desplazamiento forzado

1

Grupos posdesmovilización y desplazamiento forzado en Colombia: una aproximación

cuantitativa

Gabriel Rojas Andrade Paola Hurtado

CODHES

1. Introducción

De acuerdo con las cifras del último informe del Concejo Noruego para Refugiados (NRC) y El Centro de Monitoreo para el desplazamiento interno (IMDC): Global Overview 2014, People Internally Displaced by Conflict and Violence, Colombia es el segundo país del mundo con el mayor desplazamiento asociado al conflicto y la violencia, con 5.7 millones de víctimas, solo superado por Siria, con 6.5 millones1.

Gráfica 1. Países con el mayor desplazamiento relacionado con conflicto y violencia.

Fuente: IDMC- 2014

De manera similar, las estimaciones preliminares para 2013 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES, indican que, en Colombia, al menos 203.976 personas fueron obligadas a desplazarse de sus hogares a causa del conflicto armado2. De estas, 28.032 personas se desplazaron en hechos masivos3 o múltiples4, lo 1 NRC y IMDC (2014) “Global Overview 2014, People Internally Displaced by Conflict and Violence. En http://bit.ly/1ldAq3n. Consultado el 14 de mayo de 2014. p. 11 2 Estas cifra y el consolidado histórico nacional sobre desplazamiento forzado a 2013 todavía es objeto de contraste y estudio por parte de CODHES y se usa en este texto con fines académicos. Todavía no es posible permitir su divulgación masiva, 3 Se entiende como desplazamientos masivos aquellos sucesos que afectan a 50 personas o más, o a 10 familias en adelante. 4 Se entiende como desplazamientos múltiples aquellos sucesos que afectan ente 15 y 49 personas, o a entre 3 y 9 familias.

2

cual corresponde a 130 casos y 7.205 familias5. Esto quiere decir que, según CODHES, al menos 5.905.996 personas han sido desplazadas forzosamente desde 1985 hasta diciembre de 2013 en Colombia6. Tal cifra muestra que, en promedio, anualmente 203.665 personas se han desplazado dentro del país en los últimos veintinueve años. Los departamentos con mayor número de personas afectadas por los desplazamientos masivos durante 2013 son: Antioquia 3.774, Cauca 8.223, Chocó 2.496, Córdoba 1.053, Nariño 5.168 y Valle del Cauca 4.589. Estos departamentos son los que más reflejan presencia de grupos posdesmovilización7 en los últimos cinco años.

Gráfica 2. Desplazamiento forzado en Colombia: cifras históricas 1985-2012

Fuente: CODHES – SISDHES 2013

5 CODHES. (2013) La crisis humanitaria en Colombia persiste. El Pacífico en disputa. Bogotá: Ediciones Usta. p. 14. 6 Según cifras oficiales del gobierno colombiano, 5.576.168 personas han sido desplazadas históricamente en Colombia, de las cuales 180.495 tuvieron que hacerlo durante 2013. Fuente: Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). En http://bit.ly/1nPzF34. Consultado el 2 de mayo de 2014. 7 Para efectos del presente documento se entiende por Grupos Posdesmovilización (GPD) aquellas estructuras macro-criminales de grupos paramilitares que se desmovilizaron en 2005 y retomaron las armas, que nunca se desmovilizaron y aquellos que aparecieron después del proceso de desmovilización de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que están conformados, entre otros, por quienes fueran miembros de estos grupos paramilitares. El término BACRIM, o “bandas criminales emergentes”, instaurado en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe 2006-2010, no se considera adecuado, dado que limita la comprensión del fenómeno de estos actores armados a su carácter criminal, ignorando la continuidad entre los líderes y estructuras de las AUC que articularon y soportaron el accionar de los grupos armados que se disputaron el control territorial y las rentas legales e ilegales desde 2006.

3

Gráfica 3. Personas desplazadas por eventos múltiples y masivos en Colombia.

Enero a Noviembre 2012-2013


Gráfica 3. Personas afectadas en desplazamientos múltiples y masivos por

departamentos. Enero a noviembre de 2013.


Mapa 1. Desplazamientos masivos en Colombia. Enero a Noviembre de 2013

4


Mapa 2. Desplazamientos múltiples por departamento en Colombia. Enero a Noviembre

de 2013.


En el marco de un proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, es necesario preguntarse si la crisis humanitaria que representa el

5

desplazamiento interno en el país está siendo causada exclusivamente por el grupo insurgente o si otros actores armados inciden en el continuo incremento de personas desplazadas en la última década. Como lo muestran los mapas 1 y 2 y la gráfica 3, los retos para un posible escenario de posconflicto en Colombia no se limitan a las consecuencias de un cese de la confrontación armada entre la fuerza pública y combatientes de las FARC, sino que también se debe considerar la presencia y poder de coacción de otros actores que operan en el territorio nacional y que son responsables de la victimización de la población civil.

