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    Buenos Aires, 2009

    Criminalizacin de lapobreza y de laprotesta social

    Coordinacin: Claudia KorolPresentacin: Maristella Svampa

    EDITORIALEL COLECTIVO

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    Copyleft

    Esta edicin se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons.Est permitida la copia, distribucin, exhibicin y utilizacin de la obra bajo las

    siguientes condiciones:

    Atribucin: se debe mencionar la fuente (ttulo de la obra, autor, editorial, ao).

    No comercial: se permite la utilizacin de esta obra con fines no comerciales.

    Mantener estas condiciones para obras derivadas: Slo est autorizado el usoparcial o alterado de esta obra para la creacin de obras derivadas siempre que estas

    condiciones de licencia se mantengan para la obra resultante.

    Argentina, criminalizacin de la pobreza y de la protesta social - 1 1a ed. -: El Colectivo, Amrica Libre, 2009.Korol, Claudia; Longo, Roxana;256 p., 22 x 15 cmISBN: 978-987-1497-17-11. Poltica.. I. TtuloCDD

    Fecha de catalogacin: 20/07/2009

    Pauelos en Rebelda

    www.panuelosenrebeldia.org

    Diseo de tapa e ilustraciones en interior: Florencia VespignaniDibujo de movilizacin en tapa: Rini TempletonDiagramacin interior: Pablo Solana

    Editorial El Colectivowww.editorialelcolectivo.orgeditorialelcolectivo@gmail.com

    Amrica Librewww.nodo50.org/americalibre

    [email protected]

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    PrlogoMaristella Svampa*

    * Licenciada en Filosofa por la Universidad Nacional de Crdoba, y Doctora en

    Sociologa por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Pars. Investigadoraindependiente del CONICET con sede de trabajo en la Universidad de GeneralSarmiento.

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    Existen dos lecturas complementarias que es necesario teneren cuenta a la hora de explicar la actual envergadura que tienenlos procesos de criminalizacin de los movimientos populares.Por un lado, la criminalizacin de las luchas sociales se hallantimamente ligada a la problemtica del fuerte quiebre de soli-daridades sociales vivido en las ltimas dcadas. Por otro lado,estos procesos estn lejos de constituir una caracterstica local,nacional o regional; forman parte, como se afirma claramente eneste libro, de una estrategia global de disciplinamiento y bsque-da de gobernabilidad, en la dinmica del capitalismo actual.

    Es sabido que, en nuestro pas, el golpe de Estado del 24 demarzo de 1976 constituy una cesura, en la medida que sent lasbases para un cambio en la distribucin del poder social al inte-rior de la sociedad argentina.

    Como en otros lugares de Amrica Latina, la dictadura militartuvo como objetivo llevar a cabo una poltica de represin, altiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la socie-dad. En consecuencia, el corte que sta introdujo fue doble: porun lado, a travs de terrorismo de Estado, apunt al exterminio

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    y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados; porotro lado, puso en marcha un programa de reestructuracin eco-nmico-social que habra de producir hondas repercusiones enla estructura social y productiva. Una nueva poca se abra, sig-

    nada por el final violento del empate social (1955-1976), atrave-sado por las feroces pujas sociales, polticas y econmicas entrelos diferentes actores y grupos sociales, y caracterizado de ah enms por el pasaje convulsionado y conflictivo hacia un perodoque podemos denominar como la gran asimetra (1976-2001)1,visible en la fragmentacin y la prdida de poder de los sectorespopulares y amplias franjas de las clases medias, y en la mayorconcentracin poltica y econmica en las elites de poder inter-nacionalizado.

    Esta dinmica de reconfiguracin social estuvo lejos de serlineal o de registrar una secuencia nica. As, los cambios en elorden econmico arrancaron durante la dcada del setenta, apartir de la instalacin del rgimen militar; las transformacionesoperadas en la estructura social comenzaron a tornarse visiblesen los 80, con el retorno a la vida institucional y el descubri-miento de amplias zonas de pobreza; por ltimo, grandes muta-ciones se produjeron luego de la hiperinflacin y durante la

    dcada del 90, con el trnsito a la globalizacin neoliberal, a tra-vs de las reformas llamadas estructurales, que terminaron pormoldear de modo diferente los contornos de la nueva sociedadargentina.

    Como consecuencia de ello, este proceso desemboc en unaimportante modificacin de las relaciones de clase, lo cual reper-cuti enormemente en el modo en cmo cada grupo social seautorepresenta, se piensa y figura su destino social dentro de lasociedad. Asimismo, las fracturas sociales y los quiebres identi-

    tarios fueron mltiples. En efecto, la poltica represiva y la din-mica desindustrializadora abriran paso a un proceso de desco-lectivizacin, esto es, a la prdida de aquellos anclajes colectivosque haban configurado la identidad de los sujetos sociales, refe-ridos al mundo del trabajo, la poltica y el rol de las institucionesestatales. Dicha dinmica desemboc en una ruptura doble delos lazos de solidaridad: en primer lugar, apunt a quebrar aque-llos lazos interclasistas que se haban entablado entre las clasesmedias movilizadas y las clases populares, que encontraron su

    mxima expresin en los aos 70; en segundo lugar, produjo unresquebrajamiento de los lazos intraclasistas al interior de las

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    clases populares, visibles en la distancia operada entre los traba-jadores asalariados, afectados por la precarizacin, y disciplina-dos por la amenaza del desempleo, y la emergencia de clasespopulares plebeyas, asociadas, a partir de los 90, con el mundo

    de los excluidos.Es en este contexto de gran asimetra de fuerzas, y de pro-

    funda ruptura de las relaciones de solidaridad inter e intraclases,que surgieron y se desarrollaron diferentes luchas y movimientossociales, cuyo rasgo central sera la accin defensiva y un marca-do discurso anti-neoliberal. A la sombra del declive del movi-miento obrero, y frente a la transformacin del mundo de los sec-tores medios y populares, los movimientos sociales fueron multi-plicndose: movimientos urbanos territoriales, movimientos de

    derechos humanos, movimientos indgenas y campesinos, movi-mientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin,colectivos culturales de diverso tipo, dan cuenta de la presenciade un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respecti-vos clivajes identitarios, configurando un campo multiorganiza-cional extremadamente heterogneo y complejo en sus posibilida-des de articulacin poltica.

    Por otra parte, por encima de la heterogeneidad (o gracias a

    ella), lejos de haberse revelado como una respuesta meramentedefensiva, no son pocos los movimientos populares que fueronampliando enormemente su plataforma discursiva y representa-tiva en relacin con la sociedad. En este sentido, bueno es recor-dar que la apertura del ciclo de luchas contra la globalizacinneoliberal y asimtrica no provino de las fuerzas de la polticainstitucional. El nuevo ciclo de luchas antineoliberal se abri en1994 con la irrupcin del zapatismo, en Chiapas, que se consti-tuy en el primer movimiento contra la globalizacin asimtrica,

    influyendo fuertemente en los grupos y colectivos alterglobaliza-cin que se estaban gestando en otras latitudes. Pero en rigor, enAmrica Latina, el nuevo ciclo de accin colectiva, que seala unaprogresiva acumulacin de las luchas contra las reformas neoli-berales, arranca en el ao 2000, con la Guerra del Agua, enCochabamba; y tuvo sus momentos de inflexin en Argentina,entre 2001 y 2002; Ecuador, en 2005; y nuevamente Bolivia en2003 y 2006, con el ascenso de Evo Morales a la presidencia.Fueron entonces las organizaciones y movimientos sociales los

    grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que a travs de susluchas y reivindicaciones, an de la prctica insurreccional,

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    lograron abrir la agenda pblica y colocar nuevas problemticas,contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la pol-tica y las relaciones sociales: el reclamo frente a la conculcacinde los derechos ms elementales, la cuestin de los recursos

    naturales y de las autonomas indgenas, la crisis de representa-cin de los sistemas vigentes, la denuncia de las diferentes for-mas de precarizacin de la vida.

    Sin embargo, pese a los avances organizativos registrados enlos ltimos tiempos, de cara a los fuertes cambios producidos entrminos de correlacin de fuerzas sociales, los movimientospopulares lejos estn de haber horadado la situacin de segmen-tacin y de quiebre de las solidaridades inter e intraclases, en el

    marco de la gran asimetra. La eficacia simblica y poltica de lacriminalizacin -tanto poltica como meditica, en sus ms varia-dos aspectos-, reposa sin duda sobre esta cesura mayor, se ali-menta de una fragmentacin que hoy atraviesa a los sectorespopulares y las clases medias movilizadas, configurando mundosde vida, oportunidades y escenarios de lucha que muchas vecesaparecen contrastantes y desconectados entre s.

    Como afirman Claudia Korol y Roxana Longo en este libro, lacriminalizacin de los movimientos populares forma parte de un

    repertorio global de acciones y prcticas de control social, con lasque el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar elproceso de reproduccin ampliada y por desposesin (Harvey2)del capital. Pero, en Amrica Latina, a diferencia de otros pero-dos, este proceso de criminalizacin se inserta en un contextolatinoamericano complejo, atravesado por tendencias contradic-torias. En efecto, por un lado, los cambios del escenario polticoregional registrados en los ltimos aos, a partir del quiebre del

    consenso neoliberal, parecieran colocar en un lugar central a losmovimientos sociales, al tiempo que abren la posibilidad de pen-sar alternativas emancipatorias, en algunos casos, en articula-cin con los nuevos gobiernos de izquierda. Por otro lado, msall del cambio de poca, visible en la circulacin de discursoscrticos y la relegitimacin del lenguaje emancipatorio por fuerade los propios movimientos sociales, el conjunto de la reginatraviesa una nueva fase, que anuncia la profundizacin delparadigma neoliberal, a travs de la generalizacin del modelo

    extractivo-exportador, acompaado por la acentuacin de la cri-minalizacin de la protesta social, la tendencia al cierre del espa-

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    cio pblico en nombre de la seguridad ciudadana, y la militariza-cin de los territorios en conflicto.

