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Jornada nacional de Fecode: 27 de agosto Nº 119 Bogotá, Colombia Valor $500 Agosto de 2014 En este número CRUCI CUT / 23 Un año del TLC con la Unión Europea Más devastación económica, violación y negligencia con los derechos laborales en Colombia. P. 3 Sin mayores avances, continúa negociación colectiva USO-Ecopetrol Presidente de la Subdirectiva USO en Barranca salió ileso de atentado; Entrevista a Héctor Vaca, secretario general de la USO. A diez días de terminar le etapa de prorroga en la negocia- ción colectiva entre la USO y Ecopetrol, ésta todavía no muestra avances importantes. P. 6 Los retos del nuevo ministro de Trabajo El reciente nombramiento de Luis Eduardo Garzón como ministro de Trabajo puede inter- pretarse como una buena señal para las y los trabajadores. P. 8 Actores colombianos se organizan por sus derechos laborales Los principales desafíos para ACA son la profe- sionalización y la dignificación de la labor cultu- ral del actor, el reconocimiento de sus derechos laborales y una participación más activa en las políticas culturales, como a su vez un código o ley que los ampare, más que como artistas, como trabajadores, lo cual conlleve a que ten- gan su propia ley y a su vez mas identidad con el gremio, mas unión. P. 11 Exitosas jornadas preparatorias del VI Congreso CUT Como antesala del VI Congreso CUT, se han realizado seminarios preparatorios de este evento a nivel nacional: el 18 y 19 de julio la subdirectiva de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta; la subdirectiva de Nariño en Pasto, el 16 y 17 de julio; la subdirectiva Magdalena en Santa Marta el 21 y 22 de julio; la subdirectiva Atlántico en Barranquilla el 24 y 25 de julio; la subdirectiva Bolívar en Cartagena el 28 y 29 de julio; la subdirectiva Cauca en Popayán el 4 y 5 de agosto; la subdirectiva Valle en Cali el 4 y 5 de agosto; la subdirectiva Antioquia en Medellín el 8 y 9 de agosto; la subdirectiva Boyacá en Tunja el 11 y 12 de agosto; las subdirectivas del eje cafetero en Pereira el 15 y 16 de agosto, las subdirectivas de Huila y Tolima en Ibagué el 15 y 16 de agosto. En la foto arriba el seminario nacional de la juventud trabajadora realizado el 20 y 21 de agosto en Bogotá. En las fotos de abajo, aspectos del seminario de Bogotá y Cundinamarca el pasado 31 de julio y 1 de agosto.

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Jornada nacional de Fecode: 27 de agosto

Nº 119 Bogotá, ColombiaValor $500 Agosto de 2014

En este número

CRUCICUT / 23

Un año del TLC con la Unión Europea

Más devastación económica, violación y negligencia con los derechos laborales en Colombia. P. 3

Sin mayores avances, continúa negociación

colectiva USO-Ecopetrol

Presidente de la Subdirectiva USO en Barranca salió ileso de atentado; Entrevista a Héctor Vaca, secretario general de la USO. A diez días de terminar le etapa de prorroga en la negocia-ción colectiva entre la USO y Ecopetrol, ésta todavía no muestra avances importantes. P. 6

Los retos del nuevo ministro de Trabajo

El reciente nombramiento de Luis Eduardo Garzón como ministro de Trabajo puede inter-pretarse como una buena señal para las y los trabajadores. P. 8

Actores colombianos se organizan por sus derechos laborales

Los principales desafíos para ACA son la profe-sionalización y la dignificación de la labor cultu-ral del actor, el reconocimiento de sus derechos laborales y una participación más activa en las políticas culturales, como a su vez un código o ley que los ampare, más que como artistas, como trabajadores, lo cual conlleve a que ten-gan su propia ley y a su vez mas identidad con el gremio, mas unión. P. 11

Exitosas jornadas preparatorias del VI Congreso CUT

Como antesala del VI Congreso CUT, se han realizado seminarios preparatorios de este evento a nivel nacional: el 18 y 19 de julio la subdirectiva de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta; la subdirectiva de Nariño en Pasto, el 16 y 17 de julio; la subdirectiva Magdalena en Santa Marta el 21 y 22 de julio;

la subdirectiva Atlántico en Barranquilla el 24 y 25 de julio; la subdirectiva Bolívar en Cartagena el 28 y 29 de julio; la subdirectiva Cauca en Popayán el 4 y 5 de agosto; la subdirectiva Valle en Cali el 4 y 5 de agosto; la subdirectiva Antioquia en Medellín el 8 y 9 de agosto; la subdirectiva Boyacá en Tunja el 11

y 12 de agosto; las subdirectivas del eje cafetero en Pereira el 15 y 16 de agosto, las subdirectivas de Huila y Tolima en Ibagué el 15 y 16 de agosto. En la foto arriba el seminario nacional de la juventud trabajadora realizado el 20 y 21 de agosto en Bogotá. En las fotos de abajo,

aspectos del seminario de Bogotá y Cundinamarca el pasado 31 de julio y 1 de agosto.

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2 Nº 119, agosto de 2014b a l a n c e t l c

Hace casi cuatro años y me-dio concluyeron las nego-ciaciones entre Colombia, Perú y la Comisión Euro-pea, que representa 28 países, para suscribir un

Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual hace un año entró en vigencia parcial. Como todos los TLC negociados y firmados por el Gobierno colombiano, este Acuerdo se basa en liberalizar el flujo comercial, bajar los aranceles, profundizar el rezago estructural de la economía colombiana, y fomentar un tipo de inversión sin ninguna regulación, acentuando el retraso produc-tivo e impactando negativamente la crea-ción y permanencia de empleos decentes en nuestro país, profundizando el modelo primario exportador en Colombia.

La asimetría en las relaciones comerciales entre Colombia y la Unión Europea (UE) no puede ser más pronunciada: la UE es la agrupación política y económica más grande del mundo en términos del tamaño de su mercado, mientras Colombia ocupa el puesto número 30.

Colombia, exporta hacia la UE principal-mente productos primarios, sobre todo petróleo y carbón, seguido por productos agrícolas. En cambio, las importaciones provenientes de la UE son principalmen-te de productos manufacturados, sobre todo maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. Firmar un TLC con naciones con alto desarrollo industrial y tecnológico es perpetuar la dependencia y atraso productivo que sufre nuestro país.

En Colombia dos sectores aglutinan las exportaciones hacía la UE: el agrícola y el minero-energético. En ambos es posi-ble identificar algunos de los problemas estructurales de la economía colombiana:

1. El empleo en el sector agrícola ha dis-minuido en años recientes. Se estima que entre 2010 y 2013 se perdieron 149 mil empleos.

2. El trabajo en el sector agrícola en Colombia es sinónimo de informalidad y de la imposibilidad práctica de los trabajadores para sindicalizarse. Solo existe un sindicato agrícola de industria que ha logrado ne-gociar convenciones colectivas de trabajo (CCT), y eso apenas en tres subsectores: banano, palma africana y azúcar.

3. En el caso de la minería, la locomotora minero energética de presidente Santos genera muy pocos empleos. Sólo un 1,1% del total de personas ocupadas en el país

trabaja en el sector minero, y en 2013 se perdió un total de 75.000 empleos en este sector.

4. En 2013 la participación del sector mine-ro y petrolero en el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano fue del 7,7%, generando una enorme riqueza para las empresas inversionistas mineras, dejando como contraprestación devastación ecológica, contaminación de las fuentes hídricas, fuer-tes daños a los patrones socio-culturales y las formas de vida de diversas etnias y comunidades campesinas en las zonas cercanas a los grandes proyectos.

Las organizaciones firmantes rechazamos la negociación, ratificación e implementa-ción del TLC con la UE, y todos los demás TLC y tratados bilaterales de inversión. Todos ellos priorizan la necesidad de otorgar aún mayores garantías y extender fuertes protecciones y exenciones tributa-rias a los inversionistas privados y reducir los costos para la actividad empresarial a gran escala.

Las organizaciones firmantes no avalamos el diseño, negociación e implementación discursivo de acuerdos paralelos laborales porque no implican obligaciones legales, ni establecen medidas punitivas cuando se incumplan, y no cambian el comportamien-to en materia laboral de gran parte de las empresas presentes en Colombia.

Reconocemos el esfuerzo de algunos miembros del Parlamento europeo que han presionado al Gobierno colombiano para que mejore las condiciones labora-

les y garantice los derechos laborales. La Resolución 2628 de junio 2012 del Parlamento, sobre el Acuerdo Comercial entre Colombia-Perú y la Unión Europea, establece algunas exigencias al Gobierno colombiano que, de ser implementadas a cabalidad, ayudarían a mejorar el pano-rama laboral en el país. No obstante, el Gobierno colombiano ha hecho caso omiso de la gran mayoría de las solicitudes y otras las ha implementado parcialmente.

A continuación listamos algunas de las fa-lencias en el sistema de regulación laboral en el país y la falta de políticas públicas que demuestran una carencia de voluntad y compromiso por parte del Gobierno co-lombiano para respetar, proteger y garanti-zar que las y los trabajadores colombianos puedan ejercer, libremente, sus derechos laborales.

Un año desde la implementación parcial del TLC entre Colombia, Perú y la UE; dos años desde la promulgación de la Resolución 2628 del Parlamento europeo; más de tres años desde la firma del Plan de Acción Laboral Obama-Santos; y casi tres años desde la entrada en vigencia del TLC entre Canadá y Colombia, el Gobierno está en deuda, e incluso ha habido retrocesos

Un año del TLC con la Unión Europea

Más devastación económica, violación y negligencia con los derechos laborales

en Colombia

en materia de tercerización e intermedia-ción laboral, informalidad laboral, violencia antisindical, impunidad de crimines contra sindicalistas, prácticas antisindicales, falta de espacios institucionales reales de diálo-go social, resolución de conflictos labora-les, actas legislativas, y medidas políticas que garanticen la libertad sindical y la ne-gociación colectiva, inspección laboral y la efectividad de sanciones por violaciones a las leyes laborales. Adicionalmente, se ha incrementado la actitud hostil y represiva del Gobierno frente a la protesta social y la lucha sindical.

Por todas estas razones, a un año de la vi-gencia parcial del TLC con la Unión Europea, ratificamos nuestra oposición al mismo y nuestro compromiso para la defensa de los derechos laborales, humanos y ambienta-les. Exigimos que nuestras peticiones sean escuchadas en forma democrática y no por medio de consultas informales y manipula-das, y hacemos un llamado a la comunidad internacional, el Parlamento europeo, al Parlamento colombiano y a los parlamentos nacionales de los países miembros de la Unión Europea, a exigir al Gobierno colom-biano que garantice estos derechos.

Firman esta declaración:

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Nº 119, agosto de 2014 3v i c o n g r e s o c u t

SindicatoRicardo Silva Romero

Tomado de www.elTiempo.com / 21 de agosTo de 2014

opinión

Carlos Castañeda Ravelo

secreTario general cUT BogoTá cUndinamarca

Se ha venido haciendo un esfuer-zo nacional desde el Comité Ejecutivo, consistente en tratar de difundir las diferentes ex-presiones y opiniones políticas acerca del papel de la CUT en

cuanto al qué y al cómo debe desarrollarse la Central y su accionar, frente al análisis político general que desde las distintas percepciones en esa instancia se tienen.

A manera de “tesis”, se condensaron para la discusión las diferentes opiniones del Sector Democrático, Polo Democrático Alternativo y Clasista, en cuadernillos que contienen el material, y que para efectos del seminario de Bogotá y Cundinamarca, se enviaron antici-padamente a los sindicatos.

Para la discusión al seno de la Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca y de las organi-zaciones sindicales que tienen presencia en su ámbito de acción, se convocó a sus dele-gados oficiales, de los delegados de los sin-dicatos y para las bases sindicales, a efecto de darnos una oportunidad para reflexionar sobre la CUT en el actual momento nacional y sobre la pertinencia de las tesis planteadas y la formulación de planteamientos de debate de cara al VI Congreso de la CUT.

Un trabajo deliberativo realizado durante los días 31 de julio y 1 de agosto del pre-sente año, en el auditorio de la Plaza de los Artesanos en Bogotá, sesionó en plenaria, comisiones y plenaria, con entre 80 y 100 delegados asistentes principalmente del magisterio, y también de los sectores salud, estatal, e industrial.

El seminario preparatorio se inició con la pre-sentación por parte del suscrito secretario general, quien presentó un breve saludo y se-guidamente hizo presentación del presidente, compañero Alfonso Ahumada, quien asumió la dirección de la reunión. Luego de saludar a los invitados y asistentes por el Comité Ejecutivo Nacional y delegados, se realizó una presen-tación de cada asistente.

Seguidamente, intervino ante el evento por parte del Centro de Atención Laboral de la CUT y la CTC, oficina de carácter jurídico para apoyo de los sindicatos y de trabajado-res, con o sin sindicato, su director, abogado Andrés Sánchez.

Con posterioridad y luego de saludar la pre-sencia de los miembros de la CUT Nacional, Tarsicio Rivera, Fabio Arias, Winston Petro, Alberto Vanegas, Rosalba Gómez, Ligia Alzate y Jorge Albín Anaya, iniciaron las presentaciones de cada sector, empezando por el Sector Clasista, Tarsicio Rivera; por el

Exitoso seminario preparatorio del VI Congreso de la CUT en Bogotá y Cundinamarca

Que un poco más de 900 de nuestros actores ha-yan tenido el coraje de pronunciar la palabra

‘sindicato’ en el Congreso es un in-esperado motivo para la esperanza.

Es un experimento sociológico: use usted con convicción la palabra “sin-dicato” en todas las reuniones que tenga en un mismo día, y lo más probable es que, en el mejor de los casos –luego de ser estigmatizado: luego de ser llamado “ingenuo”, “ma-merto”, “guerrillero”, “loco”, “mártir”–, reconozca del otro lado de la mesa una repetitiva cara de espanto que quiere decir “es mejor no meterse con eso”. “Sindicato” ha significado, en la Colombia de siempre, un peli-gro, una amenaza; una grosería, una indecencia. Que un poco más de 900 de nuestros actores hayan tenido el coraje de pronunciarla ayer en la mañana en el Congreso, como si sobre aquel escenario hubiera vuelto a significar, igual que en su origen, “hacer justicia con los otros”, es un inesperado motivo para la speranza.

Quien lee Sindicalismo asesinado, la gran investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, ve que de 1984 al 2009 en su propio país fueron ejecu-tadas por lo menos 2.732 personas por pertenecer a organizaciones sindicales; sabe que en la década pasada se cometieron en Colombia el 63 por ciento de los homicidios de sindicalistas que se cometieron en el mundo; y entiende que los protago-nistas de ese capítulo horrible de la horrible historia colombiana, desde el sindicalismo ensimismado hasta el Estado estéril, desde la guerrilla enajenada hasta el paramilitarismo megalómano (extraviados todos, cada cual a su manera, en la lógica trágica de la guerra), cumplen un par de siglos de caer en la trampa de justificar los crímenes de los unos por los crímenes de los otros: “por algo le pegaron un tiro...”.

Desde 1848, cuando se fundó, en la fúnebre Bogotá, la perseguida “Sociedad democrática de los arte-sanos”, Colombia ha sabido trans-mitirse de generación en generación su poderoso pavor a la asociación

entre los trabajadores. Pero ese miedo, me temo, también está por cambiar. Los actores son personas frágiles que sin embargo dan sus sistemas nerviosos a los demás: los actores son escritores que dan la cara, ni más ni menos, siempre en el borde de sí mismos. Cada vez que dejan atrás a un personaje, en el teatro o el restaurante o el cine o la calle o la televisión, se dicen a sí mismos “puede que este haya sido mi último papel”. Y, después de lo mal que la pasaron los asociados a Acto o al Cica que osaron defen-derse, resulta significativo –habla de una ciudadanía menos temerosa, más política: de un país nuevo– que hoy más de 900 estén reclamándole al Estado derechos de autor, seguri-dad social, jornadas justas.

El país es su escenario: no por nada han bautizado Acá, Asociación Colombiana de Actores, a su sindi-cato. Hablan de frente, sí, pero no hay en su voz rezagos de esa ce-guera ni de esa mediocridad ni de esa amargura que han sido industria nacional: hay, en su posición, simple cordura. Nombran a los ningunea-dos que han muerto, de pobres, en camerinos imaginarios. Cuentan la tragedia de un doble de 22 años, el indefenso Francisco Grisales, que se suicidó luego de sufrir –en el set de una telenovela– un accidente que lo dejó sin piernas. Saben que el pa-sado que describen los periódicos, ese infierno en donde los señores feudales siguen temiendo al comu-nismo y los presidentes aún pelean por quedarse con la Contraloría, no es lugar para ellos. Suben a los buses a decir lo que están haciendo por sí mismos, conscientes de que ahora nadie es más que nadie, pues sospechan que puede servirnos a todos de ejemplo.