Gráfica 4. Presuntos actores responsables de desplazamientos masivos y múltiples en

Colombia enero a noviembre de 2013.

Fuente: CODHES – SISHES 2013

Los desplazamientos múltiples y masivos son apenas un indicador del grado de victimización que los GPD han logrado con respecto a otros actores armados en Colombia. Si bien las FARC y los enfrentamientos entre las FARC y la fuerza pública siguen generando desplazamientos de personas que son deliberadamente despojadas o que se encuentran en medio del fuego cruzado. Los desplazamientos masivos durante 2012 y 2013 están mayormente asociados con las acciones de los grupos posdesmovilización, particularmente con la tipología del desplazamiento forzado intraurbano (DFI). Durante 2012, los principales actores armados en entornos urbanos fueron los grupos armados posdesmovilización (GPD). CODHES identificó 24 eventos de desplazamiento intraurbano de los cuales 23 fueron masivos. Estos eventos se concentraron en 6 municipios: Medellín, Buenaventura, Tumaco, Soacha, El Tarra y Toribío. En 22 de los 24 eventos los responsables fueron parte de la red de los grupos posdesmovilización, entre ellos, La Empresa, Los Urabeños, Los Rastrojos, los Combos en Medellín, La Oficina y otros sin identificar. En los demás eventos participaron las FARC y la fuerza pública (CODHES

6

2013a). El incremento del DFI durante 2012 y 2013 en zonas de presencia de GPD indica que el proceso de paz con la guerrilla de las FARC no supone el fin de la violencia rural o urbana en Colombia. Por el contrario, uno de los retos más grandes a los que se enfrenta el Estado colombiano es el aumento en las acciones criminales de los grupos herederos del paramilitarismo que ocupan espacios de poder dejados por antiguos jefes de las autodefensas y narcotraficantes y de su rol en la prolongación de la crisis humanitaria que ha impuesto el conflicto armado en Colombia.

Gráfica 5. Desplazamiento forzado intraurbano histórico

Fuente: CODHES –2013

Si el desplazamiento forzado en Colombia no ha disminuido después de la desmovilización de las AUC, sino que se ha diversificado en sus responsables, flujos e itinerarios, surgen entonces serias inquietudes acerca del futuro de los combatientes de las FARC que dejen sus armas y pretendan reincorporarse a la vida civil. En este sentido, la presente ponencia tiene por objeto hacer una revisión cuantitativa y geográfica de la presencia de los GPD en Colombia y de su incidencia en la crisis humanitaria reflejada en el desplazamiento forzado en el país. El propósito es brindar un panorama del desplazamiento en Colombia que exhibe la incidencia de nuevos actores que reproducen y adaptan prácticas de control social y territorial en función de rentas legales e ilegales y que además demandan una atención particular en el marco de un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. Tal atención debe enfocarse en la posibilidad que tienen los excombatientes de reincidir en prácticas delictivas que generan violencia y presión sobre la sociedad civil y en la creciente conformación de redes criminales con incidencia local y nacional que pueden afectar la estabilidad de un posible acuerdo en la Habana. La información usada en el texto proviene de cuatro prácticas complementarias:

Intraurbano; 20481

5000

10000

15000

20000

25000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

N°

de p

erso

nas

Desplazamiento forzado intraurbano histórico

7

1) el trabajo de campo llevado a cabo en diferentes regiones de Colombia en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales con representantes de la institucionalidad local y nacional, funcionarios de la cooperación internacional, miembros de la sociedad civil, líderes de organizaciones de base y víctimas;

2) el monitoreo de CODHES sobre la situación humanitaria en el país cuyas estimaciones con respecto al número de personas desplazadas se obtiene a partir de una metodología de fuentes contrastadas. Las principales fuentes oficiales y no oficiales son:

• Oficiales: ministerio Público (Personerías Municipales y Defensoría del Pueblo), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

• No oficiales: incluyen monitoreo de prensa nacional y regional, organizaciones étnicas, organizaciones de base, Iglesia (por medio del Secretariado Nacional de Pastoral Social), Agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales locales y nacionales, organizaciones internacionales.