    As, de manera paradjica, el proceso de relegitimacin de losmovimientos sociales; su carcter de grandes protagonistas

    (reconocido pblicamente por los presidentes ms emblemticosde la regin -en trminos de procesos de cambio-, en el ltimoForo Social Mundial en Beln); en fin, su relativa integracin a laesfera gubernamental en el marco de los nuevos gobiernos lati-noamericanos, se opera en un contexto en el cual se constatauna profundizacin de las polticas de criminalizacin de la pro-testa social y de seguridad ciudadana, al tiempo que se advierteun progresivo ensanchamiento de las diferencias entre movi-mientos sociales y gobiernos en trminos de propuestas o mode-

    los de desarrollo alternativos.Desde 2003, con la asuncin de Nstor Kirchner, la Argentina

    es una ilustracin paradigmtica de estas ambivalencias y ten-dencias contradictorias que hoy contribuyen a complejizar el pro-blema de la relacin entre movimientos sociales y gobiernos: inte-gracin y cooptacin de las organizaciones sociales afines; disci-plinamiento y criminalizacin de las organizaciones sociales con-testatarias; judicializacin, invisibilizacin y represin de las

    luchas que se orientan a cuestionar el modelo neodesarrollista.As, en primer lugar, en nuestro pas no son pocos los movi-mientos y organizaciones sociales de carcter anti-neoliberal(territoriales, derechos humanos, glttb, entre otros) que se hanintegrado al gobierno. Este proceso deriv en la institucionaliza-cin de organizaciones sociales y la incorporacin de sus dirigen-tes al gobierno, sobre todo en organismos ligados a la accinsocial y comunitaria, Cancillera y derechos humanos. En nume-rosos casos, el proceso de integracin ha sido menos claro, evi-

    denciando la activacin de clsicos mecanismos de cooptacin yclientelismo poltico, consolidados por el peronismo en el poder.As, desde la gestin de N. Kirchner hasta el de su sucesora yesposa, Cristina Fernndez de Kirchner, la reivindicacin de unanueva dinmica poltica y la apropiacin del discurso crtico hancoexistido con la potenciacin de los dispositivos clientelares y laperpetuacin de prcticas polticas, funcionarios y gobernadores,vinculados a la dcada del 90.

    Por otra parte, como se afirma en este libro, la institucionali-

    zacin de las organizaciones de derechos humanos histricasprodujo una mayor fragmentacin y conflicto dentro del campo

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    militante, sobre todo a partir de las diferencias que se instalaroncon los nuevos movimientos de lucha contra la impunidad, quecritican la actual poltica econmica y social del gobierno. El rea-lineamiento del campo militante produjo adems una reactiva-

    cin de la tradicin nacional-popular, tan cara en la historiaargentina, asociada a la apelacin del setentismo, esto es, un lla-mado al protagonismo poltico de aquella generacin que luchdurante los aos setenta, aunque en un marco de posibilidadesy expectativas de cambio completamente diferente. Tanto elsetentismo como la reactivacin de la tradicin nacional popularen clave latinoamericana o regional, fueron fundamentales paraproducir una desorientacin y un desconcierto en una gran parte

    del campo militante crtico.En segundo lugar, desde 2003 y pese a las advertencias de queel gobierno de Nstor Kirchner no reprimira, se ha venidoadvirtiendo la profundizacin de formas de control y disciplina-miento social, a travs del agravamiento de la judicializacin y lacriminalizacin -poltica y meditica- de las organizaciones con-testatarias, as como la tendencia al cierre del espacio pblico.Esto ha afectado principalmente a los movimientos de desocupa-dos, sindicatos contestatarios y colectivos glttb. Asimismo, la

    poltica de disciplinamiento hacia los movimientos sociales ds-colos, ha habilitado la salida represiva en varias provincias, talescomo Neuqun, Salta, Santa Cruz y Jujuy, algunas de las cualeshan contado con el aval directo del gobierno nacional, a partir delenvo de fuerzas de la Gendarmera Nacional y la militarizacinde las zonas de conflicto (como en Las Heras, Santa Cruz).

    As, la poltica de judicializacin y demonizacin de las organi-zaciones sociales contestatarias que llev a cabo el gobierno de

    Kirchner, junto con los sectores de poder y los grandes mediosde comunicacin, puso en evidencia el carcter desigual de lalucha, al tiempo que apunt a quebrar aquellos lazos, aquellasrelaciones de solidaridad que se haban desarrollado entre lasorganizaciones sociales y las clases medias movilizadas, esto es,aquellas pasarelas sociales que se haban forjado a partir de losacontecimientos de diciembre de 2001 y hasta el ao 20033. Msan, en la combinacin entre criminalizacin de la protestasocial y afirmacin de la doctrina de seguridad ciudadana, el

    gobierno logr actualizar la oposicin entre el centro y los subur-bios, ilustrada de manera emblemtica por la frontera social

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    entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y elConurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, deve-nido sede privilegiada de las llamadas clases peligrosas.

    Ciertamente, no todo fue producto de la accin de un peronis-

    mo incorregible o conspirativo, dado que hacia adentro delcampo militante hubo sin duda tambin enormes dificultades yproblemas para comprender el alcance del cambio de poca. Elquiebre de solidaridades fue, en este sentido, doble, en la medi-da en que afect a las corrientes contestatarias, visible en la coli-sin de las diferentes tradiciones o matrices poltico-ideolgicasque coexisten en el campo militante, con la consecuente acentua-cin de las conductas corporativas y el repliegue (a veces endo-gmico) de diversas organizaciones.

    Por otro lado, la poltica de seguridad ciudadana y el accionarde las fuerzas de seguridad, se han venido traduciendo por elagravamiento de la criminalizacin de la pobreza y la juventud,que abarca desde el aumento de los casos de gatillo fcil, elempleo de torturas en las comisaras, como el empeoramiento delas condiciones de detencin, a niveles infrahumanos, en las cr-celes argentinas, hoy sobrepobladas de hombres y mujeres pro-venientes de los sectores populares. Por ltimo, de manera ms

    general, la profundizacin de la precariedad se ha venido mani-festando de diferentes formas, frente a la ausencia de control yregulacin estatal que se advierte en las ms diversas esferas, yafecta notoriamente a la juventud de los sectores ms vulnera-bles. En esta lnea, uno de los hechos que ms conmovi el pasfue la muerte de 194 jvenes en un incendio ocurrido en una dis-coteque (Croman) en la ciudad de Buenos Aires, en diciembrede 2004. El hecho se constituy en la trgica ilustracin de unmodelo socioeconmico excluyente, dejando a la vista una trama

    de corrupcin empresarial y complicidad estatal, as como la vul-nerabilidad y la desproteccin de la vida de los ms jvenes.

    En tercer y ltimo lugar, la afirmacin de un modelo neodesa-rrollista y el proceso de reprimarizacin de la economa, en rela-cin con la explotacin de los recursos naturales y la problem-tica de la tierra y el territorio, ha desembocado en una nueva ole-ada de judicializacin que alcanza tanto a los movimientos cam-pesinos e indgenas como a las nuevas luchas socio-ambientales,particularmente, las llevadas a cabo por las asambleas ciudada-

    nas contra la megaminera a cielo abierto, que desde 2006 seagrupan en la Unin de Asambleas Ciudadanas. En otros trmi-

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    nos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de lospases desarrollados hacia los pases dependientes, en trminosde materias primas o de bienes de consumo, que ilustran lanueva divisin territorial y global del trabajo en el contexto del

    capitalismo actual. Esto aparece reflejado en la expansin de lasfronteras hacia territorios antes considerados como improducti-vos: la frontera agrcola, petrolera, minera, energtica, forestal.Dichos procesos, llevados a cabo por grandes empresas trasna-cionales y/o poderosos terratenientes nacionales, atentan contralas economas regionales y familiares, colisiona con el estilo devida de comunidades enteras, y amenaza en el corto plazo la sus-tentabilidad ecolgica. La mega minera a cielo abierto, la cons-

    truccin de grandes represas, la expansin de los agro-negocios,los proyectos previstos por el IIRSA, prontamente los agrocom-bustibles, aparecen como la ilustracin del avance de un mode-lo de desarrollo basado en la expropiacin socio-econmica y ladepredacin ambiental. De esta manera, este tipo de luchasponen al descubierto la continuidad del modelo socio-econmico-o su nueva fase- respecto del momento anterior. El corolario deello es que, tal como tal como est planteado el debate, las vasdel desarrollo y las vas de la emancipacin aparecen como cla-

    ramente antagnicas, tanto en el marco de gobiernos neolibera-les, como desarrollistas o nacional-desarrollistas.

    En resumen, tanto el quiebre de solidaridades, la reactivacinde la tradicin nacional popular (la ilusin populista, de la manodel setentismo), y el fuerte corrimiento de las fronteras del con-flicto social (frente a la ampliacin de las formas de precariedady la explosin de los conflictos socio-ambientales), dan cuenta deun escenario poltico abigarrado en la cual se inscriben los

    actuales procesos de criminalizacin a los movimientos popula-res en nuestro pas.El conjunto de estas problemticas aparecen reflejadas de

    manera patente en este libro sobre Criminalizacin de los movi-mientos sociales en Argentina, elaborado por el equipo de inves-tigacin del Centro de Investigacin y Formacin de MovimientosSociales, coordinado por Claudia Korol. En el mismo, la cons-truccin de categoras analticas, as como la amplitud del uni-verso de referencias, muestran la complejidad y la multiplicacin

    de los procesos de criminalizacin en la Argentina contempor-nea, en un escenario poltico diferente al de los aos 90.

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    Asimismo, el aporte de algunos movimientos populares, que hoyconstituyen el blanco de estas polticas de disciplinamiento y dis-criminacin, en la elaboracin de documentos para este libro,forma parte tambin de una apuesta colectiva y un trabajo de

    reflexin que viene sosteniendo de manera creativa y coherentedesde hace aos el Equipo de Educacin Popular Pauelos enRebelda.

    En suma, este libro no slo nos impulsa a la necesaria con-cientizacin y denuncia frente a las multiplicadas estrategias decriminalizacin de los movimientos populares, sino que imponecomo desafo mayor una tarea colectiva: la reflexin sobre losmodos de encarar la batalla cultural desde nuevos registros deaccin y cooperacin creativa. Algo que nos obliga a repensar los

    cambios recientes operados en el heterogneo mundo de las cla-ses subalternas y, de manera ms general, en la estructura pro-ductiva, como a buscar de modo urgente aquellas herramientaspolticas que apunten a una superacin de las conductas corpo-rativas y la fragmentacin organizacional, en un pas en el cualhistricamente los movimientos populares y las izquierdas anti-sistmicas han tenido enormes dificultades para articular polti-cas conjuntas y convertirse por ende en grandes movimientos

    polticos.

    Notas

    1- Retomamos la nocin de empate social, desarrollada por GuillermoODonnell. Para un desarrollo del pasaje del empate social a la gran asime-tra, vese Svampa, M., La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo delneoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005.

    2- Para David Harvey, el actual modelo de acumulacin implica cada vez msla mercantilizacin y la depredacin, entre otras cosas, de los bienes ambien-tales. La acumulacin por desposesin o despojo (lo que Marx denominaba laacumulacin originaria) ha desplazado en centralidad la dinmica ligada a lareproduccin ampliada del capital.

