der.proc.constituc palestra

8/18/2019 Der.proc.Constituc Palestra

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EDG R C RPIO M RCOS

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GRANDE' . CASTRO

(Coordinadores)


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4

STUDIOS AL P RECEDENTE CO NSTITIC IONAL

ESTUDIOS AL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

Pedro P. Grander. Castro, Edgar Carpio Marcos (Coordinadores)

Primera edition: febrero 2007

Queda prohibida la reproduction total o partial de esta

obra sin

el

consentimiento expreso de sus autores

© Copyright

© Copyright 2007

: PEDRO P . GRANDEZ CASTRO

EDGAR CARPIO MARCOS

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GRANDEZ GRAFICOS S.A.C.

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DiagramaciOn

Jost LUIS HUARCAYA C AMARGO

Diseno de cubierta

ANA ELIZABETH CRIBILLERO

HEC HO EL DEPOSITO LEGAL EN LA B IBLIOTECA NA CIONAL DEL PERU N.° 2007-02 131

ISBN: 978-9972-224-42-3

N°

de registro del Proyec to Editorial: 315 122 7 51

Tiraje:

1000 ejemplares

Imp reso en el Perti

rinted in Peru


3/30

LA

JURISPRUDENCIA V INCULANTE DE LO S ALTOS

TRIBUNALES COM O LIMITE AL PRINCIPIO DE

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Javier Adrian Coripuna

SUMARIO:

I . In troduccion . I I . La jur isprudencia con s t itucional como fuente

de Derecho. III . Igualdad en la ap l icac ion de la ley y seguridad jur idica como

t ra s fondo de l a v incula tor i edad de l a jur i sprudenc ia con s t ituc iona l . IV . La

fuerza v inculante de la jur i spruden cia en e l Estado Con st i tuc ional : la doc tr i -

na jur i spruden cial de l Tr ibuna l Const i tuc ional y e l precedente v inculante de l

Tr i bunal Con s t it uc i onal . V . La supre m ac i a i n t e rpre ta t i va de l Tr i bunal Con s -

t i tucional respecto del Poder Judicial . VI.

i

Se vulnera la independencia judicial

de l os p i e c e s de ampa ro de l Pode r Ju di c i a l cuan do se e x i ge l a ap l ic ac i on de l

pre c e de n t e v i nc u l an t e de l Tr i bunal Cons t i t uc i onal ? VII . Conc l us i one s .

I. Introducci6n

El

4 de abril de 2 006 apareci6 en el diario oficial

E l P e r u a n o

la ResoluciOn

de Jefatura N.° 021-200 6-J-OC MA/PJ, expedida por la Oficina de Control de

la M agistratura del Poder Judicial, que resolvi6 «D isponer que todos los

6rganos jurisdiccionales de la Repub lica, bajo responsabilidad funcional,

den cabal cumplimiento a los precedentes vinculantes senalados por el

Tribunal Constitucional en sus sentencias dictadas en los Expedientes N.°

0206-2005-PA/TC y N.° 4227 -2005-PA/TC (...) , asi como en otras m aterias

que tienen el mism o efecto norma tivo ya fijados o por fijarse»

1

Al dia siguiente, respondiendo directamente a esta resoluciOn, apareci6

en los principales periOdicos un comunicado del Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial, mediante el cual este Organ se dirigi6 a todo s los m agistra-

dos de la Reptib lica «puntualizando» lo siguiente: «Con arreglo a los articu-

los 138 y 139 inciso 1 de la ConstituciOn y articulo 1 de la Ley Organica del

Algunos contenidos del presente trabajo se encuentran en el articulo


4/30

108

A JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE LOS ALTOS TRIBUNALES...

Poder Judicial, la potestad de adm inistrar justicia se ejerce a exclusividad

por el Poder Judicial a traves de los 6rganos jerarquicos conforme a la

ConstituciOn y a las leyes (...) Los m agistrados judiciales s6lo estan som eti-

dos a la ConstituciOn y a la ley, y el Estado les garantiza su independencia

jurisdiccional, consagrada en el inciso 1 del artfculo 146 de la Carta F unda-

mental y en el artfculo 2 d e la Ley Organica del Pod er JudicialD2

Son estas dos decisiones adm inistrativas las que precisamente nos mo-

tivan a analizar la relaciOn entre Tribunal Constitucional (TC) y Poder

Judicial (PJ), de manera tal que se pueda determinar en que medida, para

una eficaz defensa de los derechos fundamentales, resulta importante la

existencia de precedentes constitucionales, de doctrina jurisprudencial, asi

com o la exigencia de que estos sean vinculantes y, en su caso, la necesidad

de que exista un su premo interprete en materia constitucional.

En tal cometido, resulta importante analizar el rol que en el Estado

Constitucional le corresponde a la jurisprudencia, en especial a la juris-

prudencia constitucional, de modo tal que se pu eda verificar en que m edi-

da se h a redimensionado el sistema de fuentes del Derecho, teniendo a los

jueces como elemento fundamental en la creaciOn del Derecho. En ese

sentido, es necesario identificar las disposiciones que establecen que la

jurisprudencia del Tribunal Con stitucional constituye fuente de Derecho

en nuestro ordenam iento juridic°, pues de su reconocimiento va a depen-

der en cierto mod o la orientaciOn y vinculatoriedad de todos los O rganos

jurisdiccionales a los criterios interpretativos que se desprendan de las

resoluciones del TC.

En segundo lugar, conviene estudiar los principios de seguridad juridica

(en cuanto a la predictibilidad de las decisiones judiciales) y de igualdad en la

aplicaciOn de la ley, pues estos se constituiran en las bases sobre las cuales se

va a estructurar uno de los c ontenidos de la fuerza vinculante de la jurispru-

dencia. En efecto, es importante verificar en que medida atenta contra estos

principios la decisi6n de un tribun al de justicia en el que, sin justificar el

cambio de decision, se establezca una soluciOn juridica odistinta» a un caso

que es «sustancialm ente igualD a otro caso resuelto con anterioridad.

Seguidam ente, se analizara la fuerza vinculante de la jurisprudencia,

procurando identificar su naturaleza juridica, su relaciOn con la d octrina

anglosajona del stare decisis et non quieta movere (estese a lo decidido y que

impere la quietud), asf como la forma en que se manifiesta la fuerza

vinculante de la jurisprudencia oconstitucional».

Finalmente, se identificaran las disposiciones constitucionales

y

lega-

les que establecen la su premac ia interpretativa del Tribunal Constitucio-

nal respecto de aquella expedida por el Poder Judicial, poniendo un espe-

cial enfasis en la Ley Organica del Tribunal C onstitucional (LOTC ), Ley

N.° 28301 , que ha establecido en su Primera DisposiciOn F inal que «Los

Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango

2

iario oficial El P e ru an o ,

miercoles 5 de abril de 2006, p. 15.


5/30


6/30

110 A JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE LOS ALTOS TRIBUNALES...

De esta manera, si partimos de la idea de que la ConstituciOn es un

complejo normativo, politico y jurfdico, que incorpora valores, principios

generales y especificos, derechos fundamentales en su dimensi6n subjetiva

y objetiva, garantias procesales e institucionales, que vienen a hacer de ella

un objeto de interpretaci6n jurfdica de problemas especfficos, distinta a la

interpretaciOn de la ley, entonces, comprenderemos que dicho carkter abier-

to ocasionara diversos problemas de interpretaciOn que no se presentaran

en otras areas del ordenamiento juridico, en los que existen normas más

detalladas o cerradas si se prefiere el termino

4 . En ese sentido, resulta fun-

damental la labor de sus interpretes -en especial la de sus 6rganos jurisdic-

cionales, liderados por el Tribunal Constitucional en materia de interpreta-

ci6n de la ConstituciOn-, pues su actuaci6n se constituira en el

complemento

ideal del ordenamiento juridico 5

.

As f, el felOm en° de la interpretaciOn «se cons-

tituye en el mecanismo racional y cientifico-juridico por el que la vivencia

popular de «lo fundamental» llega a convertirse en norma subconstitucional

equivalente a la ConstituciOn misma»

6

Previamente a intentar alguna conceptualizaciOn de la jurisprudencia

constitucional es necesario precisar los sentidos y significados del voca-

blo «jurisprudencia». Segun Marcial Rumo, esta puede ser entendida en

sentido lato y en sentido estricto

7. La primera, se refiere a las «resolucio-

nes que los magistrados judiciales emiten en ejercicio de sus atribuciones

jurisdiccionales para solucionar los conflictos sometidos a ellos, que se

suscitan entre los individuos o entre estos y la sociedad». La segunda, se

refiere «mas propiamente a las resoluciones que emite el maxim° tribu-

nal, pero no a las resoluciones de los tribunales y juzgados inferiores a

el». Es este ultimo sentido, relacionado a la jurisprudencia de los altos

tribunales de justicia constitucional, al que nos referiremos cuando utili-

cemos la expresiOn jurisprudencia constitucional.

De este modo,

prima facie, hoy podemos entender por

jurisprudencia

constitucional,

el conjunto de criterios y orientaciones que en ejercicio de

sus funciones jurisdiccionales han sido establecidos en las resoluciones

tanto del Tribunal Constitucional, como de las maximas instancias del

Poder Judicia1

8

, para la aplicaciOn e interpretaciOn de la Constituci6n,

4 ANDA ARROYO, Cesar.

Tribunal Constitucional y Estado Democrdtico.

PUCP,

Lima, 1999, p. 345.

5

AN TOS V IJAN D E, Jesus M arfa. 00D octrina» y ju risprudencia del Tribunal Cons-

titucional: su eficacia respecto de los tribunales ordinarios». E n: Revista de

D erecho Procesal N.° 1, M adrid, 1995. p. 250.

6

LONSO G ARCfA, Enrique. La

interpretation de la Co nstitution.

Centro de E stu-

dios Constitucionales, M adrid, 1984. p. 5.