A partir de la información provista por estas fuentes se contrastan los datos. De acuerdo con su alcance y las fechas de los eventos múltiples y masivos se construye la cifra a nivel municipal. La cifras departamentales y el número nacional consiste en la agregación de los datos municipales y departamentales correspondientes. Las principales restricciones identificadas en la metodología de fuentes contrastadas son: a) en tanto que la contrastación se concentra en evitar la duplicidad, existe un alto riesgo de subregistro a pesar de ser cifras superiores a las de otros sistemas de información; b) la información disponible no permite cubrir la totalidad del territorio nacional; c) la cifra general se refiere a población desplazada por municipio de llegada, solamente es posible identificar lugares de salida en los desplazamientos múltiples, masivos e intraurbanos;

3) mapas de presencia de actores armados. La presencia paramilitar en los mapas

usados en el apartado 3 es una variable categórica, es decir, indica si "hay o no presencia". Cada punto representa la variable "sí" hay presencia del grupo respectivo al color de la convención. Para ello, se realizó un monitoreo de los informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las compilaciones de la ONG INDEPAZ, informes de prensa y noticias del Ejercito. En los mapas se identifican los presuntos actores armados vinculados con hechos de conflicto armado y afectaciones específicas, esto permite evidenciar la presencia de determinado grupo en un municipio en particular. El nivel de desagregación de los datos es municipal, por tal razón los departamentos reflejan presencia del mismo grupo en diferentes lugares. Los datos son indicativos de presencia –visible- de grupos armados, en específico grupos paramilitares y posdesmovilización, pero no permiten identificar la magnitud de esta presencia en términos de número de integrantes;

8

4) revisión documental de informes de gestión de entidades del Gobierno de Colombia, prensa e informes de organizaciones internacionales de la sociedad civil.

La estructura del texto se divide en tres breves secciones: primero se describe en líneas generales la manera de operar de los GPD y las acciones por medio de las cuales generan desplazamiento forzado interno. En segundo lugar se muestra la presencia histórica de los grupos paramilitares y los GPD en el país a través de mapas contrastados. Finalmente se ensayan una cortas consideraciones finales sobre la reintegración de excombatientes a la vida civil por medio de estrategias transicionales en el marco de la negociación de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC.

2. Excombatientes, grupos posdesmovilización y las prácticas de reclutamiento y

control territorial

Los GPD después del año 2006 en Colombia se han articulado a partir de las estructuras y líderes paramilitares que permanecieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y que cooptaron a elementos de las guerrillas y miembros de organizaciones narcotraficantes. Esto quiere decir que tanto los espacios de control territorial y los corredores de narcotráfico, como las practicas de coacción sobre la población civil en función de rentas legales e ilegales se adaptaron a las nuevas circunstancias que dejaron los vacíos de poder de los jefes paramilitares. De este modo, redes criminales sin una línea vertical y jerarquizada de mando, pero sí articuladas a partir de un modelo de franquicia, que permite subcontratar nodos locales relativamente independientes, tienen control social y territorial por medio de oficinas de cobro, combos y pandillas, pero además relaciones con redes transnacionales de narcotráfico con asiento en México, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y España8. El proceso de ajuste de los grupos posdesmovilización para consolidar la presencia en zonas estratégicas se vale además de nuevas dinámicas urbanas del conflicto armado en el país. Junto con el procesamiento de base de coca, su trasporte y la comercialización de la cocaína, los GPD han encontrado en la minería artesanal e institucional del oro una importante renta basada en el control de las zonas de explotación, las vacunas y la extorsión sobre pequeños y grandes mineros en zonas rurales. Sin embargo, los espacios urbanos se han convertido en medios no solo de subsistencia, sino también de consolidación del poder social, territorial y económico. La diversidad de los grupos posdesmovilización se debió, en un principio, a la pugna de diferentes resquicios de las autodefensas que pretendían apoderarse del negocio del narcotráfico y apoyar su enriquecimiento en el micro tráfico, la extorsión, el hurto y el despojo en las ciudades. En la medida en que dos de las fuerzas con más influencia, a

8 McDermott, Jeremy. La victoria de los Urabeños. La nueva cara del crimen organizado en Colombia. InSightCrime en http://bit.ly/1jeQhk8. Consultado 10 de mayo de 2014. pp. 10-15

9

saber, los Rastrojos y los Urabeños, se articularon en redes de acción más eficaces, la multiplicad de rentas legales e ilegales se hizo complementaria. Así, la influencia sobre el narcotráfico y la minería se complementó con el contrabando, el tráfico de armas, la extorsión, la trata de personas y la prostitución. Estas prácticas no podían sostenerse sin una presencia activa tanto en las ciudades como en el campo. De allí que el crecimiento exponencial de los grupos posdesmovilización no se halla limitado a las zonas rurales tradicionales del conflicto armado, sino que se haya posicionado con extrema violencia en poblaciones del Pacifico (59 eventos de desplazamiento masivo en 2013) y del Caribe (49 eventos de desplazamiento masivo en 2013), en las regiones de frontera, e incluso en las grandes urbes, donde el accionar de oficinas de cobro, combos y pandillas que prestan sus servicios a las redes de los grupos posdesmovilización tienen gran impacto, pero operan camuflados en los barrios, lo que hace difícil su detección9. Pese a los frecuentes golpes de la fuerza pública a supuestos miembros de los GPD (entre 2009 y 2012 se “neutralizó” a 4.536 y se capturó a 4.493 integrantes de grupos posdesmovilización según cifras del Ministerio de defensa Nacional)10, las llamadas “bandas criminales” siguen extendiendo su presencia en todo el territorio nacional. Si las cifras del Ministerio de Defensa son correctas (y los capturados no son los mismos neutralizados), al menos 9.029 personas hicieron parte de los GPD desde 2009 y hasta 2012. Semejante cifra superaría el número de combatientes que el mismo Ministerio de Defensa alega que tiene las FARC: 7.20011, lo cual haría de los GPD el actor armado con mayor presencia en el país. Pero las cifras reflejarían además que el número de integrantes de los GPD representa aproximadamente una tercera parte del total de desmovilizados durante el proceso llevado a cabo con las autodefensas entre 2005 y 2006, 29.079 (ver Cuadro 1). En otras palabras, desde un punto de vista meramente cuantitativo, los GPD podrían estar compuestos de al menos un tercio de los miembros de las AUC desmovilizados.

