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REVISTA LEGAL Segunda Época Año 2017 Nº 192 Entrevista a / Interview with En este Número / In this issue Los sistemas de compliance relacionados con los clientes y la competencia. Compliance systems vis-à-vis customers and competition. El rol del gerente general bajo las últimas modificaciones. The role of the general manager in the light of the recent changes to the business corporation law. ... y mucho más / ... and much more 92 Dr. Francisco Tudela van Breugel- Douglas Ex Primer Vicepresidente de la República y ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú / Former First Vice President of the Republic and Minister of Foreign Affairs of Peru “Operación Chavín de Huántar: 20 años” “20th Anniversary of the Chavín de Huántar Rescue Mission” Operación Chavín de Huántar / Operation Chavín de Huántar

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REVISTA LEGALSegunda ÉpocaAño 2017Nº 192

Entrevista a / Interview with En este Número / In this issue

Los sistemas de compliance relacionados con los clientes y la competencia.

Compliance systems vis-à-vis customers and competition.

El rol del gerente general bajo las últimas modificaciones.

The role of the general manager in the light of the recent changes to the business corporation law.

... y mucho más / ... and much more

92

Dr. Francisco Tudela van Breugel-DouglasEx Primer Vicepresidente de la República y ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú / Former First Vice President of the Republic and Minister of Foreign Affairs of Peru

“Operación Chavín de Huántar: 20 años”

“20th Anniversary of the Chavín de Huántar Rescue Mission”

Operación Chavín de Huántar / Operation Chavín de Huántar

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Contenido

Contents

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CONTENIDO

Fernando Meléndez Fernández

Comentarios y/o Sugerencias:Comments and Suggestions:[email protected]

El contenido de la revista es académico. No debe ser

interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni

deben extraerse recomendaciones para decisiones legales

específicas.

The opinions contained in the legal newsletter are solely academic

and should not be construed as an advance of the firm’s opinion

or used as the basis for specific legal recommendations.

Todos los derechos reservados. El contenido de esta

publicación no puede ser reproducido, divulgado o

registrado, sin autorización previa y por escrito del Estudio

Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados

All rights reserved. The articles in this publication may not be

reproduced, disseminated or recorded without prior witten

authorization from Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya

Attorney’s-at-Law

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú

N° 2007-07703

Tiraje: 1,000 ejemplares

REVISTA LEGALSegunda ÉpocaAño 2017

[email protected] (51) 98848-7593

Columnas 192

REVISTA LEGALSegunda ÉpocaAño 2017Nº 192

Entrevista a / Interview with En este Número / In this issue

Los sistemas de compliance relacionados con los clientes y la competencia.

Compliance systems vis-à-vis customers and competition.

El rol del gerente general bajo las últimas modificaciones.

The role of the general manager in the light of the recent changes to the business corporation law.

... y mucho más / ... and much more

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Dr. Francisco Tudela van Breugel-DouglasEx Primer Vicepresidente de la República y ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú / Former First Vice President of the Republic and Minister of Foreign Affairs of Peru

“Operación Chavín de Huántar: 20 años”

“20th Anniversary of the Chavín de Huántar Rescue Mission”

Operación Chavín de Huántar / Operation Chavín de Huántar

Editorial: “El Perú unido jamás será vencido”. La paradoja del fútbol

Organismos reguladores en un momento decisivo

El rol del gerente general bajo las últimas modificaciones

Hablando claro y sencillo. A propósito del Decreto Legislativo N° 1342

Comentario Tributario: Los perceptores de rentas de cuarta y quinta categoría pagarán menos impuesto a la renta a partir del 2017

Entrevista al Dr. Francisco Tudela van Breugel-Douglas: “Operación Chavín de Huántar: 20 años”

Los sistemas de compliance relacionados con los clientes y la competencia

Nuevas reglas para la inversión en infraestructura y servicios públicos

El secuestro conservativo en el ordenamiento procesal penal

Comentario Laboral: Subsidios y Barrera Burocrática. Apuntes importantes

Jurisprudencia: Indemnización por retiro de confianza, marchas y contramarchas

Proyectos de Ley en debate

Miscelánea: “Círculo Financiero Corporativo (CFC)”

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Editorial: “The people of Peru united will never be defeated”. Football, a sport of paradox

A critical moment for regulatory agencies

The role of the general manager in the light of the recent changes to the business corporation law

Speaking simply and clearly. Some comments in the light of the issuance of Legislative Decree N° 1342

Tax Comment: 4th and 5th-category income recipients will pay less income tax as from 2017

Interview with Dr. Francisco Tudela van Breugel-Douglas: “20th Anniversary of the Chavín de Huántar Rescue Mission”

Compliance systems vis-à-vis customers and competition

New rules for investment in infrastructure and public services

Precautionary attachment under the code of criminal procedure

Labor Comment: Important reflections on some Subsidies and the Bureaucratic Obstacles they create

Jurisprudence: Compensation for loss of trust and confidence - advances and setbacks

Proposed Laws under debate

Miscellany: “Finance & Corporate Law Circle (CFC)”

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Operación Chavín de Huántar / Operation Chavín de Huántar

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Columnas 192 3

Editorial / Editorial

Socio Principal - EditorSenior Partner - Editor

editorial

Fernando Meléndez Fernández

Hace muy pocos días, a propósito de la fiebre desatada por la inminente clasificación de la selección peruana de fútbol al mundial de Rusia 2018 -hecho que podría haberse concretado cuando la edición de esta revista esté en sus manos- el país entero expresó su incondicional apoyo a tan ansiado objetivo, el mismo que no se consigue (ía) desde hace aproximadamente 36 años.

Así, fuimos testigos de cómo ninguna autoridad dejó pasar por alto tan magnífica oportunidad para enviar mensajes de aliento y unidad en pro del caro anhelo. El Presidente de la República, por ejemplo, ofreció declarar feriado no laborable si se lograba la hazaña.

Los medios de comunicación por su parte nos mostraron en la víspera de cada encuentro de fútbol a congresistas, policías, profesores, escolares, artistas, profesionales y técnicos de toda índole, así como a servidores públicos en general, ataviados con la camiseta de la selección y contagiados de un fervor patriótico pocas veces visto.

Todo lo anterior por supuesto estuvo muy bien, pero no deja de ser contradictorio ver que mientras el Perú se unió como un puño detrás de esa gesta deportiva (“lo más importante entre las cosas menos importantes”, Valdano dixit); en los aspectos verdaderamente relevantes como la educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico (que dicho sea de paso definen y sacan adelante un país) nos encontramos prácticamente al garete, sin un norte definido y con esos mismos poderes y autoridades públicas obstruyéndose mutuamente.

En efecto, la economía se ha desacelerado de forma preocupante por factores diversos: i) inestabilidad y crispación política (enfrentamiento entre el legislativo y ejecutivo), ii) escándalos de corrupción (caso Odebrecht), iii) fenómenos naturales (niño costero), iv) varios y grandes proyectos de inversión totalmente detenidos, etc.

En el aspecto de seguridad interna las cosas andan igual de complicadas, el incremento de la inseguridad ciudadana, los asaltos y robos en plena vía pública (y a toda hora del día), los homicidios y el sicariato tienen en permanente estado de zozobra a la población en general dado su gran nivel de vulnerabilidad.

Finalmente, y en cuanto a la administración de justicia se refiere, la inminente designación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de 4 jueces en la Corte Suprema de Justicia, ha dado lugar a que desde varios sectores de la sociedad civil se cuestione la falta de idoneidad de los miembros que integran el organismo, así como el procedimiento de nombramiento implementado para tal efecto (examen y evaluaciones) por su falta de transparencia y rigurosidad técnica.

Lo expuesto nos debe llamar a reflexión sobre la clase de país que queremos ser, pues resulta paradójico que lo que nos una como tal resulte ser tan solo un juego y lo que nos separe sean las cuestiones verdaderamente importantes, esas que hacen el desarrollo de una nación.

A few days ago, due to the great excitement created by the possibility of Peru qualifying for next year’s FIFA World Cup Russia – a dream which may have come true when this issue reaches your hands - the whole country expressed its unconditional support to Peru’s football team and our long sought-after goal to book a spot in World Cup Russia 2018 after approximately 36 years.

We witnessed how every single authority seized the opportunity to send messages of encouragement, urging Peruvians to remain united in achieving this goal. Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski, for instance, promised to declare Thursday, November 16th, as a special non-working holiday if Peru secured passage to the World Cup.

The media, in turn, showed us on the eve of each football game members of Congress, policemen, teachers, school children, artists, professionals and

technicians, including public servants in general, wearing the Peruvian national team jersey with an unprecedented patriotic fervor.

That’s of course a great attitude. However, it’s contradictory to see that while the whole country gets together to support, as a united force, the national football team in its effort to secure passage to Russia 2018 (the most important of the less important things in the world, Valdano dixit), we also see that in what really matters, like education, health, security, employment and economic growth (by the way, this is what actually makes a country move forward), we are practically moving without aim and can see that the same State powers and public authorities hinder each other.

As a matter of fact, the economy has experienced a worrying slowdown for several reasons: i) political instability and tension (confrontation between the Legislature and the Executive), ii) corruption scandals (the Odebrecht case), iii) natural phenomena (the “El Niño” coastal phenomenon), iv) several large investment projects have been fully halted, etc.

As far as domestic security is concerned, things are equally difficult. Citizen insecurity has increased, thefts and street robbery cases take place in broad daylight (in fact, at any time of the day or night), homicides and hired gunmen make people live on tenter hooks given the high level of vulnerability.

Finally, concerning the administration of justice, the imminent designation by the National Council of the Magistracy (CNM for its acronym in Spanish) of four judges in the Supreme Court of Justice has made several sectors of civil society call into question the lack of suitability of the members of the Supreme Court of Justice and the designation procedure implemented (examination and assessments) due to its lack of transparency and technical rigor.

The above should make us reflect on the kind of country we want to be, because as paradoxical as it may seem we all join hands to support the national football team and we cannot remain united to deal with truly important matters, matters which precisely contribute to achieving our country’s growth.

“El Perú unido jamás será vencido”. La paradoja del fútbol /“The people of Peru united will never be defeated”. Football, a sport of paradox

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Columnas 1924

Proposals for the election of the members of the Board of Regulatory Agencies.

Propuestas para la elección de los Miembros de los Consejos Directivos.

Como parte de las reformas iniciadas en el Perú en los años 90, se crearon los Organismos Reguladores (OR): Ositran (infraestructura de transporte), Osinergmin (energía y minería), Osiptel (telecomunicaciones) y Sunass (saneamiento) con la finalidad de dotar de credibilidad a las distintas decisiones que el gobierno pueda adoptar a fin de atraer inversiones necesarias para el desarrollo del país.

Organismos reguladores en un momento decisivo

A critical moment for regulatory agencies

columnista invitado

Sr. JoSe LuiS Luna CampodóniCo

Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN, Abogado por la Universidad de Lima con experiencia gerencial en empresas del Sistema Financiero e Instituciones del Sector Público. Desde el año 2002 viene desempeñándose como Gerente de Asesoría Jurídica del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN.Master’s degree in Finance and Corporate Law from Universidad ESAN, Law degree from Universidad de Lima with management experience in financial system companies and public sector entities. Since 2002, he serves as Legal Manager of the Supervisory Board for Investment in Energy and Mining – [email protected]

Como se puede apreciar, la labor de los OR no es nada sencilla ya que permanentemente se ven sometidos a las presiones de los grupos de interés (gobierno, empresas y consumidores) que buscan influenciar en las decisiones que estos adoptan, lo que la literatura denomina “Captura o Politización del Regulador”

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Consejo Directivo, con excepción de Osinergmin que debería contar con seis) y peor aún, tres de los cuatro OR carecen de presidente.

Entonces, ¿qué hacer para revertir tal situación? A continuación, algunas ideas que podrían ayudar a cambiarla:

a) Remuneraciones atractivas: sin duda, si queremos contar con los mejores profesionales tenemos que establecer una escala salarial que guarde relación con las escalas remunerativas que aplica el sector regulado; hoy en día, en el menor de los casos, existen distorsiones de uno a cuatro.

b) Reconocimiento Salarial Adicional: El tema remunerativo antes indicado es peor aún si tenemos en cuenta que aquellos profesionales que desempeñan funciones en un OR se encuentran impedidos por un año contado a partir de su fecha de cese de laborar en el sector que reguló. Para superar tal restricción lo adecuado sería que se le reconozca una bonificación salarial equivalente a su remuneración en tanto se encuentra vigente tal impedimento.

c) Ex Presidentes: Posibilitar que los ex presidentes de los Consejos Directivos se incorporen automáticamente a éstos al vencimiento de sus periodos, permitiendo mantener el número de consejeros sin necesidad de pasar por el engorroso trámite de una nueva convocatoria, a su vez, se aprovecharía la experiencia adquirida por el presidente saliente durante el ejercicio de sus funciones.

d) Mejoras en los Procesos de Selección: Las declaratorias de “desiertos” en tres de los cuatro procesos recientemente llevados a cabo nos dejan dudas que el esquema actual no es el más adecuado. En publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación, se han resaltado algunos vicios en el procedimiento tales como: falta de transparencia, excesiva subjetividad en la calificación de los postulantes, poco conocimiento del sector por parte de los miembros de las comisiones encargadas de llevar adelante los procesos de selección, politización del procedimiento, etc.