7

U B I O C O R R E A M a rc ia l.

El sistema juridico. Introduction al Derecho.

PUCP, 2001,

p. 171.

8

ecordemos que conforme al articulo 138 de la ConstituciOn: «En todo pro-

ceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y u na nor-

ma legal, los jueces prefieren la primera ...)», consagrando de este modo el

control difuso de constitucionalidad.


7/30

J A V I E R A D R I A N C O R IP U N A

11

ya sea en el control normativo, en la tutela de derechos o en los conflic-

tos de competencias y atribuciones, respectivamente. De existir crite-

rios opuestos entre ambos Organos, en cuanto a la interpretaci6n y con-

trol de la constitucionalidad, debe prevalecer aquel criterio establecido

por el Tribunal Constitucional, conforme se desprende de lo dispuesto

por el artfculo 201 de la ConstituciOn (que establece que el TC es el

Organo de control de la ConstituciOn), asf como del artfculo 1 de la Ley

Organica del Tribunal Constitucional N.° 28301, de la Primera Disposi-

ciOn General de la LOTC, entre otras disposiciones, tal como lo veremos

más adelante.

En doctrina existen algunas discrepancias en cuanto a considerar a la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional como fuente de Derecho. Una

de las posiciones a favor, sostiene que el Tribunal Constitucional es un

autentico agente creador de Derecho, pues en su calidad de Supremo Inter-

prete de la Constituci6n, pronunciara sus sentencias con fuerza vinculante,

constituyendo verdadera fuente de Derecho que debera ser aplicada por los

tribunales inferiores, entre otros, y ademas, tomada en cuenta por el legis-

lador. Basicamente esta posiciOn sostiene tres argumentos9:

a)

Que un numero considerable de sus sentencias comportan declara-

ciones de principios jurfdicos.

b) Que el ejercicio del control jurisdiccional supone necesariamente

una interpretaciOn de la Constituci6n y que interpretar supone por esen-

cia un elemento creador de Derecho.

c)

En las Constituciones que contienen fOrmulas vagas y ambiguas, es

al Tribunal Constitucional al que le corresponde definir, en Ultima ins-

tancia, el contenido de una disposici6n constitucional, estableciendo de

esta manera la consiguiente norma constitucional.

D e otro lado, una po siciOn en contra sostiene qu e, a pesar de la especiali-

dad del Tribunal Constitucional, sus sentencias no alcanzan la categorfa de

fuente de Derecho, por no ser un modo de manifestarse o exteriorizarse el

D erecho, ni poseer el T ribunal C onstitucional capacidad normativa creadora.

En suma, teniendo en cuenta la importancia actual de la interpretaciOn

constitu cional, es evidente qu e la posiciOn con m ayor su stento jurfdico es la

primera, que considera a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como

fuente de Derecho. Sin embargo, no es s6lo este nuevo rol el que hace de la

jurisprudencia constitucional una fuente del Derecho, sino fundamental-

mente, el propio mandato constitucional, pues ese sentido de fuente se

desprende del artfculo 139, inciso 8 de la ConstituciOn (ono dejar de admi-

nistrar justicia por vado o deficiencia de la ley»), como del articulo 201 del

mismo cuerpo normativo (que le otorga al TC la funcion de control de la

Constituci6n), las que se ven reforzadas a nivel legal por determinados

9

ARTINEZ S OSPEDRA, M .

El Tribunal Constitucional como 6rgano p olitico.

Citado

en: CALV O VID AL, Felix.

La jurisprudencia

Fuente del Derecho?.

Lex Nova, Va-

lladolid, 1992. p. 210.


8/30

112


preceptos contenidos en el articulo VII del Titulo Preliminar del COdigo

Procesal Constitucionalw, asi como en el tercer parrafo del articulo VI del

referido Tftulo Preliminar , como en la Primera Disposici6n General de la

LOT0

2.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha sostenido lo siguiente:

«(...) para la ConstituciOn tanto el Poder Judicial como el Tribunal

Constitucional son 6rganos constitucionales productores de la fuente

de derecho denominada jurisprudencia. (...) Consecuentemente, en

nuestro sistema juridico la jurisprudencia tambien es fuente de dere-

cho para la soluci6n de los casos concretos, obviamente dentro del

marco de la ConstituciOn y de la normatividad vigente. Esta afirma-

ci6n se confirma cuando la propia ConstituciOn, en el inciso 8 del

articulo 139.°, reconoce el principio de no dejar de administrar justicia

por vacfo o deficiencia de la ley. No requiere de una disposici6n nor-

mativa expresa toda vez que dicha fuente deriva directamente de la

funciOn inherente a los 6rganos jurisdiccionales que la ConstituciOn

configura. En efecto, es inherente a la funciOn jurisdiccional la crea-

ci6n de derecho a traves de la jurisprudencia.

(...) todo acto de los poderes publicos u 6rganos constitucionales que

pretenda restringir dicha funciOn interpretativa no kilo es uno que

priva a los 6rganos jurisdiccionales de su funciOn, sino que es in-

constitucional. Es como si se estableciera que el Congreso no legisle,

a pesar de que en base al principio de soberanfa politica tiene un

amplio margen de configuraciOn politica de la ley, pero siempre

dentro del parametro de la ConstituciOn. No puede existir un Organo

jurisdiccional limitado en la funciOn interpretativa inherente a todo

organ° jurisdiccional, a menos que esa restricciOn derive directa-

mente de la Constituci6n. Hacerlo es vulnerar el equilibrio entre los

poderes del Estado y los 6rganos constitucionales y, con ello, el sis-

tema democratic°. Pretender limitar las funciones inherentes del

10 «Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de

cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando asi lo exprese la

sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal

Constitucional resuelva apartandose del precedente, debe expresar los fun-

damentos de h echo y de derech o que sustentan la sentencia y las razones por

las cuales se aparta del precedente».

11 0(...) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley

y los reglamentos segdn los preceptos y principios constitucionales, confor-

me a la interpretaciOn de los mism os que resulte de las resoluciones dictadas

por el Tribunal Constitucional».

12 «Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con

rango de ley y los reglamentos respectivos segun los preceptos y principios

constitucionales, conforme a la interpretaci6n de los mismos que resulte de

las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de

procesos,

bajo responsabilidacb.

(enfasis agregado)


9/30

JAVIER ADRIAN CORIPUNA

13

Tribunal Constitucional serfa como condenarlo a la inacci6n por cum-

plir su debero

1 3

.

Estos mismos criterios pueden ser utilizados para considerar a la ju-

risprudencia constitucional del Poder Judicial como fuente del Derecho

(por ejemplo, cuando la Corte Suprema interpreta las diferentes garantfas

que componen el contenido constitucional del debido proceso y la tutela

jurisdiccional). En efecto, si conforme al articulo 138 de la Constituci6n

los jueces del Poder Judicial tiene el poder-deber de interpretar la Consti-

tuci6n con el fin de preferirla ante cualquier otra norma del ordenamien-

to, en todo proceso, entonces resulta valid° sostener que tambien pueden

crear jurisprudencia en materia constitucional, debiendo, en todos los

casos, tener en consideraciOn la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-

nal, pues de acuerdo al artfculo 201, este ultimo 6rgano se encarga del

control de la Constituci6n.

Que duda cabe que la jurisprudencia constitucional es hoy fuente del

Derecho. SOlo hace falta ver algunos casos resueltos por la jurisdicciOn

constitucional para darse cuenta en que medida la jurisprudencia crea

Derecho, complementando el ordenamiento jurfdico:

Configuracion del «derecho» a un juez independiente e imparcial

En el denominado caso de la Justicia Militar I (demanda planteada por

la Defensorfa del Pueblo contra la Ley Organica de Justicia Militar), el

Tribunal Constitucional sostuvo, sobre el derecho a un juez independien-

te e imparcial, lo siguiente:

«Debe tomarse en cuenta que si bien, prima facie, la imparcialidad e

independencia son garantias consustanciales y necesarias para una co-

rrecta AdministraciOn de Justicia, estas deben entenderse, a su vez,

como garantias para los imputados (garantfa a

ser juzgado por un

Tribunal independiente e imparcial), configurandose, de este modo,

su doble

dimensiOn»1 4

En este caso, el

TC interpretando la disposiciOn constitucional que reco-

noce la independencia judicial como un principio de la funciOn jurisdiccio-

nal (artfculo 139, inciso 2), reconoce en esta disposiciOn una doble dimen-

siOn de la independencia, configurando de este modo el «derechoD del

justiciable a que su caso sea tramitado ante un juez independiente e impar-

cial. Ello «coincide con lo establecido en la ConvenciOn Americana sobre

Derechos Humanos que en su artfculo 8.1 dispone que «Toda persona tiene

derecho a ser ofda, con las debidas garantfas y dentro de un plazo razona-

ble, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estable-

cido con anterioridad por la ley, en la sustanciaciOn de cualquier acusaciOn

penal formulada contra ella, o para la determinaciOn de sus derechos y

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter»

1 5 .

13

Expediente N.° 00047-2004-AI/TC, f. j. 33 y 39.

14 Expediente N.° 0023-2003-AI/TC, f. j. 34.

15 Expediente N.° 0006-2006-PI/TC, f. j. 23.


10/30

114

A J U R IS P R U D E N C I A V I N C U L A N T E D E L O S

ALTOS TRIBUNALES...

Configuracion del derecho a un plazo razonable de la detencion

judicial preventiva

En el caso Berrocal Prudencio, el Tribunal Constitucional sostuvo lo

siguiente sobre el aludido derecho fundamental:

«El derecho a que la prisiOn preventiva no exceda de un plazo razona-

ble, no se encuentra expresamente contemplado en la Constituci6n.

Sin embargo, se trata de un derecho que coadyuva el pleno respeto de

los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, ne-

cesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar la apli-

caciOn de la

prisi6n

provisional para ser reconocida como constitucio-

nal. Se trata, propiamente, de una manifestaciOn implicita del derecho

a la libertad personal reconocido en la Carta Fundamental (articulo 2°,

24 de la Constituci6n) y, en tal medida, se funda en el respeto a la

dignidad de la persona humana.