Entienden que la pobre palabra “sindicato”, en un mundo de emplea-dores sensatos y de trabajadores buenos, no es sinónimo de “avis-pero”, sino de “seguridad”, “produc-tividad”, “calidad”, “justicia”. Y que, despojada del relato y del adjetivo “colombiano”, es hoy cuando hay que ponerla en escena.

VI CongrEso dE la CUT

Sector Democrático, Fabio Arias; y por el Polo Democrático Alternativo Winston Petro.

En la mañana y luego de las ponencias, exten-diéndose hasta la tarde, inició un intercambio de opiniones y preguntas de los delegados, para su atención por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional.

Al cierre de la jornada se discutió la pertinen-cia de mantener el evento por el segundo día, debido a la baja asistencia en ese momento, definiéndose finalmente mantener la actividad en comisiones durante el medio día restante como originalmente estaba previsto.

Luego de iniciada la jornada en el segundo día en comisiones, se agruparon los temas de debate para el VI Congreso en las siguientes comisiones, conforme la preparación del evento:

1. Política nacional e internacional.

2. Organización y estatutos (Pensionados).

3. Finanzas, educación y comunicación.

4. Paz, derechos humanos, género, juventud y medio ambiente.

Sus conclusiones fueron presentadas a la ple-naria con cerca de cien asistentes y recogidas y sistematizadas por parte de la CUT Nacional como insumos para el debate en el VI Congreso.

En el evento se presentaron algunos debates complementarios relativos a la organización del Congreso por proyectar solo las tesis de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, por la designación limitada de delegados oficiales y la presencia de fraternales invitados por el Ejecutivo Nacional, y porque no se precisó ade-cuadamente la agenda de la reunión.

Al cierre del evento, se valoró como muy positivo por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca la realización de la actividad, y el encuentro con los delegados, con quienes resulta fundamen-tal articular el trabajo futuro de la subdirectiva.

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4 Nº 119, agosto de 2014n o t i c u t

CUT rechaza la decisión de la Corte Constitucional que

acaba definitivamente con las pensiones convencionales

Luego de años de lucha en contra del Acto Legislativo 01 de 2005 que acabó con los regí-menes pensionales convencionales y lesionó gra-vemente el derecho a la Negociación Colectiva; de lograr varias Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical dirigidas al Estado colombiano solicitándole respetar la bilateralidad y Buena Fe de la Convención Colectiva de Trabajo y evitar que la expedición del A.L. afectara los derechos pensionales convencionales; de varias senten-cias de la Corte Constitucional en las que se definía una línea clara de aplicación obligatoria de las Recomendaciones del CLS de la OIT; de cientos de acciones de tutela en todo el país solicitando la aplicación de las solicitudes de la OIT a Colombia en el sentido de respetar la pen-sión convencional; este mes la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión que puso fin a toda la discusión por medio de sentencia de unificación SU-555 de 2014.

La CUT rechaza la decisión adoptada por la mayoría de la Corte Constitucional que implica la imposibilidad absoluta de negociación colectiva de derechos pensionales, al afirmar que sólo se respetan las pensiones reconocidas en virtud de Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes desde antes de 29 de julio de 2005 y máximo aquellas que se reconozcan con el cumplimiento de los requisitos del régimen convencional, antes del 31 de julio de 2010, fecha en la cual quedan proscritas en Colombia, la negociación colectiva sobre pensiones e incluso la posibilidad de apli-cación de cláusulas convencionales pactadas antes de tal fecha.

La CUT objeta, así mismo, que con esta decisión la Corte Constitucional varíe toda la jurisprudencia garantista con la que había reco-nocido la obligatoriedad de las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, para llegar a la lamentable postura de que éstas es-tán sujetas a la interpretación y apreciación de las autoridades nacionales, dejando en manos de cualquier autoridad administrativa, guberna-mental o judicial, la aplicación sesgada de los Convenios de la OIT.

La CUT rescata y agradece la coherencia ju-rídica y gallardía de los magistrados y magistrada Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa que salvaron su voto en esta fatídica decisión, dejando la constancia de que con ésta se da un retroceso constitucional, se desconoce la jurisprudencia, se regresa en cuanto a derecho de asociación,

sindicación, negociación colectiva y derechos laborales en general, se restringe el uso de la tutela para la aplicación de Recomendaciones de la OIT, llevándolos a concluir de esta sentencia, lo que compartimos:

“Respecto al desalentador panorama de las libertades sindicales en Colombia, los derechos humanos laborales se han quedado en simples proclamaciones retóricas”

El pasado 24 de julio la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión pendiente desde hace varios meses, sobre la revisión de tutelas en las que trabajadores y trabajadoras solicitaban el respeto y aplicación a las cláusulas convencionales que les otorgaban derechos pen-sionales especiales, y sobre todo la aplicación de las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, de eliminar definitivamente el tema pensional de la Negociación Colectiva. Así la Corte optó por aplicar sin más el Acto Legislativo 01 de 2005 que al modificar el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia dejó sin vigencia las cláusulas convencionales sobre pensiones tendrá aplicación después del 31 de julio de 2010.

La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional (SU-555 de 2014) tiene dos graví-simas repercusiones para los derechos laborales sindicales en Colombia:

En primer lugar, confirma la prohibición ab-soluta de la negociación colectiva de derechos pensionales y elimina cualquier posibilidad de que trabajadores y trabajadoras amparados por cláusulas convencionales pensionales que no cumplieron los requisitos especiales antes del 31 de julio de 2014 puedan pensionarse por el régimen especial que había logrado su sindicato por convención colectiva, quedando sujetos a los casi imposibles requisitos de la Ley 100 de 1993.

En segundo lugar, la Corte relativizó la obligatoriedad de acatamiento de Colombia a las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, al afirmar que las autoridades nacionales conservan un margen de interpreta-ción y apreciación de las mismas. Dejando al arbitrio de Colombia el nivel de aplicación de las recomendaciones del máximo intérprete de los Convenios y Recomendaciones de la OIT.

Valga la pena reconocer y agradecer la coherencia y conciencia jurídica y ética de los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y Magistrada María Victoria Calle Correa que salvando su voto en la nefasta sentencia, llaman la atención sobre las conse-cuencias de la misma afirmando que implica:

Con esta decisión se limita la negociación co-lectiva siendo ésta considerada como fundamen-tal por la OIT, lo cual podría tener implicaciones negativas sobre el conjunto de la negociación.

“Retroceso constitucional en los dere-chos de los trabajadores al acceso efectivo a la pensión convencional. Desconocimiento de los convenios internacionales del tra-bajo por interpretación restrictiva del acto legislativo 01 de 2005... paradójicamente, la Corte Constitucional presenta un ciclo involutivo en la realización efectiva de las libertades de asociación, de sindicalización, de negociación colectiva y de acceso a la seguridad social... con la presente decisión se ha borrado de un tajo el precedente cons-titucional, al modificar de manera nefasta la jurisprudencia constitucional que hasta hoy se había vertido. Las recomendaciones de

la OIT ya no obligan, sino que se dejan al arbitrio de la autoridad nacional (gobierno y jueces) apreciar su compatibilidad con la Constitución. Ello implica dar una marcha atrás respecto de los niveles de realización alcanzados en los derechos laborales por más de veinte años, desconociendo fla-grantemente la prohibición prima facie de retrocesos constitucionales...

Finalmente, las conquistas alcanzadas por los trabajadores con las convenciones colectivas se desmontan, impidiendo crear nuevos espacios de negociación. La impor-tancia de forjar un rostro social y humano a los reclamos laborales permite superar el descontento social, además de fortalecer las organizaciones sindicales y la expresión co-

lectiva. Respecto al desalentador panorama de las libertades sindicales en Colombia, los derechos humanos laborales se han queda-do en simples proclamaciones retóricas”.

Desde la CUT reconocemos que esta senten-cia de unificación, por ser general y de obligatorio cumplimiento, implica que en Colombia jurídica-mente ya no tenemos cómo discutir derechos pensionales por vía de la negociación colectiva, pero sindical y políticamente la lucha sobre el tema no ha terminado, la movilización y denun-cia seguirán siendo nuestra estrategia principal.

Bogotá, 11 de agosto de 2014Luis Alejandro Pedraza Becerra PresidenteFabio Arias GiraldoSecretario general

av_centrales_ref_subsidio_122x232.pdf 1 8/08/14 11:18

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Nº 119, agosto de 2014 5sindicalismo internacional

La Confederación Sindical Inter-nacional (CSI) condena de la manera más enérgica las decla-raciones del primer ministro de

Suazilandia, Sibusiso Barnabas Dlamini, quien esgrimió como amenaza que los líderes sindicales y de derechos huma-nos que asistan a la Cumbre Africana en Washington, serán ahorcados a su regreso.

En julio, Estados Unidos decidió suspender a Suazilandia las ventajas y preferencias comerciales en el marco de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (Agoa, por sus siglas en ingles) a partir del 1 de enero de 2015. La decisión se debe a que el Gobierno de Suazilandia lleva años cometiendo violaciones graves y sistemáti-cas contra los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Estas violaciones incluyen el encarcelamiento de dirigentes sindicales, la cancelación del registro de la federación sindical Tucoswa y la prohibición de huelgas y manifesta-ciones. En enero de 2014, la Misión de Investigación de Alto Nivel de la OIT a Suazilandia concluyó que "no se han he-cho avances concretos ni tangibles sobre los diversos asuntos relativos a [la libertad

sindical], algunos de las cuales están pen-dientes desde hace más de una década".

"El primer ministro profirió su amena-za al ser interrogado por miembros del Parlamento sobre lo que el Gobierno pre-tende hacer para recuperar las ventajas en el marco de la Ley Agoa. El Sr. Dlamini no puede culpar absolutamente a nadie más que a su propio Gobierno por la pérdida de estas preferencias", explicó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI. "Más allá de los apretones de manos e intercam-bios de cortesía en la Cumbre Africana, el Gobierno de Suazilandia ha mostrado su verdadero rostro. Hacemos un llamado a los Gobiernos para que insten inmediatamente al Gobierno de Suazilandia a retirar pública-mente su amenaza y garantizar la seguridad de estos valientes activistas a su regreso. Además, instamos a los países que conce-den preferencias comerciales a Suazilandia a unirse a EE.UU. e iniciar el procedimiento de retirar dichas preferencias hasta la fecha en que se respeten en Suazilandia los de-rechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras tanto en la legislación como en la práctica". Bruselas, 8 de agosto de 2014 (CSI En línea).

CSICSICSICSIC o n f e d e r a C i ó n S i n d i C a l i n t e r n a C i o n a l ( C S i ) e n l í n e a

El Gobierno de Suazilandia amenaza con la horca a líder sindical

La CSI esta horrorizada ante la cifra de muertos en Gaza, en su mayoría civiles. Escuelas, hospitales y la única planta eléctrica del territorio han sido

bombardeados, provocando fuertes críticas por parte de Naciones Unidas, que cuenta entre los muertos a varios integrantes de su personal. Los ataques contra civiles vul-neran el derecho internacional y la ONU ha hecho un llamamiento para que se asuman responsabilidades y se haga justicia.

“La única solución es un cese el fuego permanente con la intervención de la co-munidad internacional para obligar a que las partes presentes en la mesa de nego-ciaciones concluyan un acuerdo negociado que ponga fin al bloqueo de Gaza y a la ocupación de Palestina. El pueblo de Israel y el pueblo de Palestina no podrán tener un futuro pacífico y seguro garantizado a menos que acuerden una solución basada en dos Estados, donde todos los hombres y las mujeres puedan vivir en paz y en segu-ridad y construir un futuro para ellos y para sus hijos”, ha expresado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

La CSI solicita a los Gobiernos que inter-vengan y apoyen un plan de cinco puntos a favor de la paz, a saber:

1. Un cese el fuego permanente;

2. Ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza;

3. La suspensión inmediata de todo envío de armas, munición y otro equipo o tec-

nología militar que se utilizan contra los civiles;

4. El levantamiento del bloqueo sobre Gaza;

5. Un acuerdo negociado que dé lugar a una solución basada en dos Estados con la legitimidad del derecho interna-cional.

La CSI solicita a sus organizaciones afilia-das y a las personas afiliadas a sindicatos a que manifiesten su compromiso con la paz y envíen una tarjeta postal al secreta-rio general de la ONU, Ban Ki-moon, para demostrarle que puede contar con todo nuestro apoyo para lograr la paz.

Para participar en la campaña de tarjetas postales de la CSI, visiten el sitio web www.bypost.com/peacelikemine y utilicen un ordenador o un dispositivo móvil para enviar una tarjeta real que será entregada al secretario general de la ONU, con su foto y mensaje personal.

La foto puede ilustrar su visión personal de la paz, y pueden enviarle un mensaje que ex-prese lo que ustedes desean para el pueblo de Palestina y de Israel y solicitar al secretario general de la ONU que proteja a los habitan-tes de Gaza y logre la paz permanente.

Las afiliadas pueden efectuar asimismo donaciones urgentes a la iniciativa de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) de ayuda humani-taria para Gaza, en www.itfgazafund.org. Bruselas, 7 de agosto de 2014 (CSI EnLínea).

Llamamiento de acción de la CSI respecto a Gaza

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6 Nº 119, agosto de 2014l a b o r a l

Con el propósito de enten-der mejor qué es lo que la USO negocia con Ecopetrol en la mesa, y las razones que alientan las principales

demandas contenidas en el pliego, esta Agencia de Información entrevistó hace algunos días a Héctor Vaca Céspedes, secretario general de la USO, segundo cargo en importancia en esta organización, y persona que lleva 26 años laborando en Ecopetrol, 20 de ellos afiliado al sindicato y los últimos 14 como dirigente nacional de la USO, en cargos como secretario de asuntos agrarios, asuntos energéticos, educación y en el último año como secre-tario general.

¿En qué condiciones negocia la USO este pliego, después de 5 años de no sentarse en una mesa de negociación?

La USO lleva 5 años sin negociación co-lectiva, situación que ha sido criticada en el ámbito sindical porque es un período muy largo, que deja al sindicato inactivo. Pero es que cuando se negoció hace 5 años eran otras las condiciones. La USO estaba debi-litada por una huelga, con grandes deudas, 216 trabajadores despedidos, dirigentes en su gran mayoría. Hoy la situación es distinta. En los últimos 5 años rompimos los esquemas que traíamos y logramos organizar y movilizar buena parte de los trabajadores tercerizados, que conforman hoy la gran masa laboral de la industria petrolera. Con ellos la USO pasó de tener 7 mil afiliados a 23 mil; de 13 subdirecti-vas pasamos a tener 20 en el país; de 8 convenciones colectivas firmadas pasa-mos a tener 18, con diferentes empresas: Occidental, Esso Mobil, Chevron Texaco, Terpel, Slumberger. Y uno de los objetivos políticos centrales de esta negociación es entrar a Rubiales. Lo otro es que ha madu-rado la nueva generación que hoy lidera el sindicato, gente más joven. La huelga en el 2004 develó debilidades que teníamos, como era la no renovación de los cuadros directivos. Hicimos una transformación en la educación sindical para que el trabajador petrolero y las comunidades conocieran qué es la USO y cuál ha sido su aporte en la lucha para que el recurso petrolero traiga más beneficios al país.

El pliego que esta vez presentó la USO a la negociación es integral, comprende varios ejes temáticos. ¿Cuáles diría usted que son esos ejes?

Son varios. Uno es el tema de la política petrolera, otro es el tema laboral en lo que respecta a las condiciones económicas, lo sindical y el asunto de la tercerización, que para nosotros es muy importante; está el tema de la protección del medio ambiente y el de reparación colectiva por los crímenes padecidos por la USO.

Empecemos por el primero: la política petrolera. ¿Cuáles son las demandas en este tema?

Fortalecer a Ecopetrol y la participación del Estado en la renta petrolera. Hoy buena parte de zonas petroleras son manejadas y explotadas por multinacionales. ¿Qué le queda de eso al país? La USO se ha caracterizado por no limitarse a los temas laborales, también toca los políticos. De hecho la nacionalización del petróleo y la creación de Ecopetrol en 1948 fue un logro de la USO. En el año 2000 peleamos la reversión del campo Castilla, en el Meta. Ecopetrol no lo quería recibir, Chevron-Texaco sí lo querían, pero la USO dio la

Escuela Nacional Sindiocl (ENS)

A diez días de terminar le etapa de prorroga en la negocia-ción colectiva entre la USO y Ecopetrol, ésta todavía no muestra avances importantes,

básicamente porque la comisión negocia-dora de la petrolera estatal se muestra renuente a discutir los puntos nuevos del pliego de peticiones, y en cambio insiste en negociar puntos que no están en el pliego y que considera de interés para la empresa.