Consideramos que, para subsanar las debilidades antes señaladas, la mejor opción es encargar tales procesos (hoy a cargo de la PCM) a un ente autónomo del Poder Ejecutivo como por ejemplo a través de un head-hunter internacional que sea contratado por una comisión conformada por miembros del Directorio del Banco Central de Reserva; con ello se evitaría la politización del proceso, manteniendo siempre el Presidente de la República su capacidad decisoria respecto de la terna que le sea presentada por tal comisión.

Hay que tener presente que “la clave principal en la

columnista invitado

Con la creación de los OR se aseguraba a los inversionistas que sus capitales estarían seguros ante cualquier amenaza expropiatoria y que el Estado respetaría las reglas de juego (estado de derecho) impuestas justamente para atraer tales inversiones. Allí radica su importancia, ya que, cuanto más eficiente sea un Estado en dar credibilidad a sus decisiones, menor será la inseguridad que un inversionista perciba (menor tasa de riesgo), lo que redundará en la atracción de inversiones de largo plazo eficientes.

La labor de los OR es similar a la de un árbitro que, como bien señala Gaspar Ariño, ejerce labores de componedor de intereses entre operadores, y entre éstos y los consumidores y usuarios; sus principales tareas están referidas: i) promoción de mercados competitivos; ii) solución de controversias que se presentan entre los agentes y los usuarios; y, iii) protección de los usuarios.

Gráficamente podemos ilustrar la labor de los OR de la siguiente manera:

Como se puede apreciar, la labor de los OR no es nada sencilla ya que permanentemente se ven sometidos a las presiones de los grupos de interés (gobierno, empresas y consumidores) que buscan influenciar en las decisiones que estos adoptan, lo que la literatura denomina “Captura o Politización del Regulador”. Para ello, debe prestarse suma atención en la forma como los OR hacen uso de la facultad discrecional con que cuentan y que la misma sea ejercida en beneficio de la sociedad en su conjunto, razón por la que, como parte del diseño institucional de los OR, resulta imprescindible dotarlos de suficiente autonomía que les permita mantenerse neutrales ante los constantes conflictos e intereses que enfrentan.

No cabe duda de que, para desarrollar tal labor, los OR requieren de personal calificado y de allí la importancia que adquiere los procesos eleccionarios de quienes los dirigen. Lamentablemente cada vez es más difícil atraer profesionales que quieran asumir tales responsabilidades y una prueba de ello está en que, a la fecha, ninguno de los OR cuenta con sus Consejos Directivos completos (cinco miembros en cada

Consumidores

Gobierno

Proteger a los consumidores

Empresas

OR

Promover la eficiencia económica

Garantizar las inversiones

Fuentes: Smith (1997), Estache y Martimort (1999), Ugaz (2003), Parker y Kirkpatrick (2002), Makaya (2001), Smith y Klein (1994), Gray (2001), IEA (2001) y Chisari et al (2001)

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Columnas 1926

As part of the reforms undertaken in Peru in the 90s, some specific agencies were created to regulate different sectors of the economy,

like Ositran (transportation infrastructure), Osinergmin, (energy and mining), Osiptel (telecommunications), and Sunass (sanitation) (hereinafter the regulatory agencies), and thus give credibility to government decisions intended to attract capital for investment in the country’s development.

arbitrator who, as rightly stated by Gaspar Ariño, plays the role of a mediator between operators, and between operators and consumers/users. Their main tasks include: i) promote competitive markets, ii) resolve conflicts between agents and users, and iii) protect users.

Graphically, the role of regulatory agencies can be illustrated as follows:

guest columnist

optimización de los procesos administrativos es la selección de personal calificado: buenos hombres hacen viables las leyes deficientes, pobres hombres causan estragos con buenas leyes”1

Es momento que el Poder Ejecutivo reafirme la autonomía que los OR deben tener y prestar mayor atención a estos procesos de selección, dándoles la importancia debida, puesto que no hay que olvidar que las decisiones que adoptan los OR tienen un impacto directo en la economía de todos los ciudadanos.

As we can see, the role of regulatory agencies is not simple at all, as regulatory agencies are permanently subject to the pressure exerted by interest groups (the government, companies and consumers) to try to influence their decisions, a phenomenon known as “Regulatory Capture” or “Regulatory Politization

La clave principal en la optimización de los procesos administrativos es la selección de personal calificado: buenos hombres hacen viables las leyes deficientes, pobres hombres causan estragos con buenas leyes

1 Landis Report – Harvard Law Review.

The idea was to assure investors that their capital would be safe from any threat of expropriation and that the State would honor the rules of the game (rule of law) which were precisely adopted to attract investment. Here lies the importance of regulatory agencies because by giving credibility to State decisions, investors feel less insecure (as they face fewer risks) and, as a result, efficient long-term investment can be attracted.

Regulatory agencies play a role similar to that of an

As we can see, the role of regulatory agencies is not simple at all, as regulatory agencies are permanently subject to the pressure exerted by interest groups (the government, companies and consumers) to try to influence their decisions, a phenomenon known as “Regulatory Capture” or “Regulatory Politization”. Special attention should be given to the manner in which regulatory agencies exercise their discretional power to make sure that they act in the public interest, for which reason, as part of the institutional design of regulatory agencies, it is indispensable to give them sufficient autonomy so that they can remain neutral in resolving disputes and conflicts of interest.

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Columnas 192 7

guest columnist

There’s no doubt that to carry out their work, regulatory agencies need qualified personnel. That’s why the election of the managers of regulatory agencies is so important. Unfortunately, it is increasingly difficult to attract professionals willing to assume this responsibility. Proof of this is that so far none of the agencies has managed to have all its Board members elected (each Board is composed of five members, except for Osinergmin the Board of which has six members). Worst still, three of the four regulatory agencies still lack a Chairman.

What should we do then to reverse this situation? Here are some ideas which could help:

a) Attractive salary: there’s no doubt that if we want to attract the best people, we must establish a salary scale consistent with the salary scale used in the sector overseen by the regulatory agency. In the best case scenario, the existing distortion is as high as one to four.

b) Additional bonus: The salary issue referred to above becomes even worse if we take into account the fact that people working in a regulatory agency are prevented from working in the sector overseen by the regulatory agency for a term of one year counted as from the date of cessation of employment. To overcome this problem, the right thing to do would be to grant them a bonus equivalent to their salary for as long as the impediment exists.

c) Former Chairmen: Former Chairmen should be allowed to automatically join the regulatory agency as Counsellors at the end of their term of office, thereby making it possible to have experienced Counsellors working for the regulatory agency without having to carry out a new tender process. At the same time, the regulatory agency will avail itself of the experience earned by the outgoing chairman while he/she served on the Board.

d) Improvements in the Tender Process: the fact that three out of four tender processes have been declared “void” leaves no doubt that the existing

scheme is not the best one. In articles published in different newspapers and magazines, some tender process defects have been highlighted, including lack of transparency, excessive subjectivity in qualifying applicants, little knowledge of the sector by the members of the committees in charge of carrying out the tender process, politization of the procedure, etc.

We believe that to remedy the aforementioned shortcomings, the best thing to do would be to have tender processes entrusted to an autonomous entity not related to the Executive, like, for instance, an international head hunter engaged by a committee composed of the members of the Board of the Central Reserve Bank of Peru (the Presidency of the Council of Ministers is currently in charge of tender processes). In this way, we will avoid politicizing the tender process, and the decision-making power with regard to the list of candidates or short list made available by said committee will always lie in the hands of the President of the Republic.

We should bear in mind the fact that “the key to the optimization of administrative processes lies in the hiring of qualified people: good people make deficient laws viable, while bad people cause havoc with good laws”

Now is the time for the Executive to reaffirm the autonomy that regulatory agencies should have and give more attention to their tender processes, affording them the real importance they have, because we should not lose sight of the fact that the decisions made by regulatory agencies have a direct impact on people’s economy.

The key to the optimization of administrative processes lies in the hiring of qualified people: good people make deficient laws viable, while bad people cause havoc with good laws

1 Landis Report – Harvard Law Review.

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Columnas 1928

In this brief article, we will try to explain and put into context the most recent changes to the Business Corporation Law in relation to the powers and duties of the general manager of a company.

En este breve artículo se busca dar un sentido a las modificaciones realizadas a la Ley General de Sociedades, relacionadas con las facultades del gerente general en la sociedad.

cumplimiento del objeto de la sociedad.

dr. Yuri Vega mere

Socio Senior, Especialista en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliaria y ConstrucciónSenior Partner, Corporate Law, Mergers and Adquisitions, Real State and Construction [email protected]

El rol del gerente general bajo las últimas modificaciones

The role of the general manager in the light of the recent changes to the business corporation law

El 06 de enero se publicó el Decreto Legislativo Nº 1332 en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo. La referida norma introdujo una serie de modificaciones a la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”), así como del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado, tendentes a modernizar y facilitar la constitución y administración de las empresas. Dentro de tales cambios, se incluyen una serie de modificaciones a los artículos 14 y 188 de la LGS, relacionadas con las funciones del gerente general como representante de la sociedad.

Mas específicamente, las modificaciones al artículo 14 de la LGS otorgan explícitamente facultades al gerente general para representar a la sociedad en: (i) temas procesales con las facultades de representación generales y especiales a que se refiere el Código Procesal Civil y la Ley General de Arbitraje; (ii) facultades para el inicio de representación ante cualquier proceso administrativo que sea asimilado dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es decir, prácticamente todos los procedimientos administrativos; (iii) facultades para la disposición y gravámenes de bienes de la empresa a través de la suscripción de diversos tipos de contratos, incluyendo los de naturaleza civil, mercantil, bancaria y/o societaria, así como operaciones sobre títulos valores; y, (iv) en general realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el

En este aspecto, el legislador ha optado por dar un papel fundamental al gerente general como protagonista de las actividades de la sociedad, encargándole tanto la representación frente a agentes externos como funciones societarias respecto de los otros órganos de administración de la sociedad

Por su parte, el nuevo artículo 188 de la LGS incluye las facultades/derechos de: (i) asistir con voz, pero sin voto a las sesiones de directorio y juntas generales de accionistas; (ii) expedir constancias y certificados respecto de libros y registros de las sociedades; y, (iii) actuar como secretario de las juntas de accionistas y sesiones de directorio. Cabe resaltar que, en ambos casos, tanto del artículo 14 como del artículo 188 de la LGS, incluyen la posibilidad de incluir un pacto en contrario que solo será oponible a terceros en cuanto se encuentre inscrito en la partida electrónica de la sociedad.

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Columnas 192 9

puede ser trasladada a los terceros ajenos que contratan con la sociedad.

Un aspecto adicional de las reformas a la LGS está enfocado a la reducción de costos de transacción. Al poder “confiar” en las facultades del gerente general, se dejaría de incurrir en algunos costos; específicamente aquellos asociados a la revisión (petición) de poderes.

Más allá del propósito de la norma, consideramos que la misma no cumple necesariamente con estos fines (seguridad jurídica y reducción de costos) sobre todo porque se permite establecer limitaciones que serán oponibles siempre que sean inscritas en los Registros Públicos.

Las excepciones posiblemente respondan a que la norma ha realizado un salto sustancial en materia de la representación legal de las sociedades en un país habituado al principio de la literalidad de los poderes de los gerentes (y de cualquier apoderado de una sociedad). Ello exigirá un indispensable cambio de actitud y de costumbres en el circuito de las transacciones por parte de todos los actores. Y es previsible que, pese a la buena intención de la norma, la costumbre tenga un peso tan grande que todo aquel que contrate con una sociedad posiblemente sujete el cierre de una transacción a la acreditación de poderes específicos para no dedicar tiempo (e incurrir en nuevos costos) en revisar las largas listas de excepciones que posiblemente se erijan en el target de aquellos que contraten con cualquier sociedad.

Si bien en la lista abierta de los actos para los cuales se autoriza al gerente general se alude a la realización de actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la sociedad, esa tarea no puede ser trasladada a los terceros ajenos que contratan con la sociedad

Luego de haber descrito las principales modificaciones implementadas en la LGS, corresponde un análisis crítico de las mismas, enfocado sobre todo en temas prácticos respecto de la puesta ejecución de los cambios planteados.

En este aspecto, el legislador ha optado por dar un papel fundamental al gerente general como protagonista de las actividades de la sociedad, encargándole tanto la representación frente a los agentes externos como las funciones societarias respecto de los otros órganos de administración de la sociedad. Esta tendencia que ya se venía manifestando desde la dación del Decreto Supremo Nº 006-2013-JUS por el cual se solicitaba la certificación de la declaración del gerente general para la inscripción registral de actos societarios relacionados con temas sensibles como otorgamiento de poderes, acuerdos de reorganizaciones societarias, entre otras. Pero más allá del acrecentado protagonismo del gerente general, las normas en cuestión tienen también un fin adicional de mucha importancia: la seguridad jurídica.