Por lo demas, la interpretaciOn que permite a este Tribunal reconocer

la existencia implfcita del referido derecho en la ConstituciOn, se en-

cuentra plenamente respaldada por su Cuarta DisposiciOn Final y Tran-

sitoria, que exige que las normas relativas a los derechos y las liberta-

des que la Constitucion reconoce se interpreten de conformidad con

los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Peru.

Al respecto, debe setialarse que existen diversos tratados en materia

de derechos humanos ratificados por el Estado que sf reconocen expre-

samente este derecho. Tal es el caso del articulo 9°, 3 del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Politicos, que establece que «[t]oda per-

sona detenida (...) tends derecho a ser juzgada dentro de un plazo

razonable o a ser puesta en libertad». Por su parte, el artfculo 7°, 5 de

la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el de-

recho de o[t]oda persona detenida o retenida (...) a ser juzgada dentro

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que

continue el proceso».

En consecuencia, el derecho a que la detenciOn preventiva no exceda

de un plazo razonable forma parte del rulcleo minimo de derechos

reconocido por el sistema internacional de proteccion de los derechos

humanos y, por tanto, no puede ser desconocido» .

Configuracion del principio

non bis in idem

En el caso Ramos Colque, el Tribunal Constitucional sostuvo, con

relaci6n al principio

non bis in idem,

lo siguiente:

«El derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es,

el principio del

ne bis in idem

«procesal», esta implfcito en el derecho al

debido proceso reconocido por el artfculo 139°, inciso 3), de la Consti-

tuciOn. Esta condiciOn de contenido implfcito de un derecho expreso,

se debe a que, de acuerdo con la

IV

DisposiciOn Final y Transitoria de

16 Expediente N.° 2915-2004-HC/TC, f. j. 5 y 6.


11/30


15

la Constituci6n, los derechos y libertades fundamentales se aplican e

interpretan conforme a los tratados sobre derechos humanos en los

que el Estado peruano sea parte. Y el derecho al debido proceso se

encuentra reconocido en el artfculo 8.4° de la C onvenciOn Am ericana

de Derechos Hum anos, a tenor del cual: 0(. . .) Durante el proceso, toda

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantf as m fnimas: (...)

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podra ser someti-

do a nuevo juicio por los mismos hechos».

El p rincipio

ne bis in idem

tiene una dob le configuraciOn: por un lado,

una versi6n sustantiva y, por otro, una connotac iOn procesal:

En su form ulaciOn m aterial, el enunciado segan el cual, onadie puede ser

castigado dos veces por un mismo h echo o, expresa la imp osibilidad de que

recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracci6n,

puesto que tal proceder constituirfa un exces o del poder sancionador, contra-

rio a las garantias propias del Estado de Derech o. Su aplicaci6n, pues, impide

que una persona sea sancionada o castigada dos (o mas veces) por una mism a

infracciOn cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento (...).

En su vertiente procesal, tal principio significa que onadie pueda ser

juzgado dos veces por los mismos h ech os», es decir, que un mismo h echo

no pued a ser objeto de d os proceso s distintos o, si se quiere, que se inicien

dos procesos con el mismo objeto»1 7

.

Configuracion del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas

En el caso Zevallos Gonzales, el Tribunal Constitucional precis() lo

siguiente:

oCon relaciOn al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, este

Tribunal considera pertinente recordar que si bien el derecho a que

una persona sea juzgada dentro de un plazo razonab le no se encuentra

expresamente contemplado en la ConstituciOn, este se discierne del

pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad,

subs idiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que deb e

guardar la duraciOn de un proceso para ser reconocido com o constitu-

tional. Se trata, propiamente, de una m anifestaci6n implfcita del dere-

ch o al debido proc eso y la tutela judicial efectiva (...).

En consecuencia, el derecho a que el proceso tenga un lfmite temporal

entre su inicio y fin, forma parte del nude° m inimo de derech os reco-

nocido por el sistema internacional de protecciOn de los derechos hu-

manos y, por tanto, no puede ser desconocidoo .

De una rapida revision de las disposiciones contenidas en la Cons titu-

ciOn, podremos ap reciar que no se cons igna en lista ni el derecho a u n juez

independiente e imparcial, ni el derecho a un plazo razonable de la d etenciOn

judicial preventiva, ni del principio

non bis in idem,

ni tampoco al derecho a

17 Expediente N.° 2050-2002-AA/TC, f. j. 18 y 19.

18 Expediente N.° 4124-2004-HC/TC, f. j. 8 y ss.


12/30

116

A J U R I S P RU D E N C I A V I N C U L A N T E D E L O S A L T O S T R I BU N A L E S . ..

ser juzgado sin dilaciones indebidas. Estos derechos han sido configurados

en nuestro ordenamiento juriclico a traves de la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, Organ° que para realizar tal configuraciOn ha tenido en con-

sideraciOn disposiciones constitucionales tales como aq uella q ue reconoce el

debido proceso y la tu tela ju risdiccional artfculo 139, inciso 3 de la Co nstitu-

ci6n), los mismos que han sido interpretados de conformidad con los trata-

dos de derechos humanos ratificados por el Peru, conforme lo ordena la

Cu arta D isposiciOn Final y T ransitoria de la Constitu ciOn.

Se podria alegar, en contra de la consideraciOn de la jurisprudencia

como fuente del derecho, que tales derechos ya existian en el sistema

internacional de protecciOn de los derechos humanos y que no son una

ocreaciono de la jurisprudencia. Sin embargo, esta critica no resulta vali-

da, toda vez que si bien estos derechos existen en el mencionado sistema,

lo cierto es que la incorporaciOn de los «respectivos extremos normati-

voso al ordenamiento juridic° peruano se realiz6 mediante la actividad

de un 6rgano jurisdiccional como el TC, el mismo que los ha configurado

teniendo en cuenta nuestra realidad, las peculiaridades de los casos en los

que se aplic6, asi como el conjunto de disposiciones de la Norma Funda-

mental. Precisamente, esta actividad interpretativa del TC es la que ha

configurado estos derechos en nuestro ordenamiento jurfdico.

III Igualdad en la aplicacion de la ley y seguridad juridica

como trasfondo de la vinculatoriedad de la jurisprudencia

constitucional

En general, puede afirmarse que

existe violaciOn

del derecho a la igual-

dad

si se da un tratamiento desigual a los que son iguales o se da un

tratamiento igual a los que son desiguales1 9

. En la medida en que el Tribu-

nal Constitucional y el Poder Judicial, y con mayor razOn el Poder Legis-

lativo y la AdministraciOn, procuren en la adopciOn de sus decisiones el

mayor respeto por la igualdad juridica, se lograra que sus efectos sean

legitimos y acordes con un Estado de Derecho en el cual se asimilen los

constantes cambios de la realidad social.

Como tal, el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el articu-

lo 2, inciso 2 de la Constitucion, tiene dos manifestaciones relevantes: a)

la igualdad en la ley; y b) la igualdad en la aplicaci6n de la ley. La primera

manifestaci6n (igualdad en la ley) constituye un limite para el Legislador,

en tanto la actividad de legislar debera estar encaminada a respetar la

igualdad, encontrandose vedado establecer diferenciaciones basadas en

criterios desproporcionados e irrazonables. En otros terminos, el actuar

del legislador tiene como lfmite el principio de igualdad, en tanto que

dicho principio le exige que las relaciones y situaciones juridicas determi-

nadas que vaya a determinar deban garantizar un trato igual y sin discri-

minaciones.

19 PIZZORUSSO, Alessandro.

Lecciones de Derecho Constitucional.

T I. Centro de

Estudios Constitucionales, Madrid, 1984. p. 166.


13/30


17

La igualdad en la aplicacion de la ley,

se encuentra como lfmite a la tarea de

los 6rganos encargados d e la aplicaciOn de la ley,

0(...) se configura como lfmite al actuar de 6rganos pdblicos, tales

com o los jurisdiccionales y adm inistrativos. Exige que estos 6rganos,

al momento de aplicar la ley, no deban atribuir una consecuencia

jurfdica a dos supuestos de h echo que sean sus tancialmente iguales. En

otros terminos, la ley debe ser aplicada de modo igual a todos aque-

l los que estén en la m isma situaciOn, sin que el aplicador pueda esta-

blecer diferencia alguna en razOn de las personas o de circunstancias

que no sean las que se encuentren presentes en la ley» .

Por tanto, el rol que le toca desem penar al Tribunal Constitucional y

al Poder Judicial en la eficacia de los derechos fundamentales es de vital

importancia, maxim e en situaciones de aguda crisis, en que los jueces se

convierten en la U ltima garantfa para la protecciOn de los derechos ciuda-

danos y por tanto, para la realizaciOn del Derech o.

De otro lado, la referencia a la

seguridad juridica,

nos da la idea de que no

puede hab er Derecho s i no hay orden, si no hay fijeza: el Derecho tiene que

dar al ciudadano no solo la garantia de que el ordenamiento jurfdico le

reconoce derech os y le impone ob ligaciones, sino a su vez la confianza de

que en el supuesto de aquellos derech os sean vulnerados o existan obliga-

ciones incumplidas podra solicitar el aux ilio judicial para su reconocimien-

to coercitivo. El ciudadano com an debe tener la confianza y la certidumbre

de que la decisiOn del juez confirmara su pretension en terminos que res ul-

ten coincidentes con la norma positiva que la fundamenta.

Com o tal, el principio de seguridad jurfdica es consustancial al Estado

de Derech o, encontrandose en toda manifestaciOn de la ConstituciOn2 1

. No

obstante, existen algunas disposiciones expresas de las que se puede dedu-

cir este principio. Asf, por ejemplo, el TC h a sostenido que este principio

se concretiza a traves de disposiciones tales como el artfculo 2, inciso 24,

paragrafo a ; el artfculo 2, inciso 24, paragrafo d

2 4

y el 139, inciso 3

2 5

de la

ConstituciOn.

