLECCIÓN DE INVESTIGACIONES ANEPE”

NÚMERO DE LIBRO

TÍTULO AUTOR(A)

Nº 1 Textos Básicos del Derecho Humanitario Bélico.

Eugenio Pérez de FranciscoArturo Contreras Polgati

Nº 2 La Comunidad de Defensa en Chile. Francisco Le Dantec GallardoKarina Doña Molina

Nº 3 Crisis Internacionales en Sudamérica: Teoría y Análisis.

Aquiles Gallardo Puelma

Nº 4 Seguridad Humana y Seguridad Nacional: Relación conceptual y práctica.

Claudia F. Fuentes Julio

Nº 5 Una estructura para la asesoría en el manejo de crisis internacionales: caso nacional.

Juan Carlos Verdugo Muñoz

Nº 6 La disuasión convencional, conceptos y vigencia.

Marcos Bustos CarrascoPablo Rodríguez Márquez

Nº 7 La Corte Penal Internacional y las Operaciones de paz: competencias y alcances.

Astrid Espaliat Larson

Nº 8 Operaciones de Paz: tres visiones fundadas.

Cristian Le Dantec GallardoGuillermo Abarca Ugarte Agustín Toro DávilaJuan Gmo. Toro DávilaMartín Pérez Le-Fort

Nº 9 Alcances y realidades de lo Político-Estratégico.

Cátedra de Seguridad y Defensa de la ANEPE

Nº 10 La protección de los recursos hídricos en el Cono Sur de América. Un imperativo de seguridad para el siglo XX.

Pablo Rodríguez MárquezMario L. Puig Morales

Nº 11 Bolivia 2003. Percepciones de la crisis en la prensa chilena y su impacto en la seguridad subregional y relaciones bilaterales.

Iván Witker Barra

Nº 12 Hacia un sistema de seguridad subregional en el Mercosur ampliado: rol de la globalización como factor de viabilidad y agente estructurador.

Hernán L. Villagrán Naranjo


120

Nº 13 La estrategia total. Una visión crítica.

Galo Eidelstein Silber

Nº 14 La seguridad internacional en el siglo XXI, más allá de Westfalia y Clausewitz.

Mariano César Bartolomé Inglese

Nº 15 Chile y las Operaciones de Paz. Estudio comparado de la política exterior de los tres gobiernos concertacionistas. De la reinserción internacional a la participación en Haití.

Paulina Le Dantec Valenzuela

Nº 16 La cooperación en el ámbito de la seguridad en el comercio en la región Asia Pacífi co: la iniciativa STAR del Foro APEC.

Eduardo Silva BesaCristóbal Quiroz CostaIgnacio Morandé Montt

Nº 17 Amigos y vecinos en la costa del Pacífi co. Luces y sombras de una relación.

Cristian Leyton Salas

Nº 18 Chile y sus intereses en la Antártica. Opciones políticas y de seguridad frente a la escasez de recursos hídricos.

Pablo Rodríguez MárquezMario L. Puig Morales

Nº 19 El problema de la guerra y la paz en Kant.

Carlos Molina Johnson

Nº 20 El agua como factor estratégico en la relación entre Chile y los países vecinos.

Cristián Faundes Sánchez

Nº 21 Los aportes del Mercosur a la seguridad subregional. Un enfoque desde la Seguridad y Defensa Nacional de Chile.

Jorge Riquelme Rivera

Nº 22 Los Libros de la Defensa Nacional de Chile 1997-2002 como instrumentos de Política Pública.

Juan A. Fuentes Vera

Nº 23 La Guerra. Su Conducción Política y Estratégica (Reedición).

Manuel Montt Martínez (Autor fallecido)

Nº 24 La Fuerza de Paz “Cruz del Sur”. Instrumento del multilateralismo chileno-argentino.

General de División Cristián Le Dantec Gallardo

Nº 25 Crisis Internacionales. Rodolfo Ortega Prado

NÚMERO DE LIBRO

TÍTULO AUTOR(A)


121

Nº 26 La Conducción de la Defensa Nacional: Pasado, presente y futuro.

Carlos Molina JohnsonMiguel Navarro MezaLuis Rothkegel SantiagoJulio Soto Silva

Nº 27 Desafíos nacionales en un contexto internacional complejo.