La noción de seguridad jurídica no es sino la certeza que tiene un sujeto de que los actos jurídicos que realiza son hechos en el marco de una legislación coherente y aplicable, y como tal, bajo el amparo de la misma legislación, van a ser respetados por sujetos públicos y privados sin excepción. Esto es, las personas en su interrelación cotidiana, para todos los efectos legales, se encuentran protegidas por el marco jurídico de forma tal, que razonablemente, pueden prever los efectos que tendrán dichos actos.

En cuanto a las modificaciones que venimos analizando, la seguridad jurídica que implican los cambios está relacionado con la posibilidad de que terceros ajenos a la sociedad sean capaces de “confiar” en la representación y declaraciones que realiza el gerente general, en las diferentes facetas legales en que se desenvuelve una sociedad, como aspectos procesales, judiciales y administrativos, materias contractuales en general, y societarios. Si bien en la lista abierta de los actos para los cuales se autoriza al gerente general se alude a la realización de actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la sociedad, esa tarea no

L egislative Decree 1332 was published January 06th within the framework of the powers delegated by Congress to the Executive. Through

this legal rule, a number of changes have been made to Law 26887, Business Corporation Law (hereinafter the “LGS”), and Legislative Decree 1049, Notary’s Law, in order to modernize and expedite the incorporation and management of companies. As a matter of fact, a series of changes have been made to Articles 14 and 188 of the LGS, in relation to the powers and duties of the general manager as representative of a company.

More specifically, as a result of the changes recently made to Article 14 of the LGS, the general manager

has been expressly authorized to represent the company in relation to (i) procedural matters, exercising for such purpose the general and special powers referred to in the Code of Civil Procedure and the General Arbitration Law; (ii) the powers required to represent the company in any administrative proceeding brought under the Law on General Administrative Proceedings, that is, almost all administrative proceedings; and (iii) powers to dispose of and encumber the assets of the company by signing different kinds of contracts, including those dealing with civil, commercial, banking and/or corporate matters, and carry out transactions involving securities; and (iv) in general, sign all public and/or private documents required to meet the purpose of the company.

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Columnas 19210

foresee the effects that their acts will have.

Concerning the changes, we are analyzing herein, legal certainty, analyzed in the light of such changes, refers to the possibility of having third parties not related to the company “trust” the powers of and statements made by the general manager in the different legal fields where the company is involved, like in procedural, court and administrative proceedings, contractual matters in general, and corporate affairs. Although in the open list of acts that the general manager is authorized to perform, reference is made to the acts required to meet the purposes of the company, this task cannot be entrusted to third parties not related to the company, by entering into a contract with the company for this purpose.

An additional aspect to be discussed regarding the recent changes made to the LGS refers to a reduction in transaction costs. By “trusting” the powers and duties of the general manager, some costs will be avoided, specifically those related to the revision (petition) of powers.

Beyond the scope of the LGS, we believe that the LGS does not necessarily meet these purposes (legal certainty and cost reduction), particularly because it allows imposing limitations which will be enforceable if they are registered at the Public Registry Office.

The exceptions possibly reflect the fact that the legal rule under analysis has taken a substantial step forward as far as the legal representation of companies is concerned in a country used to the principle of literal interpretation of the powers of managers (and any company representative). As a result, a change of attitude and a change of long-established practices will be absolutely necessary in the different transactions where all actors are involved. And we can foresee that despite the good intent of this legal rule, long-established practices will still have such a strong weight that whoever enters into a contract with a company will possibly make the closing of a business transaction conditional on the production of evidence of the specific powers granted in order not to waste time (and avoid incurring new costs) in checking the long list of exceptions which will possibly be the target of those who enter into contracts with companies.

Although in the open list of acts that the general manager is authorized to perform, reference is made to the acts required to meet the purposes of the company, this task cannot be entrusted to third parties not related to the company, by entering into a contract with the company for this purpose

In turn, the new Article 188 of the LGS includes the powers/rights required to: (i) attend the meetings of the board of directors and the shareholders’ meetings, with the right to speak but not to vote; (ii) issue certificates related to the company’s books and records; and (iii) act as secretary at the shareholders’ meetings and board of director’s meetings. It should be pointed out that in both cases, that is, Article 14 and Article 188 of the LGS, the new LGS provisions contemplate the possibility of making an agreement to the contrary, which will only be enforceable against third parties if it has been registered on the company’s electronic registration card.

Now that we have described the main changes made to the LGS, we must conduct a critical analysis of the new provisions, particularly focusing on practical matters related to the implementation of said changes.

Concerning this aspect, lawmakers have decided to give the general manager a key role as main leader of the activities carried out by the company, entrusting him/her both with the task of representing the company before external agents, we as well as discharging company duties with respect to other company bodies. This trend started with the issuance of Supreme Decree 006-2013-JUS, pursuant to which the general manager was required to have his/her statement certified for the registration of company resolutions dealing with sensitive matters like the granting of powers of attorney and the adoption of agreements on the reorganization of the company, among other matters. But besides the stronger role now played by the general manager, the rules in question also have an additional purpose which is very important: provide legal certainty.

Legal certainty is nothing else but certainty that the legal acts performed by an individual within the framework of coherent legal rules and the applicable law, and, consequently, under the same legal framework, are going to be honored by public and private entities, without any exception whatsoever. This means that people, in their everyday life and for all legal purposes, are protected by a legal framework, in such a way that they can reasonably

Concerning this aspect, lawmakers have decided to give the general manager a key role as main leader of the activities carried out by the company, entrusting him/her both with the task of representing the company before external agents, we as well as discharging company duties with respect to other company bodies

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Columnas 192 11

The author of this article discusses the scope of a Legislative Decree N° 1342 that promotes transparency and citizens’ right to gain access to the content of court resolutions.

El autor comenta sobre los alcances del Decreto Legislativo N° 1342 que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales.

dr. Jaime Heredia TamaYo

Socio Senior, Especialista en Litigios y Controversias Senior Partner, Litigation and Dispute Resolution [email protected]

Hablando claro y sencillo. A propósito del Decreto Legislativo N° 1342

Speaking simply and clearly. Some comments in the light of the issuance of Legislative Decree N° 1342

El Tribunal Constitucional ha establecido en más de una oportunidad, que el derecho al debido proceso previsto por el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial, sino también en sede administrativa, e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

El respeto al debido proceso exige que todo ciudadano pueda defenderse, probar, impugnar, así como obtener una decisión que se encuentre debidamente motivada, esto es, que exprese las razones o justificaciones objetivas que la sustentan, siendo parte esencial del debido proceso, el que dichas razones o justificaciones, puedan ser comprendidas por éste.

Al respecto y en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante Ley N° 30506, con fecha 07 de enero de 2017 se publicó el Decreto Legislativo N° 1342, el cual tiene por objeto facilitar el acceso al contenido de las decisiones jurisdiccionales en todos los niveles y en el ámbito nacional, así como promover un lenguaje más cercano y comprensible para el ciudadano promedio.

El Decreto Legislativo busca mejorar la calidad del servicio de justicia, garantizando de esa manera, el respeto de sus derechos fundamentales dentro del proceso judicial

El artículo 4 de dicha norma, establece que las instituciones del sistema de justicia tienen el deber de atender y emitir sus decisiones en el idioma en el que se expresa originariamente la persona usuaria del servicio. Asimismo, que los operadores del sistema de justicia deberán evitar el uso de términos en latín o de palabras que hoy se encuentren en desuso y que dificulten la comprensión de las expresiones o términos legales que contienen sus actos o resoluciones. Y es que, en rigor, el uso de términos en latín no resulta necesario, dado que en la mayoría de los casos existen palabras o términos que los reemplazan perfectamente en el idioma español o debido a que existen conceptos jurídicos que se refieren a lo que describe el término en latín.

Hay que precisar, sin embargo, que la exigencia de que

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Columnas 19212

T he Constitutional Court has resolved more than once that the right to due process enshrined in item 3 of Article 139 of the Political Constitution

of Peru, applicable not only to cases handled by the Judiciary, but also to cases tried by administrative courts, even cases between individuals, entails the fulfillment of all public policy guarantees, requirements and rules that should be fulfilled in all proceedings in order for individuals to properly defend their rights from any act which may affect them.

Compliance with due process means that each and every individual should be able to defend himself/herself, produce evidence, file appeals, and obtain a duly

las decisiones jurisdiccionales sean comprensibles por el principal destinatario de las mismas, esto es, por el ciudadano usuario del servicio de justicia, ya había sido previamente objeto de preocupación por parte del Poder Judicial, al observar precisamente, que el uso de un lenguaje técnico – jurídico podía llegar a ser denso y confuso, incluso para los mismos operadores de dicho servicio.

En efecto, mediante Resolución Administrativa N°396-2014-P-PJ de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó el “Manual Judicial de Lenguaje Claro y Sencillo” (Manual) elaborado por la Agencia de Cooperación USAID, el cual fue diseñado para ser aplicado como herramienta de trabajo en la capacitación de los magistrados y servidores del Poder Judicial, con el objetivo de que puedan comunicarse de manera efectiva con los usuarios, permitiendo que el ciudadano pueda entender a cabalidad el contenido de los diversos documentos emitidos durante un proceso judicial, pues estos no serán leídos necesariamente por ciudadanos con conocimiento de leyes.

El referido Manual, en la línea de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1342, sugiere que, en lo posible, al redactar las resoluciones, los jueces utilicen los significados en español de los términos en latín y que en caso fuera necesario su uso, deben explicar su significado.

Consideramos que el derecho al debido proceso carecería de contenido si el ciudadano principal, usuario del sistema justicia, no puede entender las decisiones de los órganos de administración de justicia o en el mejor de los casos las comprende con dificultad. El ciudadano tiene derecho a que, en las sentencias y demás resoluciones, se utilice un lenguaje, que sin dejar de lado el rigor técnico, sea comprensible para el no especialista en derecho.

Evitar el uso de expresiones oscuras y explicar el significado de los términos técnicos, hará incluso más transparente la

substantiated resolution; that is, a resolution that explains the objective reasons or justifying criteria supporting the resolution. Having these objective reasons or justifying criteria understood by individuals is an essential part of the right to due process.

Concerning this matter and within the framework of the powers and duties delegated by Congress to the Executive by means of Law N°30506, Legislative Decree N°1342 was published on January 07, 2017 for the purpose of making it easier for individuals to gain access to the content of court resolutions at all levels nationwide and encouraging the use of a simple language understandable to everyone.

El derecho al debido proceso carecería de contenido si el ciudadano, principal usuario del sistema justicia, no puede entender las decisiones de los órganos de administración de justicia

decisión. Por ejemplo, el pasado 4 de febrero de 2016, en el Reino Unido, el Juez Peter Jackson utilizó incluso el símbolo de una cara sonriente (sin duda, uno de los más conocidos y famosos emoticones que es utilizado masivamente en las distintas redes sociales) para facilitar la comprensión de una sentencia en un caso de Derecho de Familia para que aquella pudiera ser entendida con la mayor claridad posible por los menores afectados, haciendo uso también de un lenguaje sencillo y comprensivo.

Por ello, la norma en comentario será de gran importancia en la mejora de la calidad del servicio de justicia, garantizándose de esa manera, el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano dentro del proceso judicial.

La modernización de la justicia no debe limitarse a la incorporación de nuevas tecnologías. Tanto o más importante que ello, es que la justicia pueda ser entendida por los ciudadanos que acuden al Poder Judicial para la solución de sus controversias.

Finalmente, no debemos pasar por alto la responsabilidad que tienen también –y diríamos en primer orden– las Facultades de Derecho de nuestro país en la formación lingüística de los futuros abogados. El uso del buen lenguaje jurídico debe ser parte importante de las competencias y habilidades que los estudiantes de derecho deben desarrollar durante sus estudios de pregrado. Ahí todavía, hay mucho por hacer.

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by the entities in charge of administering justice or, at best, hardly understood them. Citizens are entitled to the issuance of rulings and resolutions written in a language that everyone understands, not only legal specialists, without leaving aside their technical rigor.

Avoiding the use of obscure expressions and explaining the meaning of technical words will make resolutions or decisions even more transparent. For example, on February 4, 2016, in the United Kingdom, Judge Peter Jackson used a smiley face symbol (undoubtedly one of the most popular and famous emoticons used in social networks) in order for his ruling on family law to be more easily understood by the children it affected, additionally using simple and clear language.

For this reason, the legal rule we are referring to herein will be of utmost importance to improve the quality of the justice system, guaranteeing respect for the fundamental rights of citizens in court proceedings.

The modernization of justice should not be limited to the use of new technology. As a matter of fact, it is even more important that rulings and resolutions be understood by citizens who resort to the Judiciary to resolve their disputes.

Finally, we should not disregard the fact that schools of law are responsible –and we dare to say primarily responsible– for providing training in linguistics to students who will become the future lawyers of our country. Using the legal language appropriately should be an important part of the skills and competencies that law students should develop during their undergraduate studies. There’s still a long way to go.

