expediente: 0000/2014 poblado: xxxxxxxxx … · colima, colima, a siete de marzo de dos mil...
TRANSCRIPT
Colima, Colima, a siete de marzo de dos mil catorce.
VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio agrario
número 0000/2014 del índice de este Tribunal, relativo a la sucesión de
derechos ejidales promovida por XXXXXXXXXXXXXXXX, con el objeto
de que se declare su calidad de legítima sucesora respecto de los
derechos agrarios que en vida pertenecieron a su extinto concubinario
XXXXXXXXXXXXXXXX; y,
R E S U L T A N D O :
I.- Mediante escrito presentado el XXXXXXXXXXXXXXXXXX en
Oficialía de Partes de este Tribunal, XXXXXXXXXXX denunció el juicio
sucesorio agrario a bienes de su extinto concubinario
XXXXXXXXXXXXXXXX, quien fuera posesionario legalmente reconocido
dentro del poblado denominado “XXXXXXXXXXXXX”, del Municipio de
XXXXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXXXXX, así como la adjudicación y
reconocimiento de tales derechos en su favor mediante sentencia que
emita este Tribunal, en consecuencia, la inscripción de dicha resolución
ante el Registro Agrario Nacional.
Como hechos de sus pretensiones manifestó en lo esencial, que
el extinto XXXXXXXXXXXXXXXXX nunca contrajo matrimonio con persona
alguna, sin embargo vivió con la promovente por más de
XXXXXXXXXXXXX años en unión libre hasta su muerte, atendiendo a sus
necesidades y colaborando con las labores del hogar y del campo; que
durante su unión procrearon XXXXXX hijos, y que después del
fallecimiento del de cujus, la promovente acudió al Registro Agrario
Nacional a fin de verificar mediante constancia de vigencia de
derechos si había registrado sucesores, desprendiéndose de la misma
que no dejó sucesores registrados ante dicho órgano registral; en
consecuencia, al encontrarse en el supuesto contemplado en el artículo
18, fracción II, es que acude al presente procedimiento para que sea
EXPEDIENTE: 0000/2014
POBLADO: xxxxxxxxx
MUNICIPIO: xxxxxxxxx
ESTADO: xxxxxxxxx
PROMOVENTE: xxxxxxxxx
ACCIÓN: JUICIO SUCESORIO AGRARIO
2 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
declarada como sucesora preferente de los bienes que en vida
pertenecieron al autor de la sucesión.
II.- En proveído de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se admitió el juicio
sucesorio promovido por XXXXXXXXXXXXXXXX; se ordenó su registró en el
libro de gobierno, señalándose las XXXXXX horas con XXXXXX minutos del
día XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para la celebración de la audiencia
jurisdiccional (fojas XXXXXXX).
III.- En la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de
ley, se hizo constar la asistencia de la promovente, a través de su
apoderado legal XXXXXXXXXXXXXXX, debidamente asesorado, quien
por conducto de su asesor legal, ratificó su demanda y ofreció las
pruebas que a su derecho convino; en consecuencia, este Tribunal tuvo
por ratificado el escrito inicial, se fijó la litis, admitió y desahogó las
pruebas ofrecidas por la promovente, y al no existir pruebas pendientes
por desahogar, se abrió la fase de alegatos, acto continuo, se declaró
cerrada la fase de instrucción, y se turnaron los autos a la Secretaría de
Estudio y Cuenta para la elaboración del proyecto de sentencia que en
derecho procediera (fojas XXXXXX); mismo que se emite al tenor
siguiente:
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Este Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Octavo
Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto de
conformidad con los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 seis de enero de 1992 mil novecientos noventa y dos, 1°,
2º, 17, 18 fracción II, 163, 107, 170 y 185 de la Ley Agraria, 1°, 2º, fracción II
y 18 fracción VII y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así
como por los acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior
Agrario, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24
veinticuatro de abril y 27 veintisiete de junio ambos del año de 1996 mil
novecientos noventa y seis, y 10 diez de junio de 2002 dos mil dos, por los
que se constituyó el Distrito Trigésimo Octavo, delimitándose la
circunscripción territorial, se fijó el inicio de funciones de este Tribunal
Unitario Agrario de conformidad con el artículo 5° de la Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios y el 46 del Reglamento Interior de los Tribunales
3 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
Agrarios y se amplió la competencia de este Unitario para conocer
además de los asuntos que se generen en todos los Municipios del
Estado, los correspondientes a los Municipios de Aquila, Coahuayana,
Coalcomán y Chinicuila del Estado de Michoacán; así como los
municipios de Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García
Barragán, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, Pihuamo, Tolimán, Tonila,
Tecalitlán, Villa Purificación y Zapotitlán de Vadillo del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- La materia del presente asunto consiste en determinar
si le corresponde o no a XXXXXXXXXXXXXXXX el carácter de sucesora de
los derechos agrarios que en calidad de posesionario pertenecieron a su
extinto concubinario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el ejido
XXXXXXXXXXXXXX, Municipio de XXXXXXXXXXXX, consistente en la
parcela número XXXXXXXXXXX, con superficie de XXXXXXXXXXXXX
hectáreas en el ejido de referencia; posesionario que falleció el
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; encontrándose comprendido el
presente asunto en el artículo 18, fracción VII y XIV, de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios y en el numeral 18 fracción II de la Ley Agraria
en vigor.