9 Para una explicación de detallada de la composición y distribución de roles de los GPD ver: McDermott, Jeremy. La victoria de los Urabeños. La nueva cara del crimen organizado en Colombia. InSightCrime en http://bit.ly/1jeQhk8. Consultado 10 de mayo de 2014. pp. 7-11. McDermott emplea la jerga de “Banda criminal” asumida por el gobierno colombiano para referirse a lo que en este texto se ha llamado grupo posdesmovilización (GPD). 10 Ministerio de Defensa Nacional (2014) Avance en la Política de Seguridad Nacional. En http://bit.ly/1gpAD6g. Consultado el 15 de marzo de 2014. 11 El Colombiano. “Las Farc solo tienen 7.200 guerrilleros: Mindefensa”. http://bit.ly/1sPX8mM. 25 de septiembre de 2013

10

Gráfica 6. Miembros de GPD neutralizados

Fuente: Ministerio de Defensa. Observatorio del delito de la DIJIN Policía Nacional. 2014

Gráfica 7. Miembros de GPD capturados

Fuente: Ministerio de Defensa. Observatorio del delito de la DIJIN Policía Nacional. 2014

Cuadro 1. Desmovilización de las AUC

Desmovilización N° de

personas

Fecha

Desmovilización

ZUT - Zona de Ubicación temporal

Bloque

Resistencia

Tairona (SNSM

- Magdalena)

1166 Febrero 3 2006 Vereda Quebrada del Sol ubicada en el

corregimiento de Guachaca, municipio Santa Marta,

departamento del Magdalena

Bloque Norte 2300 Marzo 8 y 10 Corregimiento de Chimila, municipio de El Copey,

11

2006 departamento del Cesar.

Bloque Montes

de Maria

594 Julio 14 2005 Predio denominado “Pepe” ubicado en el

corregimiento de San Pablo, municipio de Maria la

Baja, departamento de Bolívar.

Autodefensas

del sur del

Magdalena

47 Diciembre 4

2004

Corregimiento Santa Rosa, municipio de Santa Ana,

departamento del Magdalena

Bloque

Catatumbo

1437 Diciembre 10

2004

Finca “Brisas del Sardinata”, ubicada en el

corregimiento Campo Dos, del municipio de Tibú,

departamento del Norte de Santander.

Frente Julio

Cesar Peinado

Becerra

251 Marzo 4 2006 Corregimiento de Torcoroma, municipio de San

Martín, departamento del Cesar.

Bloque Central

Bolívar

2523 Enero 31 2006 Sitio “La Granja” ubicado en el corregimiento de

Buena Vista, municipio de Santa Rosa del Sur,

departamento de Bolívar.

Frente Mojana

de las AUC

110 Febrero 2 2005 Zona recreacional del corregimiento Nueva

Esperanza, municipio Guaranda, departamento de

Sucre

Frentes

Nordeste

Antioqueño

(Remedios

Antioquia)

1922 Enero 30 2005 Vereda San Cristóbal del corregimiento Santa Isabel,

municipio de Remedios, departamento de

Antioquia.

Bloque Córdoba 925 Enero 18 2005 Corregimiento Santa Fe Ralito, municipio de Tierra

Alta, departamento de Córdoba.

Anillos de

Seguridad

(Santa Fe de

Ralito)

300 Agosto 27 2005 Corregimiento Santa Fe Ralito, municipio de Tierra

Alta, departamento de Córdoba.

Frente Héroes

de Tolova

465 Junio 15 2005 Vereda Rusia Ocho del corregimiento Mata Maíz,

municipio de Valencia, departamento de Córdoba

Bloque

Bananero

453 Noviembre 25

2004

Finca La Macarena ubicada en el corregimiento El

Dos, del municipio de Turbo, departamento de

Antioquia.

Bloque

Noroccidente

Antioqueño

222 Septiembre 11

2005

Colegio – y su lote aledaño al sur - de la vereda “El

Rodeo”, municipio de Sopetrán, departamento de

Antioquia.