    3- Sin duda, la gran represin del puente Pueyrredn, en junio de 2002, marcun punto de inflexin mayor, porque expres el llamado a una estrategiarepresiva, por parte de un gobierno dbil, que atravesaba una grave crisis delegitimidad. Asimismo, el golpe mostr de manera trgica la centralidad de lasorganizaciones piqueteras y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de sus basessociales. Ms an, volvi a recordar el contexto en el cual se insertaban lasluchas, el de la gran asimetrade fuerzas.

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    ENARGENTINA

    -INFORME GENERAL-

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    Las batallas populares por la defensa de los legtimos derechos-o por la posibilidad de conquistar nuevos derechos-, unos yotros amenazados por el capitalismo en su etapa de trasnaciona-lizacin, imperialismo y neocolonialismo, tienen que enfrentarformas represivas insuficientemente conocidas por aquellos/assujetos/as que son vctimas de las mismas.

    La criminalizacin de los movimientos populareses un aspectoorgnico de la poltica de control socialdel capital. Articula distin-tos planos de las estrategias de dominacin, que van desde la cri-minalizacin de la pobreza y la judicializacin de la protestasocial, hasta la represin poltica abiertay la militarizacin. Sondistintos mecanismos tendientes a subordinar a los pueblos a laslgicas polticas del gran capital, para asegurar el control de losterritorios, de los bienes de la naturaleza, de las poblaciones quelos habitan, y para reducir, aislar, o domesticar las disidencias.

    Este estudio observa algunas modificaciones producidas en las

    Criminalizacin de los movimientossociales en Argentina*

    -Informe General-Claudia Korol Roxana Longo**

    * Este trabajo es fruto de una investigacin realizada por el Centro de Investigacin yFormacin de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL), con el apoyo de laFundacin Rosa Luxemburgo de Alemania. Fue hecha en consulta con los colectivosRed Eco Alternativo, FISYP, MOPASSOL, FIDELA, Frente Popular Daro Santilln, y elEquipo de Educacin Popular Pauelos en Rebelda.

    ** Investigadoras del Centro de Investigacin y Formacin de los Movimientos SocialesLatinoamericanos (CIFMSL) y militantes del Equipo de Educacin Popular Pauelos enRebelda.

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    CRIMINALIZACIN DE LA POBREZA Y DE LA PROTESTA SOCIAL

    ltimas dcadas en el capitalismo, cmo interactan con loscambios en el Estado que permiten reproducirlas y afianzarlas;partiendo de que las nuevas modalidades represivas, entre lasque son centrales la criminalizacin de la pobreza y de la protes-

    ta social, no son vestigios del pasado dictatorial no desmantela-do, sino mecanismos de control sumamente actuales y funcio-nales a los patrones de acumulacin del capitalismo del sigloXXI.

    La investigacin analiza algunas iniciativas ensayadas parareforzar el disciplinamiento del malestar social. Relaciona unaseleccin significativa de casos concretos1, con las ideas que sehan construido desde el poder y desde los sectores popularessobre la legitimidad (o no) de la lucha social, y sobre la pertinen-cia (e incluso el deseo) de su represin.

    Vincula lo que se ha promovido en el plano cultural y comuni-cacional2 para posibilitar y viabilizar la criminalizacin social,con las demandas ciudadanasque reclaman mayor seguridad;con la pretendida homogeneizacin cultural realizada por la glo-balizacin capitalista, que estigmatizaa los otros, a los dife-rentes como peligrosos, y con el discurso sobre la seguridad queproducen las usinas ideolgicas del imperialismo. Observa el

    modo de organizarse y de actuar de la principal fuerza represivadel pas: la Polica Federal Argentina3 -y su relacin con otrasfuerzas represivas-, o con fuerzas llamadas de seguridad deve-nidas en parte de dispositivos represivos, y algunos de los cam-bios realizados en las legislaciones, en consonancia con las pol-ticas norteamericanas de guerra al terrorismo4.

    Discute los discursos y las polticas de derechos humanos, queescinden el anlisis de los crmenes del terrorismo de Estado,con las violaciones actuales que se realizan a los derechos huma-

    nos de l@s pobres, l@s excluid@s, de quienes ejercen su derechoa la protesta; socializando bsquedas populares que fortalecen lacapacidad de resistencia e incluso de existencia en un mundoque l@s niega de muchas maneras.

    1. Del trnsito al estado neoliberal, al estado neoli-beral en trnsito

    El trnsito del llamado estado de bienestar al estado neoli-beral, produjo modificaciones en las pautas de integracin y de

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    INFORME GENERAL

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    exclusin social, de control de la poblacin, de ordenamientocultural, y de represin a las posibles amenazas a la hegemona.

    En Argentina, este proceso iniciado con la dictadura militar(1976-1983), continu en el gobierno de Alfonsn (1983-1989),

    alcanz su mayor apogeo durante el gobierno de Menem (1989-1999), favorecido por la incorporacin de las corrientes hegem-nicas del peronismo al ideario consagrado del fin de la historia,y continu su curso en el gobierno de la Alianza (De La Ra -Chacho Alvarez; 1999-2001)5.

    La rebelin popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 expresuna crisis profunda en esa modalidad de ejercicio de la domina-cin. Las consecuencias de la aplicacin de las polticas devasta-doras, que consideraban a franjas completas de la sociedad como

    descartables, encontraron un lmite en la furia popular. El can-sancio social provoc una marcada crisis de legitimidad de lasfuerzas polticas del sistema, obligando a cambiar las reglas deljuego de las diversas fracciones del poder, que debieron reade-cuar el modelo de gestin de las polticas neoliberales, introdu-ciendo mediaciones estatales que tienden a combinar el neolibe-ralismo con polticas neodesarrollistas.

    Es necesario analizar cmo influyeron en este contexto, los

    sucesos del 11 de septiembre del 2001 en EE.UU.

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    , y a nivel local,la rebelin popular del 19 y 20 de diciembre del mismo ao. Eneste anlisis caracterizamos dos etapas: desde la salida de la dic-tadura hasta el 2001; y desde esa fecha hasta nuestros das7.

    Mientras el 2001 en el plano internacional fue el momento enel que se avanz con la imposicin de las pautas culturales delneoliberalismo de guerra8, en Argentina la resistencia populardesbord los lmites de ese modelo de acumulacin del capitalis-mo conocido como neoliberalismo. El Estado neoliberal comen-

    z a transitar hacia otro Estado, cuyos alcances y contornos anno estn suficientemente reconocidos.

    El neoliberalismo de guerra cultiv las nociones de guerrainfinita, de enfrentamiento en todo el planeta entre el Eje delMal y el Eje del Bien -en una versin fundamentalista de lacultura, la historia y la poltica-, dando una nueva vuelta sobrela antigua Doctrina de Seguridad Nacional con distintas ver-siones de la Seguridad Democrtica-, que tienen como basecomn los intereses de conservar y reforzar la hegemona polti-

    ca, econmica, social, alimentaria, energtica, etc. norteameri-cana, y de los centros del capitalismo mundial.

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    La apropiacin de territorios, bienes de la naturaleza, alimen-tos, biodiversidad, y la destruccin de los pueblos que pudieranconstituirse en obstculos para tal objetivo, fueron justificadoscon el argumento de la seguridad, pretendiendo legitimar del

    mismo modo invasiones, masacres de poblaciones, autnticosgenocidios.

    La guerra de los ricos contra los pobres cobr una dimensinmundial, creciendo de manera brutal las asimetras de fuerzas yde oportunidades. Funcionales al enfoque de estigmatizacin del@s pobres, de l@s diferentes, y de quienes desafan al poder,en nuestros pases se desplegaron diversas expresiones de cri-minalizacin de la pobreza y de criminalizacin de los movi-

    mientos sociales.Los medios de comunicacin han jugado un rol central en laconstruccin de una subjetividad que destruye los lazos de soli-daridad, identificando a l@s ms vulnerables como amenazapara aquella parte de la sociedad que permanece con nivelesbsicos satisfechos.

    El discurso meditico se refuerza desde las polticas pblicasque fragmentan el campo social e incluso territorial, con pro-puestas diferenciadas de educacin, salud, vivienda, constru-

    yendo geografas que acentan la distancia entre incluid@s yexcluid@s, al interior mismo de los sectores populares.

    Muchas Universidades, centros de investigacin, fundaciones, ymbitos de produccin intelectual que responden a las agendas deintereses marcadas por el Banco Mundial y por los grandes cen-tros del poder, producen diversas interpretaciones que tienden ala disociacin de los saberes, a su abierta articulacin con los inte-reses del poder mundial, a la apropiacin de los saberes popula-

    res, y a la asimilacin de los discursos progresistas dentro del ima-ginario posible habilitado por el capitalismo del siglo 21 (con lmi-tes precisos en cuanto a las posibilidades de su interpelacin).

    El enfoque posmoderno acta como un poderoso mecanismode retroalimentacin de las visiones fragmentadas de la realidad,vaciando los espacios de produccin de sentidos de los aportesdel pensamiento crtico, y descalificando a los mismos en funcindel pragmatismo que transforma en mercanca desde el aguahasta la ciencia; desde el alimento imprescindible para la vida

    hasta los saberes populares que vienen siendo patentados yapropiados por las corporaciones trasnacionales.

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    Coincidente en el tiempo, pero con un sentido y direccionali-dad diferentes, el ya basta! popular, expresado en la rebelindel 19 y 20 de diciembre del 2001, fue un momento de desnatu-ralizacin y desorganizacin de algunos ncleos fundantes de la

    cultura capitalista de la globalizacin como son: la supremacade la propiedad privada por sobre el derecho a la vida, la mercan-tilizacin de las diferentes dimensiones humanas, el conceptopositivista de desarrollo, la enajenacin del protagonismo popu-lar en la representacin parlamentaria, la colonialidad del saber,el triunfo de un modo de vida que sepulta la existencia humanaa los confines de la sobrevivencia, as como la legitimacin de unmodo jerrquico de organizacin de las relaciones sociales capi-talistas, patriarcales y neocoloniales.

    Las tendencias contradictorias se expresan, entre otros modos,en discursos que en algunos tramos se enganchan con la lgi-ca hegemnica, y en otros tramos la problematizan.

    As, si bien constituyen un avance significativo en la vidacotidiana un conjunto de medidas que los gobiernos post-rebe-lin han venido desarrollando en direccin a revertir las polti-cas de impunidad de los crmenes de estado, y a mitigar conpolticas asistenciales las aristas ms agudas de la desprotec-

    cin social; al mismo tiempo estos alivios son utilizados paraobturar cualquier crtica a las violaciones actuales de los dere-chos sociales y polticos, configurando un statu quo que mul-tiplica territorios de desigualdad y exclusin, volvindolosestructurales.