El pliego presentado por la USO es integral y comprende puntos que van desde lo sa-larial hasta la política petrolera, e incluye el tema de la vinculación directa de por lo menos 16 mil trabajadores tercerizados que cumplen labores permanentes y mi-sionales; trabajadores que la semana pa-sada realizaron un paro de 24 horas para presionar ese punto de la negociación, el cual se cumplió en un 80%.

Y de otro lado, el ambiente de la negocia-ción se vio alterado por el atentado del que fue víctima anoche en Barrancabermeja John Alexánder Rodríguez, presidente de

la Subdirectiva Centro de la USO, atacado de 11 disparos contra el vehículo blindado en el que viajaba hacia su residencia en las afueras de la ciudad. El dirigente salió ileso.

En un comunicado en el que condena este atentado, la USO también llama la atención sobre el “ambiente enrarecido” que han generado en la mesa de nego-ciación las medidas restrictivas tomadas por la empresa para impedir el ingreso de dirigentes y activistas sindicales a los lu-gares de trabajo, arguyendo “medidas de seguridad” ante los atentados que grupos armados han perpetrado en los últimos días contra la infraestructura petrolera, atenta-dos que la USO ha rechazado pública y enérgicamente.

“Estas posiciones ambiguas por parte de la administración de Ecopetrol hacia los trabajadores sindicalizados, ocasiona que grupos oscuros conviertan en objetivo mili-tar a nuestros dirigentes”, señala el sindica-to en un aparte del comunicado, al tiempo que insta a la Fiscalía a adelantar una seria investigación que dé con los autores de los disparos contra el vehículo del dirigente de Barranca, el cual hasta el momento ningu-na organización ha reivindicado.

sin mayores avances, continúa negociación colectiva Uso-Ecopetrol

–Presidente de la Subdirectiva USO en Barranca salió ileso de atentado–

–Entrevista a Héctor Vaca, secretario general de la USO–

Entrevista con Héctor Vaca

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Nº 119, agosto de 2014 7l a b o r a l

C L A U D I A L O P E Z

A I R E V U L P E J A

P R O M A R E A N I

C R A M P O N E S S A N

L U L I A R I C A E I L A

U N I C O I R E S N O B

C I C H E R O P A G A N O S

H A O C U R R E N N E R O

O T A S A M A D E L A S O R

G A Z A I D E A L E S T B

A S A A C I R A T Z O O

R F A C H A O D R E

Z E R O A N T I G A S

O V A R I C A S A D E

N O N L A S T I M A S

4 3 7 9 1 6 5 8 2

8 1 9 7 5 2 6 4 3

2 5 6 3 4 8 9 7 1

3 6 2 5 8 4 1 9 7

1 7 8 6 2 9 3 5 4

5 9 4 1 3 7 2 6 8

7 2 5 4 6 1 8 3 9

9 8 3 2 7 5 4 1 6

6 4 1 8 9 3 7 2 5

9 6 3 7 1 8 2 5 4

4 1 7 5 2 3 8 9 6

2 8 5 6 9 4 7 1 3

1 9 8 3 7 6 5 4 2

3 4 2 8 5 1 9 6 7

5 7 6 9 4 2 1 3 8

6 5 9 4 8 7 3 2 1

8 2 4 1 3 5 6 7 9

7 3 1 2 6 9 4 8 5

4 5 9 6 7 8 3 1 2

2 6 7 1 9 3 4 8 5

8 3 1 4 5 2 7 6 9

6 7 8 5 4 9 1 2 3

3 4 5 2 8 1 6 9 7

1 9 2 3 6 7 5 4 8

5 1 3 8 2 4 9 7 6

9 2 4 7 3 6 8 5 1

7 8 6 9 1 5 2 3 4

solUCIonEs sudokus y crucigrama / agosto

pelea, demostró que recibirlo era econó-mica y socialmente más rentable para el país. Hoy es el principal campo explotado directamente por Ecopetrol. Creemos que debemos seguir la misma línea en el caso del contrato con Pacific Rubiales, que re-vierte en el 2016, para que pase a manos de Ecopetrol y no suceda lo que ocurrió en Caño Limón, donde extendieron de mane-ra arbitraria el contrato y la renta, que ha quedado en los bolsillos de la Occidental.

Otro aspecto político incluido en el pliego es la inversión social en las zonas de influencia de Ecopetrol. Que no siga haciendo los cur-sitos a comunidades, a cada junta de acción comunal, sino que desarrolle proyectos de alto impacto. Porque hoy el sentimiento de las comunidades y del país es que de la explotación mineroenergética al país solo le están quedando problemas. Tú vas a Puerto Gaitán y a otras zonas petroleras y te encuentras pueblos sin vías, sin servicios públicos, la violencia disparada, superin-flación, elevada prostitución, y la gente se pregunta si no estaban mejor cuando vivían de la ganadería, la agricultura y la pesca. No estamos diciendo que Ecopetrol reemplace el papel del Estado, pero sí que la renta pe-trolera que sale de esas regiones vaya en parte a inversión social.

En ese tema se han cerrado los espacios por el poder de las multinacionales. Pacific Rubiales se apoderó de los grandes me-dios de comunicación con una gran pauta publicitaria, en la que aparece como bene-factora del país cuando en realidad se está llevando nuestros recursos.

¿Qué contenidos hay en el pliego en el tema ambiental?

Van en la perspectiva de que Ecopetrol se comprometa con el manejo ambiental de su operación y sea ejemplo para las demás multinacionales petroleras. Por ejemplo, no debe continuar vertiendo aguas servidas de la industria a las fuentes de agua, que es-tán contaminando las principales cuencas hídricas. Si bien les hace un tratamiento químico antes de verterlas, de todas ma-neras quedan contaminadas. Una alterna-tiva técnica es reinyectar esa agua en los pozos. Es un poco más costoso, pero se protegen mejor las fuentes.

Y sobre el uso de nuevas tecnologías ex-tractivas para la recuperación secundaria del petróleo, ¿qué piensa la USO?

Es otro punto del pliego: la discusión del alto impacto que tiene la sísmica, el frac-king, la combustión en situ, las nuevas tecnologías. La combustión consiste en calentar el petróleo, quemarlo y lograr ma-yor fluidez hacia la superficie. Las pruebas piloto que en asocio con Pacific Rubiales se venían haciendo en campo Quifa, no dieron el resultado esperado. Es que eso tiene dos problemas: el económico y el ecológico. El primero es que estamos quemando nuestro petróleo y lo vamos a dejar ahí en forma de carbón. Se calcula que hay que quemar el 70% del petróleo para sacar sólo el 30%.

La sísmica 3D y 4D consisten en hacer detonaciones trianguladas para obtener una imagen aproximada del tamaño del ya-cimiento. Nuestras cordilleras son muy jó-venes, de rocas más arenosas que ígneas, entonces esas explosiones generan ines-tabilidad en los terrenos, sobre todo en el pie de monte, donde se han presentado de-rrumbes, cerrado vías y desestabilizado los terrenos. Y el fracking consiste en romper rocas sedimentarias donde está atrapado el gas y el petróleo. Son rocas muy duras, con un problema que ya se está viendo en Estado Unidos: cuando se rompen el flujo de gas o de petróleo puede contaminar los ríos o las aguas subterráneas. Así que en el pliego le estamos pidiendo a Ecopetrol que sea responsable socialmente y haga bien los estudios del impacto de esas nuevas tecnologías. Y que se formulen políticas que reglamenten su uso, involucrando a los ministerios de minas y medio ambiente.

¿Y en lo laboral qué temas se discuten?

El punto más importante es la lucha frontal contra la exagerada e ilegal tercerización que hoy existe en Ecopetrol mediante em-presas contratistas y subcontratistas. Su proliferación es una estrategia para debilitar a la USO. La nómina directa de Ecopetrol en sus actividades misionales es de 8.800 trabajadores, pero la nómina paralela de tercerizados es cuatro veces más grande: más de 40 mil trabajadores, a quienes no les aplican los derechos convencionales. Y de ésos, unos 8 mil realizan labores misio-nales permanentes, y por eso legalmente deben tener vinculación directa. Hoy plan-teamos para Ecopetrol una nómina cerca-na a los 16 mil trabajadores directos, que incluya los tercerizados que hacen labores misionales.

¿Qué trabajo sindical ha hecho la USO con los tercerizados?

De los 40 mil trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas, casi la terce-ra parte ya está afiliada a la USO. El apoyo a los tercerizados ha implicado para el sin-dicato una actividad de movilización perma-nente, como ocurrió por ejemplo en Puerto Gaitán, donde los trabajadores llamaron la USO y allá estamos dando la pelea contra Ecopetrol y las multinacionales que operan en el área del Meta, hoy el primer produc-tor del país y donde más inversión se está

haciendo. Nosotros decimos: si el petróleo está generando tanta riqueza, ¿por qué quieren que las empresas contratistas se queden con parte de lo que debería llegar directamente a los trabajadores?

¿Y en la parte salarial y económica, qué contempla el pliego?

Vamos a recuperar la capacidad de po-der adquisitivo del trabajador petrolero, que en los últimos 10 años se ha venido erosionando. Si nos comparamos con los trabajadores de otras empresas del sector, los convencionados de Ecopetrol tenemos salarios 20% más bajos. Hay unas empre-sas que están por debajo de Ecopetrol en salarios, pero la mayoría está por encima. Ese análisis no lo hizo la USO, lo hizo una multinacional consultora de Ecopetrol. Por eso pedimos un aumento salarial significati-vo para cerrar esa brecha. Los trabajadores del Acuerdo 01, que hacen la misma labor que los convencionados, ganan más, tie-nen más beneficios. Ellos sí están en el promedio de la industria.

A propósito del Acuerdo 01, que existe en Ecopetrol desde 1977, y que el sindicato considera un pacto colectivo disfrazado, incluso entabló querella contra Ecopetrol por eso. ¿Qué piden en ese punto?

Ecopetrol tiene 8.800 trabajadores direc-tos, 2.300 de ellos afiliados al sindicato. Al resto lo cobija el Acuerdo 01, por el cual trabajadores que eran técnicos operativos de nómina convencional, los convirtieron en nómina de manejo y confianza. Y les dan unas gabelas por encima de la convención colectiva para impedir que se afilien al sin-dicato. Porque para pertenecer al Acuerdo debe renunciar al sindicato. Es de hecho un pacto colectivo, que ha bloqueado el crecimiento de la USO dentro de Ecopetrol. Eso cambió el esquema de relacionamiento pero también de costos en la empresa, y es otro de los temas centrales en el pliego. Ahora la táctica es llamar a los del Acuerdo para que se afilien al sindicato, y seguir en la discusión de ese punto con la empresa. Queremos que se establezca un escalafón único bien remunerado, donde no existan discriminaciones.

¿Y en el tema de operatividad sindical?

Le estamos planteando a Ecopetrol más garantías para que el sindicato pueda ejer-

cer su actividad. La USO ha crecido, se ha multiplicado, necesita llegar a áreas don-de antes no había explotación petrolera, y donde Ecopetrol no permite el ingreso. Necesitamos más garantías para que el sindicato llegue a esos trabajadores: permisos remunerados y ayudas en pa-sajes para hacer esos desplazamientos. Eso puede incluso ayudarle a Ecopetrol a arreglar los problemas laborales que tiene en esas áreas. Y con las empresas asociadas a Ecopetrol el asunto es peor. A Pacific Rubiales llegamos y pusieron el ejército y las empresas de vigilancia privada a impedirnos la entrada. Estamos planteando que en las empresas que Ecopetrol tiene en sociedad no nos res-trinjan el ingreso.

Finalmente, el pliego incluye un punto sobre reparación colectiva. ¿De qué se trata?

Está en el capítulo sobre derechos huma-nos. A los largo de sus 91 años de historia la USO cuenta 106 dirigentes asesinados, y seguimos siendo amenazados por todo el país. La USO, como el conjunto del sindicalismo, ha sido perseguida por la ultraderecha y por los mismos gobiernos. Ya es necesario entrar en el escenario de la reparación, que el Estado reconozca la responsabilidad que tiene en que hoy el sindicalismo colombiano tenga solo el 4% de afiliación. Las campañas de rei-vindicación del sindicalismo no pueden ser coyunturales, deben ser sistemáticas, que reconozcan el papel de los sindicatos y la necesidad de que éstos sean fuertes. Por eso, aparte del tema de la memoria histórica y la reivindicación de nuestros líderes asesinados, estamos planteándo-le al gobierno y a Ecopetrol que hagan un reconocimiento del papel relevante de la USO en la historia del país.

¿Algo más para terminar?

Sí, que hoy la USO está fortalecida, sigue dando la pelea contra el saqueo de nues-tros recursos naturales, cuenta con una or-ganización que privilegia el interés nacional y que quiere que el país salga adelante. Le apostamos a la paz como algo esencial en el desarrollo del país, y queremos seguir contando con el respaldo del movimiento sindical y de las poblaciones donde desa-rrollamos nuestras actividades.

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8 Nº 119, agosto de 2014l a b o r a l

Verónica Tabares Muñoz

sUBdirecTora (e) ens

El reciente nombramiento de Luis Eduardo Garzón como ministro de Trabajo puede interpretarse como una buena señal para las y los trabajadores, pues se

trata del nombramiento de una persona que viene del movimiento sindical y cono-ce bien la realidad del trabajo en el país, y seguramente va a generar confianza en diversos sectores sindicales a través de acciones contundentes en la promoción del trabajo decente.

Son muchos los retos que tiene esta car-tera, principalmente relacionados con la formalización, la protección de las liberta-des sindicales y la necesidad de revertir la cultura antisindical que se mantiene en el país.

Es menester que esta cartera cumpla un contundente papel en la formulación y dirección las políticas de generación de empleo, de seguridad social y de formación para el empleo. Además, debe fortalecer su capacidad para hacer cumplir los derechos laborales mediante la inspección del trabajo y promover y fortalecer los actores del diá-logo social, asunto en el que se esperaría sea de gran importancia la experiencia del nuevo ministro.

Deberá tener también la suficiente capaci-dad para responder al conjunto de retos la-borales y sindicales del momento, y cumplir con los estándares mínimos fijados por los convenios de la OIT y las recomendaciones de la Misión del Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, pues aún hay asuntos pendientes.

Hoy vale la pena recordar las tareas pen-dientes y deudas que el Ministerio de Trabajo tiene con las y los trabajadores:

1. Implementar políticas promotoras y protectoras de empleo

En la agenda del país es central la supera-ción del déficit de trabajo decente. Es decir, el trabajo con contrato laboral, seguridad social, libertad de asociación, negociación y huelga debe ser una prioridad. Se re-quiere un gran pacto social que redefina los objetivos del desarrollo económico, el papel del Estado y de las empresas, y que ponga el trabajo decente en el centro de la política social. Podría ser el inicio del cum-plimiento de la promesa del Estado Social consagrado en el Constitución del 91.

Según las metas de empleo planteadas por el gobierno Santos en 2010, se crea-rían 2,4 millones de empleos nuevos has-ta 2014, lo que se cumplió parcialmente, pues se crearon 1´822.000 empleos en el cuatrienio y buena parte de éstos en condiciones precarias. Esta es una deuda con los trabajadores que se debe saldar. Para este nuevo período se esperaría que, por lo menos, se cumpla la nueva meta de 2,5 millones más de nuevos empleos sin precariedad y de calidad.

Y de manera particular se deben garantizar las condiciones de trabajo decente para las mujeres. Debería ser tema de especial atención para el Ministerio de Trabajo la realización de inspecciones en materia de discriminación contra las mujeres, adoptar indicadores de trabajo decente con pers-pectiva de género y fomentar la equidad de género en el mundo del trabajo mediante la concertación de políticas públicas y garan-tizar el acceso de las mujeres al empleo en condiciones de trabajo decente.

Para tomar decisiones acertadas en este sentido, será necesario mejorar el conoci-miento y la información sobre el empleo de la que dispone el Ministerio, esto requerirá el rediseño concertado de las encuestas que realiza el Dane relacionado con las condiciones de empleo, de tal manera que todas las facetas del trabajo decente pro-puestas por OIT sean incluidas.

2. Impulsar la formalización del empleo

Se requieren procesos de diálogo so-cial, estrategias de reforzamiento de la inspección laboral, sancionar formas de intermediación laboral ilegal, campañas de sensibilización y formación a servido-res públicos, empresarios, sindicalistas y trabajadores sobre el Trabajo Decente y la libertad sindical, y promover pactos secto-

riales tripartitos por el Trabajo Decente. Un importante paso sería formalizar el trabajo al interior del mismo Ministerio del Trabajo, en el Sena y promoverlo en el conjunto de las instituciones del sector público.

3. Fortalecimiento del sistema de inspección laboral

Un importante reto para el nuevo ministro es hacer efectivo un sistema de inspección laboral en Colombia, para esto se requiere de las condiciones materiales y los medios humanos suficientes.