TERCERO.- Previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa,
resulta oportuno precisar sobre la pertinencia o no de conceder a los
posesionarios el derecho a heredar, y por tanto, legitimación a sus
legatarios de tramitar ante este Tribunal Unitario Agrario la presente
sucesión agraria, no obstante que la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 159/2005-SS, se
pronunció en el sentido de que la sucesión en materia agraria solo
comprende los derechos agrarios de los ejidatarios y no la posesión que
ejercen quienes no tienen ese carácter.
Lo anterior, toda vez que de las ejecutorias que participaron en la
contradicción se advierte que el Alto Tribunal, se pronunció respecto a
los artículos 17, 18 y 78 de la Ley Agraria, así como los numerales 3, 19, 29,
30, 31, 36 y 37 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, más no así
respecto al artículo 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario
Nacional vigente en la época de emisión de tal criterio, actualmente
artículos 85 y 86; el cual disponía:
4 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
“Artículo 88.- El posesionario podrá designar a la persona que
deba sucederle en los derechos que le fueron conferidos por
la asamblea o por resolución judicial, en los mismos términos
de lo dispuesto por los artículos 84 y 85 de este Reglamento. “
Dispositivo que al no haber sido materia de estudio en la citada
jurisprudencia por contradicción de tesis, se entiende que la misma
no es aplicable en el presente caso en razón de que la parte actora
solicita la expedición del certificado parcelario que le correspondió al
extinto posesionario, en virtud de que la asamblea ejidal le regularizó la
tenencia de la tierra que detentaba, y por lo tanto tiene un lugar
dentro del núcleo de población y una situación jurídica
particular con prerrogativas y obligaciones propias. A mayor
abundamiento, en el Glosario de Términos jurídicos-agrarios, editado por
la Procuraduría Agraria, se define al posesionario en los siguientes
términos, “Posesionario. En términos generales es la persona que ejerce un poder de
hecho sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como si fuera propietario…En
materia agraria, es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido
reconocido con tal carácter por la asamblea del núcleo o el tribunal unitario agrario
competente; en términos del RIRAN, quien haya sido reconocido como posesionario
podrá solicitar la expedición del certificado parcelario con esta categoría…El
posesionario o poseedor cumpliendo con los requisitos establecidos en la LA, puede
ejercitar la acción de prescripción respecto de las tierras ejidales que detenta. (Véase
LA arts. 23, fracción VIII, VIII, 48, 56 y 57, fracción I y RIRAN art. 93”,
Al análisis anterior debemos agregar lo que respecto al tema
estatuye la Ley Agraria, lo relativo a los ejidatarios y posesionarios, así
como respecto de la sucesión intestamentaria de derechos agrarios, en
sus artículos 12, 13, 14, 15, 18, 23 y 56 que en su parte conducente
disponen:
Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares
de derechos ejidales.
Artículo 13.- Los avecindados del ejido, para los efectos de
esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han
residido por un año o más en las tierras del núcleo de
población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la
asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los
avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.
Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y
disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento
interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras
ejidales y los demás que legalmente les correspondan.
Artículo 15.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se
requiere:
I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene
familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y
5 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando
se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que
establezca cada ejido en su reglamento interno.
Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación
de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de
herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal,
los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el
siguiente orden de preferencia:
l.- Al cónyuge;
ll.- A la concubina o concubinario;
lll.- A uno de los hijos del ejidatario;
IV.- A uno de sus ascendientes; y
V.- A cualquier otra persona de las que dependan
económicamente de él.
Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez
cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo
determine su reglamento o su costumbre. Serán de la
competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:
I. …
…
VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de
hecho y regularización de tenencia de posesionarios;
…
XV…
Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades
previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley,
podrá determinar el destino de las tierras que no estén
formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas,
reconocer el parcelamiento económico o de hecho o
regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes
carezcan de los certificados correspondientes.
Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al
asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor
de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del
ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o
el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como
sigue:
I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de
tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará
las tierras de uso común del ejido;
II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o
estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales
correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de
individuos; y
III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán
concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea
determine la asignación de proporciones distintas, en razón de
las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada
individuo.
En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas
técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la
delimitación de las tierras al interior del ejido y proverá a la
misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará
el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los
certificados parcelarios o los certificados de derechos
comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y
cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a
las instrucciones de la asamblea, por conducto del
comisariado o por el representante que se designe. Estos
certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario
Nacional…”
De igual manera resultan aplicables al caso los artículos 19,
fracción IV, 30, 34, 36 y 37 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares; 81, 83, 85 y
6 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
86 del Reglamento interior del Registro Agrario Nacional que son del tenor
siguiente.
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Artículo 19.- La Asamblea podrá realizar, en los términos del
artículo 56 de la Ley, las siguientes acciones sobre las tierras no
formalmente parceladas:
I. Destinarlas al asentamiento humano, al uso común o al
parcelamiento;
II. Reconocer el parcelamiento económico o de hecho;
III. Regularizar la tenencia de los ejidatarios que por cualquier
causa carezcan del certificado correspondiente;
IV. Regularizar la tenencia de los posesionarios, o
V. Efectuar su parcelamiento.
En todo caso, al realizar estas acciones la Asamblea deberá
respetar los derechos existentes sobre las tierras de que se trate.
Artículo 30.- Cuando la Asamblea reconozca el parcelamiento
económico o de hecho, procederá a regularizar la tenencia de
los ejidatarios. Asimismo, podrá reconocer a los posesionarios y
regularizar su tenencia en los términos del Capítulo Tercero del
presente Título.
Si resultaren tierras vacantes, podrá asignar los derechos ejidales
a individuos o grupos de individuos.
Artículo 34.- En la asignación de parcelas a personas distintas
del ejidatario, se entenderá que solamente se confieren los
derechos de uso y disfrute sobre la parcela de que se trate, a
menos que la Asamblea decida otorgar derechos. adicionales
respecto de otras tierras o bienes del ejido. En todo caso, en el
acta correspondiente se harán constar los derechos
concedidos en los términos de este artículo.
Los individuos que hayan sido aceptados expresamente por la
Asamblea como ejidatarios de ese núcleo de población ejidal,
tendrán además el derecho de voz y voto en las asambleas
que atiendan asuntos relacionados con sus tierras, los que
ejercerán a partir de que fueren aceptados como tales.
Artículo 36.- La Asamblea podrá regularizar la tenencia de los
posesionarios, debiendo delimitar las parcelas de que se trate y
solicitar al Registro la expedición de los certificados
correspondientes, una vez que se haya observado, en lo
conducente, el procedimiento establecido en el artículo 31 de
este reglamento.
Artículo 37.- Los posesionarios reconocidos por la Asamblea
tendrán los derechos de uso y disfrute sobre las parcelas de que
se trate, a menos que la Asamblea decida otorgar derechos
adicionales sobre las demás tierras o bienes del ejido.
Reglamento interior del Registro Agrario Nacional
Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos
sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de
origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o
ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan
adoptado el dominio pleno…
Artículo 83. Se deberá expedir un certificado para cada una de
las unidades parcelarias de que sea titular el ejidatario o
posesionario, de conformidad con el acta de asamblea de
delimitación, destino y asignación y el plano interno.