Bloque Sur

oeste

Antioqueño de

las AUC

125 Enero 30 2005 Institución Educativa “Juan Tamayo” del

corregimiento Alfonso López, municipio Ciudad

Bolívar, departamento de Antioquia.

Bloque

Suroeste

Antioqueño

125 Enero 30 2005 Institución Educativa “Juan Tamayo” del

corregimiento Alfonso López, municipio Ciudad

Bolívar, departamento de Antioquia.

12

Frente Héroes

de Granada

2033 Agosto 1 2005 Finca La Mariana, paraje “Palo Negro”, corregimiento

de Cristales, municipio de San Roque, departamento

de Antioquia

Bloque Cacique

Nutibara

868 noviembre 25

2003

Predio denominado La Montaña centro recreacional

(sede prosocial), municipio de La Ceja, departamento

de Antioquia

Autodefensas

Campesinas de

Puerto Boyacá

742 Enero 28 2006 Vereda El Marfil, municipio de Puerto Boyacá,

departamento de Boyacá.

Autodefensas

Unidas de

Cundinamarca

148 Diciembre 9

2004

Instituto Técnico Agrícola “Luis Carlos Galán”,

ubicado en el corregimiento Terán, municipio de

Yacopí, departamento de Cundinamarca.

Autodefensas

Campesinas del

Magdalena

Medio

990 Febrero 7 2006 Corregimiento La Merced, municipio de Puerto

Triunfo, departamento de Antioquia.

Frente Héroes y

Mártires de

Guatica

552 Diciembre 15

2005

Vereda La Esperanza, municipio de Santuario,

departamento de Risaralda.

Bloque Tolima 207 Octubre 22

2005

Hacienda “Tau Tau” en la vereda Tajomedio,

municipio de Ambalema, departamento del Tolima.

Bloque

Centauros

1135 Septiembre 03

2005

Finca denominada “Corinto” en el corregimiento de

Tilodirán, municipio de Yopal, departamento de

Casanare.

Bloque Arauca 207 Diciembre 23

2005

Vereda Puerto Gaitán, municipio de Tame,

departamento de Arauca.

Frente Vichada 325 Septiembre 24

2005

Inspección de Policía El Placer, municipio de

Cumaribo, departamento de Vichada

Autodefensas

Campesinas de

Meta y Vichada

209 Agosto 6 2005 Finca “La María” ubicada en la vereda San Miguel,

municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

Bloque Norte 1765 Abril 11 2006 Corregimiento de Chimila, municipio de El Copey,

departamento del Cesar.

Bloque Pacifico 150 Agosto 23 2005 Centro vacacional y turístico “Estadero Kurungano”,

municipio de Istmina, departamento de Chocó.

Bloque Calima 564 Diciembre 18

2004

Finca “El Jardín” ubicada en el corregimiento de

Galicia, del municipio de Bugalagrande,

departamento del Valle del Cauca.

Grupo de las

Autodefensas

Campesinas de

Ortega

168 Diciembre 7

2003

Escuela El Edén, municipio de Cajibio, departamento

del Cauca

Bloque

Libertadores

del Sur

667 Julio 30 2005 Predio denominado “El Romance” ubicado en el

paraje “El Tablón”, de la Inspección de Policía de El

Tablón, municipio de Taminango, departamento de

13

Nariño.

Frente Sur

Putumayo del

BCB

504 Marzo 1 2006 Vereda La Esperanza del corregimiento Santa Ana,

municipio de Puerto Asís, departamento del

Putumayo

Frentes

Próceres del

Caguán-B. C. B.

de las AUC

552 Febrero 15 2006 Vereda Liberia, municipio de Valparaíso,

departamento de Caquetá

Frente

Costanero del

Bloque Elmer

Cárdenas

309 Abril 12 2006 Corregimiento Mello Villavicencio, municipio de

Necocli, departamento de Antioquia.

Frente

Pavarando y

Dabeida Bloque

Elmer Cárdenas

484 Abril 30 2006 Corregimiento El Cuarenta, municipio de Turbo,

departamento de Antioquia.