Article 4 of Legislative Decree No. 1342 provides that justice system operators have a duty to issue their decisions in the same language used by justice system users. Moreover, justice system operators must avoid using words in Latin or words which are no longer used and make it difficult for the general public to understand the expressions or legal terms used in their rulings or resolutions. And the thing is that, strictly speaking, the use of words in Latin is not necessary in view that in most cases there are words in Spanish which perfectly replace the Latin words or otherwise there are legal concepts referring to what the Latin word describes.

However, it should be pointed out that the requirement that court decisions should be understandable to their addressee, that is, by the users of the justice system, had already caused concern to the Judiciary when it precisely resolved that the use of technical-legal language could become dense and confusing, even to the justice system operators themselves.

As a matter of fact, Administrative Resolution N°396-2014-P-PJ dated December 29, 2014 approved the “Judicial Manual on Clear and Simple Language” prepared by the USAID Cooperation Agency, which was designed in order to be used as a work tool when training judges and employees of the Judiciary so that they may communicate efficiently with justice system users, thereby allowing citizens to thoroughly understand the content of several documents issued during the course of a proceeding because these documents are not necessarily read by people with legal knowledge.

The Manual, in keeping with the provisions set forth in Legislative Decree N°1342, suggests that, to the extent possible, in drafting their resolutions, judges should use the Spanish meaning of Latin words and, if it were necessary to use words in Latin, then their meaning should be explained.

We believe that the right to due process would be meaningless if citizens, the main users of the justice system, were unable to understand the decisions made

We believe that the right to due process would be meaningless if citizens, the main users of the justice system, were unable to understand the decisions made by the entities in charge of administering justice

Legislative Decree No. 1342 is aimed at improving the quality of decisions made by justice system operators, thereby guaranteeing due respect for the fundamental rights of the individual in court proceedings

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Columnas 19214

dra. Karin orbezo graHammer

Socia, Especialista en Derecho TributarioPartner, Tax Law [email protected]

ComentarioTributario

El pasado 8 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo N° 1258 mediante el cual se efectúan diversas modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de ampliar la base tributaria e incentivar la formalización. Entre dichas disposiciones se establece que a partir del ejercicio 2017, los trabajadores e independientes puedan pagar menos Impuesto a la Renta (IR) si es que sustentan ciertos rubros de gastos.

Como se recordará, el IR que grava a las rentas de cuarta (independientes) y quinta categoría (trabajadores) se determina primero sumando todos los ingresos en el año y se deduce (resta) el valor de 7 UIT y, en el caso de los independientes, además gozan de una deducción adicional del 20%. A esa diferencia se le aplica la tasa del IR (tasa progresiva que va desde el 8% hasta el 30%).

Desde este año 2017 los independientes y trabajadores podrán deducir hasta 3 UIT adicionales si es que sustentan gastos en ciertos rubros. Esta nueva norma beneficiará a aquellos trabajadores (en planilla) que ganen de S/. 2,000.00 hacia arriba y en el caso de los independientes la norma beneficiará a quienes ganen más de S/. 2,953.00 al mes.

Los gastos que se podrán sustentar para aplicar la deducción adicional de 3 UIT son:

- El 30% del alquiler de un inmueble pagado en el ejercicio.

- Los intereses de un crédito hipotecario para primera vivienda pagados en el ejercicio.

- El 30% de los honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios de renta de cuarta categoría pagados en el ejercicio.

- Las aportaciones a EsSalud por la contratación de un trabajador del hogar.

- El 30% de los siguientes servicios de profesiones y oficios vías rentas de cuarta categoría (recibos por honorarios) pagados en el ejercicio: Abogado, Analistas de Sistema y Computación, Arquitecto, Enfermero, Entrenador Deportivo, Fotógrafo y Operadores de Cámara, Cine y TV, Ingeniero, Intérprete y Traductor, Nutricionista, Obstetriz, Psicólogo, Tecnólogos Médicos y Veterinario.

Cabe indicar que el procedimiento de cálculo para aplicar las retenciones de cuarta y quinta categoría no ha variado, por ello, tanto los empleadores como los sujetos que paguen rentas de cuarta categoría, continuarán aplicándolo.

Será el propio independiente y/o trabajador el que al final del ejercicio gravable deberá ejercer su derecho a deducir los referidos gastos hasta un importe no mayor a 3 UIT, a través del procedimiento y condiciones que establezca la Sunat.

LOS PERCEPTORES DE RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA PAGARÁN MENOS IMPUESTO A

LA RENTA A PARTIR DEL 2017

comentario tributario

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By Legislative Decree 1258, published on December 8, 2016, a series of changes have been made to the Income Tax Law to expand the tax base and encourage the formalization of the informal sector. These changes include of having both employees and self-employed persons pay less Income Tax as from 2017 if they prove that they have incurred some specific expenses.

As we may recall, the Income Tax payable by 4th-category income recipients (self-employed persons) and 5th-category income recipients (employees) is calculated by adding all the income received during the year and deducting 7 Tax Reference Units (UIT for its acronym in Spanish) and, as far as self-employed persons are concerned, they additionally enjoy a 20% deduction. The applicable Income Tax rate (a gradual rate which fluctuates between 8% and 30%) is applied to the above result to obtain the Income Tax payable in each case.

Effective this year, self-employed persons and employees can deduct up to 3 additional UITs if they prove that they have incurred certain expenses. This new rule will benefit employees (included in the company’s payroll) receiving a salary of S/. 2,000.00 or more and, concerning self-employed workers, those receiving more than S/. 2,953.00 per month.

Following are the expenses in respect of which the additional deduction of 3 UITs applies:

- 30% of the rent paid for renting a house during the business year.

- The interest paid in the business year on a mortgage loan obtained by first-time home buyers to buy a home.

- 30% of the fees received by medical doctors and dentists during the business year from the provision of professional services falling within the 4th-category income category.

- Contributions paid to EsSalud in relation to the hiring of domestic workers.

- 30% of the 4th-category income received during the business year (through professional fee receipts) from the services provided by the following professionals: lawyers, computer analysts, architects, nurses, sports coaches, photographers and camera operators, movie and television operators, engineers, interpreters and translators, nutritionists, obstetricians, psychologists, medical technicians, and veterinarians.

It should be pointed out that the procedure to be used to make the 4th and 5th-category withholdings has not changed, for which reason both employers as well as taxpayers paying 4th-category income should continue using the same procedure.

Self-employed persons and/or employees will have to exercise at the end of the business year their right to deduct the above-listed expenses up to an amount not to exceed 3 UITs, using for such purpose the procedure and complying with the requirements established by SUNAT.

4TH AND 5TH-CATEGORY INCOME RECIPIENTS WILL PAY LESS INCOME TAX AS FROM 2017

TaxComment

tax comment

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Columnas 19216

entrevista

1. Luego de haber transcurrido 20 años de la Operación Chavín de Huántar, ¿qué reflexión y mensaje nos puede brindar?

Una reflexión que tengo desde entonces es que no puedo dejar de observar como perturbadora la política peruana civil –en el caso del terrorismo y que llegó a su máxima expresión con los sucesos ocurridos en la Embajada de Japón– como las enemistades radicales dentro de una sociedad que neutralizan y son el preludio de alguna manera de su imposibilidad de superar los retos nacionales. Entonces, al observar al Perú –aunque mucho más en la época del terrorismo– sigue fracturado por el odio, es una cosa que me llama poderosamente la atención. Además, veo a un país que tiene un enorme potencial, que tiene posibilidades de lograr muchas cosas, pero estos odios ideológicos, políticos o a veces simplemente viscerales disfrazados de filosóficos o políticos le hacen un daño tremendo al Perú. A pesar de que el terrorismo a esa escala ha desaparecido, el nivel de conflictividad política es alarmante en el país.

2. Con relación al Derecho Internacional Humanitario, ¿qué opinión le merece la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Eduardo Cruz Sánchez (Camarada Tito) y otros contra el Estado Peruano y en el que la Corte reconoce que hubo

una ejecución extrajudicial al Camarada Tito?

Considero que esa es la opinión que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y naturalmente cuando un Estado se somete a la jurisdicción de la Corte debe aceptar su veredicto, entonces no podemos entrar a discutir el plano de la obediencia que se debe a la sentencia. Sin embargo, en el plano de los hechos, yo he sido testigo del proceso que se ha seguido y tuve la oportunidad de conversar con uno de los forenses que la Procuraduría del Ministerio de Defensa asignó para dicho caso. Se trataba de una persona inglesa, si mal no recuerdo, había analizado a fondo las evidencias que, según su opinión, no hubo una ejecución extrajudicial. Entonces, como yo había recibido no solo esquirlas de granada sino también me habían disparado tres balazos y uno de estos me llegó a rozar en el brazo con orificio de entrada y salida, el forense me preguntó si tenía la ropa que usé en ese momento, justamente porque el fuego cruzado era una de las hipótesis que demostraba que esta ejecución extrajudicial no había ocurrido.

También se analizaron los ángulos de penetración, y los ángulos de entrada de las balas por el hecho de que los comandos estaban entrenados a disparar en ráfagas de dos o tres balas. En fin, todos esos elementos pusieron en duda la conclusión a la cual había llegado la Corte, no una conclusión firme.

Según la opinión de la Corte Interamericana de Derechos

Columnas conversó con el Dr. Francisco Tudela van Breugel-Douglas, ex Primer Vicepresidente de la República y ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, con ocasión del vigésimo aniversario de la Operación Chavín de Huántar y quien fuera uno de los principales rehenes en la Embajada de Japón. También compartió con nosotros algunos alcances sobre Derecho Internacional y su visión sobre la educación de la carrera de derecho en nuestro país.

Dr. Francisco Tudela van Breugel-DouglasEx Primer Vicepresidente de la República y

ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

“Operación Chavín de Huántar: 20 años”

“20th Anniversary of the Chavín de Huántar Rescue Mission”

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Columnas 192 17

entrevista

Humanos se debió investigar más el asunto. Sin embargo, ellos no afirman que hubo una ejecución extrajudicial, sino que existió la posibilidad que hubiera ocurrido. Por lo tanto, se requiere investigar más. Yo creo que más no se puede investigar, ya hubo una investigación a fondo, hubo forenses, antropólogos y ninguno de ellos ha llegado a la conclusión que hubo una ejecución extrajudicial, por lo menos los forenses legales son auténticos médicos.

3. La Operación Chavín de Huántar ha sido considerada por varios expertos internacionales, como rotundamente exitosa, ¿comparte Usted dicha opinión?

Yo creo que es una de las grandes operaciones de comandos en el mundo, probablemente con la Operación de Entebbe y con la Operación del GSG 9 alemán en Mogadiscio, son de las más impecables; pero en particular la de Chavín de Huántar, en términos de dificultad supera a todas las operaciones de rescate que se han hecho en la historia militar del mundo, sin excepción.

4. En las diferentes operaciones de rescate de rehenes que han ocurrido a nivel internacional, ¿conoce Usted algún antecedente en el que las fuerzas especiales que participaron hayan sido denunciadas por algún Organismo Local o Internacional?

No, éste es un caso único. Por ello, he analizado diversos casos, porque me ha interesado el problema enormemente. Tenemos la intervención de las Fuerzas Especiales Británicas en la Embajada Iraní en Londres, así como la ejecución de tres terroristas del IRA por miembros del Ejército Británico en Gibraltar, que dicho sea de paso, a pesar de tener un estatuto legal y autónomo tampoco hubo demandas en esos casos; también está el caso Israelí de la Operación Entebbe. Ni siquiera hubo consecuencias en el caso de los comandos norteamericanos que violaron la soberanía Paquistaní y ejecutaron ilegal y extrajudicialmente a Osama Bin Laden sin ninguna sentencia previa, llevándose inclusive el cuerpo que sería arrojado posteriormente al mar. Ninguno de los miembros de dicho comando fue a una Corte Marcial en los E.E.U.U. lo que significa que incluso en el terreno del “due process” anglosajón estos actos son considerados como una operación de combate, por lo que no han sido objeto de cuestionamientos.

5. ¿Cuál considera Usted que constituye el mayor acierto y desacierto de la diplomacia peruana en nuestra historia Republicana?

Aciertos hay varios, es muy difícil clasificar eso, dado que los aciertos y desaciertos se producen al calor del momento. Las decisiones diplomáticas a veces tienen que ser tomadas sin previsión del futuro, o a veces el futuro no es bien previsto y entonces en realidad no nos quejamos de los acuerdos diplomáticos sino de sus consecuencias posteriores. Probablemente la forma como se diseñó el Tratado “Secreto” con Bolivia puede haber sido más que un error diplomático, un error de juicio respecto al futuro. El Perú en ese entonces estaba quebrado y Manuel Pardo pensó que sus acorazados eran Argentina y Bolivia, pero resulta que uno de esos acorazados nunca se integró a la flota y nosotros en ese momento tampoco nos encontrábamos en una condición militar de preparación adecuada. Fue un recurso pensar que el tratado podría ser disuasivo, claro eso hoy lo sabemos mejor que en el siglo XIX. Los tratados no son disuasivos, solo la fuerza militar es disuasiva.

6. A propósito de la reforma universitaria iniciada por la SUNEDU y como profesor universitario, a su modo de ver, ¿qué falencias tiene la cátedra de Derecho en el Perú? ¿Qué nos diferencia con la enseñanza del Derecho en otros países?