20 Expediente N.° 0004-2006-PI/TC, f. j. 124.

21 El principio de Estado de Derecho se encuentra expresamente establecido en

los artfculos 43 y 3 de la Constitucion.

22 Expediente N.° 0016-2002-AI/TC, f. j. 4.

23 «Nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido se hacer 10

que ella no prohfbeo.

24 «Nadie sera procesado ni condenado por acto u omisi6n que al tiempo de

cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequf-

voca, como infracciOn punible, ni sancionado con pena n o prevista en la leyo.

25 «Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicci6n predeterminada por

la ley, ni sometida a proc edimiento distinto de los previamente establecidos,

ni juzgada por 6rganos jurisdiccionales de excepci6n, ni por comisiones es-

peciales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominaciono.


14/30

118


Asimismo, sobre este principio, el Tribunal Constitucional ha soste-

nido lo siguiente:

0E1 principio de la seguridad jurfdica forma parte consubstancial del

Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas

(en especial, las de los poderes pdblicos) frente a los supuestos previa-

mente determinados por el Derecho, es la garantfa que informa a todo

el ordenamiento juridic° y que consolida la interdicci6n de la arbitra-

riedad (...).

El principio in com ento no solo supone la absoluta pasividad de los

poderes pdblicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que

les permitan incidir en la realidad jurfdica de los ciudadanos, sino que

exige de ellos la inmediata intervenci6n ante las ilegales perturbacio-

nes de las situaciones jurfdicas, mediante la opredecibleo reacciOn, sea

para garantizar la permanencia del

statu quo, porque asf el Derecho lo

tenfa preestablecido, o, en su caso, para dar Lugar a las debidas modi-

ficaciones, si tal fue el sentido de la prevision legalo .

De este modo, resolver en forma distinta dos casos que son

sustancialmente iguales, uno de los cuales constituye jurisprudencia cons-

titucional vinculante, vulnera el principio de igualdad en la aplicaci6n de

la ley, asf como el principio de seguridad jurfdica, afectando ademas la

unidad material del ordenamiento juridico. Un ciudadano debe tener la

plena convicciOn de que si se presenta determinado supuesto de hecho,

este sera merecedor de una consecuencia jurfdica establecida con anterio-

ridad, la misma que sera igual para todos aquellos que se encuentren en la

misma situaciOn y que no podra variarse arbitrariamente segim la mera

voluntad del juzgador.

IV. La fuerza vinculante de la jurisprudencia en el Estado

Constitucional: la doctrina jurisprudencial del Tribunal

Constitucional y el precedente vinculante del Tribunal

Constitucional

Precisamente, una de las principales causas de la perdida de legitimi-

dad de los tribunales de justicia radica en la ausencia de seguridad jurfdi-

ca, la que se manifiesta, en la mayorfa de las veces, en la falta de unidad y

predictibilidad en la aplicaciOn del Derecho. En ese sentido, en el sistema

anglosajOn funciona una doctrina que justamente tiene por finalidad ofre-

cer alternativas de soluci6n a este problema. Se trata del

stare decisis,

que

podemos entenderlo como aquella doctrina

que considera que los jueces se

encuentran obligados a seguir los criterios contenidos en sus propias d ecisiones

en casos an teriores 2 7 .

Dada la naturaleza de esta doctrina no podrfa trasla-

darse en su totalidad al sistema europeo continental, del que somos here-

26 Expediente N.° 0016-2002-AI/TC, f. j. 2 - 4.

27 A LONSO G ARCIA, Enrique. La

interpretacian d e la Constitucion.

Centro de Estu-

dios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 165.


15/30


19

deros, sino que debe ser adecuada a cada ordenamiento jurfdico, segun las

caracterfsticas propias que muestre este.

Por ello, relacionado estrechamente con el

stare decisis se encuentra en

nuestro sistema la exigencia de observar la

fuerza vinculante de la jurispru-

dencia,

la misma que se desprende de la propia ConstituciOn. Asf, por

ejemplo, del principio de seguridad juridica (artfculo 43; artfculo 3; artfcu-

lo 2, inciso 24, literales a y d, y artfculo 139, inciso 3), del principio de

igualdad en la aplicaci6n de la ley (articulo 2, inciso 2), de la propia potes-

tad de administrar justicia (artfculo 138) y en el caso de la jurisprudencia

constitucional, ademas de los antes mencionados, de la disposici6n que

establece que el Tribunal Constitucional es el 6rgano de control de la

ConstituciOn (artfculo 201). De todas estas disposiciones «constituciona-

leso se desprende la fuerza vinculante de la jurisprudencia.

Precisamente, la

fuerza vinculante de in jurisprudencia

puede ser enten-

dida como aquel elemento caracteristico de la jurisprudencia producida

en el Estado Constitucional, que exige que tanto los poderes publicos

(incluidos los propios tribunales de justicia inferiores

y superiores) como

los ciudadanos en general se encuentren efectivamente vinculados con

los criterios, orientaciones y principios establecidos por los altos tribuna-

les de justicia

doctrina jurisprudencial);

y, ademas, que ante casos iguales,

estos tribunales de justicia se encuentren vinculados por sus decisiones

anteriores precedente vinculante h orizontal), y que los tribunales inferiores

se encuentren vinculados a las decisiones de los aludidos tribunales su-

premos precedente vinculante vertical)

2 8

En cuanto a la aplicaciOn de la fuerza vinculante de la jurisprudencia

en el ambito constitucional, es importante destacar dos aspectos. En primer

lugar, que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional no siem-

pre va a estar contenida en procesos de control abstracto como el de

inconstitucionalidad, pues los procesos de control concreto como el habeas

corpus, amparo o habeas data, tambien contienen criterios o principios

que se derivan de la interpretaciOn de la Constituci6n, por lo que no solo

son vinculantes para las partes del respectivo proceso de control concreto

sino para todos los poderes ptiblicos y ciudadanos. En segundo lugar,

28 «(...) parece claro que la parte resolutiva de toda sentencia contiene siempre

por lo m enos una norma jurfdica (. . .) Sin emb argo, resulta meridiano que no

son estas normas las que adquieren relevancia cuando se discute sobre la

fuerza vinculante de la jurisprudencia. Quien invoca esta fuerza vinculante,

por lo general apunta a la existencia de ciertas normas en la parte motiva de

las sentencias». BERNAL PULIDO, Carlos. «La fuerza vinculante de la jurispru-

dencia en el orden jurfdico colombiano». En:

El Derecho de los derechos.

Univer-

sidad Externado de Colombia, 2005, pp. 208 - 209.

29 0(...) la inaplicaciOn por parte del TC de una norma por inconstitucional,

obliga a los jueces a inaplicarla tambien en los procesos que conozcan. De aid

que atin cuando el control difuso ejercido por el TC contra una norm a, no la

expulsa formalmente del ordenamiento juridico, el efecto vinculante de las

interpretaciones del TC, da lugar a un evento sustanc ialmente analogo. Prueba


16/30

120


que los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional no siempre

van a estar contenidos en los aludidos procesos de control concreto, pues

en el proceso de inconstitucionalidad tambien se pueden establecer deter-

minados precedentes vinculante0.

Seguidamente analizaremos con más detalle el contenido de la doctrina

ju risprudencial y de los precedentes vinculantes del Tribu nal Constitucional.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional pre-

ponderancia de la funcion institucional de la jurisprudencia)

Teniendo en cuenta los fundamentos constitucionales de la fuerza

vinculante de la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Cons-

titucional se constituye en aquel conjunto de

criterios, orientaciones y princi-

pios

establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando

interpreta la ConstituciOn en los procesos que son de su conocimiento, los

que conforme a la fuerza vinculante de la jurisprudencia son de obligato-

rio cumplimiento por parte de los propios tribunales de justicia, asi como

por los poderes publicos y los particulares.

En general, la doctrina jurisprudencial resalta de modo especial una

de las más importantes funciones que tiene la jurisprudencia como es la

funcion institucional .

En efecto, los altos tribunales de justicia tienen como

una de las principales funciones la de proveer a la sociedad de criterios,

orientaciones y principios que sirvan para crear la regla que lleva a la

soluciOn de casos, de manera que en el futuro los poderes publicos y

ciudadanos puedan contar con tales elementos que no hacen sino comple-

mentar el ordenamiento jurfdico.

Asi, por ejemplo, en el caso de la Reforma Pensionaria, el Tribunal

Constitucional estableci6 cual es el contenido constitucionalmente prote-

gido del derecho fundamental a la pensiOn, sosteniendo que tal derecho

0(...) tiene la naturaleza de derecho social -de contenido econOmico-.

Surgido histOricamente en el transit° del Estado liberal al Estado so-

cial de Derecho, impone a los poderes publicos la obligaciOn de pro-

porcionar las prestaciones adecuadas a las personas en funci6n a crite-

rios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus

necesidades vitales y satisfacer los estandares de la oprocura

existencialo. De esta forma se supera la vision tradicional que suponfa

de ello es que aunque el Decreto de Akaldia [cuestionado en el Exp. N° 467 7-

2004-PA/TC] no ha sido expulsado del ordenamiento juridic°, al haber sido

declarado inaplicable por el TC, ha perdido, en ultima instancia, toda posi-

bilidad de continuar regulando situaciones juridicas». RODR IGUEZ SANTANDER,

Roger. oDeconstruyendo el amparo contra normas». En:

Palestra del Tribunal

Constitucional, N.° 1, Lima,

p. 516.

30

Asi por ejemplo, en el caso de la Barrera Electoral (Expediente N.° 0030-

200 5-AI/TC, f. j. 61), el Tribunal estableciO determ inadas reglas que estable-

cen sus limites en cuanto al dictado de las sentencias interpretativas o

integrativas denominadas «manipulativas» (reductoras, aditivas, sustitutivas

y exhortativas).