Artículo 85. Los posesionarios, cuya tenencia de la tierra fuera
regularizada por la Asamblea conforme a lo dispuesto en los
artículos 23, fracción VIII y/o 56 de la Ley, adquirirán sobre las
tierras que posea, los mismos derechos que cualquier ejidatario
sobre su parcela, por lo que podrá solicitar al Registro la
expedición de su certificado parcelario correspondiente.
7 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
Artículo 86. La transmisión de los derechos parcelarios y sobre
tierras de uso común, sea por enajenación o por sucesión,
conlleva la transmisión de todos los derechos y obligaciones
que tenía el titular en relación con tales tierras. El adquirente de
un derecho parcelario con motivo de tales actos jurídicos,
podrá solicitar su certificado parcelario correspondiente y
adquirirá sobre la parcela involucrada los mismos derechos que
cualquier ejidatario respecto de la misma.
También aplican al caso los criterios de las siguientes tesis aisladas
del tenor siguiente:
EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN ÉL, SON SUJETOS RECONOCIDOS
DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE
LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY
AGRARIA. Del artículo 13 de la Ley Agraria se desprende que el
carácter de avecindado de un núcleo ejidal o comunal, se
encuentra determinado por la concurrencia de ciertos
requisitos equivalentes a la capacidad agraria individual, como
son: a) Ser mexicano; b) Mayor de edad; c) Con residencia
mínima de un año en las tierras del núcleo de población; y d)
Contar con el reconocimiento de la asamblea ejidal o del
tribunal agrario. Satisfechos estos requisitos, por disposición del
mismo artículo 13, el avecindado goza de diversos derechos,
entre otros, el de adquirir la calidad de ejidatario (artículo 15,
fracción II); el de adquirir los derechos parcelarios de ejidatarios
del mismo núcleo de población (artículo 80) y parcelas
comunitarias (artículo 101); el de ser preferido para comprar
derechos agrarios provenientes de un titular fallecido sin que
existan sucesores (artículo 19) y para recibir tierras de uso
común del núcleo de población (artículo 57, fracciones II y III);
además, el de gozar del derecho del tanto respecto de la
primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere
adoptado el dominio pleno (artículo 84) y ser sujeto de
derechos y obligaciones conforme al reglamento interno del
ejido (artículo 74). Con relación a la defensa de sus intereses
goza a su vez del derecho de que los tribunales agrarios
unitarios conozcan y resuelvan las controversias que tenga con
otros avecindados o con ejidatarios, comuneros y
posesionarios, y de las omisiones de la Procuraduría Agraria que
le causen perjuicio, ejercitando la acción agraria genérica
(artículos 163 de la citada ley y 18, fracción VI, de la Ley
Orgánica de los Tribunales Agrarios), así como el de ser asistido y
defendido por la Procuraduría Agraria (artículo 135). Es
significativo que la propia Ley Agraria propicia la existencia de
los avecindados en tanto que, por una parte, en su artículo 68,
establece que los aspirantes a recibir la calidad de
avecindados tienen el derecho de adquirir un solar de los
excedentes en la zona de urbanización del poblado y, por otra,
en el artículo 13 engendra la acción de reconocimiento del
carácter de avecindado ante el tribunal agrario, al señalar "...
que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o
el tribunal agrario competente ...". En ese orden de ideas,
resulta inconcuso que los avecindados son aspirantes a
ejidatarios o comuneros, pues satisfechos los requisitos que les
dan el carácter de avecindados, que son equivalentes a los de
capacidad agraria individual, tienen un derecho preferente
para convertirse en tales, de surtirse alguno de los supuestos
establecidos al respecto en la ley de la materia. Lo anterior
demuestra que la Ley Agraria no sólo reconoce la existencia de
los avecindados, como la abrogada Ley de Reforma Agraria,
sino que va más allá, pues reglamenta su condición sujetándola
al reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario
competente, además de otorgarles un lugar dentro del núcleo
de población y la correspondiente protección mediante la
precisión de derechos y obligaciones propios, acordes con el
nuevo sistema agrario, convirtiéndolos en sujetos reconocidos
8 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
de derecho agrario y de la clase campesina, al lado de los
ejidatarios y comuneros. Contradicción de tesis 2/99. Entre las sustentadas
por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Segundo Tribunal
Colegiado del mismo circuito. 4 de junio de 1999. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
Armando Cortés Galván. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no
contiene el tema de fondo que se resolvió. Novena Época. Registro: 193614.
Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis:
2a. XCVIII/99. Página: 365.
PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL POSESIONARIO
IRREGULAR PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA COMO TITULAR
DE DERECHOS DE EJIDATARIO. El artículo 48 de la Ley Agraria
establece la figura de la prescripción adquisitiva,
condicionándola a que la posesión de tierras ejidales, sea en
concepto de titular de derechos de ejidatario. En relación con
la figura de los posesionarios, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que generó la
jurisprudencia 2a./J. 50/2000, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI,
mayo de 2000, página 197, de rubro: "POSESIONARIOS
IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR
LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS
SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS
CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.", estableció
una serie de premisas fundamentales derivadas de los artículos
12, 14, 15, 16, 20, 48, 78, 79, 80 y 101 de la Ley Agraria; así como
de los diversos numerales 30, 34, 37, 38, 40, 52 y 53 del
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares; 1o. y 18, fracciones VI
y VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, entre las que
destacan, que se trata de sujetos individuales de derechos
agrarios, que usan y disfrutan una parcela ejidal o un solar
urbano de la misma naturaleza; que pueden adquirir sobre las
tierras que detentan los mismos derechos que cualquier
ejidatario a través de la posesión de buena o mala fe; que
pueden ser titulares de derechos sustantivos y adjetivos; que
tienen dos situaciones jurídicas frente al ejido, como
posesionarios regulares y como posesionarios irregulares; y,
finalmente, que al tener derechos reconocidos por la ley están
interesados, en caso de afectación, en las decisiones de la
asamblea ejidal sobre asignación de tierras; a lo que se
agrega, que conforme a los artículos 23, fracción VIII, 56 y 57 de
la Ley Agraria; y 19 del reglamento citado, corresponde a la
asamblea general de ejidatarios la regularización de la
tenencia de los posesionarios; y que, para la asignación de
derechos sobre tierras de uso común, debe atenderse, salvo
causa justificada, en primer lugar, a los posesionarios
reconocidos por la asamblea y, en cuarto orden, a "otros
individuos". En congruencia con lo anterior, se concluye que los
posesionarios irregulares al estar legalmente reconocidos como
sujetos individuales de derechos agrarios, potencialmente
pueden adquirir la calidad de ejidatario, por cuanto que se
encuentran incorporados a la vida legal y productiva del ejido,
formando así parte de la clase campesina; y, por tanto, que
están legitimados para poseer en concepto de titular de
derechos de ejidatario en términos del artículo 48 de la Ley
Agraria, al margen de que pudieran existir otras calidades de
sujetos de derechos agrarios que pudieran tener una
expectativa legal mayor para adquirir el carácter de ejidatario,
pues esa circunstancia no es bastante para privarlos de los
derechos que legalmente tienen reconocidos en su favor. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo directo
607/2005. María de Jesús Cortez Ramírez. 9 de febrero de 2006. Mayoría de
votos. Disidente: Arturo Cedillo Orozco. Ponente: Víctor Jáuregui Quintero. Secretaria: Norma Leticia Parra García. Novena Época. Registro: 175269.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006. Materia(s):
Administrativa. Tesis: XXIV.17 A. Página: 1096.
9 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
Los preceptos legales y los criterios de los órganos por Poder
Judicial de la Federación antes citados resultan aplicables al caso
concreto, al igual que los preceptos consagrados en los artículos 1° y 33
Constitucionales; 1°, 8° y 21 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que previenen:
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de
las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser
humano.
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la
10 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
…
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La
ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
…”
Las disposiciones transcritas otorgan personalidad jurídica a los
posesionarios como tales y garantizan el derecho fundamental que tienen
a un acceso efectivo de la impartición de justicia que desarrollan los
Tribunales, en este caso en materia agraria, de conformidad a los artículos
1° y 133 Constitucionales, que establecen que todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como
es el caso de los artículos de la invocada Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Así mismo el citado artículo primero de la Norma
fundamental establece en su párrafo segundo que las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán conforme a la propia Constitución
o a los Tratados Internacionales, bajo los principios de garantizar la
protección de las personas en su acepción más amplia, es decir, bajo el
principio de derecho internacional conocido como “pro homine” o “pro
persona” ; de tal forma que todos los Jueces del país, y en el caso
concreto esta Magistratura Agraria, deberán realizar la impartición de
justicia con apego a la Ley Suprema de la Unión, la que se conforma
además, con los cuerpos normativos señalados y por las leyes del
Congreso de la Unión, entre las que se encuentran por supuesto, la Ley
Agraria y su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares, además del Reglamento Interior del Registro
Agrario Nacional.