De mi experiencia, aunque recientemente no he enseñado en el Perú, la dificultad de acceso a los buenos materiales de enseñanza es la falencia número uno. Yo siempre he encontrado –inclusive en las mejores universidades del país–que las bibliotecas de derecho son deficientes.

También tenemos un problema que es difícil de superar y que se presenta en determinadas áreas, por ejemplo en el caso concreto de Derecho Internacional Público donde el grueso de la bibliografía es anglosajona y por tanto el tema de los idiomas es el segundo punto que no solo afecta a las Facultades de Derecho sino al sistema universitario peruano, pero diría que especialmente a las Facultades de Derecho dado que no pueden hacer uso de jurisprudencia que permite saber que está pasando en el mundo, no hay

“Operación Chavín de Huántar: 20 años”

“20th Anniversary of the Chavín de Huántar Rescue Mission”

Columnas met with Dr. Francisco Tudela van Breugel-Douglas, former First Vice President of the Republic and Minister of Foreign Affairs of Peru, on the occasion of the 20th anniversary of the Chavín de Huántar rescue mission, as Mr. Tudela was one of the main hostages held at the Japanese Embassy. During the course of the interview, he also shared with us some reflections on international law and his view about legal education in Peru.

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1. Now that 20 years have gone by since the date the Chavín de Huántar raid was launched, what are your reflections and what message can you give us?

Since then, I can’t stop thinking that radical political enmities neutralize society and somehow prevent it from meeting the national challenges, something quite disturbing in Peru’s politics –as in the case of terrorism, which reached its most extreme expression during the hostage-taking event occurred in the Embassy of Japan. Therefore, when I take a look at Peru– particularly in the years of terrorism –I am surprised to see that our country is still divided by hatred. However, I can also see that our country has enormous potential, that it can achieve many things, but this ideological and political hatred, which is sometimes simply visceral hatred concealed under philosophical or political arguments– seriously damage Peru. In spite of the fact that terrorism on that scale has disappeared, the level of political conflict is a matter of concern in Peru.

2. Regarding International Humanitarian Law, what do you think about the resolution issued by the Inter-American Court of Human Rights in relation to the action filed by Eduardo Cruz Sánchez (comrade Tito) and others against the Peruvian State, and the fact that the Court admits that comrade Tito was extrajudicially killed?

Well, that’s the opinion of the Inter-American Court of Human Rights and, obviously, when a State submits itself to the jurisdiction of the Court it must accept its verdict. Therefore, we cannot start discussing now whether or not a resolution should be enforced. However, as far as events are concerned, I witnessed the proceeding and had the chance to talk to one of the forensic doctors that the prosecutor’s office of the Ministry of Defense appointed for the case. If I remember rightly, the forensic doctor was an Englishman. He thoroughly analyzed the evidence and, in his opinion,

there was no extrajudicial killing. In view that I had suffered not only shrapnel wounds but I was also shot three times, and one of the bullets even went in and out of my arm, the forensic doctor asked me if I still kept the clothes I was wearing when the raid was launched, precisely because crossfire was one of the arguments which proved that no such extrajudicial killing occurred.

The angles of bullet penetration, the angles of entry, and the fact that the members of the Armed Forces who took part in the raid had been trained to shoot two or three bullets at a time were also analyzed. All these elements cast doubt over the court’s conclusion, which was not a firm conclusion.

In the opinion of the Inter-American Court of Human Rights, the case should have been more thoroughly investigated. However, the court does not state that an extrajudicial killing took place, but rather that an extrajudicial killing may have taken place and, therefore, a deeper investigation is required. I think that there’s nothing else to investigate. A thorough investigation was carried out with the involvement of forensic doctors and anthropologists, and none of them concluded that an extrajudicial killing took place, at least the forensic doctors who are medical doctors.

3. Several international experts consider that the Chavín de Huántar raid was an absolute success. Do you share their opinion?

I believe that it has been one of the best commando raids carried out in the world. Chavín de Huántar, Entebbe, and Germany’s GSG 9 raid in Mogadishu are probably the most impeccable rescue operations worldwide. However, I think that the Chavín de Huántar commando raid exceeds in terms of difficulty all other rescue raids carried out in the world’s military history, without any exception whatsoever.

4. Speaking of the different hostage rescue missions carried out in the world, do you know

interview

fuentes directas. Por ejemplo, en la Universidad Inglesa, el acceso a los textos del mundo entero es al cien por ciento. Como anécdota puedo contar que durante mis estudios en Inglaterra en un curso particular me dieron una lista bibliográfica de 500 páginas, entonces fui donde mi tutor y le pregunté: ¿Qué hago? Y me respondió, lo que Usted debe hacer es determinar qué es lo importante y que no es lo importante, a lo que yo pregunté, ¿y como hago eso?, y me dijo, Usted ya verá. Ese discernimiento es parte del entrenamiento, no es solamente aprenderse cosas, uno también es entrenado a aplicar una metodología. Otro punto que me marcó mucho de la enseñanza inglesa fue el

sentido realista del derecho. Recuerdo que el Secretario General del London School of Economics nos reunió a todos los estudiantes de ese año y nos dijo que sabía que veníamos de diferentes tradiciones jurídicas y que íbamos a leer toneladas de libros y aplicar diversas metodologías pero que nada de eso nos serviría allí, nosotros estábamos para resolver un problema que escogeríamos de la realidad y para resolverlo debíamos tomar de los libros, periódicos o de lo que veamos, no nos pediría nada en exceso. Eso para mí valió la maestría. Somos abogados porque tenemos que resolver problemas, no somos abogados como los poetas, recitar leyes ni teorías jurídicas.

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Columnas 192 19

Dr. Francisco Tudela van Breugel-DouglasFormer First Vice President of the Republic and

Minister of Foreign Affairs of Peru

about any other case where the Special Forces which took place in the raid were brought to trial by a local or international agency?

No, this is the only case. I have analyzed several cases because I have been interested in this issue. Some cases include the assault launched by British Special Forces on the Iranian Embassy in London and the killing of three IRA terrorists by members of the British Army in Gibraltar, where, by the way, despite having an autonomous legal system, no complaint was filed. I can also mention the raid on the Entebbe airport by an Israeli mission. In addition, there were not even consequences in the case of the U.S. commandos that violated Pakistan’s sovereignty and illegally and extrajudicially killed Osama Bin Laden, without any previous ruling, and even took his body and dropped him into the ocean. None of the members of said commando were tried by court-martial in the U.S., which means that even in the due process field these acts are considered combat operations in the Anglo-Saxon world, for which reason they have not been called into question.

5. Which have been the greatest achievements and failures of Peru’s diplomacy in our Republican history?

There have been many successes. It’s difficult to classify them because the greatest achievements and failures occur in the spur of the moment. Diplomatic decisions are sometimes made without forecasting the future. Sometimes the future is not properly forecasted and then we don’t complain about the diplomatic agreements but rather about their subsequent consequences. Maybe the way Peru made a secret treaty of alliance with Bolivia was an error in judgment. We failed to properly foresee the

future. It was not a diplomatic mistake. Peru was broken at that time and President Manuel Pardo thought that his battleships were Argentina and Bolivia, but the truth is that one of the battleships never joined the fleet and, in addition, our army was not then well prepared. He thought that the treaty could serve as a deterrent, but we know now better than in the XIX century that they don’t have a deterrent effect. Treaties do not have a deterrent effect, military forces do.

6. Speaking of the university reform started by SUNEDU and in view that you are a university professor, what deficiencies does legal education have in Peru? ¿What is the difference with other countries?

Based on my experience, although I have not been teaching lately in Peru, difficult access to good teaching material is the most serious deficiency. I have always found –even in the best Peruvian universities– that law libraries are deficient.

There’s also another problem which cannot be overcome so easily and occurs in some fields of law like International Public Law. Most of the existing bibliography belongs to the Anglo-Saxon legal system and, therefore, the language barrier not only affects law schools in Peru but the whole Peruvian university system. However, I’d dare to say that it affects law schools in particular because they cannot use court resolutions that allow law students to know what’s going on in the rest of the world. There aren’t direct sources available. For example, in English universities students have full access to texts from all over the world. Let me tell you an anecdote. When I was studying in England, I was given a 500-page bibliography list for only one course, so I asked my tutor: “What do I do now?” “Determine importance to distinguish what information is most important vs. what information is not necessary”, he answered. So, I asked him, “And how do I do it?” “Well, you’ll see”, he answered. Thinking is part of the training we receive. But learning involves not only learning new things, but learning to use a methodology. In England, I was also impacted by the realistic sense of law. I remember that the London School of Economics Secretary-General summoned all students who joined the school that year and told us that he knew that we had different legal traditions and that we were going to have tons of books to read and different methodologies to apply, but nothing of that would be useful, as we were going to be asked to resolve a daily life problem and to do it we had to use books, newspapers or whatever we saw, and he wouldn’t ask us anything else. I believe that that was the real value of the master’s degree program I pursued. We are lawyers because we have to resolve problems. We are not lawyers to recite, like poets, laws or legal theories.

interview

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Columnas 19220

The author of this article discusses the scope of the compliance system in the business sector.

El autor comenta sobre los alcances del sistema compliance en la actividad empresarial.

Uno de los ámbitos de nuestra asesoría en compliance (cumplimiento normativo) que ha resultado de especial interés para nuestros clientes ha venido siendo la prevención y la mitigación de los riesgos regulatorios derivados de las relaciones con sus clientes que califican consumidores y de sus obligaciones al competir en el mercado.

Estos sistemas requieren la implementación de políticas corporativas y programas que aseguren a la empresa:

a) Mantenga altos estándares dirigidos a asegurar los derechos de los consumidores:- Desarrollando una conducta dedicada a velar por los

legítimos intereses de sus clientes.- Ofreciendo información relevante a los clientes para que

tomen una adecuada decisión de consumo y para el uso adecuado de los bienes o servicios adquiridos.

- Garantizando la salud y la seguridad de los clientes en el uso adecuado y previsible de los bienes y servicios a su disposición, advirtiendo riesgos previstos; y, en el caso de riesgos evidenciados posteriormente, previniéndolos de inmediato y procediendo al retiro, reparación o sustitución correspondiente.

- Cumpliendo con las garantías que respaldan los bienes y servicios que adquiere el cliente.

- Cumpliendo con la regulación sectorial que se exija a la comercialización de determinado bien o servicio, lo que resulta de especial importancia para sectores intensamente regulados.

- Asegurando la libertad de elección de los clientes, evitando

dr. pierino STuCCHi

Socio Senior, Especialista en Competencia, Barreras Burocráticas y Antidumping, Aeronáutico, Compliance, Comunicaciones, Comercio Electrónico y Privacidad, Consumo, Publicidad y Prácticas Desleales, TransporteSenior Partner, Competition, Bureaucratic Obstacles and Antidumping, Aeronautics, Compliance, Communications, E-Commerce and Privacy, Consumption, Advertising & Unfair Practices, Transportation [email protected]

Los sistemas de compliance relacionados con los clientes y la competencia

Compliance systems vis-à-vis customers and competition

cualquier práctica abusiva o coercitiva; y, brindando un trato justo y equitativo, sin discriminación alguna.

- Escuchando activamente a sus clientes, atendiéndolos adecuadamente frente a sus reclamos, con procedimientos céleres e idóneos.

b) Mantenga altos estándares dirigidos a competir efectiva y lealmente: - Desarrollando una conducta permanentemente

competitiva y de buena fe empresarial en todos los mercados en los que participa.

- En los casos en que la empresa posea una posición de dominio en determinado mercado, evitando conductas que tengan por efecto restringir la competencia por causa de dicha posición, tales como aquellas que impliquen diferenciaciones, ataduras, imposición de exclusividades o negativas injustificadas en la contratación.

- Evitando celebrar acuerdos, desarrollar prácticas concertadas, adoptar recomendaciones, generar o cumplir decisiones gremiales, que impliquen en particular con los competidores, fijar precios u otras condiciones, limitar la producción o las ventas, repartirse zonas geográficas, clientes o proveedores, entre otros.

- Evitando celebrar acuerdos, desarrollar prácticas concertadas, adoptar recomendaciones, generar o cumplir decisiones gremiales, que impliquen en particular con empresas en otros planos de la cadena de producción, distribución o comercialización -cuando alguna posea una posición de dominio en determinado mercado- restringir o afectar la competencia, mediante alguna de las prácticas

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Columnas 192 21

indicadas en los puntos previos.- Contribuyendo con la transparencia del mercado, de

forma que evite inducir a error sobre el precio, la calidad, las condiciones o el origen empresarial de los bienes y servicios que ofrece en el mercado, así como sobre su propia trayectoria o capacidades empresariales.

- Evitando aprovechar indebidamente la reputación de otro agente en el mercado; o afectándolo errónea o injustificadamente en una alusión o comparación.

- Evitando alterar indebidamente la posición competitiva propia o ajena, mediante actos de violación de secretos empresariales, de sabotaje o de violación de normas obligatorias que impliquen ventajas competitivas ilícitas.