    Por este camino, se acenta unafractura en el discurso y en laspolticas de derechos humanos, que tiene dos cortes claramenteobservables: 1) la reivindicacin de los derechos humanos enrelacin a las demandas contra los responsables de la ltima dic-

    tadura militar, se encuentra disociada de la batallas por la vigen-cia actual de los derechos humanos para tod@s; y 2) un corteclasista: ese para tod@s que no se reconoce, est sobredetermi-nado por la criminalizacin de la pobreza, que refuerza las lgicasde exclusin estructural del capitalismo.

    Si los derechos sociales y los derechos humanos fueron arra-sados en el trnsito al Estado neoliberal, la crtica a este modelode acumulacin capitalista realizada por los sectores popularesdesaparecidos socialmente, requiere el cuestionamiento a una

    versin de los derechos humanos que reproduce tambin en suinterior lgicas de exclusin.

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    Es altamente desmoralizante para las vctimas actuales, cuan-do algunos organismos histricos de defensa de los derechoshumanos, desconocen crmenes que se cometen cotidianamente,como las muertes de jvenes por gatillo fcil, los regmenes de

    torturas y hacinamientos en comisaras y crceles -verdaderosdepsitos de pobres-, las sistemticas razzias policiales a laspoblaciones ms vulnerables, el incremento de las figuras lega-les para el castigo de quienes protestan por la prdida de dere-chos, o la prisin poltica de luchador@s, la criminalizacin de lapobreza y especialmente de la infancia pobre9.

    Es por ello que junto al registro de formas concretas de crimi-nalizacin social, discutimos el discurso hegemnico de unafranja del movimiento de derechos humanos que, al clausurarlas demandas sobre las violaciones actuales de estos derechos,terminan siendo parte de la construccin de un discurso hege-mnico que tiende a aislar a las nuevas vctimas del capital.

    Discutimos tambin los enfoques de descentralizacin de lasresponsabilidades que realiza el gobierno nacional, cuando losgobiernos provinciales o municipales responden con medidasaltamente represivas a la protesta social. En los diferentesmomentos de crisis polticas locales o nacionales, a lo que hemos

    asistido es al cierre de filas entre las diferentes fracciones delbloque de poder, a fin de reorganizar la gobernabilidad. Esto lotrataremos en el anlisis de algunos de los casos particulares,como las polticas represivas en las provincias de Neuqun,Santa Cruz, o Salta10.

    2.1. Argentina: 1983 - 2001

    La dictadura militar (1976-1983) utiliz el terrorismo deEstado para crear las condiciones objetivas y subjetivas dereconfiguracin del capitalismo que hicieron posible un ininte-rrumpido proceso de concentracin y centralizacin de la rique-za, extranjerizacin de la economa por la va de las privatizacio-nes y del endeudamiento externo, destruccin de la naturaleza,desindustrializacin, incremento de la explotacin y de la preca-rizacin de la fuerza de trabajo, y la exclusin de franjas exten-sas de la poblacin de los derechos sociales bsicos.

    No se trataba slo de la destruccin de conquistas histricasde l@s trabajador@s. Era necesario remodelar la subjetividad for-

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    jada en las batallas populares por aquellas conquistas, deslegiti-mando el horizonte utpico que se proponan las generaciones deluchadores y luchadoras de los 70, que imaginaban como proyec-to posible y deseable la liberacin nacional y el socialismo11.

    Los mecanismos de destruccin de aquel imaginario de cambiosocial, tanto el de las franjas ms radicalizadas de la poblacin,como el de la mayora de los sectores populares, fueron el usomasivo e intensivo del terror, primero, y en la post-dictadura, laimpunidad para los responsables del genocidio -que reforzabanla internalizacin del miedo12-; asentados en componentes ideol-gicos fuertemente difundidos desde los grandes medios de comu-nicacin, como la teora de los dos demonios. Por este disposi-tivo se buscaba equiparar a los responsables de las violaciones

    masivas de los derechos humanos, con las corrientes que de-safiaron el orden capitalista, para responsabilizar tanto a unoscomo a otros del genocidio repudiado por la mayora de la socie-dad. Se coloc en el mismo plano al terrorismo de Estado y a lalucha revolucionaria, intentando deslindar entre esos actoreshistricos, y un campo de supuestos inocentes que quedaranal margen y enfrentados a ambos.

    Quitado del anlisis el difcil tema de la complicidad civil con la

    dictadura, se pretendi romper toda identificacin entre los sec-tores populares organizados y los movimientos revolucionarios,de manera de perpetuar un statu quo democrtico, que nocuestionara los lmites de la dominacin.

    Pero era necesario avasallar an ms la conciencia social, des-organizando incluso el ideario populista, nacionalista, estatista,que se galvaniz alrededor del peronismo. Para esta labor fuefundamental el aporte del menemismo que desde adentro delperonismo promovi la prdida de la identidad y de los valores

    acumulados en la experiencia popular, pudindose as avanzarms claramente en la aplicacin de las polticas neoliberales.

    El menemato13 fue la expresin ms acabada del proyectoexpresado en el Consenso de Washington14. Logr debilitar y des-organizar las resistencias que no haban sido disciplinadas por ladictadura. Pero tambin en esta etapa comenzaron a expresarsenuevas luchas populares que desafiaron las consecuencias de laspolticas neoliberales; y surgieron movimientos que desarrollaronsus estrategias y propuestas en los lmites de la sobrevivencia.

    Frente a la prdida de los derechos a la alimentacin, al traba-jo, a la salud, a la educacin, a la vivienda, a la tierra, a la iden-

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    tidad, se desarrollaron nuevas maneras de protesta caracteriza-das por la accin directa, por formas asamblearias de organiza-cin, por la identificacin y confrontacin abierta con los facto-res del poder responsables de estas polticas.

    2.1.1. La confrontacin con el modelo neoliberal:los estallidos (1989 - 2001)

    Sealamos aqu algunos hitos de la movilizacin social desple-gada entre 1989 y el 2001, que dan cuenta del crecimiento de lasresistencias.

    Saqueos en mayo / julio de 1989 motivados por el hambre.

    Pusieron fin al gobierno de Alfonsn15. Si bien no representa-ron un nivel de conciencia crtica organizada, su masificacinexpres el cansancio popular ante la exclusin.

    Ao 90: movilizaciones multitudinarias contra la impuni-dad en Catamarca, por el esclarecimiento del crimen de MaraSoledad Morales, joven de 17 aos violada y asesinada por crimi-nales ligados al poder poltico. Las Marchas del Silencio deve-laron la impunidad existente en la provincia. Durante siete aosse realizaron 83 marchas, que movilizaron en algunas ocasiones ams de 40.000 personas. Se derroc al gobierno provincial, y selograron algunas condenas a los responsables, pero no se resolviel juicio por el encubrimiento poltico y policial del crimen.

    16 y 17 de diciembre de 1993. El Santiagazo. Puebladaen Santiago del Estero, iniciada por trabajadores estatales quequedaban cesantes o se les reducan sus salarios y llevabanvarios meses sin cobrar. La pueblada tom por asalto e incendilos edificios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y las

    viviendas de dirigentes polticos y sindicales del gobierno y de laoposicin. En la noche del 16, el gobernador Jurez fue destitui-do y el Congreso Nacional dispuso la intervencin a los tres pode-res provinciales, aprobando un proyecto del Poder Ejecutivo quesimultneamente envi gendarmes y policas federales a la pro-vincia. El Santiagazo fue un momento de inflexin a partir delcual comenzaron a desplegarse nuevos niveles de movilizacinpopular y accin directa.

    1994 1995. Grandes movilizaciones de trabajadores

    municipales y estatales en La Rioja, Jujuy, Salta, Chaco,Tucumn y Entre Ros.

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    Jujuy fue centro de importantes luchas de los trabajadoresmunicipales y estatales, con apoyo popular y elevado nivel deorganizacin para enfrentar la represin policial. El 29 de marzolos trabajadores estatales atacaron la Casa de Gobierno y la casa

    del gobernador. Unos das despus, el 4 de abril, intentaroningresar a la Legislatura.

    En Salta el 8 de abril una marcha de protesta de los maes-tros termin con el saqueo e incendio de muebles y papeles dedos oficinas de la Legislatura.

    En Julio se realiz la primera Marcha Federal, con columnasdesde los distintos puntos del pas que convergieron en la CapitalFederal, convocada por la CTA (Central de Trabajadores Argentinos),el MTA (Movimiento de los Trabajadores Argentinos, partcipe de la

    CGT) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Estas organizacio-nes convocan en agosto de 1994 a una huelga general.

    En 1995 se multiplicaron movilizaciones en todo el pas. El12 de abril fue asesinado durante una movilizacin el obrero dela construccin Vctor Choque (37 aos). Fue el primer muertodurante protestas sociales desde el regreso de la democracia. Enesa represin, realizada por la Polica de Tierra del Fuego, hubootros 26 heridos. Era Gobernador Jos Estabillo, Ministro del

    Interior Carlos V. Corach, y Presidente Carlos S. Menem. La poli-ca provincial recibi el apoyo del gobierno nacional que le envi300 gendarmes de refuerzo.

    1995-1996. Importantes movilizaciones docentes y estu-diantiles en oposicin a la Reforma Educativa.

    Junio de 1996. Pueblada en Cutral C y Plaza Huincul(Neuqun). El 20 de junio 1000 personas cortaron la ruta contra ladesocupacin. El 26 de junio, ante la llegada de 400 gendarmes conrdenes de despejar la ruta, se autoconvocaron en el corte 20 mil

    personas, casi la mitad de los habitantes de esas localidades. 26 de septiembre. Movilizacin en el marco de la huelga

    general por 36 horas declarada por la CGT con apoyo de CTA,que reuni a ms de 70.000 personas.

    1997. Puebladas en Cutral C (Neuqun), Tartagal yGeneral Mosconi (Salta), en Cruz del Eje (Crdoba) y en dis-tintas localidades de Jujuy16. En 1997 hubo 104 cortes deruta en todo el pas17.

    En abril la pueblada en Cutral C comienza con una movi-

    lizacin docente. El 12 de abril de 1997 fue asesinada TeresaRodrguez (empleada domstica, 24 aos)18.

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    Mayo del 97. Pueblada de Libertador General San Martn(Jujuy), extendida en 21 cortes de ruta en distintas localidades.Se multiplicaron las ollas populares y las multisectoriales. Lalucha forz la renuncia de tres gobernadores de Jujuy.