Por ello es necesario contar con un número de inspectores suficiente, que deben llegar a 2.000 por lo menos; inspectores capaci-tados y especializados, con competencias para enfrentar las distintas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos laborales, con la autoridad suficiente para hacer efectivas sus decisiones, conve-nientemente remunerados al mismo nivel de los jueces laborales, en carrera admi-nistrativa, con independencia y controles a sus actuaciones y que dispongan de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Además es necesario hacer inspección preventiva. Estas medidas deben tener un impacto significativo en el ejercicio de la libertad sindical y en la reducción de la ilegalidad en materia laboral.

4. Fortalecer su papel en la garantía de las libertades sindicales

Es de vital importancia que el Ministerio del Trabajo promueva y defienda las libertades sindicales en Colombia, pero que además sancione sin titubeos el uso ilegal de los

pactos colectivos y planes de beneficios, y juegue un papel importante en la discusión sobre el derecho de huelga en el país.

Debe además, jugar un papel destacado en la reparación colectiva al movimiento sindi-cal, entendida ésta, principalmente, como la oportunidad de transformar las condi-ciones de trabajo y libertades sindicales, tomando todas las medidas para remover la cultura antisindical que vive el país, por ejemplo, con campañas de comunicación permanentes, foros, seminarios y publica-ciones que expliquen el lugar fundamental del sindicalismo en la democracia.

5. Fortalecimiento de un sistema de justicia laboral

Debe asegurarse un sistema ciudadano de denuncias, que resuelva los obstáculos que las y los trabajadores y las organizaciones sindicales encuentran para denunciar, tales como líneas de atención con horarios ade-cuados para los trabajadores, reserva de los datos de los denunciantes, entre otros.

Además debe garantizarse el acceso a la justicia (en el caso de querellas laborales ante el Ministerio de Trabajo) en condicio-nes de celeridad, implementar medidas que descongestionen los casos represados, y que se garantice imparcialidad para prote-ger los derechos de las y los trabajadores.

El nuevo ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, tiene el conocimiento, la trayecto-ria y la capacidad política para, a partir de un amplio proceso de diálogo social, con-vertir la agenda del Trabajo Decente en una agenda del país, que sin duda contribuirá a la construcción de una paz duradera.

los retos del nuevo ministro de Trabajo

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Nº 119, agosto de 2014 9s i n d i c a l

VI CongrEso dE la CUT

Agencia de Información Laboral

Auto proferido por el Viceministro de Relaciones Laborales, José Noé Ríos, da aplicación al poder preferente por parte de ese despacho en el caso de las

28 querellas que el pasado 15 de mayo la presidencia de la CUT y un número igual de sindicatos presentaron ante el Ministerio por el uso indebido de pactos colectivos y planes de beneficios en empresas donde ya existen convenciones colectivas.

Quiere decir que el Ministerio pone especial atención en la investigación y trámite de las 28 querellas, pues éstas quedan bajo la responsabilidad directa del Viceministro de Trabajo y no de los inspectores regionales, por lo que se espera una mayor eficacia y celeridad en el trámite de las mismas.

El control preferente lo establece el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012, que dispone que el Viceministro de Relaciones Laborales ejercerá poder preferente cuando las inves-tigaciones corresponden a temas de espe-cial complejidad e interés nacional por el impacto económico y social que producen. Esta condición la cumplen las 28 querellas presentadas contra los pactos colectivos.

En la preparación y formulación de las 28 querellas los sindicatos contaron con el apoyo de los Centros de Atención Laboral de Bogotá, Medellín, Cartagena y Bucaramanga, y adjuntaron todo tipo de pruebas que demuestran cómo la prolife-ración de pactos colectivos y planes de beneficios constituyen hoy serias trabas al derecho de asociación y el desarrollo de las organizaciones sindicales. De ahí la expectativa que el caso ha generado entre los sindicatos querellantes.

“Es positivo y lo consideramos un avance porque la experiencia que tenemos con los inspectores regionales no es buena. Bajo la responsabilidad de los inspectores en las territoriales las querellas pierden visibilidad y quedan al criterio de cada inspector”, señaló Robinson Larios, abo-gado integrante del equipo jurídico de la ENS. Agregó que se espera que en unos dos meses se produzcan resoluciones de primera instancia decidiendo sanción, si la hubiere, con base en las pruebas que los sindicatos presentaron.

Distribución en las regionales

Por resolución, el Viceministerio de Trabajo repartió las 28 querellas de acuerdo con la región sede del sindicato querellante, de la siguiente manera (en paréntesis aparece la empresa querellada):

• A la dirección de Antioquia corres-ponden las querel las presenta-das por Sintrafortox (Fortox S.A.), Sintrasodimac (Sodimac), Sinaltralac (Galletas Noel SAS), Sintrapulcar (Papeles y Cartones S.A Paopelsa), Sintranutresa (Comercial Nutresa SAS), Sintrainduleche (Proleche), Sintratextil (Leonisa), Sintralimenticias (Galletas Noel SAS), Sintradihitexco (Lindalana SAS), Sintracorpaul (Hospital Universitario San Vicente de Paúl), y Sinthol (clubes Campestre y El Rodeo).

• A la dirección de Bogotá las de los sindicatos Unitrapelpak (Pelpak S.A), Sintrametal (AVE Colombiana SAS), Sintralimenticia (Comercial Nutresa SAS), Sinaltrainabec (Brinsa S.A), Utraclaro (Telmex), Aceb (Banco BBVA), Sintracolpen (Colpensiones), Uneb (Banco Bbva).

• A la dirección territorial del Bolívar co-rresponden las querellas instauradas por los sindicatos Sinaltracaf (Fenalco, Andi y Comfenalco), Sntt Seccional Cartagena (Comas S.A), y Sintrava (Avianca).

• A la dirección territorial del Valle del Cauca las querellas de Sinaltrainbec (Cervecería del Valle).

• A la dirección de Cundinamarca las querellas de Sintrapulcar (Colombiana Kimberly) y Sinaltraimbec (Bavaria).

• A la dirección de Norte de Santander va la querella de Sintraemspdns (Aguas Capital Cúcuta).

• Y a la dirección territorial de Atlántico la querella de Sintraceba (Bavaria).

Los efectos antisindicales de los pactos

Según sentencia de la Corte Constitucional, el pacto puede coexistir con una conven-ción colectiva si su creación y el proceso de negociación cumple los requisitos legales, el pacto no supera en beneficios a la con-vención, y no atente contra el derecho de asociación sindical.

Según cifras del MinTrabajo, entre 2011 y 2012 el uso de pactos colectivos creció en un 23%, mientras que las convenciones colectivas solo crecieron 1%. En el 2012 se firmaron 215 pactos colectivos, de ellos 58 se firmaron de manera paralela a procesos de negociación colectiva con organizacio-nes sindicales. Y en 2013 hubo un leve descenso: se firmaron 204 pactos, 63 de éstos por primera vez en las empresas, lo que evidencia la popularidad que han ga-nado como mecanismo empresarial para debilitar y arrinconar a los sindicatos.

Por otra parte, en el 86% de los casos no se cumple el requisito legal que el Código Sustantivo del Trabajo establece para la celebración de pactos colectivos. Esto se da porque los trabajadores no adhieren al pacto de manera libre y voluntaria, sino que este es impuesto por sus empleadores.

En la práctica los pactos colectivos y los planes de beneficio están siendo utilizados por los empleadores por lo menos con tres

propósitos: como estrategia preventiva ante el posible surgimiento de sindicatos; como estrategia de contención para que los sindicatos no se desarrollen o desaparez-can; y como estrategia de debilitamiento o de choque para que sindicatos mayoritarios dejen de tener la capacidad de negociación y huelga con la que cuentan.

Hasta la fecha, la defensa de los sindicatos frente a pactos y planes de beneficios ha sido la demanda ante la Fiscalía, invocando el artículo 200 del Código Penal que pena-liza las prácticas antisindicales. Pero casi la totalidad de estas denuncias “duermen” en los anaqueles de la Fiscalía, y hasta ahora los jueces no han emitido una sola sentencia.

MinTrabajo ejercerá control preferente a las 28 querellas presentadas

por sindicatos contra pactos colectivos

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10 Nº 119, agosto de 2014opinión sindical

Agencia de Información Laboral

Mientras Julio Roberto Gómez y Miguel Morantes, presi-dentes de la CGT y CTC respectivamente, calificaron como un acierto del gobierno

el nombramiento de Luis Eduardo Garzón como nuevo ministro de Trabajo, el presi-dente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, recibió el nombramiento sin mayores ex-pectativas, por cuanto, dijo, se trata de un funcionario que si bien viene del movimien-to sindical, hoy obedece a la disciplina y lealtad al modelo neoliberal del presidente Santos.

La Agencia de Información conversó con estos tres dirigentes sindicales sobre el tema, como también con el director de la ENS, Luciano Sanín. Estas son sus apre-ciaciones sobre Luis Eduardo Garzón:

Luis Alejandro Pedraza Presidente CUT

El ministro de Trabajo, como los demás ministros del nuevo gabinete, obedecen a la disciplina y lealtad que deben tener con el modelo neoliberal del presidente Santos. Por tanto nosotros no tenemos mayores expectativas. Cuando una persona abraza este modelo quiere decir que cambió hacia esa perspectiva, entonces qué podemos esperar nosotros.

¿No ve pues un mensaje positivo del go-bierno con este nombramiento?

El mensaje es el que hizo el presidente Santos en su discurso de posesión, que habló de paz, equidad social y educación, asuntos que planteó en genérico, no sabe-mos cómo lo va a desarrollar, si va a tener en cuenta a las organizaciones sociales y demás instituciones que no hacen parte del gobierno. Por esa misma razón no tenemos expectativa alguna, no es claro lo que el gobierno plantea.

¿Cuáles diría usted son las prioridades del nuevo ministro, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores?

Las mismas que debió hacer el gobierno en los cuatro años anteriores. En primer lugar la formalización del empleo en el sector estatal, que está en el 57%, y en el sector privado que está en el 67%. Lo segundo es cumplir con los convenios in-ternacionales de la OIT en lo que concierne a los Convenios 87 y 98 sobre libertad de asociación, que parece que está prohibida en Colombia, donde crear un sindicato es sinónimo de despido de los trabajadores. El tercer aspecto es el cumplimiento del Acuerdo Obama-Santos respecto del nom-bramiento de los inspectores que se requie-ren, con un perfil autónomo e independiente

y no puestos al servicio de los empresarios. Con eso que haga sería suficiente.

¿Cómo cree que serán las relaciones con el nuevo ministro en los espacios donde los dirigentes sindicales se encuentran con el gobierno?

Respetuosas y serias como han sido con los demás ministros.

Julio Roberto Gómez Presidente de la CGT

Luis Eduardo Garzón es ante todo un com-pañero que tiene sus raíces en el sindicalis-mo. Fue un excelente sindicalista tanto de la Unión Sindical Obrera como en la CUT. Con él logramos constituir el Comando Nacional Unitario durante el gobierno de Samper, que le dio origen a tantos hechos signifi-cativos. Por eso creo que es un acierto su nombramiento. Vamos a tener la posibilidad de tener un ministro que viene del mundo sindical y que seguramente va a ejercer esa cartera en las mejores condiciones. Es apenas obvio que yo prefiera un sindicalista como él en el Ministerio, que al mejor de los neoliberales.

¿Cuáles son las prioridades que el movi-miento sindical le plantea al nuevo ministro?

En esto uno no tiene por qué engañarse y creer que porque un amigo llega al minis-terio le va a hacer exigencias imposibles de cumplir. Eso no se le hace a un enemigo y mucho menos a un amigo. El Ministerio de-berá atender temas que son importantes en la actual coyuntura, y nos parece que con el compañero Lucho Garzón podrán llegar a buen término, como lo relacionado con un nuevo estatuto del trabajo; implementar una política de formalización laboral; una política hacia la libertad sindical sin restric-ciones para poder ejercer el derecho de asociación; y una política integral de trabajo decente para una vida digna.

En el marco del diálogo social gobierno-trabajadores, ¿cree usted que el nombra-

miento de Garzón le da un nuevo aire a esos espacios de diálogo?

Yo creo que sí. En la medida en que Lucho Garzón se empodere en el cargo, segura-mente vamos a encontrar muchos espa-cios. El entusiasmo con que la CGT acoge su nombramiento tiene que ver con esas posibilidades que se abren. Y ojalá los pro-cesos de formalización laboral comiencen en el seno mismo del Ministerio de Trabajo, donde hay un número considerable de tra-bajadores tercerizados.

Miguel Morantes Presidente de la CTC

Recibimos positivamente el nombramiento de Lucho Garzón. Con él hemos tenido las mejores relaciones de amistad, además de ser compañeros cuando estuvo en la dirección de la CUT. Creo que podríamos entendernos bien porque él ha estado en el movimiento sindical, lo conoce perfec-tamente, como también conoce el mundo empresarial y las relaciones obrero patro-nales. Seguramente vamos a dialogar para conocer su pensamiento y darle a conocer las aspiraciones de los trabajadores y del sindicalismo.

¿Con Lucho Garzón en el Ministerio cree que habrá un aire nuevo, más espacio para el movimiento sindical?

Es posible que sí. Él conoce y comprende bien el movimiento sindical y hacia dónde éste quiere que se enrumben los destinos del país.

¿Para la CTC cuáles serían los puntos prio-ritarios en la agenda del nuevo ministro?

Inicialmente buscar devolver a los traba-jadores algo que ya está en el ambiente legislativo, que son los recargos nocturnos y dominicales y otras reivindicaciones que se perdieron con la Ley 789 del 2002. Otro punto es la formalización laboral, porque la tercerización es inconveniente para el país y para la equidad que tanto pregona el presi-

dente Santos. Un tercer punto es continuar el diálogo social y procurar que la inspec-ción del trabajo sea efectiva para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y cuar-to punto la defensa de la libertad sindical, que sigue sin consolidarse en Colombia y por la cual siempre hemos clamado, como también lo hizo el hoy ministro cuando fue dirigente sindical.

José Luciano Sanín Vásquez Director General (e) de la ENS

La posesión de Luis Eduardo Garzón como ministro de Trabajo es una buena noticia. Es un trabajador, un expresidente de la USO y de la CUT a nivel nacional. Sabemos que él cuenta con una trayectoria y una gran ca-pacidad política para impulsar procesos de cambio. Son pues muchas las expectativas.

¿Cuáles diría usted son las prioridades del nuevo ministro, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores?

Acordar una política de formalización labo-ral, el desmonte de las relaciones laborales ilegales que padecen más de 7 millones de trabajadores, y le brinde oportunidades de trabajo decente a los más de 8 millones de trabajadores que están por cuenta propia. También debe avanzar en el diseño institu-cional del Ministerio de Trabajo, reforzando la inspección laboral. Debe impulsar una re-forma al Código Sustantivo del Trabajo, que permita que se cumplan los requerimientos de los órganos de control de la OIT, en especial los referidos a la libertad sindical. Avanzar en la formulación e implementación de una política de reparación colectiva para el sindicalismo.

¿Cómo cree que serán las relaciones del movimiento sindical con el nuevo Ministro?

Esperamos que sean unas relaciones de diálogo fructífero, que permitan abrir espa-cios y dinámicas nuevas entre las organi-zaciones sindicales y el Estado.

Publicado 21 de agosto de 2014.

Frente a nombramiento de Luis E. Garzón como MinTrabajo

opiniones divididdas en el sindicalismo

Luis Alejandro Pedraza. Julio Roberto Gómez. Miguel Morantes.

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12 13Nº 119, agosto de 2014h i s t o r i a r e a l h i s t o r i a r e a l

Cuando el presidente de Venezuela entró en la Casa Blanca, hace un mes, el presidente Jimmy Carter le dijo “Recuérdeme tratarle al final, brevemen-

te, el asunto de Panamá”. Aunque el tema no figuraba en la agenda oficial, Carlos Andrés Pérez iba preparado para aquella eventualidad.

“La última persona que vi antes de venir a Washington fue al general Torrijos –re-plicó–. Además, anoche cené hasta muy tarde con los negociadores panameños, y esta mañana desayuné con los negociado-res norteamericanos”.

Al presidente Carter le hizo mucha gracia aquel cúmulo de casualidades calculadas. En ese caso –sonrió– es usted el que me tiene que contar a mí cómo están las cosas.

De este modo, el tema que no estaba en la agenda no solo fue el punto de partida de las conversaciones, sino que había de convertir-se en el de mayor relevancia. Al día siguien-te, Carter declaró en una rueda de prensa que la intervención de Carlos Andrés Pérez había sido decisiva para impulsar el nuevo tratado sobre el Canal de Panamá, e hizo, de paso, un cálido elogio al general Omar Torrijos, y expresó su deseo de conocerlo.