17/30


21

distintos niveles de protecciOn entre los derechos civiles, politicos,

sociales y econ6micos, atendiendo al principio de indivisibilidad de

los derechos fundam entales y a que cada uno formab a un com plejo de

obligaciones de respeto y protecciO n -negativas- y de garantfa y pro-

mociOn -positivas- por parte del Estado»

3 1 .

En este caso, las consideraciones del TC antes expuestas constituyen

doc t r i na j ur i spruden c i a l

en materia constitucional, la mism a que se ha obte-

nido interpretando determinadas disposiciones c onstitucionales (artfcu-

los 10 y 11 de la Constituci6n). Esta doctrina, zes vinculante? Claro que sf,

pues si se tiene en consideraciOn que la Constituci6n es la norma suprema

del ordenamiento jurfdico y com o tal vincula a todos los pod eres priblicos

y a los c iudadanos, entonces la interpretaci6n que de esta haga el Tribunal

Constitucional, en tanto suprem o interprete de la ConstituciOn, debe ser

tambien vinculante, pues tal interpretaci6n no hace sino «completaro el

ordenamiento jurfdico.

A nivel legislativo, la vinculatoriedad de los jueces res pecto de la doctri-

na jurisprudencial del Tribunal Constitucional se encuentra estab lecida, en-

tre otras disposiciones, en el tercer parrafo del artfculo VI del Tftulo Prelimi-

nar del COdigo Procesal Constitucional que prey& como ya se h a mencionado,

que «Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley

y los reglamentos segun los preceptos y principios constitucionales, confor-

me a la interpretaci6n de los mismos que resu lte de las resoluciones dictadas

por el Tribunal Constitucional», asf como en la Primera DisposiciOn Final de

la Ley Organica del Tribunal Con stitucional N.° 28301, disposici6n que es

similar al parrafo antes citado, salvo en su ultimo extrem o, que establece que

la exigencia de vinculaciOn por parte de todos los jueces se realiza

«bajo

responsabil idad»,

es decir, que no se trata de que todos los jueces y tribunales

de justicia puedan tener en consideraciOn, de m odo «persuasivoo, la doctrina

jurisprudencial del TC , sino, que la ob servancia de tal doctrina debe vincular

de m odo «ob ligatorioo a estos funcionarios.

El precedente vinculante del Tribunal Constitucional prepon-

derancia de la funcian de resolucion de casos concretos)

Teniendo en cuenta los fundamentos constitucionales de la fuerza

vinculante de la jurisprudencia, el

preceden t e vi ncu l an t e de l T r i buna l C on s t i-

tuc ional

se constituye en aquella

reg la jun d ica

contenida en una decisiOn

judicial del Tribunal Con stitucional que soluciona un caso conc reto y que

debe ser de observancia obligatoria para el propio Tribunal

(preceden t e

v i n c u l a n t e h o r i z o n t a l ),

asf com o para todos los jueces y tribunales inferiores

precedente vinculante vertical),

en todos aquellos casos que sean

sustancialmente iguales

3 2

31 Expedientes N.°s 0050-2004-AI / 0051-2004-AI /

0004

-

2005

-

AI / 0007-

2005-AI / 0009-2005-AI/TC (acumulados), f. j. 74.

32 Sobre los tipos de precedente en EEUU , ver MAG ALON I KER PEL, Ana Laura.

E l

pre c e de n te c on s t i tu c ion a l e n e l s i s te m a ju d ic ia l n or t e am e r i c an o .

Mc G raw Hill, Ma-

drid, 2001, p.38.


18/30

122


Hasta la fecha, existe una considerable cantidad de precedentes vincu lantes

del Tribunal Constituciona1 3

. Asf, por ejemplo, en el caso Anicama (Expe-

diente N .° 1417-2005-A A/T C), el TC estableci6 como precedente vinculante

q ue s on su sceptibles de ser protegidas mediante el amparo -por formar parte

del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la

pensiOn-, las siguientes pretensiones, entre otras3 4

: a) cuando al demandante

se le niegue el acceso al sistema de seguridad social, pese a que cumple los

requisitos legales; b) cuando el demandante sea titular de una prestaciOn

menor a la opensiOn mfnimao q ue asciende a S/. 415.00; o c) cuando al deman-

dante se le deniegue el otorgamiento de una pensi6n de sobrevivencia, a

pesar de que cumple con los requisitos legales para obtenerla.

Como se aprecia, en el mencionado caso el TC, a partir de la inter-

pretaciOn del contenido constitucional del derecho a la pensiOn, estable-

ci6 determinadas

reglas de acceso al proceso de amparo, en materia de

pensiones, precisando en la parte resolutiva de esta sentencia que el

fundamento n.° 37 constituye precedente vinculante. De este modo, el

TC se autovincul6 a su propio precedente

precedente horizontal) y esta-

bleci6 una regla de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de

amparo

precedente vertical), de modo tal que en todos aquellos casos que

se encuentren en los supuestos mencionados en el parrafo anterior este

Tribunal y todos los jueces de amparo deberan resolver conforme al

precedente vinculante establecido. Por ejemplo, en todos aquellos casos

que lleguen al TC en los que un demandante alegue que se le ha denega-

do su pensiOn, pese a reunir todos los requisitos establecidos en la ley

respectiva, entonces el TC examinara el caso. Asf tambien, cuando un

juez de amparo de primera instancia deba calificar una demanda verifi-

card el monto de la pensi6n que recibe el demandante de modo que si

percibe un monto menor a S/. 415.00 entonces la pretension si podra ser

susceptible de examen en sede constitucional.

A nivel legislativo la vinculatoriedad respecto del precedente

vinculante del Tribunal Constitucional se encuentra prevista en el artfcu-

lo VII del Tftulo Preliminar del Codigo Procesal Constitucional en cuanto

establece que «Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren

la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando

asf lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo.

Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartandose del precedente,

debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la

sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedenteo. Como se

aprecia, la primera parte de esta disposiciOn reconoce el precedente

vinculante del TC, precedente cuya observancia es exigible tanto al pro-

pio Tribunal Constitucional

precedente horizontal), com o

a todos los jueces

de la jurisdicci6n constitucional. La segunda parte de la aludida disposi-

33 Para ver los precedentes vinculantes q ue ha expedido el T ribunal C onstitu-

cional, se puede rev isar la pagina web de la revista electr6nica

Gaceta del

Tribunal Constitucional

http://www.tc.gob.pe/gaceta/index.htm

34 E xpediente N .° 1417-2005-AA /TC , f . j . 37.


19/30


23

ciOn establece la posibilidad de que el TC se pueda apartar de su propio

precedente, para lo cual debera cumplirse con requisitos tales como la

sustentaciOn de los fundamentos de hecho y de derecho, asf como de las

razones que justifican el cambio de precedente.

V. La supremacia interpretativa del Tribunal Constitucional

respecto del Poder Judicial.

La fuerza normativa de la ConstituciOn viene a ser el presupuesto fun-

damental sobre el que se basa su aplicaciOn inmediata por jueces

y

tribuna-

les3 5

. Toda la ConstituciOn tiene valor normativo inmediato y directe, tal

como se puede deducir del principio fundamental de supremacia constitu-

cional contenido en los articulos 38

3 ', 45 8 y 51

9

de la ConstituciOn.

Mediante la fuerza normativa de la ConstituciOn se busca otorgar

preferencia a los planteamientos que ayuden a obtener la maxima eficacia

a las normas constitucionales en funci6n de las relaciones sociales y la

voluntad de la ConstituciOn

4 0

. La vigencia de la norma constitucional,

supone que los poderes publicos, para lograr la defensa de los derechos

fundamentales y una adecuada distribuciOn del poder, deban determinar

lirnites y direcciones,

los cuales deberan ser controlados judicialmente por

el Tribunal Constitucional, en su calidad de Supremo Interprete de la

Constituci6n

4 1 .

Justamente, a efectos de ejercitar este control judicial, resulta de capi-

tal importancia interpretar sisternaticamente las normas materialmente

constitucionales (principios o normas) que conforman el sistema consti-

35

CARRILLO, M arc. La

tutela de los derechos fundamentales por los Tribunales Ordina-

rios. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 33.

36 GARCfA DE ENTERRIA,

Eduardo.

La Constitucion como norm a y el Tribunal Consti-

tucional.

Civitas, Madrid, 1988.op.cit. p.64.

37 «Artfculo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Peru y de

proteger los intereses nacionales, asf como respetar, cumplir y defender la

ConstituciOn y el ordenamiento jurfdico de la Naci6n».

38 «Articulo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo

hacen con las limitaciones y responsabilidades q ue la ConstituciOn y las leyes

establecen».

39 «Articulo 51.- La Constitucion prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre

normas de inferior jerarqufa, y asf sucesivamente...». El

principio fundamental

de supremacia constitucional

«consiste en la cualidad juridica especffica de la

Constitucion que la define como el sistema normativo de maxima jerarqufa

en el contexto de un sistema juridic° nacional de modo que reviste superio-

ridad frente a la totalidad de normas pertenecientes a los diferentes niveles

que componen la construccion escalonada del proceso de produccion del

derecho». Asf en

MENDOZA ESCALANTE, M ijail.

Los Principios Fundamentales del

Derecho Constitucional Peruano.

Lim a, 2000, p. 201.

40

HESSE, Konrad.

Escritos de Derecho Constitucional.

Centro de Estudios Consti-

tucionales. Madrid, 1983, p. 28.

41

LANDA ARROYO,

Cesar. Op. cit., p. 344.


20/30

124


tucional, las mismas que no siempre se encontraran en la Constituci6n

formal, sino tambien en las leyes constitucionales, en las

leyes orgdnicas,

en el derecho consuetudinario y en el derecho jurisprudencia1

4 2 .