    7 al 14 de mayo. Primer corte de ruta en Mosconi yTartagal (Salta). Lo iniciaron los comerciantes de Tartagal, losdeudores del Banco Nacin, del Banco Provincia, los madereros,los ex trabajadores de YPF, desocupados. Participaron 15.000personas.

    Los cortes de ruta masivos piquetes- de Cutral C, Jujuyy Mosconi, marcan el nacimiento del movimiento piquetero,integrado principalmente por trabajadores desocupados, o que

    vieron amenazados sus puestos de trabajo ante el avance de laspolticas privatizadoras. Entre el 8 y el 11 de julio se realiz la Segunda Marcha

    Federal, convocada por la CTA (Central de TrabajadoresArgentinos) bajo la denominacin Marcha por Trabajo paraTodos.

    1999. Juniodiciembre. Acampe de autoconvocados ycorte del puente que une CorrientesChaco. El 17 de diciem-bre hubo una fuerte represin de Gendarmera (una semana des-

    pus de la asuncin del Gobierno de Fernando de la Ra).Fueron asesinados Mauro Ojeda (18 aos, desocupado), yFrancisco Escobar (25 aos, cartonero) y hubo 28 heridos19. Elgobierno de Fernando De La Ra design una IntervencinFederal.

    11 al 21 de Diciembre de 1999, corte de ruta de la Uninde Trabajadores Desocupados de General Mosconi en Refinor.Comienzan a bloquearse el ingreso de centros productivos, espe-

    cialmente petroleras; producindose el choque y las negociacio-nes directamente con las trasnacionales. 2000 2001. Puebladas en General Mosconi y Tartagal

    (Salta). El 9 de mayo del 2000 fueron asesinados OrlandoJustiniano (21 aos, albail) y Matas Gmez (18 aos). El 10de noviembre fue asesinado Anbal Vern (37 aos, empleado dela empresa de transporte Atahualpa). Comienza la revueltapopular. En Tartagal se quem la sede de la polica, el diario ElTribuno, la empresa de transportes Atahualpa, EDESA y se pro-

    dujeron saqueos de comercios. En Mosconi se quemaron laMunicipalidad, Rentas, la polica y la casa del intendente.

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    Junio del 2001, corte de ruta. Fueron asesinados OscarBarrios (17 aos, desocupado) y Carlos Santilln (27 aos, des-ocupado). Hubo 8 heridos de bala.

    Tanto en La Matanza como en el sur del Gran Buenos Aires,

    la accin coordinada entre sectores sindicales, de desocupados yde organizaciones territoriales, fortaleci la presencia pblica delos piquetes en el principal cordn industrial del pas. LaFederacin de Tierra y Vivienda (FTV) organiz en el 2001 elMatanzazo. Durante cinco das un piquete mantuvo cortada laruta N 3 e hizo que la protesta se trasladara muy cerca del podercentral. Cinco mil vecinos se instalaron en la ruta y otros 20 milse movilizaron hasta el lugar para solidarizarse.

    19 y 20 de diciembre del 2001. Rebelin generalizada endiversas ciudades del pas, con epicentro en la Capital Federalque deriv en una profunda crisis institucional. En la represinhubo 37 asesinados20 y cientos de heridos. Segn informe delCELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)21 hubo en esos dasen el pas 4500 detenidos. La rebelin provoc la cada deFernando De La Ra.

    El 28 de diciembre del 2001 se produjo un nuevo cacero-lazo en Plaza de Mayo y en distintos barrios porteos. 12 polic-

    as resultaron heridos y ms de 30 personas fueron arrestadas enlas zonas de Plaza de Mayo y Congreso.(El 30 de diciembre de 2001 el presidente Adolfo Rodrguez Sa

    present su renuncia indeclinable ante la Asamblea Legislativa.El 1 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa eligi como presi-dente de la Nacin a Eduardo Duhalde. El acuerdo poltico quellev a Eduardo Duhalde a la Casa Rosada integr a la UCR y aparte del Frepaso. Frente a la crisis de representacin, el podercerr filas).

    2.1.2. Algunos datos generales de ese perodo

    En la dcada de 1990 hubo nueve huelgas generales nacio-nales22. Considerando el total del perodo 19892003 seala unestudio realizado por el Grupo de Estudios sobre Protesta Socialy Accin Colectiva, del Instituto Gino Germani de la UBA23: Entrefines de 1999 y fines de 2002 es ms difcil poder identificar un

    ciclo de protestas (...) Sin embargo, a pesar de este ritmo ms dis-continuo, desde el segundo trimestre de 2000 hasta el primer tri-

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    mestre de 2002, cada una de las fases de intensificacin de lasconfrontaciones es ms importante que la anterior, en trminosde la cantidad de protestas. Los datos relevados muestran quelas crisis polticas no necesariamente se producen como conse-

    cuencia de un incremento en la cantidad de protestas. En otrostrminos: la cantidad -o el volumen- de protestas no mantieneuna relacin directa con el impacto poltico de las mismas () En1997 se registr un 56% ms de protestas que a lo largo de 2001;sin embargo, las consecuencias estratgico-institucionales deaqullas fueron significativamente menores que las de stas.Considerando todo el perodo, 2001 es uno de los tres aos conmenor cantidad de protestas. Incluso durante ese ao, se regis-

    traron ms protestas en el segundo trimestre que durante elcuarto, cuando finaliz abruptamente el gobierno de Fernandode la Ra. No obstante, el impacto poltico de las protestas de2001 en general, y las del ltimo trimestre en particular fuenotable, tanto a nivel de la performatividad poltica de las mis-mas, como de sus consecuencias estratgico institucionales Eltipo de protestas de 2001 -y tambin del ao siguiente- fueronmasivas e involucraron mayor cantidad de medidas de accindirecta aunque no creci el nmero total de protestas. Por otro

    lado, un proceso creciente de organizacin de los actores o unmayor nivel de articulacin en la protesta pueden explicar tam-bin una menor cantidad global de protestas() Tambin puedeconsiderarse el mismo argumento desde otro punto de vista:mientras que en 1997 slo una de cada cuatro protestas de des-ocupados tena una organizacin piquetera como motor de laaccin, en 2001 esa proporcin se eleva a casi la mitad del totalpara llegar al 61% en 2002. Es necesario considerar, al mismo

    tiempo, que en 2002, las organizaciones piqueteras protestaronen una proporcin similar a la de los sindicatos.Puntualiza un informe del CELS24 (Centro de Estudios Legales

    y Sociales): En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo el pas yesta prctica fue incrementndose durante los aos siguientes.En 1998, fue cortada una ruta por semana, en 1999, una cadada y medio, y en 2000 hubo al menos un corte diario. En 2001,el promedio fue de entre cuatro y cinco cortes por da ().Muchas acciones de las personas que participaron en manifesta-

    ciones durante la segunda mitad de la dcada del 90 fueron con-sideradas ilcitas por la justicia penal, descartndose que pudie-

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    ran encontrar amparo en el ejercicio legtimo del derecho a lalibertad de expresin. Se ha registrado la imposicin de condenasa manifestantes y activistas pero el fenmeno de mayor trascen-dencia ha sido el sometimiento a proceso de los participantes. En

    muchas otras ocasiones adems, las manifestaciones popularesfueron reprimidas ilegtimamente por las fuerzas de seguridad dela Nacin o de las provincias. Estos casos se caracterizaron porun uso abusivo de la violencia que produjo varias muertes y grancantidad de heridos en todo el pas durante toda la dcada.

    2.2. El 19 y 20 de diciembre del 2001

    No es objetivo de este trabajo analizar en profundidad el con-junto de sentidos que discuti la rebelin popular del 19 y 20 dediciembre del 2001. Pero quisiramos sealar ese momento comopunto de viraje en las posibilidades de las clases dominantes deaplicacin del modelo neoliberal, con el diseo de gobernabilidadque se vena sosteniendo hasta entonces. La conflictividad socialse extenda en el pas. La capacidad destituyente de intendentes,gobernadores, ministros, e incluso presidentes, daba cuenta deuna fuerte crisis de legitimidad de la direccin poltica del pasque haba emergido del Pacto de Olivos25. El que se vayan todos,consigna central de esas jornadas, sealaba los alcances y tam-bin los lmites del momento.

    La energa desatada en aquellas jornadas se prolong variosmeses. En el espacio liberado en la subjetividad popular, se mul-tiplicaron asambleas populares, movimientos piqueteros, fbri-cas sin patrones, movimientos culturales, medios de comunica-cin alternativos. Entre las caractersticas principales de estos

    movimientos estaba la desconfianza hacia el poder y hacia elEstado, los partidos polticos tradicionales, las jerarquas; el de-sarrollo de formas de organizacin asamblearias y de democraciade base, mtodos de lucha de accin directa, propuestas de cons-truccin de poder popular, centradas en el trabajo territorial. Sedesplegaron respuestas autnomas a la exclusin, dirigidas areinventar el trabajo, a resolver colectivamente la comida, lasalud, la recreacin, a compartir la poesa, las murgas, a multi-plicar los mensajes en radios y medios alternativos de comunica-

    cin Se expres la decisin de recuperar lo perdido y de rein-ventar lo necesario.

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    Ninguno de los proyectos polticos existentes alcanzaba a darcauce a toda esa energa, y ninguno era suficientemente confia-ble para los sectores movilizados.

    La Argentina plebeya se volvi un gigantesco laboratorio de

    ensayos de alternativas. Se multiplicaron formas de resistencia.El 19 y 20 de diciembre hubo una generalizacin de las puebla-das, con epicentro en la Capital Federal. El espacio pblico fuemomentneamente recuperado. La memoria fue honrada con laocupacin simblica de la Plaza de Mayo.

    Para quienes haban re-escrito la arquitectura de las relacio-nes sociales, colocando el protagonismo en los despachos insti-tucionales, circunscribiendo la participacin a la representacin

    parlamentaria, aquellas jornadas sacudieron la rutina de lasprcticas polticas y de sus interpretaciones acadmicas.

    Frente a lo privado emergi lo pblico; frente a lo individual, losocial; frente a la implosin, la explosin. Los saqueos generali-zados fueron -en el terreno simblico- operaciones colectivas derecuperacin de lo expropiado salvajemente por el gran capital.El incendio de los grandes bancos y las financieras fue unamanera de marcar a fuego a los smbolos del nuevo orden mun-

    dial: las catedrales del dinero. Fue una insurreccin de la digni-dad, de pueblos levantndose de dcadas de aplastamiento.

    La rebelin fue un acto de salud social que amenaz la impu-nidad de los poderosos.