El general Omar Torrijos vio por televisión la rueda de prensa de Carter en su casa de mar de Farallón, unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá, donde suele pasar la mitad de la semana descansando sin descansar.

Escuchó las palabras de Carter inmóvil en un sillón de playa, chupando el cigarro apa-gado, y no dejó traslucir ninguna emoción. Pero más tarde, en la mesa redonda en que cenábamos con dos de sus ministros y algunos asesores, hizo una evocación imprevista.

Cuando oí el elogio que me hizo Carter, dijo, sentí como un aire caliente que me inflaba el pecho, pero enseguida me dije ‘mierda, esto debe ser la vanidad’, y mandé aquel aire al carajo.

Conservo muy buenos y muy gratos re-cuerdos del general Torrijos, pero ninguno lo define mejor que este. Es además un recuerdo histórico, porque aquella noche se estaban definiendo las cosas que ha-bían de culminar este fin de semana con la reunión de presidentes en Bogotá.

Había sido una jornada tensa, intensa y extensa, agravada por un temporal del Pacífico que se rompía en pedazos con una explosión de cataclismo en las galerías de la casa, y dejaba en la arena un reguero de pescados podridos.

Torrijos, que es capaz de soportar días enteros con los nervios de punta pero sin perder el sentido del humor, sin perder la paciencia ni los estribos, se había debatido durante muchas horas entre la incertidum-bre y la ansiedad, mientras esperábamos las noticias de Washington. “El pueblo pa-nameño –decía– me ha dado un cheque en blanco, y no lo podemos defraudar”.

La idea de reunir a cinco presidentes amigos para someter a su consideración el borrador final, estaba desde entonces dentro de su cabeza. Tan importante era para él ese respaldo político y moral, que para tratar de conseguirlo no ha vacilado en someterse a lo que más detesta en este mundo: la solemnidad de los actos oficiales.

¿Para qué carajo sirve la plata?

Lo que faltaba por resolver en aquella no-che de Farallón, era una simple cuestión de plata. Desde que se firmó el tratado Bunau Varilla en 1903, Estados Unidos no le ha pagado a Panamá sino 2,3 millones de dólares al año. Es un sueldo irrisorio. Ahora Panamá reclamaba mil millones de dólares inmediatos, como indemnización por las sumas dejadas de pagar, y 150 millones al año hasta la recuperación to-tal del Canal el 31 de diciembre en 1999. Estados Unidos se negaba a aceptar no solo las sumas, sino inclusive las palabras. Pagar “indemnización”, alegaba, implica la aceptación de haber causado un daño. Por último aceptó la palabra “compensación”,

que para el caso era lo mismo, pero se empecinó en regatear el dinero.

Torrijos consideraba que de todos modos era un paso importante, porque clarificaba una cuestión de principios, pero dio ins-trucciones a sus delegados en Washington para que siguieran peleando por el dinero.

La firmeza de Estados Unidos en este pun-to parecía obedecer a un razonamiento. Si Panamá ha obtenido hasta ahora todo lo que quería, no se molestará demasia-do por un simple problema de plata. Sin embargo, Torrijos no pensaba lo mismo. Uno de sus asesores le había aconsejado ceder, con el argumento alegre de que “al fin y al cabo la plata es una cuestión se-cundaria”. Torrijos le replicó con su sentido común demoledor:

–Sí, la plata es secundaria, pero para el que la tiene.

En todo caso valía la pena aguantar. En seis meses de [la administración] Carter,

EL CANAL DE PANAMÁ CUMPLE HOY 100 AÑOS

Torrijos: Cruce de Mula y TigreUna crónica de Gabriel García Márquez

Muchas son las curiosidades y anécdotas relacionadas con la colosal vía interoceánica, de la cual se apoderó Estados Unidos e inauguró hace 100 años, el 15 de agosto de 1914, con un contrato espurio que le otorgaba una concesión eterna. Gracias a los acuerdos Torrijos-Carter, en septiembre de 1977, el canal pasó a manos panameñas. Publicamos, además, una extraordinaria de crónica de Gabriel García Márquez que cuenta los pormenores del acuerdo que devolvió el canal a sus legítimos dueños. Publicado originalmente en el diario La Prensa,

de Panamá, agosto de 1977.

las negociaciones habían progresado mucho más que con todos los presidentes anteriores, y esto permitía pensar que por primera vez Estados Unidos tenía más prisa que Panamá. Primero, porque Carter necesitaba el tratado para usarlo como bandera de buena voluntad en una políti-ca nueva hacia América Latina. Segundo, porque debía someterlo a la aprobación del Congreso de su país, y esa posibilidad tiene una fecha límite: septiembre.

La verdad, sin embargo, parece ser que los cálculos de ambas partes eran equivo-cados. Las discusiones sobre el dinero se metieron en un callejón sin salida, y nadie había podido sacarlas de allí a principios de esta semana.

De modo que es muy probable que el ge-neral Torrijos, antes que nada, quisiera consultar la opinión de sus colegas de cinco países sobre este asunto crucial: ¿qué diablos hacemos con el problema de la plata?

Su principal defecto: la naturalidad

Hay que conocer al general Torrijos, aunque solo sea un poco, para saber que estos callejones sin salida le mortificaban mu-cho, pero no conseguirán nunca hacerle desistir de lo que se propone. Al principio de las negociaciones, cuando no parecía concebible que Estados Unidos cediera jamás, le dijo a un alto funcionario norteamericano: “Lo mejor para ustedes será que nos devuelvan el Canal por las buenas. Si no, los vamos a joder tanto durante tantos años y tantos años y tantos años, que ustedes mismos terminarán por decir: Coño, ahí tienen su canal y no jodan más”.

Aunque los motivos de la devolución sean diferentes, la his-toria está demostrando que la amenaza era cierta.

Si hubiera que comparar al general Torrijos con los proto-tipos del reino animal, debería decirse que es una mezcla de tigre con mula. De aquel tiene el instinto sobrenatural y la astucia certera. De la mula tiene la terquedad infinita. Esas son sus virtudes mayores y creo que ambas podrían servirle lo mismo para el bien que para el mal. Su principal defecto, en cambio, es lo que casi todo el mundo considera erróneamente como su mayor virtud: la naturalidad absolu-ta. Es de allí de donde le viene esa imagen de muchacho díscolo que sus enemigos han sabido utilizar contra él con una propaganda perversa. Hasta el presidente [Alfonso] López Michelsen, que muy pocas veces se equivoca en el conocimiento de la gente, dijo alguna vez que el ge-neral Torrijos era un jefe de Gobierno folclórico. Hubiera podido decir, para ser exacto, que es de una naturalidad inconveniente.

En cierta ocasión, un embajador europeo se puso bravo porque Torrijos lo recibió sentado en una hamaca, que para colmo de naturalidad tenía su nombre bordado en hilos de colores. En otra ocasión alguien vio mal que su secretaria lo ayudara a ponerse las medias. Los sábados, un pescador que se emborracha cerca de su casa de Farallón, se suelta en improperios contra él, y termina por mentarle la madre. El general Torrijos ha dado instrucciones a su guardia que no moleste al borracho, y solo cuando se propasa en agresivi-dad, él mismo sale a la terraza, le contesta con los mismos improperios, y hasta le mienta la madre.

Torrijos habría conjurado esa mala imagen si pudiera ser menos natural en algunas circunstancias. Pero no solo no lo hace, sino que ni siquiera lo intenta, porque sabe que no puede. A quienes se lo critican, les contesta con una lógica inclemente:

–No se les olvide que no soy jefe de ningún Gobierno de Europa, sino de Panamá.

Solo los campesinos lo ponen contra la pared

Aunque sus padres eran maestros de es-cuela, y por consiguiente estaban forma-dos en la clase media rural, la verdadera personalidad de Torrijos no se expresa a cabalidad, si no entre los campesinos. Le gusta hablar con ellos, en un idioma común que no es muy comprensible para el res-to de los mortales, e inclusive se tiene la impresión de que mantiene con ellos una complicidad de clase.

En la ciudad de Panamá, en cambio, se siente fuera de ambiente. Allí tiene una casa propia, la única que tiene y que com-pró hace unos 15 años a través del Seguro Social, y es grande y tranquila y llena de árboles, pero raras veces se lo encuentra ahí. Más aún: Una vez llegué de sorpresa a Panamá, y tratando de encontrarlo recurrí a la seguridad nacional. Al día siguiente, cuando por fin conseguí verlo, le pregunté con bromas de burla qué clase de segu-ridad nacional era aquella que no había podido encontrarlo en 12 horas.

–Es que estaba en mi casa –dijo él, muerto de la risa–. Y ni a la seguridad nacional se le puede ocurrir que yo esté en mi casa.

Solo lo he visto una vez en esa casa, y parecía otro hombre. Estaba en una oficina muy pequeña, impecable, bien refrigerada, con fotos familiares y algunos recuerdos de su carrera militar. Al contrario de las otras veces, llevaba su uniforme urbano, y era evidente que no se sentía cómodo dentro de ese uniforme formal, ni tampoco me sentía cómodo, porque por primera vez tenía la impresión de no ser recibido como amigo, sino cómo un visitante extranjero en audiencia especial.

Tal vez por eso, cada vez que puede, Torrijos, se escapa en su helicóptero per-sonal y se va a esconder entre los campe-sinos. No lo hace, como podría pensarse, para huir de los problemas. Al contrario: allí sus grandes problemas son más grandes. Hace poco lo acompañé en la visita a una de esas comunidades campesinas, que se están desarrollando en todo el país. Los campesinos le rindieron cuentas de su trabajo en forma muy minuciosa y franca,

pero al final le pidieron cuentas del suyo. También ellos, perdidos en la montaña, querían saber cómo iban las conversacio-nes sobre el Canal.

Fue esa la única vez en que he visto a Torrijos contra la pared, haciendo un in-forme amplio y casi confidencial sobre el verdadero estado de las conversaciones, como no lo había hecho ante sus numero-sos interlocutores de la ciudad.

El problema de llamarse Torrijos

Oyéndolo hablar entre los campesinos, comprendí que Torrijos es consciente de que la firma del tratado no acabará con sus problemas, sino todo lo contrario. Entonces será cuando empezarán los más grandes. El tema del Canal ha sido tan enorme y absorbente, que va a dejar en la vida de los panameños un vacío casi sin fondo que ya no podrá llenarse con esperanzas sino con hechos concretos.

El pacto de clases que hizo posible la uni-dad nacional para el éxito de las negocia-ciones, llega ahora a su fin. La oligarquía panameña –que no es muy fuerte pero que tiene muy buenos socios en Estados Unidos, y ha contribuido con sus mejores cuadros y con sus buenos oficios– ahora

se prepara sin duda para pasar la cuenta. Pero también el pueblo panameño, que le ha ofrecido a Torrijos un respaldo incondi-cional y su inmensa capacidad de sacrificio, espera el suyo; hay muchas reivindica-ciones aplazadas, muchas promesas in-cumplidas en nombre de esta concordia nacional. En medio de esas dos fuerzas contrarias, el general Torrijos se parece ahora más que nunca a esos héroes de Hemingway abrumados por el hecho de la victoria.

Lo único que tal vez no se sepa más, y que nunca me atrevería a preguntar, es qué piensa del tratado el propio general Torrijos. Cómo votaría en el plebiscito que debe llevarse acabo dentro de 40 días, si él no fuera el general Torrijos sino un panameño corriente. Yo creo, por pura intuición de escritor, que votaría a favor, aunque estoy seguro, sin duda, de que la mayoría de los panameños quería más, y sé que tenía derecho a quererlo.

Lo creo así, porque he hablado con muchos panameños de todas las clases y de todos los colores, y sé que en lo interno el general Torrijos es uno de los más radicales. Solo que también es el único que lleva a cuestas el peso del poder, y el poder pesa.

Buque norteamericano Wisconsin, donde se firmó el Tratado del del mismo nombre, con el que oficialmente se puso fin a la guerra civil en Colombia, que se había iniciado el 17 de agosto de 1899,

conflicto que hoy se conoce como la guerra de los Mil Días.

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Nº 119, agosto de 2014 11sindicalización

Por Diego Urrea

pasanTe de comUnicación social para el informaTivo cUT

BogoTá-cUndinamarca

Por años la verdadera situación laboral de los actores de cine, teatro y televisión en Colombia ha sido desconocida por el pú-blico e ignorada por la empre-

sas de entretenimiento y las autoridades. El opuesto a todo ese realismo mágico que se trenza entorno a los actores es, jornadas laborales de más de doce horas, contratos sin garantías laborales ni seguridad so-cial, desconocimiento de regalías, tasa de desempleo del 90% e ingreso de actores extranjeros sin regulación.

“La Asociación Colombiana de Actores fue fundada el 26 de mayo en el Teatro Nacional, en estos momentos tenemos más de ochocientos afiliados, al organi-zarnos sindicalmente buscamos reivindicar nuestros derechos laborales y un objetivo muy importante que es dignificar nuestra profesión, que se dé cuenta el país que los actores somos unos creadores”. Estas fueron las palabras del actor Julio Correal, uno de sus miembros.

Con el lema “Mentiras conocidas, verda-des por conocer” se fundó la Asociación Colombiana de Actores, ACA, que el pasado jueves 14 de agosto, con el pro-pósito de obtener respaldo nacional, lle-vó a cabo una reunión en Fescol, la cual estuvo presidida por Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos, con miembros de ACA como Andrés Sandoval y Julio Correal, entre otros, y representantes de movimientos políticos, como la senado-

ra de la Alianza Verde, Claudia López; el concejal progresista de Bogotá Yezid García; Camilo Enciso, director del Centro de Pensamiento del partido de la U; dele-gados del Polo Democrático y del partido del Tomate.

Se hizo presente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, encabezada por su Luis Alejandro Pedraza, presidente, y Fabio Arias, secretario general, y representantes de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.

Los principales desafíos para ACA son la profesionalización y la dignificación de la labor cultural del actor, el reconocimiento de sus derechos laborales y una partici-pación más activa en las políticas cultu-rales, como a su vez un código o ley que los ampare, más que como artistas, como trabajadores, lo cual conlleve a que tengan su propia ley y a su vez mas identidad con el gremio, mas unión.

actores colombianos se organizan por sus derechos laborales

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Alfonso Ahumada B. (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo editorialMiguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas,

Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail:

[email protected]: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, [email protected] / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora y tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez / laura tatiana Peña Buitrago / laura Chaves Chíaedición: 20.000 ejemplares.

tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.Las opiniones expresadas en Los artícuLos son

de excLusiva responsabiLidad de sus autores.

Los directivos de la asociación, de izquierda a derecha, Julio Correal, Santiago Alarcón, Ernesto Benjumea y Víctor Mallarino.

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14 Nº 119, agosto de 2014t r a b a j o d e c e n t e

La informalidad, superior al 60% , la tercerización y diversas formas de intermediación en el trabajo fundamentadas en la inestabilidad; la precarización

laboral, el desempleo y la pérdida de im-portantes garantías y conquistas de los trabajadores y trabajadoras colombianos, son consecuencia directa de la liberaliza-ción de la economía desde finales de los años 80 acompañada de la liberalización arancelaria, reestructuración del estado, privatizaciones, destrucción del aparato productivo, absorción del capital nacio-nal por el capital multinacional y entrega de sectores vitales de la economía, los servicios y actividades propias del estado en materia de derechos fundamentales al capital financiero de origen nacional y multi-nacional, política económica en la cual han sido partícipes quienes desde Virgilio Barco hasta el ahora reelecto presidente Santos han ocupado el palacio presidencial.

Las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, la Ley 100 de seguridad social, el acto legislativo 01 de 2005 con profundas reformas en contra de los trabajadores y trabajadoras, arrasaron con garantías fundamentales para los trabajadores colombianos como la estabilidad, la cobertura de los contratos de trabajo, las penalidades por despidos, las horas extras, las cesantías retroactivas, el sistema pensional y las restricciones en el derecho de asociación y negociación colectiva. Como si esto fuera poco, flore-cieron en el país en el sector público y en el privado, las formas más agresivas de vin-culación indirecta o intermediación laboral, al cual más osada en materia de esquivar los justos y legales reconocimientos por la actividad laboral con la finalidad principal de abolir la estabilidad en el trabajo como condición fundamental para evitar la sin-dicalización y de paso la negociación co-lectiva. Esta feria de ataques a la dignidad en el trabajo comenzó con los contratos de servicios, las OPS, las empresas tem-porales y el outsorcing en los años 90, las Cooperativas de Trabajo Asociado, las SAS y los contratos sindicales en lo corrido de este siglo. Todo lo anterior, con la anuencia del gobierno que hace demagogia y propa-ganda, expidiendo normas supuestamente para controlar estos desafueros, con lo cual hace campaña internacional de país en progreso en materia sindical, pero que terminan siendo normas inocuas, de textos no concertados con el movimiento sindical expedidas para legitimar el estado de cosas a favor de los empleadores, mas no para garantizar contratos de trabajo o empleos directos y estables para los trabajadores y trabajadoras. El mejor ejemplo de ello es el de las Cooperativas de Trabajo Asociado las cuales siguen existiendo a pesar de las

normas expedidas, por la inacción estatal. En razón de lo anterior hay dos cosas cier-tas: Primera: El origen de la tercerización, la precarización y la informalidad está en el mismo gobierno, el empleador con mayor cantidad de empleos sin relación directa. Segunda: año tras año nuestro país ha sido objeto en las Conferencias de la OIT de debates, sanciones y requerimientos entre otros por este motivo, como acon-teció el pasado mes de Junio en el que nuevamente fue incluido en la lista de los 25 países llamados a rendir cuentas ante la Comisión de Normas por el Convenio 81.