Frente Norte

Medio Salaqui

Bloque Elmer

Cárdenas

745 Agosto 15 2006 Urabá Chocoano, municipio de Necocli

Bloque Mineros 2790 Enero 20 2006 Hacienda “La Ranchería” ubicada en la vereda

Pecoralia, municipio de Tarazá, departamento de

Antioquia

TOTAL 29079

Fuente: CODHES 2006

Las interpretaciones derivadas de las cifras más recientes sobre GPD del Ministerio de Defensa merecen un estudio más cuidadoso. Sin embargo, cabe resaltar por ahora que los grupos posdesmovilización no se componen exclusivamente de personas que reincidieron en las armas o que nunca se desmovilizaron, sino también de nuevos reclutas. De acuerdo con el trabajo de campo realizado en seis municipios del país (Bogotá, Soacha, Cúcuta, Quibdó, Buenaventura y Tumaco) CODHES encontró que la mayoría de estos nuevos integrantes son niños, niñas y jóvenes de lugares con carencias estructurales en cuanto a acceso a servicios y satisfacción efectiva de derechos fundamentales. En las seis poblaciones, incluido el distrito capital, las pandillas, combos u oficinas de cobro cooptan niños, niñas y jóvenes del lugar para garantizar la operación de la franquicia del GPD que representan. Si bien una de las principales tareas de estos grupos es asegurar un corredor para la movilización de la droga, otras prácticas como el secuestro, el hurto, la extorsión, las vacunas, el homicidio selectivo, el microtráfico y la prostitución son comunes y requieren de “mano de obra” para ser ejecutadas. De este modo, el reclutamiento forzado o inducido es una práctica común en espacios donde el

14

aprovechamiento del tiempo libre es limitado o donde no hay oportunidades de empleo o recreación que no involucren la violencia. Una de las principales causas del desplazamiento intraurbano detectadas por CODHES es la resistencia a ser reclutado y los riesgos que ello ocasiona para el/la directo/a implicado/a y su familia. Con respecto a las niñas y mujeres, la afectación es diferenciada. Muchas veces el acceso del grupo armado a un barrio o vereda es a través de la presión sobre una mujer. El líder de una pandilla, banda o combo que trabaja para un GPD busca seducir a una niña o adolescente para ingresar a su hogar y luego traer a nuevos integrantes del grupo a ocupar y despojar las casas que tienen una ubicación estratégica para vigilar el barrio. El control territorial empieza entonces por los más jóvenes y luego se extiende al resto de la comunidad a través del terror, la zozobra y las líneas invisibles que no permiten el libre tránsito de la población. Si esta dinámica es prolongada, son los mismos jóvenes de los barrios los que terminan siendo “los duros” de los actores armados que generan desplazamiento forzado. La guerra se convierte así en un asunto de niños que asesinan y son asesinados; que cometen y son víctimas de los delitos que garantizan el funcionamiento de la red criminal, sin que la justicia pueda protegerlos ni juzgarlos con efectividad y garantizando sus derechos. El desplazamiento forzado causado por GPD en Colombia se ha configurado entonces como una consecuencia del control social y territorial que demandan las prácticas violentas de las cuales se lucran las redes criminales, pero también como una estrategia para garantizar corredores estratégicos para el contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico. Esto ha generado que las rutas previas que ya eran controladas por grupos paramilitares hayan sido adaptadas con base en nuevas presiones de la fuerza pública y que, en tal sentido, hayan generado nuevos flujos de desplazamiento forzado. Del usual itinerario de contextos rurales a urbanos, se ha transitado a un fuerte movimiento dentro de espacios netamente urbanos que la población busca como medida individual de protección para activar redes familiares y de amigos mientras se evita un nuevo desplazamiento y se conservan las fuentes de ingresos informales. Sin embargo, dicha protección en la mayoría de los casos es insuficiente y la persecución, desgaste de las redes, falta de acompañamiento institucional, los enfrentamientos entre grupos o el despojo como estrategia de consolidación territorial, terminan por expulsar de nuevo a individuos y sus familias. De un desplazamiento intraurbano se pasa así a uno interurbano o incluso transnacional en las zonas de frontera. El alcance de las redes criminales opera en cualquiera de estos ámbitos causando una peregrinación constante de las víctimas de desplazamiento forzado. Tal movimiento no es monitoreado claramente por el Registro Único de Víctimas (RUV), pues el sistema no incluye, por el momento, un mecanismo de medición para identificar los contextos de expulsión y recepción de personas víctimas de desplazamiento intraurbano. Las cifras reflejan entonces un alto subregistro asociado a la falta de denuncia, la desconfianza en las instituciones y la carencia de estrategias rigurosas para