En ese sentido, a nivel constitucional, la ConstituciOn ha establecido

en el articulo 201 que el Tribunal Constitucional se constituye en el 06rga-

no de control de la Constituci6n0

4 3

, lo que denota claramente la opci6n

del Poder Constituyente a favor de que este Tribunal se constituya en el

Organ° supremo de la constitucionalidad pues para controlar las disposi-

ciones constitucionales se hace necesaria la actividad interpretativa del

Tribunal Constitucional, la que predomina, conforme se desprende del

referido articulo 201, respecto de todos aquellos tambien interpretes de la

Constituci6n, incluido obviamente el Poder Judicial.

En efecto, el sistema de control establecido por la Constituci6n ha

confiado en el Tribunal la tarea de velar por la constitucionalidad del

sistema en su integridad. Ello se muestra cuando la Norma Fundamental

ha dotado al Tribunal Constitucional de la capacidad de expulsar del or-

denamiento juridic° a la legislaciOn creada inconstitucionalmente (articu-

lo 204), y cuando ademas ha colocado al Tribunal como ultima y definiti-

va instancia en el conocimiento de los procesos de tutela de los derechos

fundamentales (articulo 202, inciso 2), oque es la sede donde se efectlia el

control de constitucionalidad de los actos de los poderes ptiblicos, inclu-

yendo los del Poder Judicial .

A nivel legislativo, nos interesa referirnos especificamente a la Ley

Organica del Tribunal Constitucional N.° 28301, la cual ha establecido

en su articulo 1 que


21/30


25

cia expedida por el Tribunal Constitucional, respecto de los alcances

de una ley, norma con rango de ley o reglamentos, los cuales a su vez,

seran interpretados de acuerdo a los preceptos y principios constitu-

cionales en los respectivos procesos constitucionales. La norma antes

citada, afirma la primacIa de la labor hermenetitica del Tribunal Cons-

titucional respecto de los jueces del Poder Judicial, quienes deberan

actuar de acuerdo con los resultados de esa labor.

Por ello, el Tribunal Constitucional tiene la obligaci6n -segan sea el

caso- de que sus sentencias comporten declaraciones de verdaderos prin-

cipios juridicos cuando existan f6rmulas vagas y ambiguas o hasta contra-

dictorias que tiendan a la desprotecciOn de los derechos fundamentales,

debiendo brindar al ordenamiento jurfdico la interpretaci6n más acorde

con la verdad constitucional, debiendo asf constituirse en el soporte de un

nuevo orden constitucional, en el cual se redefina el papel de los jueces, se

elaboren nuevos criterios de interpretaciOn y se rompa el esquema tradi-

tional imperante en nuestra historia judicial, de manera que su jurispru-

dencia se constituya como fuente de derecho

4 5

.

Si bien resulta importante la consagraciOn normativa respecto del valor

de la jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional, resulta aim

más importante

que exista jurisprudencia,

que ademas, esta

sea conocida 4 6 y

que esta no sea contradictoria

de manera q ue sea seguida por su

auctoritas y no

solamente por su obligaciOn normativa, pues no tendrfa sentido que los

jueces del Poder Judicial tengan la obligaciOn de seguir jurisprudencia que

no ofrezca orazones» y oargumentos» para las decisiones adoptadas, que

las mismas puedan ser contradictorias o que al final no existan. Es evidente

que si el Tribunal Constitucional va a fijar este tipo de criterios vinculantes,

debera dotarlos de la mas clara y contundente motivaciOn, de una justifica-

ciOrt lOgica de la sentencia, q ue mu estre u na funciOn pedagOgica y u n cathe-

ter racionalizador de la funci6n jurisdiccional.4 7

Quedando precisada la supremacia interpretativa del Tribunal Consti-

tucional respecto del Poder Judicial, pasemos a ver como se manifiesta en

los diversos procesos constitucionales:

45 «La fuerza vinculante de las sentencias interpretativas del Tribunal Consti-

tucional no tiene otra razon de ser q ue la fuerza vinculante de la ley, porqu e

s6lo es ley la norma conforme con la Constituciono. Asi en: Ru sto

LLORENTE,

Francisco. La

forma del poder Estudios sobre la Constitution).

Centro de E stu-

dios Constitucionales. M adrid, 1993.p.485.

46 DiEz-PicAzo G IM EN EZ , Ignacio.

Reflexiones sobre el contenido y efectos de las sen-

tencias dictadas por el Tribunal Constitutional en recursos de amparo.

En: La

senten-

cia de amparo constitucional.

Asociaci6n de Letrados del Tribunal

Constitucional. Centro de E studios Constitucionales, M adrid, 1996, p. 72.

47

C A L A M A N D R E I , Piero.

Processo e Democrazia en Opere giuridice.

V olume primo,

pp. 618 y ss. N apoli, 1965. A si citado en

R I V E R O OR T E G A ,

Ricardo. «zQuien

custodia a los custodios?: casaci6n y motivaciOn como garantias del control

de las decisiones judicialeso. En:

Jueces para la Democracia. Information y Deba-

te.

N .° 29, M adrid, julio/1997, p.38.


22/30

126


Para el caso del proceso de inconstitucionalidad,

cuando una ley u otra dispo-

sici6n normativa con fuerza de ley viola algun precepto constitucional, el

Tribunal C onstitucional la declara inconstitucional y en ese sentido se llega

a dotar a sus sentencias de «fuerza de ley», entendiendose en un sentido

literal, como la «fuerza o el vigor propio de las leyes». Esta «fuerza de ley

se extenderfa no sOlo, como aquella, al Estado y sus Organos, sino más alla,

tamb ien a todos, personas ffsicas y jurfdicas, que podrfan invocar a su favor

estas decisiones y a todos obligarfan produciendo directamente para todos

derechos y obligaciones0

4 8

. De allf que se haya dicho que este 6rgano es un

legislador negativo, en el sentido de que sus fallos pueden derogar dispo-

siciones aprobadas p or el Poder Legislativo. Por ello, la Cons tituciOn sena-

la en el artfculo 204: «La sentencia del Tribunal que declara la

inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al dfa

siguiente de la publicaci6n, dicha norma queda sin efecto (...)».

Denotando una clara relaci6n con la sup remacfa interpretativa del Tribu-

nal Cons titucional, esta vinculatoriedad d e la jurisprudencia exp edida por el

Tribunal Cons titucional en m ateria de procesos de inconstitucionalidad, que

afecta a los Organos c onstitucionales, autoridades, tribunales y ciudadanos,

se very reforzada respecto de la actividad del Poder Judicial, por lo dispuesto

en el «segundo» parrafo del artfculo VI del Tftulo Preliminar del C6digo

Procesal Constitucional (CPConst), que establece que «Los Jueces no pueden

dejar de aplicar una norma cuya cons titucionalidad h aya sido confirmada en

un proceso de incons titucionalidad o en un proceso de acci6n pop ular». Se-

esta disposiciOn los jueces no pueden ejercer el control difuso de

constitucionalidad de una norma, cuando esta ha sido considerada por el

Tribunal Constitucional como arreglada a la C onstituciOn

4 9

.

Para el caso de los conflictos com petenciales, el CPConst ha establecido en

el artfculo 111 lo siguiente: uando se promueva un conflicto consti-

tucional con motivo de una disposiciOn, resoluci6n o acto cuya impugna-

ciOn estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podra sus-

pender el procedimiento hasta la resoluci6n del Tribunal Constitucional».

Esta disposiciOn exige a todo juez o tribunal suspender el proceso ordina-

rio cuando en su tramitaci6n tome conocimiento que existe una «disposi-

ciOn», oresoluciOn» o «acto» que este siendo cuestionado ante el Tribunal

Constitucional (proceso competencial), de modo tal que una vez resuelto

por este 6rgano debera resolver el proceso ordinario observando lo deci-

dido por el TC. «Teniendo en cuenta que para determinar si un determi-

nada disposiciOn, resoluci6n o acto se encuentran viciados de incompe-

tencia el Tribunal Constitucional debe interpretar todas aquellas

disposiciones de la Constituci6n y de leyes organicas que resulten aplica-

bles al caso, y ademas, que el Tribunal Constitucional es el Supremo

48

B O C A N E G R A S I E R R A , Raul.

El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional.

IEAL, Madrid, 1982, p. 67.

49 DANOS

ORDOSIEZ ,

Jorge. oAspectos Organicos del Tribunal Constitucional o.

La

Constitucion de 1993. Andlisis y comentarios.

Lectura sobre Temas Constitu-

cionales N.° 10. Comisi6n Andina de Juristas. Lima, 1994, p. 288.


23/30

JAVIER

ADRIAN CORIPUNA

27

Interprete de la ConstituciOn, todos los pod eres ptIblicos tienen la obliga-

ciOn de respetar sus pronunc iamientos en este tipo de procesosD

5 0

.

Para

e l c a s o d e lo s p r o c e s o s d e h a b e a s c o r p u s , a m p a r o , h a b e a s d a t a y d e c u m p l i-

miento,

la Primera Disposici6n F inal de la LOTC y el Tercer Parrafo del

articulo VI del Tftulo Preliminar del CPConst, establecen entre otras pre-

visiones, como ya se ha m encionado, que los jueces y tribunales interpre-

tan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos

respectivos segun los preceptos y principios constitucionales, conforme

a la interpretaciOn de los mism os que resulte de las resoluciones dictadas

por el T ribunal Constitucional

en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad».

Estas disposiciones que establecen el caracter vinculante de la jurispru-

dencia del Tribunal Constitucional, en todo tipo de procesos, no hacen

sino brindar el marco normativo para establecer la obligaciOn de todos

los jueces y tribunales de orientarse por los criterios interpretativos que

se establezcan en las diversas acciones de garantia constitucional, siempre

y cuando se establezcan en dichos procesos, principios de alcance gene-

ral, que por tanto, con stituiran fuente de d erecho y serail vinculantes para

su aplicaciOn por todos los O rgans jurisdiccionales.