    Los escraches que se producan ah donde se identificaba unsmbolo del poder, llevaron a que sus personeros se sintieranvulnerables, lo que luego se tradujo en la exigencia de restable-cimiento del orden perdido. Estos sectores se constituyeron

    luego en activos demandantes de polticas de seguridad ciuda-dana, que apuntaran a desalojar el espacio pblico a los otros,a confinar a l@s excluid@s a los territorios de miseria, exigiendomano dura para quienes se movieran de los lugares asignados.

    La rebelin puso en evidencia tambin la ausencia de alterna-tivas populares que dieran rumbo a la energa desatada desde elcorazn indignado de los pobres; pero actu como factor recons-tituyente de energas, de subjetividad, de conciencia, de memo-

    ria, de cultura de rebelda y de nuevas formas de organizacinpopular.

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    2.3. La institucionalizacin y domesticacin de la pro-testa social

    El bloque de poder comprendi que no podra seguir aplicando

    las mismas recetas que provocaron el estallido; y percibi el ago-tamiento de la ecuacin de neoliberalismo y gobernabilidad.Sospech los condicionamientos para una poltica fundada en elautoritarismo, cuando el pueblo en la calle derog el 19 dediciembre el Estado de Sitio decretado por De La Ra.

    Desde el 19 y 20 de diciembre del 2001 hasta el 26 de junio del2002, el movimiento popular continu la dinmica de moviliza-cin social. Un informe de la Secretara de Seguridad Interior delMinisterio de Justicia publicado en el ao 2002 en el diario

    Clarn, titulado Conflictividad social en la Repblica Argentinaque comprende los meses de enero a mayo de ese ao, da cuen-ta de un total de 11.000 manifestaciones relevadas en el perodo.Surgieron nuevas formas de protesta, como acciones directascontra los centros productivos de las trasnacionales y moviliza-ciones contra las polticas destructoras de la naturaleza. Elgobierno de Eduardo Duhalde sorte la crisis sobre la base de unconjunto de medidas destinadas a restablecer el orden: la mul-tiplicacin de las polticas asistenciales en las zonas ms conflic-tivas26, la criminalizacin del movimiento piquetero, y el adelan-tamiento de las elecciones.

    En ese contexto se libr una dura pulseada entre los sectorespopulares que intentaban mantener los espacios ganados; y laslgicas del poder que combinaron medidas judiciales y policialesdirigidas a la normalizacin del pas.

    Se destacan en esa etapa algunos hechos represivos dirigidosa forzar el repliegue de los movimientos populares:

    El 6 de febrero del 2002 un Ford Falcon atraves un cortede ruta realizado por el Movimiento de TrabajadoresDesocupados (MTD) local sobre la ruta 205, en la ciudad de ElJagel, en el marco de un plan de lucha en reclamo de empleo yalimentos para los comedores populares. Su conductor era JorgeBatata Bogado, un conocido puntero vinculado con el inten-dente de Ezeiza, Alejandro Granados -ayer duhaldista, antes deayer menemista y hoy kirchnerista-. Al descender del vehculoabri fuego hiriendo de muerte a uno de los manifestantes,

    Javier Barrionuevo (31 aos, changarn), militante del MTD. Lapresin de la movilizacin popular coloc a Bogado tras las rejas

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    acusado de homicidio simple, aunque un fallo de la Cmara leconcedi la libertad con ciertos requisitos hasta la espera del jui-cio. Del 23 al 28 de mayo de 2003 se celebr el juicio oral ypblico en el Tribunal Oral N 5 de Lomas de Zamora contra

    Jorge Bogado, acusado de homicidio simple. Con los testigosamenazados de muerte por la polica bonaerense y el manto deimpunidad que haban dejado sobre los argentinos las represio-nes de diciembre de 2001 y la de Avellaneda, se lleg al juicio.Bogado qued en libertad.

    24 de noviembre del 2002. La polica desaloj a l@s traba-jador@s de la fbrica textil Brukman, ocupada desde el 18 dediciembre del 2001. Militantes de movimientos sociales y de par-

    tidos de izquierda se acercaron al lugar para expresar su solida-ridad. A media maana la empresa fue reocupada por l@s traba-jador@s.

    26 de junio del 2002. Se desarroll una fuerte accin repre-siva concertada por diversas fuerzas de seguridad contra un plande lucha piquetero. El crimen de los jvenes piqueteros DaroSantilln (21 aos) y Maximiliano Kosteki (22 aos), se consu-m cuando el movimiento popular estaba alcanzando mayor capa-cidad de desafo; en el contexto de una operacin poltica que per-

    miti revertir el ascenso de la resistencia de masas. Fue un doblecrimen, dirigido a detener el ascenso de la organizacin y la radi-calizacin de un sector social: el movimiento piquetero; y el des-pertar del compromiso de una generacin -la que expresabanDaro y Maxi-, que enfrentaba al poder que los exclua, con suscuerpos, con sus sueos y su trabajo cotidiano solidario.

    El impacto de estos asesinatos en la subjetividad popular fueespecialmente significativo, transformndose los jvenes asesi-

    nados en smbolo y ejemplo, especialmente para las nuevasgeneraciones.La criminalizacin del movimiento piquetero, y la represin

    brutal de esa jornada, pusieron a la defensiva al movimientopopular que se vena reorganizando. El adelantamiento de laselecciones, y la distribucin masiva de asistencialismo, fueronacciones complementarias del mismo plan poltico tendiente afrenar el impulso popular, asfixiarlo, fragmentarlo, cooptarlo yreducirlo a su mnima expresin.

    En los comienzos del ao 2003, esto se tradujo en el declive delas movilizaciones, y en un desplazamiento de las demandas

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    hacia el terreno de la normalidad, que relea lo sucedido bus-cando recuperar la estabilidad perdida.

    Sealamos a continuacin algunos hitos de esa etapa, quedan cuenta del avance en la criminalizacin de los movimien-

    tos sociales: 23 de marzo. El juez federal de Bariloche dict un auto de

    procesamiento contra Moira Milln y Martiniano Jones Huala, dela comunidad mapuche Pilln Mahuiza, por el corte de la ruta deacceso a Esquel, realizado el 11 de octubre del 2002.

    18 de abril. Unos 300 efectivos de la Guardia de Infantera,de la Polica Montada y la Divisin Perros desalojaron a l@s tra-bajador@s que mantenan ocupada y produciendo bajo controlobrero a la fbrica textil Brukman. Centenares de vecinos, y mili-tantes populares se concentraron durante todo el da en la puer-ta. Los manifestantes decidieron mantener una vigilia. La policadespleg celulares y unas 20 motos con personal armado en lascalles adyacentes de la fbrica. La Polica Federal ingres a laFacultad de Psicologa, tirando gases lacrimgenos, violando laautonoma universitaria. Esta batalla, con vaivenes, continuhasta la recuperacin de la empresa por l@s trabajador@s y suexpropiacin, el 30 de octubre del 2003.

    22 de abril. Nueve integrantes del Lof Casiano, y del ConsejoAsesor Indgena de Ro Negro, fueron procesados por el delito deusurpacin, tras ser acusados por los terratenientes Abi Saad.(Fueron sobresedos dos aos despus).

    2.4. Continuidades y rupturas en el gobierno deKirchner

    Los gobiernos de Nstor Kirchner (25 de mayo del 2003 -10 dediciembre del 2007), y el de Cristina Fernndez de Kirchner, sur-gidos de la nueva relacin de fuerzas, resultaron el instrumentoms apto de determinadas fracciones de las clases dominantespara contener y disciplinar la energa popular, a partir de unapoltica cultural anclada en datos fundantes de la identidad y delas lgicas polticas del peronismo. La resolucin desde elEstadogobierno de las demandas, fue ofrecida como mecanismocasi nico de accin poltica viable. La disyuntiva planteada fue

    integrarse al gobierno y a sus mecanismos de clientelismo y decooptacin poltica, o quedar confinados a lugares de exclusin.

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    As se logr revertir el creciente desafo popular al modelo, avan-zndose en un proceso de domesticacin de las rebeldas, ten-diente a la institucionalizacin de las organizaciones populares,al cierre del espacio pblico, y a la reorganizacin de ncleos ide-

    olgicos sustanciales a la dominacin.La asuncin de Nstor Kirchner gener en algunos sectores

    populares cansados por la exclusin, una esperanza de cambiode rumbo, a partir de un discurso oficial que se hizo fuerte en unconjunto de smbolos significativos en relacin a reclamos hist-ricos de los movimientos, y al incremento -que se haba realiza-do ya desde la asuncin de Eduardo Duhalde- de los planes asis-tenciales. La sensacin de mejora se reforz por cierta reactiva-

    cin econmica, consecuencia del paso a un modelo productivoorientado a la sustitucin de importaciones, beneficiado por larentabilidad de las exportaciones (maz, soja transgnica, mine-ra, petrleo, entre otros), beneficiadas por la devaluacin y porlos altsimos precios internacionales.

    Analizando el rumbo econmico asumido por el gobierno deNstor Kirchner, escribe Claudio Katz27: La coyuntura interna-cional favorable, el abaratamiento de activos y el viraje de la pol-tica econmica, inducen la gestacin de un modelo neodesarro-

    llista. El esquema actual recoge la centralidad agraria del rgi-men agro-exportador, la prioridad industrial de la sustitucin deimportaciones y la regresividad social del curso neoliberal. Elgobierno transfiere subsidios a los empresarios porque privilegiala revitalizacin de la industria. Con el canje de la deuda y elpago anticipado al FMI ha buscado reducir el veto de los acree-dores a estas subvenciones y a su corolario cambiario. Tambinse regulan los servicios privatizados para reducir los costos

    industriales e incrementar el resguardo fiscal frente a futurascrisis. Al propiciar el agro-capitalismo concentrado, se eleva unarenta que los ruralistas no quieren compartir. El aumento de losbeneficios y la productividad no se difunden a los salarios. Elesquema actual convalida la informalidad, estimula altas tasasde explotacin y traslada a los precarizados la pobreza que ini-cialmente golpe a los desocupados. Tambin afianza la des-igualdad y posterga a los jubilados. A pesar del incremento de larecaudacin no se modifica el sistema tributario regresivo.

    Las primeras medidas asumidas por Kirchner, en el marco deuna crisis de representacin tan fuerte, apuntaron a restablecer

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    la legitimidad de las instituciones cuestionadas por la rebelin:recambio de la Corte Suprema de Justicia (para terminar con lahegemona menemista), cambio de la cpula militar, presinsobre el Parlamento para lograr superpoderes.