En el ámbito de las relaciones de consumo y la competencia, estos sistemas de cumplimiento expresan la responsabilidad social de la empresa; preservan aumentan el valor de sus marcas; y, además le

O ur advice on compliance and prevention and mitigation of regulatory risks resulting from a company’s relationship with its customers (consumers), including their obligations

when they compete in the market, has been of particular interest to our clients.

These systems require the implementation of corporate policies and programs that ensure that the company will:

a) Keep high standards to guarantee the rights of consumers by:- Behaving in ways that protect the lawful interests of their

customers.- Offering relevant information to their customers so that they

may make adequate consumption decisions and properly use the goods they buy or services they get.

- Guaranteeing the health and safety of their customers by focusing on an adequate and foreseeable use of the goods and services made available to customers, warning them of foreseeable risks and, when risks are detected afterwards, then warning them immediately after the risks have been detected and removing the relevant products from the market or otherwise having them repaired or replaced.

- Meeting the guarantees issued in support of the goods they buy or the services they get.

- Complying with sector-based regulations which are to be fulfilled at the time of selling any given good or providing any given service, which is particularly important in heavily-controlled sectors.

- Guaranteeing customers’ freedom of choice, avoiding abusive or coercive practices, and affording fair and equitable treatment, without any discrimination whatsoever.

- Actively listening to their customers and properly addressing their claims, using for such purpose expeditious and appropriate mechanisms.

b) Keep high standards to compete effectively and fairly by: - Permanently showing a competitive behavior and good faith in

all markets where the company participates.- In those cases where the company is in a dominant position in

any given market, avoiding behaviors which restrict competition as a result of said dominant position, like those involving different treatments, ties, exclusive rights or unjustified refusal to enter into contracts.

- Taking the steps required to avoid signing contracts or otherwise engaging in concerted practices, adopting recommendations,

making or complying with business decisions implying, particularly with competitors, setting prices or other conditions, limiting production or sales, dividing and sharing geographical areas, customers or suppliers, etc.

- Taking the steps required to avoid signing agreements or otherwise engaging in concerted practices, adopting recommendations, making or complying with business decisions implying, particularly with regard to companies participating in other levels of the production, distribution or marketing chain –when any such company is in a dominant position in any given market– restricting or affecting competition by engaging in any of the practices referred to in the foregoing paragraphs.

- Contributing to market transparency, so as to avoid misleading consumers with regard to the price, quality, conditions or business origin of the goods and service it offers on the market, including its own course of business or business skills.

- Taking the steps required to avoid making undue use of the good name of another market agent or mistakenly or unjustifiably affecting another agent by making reference to or making a comparison with said other agent.

- Taking the steps required to avoid unduly affecting its own competitive position or that of a third party by engaging in practices that violate business secrets, involve acts of sabotage or fail to comply with mandatory rules to obtain illegal competitive advantages.

As regards consumption and competition relations, these compliance systems reflect the company’s social responsibility, preserve and improve the value of company trademarks, and additionally allow maintaining optimum relations with customers and the State. They also allow avoiding audits and sanctions from Indecopi (the entity in charge of consumption and competition matters in Peru), which may affect the company’s reputation and/or result in fines against the company (the maximum limit of which fluctuates between US$ 500,000 and US$ 1,200,000). There’s nothing better than avoiding problems.

Compliance policies and programs require specific provisions to: i) identify and mitigate the risks involved in consumption relations and participation in the market; ii) have someone responsible for the proper operation of the compliance system; iii) guarantee the permanent training of all company employees; and iv) include in their procedure manuals specific mechanisms to effectively make sure that the company has an appropriate business conduct with consumers and permanently shows a competitive and loyal behavior in the market.

permiten mantener óptimas relaciones con sus clientes y el Estado. Asimismo, permiten evitar fiscalizaciones y sanciones del Indecopi (autoridad de consumo y competencia en el Perú), que puedan afectar la reputación empresarial y/o significar multas en perjuicio de la empresa (cuyos topes oscilan entre 500 000 USD y 1’2 USD). Nada es mejor que prevenir problemas.

Las políticas y los programas en este ámbito requieren una aplicación concreta que permita: i) identificar y mitigar los riesgos en las relaciones de consumo y en la participación en el mercado; ii) contar con un responsable del debido funcionamiento del sistema de compliance; iii) asegurar la capacitación permanente a todos los colaboradores de la empresa; y, iv) incorporar en sus manuales de procedimientos componentes específicos para el efectivo aseguramiento de una conducta empresarial adecuada con los consumidores y permanentemente competitiva y leal en el mercado.

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The National Multi-Annual Programming and Investment Management System – Invierte.pe is aimed at using public resources to effectively close gaps in infrastructure and public services, for which reason in establishing their Multi-Annual Investment Program (PMI) public non-financial entities and companies must prioritize projects that have the greatest social impact.

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, tiene por objeto orientar el uso de recursos públicos al cierre efectivo de brechas en infraestructura y servicios públicos, potr ello, las entidades y empresas del sector público no financiero deben establecer su Programa Multianual de Inversiones – PMI priorizando los proyectos de mayor impacto social.

El 24 de febrero de 2017, entró en vigencia el Invierte.pe, quedando derogado el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) excepto para aquellos proyectos de adecuación progresiva; siendo así, las intervenciones del Estado que se financien, total o parcialmente con recursos públicos, deben programarse articulando los objetivos nacionales, regionales y locales, en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.

Con ese fin, se ha delimitado el marco institucional, siendo la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, el ente rector y más alta autoridad técnico – normativa, a cargo de la aprobación de las normas directrices y de la supervisión del PMI, en base a los sistemas de planeamiento, inversiones y presupuesto.

Bajo dicho marco, los Órganos Resolutivos, representados por el ministro, el gobernador regional, el alcalde, o el titular del sector, son la máxima autoridad ejecutiva, aprueban sus metodologías específicas para la formulación y evaluación de sus PMI, aprobándolos antes del 30 de marzo de cada año.

A tal efecto, los proyectos de inversión incluyendo las iniciativas privadas cofinanciadas, se priorizan por su contribución al cumplimiento de objetivos (planes estratégicos), al cierre del tamaño de la brecha en

dra. magaLi Lazo gueVara

Asociada Senior, Especialista en Infraestructura y Asociaciones Público Privadas (APP), Financiamiento de Proyectos y Sindicaciones.Senior Associate, Infrastructure and Public Private Partnership, Project Finance and Syndication Specialist [email protected]

Nuevas reglas para la inversión en infraestructura y servicios públicos

New rules for investment in infrastructure and public services

referencia al promedio nacional, a los niveles de pobreza, al tamaño de la población, la capacidad de financiamiento, entre otros criterios; debiendo pasar por cuatro fases que integran el ciclo de inversión de un proyecto:

1. Programación multianual, establece el diagnóstico de las brechas proyectado a tres años, la cartera de inversiones, los indicadores de resultado, la previsión de los recursos para la ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de inversión; es el marco de referencia para la formulación presupuestaria anual de las inversiones a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de cada entidad.

2. Formulación y evaluación, consiste en la elaboración de: i) la ficha técnica simplificada, para proyectos de inversión menores o iguales a 750 UIT; ii) el estudio de preinversión a nivel de perfil, para proyectos iguales o mayores a 15,000 UIT considerados de alta complejidad; y, iii) el estudio a nivel de perfil reforzado, para proyectos cuyo monto sea mayor o igual a 407,000 UIT, a cargo de las Unidades Formuladoras (UF) de cada entidad.

3. Ejecución, comprende la ejecución financiera y física de los recursos asignados a las inversiones, a cargo de las Unidades Ejecutoras de Inversión; inicia con la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes para los proyectos de inversión viables o para las inversiones

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Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Interior, Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud, Trabajo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros, los cuales lideran en los tres niveles de gobierno, debiendo los PMI de los gobiernos regionales y locales incorporarse a partir del 2019.

Sin duda, las fases de programación y funcionamiento son los aportes más relevantes del nuevo sistema, ya que permitirá planificar de manera transversal y coordinada las inversiones que requiere el país para cerrar las brechas de infraestructura y servicios; pero, sobre todo, garantizando su sostenibilidad.

de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, hasta la liquidación respectiva.

4. Funcionamiento, etapa de operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones y la provisión de los servicios implementados, a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios.

El PMI del Estado para el periodo 2018-2020 cuenta con el clasificador institucional que agrupa treinta sectores del Gobierno Nacional: Agricultura, Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social,

I nvierte.pe went into effect on February 24, 2017, after the National Public Investment System (SNIP for its acronym in Spanish) was repealed, except for some

projects requiring gradual adjustment. Accordingly, State projects receiving, whether in whole or in part, public funding must be programmed in such a way so as to bring national, regional and local objectives into agreement with the Multi-Annual Macroeconomic Framework forecasts.

With this purpose in mind, the institutional framework has been delimited. The General Multi-Annual Investment Programming Bureau of the Ministry of Economy and Finance will be the governing body and the highest-ranking technical-regulatory authority in charge of approving guidelines and overseeing the implementation of the PMI based on planning, investment and budgeting systems.

Within said framework, the Decision-Making Bodies (ORs for their acronym in Spanish), represented by the Minister, Regional Governor, Mayor or top officer in the relevant sector, are the highest-ranking executive authority and approve specific methods for the formulation and evaluation of their PMIs, approving them every year by March 30th.

To this end, investment projects, including co-funded private initiatives, are prioritized based on how much they contribute to fulfill the objectives (strategic plans), close the gap with reference to the national average, poverty levels, the size of the population, and the funding capacity, among other criteria. Investment projects must go through the four stages that make up the investment cycle of every project:

1. Multi-annual programming. It involves an assessment of gaps based on three-year forecasts, the investment portfolio, performance indicators, and resource forecasting for the implementation, operation and maintenance of investment projects. It is used as a framework of reference for the preparation of the annual budget required for investments made by the Multi-Annual Investment Programming Office of each entity.

2. Formulation and evaluation. It consists of: i) preparing a

simple technical card for investment projects worth 750 Tax Reference Units or less; ii) conducting a profile-level pre-investment study for projects worth 15,000 Tax Reference Units or more, considered highly-complex projects; and iii) carrying out an enhanced profile-level study for projects worth 407,000 Tax Reference Units or more, to be conducted by the Formulation Unit (UF for its acronym in Spanish) of each entity.

3. Implementation. It includes the financial and physical implementation of the resources assigned to any given investment project by Investment Implementation Units. This stage begins with the preparation of the technical file or similar documents for viable investment projects or otherwise for optimization, marginal expansion, replacement and rehabilitation investments, until the relevant resources have been fully invested.

4. Operation. This stage consists of the operation and maintenance of the assets resulting from the implementation of investment projects and the provision of services by the entity that owns the relevant assets or is responsible for the provision of the relevant services.

The State’s PMI for the period 2018-2020 includes an institutional classifier which groups together thirty National Government sectors, as follows: Agriculture, Environment, Foreign Trade & Tourism, Defense, Development & Social Inclusion, Economy & Finance, Education, Energy & Mines, Internal Affairs, Women & Vulnerable Populations, Health, Employment, Transport & Communications, Housing, Construction & Sanitation, among others, which are the leading sectors at all three government levels. Regional and local government PMIs must be included in the system as from 2019.

There’s no doubt that the programming and operation stages represent the system’s most relevant innovation as they will allow planning in a cross-disciplinary and coordinated manner the investments required by the country to close infrastructure and service gaps but above all, to guarantee their sustainability.

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Columnas 19224

dr. FreddY roJaS López

Socio Senior, Especialista en Derecho Penal Senior Partner, Criminal Law [email protected]

El secuestro conservativo en el ordenamiento procesal penal

Precautionary attachment under the code of criminal procedure

Brief overview of the court’s obligation to impose a measure involving dispossession of property in criminal proceedings brought against someone who has been driving under the influence of alcohol.

Breve reseña sobre la obligación judicial de ordenar una medida que implica desposesión del bien en los procesos penales por delitos de conducción en estado de ebriedad.

En la actualidad uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad son los accidentes de tránsito producto de la ingesta de alcohol por parte de los conductores. Ello ha generado el alto índice de procesos penales e investigaciones fiscales por el delito de conducción en estado de ebriedad que se sigue ante nuestros tribunales.

Si bien es cierto que este delito es una figura autónoma que se configura con la sola creación del peligro que implica conducir un vehículo en estado de ebriedad, hay que tener en cuenta que las consecuencias de dicha conducta (pena) se agravan si se produce la muerte o se le ocasionan lesiones graves a una persona, pudiendo llegar hasta una condena con pena de cárcel efectiva.

No obstante, por muchos años los agraviados o víctimas de estos delitos padecían para ser resarcidos patrimonialmente por una conducta que los había lesionado o hasta causado la muerte de algún familiar. Por tal motivo, nuestro ordenamiento procesal penal ha incorporado la institución del “secuestro conservativo”, cuya principal finalidad es asegurar el pago de la reparación civil derivada del delito, la cual es impuesta por el Juez Penal a solicitud del Ministerio Público o la parte agraviada.