Asimismo, es pertinente resaltar que el ultimo extremo de la Primera

Disposici6n F inal de la LOTC, establece que incurre en responsabilidad

aquel juez o tribunal que se aparte de los criterios establecidos por el Trib u-

nal Cons titucional, por lo que todos los jueces cons titucionales del Poder

Judicial no pueden apartarse de los precedentes jurisprudenciales eman a-

dos por el Tribunal Constitucional,

en casos sustancialmente iguales,

pues la

citada disposicion contenida en la Ley Organica del Tribun al Constitucio-

nal les esta impon iendo una obligaci6n, bajo amenaza de que tal incumpli-

miento puede dar m erit° a la aplicaciOn de las sanciones respectivas.

Cab e resaltar que la vinculaciOn de los T ribunales a la jurisprudencia

del Tribunal Constitucional, debe ser entendida como una m anifestaciOn

de la vinculaci6n a la Constituci6n, en cuanto esta jurisprudencia exp resa

una interpretacion cualificada

realizada por el Supremo Interprete de la Cons-

tituci6e.

GARCIA

DE E N T E R R I A

sefiala respecto del articulo 5.1 de la LOPJ d e

Esparta, que es la norma que h a servido de inspiraci6n tanto a la derogada

primera disposiciOn general de la LOTC anterior, como de la Primera

50 ADRIAN CORIPUNA,

Javier. «El proceso competencial en el C6digo Procesal

Constitucional». En:

Pa l e s t r a d e l T r i b una l C o ns t i t uc i o na l ,

Ano 1, N.° 5, mayo

2006, pp. 560 - 561.

51 GA RCIA DE E NTER RIA, Eduardo. «El valor normativo de la Constituci6n Espano-

la». En:

Revis ta de Derecho P ol i ti co .

N.° 44, UNED, Espana, 1998. p. 41. Debemos

destacar la similitud de la Primera Disposici6n F inal de la Ley N.° 283 01, con el

artfculo 5.1. de la Ley Organica del Poder Judicial de Esparta que establece «L a

ConstituciOn es la norm a suprema del ordenamiento juridico, y vincula a todos

los Jueces y Tribunales, quienes interpretaran y aplicaran las Leyes y los R egla-

mentos segun los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpre-

taci6n de los m ismos que resulta de las resoluciones dictadas por el Tribunal

Constitucional

e n todo t i po de p roc e sos»

(resaltado nuestro).


24/30

128


Disposici6n F inal de la vigente LOT C, estableciendo el catheter vinculante

de las sentencias del T ribunal Constitucional: «Esta interpretaciOn resul-

tara no solo de las Sentencias que resuelvan recursos o cuestiones de

inconstitucionalidad contra las Leyes, sino, como precisa el precepto,

«d e

la s r e s o lu c io n e s d i c ta d a s p o r e l T r ib u n a l C o n s t i tu c io n a l e n t o d o t i p o d e p r o c e s o s o ,

incluyendo, pues, los recursos de am paro y los conflictos de atribuciOn y,

por supuesto, de las sentencias tanto estimatorias como desestimatoriaso

5 2

Reforzando la vinculaci6n de este tipo de procesos debem os mencionar

que los criterios interpretativos que el Tribunal Cons titucional efectUa para

resolver un conflicto surgido tras la lesi6n de un derecho fundamental

tienen v o c a t io n d e p e r ma n e n c ia ,

pues má s ally del catheter concreto de la litis

y de si se resuelve a favor del restablecimiento del derecho fundamental

lesionado, la sentencia dictada ya sea en un proceso de habeas corpus o

amparo, en una s erie de casos, tiene un

va lor ob je t ivo que supera la ind iv idual i -

dad de l caso p lanteado p ara a f rc ta r a l conjunto de l cuerpo soc ia1

5

En otras pala-

bras, la interpretaci6n que realizara el Tribunal Cons titucional en procesos

de hab eas corpus y amparo presenta una

v i s e xp a n s i v a , 5 4

que se proyecta

tamb ien sobre la actividad de los 6rganos jurisdiccionales del Poder Judi-

cial, en razOn de constituirse en el supremo interprete de los derechos

fundamentales contenidos en la C onstituciOn y que por tanto debe crear las

condiciones b asicas para la hom ogeneizaciOn de su interpretaciOn.

El citado

cardc ter ob je t ivo

se refiere a la eficacia de los pronunciam ientos

jurisprudenciales para fijar criterios estab les sob re la interpretaci6n del

contenido de los derechos fundam entales integrados en su am bito material

y la forma como debe llevarse a cabo su aplicaciOn, asi como sobre las

opciones perm itidas en la interpretaciOn d e las leyes de conformidad con

los preceptos constitucionales que reconocen los derechos fundamentales,

que se impongan a los O rganos judiciales y favorezcan de esta manera, la

h om ogeneidad de las soluciones judiciales a las controversias que versen

sobre posibies vulneraciones de tales derechos . Tal como s e puede despren-

der de lo dispuesto por el art. 200 , inciso 2 de la Constituc iOn, que establece

que el T ribunal Constitucional conoce, en Ultima y definitiva instancia, las

resoluciones denegatorias de h abeas corpus, am paro, habeas data, y acci6n

de cum plimiento, este cardcter objet ivo es inherente a todo proces o jurisdic-

tional que constituya la Ultima instancia o via procesal posible para la

resoluci6n de una determinada

52 Mem.

53 CARRILLO, Marc.

La tutela de los derechos fundantentales...

Op. cit, p. 37

54 Al respecto, Enrique ALONSO GARCIA senala: «la mejor manifestaci6n de esta

vis expansiva

es el llamado principio de efectividad. En palabras del TC, «la

obligaci6n de interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable

para la efectividad del derecho fundamentabm. Asf en: ALONSO GARCIA, En-

rique.

La interpretation de la Constitution.

Op. cit., p. 362

55 Asf citado por DE LA OLIVA SAN TOS, Andres. En: SANTOS VIJANDE, Jesus M arfa.

Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Su eficacia respecto de los

Tribunales ordinarios.

Granada, Comares, 1995, p. 100.


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29

Hoy en dia., a nivel com parado, la defensa de los derech os fundamen -

tales ha cobrado una eficacia más intensa, de irradiaci6n al conjunto del

ordenamiento jurfdico, hasta tal punto de estar siempre presente en la

totalidad del mismo, a tener efectos no s6lo bilaterales, sino

e r g a o m n e s

adquiriendo de esta manera un caracter absoluto. En palabras de

SCHLAICH:

«Con ello, los derechos fundamentales (...) se han convertido en una pa-

lanca con la que el ciudadano puede hacer valer su libertad respecto de

toda intervenci6n injustificada, por lesiva del principio del Estado de

Derech o, proveniente del Estado»

5 6

.

Tal com o lo sostiene el profesor

DIEZ-PICAZO,

si la jurisprudencia de los

tribunales del Poder Judicial se ha de ver vinculada por la sentencia

estimatoria de inconstitucionalidad, no se puede apreciar razOn alguna

para negar la mism a incidencia que pudieran tener el resto de sentencias

constitucionales, aun cuando no h ubiesen conc luido en la declaratoria de

inconstitucionalidad de la disposiciOn som etida a controls'.

VI. iSe vulnera la independencia judicial de los jueces de

amparo del Poder Judicial cuando se exige la aplicacion

del precedente vinculante del Tribunal Constitucional?

Más ally de las circunstancias concretas sobre las dos resoluciones

administrativas que dieron merit° al presente trabajo, cabe mencionar,

como se ha evidenciado en los puntos anteriores, que la existencia de

precedentes vinculantes del Tribunal Con stitucional tienen fundam ento

cons titucional (igualdad en la aplicaciOn de la ley y seguridad jurfdica),

ademas de fundam ento legal (artfculo VII del Titulo Preliminar del CO di-

go Procesal C onstitucional), por lo que deben ser de ob ligatorio cumpli-

miento por parte todos los jueces que conocen los proces os constituciona-

les cuando precisamente tienen a su cargo un caso que es sustancialmente

igual a otro que dio merit° al precedente vinculante.

Lo antes expuesto no implica en modo alguno que la exigencia de

respetar los precedentes vinculantes del TC vulnere la independencia ju-

dicial de los jueces de amparo d el Poder Judicial, pues como se aprecia en

el ',arra° anterior, la propia ConstituciOn y la ley le exigen tambien

respetar los precedentes vinculantes del Tribunal C onstitucional. Com o

lo h emos sostenido en anterior oportunidad

5 8

, la doctrina del precedente

vinculante tiene la finalidad de proporcionar previsibilidad, certeza e

igualdad en la aplicaci6n del Derech o. Por ello, la existencia de una regla

56 Asf citado En: WAHL, Rainer y WIELAND , Joachim.

L a j u r i s d i c c i on c on s t it u c i on a l

c o m o b i e n e s c a s o . E l a c c e s o a l B u n d e s v e r f a s su n g s g e r i c h t.

En:

R e v i s ta E s p a r i o l a d e

D e r e c h o C o n s t i tu c i o n a l .

Ano 17, num.51, septiembre-diciembre, 1997, p. 16.

57 Asf citado en SANTos VIJANDE, Jesus Maria. «»Doctrina» y jurisprudencia...»

Cit., p. 197

58 ADR IAN CO RIPUN A, Javier. «Com entarios al artfculo 146 de la ConstituciOn».

En: La

C o n s t it u c io n C o m e n t a d a .

Gaceta Jurfdica, Tomo II, Lima, 2005, p.

692.


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31

respectivos, segtin los preceptos y principios cons titucionales,

c o n f o r m e

a la interpre tacion de los m ismos qu e resul te de las resoluciones d ic tadas por es te

Co legiado en todo t ipo de p rocesos , ba jo re sponsab i l idad».