En cuanto al contrato sindical, figura en la cual el sindicato se convierte en provee-dor de mano de obra, reforzado con los remozamientos normativos del gobierno de Uribe y la anuencia del gobierno actual, vemos que este se ha convertido en uno de los instrumentos favoritos para la terceri-zación o intermediación laboral, e inclusive para engañar a la opinión internacional con un supuesto crecimiento de la afiliación sindical y la negociación colectiva en el país. Ratificamos nuestro desacuerdo con esta forma de intermediación e invitamos a quienes lo practican a abandonar su utiliza-ción. El contrato sindical debe erradicarse de la normatividad nacional y de la práctica sindical por constituirse en una desviación del objeto de los sindicatos, los cuales na-cieron simple y claramente para defender los derechos de los trabajadores, no para hacer de patrón de los obreros, mercadear con su fuerza de trabajo ni mucho menos servir a las estrategias neoliberales de precarización del empleo. Es tan contrario el contrato sindical a los principios del sin-dicalismo, como las llamadas cooperativas de trabajo asociado a los principios del cooperativismo.

Llama la atención la forma como se adop-tan diversos esquemas de tercerización en los diferentes sectores de la actividad económica: los corresponsales bancarios en el sector financiero, los contratistas en el minero energético; CTA, SAS y contratos sindicales en el sector de la salud, plantas paralelas, provisionalidades y encargos en el sector estatal; aliadas en el sector de las telecomunicaciones, solo para mencionar algunos.

Mención especial merece el sector salud en donde las cifras demuestran que constituye el sector de mayor tercerización en el país pero que además es el mismo gobierno el del peor ejemplo en esta materia, lo cual debe continuar siendo denunciado a nivel nacional e internacional.

Toda esta política ha ido de la mano con los Tratados de Libre Comercio-TLC que se han venido firmando y negociando, los cuales llevan implícita la garantía a las mul-

tinacionales de empleo barato y precario para el incremento de sus ganancias. Esto ratifica que los TLC son incompatibles con los derechos laborales, la estabilidad, el empleo decente y la libertad sindical. Por esta razón el movimiento sindical debe mantener la posición de no avalar cláusu-las laborales o similares, no vinculantes por demás, usados como pretexto por los gobiernos colombianos y sus pares de los países suscribientes, para pretender que se respalde, por parte del movimiento sindical y la sociedad estos Tratados.

Los resultados de esta política de terceri-zación ha sido tan agresiva y regresiva que los resultados son desastrosos:

• En 1994 había 14 millones de colombia-nos trabajando de los cuales 8 millones eran asalariados, 4 millones indepen-dientes y 2 millones informalizados. Hoy hay 22 millones de colombianos trabajando. 7 millones son asalariados y 15 millones informalizados.

• De los asalariados solamente el 45% está en el régimen contributivo y el 22% solamente tiene contratos a término indefinido.

• El desempleo se mantiene en un nume-ro permanente de 2,6 millones de per-sonas desde hace más de una década que son principalmente de los estratos bajos, mujeres y jóvenes-

• Las bajas en los índices de desempleo y la reducción de la pobreza de que hace alarde el gobierno, son a base de modifi-cación de las metodologías de medición.

• El 63% de los colombianos tiene em-pleos de mala calidad. El 80% gana menos de dos salarios mínimos y el 47% menos del mínimo. Hace 10 años este índice estaba en el 20%.

• Entre los años 2002 y 2010 no se ha modificado el número de asalariados.

• El salario mínimo cubre menos del 50% del costo de la canasta familiar.

• El 70% de los trabajadores de hoy no son beneficiarios de primas, cesantías y otras bonificaciones.

• Los salarios de los colombianos pasaron de ser el 36% del PIB en el año 2000 al 32% en el 2010.

• La informalidad hoy es superior al 60%. Solo el 44% de los asalariados está en el régimen contributivo, el 31% en un fondo de cesantías, el 29% en una Caja de Compensación y el 37% en riesgos.

• El desempleo en mujeres y jóvenes es 10 puntos superior al índice nacional.

enCuentro naCional por la formalizaCión

la formalización: lucha estratégica contra la tercerización y la precarización laboral

• La reforma tributaria aprobada el año anterior, constituye una reforma laboral al descargar en los trabajadores nuevas y mayores cargas fiscales, para cubrir las exenciones hechas al gran capital.

Por lo anterior el movimiento sindical colombiano debe adoptar como política central y apoyado en la movilización, la lucha por la formalización laboral lo cual lleva implícito el rechazo a toda forma de intermediación en el empleo y reivindicar como única forma de relación laboral en el sector privado o público, el contrato directo y la vinculación directa respectiva-mente con carácter indefinido. La jornada mundial anual por el trabajo decente, del 7 de Octubre, debe constituirse en la jor-nada nacional contra la tercerización y por la formalización como principal acción de movilización, acompañada de la denun-cia nacional e internacional, el debate en la Comisión Nacional de Concertación, la acción parlamentaria y la lucha de las organizaciones sindicales por la incorpo-ración a las plantas de personal de todos los trabajadores y trabajadoras.

Central Unitaria de Trabajadores, CUT

Luis Alejandro Pedraza B. (Presidente), Fabio Arias Giraldo (Secretario general)

Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC

Luis Miguel Morantes (Presidente), Rosa Flérez González (Secretaria General)

Federaciones y sindicatos internacionales:

Carlos Bustos P. (Industrial), Leonor C. Sierra A. (Global Union), Juan Diego Gómez V. (ISP), Consuelo Aragón G.

(Uita), Nohora Tovar M. Edwin Díaz G. (ICM ITF)

Sindicatos asistentes

Sintraelecol, Sinditrac, Sintragasquimed, Sintratelecorreos, Sintrafel, Sintracarbón,

Sintravecol, Aceb, Sintraincocables, Sintraenfi, Unión Comercio, Sintracoal, Acma, Asdep, Sintravidricol, Anthoc, Sinaltraeses, Sindess, Sintracarcol, Fetramecol, Sindesena, Utrammicol,

Utraclaro, YMC

Otras organizaciones

Fescol; Escuela Nacional Sindical (ENS); Luciano Sanín (Director); Programa Pais-Fnv; Mauricio Rubiano B. Coordinador

Bogotá julio 28 de 2014

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Nº 119, agosto de 2014 15l o p ú b l i c o

De la crítica situación ener-gética que vivió Colombia en 1992, con el famoso “apagón”, nació Isagén, empresa pública al servicio de los intereses naciona-

les. En dos décadas de existencia, esta empresa se ha posicionado como una de las más importantes del país y la tercera generadora de electricidad. El desempeño administrativo y financiero de la compañía es envidiable: al año produce utilidades por más de $400.000 millones, transferencias al Estado por más de $125.000 millones y más de $130.000 millones aportados en im-puestos. Con estos resultados, es evidente que el comportamiento de la empresa no es un argumento para venderla.

No obstante, el Gobierno Nacional se ha empeñado en entregarle Isagén a una de las cuatro compañías extranjeras que están interesadas en su compra. Según el Gobierno, con esta venta se estaría cambiando un activo público por otro, que se invertiría en hacer las vías de cuarta generación. La realidad es completamente diferente. Con los recursos de Isagén se constituirá un fondo en la Financiera de Desarrollo Nacional, para otorgar créditos muy favorables, con 8 años de gracia y a 20 años, a los privados que construirán las vías 4G. El mismo presidente de la FDN ha reconocido que su trabajo es buscar recursos para los privados, en mejores condiciones de las que prestan los bancos, “con una estructura que el gobierno está regalando como un bien público” (Revista Carta Financiera Anif, junio 2014). Así, la nación perderá un valioso patrimonio, para beneficiar a unos inversionistas que requieren financiación para un negocio que no le generará retornos financieros al Estado.

Además, es evidente que el afán del Gobierno por vender a Isagén correspon-de a la difícil situación fiscal del país y la decisión de constituir un fondo con estos recursos para evitar que aparezca en la contabilidad el déficit estructural. El Estado debe asumir con responsabilidad el análisis de alternativas de financiación diferentes

a vender un patrimonio tan importante como el de nuestra empresa de genera-ción eléctrica.

Isagén hace parte de un sector estratégi-co a nivel mundial. América Latina es una de las regiones en el mundo con mayor potencial de producir energía con el agua, una de las formas más limpias de hacerlo. Así mismo, Colombia es el segundo país de esta región, después de Brasil, con el mayor potencial de generación de este tipo de energía. Vender a Isagén sería perder un componente fundamental de la com-petitividad que requiere la nación. Sería renunciar definitivamente a la soberanía energética. Isagén debe seguir siendo un patrimonio de los colombianos. Isagén no debe venderse.

Firman: Antonio Navarro Wolff, senador de la República (Alianza Verde); Sofía Gaviria, senadora de la República (Partido Liberal); Jorge Enrique Robledo, sena-dor de la República (Polo Democrático Alternativo); Iván Duque Márquez, sena-dor de la República (Centro Democrático); Guillermo García Realpe, senador de la República (Partido Liberal); Senén Niño, senador de la República (Polo Democrático Alternativo); Jorge Eliecer Prieto, se-nador de la República (Alianza Verde); Inti Asprilla, representante a la Cámara (Alianza Verde); Óscar Ospina, represen-tante a la Cámara (Alianza Verde); Roberto Schmalbach, diputado de la Asamblea de Santander; Bernardo Vélez, concejal de Medellín; Luis Alejandro Pedraza, pre-sidente de la CUT; Luz Marina Múnera, Mesa Pública de Medellín; Diego Otero Prada, rector Universidad Uniciencia; Samuel Roldán, Sintrae; Gustavo Zabala, Sintrachivor; Acopi Bogotá; Alejandro Rayran, representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Externado e integrante de la Mane; Felipe Cortés, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de La Salle e integrante de la Mane; Comité por la Defensa de Isagén; Red por la Justicia Tributaria en Colombia; Sindicato de Trabajadores de Isagén, Sintra Isagén. 6 de agosto de 2014

CoMUnICadoIsagén para los colombianos

# isagenNoSeVende

VI CongrEso dE la CUT

Jaime Garzón

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16 Nº 119, agosto de 2014o p i n i ó n s i n d i c a l

CENTRO DE ATENCIÓN LABORALCarrera 21 Nº 41-61 Barrio La Soledad

Tel.: 2878135 Email: [email protected]

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USDOL

Asesoría laboral gratuita

Para la defensa y exigencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los siguientes temas:

� Acciones de tutela� Liquidación de prestaciones sociales� Acciones contra la intermediación laboral (cooperativas,

empresas temporales, SAS, entre otras)� Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones,

riesgos laborales� Trabajadores discapacitados y/o enfermos� Mujeres embarazadas y/o lactancia: estabilidad laboral

reforzada� Acoso laboral� Reintegros� Indemnizaciones� Derechos de petición� Derchos colectivos y sindicales

Horario de atención:Lunes a viernes

9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

(Cita previa)

Con el apoyo de:

Financiado por:

Miguel Ángel Quintero

negociador sindicaTo UniTario nacional de TraBajadores del esTado, sUneT BogoTá

Tras varios meses de reunio-nes realizadas entre los re-presentantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los nego-ciadores y asesores de las tres centrales obreras: CUT,

CTC, CGT y las Federaciones: Fenaltrase, Fecotraservipúblicos, Fenaser, Unete, Utradec, Unes Colombia y Sunet Bogotá, se han logrado acuerdos parciales en temas muy importantes como: Bienestar social, laboral y fortalecimiento de la unidad familiar (Cap. 1º), capacitación y educación (Cap. 2º), salud ocupacional y riesgos psicosociales (Cap. 3º). Pese a lo anterior en aspectos fundamentales contenidos en el pliego, relacionados con la política laboral (Cap. 6º) y salarial (Cap. 7º), son pobres los avances debido a que la administración del doctor Gustavo Petro sostiene una postura adversa a las aspiraciones de los servidores y servido-ras del Distrito. En materia salarial, por ejemplo, el gobierno distrital de la Bogotá Humana, insiste en no contar con recur-sos suficientes que le permita hacer una oferta razonable con los intereses de los trabajadores/as, debido a la crisis econó-mica que enfrenta el Distrito, situación de la cual es responsable la clase política y a las administraciones anteriores y en ningún momento los servidores del Distrito, o las organizaciones sindicales.

Como última propuesta, en materia sala-rial, la Administración ha ofertado para el año 2015 un incremento salarial acorde con lo que determine el gobierno nacio-nal, es decir, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) causado en el año 2014 (sin que sea inferior al 3%), más el 0,7%, lo que daría como base un promedio del 3,7 %. En el evento en que el gobierno na-cional decrete un aumento superior a este porcentaje, el gobierno distrital aplicará la opción más favorable a los trabajado-res/as. Para los negociadores y líderes sindicales esta oferta no corresponde con la situación real de los servidores/as públicos del Distrito agobiados, ahora más que nunca, por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, por el cons-tante aumento de la canasta familiar, por la inflación, por la cascada de impuestos (el 4 por mil, la retención en la fuente, el impuesto a la renta y a los salarios, los

costos en la educación, en la salud, etc.), que el gobierno nacional, en desarrollo de su política neoliberal, viene aplicando a la clase media y baja, en tanto que exonera a las multinacionales y a las grandes em-presas privadas del país.

La postura de la Administración Distrital, evidenciada a través de su secretario de Hacienda y sus negociadores, no es coherente con el programa de gobierno propuesto por el doctor Gustavo Petro Urrego, en los tiempos de campaña, ini-ciativa convertida, desde el año 2012, en el Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá Humana, discurso que basó sus argumentos en una visión diferencial de la ciudad, con un enfoque progresista, incluyente, futurista y humano, distante del discurso neoliberal cuyos resultados se miden por la cuantificación monetarista de sus ganancias (PIB), especialmente de las grandes empresas capitalistas, en todo caso sin consideración de las mayorías trabajadoras del país. En este estado de la negociación los líderes sin-dicales esperamos que en el transcurso de las negociaciones los delegados del doctor Petro, recapaciten y mejoren sus propuestas, como una manera de recono-cer a los trabajadores/as la trascendencia del servicio que prestan a la ciudad y a la administración en la ejecución de las po-líticas públicas que sustentan la Bogotá Humana. Convocamos a los servidores y servidoras del Distrito a mantener una postura atenta y solidaria con la gestión de los negociadores sindicales, a apoyar, desde sus puestos de trabajo, desde sus correos personales y medios de comunica-ción masiva nuestras peticiones, a promo-ver la exigencia por mejores condiciones laborales y salariales para todos y todas.

Mesa unificada de negociación sindical distrito Capital 2014

¡Viva la unidad sindical de los trabajadores del Distrito!

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Nº 119, agosto de 2014 17p e n s i o n e s

Francia Elena Caicedo

aBogada laBoralisTa, especialisTa en pensiones

Las condiciones del sistema pensional en Colombia nos llevan a evaluar dónde se encuentran sus mayores di-ficultades, pues accedemos a él al final de la vida laboral,

cuando quizá no es momento para tomar acciones, donde hemos padecido con-diciones laborales que pudieron tratarse de manera oportuna frente al sistema de salud, y desconocemos las oportunidades que el mismo sistema puede tener.

Hemos trasegado un proceso en el que la protección de los riesgos provenientes de la edad y la salud, siendo inherentes a la vida del ser humano, hoy son tratados como un negocio de los sectores que controlan el capital, el sector financiero.

La protección entonces llega a un puerto final cuando por diversas razones se busca acceder a la pensión, esto es de vejez, de invalidez y de sobreviviente.

A la pensión de vejez se accede a partir de dos regímenes pensionales que conviven, son solidarios y se excluyen. Su diseño ha tomado en cuenta el inicio de la vida laboral, otrora, a los veinte años de edad de manera ininterrumpida, para pasar por tres filtros, la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el Acto Legislativo 1 de 2005 y el cumplimiento de los requisitos al finalizar la transición en diciembre de 2014.