Esta medida de coerción real puede recaer en vehículos motorizados de propiedad del imputado –conductor del

automóvil– o del tercero civilmente responsable, lo que significa la desposesión del bien y su entrega a un depositario, quien –a efectos de cautelar y asegurar la obligación de pago a favor de la víctima y/o sus herederos– no podrá ser el propio imputado ni el responsable civil.

En la actualidad cuando nos encontremos en casos de los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo cometido con el uso de un vehículo motorizado de servicio de transporte público o privado el Fiscal tiene la obligación de solicitar al Juez que se trabe la medida de secuestro conservativo sobre dicho bien. Es importante que en la solicitud se precise la identificación del vehículo, para que el Juez Penal sin trámite alguno (no es necesario que se lleve a cabo una audiencia) emita el correspondiente auto de secuestro conservativo.

Asimismo, se declarará inadmisible cualquier pedido destinado de manera directa o indirectamente a efectos de impedir o dilatar la concreción de esta medida real, sin perjuicio de la sanción que le pueda corresponder.

Es importante señalar que nos encontramos ante una medida de coerción real factible de sustitución o variación por una garantía dineraria o patrimonial, o por otro bien, siempre y cuando se asegure el pago de una eventual reparación civil.

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Otro punto interesante es que cuando el vehículo resulte dañado considerablemente como consecuencia del hecho constitutivo de los delitos mencionados, el Fiscal deberá identificar otro bien mueble del imputado o tercero civil que permita asegurar de manera proporcional y razonable el pago de la reparación civil, a efectos que se proceda con el secuestro conservativo del mismo.

En aquellos casos, cuando haya culminado un proceso penal y el Juzgado emita una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento u otra resolución que declare extinguida la acción penal, la medida de secuestro conservativo será dejada sin efecto, y se procederá a la devolución o entrega del vehículo; mientras que, en

O ne of the most serious problems that we are currently facing is traffic accidents caused by people driving under the influence of alcohol. As a

result, our courts are burdened with a large number of criminal proceedings and prosecutor investigations into drunk-driving cases.

Although it is true that driving under the influence of alcohol is an autonomous offense where the crime is deemed to occur just because of the dangers of drunk driving, we should bear in mind the fact that the consequences of drunk driving are even more severe if someone dies or is seriously injured as a result of the accident, as punishment can extend to effective imprisonment.

Notwithstanding, for many years the aggrieved parties or victims of this crime have had to strive resolutely to obtain financial compensation for a behavior that caused them injuries or even resulted in the death of relatives. For this reason, our Code of Criminal Procedure has just included the concept of “precautionary attachment” for the main purpose of securing payment of civil redress in the event of drunk driving. The Criminal Judge orders payment of civil redress at the request of the office of the Public Prosecutor or the aggrieved party.

This real coercive measure can be imposed on motor vehicles owned by the accused – the driver of the motor vehicle – or by a civilly liable third party, which means that the accused will be dispossessed of the vehicle in order for the vehicle to be handed over to a depositary who – to protect and secure the payment obligation to the victim and/or his/her heirs – can neither be the accused nor the civilly liable third party.

At present, when we come across cases of criminal negligence leading to personal injury or involuntary manslaughter caused by public or private motor vehicles, the prosecutor is obliged to request the Judge to impose a precautionary attachment on the vehicle in question. It is important to have

the vehicle properly identified in the request in order for the Criminal Judge, without any previous step (it is not necessary to carry out any hearing), to issue the corresponding writ of precautionary attachment.

Moreover, any request aimed at preventing or delaying the precautionary attachment, whether directly or indirectly, will be declared inadmissible, without prejudice to the applicable sanction.

It is worth pointing out that we are speaking of a real coercive measure which can be changed or replaced by a guarantee, backed by money or any property or asset, provided payment of an eventual judgment and order for civil redress is secured.

Another interesting aspect is that when a vehicle suffers substantial damage as a result of an accident caused under the influence of alcohol, the Prosecutor must identify another good, also owned by the accused or civilly liable third party, to guarantee in a proportional and reasonable manner the payment of civil redress, in order to then proceed with its precautionary attachment.

In those cases, in which once the criminal action ends and the Court issues a judgment of acquittal, a writ of dismissal of proceedings or another resolution putting an end to the criminal action, the precautionary attachment will be invalidated, and the vehicle will be returned. By contrast, in a judgment of guilt, the party against which the judgment was issued will be immediately asked to fulfill his/her duties.We hope that this measure will help create awareness among all motorists, whether owners and drivers, of the importance of driving preventively, complying with all the rules established in the Traffic Code, to the extent commission of any of the offenses referred to in the foregoing paragraphs will oblige the Criminal Judge to issue a writ of precautionary attachment, which will result in the attachment of the vehicle until the proceeding comes to an end, to secure payment of civil redress to the aggrieved party or victim.

una sentencia condenatoria se procederá a requerir de inmediato al afectado el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes.

Esperamos que esta medida coadyuve a generar conciencia en todos los propietarios y conductores de vehículos motorizados para que conduzcan de manera preventiva, cumpliendo todas reglas establecidas en el Reglamento de Tránsito, toda vez que la comisión de alguna de las conductas señaladas en los párrafos precedentes generará la obligación del Juez Penal de dictar el secuestro conservativo del vehículo hasta la conclusión del proceso para asegurar la reparación civil del agraviado o víctima del delito.

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Columnas 19226

dra. maría deL piLar FLórez izarra

Socia Senior, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad SocialSenior Partner, Labor and Social Security Matters [email protected]

ComentarioLaboral

El Seguro Social de Salud (EsSalud) otorga cobertura a sus asegurados brindándoles entre otras prestaciones las de recuperación (atenciones en salud) y subsidios (por ejemplo, los ingresos por el plazo de la contingencia de maternidad o enfermedad). Las empresas e instituciones públicas o privadas que emplean trabajadores bajo relación de dependencia deben aportar a EsSalud mensualmente el equivalente al 9% de la remuneración que pagan a sus trabajadores.

Los subsidios por enfermedad y maternidad son ingresos otorgados a los trabajadores en caso de enfermedad y durante el período pre y post natal en caso de maternidad, respectivamente y por mandato legal expreso (Ley 26790) son de cargo de EsSalud y, en aplicación de normas reglamentarias se vienen generando inconvenientes que comentamos en el presente artículo:

1. Por normas reglamentarias (Acuerdo N° 58-14-ESSALUD-2011) EsSalud ha dispuesto que sea el empleador el que los pague de su propio peculio y luego solicite reembolso a EsSalud en un procedimiento administrativo que en muchos casos toma más de 2 años sin resultados favorables.

2. Se exige al empleador contar con 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la incapacidad o maternidad. Solo se consideran válidos los períodos cuyas declaraciones y pagos se presenten hasta el último día del mes de vencimiento de cada declaración, incluyendo las declaraciones rectificatorias de períodos que determinen mayor obligación. No se regula nada respecto del período de contingencia (incapacidad o maternidad) sin embargo, EsSalud de forma ilegal exige que los pagos de aportes del período de contingencia sigan esta misma regla.

3. Se solicita además estar al día, en los 12 meses anteriores a los 6 meses previos a la contingencia. En este caso si se considerarán válidos los períodos cuyos pagos se realicen hasta el último día del mes previo a la contingencia. Por tanto, estos meses pueden pagarse en fecha vencida pero antes de la contingencia.

4. No se toman en cuenta directivas internas (Acuerdo Nº 58-14-ESSALUD-2011 y Directiva N° 003-GCF-OGA-ESSALUD-2008) que señalan que se podrá autorizar los reembolsos de las prestaciones económicas con una morosidad diminuta de hasta 0.2% de la UIT vigente respecto de los seis meses anteriores a la contingencia y, que cualquier diferencia por errores involuntarios, siempre que la diferencia en su conjunto no sea superior al 15% de la UIT vigente durante un periodo de 12 meses será considerada como válida.

Como vemos, EsSalud vienen planteando exigencias expresadas en sus resoluciones de cobranza e improcedencia de reembolso de subsidios, que limitan la competitividad empresarial en el mercado pues afectan la liquidez de las empresas al rechazar el reembolso de subsidios y más grave aún al pedir que sea el empleador el que pague el subsidio. Por ello, no solo estamos ante incumplimiento de normas mandatarias sino ante la existencia de una barrera burocrática que debe ser denunciada ante el Indecopi por ilegal e irracional.

SUBSIDIOS Y BARRERA BUROCRÁTICA: APUNTES IMPORTANTES

comentario laboral

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Peru’s Public Health Insurance system (EsSalud) provides healthcare coverage and grants subsidies (like maternity leave subsidy or economic subsidy to recover from an illness). Public or private companies and entities hiring employees under a relationship of subordination must pay EsSalud every month an amount equivalent to 9% of the remuneration they pay to each of their employees.

The economic subsidy for illness and the maternity leave subsidy are granted to employees if they suffer an illness and during the pre-natal and post-natal periods, respectively, and when so expressly required according to law (Law 26790). These subsidies are to be paid by EsSalud but a number of inconveniences are being created in application of some specific regulations, as we will discuss below:

1. According to some regulations (like Resolution N° 58-14-ESSALUD-2011), EsSalud has resolved that the employer is the one that must pay the subsidy of its own money to then apply for a refund from EsSalud, following for such purpose an administrative procedure which in many cases lasts more than 2 years and does not have a favorable outcome.

2. The employer is required to contribute 3 consecutive months or 4 non-consecutive months during the 6 calendar-month period immediately preceding the month in which the disability or childbirth occurred. Only those periods in respect of which settlement statements and payments are filed with EsSalud up to the last day of the month in which each settlement statement is to be filed, including settlement statements rectifying those periods in which an additional obligation is to be assumed, are considered valid. The above-mentioned resolution does not regulate the period in which the contingency (disability or childbirth) occurred; however, EsSalud illegally requires that the contributions to be made by the employer for the contingency period abide by the same rule.

3. The employer is additionally required to be up to date with the payment of the relevant contributions during the 12-month period immediately preceding the contingency. In this case, all those periods in respect of which the contribution has been paid until the last day of the month immediately preceding the contingency are considered valid. Therefore, the contributions corresponding to these months can be paid after the corresponding maturity date but before the contingency occurs.

4. Some internal guidelines (like Resolution Nº 58-14-ESSALUD-2011 and Directive N° 003-GCF-OGA-ESSALUD-2008) are not taken into account. They provide that it is possible to authorize the refund of payments with a minimum interest rate on late payment of up to 0.2% of one Tax Reference Unit (UIT for its acronym in Spanish), based on the UIT in force, with respect to the six-month period immediately preceding the contingency, and that any difference resulting from involuntary mistakes, provided the difference does not exceed 15% of one UIT during a period of 12 months, will be considered valid.

As we can see, EsSalud is enforcing compliance with requirements contained in the resolutions it has issued in relation to collection proceedings and the inadmissibility of subsidy refunds. It is therefore limiting business competitiveness in the market because these measures affect the companies’ liquidity by rejecting the refund of subsidies and, worse still, having the employer pay the subsidy. For this reason, this case not only involves the non-fulfillment of mandatory rules, but also bureaucratic obstacles which should be reported to Indecopi because these measures are illegal and unreasonable.

IMPORTANT REFLECTIONS ON SOME SUBSIDIES AND THE BUREAUCRATIC OBSTACLES THEY CREATE

LaborComment

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Columnas 19228

Jurisprudencia

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INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DE CONFIANZA, MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

Las casaciones Nº 18450-2015-Lima y Nº 3106-2016-Lima, no son precedentes obligatorios pero son contradictorias, lo cual deja a discreción de los jueces, la posibilidad de otorgar o no indemnización al trabajador de confianza, situación que resulta contraria al principio de predictibilidad y genera incertidumbre en el empleador y el trabajador, ya que no existe certeza, ni un criterio unánime respecto la reparación que se genera por el retiro de confianza

El trabajador de confianza es aquel que presta servicios en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, con acceso a información de carácter reservado, o presentando opiniones o informes al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. Es importante tener en cuenta, que un trabajador puede obtener tal calificación, desde que ingresa a la empresa o durante el desarrollo de la relación laboral; estos trabajadores por la naturaleza de sus funciones no tienen derecho a la reposición ante un despido o cuando se extingue su relación laboral por retiro de confianza, criterio que ratificó el Tribunal Constitucional en la STC N° 3501-2006-PA/TC, precisando que ellos únicamente tienen estabilidad laboral relativa.

No todo trabajador puede desempeñar cargos de confianza, ya que en esos puestos de trabajo se realizan prestaciones de naturaleza extraordinaria y carácter reservado que no podrían asignarse a cualquier trabajador; a partir de ello, se permite extinguir la relación laboral de un trabajador de confianza, incluso sin expresión de causa (retiro de confianza), configurándose así, un despido subjetivo; por lo que, no resultaría razonable que aquellos trabajadores, ante su cese por retiro de confianza, o ante un despido fraudulento, incausado o nulo, soliciten su reposición al centro de trabajo, pues no se debe perder de vista que cualquier forma de despido contiene implícitamente un retiro de confianza, lo cual me permite formular la siguiente pregunta, ¿cuál sería la justificación subjetiva para que el empleador adopte tal decisión? La respuesta es evidente, la pérdida de la confianza en el trabajador.