Por ello, entre otras consideraciones, el TC dict6 el siguiente

prece-

dente vinculante:

oDeclarar que la presente sentencia constituye precedente vinculante

(...). En consecuencia, al haberse confirmado la constitucionalidad del

articulo 17 °, y la Tercera y Decima Disposiciones Transitorias de la Ley

N.° 27 7 96; de la Tercera DisposiciOn C omplementaria y Final del De-

creto Supremo N.° 009-200 2/MINC ETU R; de la Primera, Segunda y

Tercera Disposiciones Finales de la Resoluci6n de Superintendencia

N.° 014-20 03/SUN AT, y de la Resoluci6n de Superintendencia N.° 052-

2003/SU NAT, en aplicaciOn del primer parrafo del articulo VI del C6-

digo Procesal Constitucional -que resulta tambien de aplicaciOn en

aquellos casos en los que este Colegiado desestima la solicitud de

ejercer el control difuso contra norm a, por no encontrar en ella vicio

alguno de inconstitucionalidad-,

d i c h o s p r e c e p t o s r e s u l t a n d e p l e n a a p l i -

cac i on en t odo t i po de p rocesos , quedan do proscr i t a su inap l icac i on por pa r t e

d e l o s j u e c e s e n e j e r c ic i o d e l c o n t r o l d i f u s o d e c o n s t i tu c i o n a l i d a d d e l a s n o r -

m a s o [enfasis agregado]

zSe esta afectando la independencia de un juez de am paro cuando se

le exige que en un caso concreto -en el que discute la aplicaci6n de la

aludida normatividad sobre casinos y tragamonedas- se encuentre efec-

tivamente vinculado con el respectivo precedente vinculante estableci-

do por el Tribunal Constitucional? Estimamos que no, pues si el caso es

sustancialmente igual, los principios de igualdad en la aplicaciOn de la

ley y de seguridad juridica, le exigen a este juez de amparo aplicar el

precedente vinculante del TC.

Cosa distinta se presenta cuando se logra determinar y sobretodo

justificar que el c aso no es sustancialm ente igual a aquel que dio origen a

un precedente v inculante. Es decir, que de ex istir diferencias reales -y no

aparentes- entre el primer ca so (que dio merit° al precedente) y el segun-

do caso, entonces no es exigible aplicar el precedente instaurado

(d i s t ingu i sh)

6

.

Por otra parte, cabe mencionar que un supuesto distinto se presenta en

el caso del

o v e r r u l i n g ,

o cam bio de orientaciOn jurisprudencial, en el cual

se admite la posibilidad de que el Alto Tribunal cambie de precedente

vinculante, no porque el caso no sea sustanc ialmente igual a otro (que h a

dado merit° a un precedente), sino porque habiendo sido adecuado en

una situaciOn concreta, luego de un determinado tiempo, tal Tribunal

estima que el precedente debe ser cam biado

6 1 .

60 BERNAL PULIDO,

Carlos. oLa fuerza vinculante...0 Cit., pp. 224 y 222.

61 La tecnica del

prospe c t i v e o v e r ru l in g

ha sido ya asum ida en la sentencia recaf-

da en el Expediente N.° 0090-2004-AA/TC, caso Juan Carlos Calleghari


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132


El cambio de la orientaciOn jurisprudencial

overruling)

contenida en un

precedente vinculante del Tribunal Constitucional sOlo puede ser realiza-

do por el mismo Tribunal. En otros terminos, el precedente S1° lo puede

cam biar el Organo que lo expidi6. Ciertamen te, los jueces de nivel inferior

no pueden cambiar el precedente, aunque sf, excepcionalmente, podrfan

apartarse del mism o, justificando su decision, con lo que mo tivarfan que el

TC se pronuncie nuevamente cambiando, si asf lo estima, el precedente

instaurado. Este es un sup uesto excepcional y se podrfa presentar, por ejem-

plo, cuando luego de un considerable tiempo varfe el contexto social que

rodeaba al supuesto de h ech o que dio merito al precedente. En efecto, si con

el transcurrir del tiempo el precedente deja de servir para el fin para el c ual

fue dictado y, por el contrario, hace prevalecer una situaciOn que puede

devenir en arbitraria, entonces el juez de instancia inferior puede apartarse

del precedente (nunca cam biarlo pues esto sOlo lo puede hac er el Tribunal

Constitucional), mediante una motivaci6n especffica adicional de por que

se h ace tal alejamiento, de modo tal que se ponga en conocim iento del Alto

Tribunal la exigencia de que el precedente debe cambiar o en todo caso

motivar en este una justificaci6n que, m anteniendo el precedente, responda

al nuevo contexto planteado. Esta Ultima consideraci6n parte del supuesto

de que no siempre los Altos Tribunales van a cambiar los precedentes por

iniciativa propia sino tambien cuando las instancias jurisdiccionales infe-

riores pongan en su conocimiento la necesidad de realizar tal cambio.

De no existir la posibilidad de que los jueces de amparo, por ejemplo,

puedan generar el camb io de precedente por parte del TC debido a que cabe

la posibilidad de que el caso no llegue a la sede del Tribunal C onstitucional

por no ser una resoluci6n «denegatoria» de habeas corpus, am paro, habeas

data y acci6n de cumplimiento (artfculo 202, inciso 2 de la Constitucion) 2 ,

o de no existir supuestos tan excep cionales com o el transcu rso de un consi-

derable periodo de tiempo que justifique tal alejamiento entonces tales

jueces no pueden, ni deben, apartarse del precedente instaurado por el TC.

Herazo, el q u e se decidi6 cambiar la jurispru dencia con relacion al tema de los

pases al retiro de los Oficiales de las Fu erzas Armadas y Policia N acional, pu es

se realiz6 u na nu eva interpretaci6n de las prerrogativas conferidas al Presidente

de la Republica, contenidas

en

el artfculo 167 de la C onstituci6n. E n dicha

oportunidad se sostuvo ademas, de modo expreso q ue « ...) dicho cambio solo

debera operar luego de que los 6rganos involucrados con las referidas acciones

de personal puedan conocer los alcances del mismo y adopten las medidas q ue

fueren necesarias para su cabal cumplimiento, s in qu e, ademas, se afecte lo

institucionalmente decidido conforme a la jurispru dencia preexistenteo f. j. 5).

A d iferencia del

overruling,

la tecnica del

prospective overruling

se constituye

en un mecanismo en base al cual cualquier cambio de orientaci6n

jurisprudencial

overruling)

no adq uiere eficacia para el caso decidido, sino

solo en relaci6n a hecho s verificados con po sterioridad al nu evo precedente

sentado en el

overruling.

62 «Articulo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional: (...) 2. Conocer, en

U ltima y definitiva instancia, las resoluciones

denegatorias

de habeas corpus,

amparo, habeas data, y acci6n de cu mplimientoo [enfasis agregado]


29/30


33

En todo caso, en la utilizaci6n de ambas tecnicas

distinguish

y

o v e r r u l i n g ) ,

como en el alejamiento del precedente, la carga de la argu-

mentaciOn jurfdica tiene una decisiva importancia, a tal punto que podria

afirmarse que no podria utilizarse ninguna de las dos tecnicas antes m en-

cionadas, ni darse el supuesto de que un tribunal inferior se aleje de un

precedente, si es que no se justifica tal aplicaci6n, e incluso, en este ultimo

caso, la omisiOn de consignar una motivaciOn espectfica sobre el aleja-

miento del precedente debe llevar a la sanci6n at respectivo juez, por

parte del Organo judicial superior, por contravenir las disposiciones que

exigen el acatamiento del precedente vinculante del TC .

VII. Conclusiones

En primer lugar, queda claro que la jurisprudencia del Tribunal Cons-

titucional se constituye h oy en dfa en una de las fuentes del D erecho. Tal

sentido de fuente se desprende, entre otras disposiciones, del artfculo 139,

inciso 8 de la ConstituciOn que exige «no dejar de administrar justicia por

vacfo o deficiencia de la ley», como del artfculo 201 del mismo cuerpo

norm ativo, que le otorga al TC la funciOn de control de la Cons tituci6n.

En segun do lugar, en el caso de la vinculatoriedad a la jurisprudenc ia

del Tribunal Constitucional, los principios de igualdad en la aplicaci6n

de la ley y de seguridad juridica se constituyen en los fundam entos cons -

titucionales que le sirven de base. De este modo, todo ciudadano debe

tener la plena convicci6n de que si se presenta determinado supu esto de

hech o, este sera merecedor de una consecuencia jurfdica establecida con

anterioridad, la mism a que sera igual para todos aquellos que se enc uen-

tren en la m isma situaciOn y que no podra variarse arbitrariamente segun

la mera voluntad del juzgador.

En tercer lugar, cab e distinguir dentro la fuerza vinculante de la

juris-

prudencia, dos conceptos im portantes. De un lado, la

doc tr ina jur isprudenc ia l

d e l T r i b u n a l Co n s t i t u c i o n a l ,

que se constituye en aquel conjunto de crite-

rios, orientaciones y principios establecidos en la jurisprudencia del Tri-

bunal C onstitucional, cuando interpreta la Cons tituciOn en los procesos

que son de su conocimiento. De otro lado, el p r e c e d e n t e v i n c u l a n t e d e l T r i -

bun a l C on s t it uc i ona l ,

que se c onstituye en aquella regla jurfdica contenida

en una decisiOn judicial del Tribunal Constitucional que soluciona un

caso concreto y que debe ser de observancia obligatoria para el propio

Tribunal

(preceden t e v incu l an t e ho r i zon t a l ) , asi

com o para todos los jueces y

tribunales inferiores

(precedente v inculante ver t i ca l ) ,

en todos aquellos ca-

sos que s ean sustancialmente iguales.

Esta labor de fijar la doctrina jurisprudencial vinculante y el precedente

vinculante, exige del Tribunal Constitucional una prudente labor en la

fijaciOn de los m ismos y ad emas que s e observen, entre otros, tres requisi-

tos esenciales: 1) la m otivaciOn especifica que h a servido para instaurar la

doctrina o precedentes vincu lantes, lo

der.proc.constituc palestra

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