Para el sistema de prima media con pres-tación definida de Colpensiones, el cumpli-miento de la edad y el tiempo de servicio, tiene en el presente año, su examen final, que ha llevado a resolver su estado pensio-nal a los ciudadanos trabajadores nacidos en los años 50.

Para quienes se encuentran en el régimen de ahorro individual, acceder al capital es su gran reto, conforme a los presupuestos inalcanzables que hoy tiene. La cuenta individual deberá tener ciento setenta mi-llones de pesos, para solicitar el derecho; solo como información preliminar podemos tomar en cuenta que en veinticinco años de trabajo una persona con salario mínimo podrá llegar a setenta millones de pesos en su cuenta individual.

Pero la gestión de manera adicional pasa por las siguientes tareas, inconsistencias relacionadas con aportes no realizados por el empleador, aportes realizados con mora al sistema, errores de información en cuan-to a nombre del cotizante, del empleador, aportes enviados rezagadamente, entre otros, todos causantes de errores en la

historia laboral, que impiden al trabajador acceder a la pensión de vejez.

Frente a estas eventualidades, existe un trabajo de corrección que hay que hacer, pues las entidades, siendo las responsa-bles de la información reportada por los empleadores, pueden tener la información errada por toda la vida del aportante, esto se da por acción u omisión del empleador al elaborar la planilla y el pago, o por res-ponsabilidad del receptor, Colpensiones o el Fondo Privado, por errores de digitación o inconsistencias entre los Fondos.

Debemos saber que estas inconsistencias y errores de información no son corregidas por las entidades de pensión, de oficio como es su responsabilidad, pues es el ad-ministrador del sistema: es el afiliado quien lo hace mediante gestiones de corrección ante su entidad pensional, de lo contrario, permanecerá errada y estará a la deriva en el momento de requerir actuar y usar sus derechos pensionales.

Esta es una situación que debemos atender en cualquier momento de la vida, y conlleva una relación permanente con los riesgos de salud, de una pensión de invalidez, o en el momento de perdida de la vida, garantizar a nuestras familias la pensión de sobreviviente.

Por ello, la garantía de tener un sistema de información adecuada, el respeto por la confianza que debe tener un ciudadano en la entidad que administra sus aportes para cubrir los riesgos, y la garantía de los dere-chos adquiridos, que conlleva la seguridad jurídica, son el talón de Aquiles del sistema.

Para ello requerimos un compromiso del Estado, de exigencia a las entidades para responder por los aportes y los derechos pensionales, del sistema judicial para ve-rificar el cumplimiento de las responsabi-

lidades de conformidad del respeto a los derechos adquiridos y fundamentales, de seguridad jurídica en la información con relación a los aportes, de reconocimiento de los beneficios relacionados con la pen-sión, con el reconocimiento de los derechos provenientes de la pérdida de capacidad laboral cualquiera sea la causa, y de su-ministrar los beneficios económicos de manera oportuna.

Los beneficiarios nos encontramos acéfa-los, pues la responsabilidad se ha trasla-dado al ciudadano para que sea él quien gestione sus derechos, para que actúe contra el sistema de seguridad social, pues el propósito es no reconocer los derechos, se requiere, en muchos casos, demandar y quien no actúa a pesar de tener el dere-cho no accede, esto ha llevado a que las arcas de los Fondos Privados sean muy jugosas, allí hay billones de dinero de los trabajadores colombianos a quienes no se les reconocen derechos.

El Estado ha sido cómplice en la dilación de los procesos, en la negativa de los de-rechos en primera instancia, llevando a que se concedan tarde, no se reconozcan cuando se causan sino años después, como resultado de procesos tortuosos ante la justicia ordinaria, y causando en primera instancia la crisis del cotizante que llega al fondo de su condición de vida, para quizá después de dos, y hasta diez años de es-pera para recibir un derecho.

Los Fondos Privados son juez y parte al realizar la calificación de pérdida de

desprotección en el sistema pensional colombiano

capacidad laboral por riesgo común o laboral, trasladando al empleador la reubicación del trabajador, ello ha llevado a que la evaluación del riesgo para acceder a una pensión de invali-dez, tenga una condición deplorable de degradación laboral, pues para alcanzar el 50% de pérdida de capacidad laboral, para el trabajador, conlleva encontrarse en una condición de total incapacidad física para realizar cualquier acción por cuenta propia; la decisión no está ligada a la capacidad para realizar la labor para la cual se está preparado por experiencia y formación académica.

Los aspectos relacionados con estas accio-nes conllevan degradar al ser humano, que puede terminar realizando una labor que no corresponde a su condición laboral para la que se preparó, en el cargo para el cual fue contratado, y truncada su expectativa de vida, pues ha perdido la capacidad laboral, y debe continuar prestando sus servicios en un cargo de condición inferior a sus ex-pectativas, a pesar de haber garantizado la protección con los aportes para el riesgo de invalidez.

¿Dónde está la protección a los riesgos que debemos cubrir de manera obligatoria, con la protección del Estado, con la garantía del sistema judicial, con la responsabilidad de los empleadores, y con la gestión de las entidades de la seguridad social?

Hoy estamos huérfanos, desprotegidos y con todas las exigencias del sistema de seguridad social a nuestras espaldas.

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18 Nº 119, agosto de 2014i n t e r n a c i o n a l

Desmond Tutu

originalmenTe pUBlicado por hTTp://www.haareTz.com/opinion/1.610687. TradUcción

hecha por la comUnidad de avaaz

En las últimas semanas hemos visto en todo el mundo una mo-vilización sin precedentes por parte de la sociedad civil contra la injusticia que supone la bru-

tal y desproporcionada respuesta Israelí al lanzamiento de misiles desde Palestina.Si sumamos todas las personas que se manifestaron pidiendo justicia entre Israel y Palestina el pasado fin de semana en Ciudad del Cabo, Washington, Nueva York, Nueva Delhi, Londres, Dublín, Sidney y todas las demás ciudades, ésta ha sido, probablemente, la mayor protesta ciudada-na por una misma causa en toda la historia de la humanidad.Hace un cuarto de siglo participé en concu-rridas manifestaciones contra el apartheid. Nunca imaginé que volveríamos a ver de nuevo manifestaciones de ese calibre, pero la afluencia de gente el sábado pasado en Ciudad del Cabo fue igual si no mayor. Entre los participantes se encontraban jó-venes y ancianos, musulmanes, cristianos, judíos, hinduístas, budistas, agnósticos, ateos, negros, blancos, rojos y verdes... tal como cabría esperar de una nación dinámi-ca, tolerante y multicultural.Pedí a la multitud que corease conmigo: “Nos oponemos a la injusticia que supone la ocupación ilegal de Palestina. Nos opo-nemos a las matanzas indiscriminadas en Gaza. Nos oponemos a la humillación a la que someten a los palestinos en los retenes y controles de carreteras. Nos oponemos a la violencia perpetrada por todas las partes. Pero no nos oponemos al pueblo judío”.Al inicio de la semana, solicité a la Unión Internacional de Arquitectos, reunida en Sudáfrica, la suspensión temporal de Israel de su organismo.Supliqué a los hermanos y hermanas is-raelíes presentes en la conferencia que se desvincularan personal y profesionalmente de los proyectos y construcciones de in-fraestructuras relacionadas con la perpe-tuación de la injusticia, tales como el muro de separación, las terminales de seguridad, los puestos de control y los asentamientos en los territorios palestinos ocupados.Dije: “Les ruego que lleven este mensaje a casa: cambiemos el rumbo de la violencia y el odio sumándonos al movimiento pacífico para que la justicia llegue a toda la gente de la región”.En las últimas semanas, más de 1,6 millo-nes de personas en todo el mundo se han unido a este movimiento sumándose a una campaña de Avaaz que pide a las multi-nacionales que se lucran de la ocupación

israelí, y/o están implicadas en el abuso y la represión al pueblo Palestino que se retiren. La campaña se dirige específicamente al fondo de pensiones holandés, ABP; al ban-co Barclays, al proveedor de sistemas de seguridad, G4S; a la compañía francesa de transportes, Veolia; a la empresa de orde-nadores, Hewlett-Packard; y la proveedora de excavadoras Caterpillar.El mes pasado, 17 gobiernos de la UE instaron a sus ciudadanos a evitar hacer negocios o invertir en los asentamientos ilegales israelíes. Además hemos sido tes-tigos de la retirada de decenas de millones de euros de bancos Israelíes por parte del fondo de pensiones holandés, PGGM; de la desinversión de G4S a través de la fun-dación Bill y Melinda Gates; y de cómo la Iglesia Presbiteriana de los EE.UU. ha sa-cado unos 21 millones de dólares de HP, Motorola Solutions y Caterpillar.Este movimiento está cobrando fuerza. La violencia engendra violencia y odio, que sólo engendra más violencia y más odio.Nosotros, los sudafricanos, conocemos bien la violencia y el odio. Comprendemos el dolor que supone ser los apestados del mundo, cuando parece que nadie te entien-de ni tiene el deseo de escuchar siquiera cuál es tu punto de vista. Nosotros venimos de ahí. También conocemos los beneficios que, con el tiempo, trajo el diálogo entre nuestros líderes; cuando fueron levantadas las prohibiciones sobre las organizaciones etiquetadas como “terroristas” y sus líde-res, incluyendo a Nelson Mandela, fueron liberados del encarcelamiento, del destierro y del exilio.

La petición al Pueblo de Israel del Arzobispo Emérito Desmond Tutu:

liberaros a vosotros mismos liberando a Palestina

Sabemos que cuando nuestros líderes co-menzaron a dialogar, la justificación de la violencia que había arruinado nuestra so-ciedad se disipó y desapareció. Los actos de terrorismo perpetrados tras el inicio del diálogo, como los ataques a una iglesia o a un bar, fueron condenados casi universal-mente, y el partido responsable se resintió en las urnas.

La euforia que siguió a nuestra primera vo-tación conjunta no fue del dominio exclusivo de los negros Sudafricanos. El verdadero triunfo de nuestra solución pacífica fue que todos nos sentimos incluidos. Y más tarde, cuando presentamos una constitución tan tolerante, compasiva e inclusiva que habría hecho que Dios se sintiera orgulloso, todos nos sentimos liberados.

El Arzobispo Emérito Desmond Tutu, en una entrevista exclusiva para haaretz, llama a un boicot global a Israel y urge a israelíes y palestinos a mirar más allá

de sus líderes para encontrar una solución sostenible a la crisis en Tierra Santa.

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Nº 119, agosto de 2014 19i n t e r n a c i o n a l

Por supuesto, ayudó que contáramos con un conjunto de líderes extraordinarios.Pero lo que forzó definitivamente que estos líderes se sentaran en torno a la mesa de negociaciones fue el cóctel de persuasivas herramientas no violentas desarrolladas para aislar a Sudáfrica económica, acadé-mica, cultural y psicológicamente.Llegados a cierto punto el gobierno se dio cuenta de que el coste de intentar mantener el apartheid sobrepasaba sus beneficios. En los 80, la suspensión del comercio con Sudáfrica por parte de empresas multinacio-nales sensibilizadas fue una de las claves que permitió doblegar el apartheid sin de-rramar sangre. Esas empresas entendieron que contribuyendo a la economía sudafri-cana eran partícipes del mantenimiento de un statu quo injusto.Aquellos que continúan haciendo negocios con Israel, contribuyendo a mantener un sentido de “normalidad” entre la sociedad Israelí le están haciendo un flaco favor a los pueblos de Israel y Palestina. Están formando parte de la perpetuación de un statu quo absolutamente injusto.Aquellos que contribuyen al aislamiento temporal de Israel están diciendo que tanto israelíes como palestinos tienen el mismo derecho a la dignidad y la paz.Por último, los sucesos en Gaza del pasado mes servirán para demostrar quién cree en la valía de los seres humanos. Se está vol-viendo cada vez más evidente que políticos y diplomáticos no están siendo capaces de encontrar respuestas, y que la responsabi-lidad para mediar una solución sostenible a la crisis en Tierra Santa recae en manos de la sociedad civil y de los ciudadanos de Israel y Palestina Además de la reciente de-vastación de Gaza, seres humanos decen-tes de todas partes -incluyendo muchos en Israel- están profundamente molestos por las diarias violaciones a la dignidad huma-na y a la libertad de movimiento impuesta a los Palestinos en los retenes y controles de carretera. Las políticas de ocupación

ilegal de Israel, junto con la construcción de asentamientos en tierras ocupadas complican aún más el ya difícil objetivo de lograr un acuerdo futuro aceptable para todas las partes.El Estado de Israel se está comportando como si el mañana no existiera. Sus gentes no tendrán las vidas pacíficas y seguras que anhelan –y merecen– mientras que sus líderes perpetúen las condiciones que sostienen el conflicto.He condenado a los palestinos responsa-bles del lanzamiento de misiles y cohetes a Israel. Están dando fuelle a las llamas del odio. Me opongo a todas las manifestacio-nes de violencia.Pero debemos tener muy en claro que el pueblo de Palestina tiene todo el derecho de luchar por su dignidad y libertad. Ésta es una lucha que tiene el apoyo de muchos alrededor del mundo.No existe problema humano irresoluble cuando los seres humanos aúnan sus es-fuerzos con el sincero deseo de superarlo. No hay paz imposible cuando la gente tiene la determinación de lograrla.La paz requiere que las personas de Israel y Palestina reconozcan al ser humano que habita en ellos y en el otro y entiendan su interdependencia.Los misiles, las bombas y la crudeza del insulto no son parte de la solución. No hay solución militar.Es más probable que la solución proceda de esa caja de herramientas no violentas que desarrollamos en Sudáfrica en los años 80 para persuadir al gobierno de la necesidad de modificar sus políticas.La razón de que estas herramientas - el boicot, las sanciones y la retirada de fondos - resultaran finalmente eficaces fue la exis-tencia de una masa crítica que las apoyaba, tanto dentro como fuera del país. La clase de apoyo del que hemos sido testigos a lo largo del mundo en las últimas semanas en relación con Palestina.

Mi ruego al pueblo de Israel es que vea más allá del momento, que vea más allá de la ra-bia de sentirse perennemente asediado, para ver un mundo en el que Israel y Palestina puedan coexistir - un mundo en el que reinen la dignidad y el respeto mutuos.

Requiere un cambio de mentalidad. Un cam-bio de pensamiento que reconozca que el intento de perpetuar el statu quo actual con-dena a las futuras generaciones a la violencia y a la inseguridad. Un cambio de mentalidad que cese de interpretar la crítica legítima a las políticas de Estado como un ataque al Judaísmo. Un cambio de mentalidad que empiece en casa y se extienda por todas las comunidades y naciones y regiones, llegando a la diáspora diseminada por todo el mundo. El único mundo que compartimos.

Las personas unidas en pos de una causa justa son imparables. Dios no interfiere en los asuntos de la gente, esperando que

crezcamos y aprendamos resolviendo nuestras dificultades y diferencias por no-sotros mismos. Pero Dios no está dormido. Las escrituras Judías nos dicen que Dios tiene preferencia por los débiles, los des-poseídos, las viudas, los huérfanos, por el extranjero que libera a los esclavos en el éxodo hacia la Tierra Prometida. Fue el profeta Amos quien dijo que debemos dejar a la justicia fluir como un río.

La bondad prevalece al final. La búsque-da de la libertad por parte del pueblo de Palestino frente a las políticas de Israel es una causa justa. Es una causa que el pue-blo de Israel debe apoyar.

Nelson Mandela pronunció aquella célebre frase donde dijo que los sudafricanos no se sentirán libres mientras los palestinos no lo sean.

Hubiera podido agregar que la liberación de Palestina liberará a Israel además.

La CUT y amplios sectores democráticos manifestaron su rehazo al genocidio en Gaza, al frente de la embajada de Israel.

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20 Nº 119, agosto de 2014medioambiente

Óscar Murillo Ramírez

hisToriador, Universidad nacional de colomBia. mg. ciencia políTica,

flacso-ecUador

El 10, 11 y 12 de agosto se realizó en Bogotá el diálo-go de alto nivel Río + 20. Espacio importante para discutir frente al cambio cli-mático global y los retos que

en materia de sostenibilidad y mitigación tienen las principales ciudades del mundo. Espacios así permiten conocer experien-cias, entre las que Bogotá tuvo importantes muestras, y contraponer argumentos sobre agendas del desarrollo y el impacto de es-tas en el mayor o menor bienestar social.

A continuación, presento algunas reflexio-nes generales a propósito de los temas relacionados con el cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel nacional, el caso de Bogotá en particular y una anotación final.