15

detectar casos de desplazamiento intraurbano que no sean masivos. Sumado a ello, solo hasta 2013 fue posible garantizar la inclusión de víctimas de GPD en el RUV a través de pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana. Basados en el Artículo 3 de la Ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), los encargados de la valoración de las declaraciones de las víctimas de desplazamiento forzado negaban la inclusión en la ruta de reparación integral que supone la ley, aduciendo que las GPD no causaban victimizaciones “con ocasión del conflicto armado”, sino que actuaban como delincuencia común. Es evidente que estas redes criminales, tal como han sido descritas, no son simples delincuentes, sino que su alcance y operación puede generar igual o mayor coacción que un grupo paramilitar o guerrillero y, como tal, corresponde a una “zona gris” del conflicto armado en Colombia, que no es estrictamente político, pero si supone graves afectaciones a los derechos fundamentales de la población civil. Estos argumentos quedaron consignados en las Sentencias C-253 de 2012, C-781 de 2012 y el auto 119 de 2013, en donde se obligó finalmente a la Dirección de Valoración de la Unidad de víctimas a que incluyera a los afectados por GPD. Finalmente, cabe resaltar que las acciones de los GPD no pueden ser categorizadas exclusivamente como criminales a la manera de los carteles del narcotráfico y grupos delincuenciales como los que se observan en Centroamérica. La continuidad con los grupos paramilitares que los precedieron supone que las prácticas anti insurgentes y los señalamientos y estigmatización de los líderes sociales, sindicales y de izquierda permanece, así como las prácticas crueles para generar terror, como son los descuartizamientos de personas en los puertos de Buenaventura y Tumaco y las amenazas, panfletos y asesinatos contra líderes locales. Si bien no es posible identificar un proyecto político claro en los GPD, sí es evidente que sus prácticas de carácter paramilitar son funcionales a los negocios que conducen y al tipo de intimidación que tradicionalmente ha recibido la movilización social en Colombia. El desplazamiento forzado es un síntoma de este tipo de coacción.

3. Presencia de grupos paramilitares y GPD en el territorio colombiano

16

A continuación se presenta un recuento geográfico de la presencia histórica de los grupos paramilitares y GPD en el territorio colombiano. En todos los casos se mantiene la categoría “Presencia paramilitar” para dar cuenta de la continuidad entre ambos grupos. Nótese lo que sucede entre 2006 y 2008, en donde la desmovilización, seguida por una pugna por el poder y el control territorial deriva en una multiplicación de grupos. Como se señaló en la introducción, los puntos en los mapas se refieren a acciones violentas atribuidas a alguno de los GPD. En una perspectiva comparada, lo que los mapas exhiben es una preocupante escalada de redes criminales herederas del paramilitarismo que se extienden por todo el país. Ello lleva a pensar que mientras exista un lucro de los negocios que los GPD mantuvieron de las autodefensas, y mientras la situación social en las regiones no mejore la calidad de vida de los ciudadanos, la alternativa criminal y violenta va a seguir siendo una opción para los pobladores de muchas regiones del país. La manera en que los GPD encuentran respaldo internacional se consolida por la posibilidad de mantener un negocio próspero que involucra a diferentes actores: grupos guerrilleros que se ocupan de los cultivos, oficinas de cobro que se encargan de la movilización de insumos, armas, pasta de coca, y mantenimiento de laboratorios; combos y pandillas que aseguran el control social y territorial para el tránsito de las mercancías y otra serie de acciones criminales que multiplican las ganancias, y una presión sobre la institucionalidad que puede cooptar funcionarios y miembros de la fuerza pública para garantizar la continuidad de las acciones sin el riesgo de ser capturados. Llama la atención, como se mencionó en el apartado 2, que en la medida en que se incremental las capturas y neutralizaciones de miembros de las franquicias criminales, también aumentan los reclutados. La preocupante expansión territorial que muestran los mapas invita a preguntar si la estrategia de acorralar las redes de financiación de los líderes de los grupos eventualmente puede acabar con el control que adquiere un nuevo cabecilla cada vez que es capturado el anterior y queda un vació de poder. La capacidad de adaptación de los GPD es su principal ventaja. Así lo muestra la evolución en el control territorial en los siguientes mapas.

Mapa 3. Presencia paramilitar en 2002

17

Fuente. CODHES 2014


18

Fuente. CODHES 2014


19

Fuente. CODHES 2014


20

Fuente. CODHES 2014


21

Fuente. CODHES 2014


22

Fuente. CODHES 2014


23

Fuente. CODHES 2014


24

Fuente. CODHES 2014

25


Fuente. CODHES 2014


26

Fuente. CODHES 2014

27

4. Consideraciones finales: la reintegración como componente indispensable de una

transición hacia la paz

De acuerdo con la Agencia Colombiana para la reintegración (ACR), que se ocupa del retorno a la vida civil de excombatientes de grupos armados ilegales, de las 56.171 personas desmovilizadas y desvinculadas en el país, 46.896 iniciaron el proceso de reintegración que consta de atención psicosocial, orientación en educación y capacitación laboral. Sin embargo, 12.186 personas abandonaron el programa o bien porque se ausentaron por más de seis meses, o bien porque perdieron los beneficios o porque solicitaron retiro voluntario. Si a esta cifra de población que no se acogió al programa se le suman las 24.434 que ni siquiera iniciaron la intervención, se estaría hablando de 36.620 personas que no están recibiendo algún tipo de estrategia de reintegración por parte del Estado después de haberse desmovilizado12.