Departamento de Estudios Políticos y Estratégicos de la ANEPE

Nº 28 Prevención de Confl ictosUnión Europea-Latinoamérica

Rodolfo Ortega PradoLuis de la Corte IbáñezFernando Lista Blanco

Nº 29 La amenaza terrorista para la seguridad internacional.Estudio comparado de casos de toma de rehenes

Ariel Álvarez RubioAlejandro Salas Maturana

NÚMERO DE LIBRO

TÍTULO AUTOR(A)

ANEPE

30Investigaciones

• Manual docente de las doctrinas de em-pleo de Unidades (Academia de Guerra del Ejército, 1996).

• Análisis crítico del sistema de planifi ca-ción estratégica del Ejército (Academia de Guerra del Ejército, 1997).

• Les Crises et la prise d’otages à la rési-dence de L’ambassadeur du Japon à Lima (Centre d’études diplomatiques et straté-giques de Paris, 2000).

• Refonte du système de sécurité interamé-ricain sur la base d’une analyse prospecti-ve des menaces communes Tesis doctoral (Université Paris 5, 2007).

• Defi nición de las capacidades de la De-fensa Nacional de Chile: “Bases para una doctrina” (Ministerio de Defensa Nacio-nal, 2011).

• Amenazas emergentes en América del Sur (ANEPE – Escuela Superior de Guerra de Brasil), 2012 – 2013).

Publicaciones:

• Los trabajos prospectivos: Una herramien-ta para la toma de decisiones (Memorial del Ejército año 2001).

• La previsión y prospectiva de las crisis internacionales. Traducción (Memorial del Ejército año 2002).

• Crisis en Irak: Desarrollo y perspectivas (Memorial del Ejército año 2003).

• Los recursos hídricos compartidos y su im-pacto en la seguridad (ANEPE – 2012).

• Las amenazas emergentes: análisis de causalidad en el ámbito nacional. (ANEPE 2013).

• El Océano Pacífi co: El despertar de las po-tencias (ANEPE 2013).

Colección de InvestigacionesAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos


CARLOS OJEDA BENNETTLas amenazas multidimensionales son fenómenos sociopolíticos a los cuales nos enfrentamos, con diferentes intensidades, desde mucho antes de la caída del Muro de Berlín o de su conceptualización a partir de la Declaración de Bridgetown, Barbados, en el año 2002.

Sin embargo, a partir de los acontecimientos derivados de los hechos antes señalados, las llamadas amenazas emergentes, nuevas amenazas o, como se señalara, “amenazas multidimensionales”, han adquirido una relevancia cada vez mayor, aspecto que ha generado, en algunos casos y a partir de sus propias realidades, defi niciones estatales que han llevado a cambios en los roles de los organismos de seguridad y defensa, así como la creación o adecuación de organismo de cooperación internacional de carácter global, regional o subregional.

Consecuente con lo anterior, el problema no radica en conocer cuáles son, sino en determinar, por una parte, su impacto, y por otra, las herramientas que los diferentes Estados se han dado para enfrentarlas, toda vez que sus efectos, claro está, traspasan las fronteras de estos.

Es por ello que en esta obra el autor, desde una mirada suramericana, analiza dichos problemas de seguridad, centrándose en aquellos de mayor signifi cación colectiva, dejando de manifi esto su presencia, los instrumentos conceptuales, legales y organizacionales que se han dado para hacerles frente, así como los caminos que estima más adecuados para, desde una concepción moderna de la relaciones internacionales y de la seguridad, hacerles frente.

CARLOS OJEDA BENNETT

Es Coronel en retiro, Doctor en Ciencia Política y Magíster en Prospectiva en Asuntos Interna-cionales de la Universidad París 5, en Relacio-nes Internacionales (Enseignemet Diplomatic Supérieur) del Centro de Estudios Diplomá-ticos y Estratégicos de París, como también, graduado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia.

Es Magíster en Planifi cación y Gestión Estra-tégica, profesor de Historia Militar y Estrate-gia, así como en Geografía Militar y Geopolí-tica de la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

Actualmente, se desempeña como investiga-dor residente del Centro de Estudios Estraté-gicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

AMENAZAS

MULTIDIMENSIONALES

UNA REALIDAD EN SURAMÉRICA

AM

EN

AZ

AS

MU

LTID

IME

NS

ION

AL

ES

. UN

A R

EA

LID

AD

EN

SU

RA

MÉ

RIC

AC

arlo

s O

jed

a B

en

ne

tt

carlos ojeda bennett 30º-30.pdf · conceptualización a partir de la declaración de bridgetown,...

Documents