El trabajador de confianza no tiene derecho a la reposición ante su cese por retiro de confianza o por despido, pero el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, estimaron que si le asistía el derecho a la indemnización ya que tienen estabilidad laboral relativa (Ver STC N° 756-2003-AA/TC y Casación N° 2037-2000-Piura), ya que el artículo 15 de

la Ley N° 24514 autorizaba la acción indemnizatoria por despido arbitrario a favor de los trabajadores de confianza, con exclusión de la reposición, criterio reproducido por el artículo 84 de la LPCL y derogado por la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final de la Ley N° 26513, que otorgó a todos los trabajadores el derecho a la indemnización, es así que la Casación N° 820-2002-Lambayeque, precisó que el retiro de confianza constituía despido.

Pese a existir ese criterio, el año pasado se publicó la Casación Nº 18450-2015-Lima, que estableció que el retiro de confianza a un trabajador que siempre fue calificado como tal, no constituye despido; por lo que, no le asiste el derecho a la indemnización, situación que habilitó ceses sin que se realice dicho pago; pese a ello, este año se publicó la Casación Nº 3106-2016-Lima, que cambió de criterio, reconociendo que el trabajador de confianza si tiene derecho a la indemnización; ambas casaciones no son precedentes obligatorios pero son contradictorias, lo cual deja a discreción de los jueces, la posibilidad de otorgar o no indemnización al trabajador de confianza, situación que resulta contraria al principio de predictibilidad y genera incertidumbre en el empleador y el trabajador, ya que no existe certeza, ni un criterio unánime respecto la reparación que se genera por el retiro de confianza, no siendo razonable que, en menos de un año, existan dos pronunciamientos distintos respecto un mismo hecho, ya que esas marchas y contramarchas solo generan perjuicio a las partes que integran la relación laboral.

dr. WiLLY monzón zeVaLLoS

Socio, Especialista en Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral - Oficina de CuscoPartner, Labor and Labor Procedure Law Specialist - Cusco [email protected]

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Columnas 192 29

Jurisprudence

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COMPENSATION FOR LOSS OF TRUST AND CONFIDENCE - ADVANCES AND SETBACKS

An employee filling a position of trust is an employee who works in personal and direct contact with the employer or management team, has access to confidential information or submits reports or gives opinions to the management team, thereby contributing to the company’s decision-making process. It is worth bearing in mind the fact that an employee can fill a position of trust since the very moment he/she joins the company or otherwise after some time, during the course of the employment relationship. Employees filling positions of trust, given the nature of their duties, are not entitled to be reinstated if they are dismissed or upon extinguishment of their employment relationship due to loss of trust and confidence. This criterion was ratified by the Constitutional Court in Resolution N° 3501-2006-PA/TC, where the Constitutional Court made it clear that employees filling positions of trust only enjoy relative job stability.

Not all employees can fill positions of trust because employees filling positions of trust are required to provide services which are unusual in nature and confidential and, therefore, cannot be entrusted to any employee. Therefore, it is possible to put an end to an employment relationship with an employee filling a position of trust, even without stating the reason for termination (loss of trust and confidence), in which case it will be considered a subjective dismissal. Therefore, it may be unreasonable for employees dismissed due to loss of trust and confidence or in the event of wrongful, unjustified or null dismissal to request their reinstatement because we should not lose sight of the fact that every form of dismissal implicitly involves loss of trust and confidence. As a result, I take the liberty of making the following question: What would be the subjective reason behind the employer’s decision to dismiss an employee? The answer is obvious, loss of trust and confidence in the employee.

An employee filling a position of trust is not entitled to be reinstated in the event of cessation of employment due to loss of trust and confidence or dismissal, but the Constitutional Court and the Supreme Court resolved that in these cases employees are entitled to compensation because they enjoy relative job stability (see Constitutional Court Resolution N° 756-2003-AA/TC and Resolution issued in relation to Cassation Appeal N° 2037-2000-Piura), as Article 15 of Law N° 24514 authorizes employees filling positions of trust to

receive compensation in the event of arbitrary dismissal, excluding the right to be reinstated. The same criteria are enshrined in Article 84 of the Labor Productivity and Competitiveness Law (LPCL), which was repealed by the Third Supplementary, Transitory, Repealing and Final Provision of Law N° 26513, which granted all employees the right to compensation. So much so that the Resolution issued in relation to Cassation Appeal N° 820-2002-Lambayeque makes it clear that loss of trust and confidence is reason for dismissal.

Despite the existence of the above resolution, another resolution was issued and published last year in relation to Cassation Appeal Nº 18450-2015-Lima, resolving that loss of trust and confidence in an employee who always filled a position of trust is not a reason for dismissal, for which reason no compensation right exists. As a result, this resolution has made it possible for companies to dismiss employees filling positions of trust without paying compensation. Notwithstanding, another resolution was published this year in relation to Cassation Appeal Nº 3106-2016-Lima, modifying these criteria and acknowledging that employees filling positions of trust are entitled to compensation. These two resolutions issued in connection with cassation appeals do not set a mandatory precedent, but are contradictory to each other, for which reason judges must now resolve, in their own discretion, whether or not to grant compensation to employees filling positions of trust. This fact is contrary to the principle of predictability and creates uncertainty for both the employer and the employee, as no certainty or standard criteria exist with regard to the redress resulting from loss of trust and confidence. It is unreasonable to have two different resolutions issued in relation to the same matter in less than a year, as these advances and setbacks are detrimental to the parties to the contract.

Resolutions Nº 18450-2015-Lima and Nº 3106-2016-Lima, issued in relation to cassation appeals, do not set a mandatory precedent but are contradictory to each other, for which reason judges must now resolve, in their own discretion, whether or not to grant compensation to employees filling positions of trust. This fact is contrary to the principle of predictability and creates uncertainty for both the employer and the employee, as no certainty or standard criteria exist with regard to the redress resulting from loss of trust and confidence

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Columnas 19230

Proyectos de Ley en debate

Proposed Laws under debateColumnas analiza dos iniciativas legislativas de interés para nuestros lectores:

Columnas analyzes two legislative initiatives that may be of in-terest to our readers:

PROPONEN LEY QUE CREA LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU)

PROPONEN LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Se ha presentado ante el Congreso de la Republica la propuesta del Proyecto de Ley Nº 01719-2017-PE, a fin de crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, las que se ejercen con arreglo a la presente Ley.

La presente iniciativa tiene como finalidad implementar un Sistema Integrado de Transporte, de manera eficiente, sostenible, accesible, seguro, ambientalmente limpio y de amplia cobertura que permita satisfacer las necesidades de traslado de los pobladores de Lima y Callao en el marco de los lineamientos de política que apruebe el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los que resulten aplicables.

Finalmente, los beneficios de esta iniciativa, busca contar con una gestión integral, que permita sumar sinergias y asegurar eficiencia en el transporte. En segundo lugar, facilitar la movilidad en la metrópoli de Lima y Callao, reduciendo los tiempos de viaje, los costos de operación del sistema, los costos del transporte para el usuario. Asimismo, permitirá gestionar nuevos proyectos con plazos de implementación más cortos y adecuadamente coordinados entre administradores, entre otros muchos beneficios que se generan a usuarios, operadores y ciudadanos en general.

Se ha presentado ante el Congreso de la Republica la propuesta del Proyecto de Ley Nº 01722-2017-PE, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo, estableciendo que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) desarrolla y ejecuta todas las funciones y competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Asimismo, la presente iniciativa busca modificar disposiciones de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 (1, 10, 19 y 41) y la Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley N° 29981 (3, 18 y 21), en diversos artículos, los que van a permitir la armonización de la actividad inspectiva a fin de optimizar su funcionamiento, con lo que se potencia la actividad inspectora en la línea de promover el cumplimiento y promoción de la normativa laboral y ser una herramienta principal en la tarea de formalización laboral que se tienen como política de estado.

De igual manera, se busca modificar el artículo 48, literal f) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual permite optimizar el funcionamiento de las autoridades en los Gobiernos Regionales, encargando a la autoridad central del Sistema de Inspección, la vigencia y la promoción del cumplimiento, con lo que, los Gobiernos Regionales pueden dedicar sus recursos y objetivos a otras actividades a fin de mejorar las relaciones laborales en sus respectivos ámbitos geográficos.

BILL TO CREATE AN URBAN TRANSPORTATION AUTHORITY FOR LIMA AND CALLAO (ATU)

Bill Nº 01719-2017-PE has recently been introduced in Congress in order to create the Urban Transportation Authority for Lima and Callao (ATU for its acronym in Spanish), as a Specialized Technical Agency reporting to the Ministry of Transport and Communications, and as a legal entity of public law enjoying administrative, functional, economic and financial autonomy, to be exercised in accordance with the provisions set forth in the Bill.

The purpose of this bill is to implement an efficient, sustainable, accessible, safe and environmentally clean Integrated Transportation System with broad coverage to meet the transportation needs of people in Lima and Callao within the framework of the policy guidelines to be approved by the Ministry of Transport and Communications and other applicable guidelines.

Regarding the benefits of this bill, it is intended to have the transportation system managed on a comprehensive basis to add synergies and guarantee efficiency in transportation. It is also aimed at making it easier for people to move within the cities of Lima and Callao, reducing transport time, the costs involved in the operation of the system, and user costs. It will also allow managing new projects within shorter terms and in ways that promote efficient coordination between operators, among many other benefits for users, operators, and citizens in general.

BILL TO STRENGTHEN THE LABOR INSPECTION SYSTEM

Bill Nº 01722-2017-PE has been introduced in Congress to strengthen the Labor Inspection System, for which purpose it provides that the National Superintendence of Labor Inspection (SUNAFIL) is to fulfill and perform all the duties and competencies referred to in Article 3 of the General Labor Inspection Law N° 28806 nationwide and that it is to play the role of central authority in charge of the Labor Inspection System, in accordance with national and sector-based policies and plans and all institutional policies and technical guidelines of the Ministry of Labor and Employment Promotion.

Moreover, this bill is intended to modify some Articles of the General Labor Inspection Law N° 28806 (Articles 1, 10, 19 and 41) and some other Articles of the Law that created the National Superintendence of Labor Inspection - Law N° 29981 (Articles 3, 18 and 21) with the aim of standardizing and optimizing inspections, thereby strengthening the inspection system to promote the fulfillment of labor regulations and turn the inspection system into the main tool to formalize employment, it being a State policy.

This bill also aims to modify Article 48, item f), of the Organizational Law of Regional Governments in order to optimize the role played by Regional Government authorities, entrusting the central authority in charge of the Labor Inspection System with the task of promoting the effectiveness and fulfillment of the Labor Inspection System, with which Regional Governments can invest their resources and focus their objectives on other activities in order to improve labor relations in their respective geographical areas.

proyectos de ley

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Columnas 192 31

MISCELÁNEA

Miscelánea Miscellany

El 03 de noviembre de 2017, nuestro Estudio participó en el III Seminario de Finanzas y Derecho Corporativo: Nuevas Tendencias y Tecnología, organizado por el Círculo Financiero Corporativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este seminario, contó con las ponencias de los doctores Pierino Stucchi, socio senior, y Annalucia Fasson Llosa, asociada senior.

Asimismo, se abordaron temas especializados en materia de e-commerce, nuevas tecnologías, entretenimiento, derecho de la moda y tecnología: Fashion Tech, financiamiento, entre otros.

A continuación, presentamos algunas fotos del seminario.

Our Firm was invited to take part in the III Seminar on Finance and Corporate Law: New Trends and Technology, held on November 03, 2017 by the San Marcos University Finance & Corporate Law Circle (CFC). Pierino Stucchi and Annalucia Fasson Llosa, Senior Partner and Senior Associate of our firm, respectively, were invited as guest speakers.

Specialized topics dealing with e-commerce, new technologies, entertainment, fashion law and technology: Fashion Tech, financing, etc. were addressed by lecturers during the seminar.

Following are some photos taken.

“CÍRCULO FINANCIERO CORPORATIVO (CFC)” “FINANCE & CORPORATE LAW CIRCLE (CFC)”

Ponencia del Dr. Pierino Stucchi, con el tema E-commerce / Pierino Stucchi gave a lecture on E-commerce.

Expositores Dr. Pierino Stucchi y la Dra. Annalucia Fasson Llosa, en el III Seminario de Finanzas y Derecho Corporativo / Lecturers Pierino Stucchi and Annalucia Fasson Llosa during the III Seminar on Finance and Corporate Law.

Ponencia de la Dra. Annalucia Fasson Llosa, con el tema Derecho de la Moda y Tecnología: Fashion Tech / Annalucia Fasson Llosa gave a lecture on Fashion Law and Technology: Fashion Tech.

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Las Begonias Nº 475, Piso 6 - San Isidro, Lima 27 - PerúCentral: (51 1) 611-7000 - Fax: (51 1) 611-7010

Teleconferencia: (51 1) 212-5053www.munizlaw.com

Perú: Lima - Trujillo - Chiclayo - Arequipa - Ica - Chincha - Piura - CuscoEcuador: Quito - Guayaquil

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