Necesaria protección ambiental en Colombia

Cobra sentido una agenda ambiental en Colombia en virtud de tres aspectos. El país enfrenta una guerra irregular que se ha pro-longado por décadas, entre otras razones, por la existencia de recursos económicos que permiten su reproducción. Uno de ellos es el derivado del cultivo y procesamiento de hoja de coca, el cual, en muchas ocasio-nes, es sembrado en zonas de selva virgen, expansión a merced de nuevos procesos de colonización y presencia de grupos armados. En el proceso de refinamiento de cocaína, de igual forma, son usados diversos químicos cuyo impacto ambiental es considerable.

En la ubicación geográfica de los actores irregulares es posible distinguir, además del cultivo y procesamiento de cocaína, zonas de extracción minera y recursos na-turales que brindan otro capital necesario y suficiente para reproducir el conflicto. La necesidad de una salida negociada se im-pone por el carácter irregular que enfrenta al Estado con movimientos guerrilleros, confrontación violenta que no culminará con enfrentamientos particulares y precisos en fecha y hora alguna por más fuertes que estos sean, experiencia demostrada luego del abatimiento de varios de los miembros del secretariado de las Farc-Ep, así como por el grado de descomposición que ha adquirido el conflicto armado en materia de derechos humanos y la apropiación indis-criminada e impacto sobre los recursos na-turales en el curso de los enfrentamientos.

De igual manera, la evolución de una élite local emergente que se convirtió paulati-namente en un poder político mafioso a nivel nacional, solo fue posible gracias a la

apropiación de recursos naturales como el agua, las rentas legales e ilegales producto de la tierra, además de copar el poder polí-tico local y extraer de allí recursos públicos.

Por último, un aspecto de gran impacto ambiental se encuentra en el actual modelo de desarrollo que privilegia el reglón extrac-tivista de la economía, particularmente mi-nería, petróleo y palma africana, actividad que ha movilizado a diversos sectores en la perspectiva de proteger paramos y áreas de necesaria preservación. Aspectos que en su conjunto constituyen el escenario para plantear una discusión de orden polí-tico, económico y social sobre la protección del medio ambiente.

Algunos (+) y (–) de la Bogotá humana

Reducir la segregación social, proteger lo público, y ordenar el territorio alrededor del agua para mitigar los efectos del cam-bio climático, fueron los ejes articuladores del Plan de Desarrollo que estará vigente hasta 2016. Este supone un concepto de “vida urbana sostenible” (ecourbanismo) como herramienta de gestión ambiental y del riesgo en la perspectiva de minimizar el impacto ambiental.

Un balance total es complejo y presentarlo en blanco y negro resulta reduccionista. Bogotá ha realizado importantes avances, aspecto que no excluye los retos pendien-tes, algunos de los cuales, con seguridad, la actual administración no alcanzará. Atacar la pobreza y crear mejores condi-ciones de equidad fueron los objetivos de la Bogotá Humana para enfrentar la se-gregación y el cambio climático, según lo expuesto por María Mercedes Maldonado en Río + 20. Qué tanto se ha logrado de ello y en qué enfocar los esfuerzos futuros es materia de debate público.

Efectivamente, los estudios muestran que el índice de pobreza y pobreza extrema se han reducido sustancialmente, incluso por

debajo del promedio nacional. En 2012, el porcentaje de personas en situación de pobreza a nivel nacional era de 28,5%, en tanto que Bogotá registraba un 11,6%.1 La pobreza extrema en la ciudad pasó del 2% en 2011 y 2012 al 1,6% el año anterior. Por su parte, la pobreza multidimensional que incluye cinco dimensiones (educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos) se redujo en 3,4% pa-sando de 12,1% en 2010 a 8,7 en 2013.2

Pese a la reducción en pobreza multidi-mensional, las mayores privaciones se encuentran en la dimensión del trabajo, las menores en servicios públicos. Considerar que el 44% de la población se encuentra en la informalidad laboral, relativiza el logro al-canzado respecto de la tasa de desempleo, que si bien se redujo a niveles inferiores al promedio nacional, no redundó necesaria-mente en empleo de mejor calidad. Unos posibles efectos que se desprenden de ello es que los ingresos percibidos serán inferiores a los necesarios y sugiere, par-cialmente, por qué Bogotá es una ciudad desigual que aumentó el Coeficiente Gini en 0,007 respecto de 2012.

De igual manera, las menores privaciones en la dimensión de servicios públicos se explican gracias al 100% de la cobertura en servicios públicos básicos, así como el avance en garantía de derechos realizado a través de los 6 metros cúbicos de agua mensuales gratuitos para 681.801 hogares.

Una hipótesis derivada de lo anterior, indi-caría que frente al intento distrital de reducir la segregación a través de “(...) incidir en el ordenamiento urbano [y] actuar sobre los factores que impiden una buena calidad de vida de los hogares, en especial el ingre-so”3, el avance estaría en la provisión de bienes públicos (equipamientos, ambiente, accesibilidad), algo en lo cual tiene mayor incidencia la administración distrital, frente a un menor avance en mejora de ingresos, aspecto de orden estructural y cuya injeren-cia es del gobierno nacional. El resultado sería una reducción relativa de las condicio-nes que generan segregación, aspecto que

se mantendrá en el corto y mediano plazo de no mitigarse las bases socioeconómicas de la segregación como la informalidad y la baja distribución del ingreso.

Mitigar el cambio climático es una solución mundial

Mejorar la movilidad, promoviendo el uso de energías cero emisión y estimulando el uso del transporte público, además de evi-tar la expansión urbana sobre las sabanas creando una política antisegregación de vi-vienda y ordenamiento urbano que permita la mezcla de hogares heterogéneos en un mismo espacio, son apuestas de Bogotá por realizar condiciones de equidad y miti-gación del cambio climático.

Esfuerzo importante pero insuficiente, si consideramos la negativa de los países industrializados como Estados Unidos y China a suscribir tratados internacionales que permitan mitigación efectiva a través de reducción de emisiones, y las cumbres climáticas no avancen en compromisos y mecanismos concretos de protección ambiental.

Es absolutamente claro que la protección ambiental no pasa por una simple rei-vindicación romántica de la naturaleza. Necesario es considerar que los cambios ambientales tienen efectos directos sobre el desarrollo económico y el bienestar humano en sociedades que no serán sos-tenibles de mantenerse esta lógica depre-dadora de recursos que no son ilimitados. Por tanto, mitigar los efectos del cambio climático sólo será posible de producirse cambios económicos y una inversión de los países en la perspectiva de una solución mundial articulada.

Notas1 Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá: a humane and

sostainable city. Bogotá, 2014, p. 18.2 Bogotá cómo vamos. Informe de calidad de vida.

Bogotá 2013. Disponible en línea.3 Secretaría Distrital de Planeación, Universidad

Nacional de Colombia. Segregación socioeconó-mica en el espacio urbano de Bogotá D.C. Bogotá, 2013, p. 19.

Protección ambiental, segregación y cambio climático

El alcalde Gustavo Petro en la instalación del Diálogo de Alto Nivel Rio + 20.

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Nº 119, agosto de 2014 21medioambienteES TIEMPO DE APRENDER A RECICLAR

bolsablanca

SECRETARÍA GENERAL, HÁBITAT - UAESP

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22 Nº 119, agosto de 2014c u l t u r a l

Festival de Música

Petronio Álvarez

El 1º Festival Petronio Álvarez inició en 1997 con solo una modalidad en donde se mezclaban to-das las expresiones de la música del Pacífico colom-

biano y la música moderna. En la actuali-dad existen la modalidad de Conjunto de Chirimía, Conjunto de Marimba, Violines Caucanos y Libre.

En los inicio del Festival se encontró la desventaja que tenían los grupos de tipo tradicional, frente a formatos orquestales que mostraban una diferencia acústica por el uso de instrumentos modernos.

“Hemos querido hacer un Festival cargado de identidad y tradición, además no existía un festival de este tipo en el Pacífico, ese fue el origen del Petronio”, Germán Patiño, jurado del Festival.

La creación de las nuevas modalidades comenzó a tener mayor claridad de las formaciones organológicas de la música tradicional del Pacífico colombiano. La modalidad Conjunto de Chirimía, está más ligada a la tradición musical del Chocó, la del Conjunto de Marimba es un instru-mento que caracteriza el Pacífico sur que empieza desde la desembocadura del Río San Juan hasta Esmeraldas, Ecuador.

Más adelante aparece la modalidad Versión Libre, una categoría especial que generalmente no se ve en los festivales de música folclórica tradicional, pero se-

gún los estudiosos es “necesaria porque conecta con el sentimiento de la juventud urbana que está asociada a otros univer-sos sonoros y a otras posibilidad tecnoló-gicas, haciendo un nexo con la tradición en el Pacífico y con la experiencia del propio festival”, afirmó Germán Patiño.

Durante 11 años estas tres modalidades estuvieron en el Festival, la última en in-gresar fue Violines Caucanos o también conocido como charanga caucana. Para el 2008, con la investigación y documento realizado por el experto en el tema, Carlos Alberto Velázquez, se encontró que el vo-lumen de este tipo de agrupaciones musi-cales, charanga caucana, era importante como para abrir esta modalidad.

Este evento que se ha realizado por 18 años, se ha convertido en una celebración multitudinaria que se convierte en uno de los mejores eventos culturales de la ciu-dad de Cali.

En sus inicio, el Festival Petronio Álvarez se realizó en el Teatro al aire Libre Los Cristales, luego paso a la Plaza de Toros de Cañaveralejo. Para el 2011 el Estadio Pascual Guerrero hospedo este gran even-to cultural pero finalmente, en el 2012, paso a la Unidad Deportiva Panamericana.

Este evento que reúne culturas artísti-cas, gastronómicas y raíces del Pacífico permite que explorar, y recuperar toda la riqueza que soporta esta cultura del Pacifico colombiano.

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Nº 119, agosto de 2014 23

Zorra

Partidode Polo

Molestan cansan

Mandamásdel convento

Santo

Mujeres de tres pies

Bochinche

Haga amigos para pelear,

revésSalvado de Guerra

Ciudad chile-na del 4-4 con

la URSSSufijo de familia, revés

No saldré calceto

Puente entre Correa y Santos

ArribistaRío por donde se nos metie-ron los espa-ñoles, al revés Chupo o trago

Los que creen en dioses distintos

Desgastar con el uso

Programa para quemar discos

Culta

Cultivo de rosas al

contrarioToques militares

SucedenPlanta que se u-

sa como condi-mento coloran-te y perfume

Concepciones sin pecado

Tiempo de profetas

Terbio

Parque temático

Derechos de los borrachos

Símbolo del astato

Atendí

Sabrosa al revés

El primer muerto del 9 de Abril, revés

Goda popular

Morales de Bolivia

Cuero para el trago

Test incompleto

Careta para no sufrir el gas

lacrimógeno

El italiano

Lamentos que si es grave,

hieres

Maestros organizados

de Bogotá

Taches de bo-tas para nieve

Católicos orientales con ritos propios

Senadora de la Alianza Verde quien como estudiante participó en séptima papeleta que dio vida a la constituyente de 1991, luego como periodista, denunció la parapolítica de Uribe.

Hipocorístico de mujer

Parecido o mezcla de nitrógeno,

oxígeno, argón y otros

Ventaja

Presión del ratón

Solo

Gabriel y Alejandro, futbolistas

venezolanos

Tiene

Bebida de la tierra, al revés

Región de Palestina

bombardeada por los

sionistas

Cocina

Cocacola sin azúcar

Arteria que lleva la sangre

al ovario, obviamente.

Plural

Impar

Antojadiza y arbitraria como la justicia selectiva del procurador

Moneda delos italianosde antes Perfume

Unión Europea

Senador autor de A las puertas de El Ubérrimo, Dorada

Venta en inglés y al revés

Tonto argentino

Mesadas de retiro que los magistrados se han aumentadocon ‘palomitas’

Ejemplo pequeño

Potra que fue telenovela de los 90

Actual ministro de Trabajo, exactivista sindical de la USO, primer presidente de la CUT elegido por sus afiliados, exalcalde de Bogotá, exconsejero para el diálogo social.

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S Complete cada tablero con los números del 1 al 9, de tal manera, que no se repitan enninguna fila, columna ni en cada caja interna de 3x3.

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24 Nº 119, agosto de 2014cu l tu ra

Adam Smith: Ideas económicas de la burguesía revolucionaria

La idea más revolucionaria de Smith fue que el origen de la riqueza es el traba-jo humano, pero que por la propiedad privada el obrero no recibe todo lo que produce sino apenas lo necesario para sobrevivir, el salario. Para Smith el alza de salarios disminuye la ganancia de

los patronos.

El papel del Estado

Los neoliberales subrayan como aporte central de Smith haber planteado la no intervención del Estado. Esa conclusión la sacó el inglés al observar el absolutismo de los reyes de su época, que se entrometían en la marcha de los asuntos que interesaban a la naciente burguesía, comercial e industrial.

Los reyes del Renacimiento (siglos XV y XVI) crearon monopolios y restricciones para consolidar el poder de su naciente estado nacional. Es decir, era la forma de enfrentar a los otros Estados en la lucha por la supre-macía en Europa.

Los neoliberales hoy ocultan que gracias al intervencio-nismo estatal Inglaterra se fortaleció. Más aún, quien se fortaleció en realidad fue la naciente burguesía no los reyes, que iban perdiendo poder hasta que los qui-taron del escenario.

De manera muy ingenua Smith se opuso a que el Estado interfiriera en los asuntos de los burgueses, pero no analizó qué beneficios estaban alcanzando. De ahí que sus llamados para acabar la intervención no fueron oídos. Es más, si el gobierno hubiese segui-do sus consejos, el imperio inglés hubiera sucumbido frente a España o Francia.

La libre competencia

También peleó Smith contra el monopolio ejercido por los gremios que se habían consolidado en la Edad Media para unificar precios y calidad de las mercancías, excluir competidores y fijar los salarios. Smith pugnaba porque hubiera libre competencia (el lasseiz faire) pues los monopolios obstaculizaban la creación de riqueza. Este aporte fue punto de ruptu-ra y de revolución económica, que en su época tuvo mejor suerte que sus llamados al no intervencionismo del Estado.

En efecto, a principios del siglo XIX los gremios medie-vales habían desaparecido y la burguesía pudo desatar toda su potencialidad productiva. Pero ello duró muy poco, pues hacia 1870 empezó a formar oligopolios (versión moderna y repotenciada de los gremios del Medioevo) y nuevos monopolios, que imponen precios, calidades y salarios a la sociedad1.

Hoy la burguesía, blandiendo el libro de Smith, se opo-ne a que existan sindicatos y convenciones colectivas porque limitan el poder de los patronos. Pero mira para otro lado frente al poder devorador de gremios

y monopolios.

la nación latinoamericana 7Del mundo colonial a la Independencia

La mano invisible

La expresión literal aparece una sola vez en las casi mil páginas del libro de Smith, cuando habla de los sistemas económicos y del comercio: “Al preferir [el inversionista] dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguri-dad (…) él busca solo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósi-tos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad”.

Los neoliberales usan a su acomodo la expresión, acuñada por Smith para explicar por qué los mercados estaban cerrados. Además Smith afirma un hecho ob-vio, que la riqueza obtenida por un individuo aumenta el total de la riqueza, pero ya ha advertido que los obreros reciben solo el salario. Y hoy se pasa por alto la advertencia final subrayada: cabe la posibilidad de que la mano invisible sea mala para la sociedad, como observa en otros apartados del libro.

En uno o dos sitios más del extenso libro, Smith implíci-tamente habla de la mano invisible para reiterar que si se le deja actuar enriquece a algunos, pero en ninguna parte dice que regule la economía como pretenden los intérpretes neoliberales. La base fundamental, en Smith, para que haya regulación es que haya libre competencia, es decir, que no haya monopolios.

De este recuento sobre Adam Smith puede concluirse que el neoliberalismo oculta los aspectos revoluciona-rios de su obra y tergiversa o descontextualiza muchos otros, como ocurre con su teoría del comercio exterior que se analizará en otro capítulo de esta historia.

Adam Smith también anotó

“El gobierno civil, en la medida en que es instituido en aras de la seguridad de la propiedad, es en realidad instituido para defender a los ricos contra los pobres, o a aquellos que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna”.

“Aunque el interés del trabajador está íntimamente vinculado al de la sociedad, él es incapaz de compren-der ese interés o de percibir su conexión con el suyo propio. Su condición no le deja tiempo para adquirir la información necesaria”.

“Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la con-versación no termine en una conspiración contra el pú-blico o en alguna estratagema para subir los precios”.

Nota1 El cartel de los pañaleros denunciado en estos días en

Colombia es ejemplo de un oligopolio. Son los ricos robando a los pobres, dijo la exministra Cecilia López.

Retomando el hilo: La Ilustración fue el nombre de la gigantesca revolución cultural de la burguesía para tomar definitivamente el poder del Estado. Las ideas económicas las postuló Adam Smith.

Grabados de Peter Brueguel “El viejo”.