Gráfica 8. Total población desmovilizada y población objeto Agencia Colombiana

para la reintegración 2013

Fuente: ACR. Datos SIR. Corte a 31 de diciembre de 2013

Si se tiene en cuenta únicamente el número de desmovilizados de las AUC de 2004 a 2006, como fue expuesto en el apartado 2 de este documento, la población beneficiaría del programa de reintegración del gobierno no alcanza a cubrir ni siquiera a los excombatientes de ese proceso. Una reintegración a la vida civil que no es digna, no presenta para los excombatientes una alternativa viable para continuar su vida lejos de un grupo armado. Asimismo, un individuo con experiencia para ejercer medios violentos se vuelve un blanco atractivo para las redes criminales que requieren las capacidades de excombatientes para llevar a cabo sus acciones delictivas. Esto permite sugerir que además del reclutamiento forzado y no forzado de niños, niñas y jóvenes, la reincidencia de excombatientes en los GPD es uno de los principales insumos para su permanencia, fortalecimiento y expansión.

12 Agencia Colombiana para la reintegración. (2014). Por la paz soy capaz. Informe de

gestión. Enero – diciembre de 2013.

28

En un posible escenario de posconflicto con la guerrilla de las FARC es preocupante que la permanencia de un negocio próspero como es el narcotráfico o la minería sean más llamativos para los combatientes rasos, que una vida de vicisitudes sin un empleo sostenible y bajo la perspectiva de un rechazo social. Si bien es cierto que para garantizar el camino hacia la superación de la confrontación armada, las casi seis millones de víctimas del conflicto armado en Colombia deben recibir una reparación integral por parte del Estado y de otros actores del conflicto que hayan vulnerado sus derechos, quienes opten por dejar las armas también requieren garantías en la vida civil que no los presionen a incorporarse a las acciones criminales. Para tal efecto, el enfoque de justicia transicional que propone el gobierno de Juan Manuel Santos debe fortalecer la implementación tanto de la Ley de Víctimas, como del proceso de reintegración de manera complementaria. Un abandono de los excombatientes con base en percepciones excluyentes de su rol en la sociedad, solo puede prolongar el conflicto armado que siguen fomentando los GPD. Si se tiene en cuenta que muchos de estos desmovilizados también fueron víctimas del conflicto inicialmente y entraron a los grupos armados por coacción o por falta de alternativas en contextos adversos en cuanto a satisfacción efectiva de derechos, su inclusión en la sociedad puede ser menos traumática en términos de participación ciudadana. En síntesis, el desplazamiento forzado interno en Colombia persiste como una de las manifestaciones más apremiante de la crisis humanitaria generada por la multiplicidad de actores en el conflicto armado. La capacidad de adaptación en función de negocios ilegales rentables y el control social y territorial sobre poblaciones tradicionalmente excluidas y vulnerables ha generado que nuevas formas de organización criminal amenacen la estabilidad de cualquier iniciativa de paz en el país, además de cuestionar la idea de que un cese de hostilidades con la insurgencia acabará inmediatamente con la violencia generalizada y las migraciones forzadas. El camino del posconflicto pasa entonces por una transición que garantice los derechos de las víctimas y de los excombatientes, en un escenario pragmático y complementario. He ahí uno de los retos más apremiantes para la reconciliación de la sociedad colombiana.

29

Referencias

Agencia Colombiana para la reintegración. (2014). Por la paz soy capaz. Informe de

gestión. Enero – diciembre de 2013.

CODHES (2013) Boletín No. 81. CODHES (2013) Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha. Bogotá: Editorial Anthropos. CODHES (2013) La crisis humanitaria en Colombia persiste. El Pacífico en disputa. Bogotá: Ediciones Usta. p. 14. CODHES (2014) Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas Volumen II. Bogotá, Cúcuta y Quibdó. En proceso de publicación. El Colombiano. “Las Farc solo tienen 7.200 guerrilleros: Mindefensa”.

http://bit.ly/1sPX8mM. 25 de septiembre de 2013. Instituto Nacional Penitenciario. Boletín No. 96. Enero de 2014. Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico enero de 2014. Febrero de

2014 . Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico enero de 2014. Febrero de

2014 . p. 22 McDermott, Jeremy. La victoria de los Urabeños. La nueva cara del crimen

organizado en Colombia. InSightCrime en http://bit.ly/1jeQhk8. Consultado 10 de mayo de 2014. pp. 10-15

Ministerio de Defensa Nacional (2014) Avance en la Política de Seguridad Nacional.

Ministerio de Defensa Nacional (2014) Logros sector defensa.

NRC y IMDC (2014) “Global Overview 2014, People Internally Displaced by Conflict

and Violence. En http://bit.ly/1ldAq3n. Consultado el 14 de mayo de 2014. p. 11 Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la atención y Reparación

Integral a las Víctimas (UARIV). En http://bit.ly/1nPzF34. Consultado el 2 de mayo de 2014.

desplazamiento forzado - codhes2014

Documents

colombia auc

segn codhes

mayor desplazamiento

parte de codhes

codhes sisdhes

desplazamiento interno

grupos paramilitares