    La poltica de derechos humanos, de resolucin de deudas his-tricas ligadas con la dictadura, fue el timn de proa del discur-so oficial para lograr un consenso que permitiera restablecerniveles bsicos de credibilidad. Paradjicamente, estos logrosfavorecieron la prdica que deslegitimaba cualquier reclamo enese campo. La descalificacin de reconocid@s luchador@s cuan-do no acompaan al rumbo oficialista, fue realizada por repre-sentantes principales del gobierno, y tambin por algun@s lde-res histric@s en la defensa de los derechos humanos. Se fue

    generando un imaginario con vctimas de diferentes status. Sipara los excluidos/as las llaves del consenso al gobierno fueronlas polticas asistencialistas, para los sectores medios fue la pol-tica de derechos humanos.

    Seala Maristella Svampa: El gobierno nacional no dud en ali-mentar la estigmatizacin de la protesta -contraponiendo la movi-lizacin callejera a la exigencia de normalidad institucional-,impulsando activamente la difusin de una imagen de la democra-

    cia, supuestamente acosada por las agrupaciones piqueteras.Poco importaba si las declaraciones gubernamentales daban cuen-ta de un vaivn peligroso que iba de la amenaza de judicializacinal reconocimiento de las necesidades de los desocupados, del cues-tionamiento de la representatividad de las organizaciones a la afir-macin del derecho legtimo a la protesta, de la propuesta de crearuna brigada antipiquetera o cerrar el acceso de los piqueteros ala Plaza de Mayo, a la declaracin -una y mil veces repetida- que elgobierno nacional no reprimira. El escenario mayor de esta des-

    igual contienda poltica entre el gobierno nacional y las organiza-ciones de desocupados opositoras fue la ciudad de Buenos Aires.Fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios pblicos, dondetuvo mxima expresin y corolario esta puja desigual entre los quellamaban a la institucionalizacin y exigan el repliegue de las fuer-zas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes acto-res movilizados, en especial, las organizaciones de desocupados (lademanda de los excluidos). El resultado de ello fue el avance de lajudicializacin y criminalizacin en el tratamiento de los conflictos

    sociales y la instalacin de un fuerte consenso antipiquetero, sos-tenido y avalado por amplias franjas de la opinin pblica28.

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    El gobierno de Cristina Kirchner dio continuidad en los tramosfundamentales a esta poltica, pero tuvo que enfrentarse conalgunos elementos de deterioro del consenso inicial, de resisten-cia de sectores de la burguesa agraria, y el impacto de la crisis

    mundial sobre el pas. Todo el ao 2008 qued marcado por elconflicto del gobierno nacional con sectores ligados al agronego-cio, especialmente a la exportacin de soja y de granos; conflic-to en el que estos sectores lograron imponer sus intereses esen-ciales articulados con la derecha conservadora local (y recibien-do lamentablemente el apoyo de sectores de la izquierda).

    Escribe Daniel Campione29: Generar oportunidades de nego-cios para los capitalistas aliados, sigue siendo una prioridad de

    los Kirchner, no incompatible con la realizacin de estatizacionespuntuales o el establecimiento de controles de precios o trabasburocrticas en otros mbitos del capitalismo local.

    En una investigacin coordinada por Claudio Lozano30 sedemuestra que, considerando todo el perodo de crecimiento delos aos 2003-2007: el 20% de la poblacin de mayores recursosse apropi del 50% de los ingresos generados por el proceso decrecimiento econmico; el 30% de la poblacin de mayores recur-sos captur el 62,5% de los ingresos generados en este perodo.

    La contracara de esta brutal apropiacin de los ingresos es laconstatacin de que el 70% restante de la poblacin se apropidel 37,5% de los nuevos ingresos. El 40% de la poblacin coningresos ms bajos slo se apropi del 12,8% de los ingresosgenerados.

    Seala a su vez Claudio Katz31: La poltica social regresivaconstituye el punto de mayor continuidad entre el rumbo econ-mico actual y su precedente neoliberal-financiero. El PBI ya se

    ubica en un nivel superior al comienzo de la crisis (1998), peroningn indicador social ha recuperado ese plafond () En el2005 el 77% de las compaas que cotizan en Bolsa declararonincrementos muy significativos, y los beneficios de las 500 prin-cipales empresas del pas duplicaron los obtenidos dos aosantes. Las cifras de la productividad son ms contundentes y seubican en un tope de los ltimos 15 aos. Actualmente se fabri-can ms productos con menos trabajadores, porque los costoshan cado entre un 16% y 30% por debajo del 2001. El modelo

    bloquea la transferencia de estas mejoras a los salarios, que enpromedio se ubican un 20% por debajo del nivel prevaleciente

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    antes del inicio de la crisis () El esquema regresivo de los sala-rios afecta duramente a los trabajadores informales. Existe unterrible abismo entre el ingreso medio de los precarizados (391pesos) y los formalizados (1072 pesos). En el primer segmento se

    ubica el 44% de la fuerza laboral, el 60% de los ocupados que nocubre la canasta de pobreza y el 30 % que padece la indigencia.El empleo en negro no es una actividad marginal. Se encuentraampliamente difundida en ramas de alta rentabilidad (como elagro y la construccin) e incluye al propio sector pblico, quemantiene a un 11,7% de sus empleados sin formalizar () Elesquema neo-desarrollista apuntala a los capitalistas industria-les a costa de la mayora popular. Este modelo incluye un estra-tgico cimiento en el sector agrario que rememora el esquema

    agro-exportador () A diferencia de la industria, el PBI de estarea ha crecido en forma ininterrumpida en los ltimos quinceaos a una elevada tasa del 5,7%, sin afrontar ningn freno sig-nificativo. Pero este impulso consolida un esquema basado en lapreeminencia de la soja, la destruccin de los cultivos regionales,el desplazamiento de los campesinos y la concentracin de la tie-rra. Profundiza la modernizacin capitalista que gener un gransalto de produccin, con ganancias para pocos y tecnologas que

    amenazan la fertilidad de la tierra.No es el objetivo de este trabajo trazar un anlisis completo delas diferentes aristas que asume el gobierno kirchnerista, y de surelacin con los gobiernos provinciales; pero s observar cmoestas modalidades de ejercicio de la dominacin han incidido endistintos sentidos, tendientes a profundizar la criminalizacin dela pobreza, incrementando en la ltima etapa el desamparo de lossectores ms desprotegidos y su vinculacin con la poltica a tra-vs de las redes clientelares; promoviendo un enfrentamiento

    mayor con algunos sectores relegados en el presupuesto estatal,como salud, educacin, vivienda; y con aquellas poblaciones queenfrentan crecientemente las polticas de saqueo y destruccinque llevan adelante las corporaciones trasnacionales.

    En este marco, intentamos desmitificar las construccionessimblicas que tanto a nivel nacional como internacional, preten-den presentar a estos gobiernos como emblemticos en la defen-sa de los derechos humanos.

    Es preciso analizar para ello el cambio del sujeto social que

    resulta vctima de este modelo, y que ejerce la protesta desdelugares de extrema vulnerabilidad. Los derechos humanos de los

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    pobres y de las pobres, son hoy los ms atacados por la polticadel capital, que luego de asegurar su control a travs de losmecanismos clientelares, garantiza el espacio mnimo para lasobrevivencia dentro del corralito de la exclusin social.

    Tambin vienen siendo crecientemente vulnerados los dere-chos de las poblaciones que habitan en regiones que revistenintereses diversos para la poltica de saqueo de las corporacionestrasnacionales.

    Sealan al respecto Roberto Gargarella y Maristella Svampa32

    que: En los ltimos aos, han surgido nuevas formas de par-ticipacin ciudadana, que se definen por la defensa del territo-rio y de los bienes naturales. Dichos reclamos estn vinculados

    al actual proceso de expansin de la frontera agrcola, minera,energtica, y sobre territorios que incluyen reservas de recur-sos naturales, impulsada por el marco regulatorio impuesto enlos aos 90 (y continuado en la actualidad), favorable a la ins-talacin de grandes empresas trasnacionales (con regalas baj-simas, grandes exenciones impositivas y otros privilegios), cuyoimpacto en trminos ambientales, sanitarios, productivos yeconmicos se revela sumamente desastroso para la vida de lacomunidad (). La potencialidad de estas movilizaciones es

    enorme. Por un lado, al denunciar el avance de un modelo desaqueo y de contaminacin, dichas asambleas no slo plante-an la necesidad de un cambio del marco regulatorio actual,sino que abren una disputa en torno a lo que se entiende pormodelo de desarrollo sustentable. Por otro lado, el proceso deconstruccin revela una articulacin multisectorial y policlasis-ta, con formas de participacin asamblearias, lo cual sin dudase conecta tanto con el proceso de politizacin abierto en 2002,

    como con los levantamientos comunitarios registrados en los90, ligados a la crisis y desmantelamiento de las economasregionales.

    Si observamos con cuidado el registro que integramos en esteinforme sobre judicializacin de la protesta y de los movimientospopulares durante el primer y segundo gobierno kirchnerista(todava en curso), veremos de qu manera crece la proporcin deconflictos de este carcter en el ao 2008. Esto se relaciona, porun lado, con la multiplicacin de movimientos que se ha produ-

    cido en todo el pas, y que asumen por lo general formas deaccin directa, que remiten en la memoria histrica reciente a lo

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    acumulado en la experiencia de lucha piquetera; y al mismotiempo, por el proceso de articulacin de estos conflictos alrede-dor de la Unin de Asambleas Ciudadanas (UAC).

    Viendo el mismo conflicto desde el lugar del bloque de poder,

    podemos observar la fuerte alianza entre las corporaciones tras-nacionales, que en algunas ocasiones intervienen directamenteen la represin, o asumen iniciativas judiciales, con los gobiernoslocales, las fuerzas represivas y el gobierno nacional.

    Contina en otro tramo el anlisis de Gargarella y Svampa: Elfenmeno ambientalista encuentra paralelismos significativoscon lo que sucede desde hace aos respecto de la protesta social.Recordemos que la judicializacin de la protesta se inici en 1996y tuvo como blancos predilectos a piqueteros y militantes sindi-

    cales (maestros, empleados pblicos). Hoy en da se estima queexisten ms de 4000 personas procesadas. Una parte importan-te de estas causas se originaron en las localidades petroleras(Salta, Neuqun, y ms recientemente Santa Cruz), y varias deellas fueron iniciadas por empresas multinacionales (). Noser que estos hechos estn sealando entonces el inicio de unasegunda oleada de judicializacin, que abarca ahora los explosi-vos conflictos ambientales?.

    Analizando el rumbo que asumi la confrontacin con los sec-tores agrarios que se prolong durante el ao 2008, subrayaClaudio Katz que el conflicto culmin con un ntido triunfo de laderecha () El ruralismo gan porque canaliz un giro de la clasemedia, que ha pasado del cuestionamiento de la corrupcin (quese vayan todos), a la revuelta conservadora. Este viraje comenzcon Blumberg, se reforz con el triunfo de Macri, y ha desembo-cado en una pica del bolsillo El clima reaccionario se verificen los cacerolazos de tefln, que enaltecieron a la patria junto al

    campo, proclamaron el rechazo de los tiranos, y exigieronponer fin al tema de los derechos humanos. En ciertas escara-muzas, no faltaron los gritos contra los negros, los vagos ylos montoneros, bajo una cobertura televisiva que descubricun legtimo es cortar las rutas cuando hay gringos y tractores() La tolerancia de la protesta ruralista contrast con la repre-sin de un gobernador kirchnerista a los empobrecidos de Jujuy.La misma diferencia de trato fue ratificada con la auspiciosarecepcin ofical que recibieron las carpas del Congreso, mientras

    se repartan palos contra el intento de montar una olla popularen Plaza de Mayo.

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    Este triunfo de la derecha en el conflicto del 2008, marc unnuevo campo, ms favorable para las polticas de criminalizacinde la protesta, que son presentadas ante la ciudadana, comouna demanda de los sectores medios, afectados por cortes de

    ruta (cuando son realizados por piqueteros, o por trabajadores).El crecimiento de un discurso de mano dura, de tolerancia cero,va acompaado tambin por los factores de inestabilidad provo-cados por las contradicciones en la propia poltica de derechoshumanos.

    Frente a la continuidad de los juicios contra los genocidasde la dictadura, pero sin decisin firme de desbaratar a losgrupos represivos, han venido sucedindose ataques a testigos

    de los juicios (el ms grave deriv en la desaparicin de JulioLpez), secuestros de militantes populares y amenazas querecrudecen en momentos de movilizacin social, intentandoreavivar los miedos y las heridas creadas en la subjetividadpopular.

    2.4.1. La criminalizacin de los movimientospopulares

    La ntima relacin entre las caractersticas actuales delmodelo neoliberal, y la poltica de criminalizacin de la pobre-za y de los movimientos de resistencia, no es advertida -o esocultada- por quienes dan tratamiento a cada caso de gatillofcil33, de represin institucional, o de estigmatizacin medi-tica de un movimiento popular como excesos cometidos pordeterminadas fuerzas policiales, o por determinados gobiernos

    locales.En esta etapa las movilizaciones sociales continuaron, perocon organizaciones fragmentadas por la fuerte incidencia de laspolticas oficiales, agravndose los procesos de ruptura e inclu-so de enfrentamiento entre distintas fracciones del campopopular, estimulados por la beligerancia oficialista tendiente ala cooptacin de unos y a la estigmatizacin de quienes noentraron en el juego.

    Sealamos a continuacin algunos de los conflictos que expre-

    san un salto en las polticas de criminalizacin de los movimien-tos sociales, de judicializacin y represin de la protesta social34.

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    2003

    18 de julio. Piqueteros marcharon hasta la casa de Gobiernode Chaco en reclamo de subsidios de desempleo, envo de comi-

    da a barrios pobres, asistencia para aborgenes y el cese de la cri-minalizacin de la protesta social. Tomaron la gobernacin. 25 de septiembre. Piqueteros bloquearon en Buenos Aires

    las boleteras del subte en demanda de 500 puestos de trabajo.La polica los reprimi dejando 10 detenidos y dos heridos.

    Piqueteros se instalaron en las afueras del Ministerio deDesarrollo Humano y Trabajo, en La Plata, en demanda de asis-tencia social y alimentaria. La polica los reprimi dejando 3 dete-nidos y 50 demorados.

    26 de septiembre. 3 mil personas marcharon por Mendozapara expresar su rechazo a la anunciada presencia de efectivosde las fuerzas armadas norteamericanas, en el marco del ope-rativo militar conjunto guila III. Se logr que se suspenda eloperativo.

    9 de octubre. Pueblada en Libertador General San Martn,Jujuy, por el asesinato de Cristian Ibez (24 aos), quien apa-reci muerto en una comisara. La protesta culmin con saqueosde comercios y destrozos en la comisara y en el centro de la loca-lidad. Durante esos enfrentamientos, Luis Marcelo Cuellar (19aos) muri baleado. Los jvenes eran militantes de la CCC(Corriente Clasista y Combativa)35.

    4 de noviembre. 30 mil personas marcharon hasta la Plazade Mayo bajo la consigna Por trabajo y salario, romper con elFMI. No a la criminalizacin de la protesta. Rechazaron las ver-siones de la creacin de una brigada antipiquetera.

    20 de noviembre. La polica de Salta desaloj a los piquete-

    ros que desde el 4 de noviembre mantenan bloqueada la entra-da a la destilera de Campo Durn. La gente de Mosconi sali desus casas al escuchar por una radio local la represin. Tomaronuna petrolera e incendiaron un tanque de combustible.Ingresaron a las oficinas de las empresas Refinor y Tecpetrol.Intentaron ocupar otras plantas donde se apost la Gendarmera.Ocho manifestantes fueron detenidos. Por la noche cortaron laentrada a la ciudad para pedir por la libertad de los arrestados.

    25 de noviembre. 200 desocupados realizaron una asam-

    blea en el barrio San Lorenzo, de Neuqun, para protestar contrala decisin del gobierno local de bancarizar con tarjetas a los pla-

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    nes sociales municipales y provinciales. Fueron reprimidos porla polica. Durante todo el da los vecinos se sumaron a la pro-testa que se extendi a zonas aledaas. Los manifestantes res-pondieron con piedras y barricadas para impedir el avance poli-

    cial con motos, carros hidrantes y otros vehculos. La represindej 22 personas heridas, 5 de ellas con balas de plomo.

    2004

    27 de enero. En Rosario es asesinada Sandra Cabrera, diri-gente de AMMAR (trabajadoras sexuales) de esa ciudad. Suscompaeras aseguran que el autor material est ligado a la poli-

    ca provincial. Sandra haba denunciado en los Tribunales de laProvincia de Santa Fe a los Jefes de la Divisin MoralidadPblica de la Polica, por recibir dinero de boliches para impe-dir el trabajo de las mujeres en la calle, y sacar del mercado alas competidoras, por amparar lugares de explotacin sexualinfantil, y por cobro de coimas a las prostitutas para no llevar-las presas (volante de CTA Rosario). Sandra y su hija de 8 aoshaban sido amenazadas varias veces. El 9 de enero, por ordendel subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi, se haba reti-rado la custodia policial de la casa de Sandra. Rossi argumen-t: No se puede hacer una custodia personal sobre una prosti-tuta callejera.

    26 de marzo. Mujeres piqueteras ocuparon la playa de tan-ques de petrleo crudo de la empresa TERMAP, en Caleta Oliva,Santa Cruz, en demanda de puestos de trabajo.

    28 de marzo. En Santiago del Estero 10 mil personas con-vocadas por familiares y amigos de las jvenes asesinadas en el

    doble crimen de La Drsena, Leyla Bshier Nazar y PatriciaVillalba, marcharon para apoyar el anuncio de intervencin fede-ral de la provincia. La gobernadora y su marido quedaron dete-nidos.

    30 de marzo. Ocupacin de la sede comercial de Repsol-YPFen la Capital Federal. En el expediente figuran filmaciones, foto-grafas y otras tareas de inteligencia desarrolladas sobre lasorganizaciones que participaron del hecho. El ex juez federalJuan Jos Galeano hizo lugar a un pedido del fiscal Carlos

    Stornelli para que se realizaran tareas de inteligencia sobre elMovimiento Teresa Rodrguez.

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    12 de abril. El gobernador de San Luis orden reprimir amaestr@s que ocupaban la Legislatura. 30 mil personas marcha-ron exigiendo la intervencin de la provincia.

    29 de abril. En un megaoperativo, en el que intervinieron

    ms de quince efectivos de la Comisara 6 de La Plata, elComando Patrulla y el Grupo de Prevencin Urbana detuvo en sucasa a Gabriel Roser, militante del MUP (que forma parte delFrente Popular Daro Santilln), destrozando parte de las insta-laciones de la copa de leche que funcionaba all. Fue acusado derobo al supermercado de un ex agente de esa comisara. Fue unacausa armada, como qued demostrado en el proceso judicial.Gabriel Roser qued en libertad, despus de un ao y sietemeses de detencin.

    30 de abril. Dos mil personas de la Multisectorial de SanLuis rodearon el edificio del Poder Ejecutivo con piquetes endemanda de la renuncia del gobernador. Fueron reprimidosviolentamente por la polica, con un saldo de 15 heridos y 55detenidos.

    5 de mayo. Se aprob la ley 25.892, que endureci el rgi-men para solicitar y otorgar la libertad condicional.

    4 de junio. Piqueteros marcharon con palos y las caras tapa-

    das por La Plata para reclamar que se investigue la muerte de unmilitante en un caso de gatillo fcil. As desafiaron la disposicinpedida por un fiscal de que se filme a los manifestantes que se nie-guen a dejar sus palos y a destaparse las caras para protestar.

    25 de junio. Fue asesinado de 7 tiros en el cuerpo, en sucasa, Martn Oso Cisneros, dirigente del Comedor Los Pibesde La Boca. Militantes de la Federacin de Tierra y Viviendatomaron la comisara 24 de la Boca para exigir justicia.

    16 de julio. La Legislatura portea aprob un proyecto de ley

    para reformar el Cdigo de Convivencia. Piqueteros, vendedoresambulantes, prostitutas, travestis y militantes de partidos deizquierda se concentraron para rechazar el tratamiento de los art-culos. La polica reprimi y hubo 23 detenidos y 8 policas heri-dos. De ellos 15 quedaron detenidos, acusados de graves cargos,y en el juicio oral fueron declarados inocentes. En septiembre del2005 obtuvieron la excarcelacin, tras 14 meses de prisin.

    26 de julio. Desocupados tomaron la planta petrolera de laempresa Terminales Martimas Patagnicas (TERMAP) por tiem-

    po indeterminado para exigir puestos de trabajo a las empresasRepsol-YPF, Vintage y Panamerican Energy.

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    18 de agosto. Fue sancionada la ley 25.928, que modific elartculo 55 del Cdigo Penal, permitiendo la imposicin de penasde cincuenta aos de prisin o reclusin.

    19 de agosto. Unas 200 personas ocuparon la playa de tan-

    ques de la firma TERMAP en reclamo de trabajo genuino. A las48 horas