En tal sentido y atendiendo a los principios rectores en materia de
derechos humanos, este Tribunal, realizando una interpretación conforme
de los ordenamientos legales de antecedentes, y en estricto apego al
principio “pro homine” o “pro persona” que establece que en todo caso
se debe conceder a las personas la protección más amplia, además del
principio de progresividad que impide que un derecho humano ya
reconocido, pueda restringirse o limitar sus derechos; se estima que en el
caso concreto se debe de soslayar la limitante que los artículo 17 y 18 de
la Ley Agraria imponen a la sucesión en materia agraria, concediendo tal
derecho de forma exclusiva a los ejidatarios y excluyendo o restringiendo
del mismo a los posesionarios legalmente reconocidos o no por la
11 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
asamblea general de ejidatarios, al igual que la jurisprudencia emitida en
tal sentido; y aplicar la legislación señalada en supralíneas contenida en
el Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares, además del Reglamento interior del Registro Agrario
Nacional.
Ello en virtud de que en tales dispositivos legales se reconoce el
derecho de todo posesionario a adquirir sobre la parcela que posea, los
mismos derechos que cualquier ejidatario, reconociéndole como
derecho adquirido, su facultad a suceder, y por ende, de solicitar al
organismo registral de la materia, en este caso el Registro Agrario
Nacional, la expedición de su certificado parcelario correspondiente, y
en tal virtud, poder transmitir por la vía sucesoria ese derecho agrario
adquirido de conformidad a su calidad de posesionario legalmente
reconocido por una asamblea general de ejidatarios de la que forma
parte, la que le reconoció tal derecho en función de su atribución legal
conferida por el artículo 23, fracción VIII de la Ley Agraria; pues con ello
subsiste su derecho de estar legalmente reconocidos como sujeto
individual de derecho agrario, que potencialmente puede adquirir la
calidad de ejidatario, por cuanto que se encuentra incorporados a la
vida legal y productiva del ejido, formando así parte de la clase
campesina, y por tanto, están legitimados para poseer en concepto de
titular de derechos, similar a ejidatario en términos del artículo 48 de la Ley
Agraria, pues la circunstancia de carecer del reconocimiento de
ejidatario no es bastante para privarlos de los derechos que legalmente
tienen reconocidos en su favor por detentar la posesión de una unidad
de dotación, la cual constituye el medio de subsistencia de su familia.
Por tal motivo, con fundamento en los artículos 1° y 133
constitucionales, resulta concluyente en este asunto ejercer de oficio, el
control difuso de constitucionalidad entre las normas que les prohíben a
los posesionarios su derecho a heredar, surgido de una contradicción de
tesis de cumplimiento obligado para los Tribunales del país, y los artículos
a que se ha hecho referencia contemplados en el Reglamento en
Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares,
además del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, pues tal
control de convencionalidad es una obligación ineludible de esta
autoridad jurisdiccional, de conformidad a los artículos 1° y 133
Constitucionales que establecen el deber de proteger y garantizar los
12 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
derechos humanos reconocidos por la norma suprema y los tratados
internacionales, en cuanto imponen el deber de arreglarse a la
Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario; en esa tesitura,
y luego de realizar el análisis respecto de los derechos de los
posesionarios, debemos precisar con meridiana claridad que dentro de
ellos se encuentra lo concernientes a su derecho a heredar, entendido
éste como el inherente a la transmisión de todos los bienes del difunto y
en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte,
ya sea por voluntad del testador o por disposición de la ley, como lo
refieren los artículos 17 y 18, respectivamente, de la Ley Agraria, y los
diversos 1281, 1282 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal,
de aplicación supletoria a la materia agraria. Aplica al caso la siguiente
tesis de jurisprudencia.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN
INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN
DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO
CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS
HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. Los artículos 1o. y 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar
los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en
los tratados internacionales de los que el país es parte y, en
cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a
pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se
reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra
la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un
control de convencionalidad en materia de derechos humanos,
el cual deberá adecuarse al modelo de control de
constitucionalidad existente en el ordenamiento interno,
conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011
(9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los
Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos
en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública,
independientemente de su jerarquía, que implique un
incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al
Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en
los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal
Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia
de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca
Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre
de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad
estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado
o de una institución de carácter público afecte indebidamente,
por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos
por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros
vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado
ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus
Jueces, como parte del aparato del Estado, también están
sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de
sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio,
carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs.
Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso
13 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.
Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158].
Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada
por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de
1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los
mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo
de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia
de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y
libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber
de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona
sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los
actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano,
están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo
al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de
ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y
convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga
conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades,
debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no
evadirse, menos aún en casos en que expresamente un
gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja
gravemente el incumplimiento de la primera obligación
impuesta por el orden constitucional interno a todas las
autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los
derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la
Convención y dicho incumplimiento compromete la
responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su
conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el
derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido
de que todo Estado es internacionalmente responsable por
actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en
violación de los derechos internacionalmente consagrados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO. Décima Época . Registro: 2005056. Tribunales Colegiados de Circuito.
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. diciembre de 2013.
Materia(s): (Común). Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.)
Mayormente aún, es pertinente ejercer un control difuso de
Constitucionalidad ex officio, al encontrase dados los elementos o
presupuestos formales para ello, a saber: a) la competencia legal del
juzgador, que en la especie se cumple; b) plasmar debidamente cuál es el
derecho humano o garantía infringida, que en este caso es la limitante de
los posesionarios para poder heredar; c) la existencia expresa de normas
que puedan emplearse para resolver la cuestión debatida,
particularmente el artículo 88 del anterior Reglamento Interior del Registro
Agrario Nacional, actualmente artículos 85 y 86; d) la existencia de un
perjuicio en al ámbito de derechos de los posesionarios, en este caso la
limitante impuesta por los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria; e) la
inexistencia de cosa juzgada y f) la inexistencia de jurisprudencia
obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma, que en estos casos se
trata de que la tesis de jurisprudencia que impide a los posesionarios
designar sucesores no les es aplicable, puesto que no abordó el estudio
del artículo 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional que
14 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
establecía lo relativo al tema que nos ocupa; y finalmente g) la
inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la
norma general, en este caso se trata del artículo 14 Constitucional que
establece la garantía ciudadana de no ser privado, entre otras cosas, de
sus posesiones o derechos, y los posesionarios reconocidos por la
asamblea tienen el derecho de usufructo sobre la fracción de terreno que
ocupan, sino mediante proceso seguido ante tribunales constitucionales,
como en el caso acontece. En cualquier caso, la regla interpretativa de
los diversos ordenamientos jurídicos debe agotar todas las posibilidades de
encontrar en alguna norma, un significado, que la haga compatible con
la Constitución, y le permita subsistir dentro del ordenamiento legal;
máxime que tales normas legales resultan válidas mientras un Tribunal no
diga lo contrario; por ello, el principio pro persona obliga a maximizar la
interpretación conforme de aquellas normas que permitan la efectividad
de los derechos fundamentales de las personas, que en el caso a estudio
resultan del derecho de todo posesionario a no ser privado de sus
posesiones o derechos. Criterio que es acorde a las tesis siguientes:
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ
DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía
normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud
de servir como parámetro de validez de todas las demás normas
jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la
hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los
preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que
existan varias posibilidades de interpretación de la norma en
cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la
Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no
sólo opera en el momento de la creación de las normas
inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la
Constitución en el momento de su aprobación, sino que se
prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de
aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se
añade su eficacia como marco de referencia o criterio
dominante en la interpretación de las restantes normas. Este
principio de interpretación conforme de todas las normas del
ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una
consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento
como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es
importante advertir que esta regla interpretativa opera con
carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de
considerar a una norma jurídica como constitucionalmente
inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de
encontrar en ella un significado que la haga compatible con la
Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del
ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una
clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la
norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla
inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la
medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de
tal modo que la contradicción no se produzca y la norma
pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible,
huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una
norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias
interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente
15 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
contradicción. La interpretación de las normas conforme a la
Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el
principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el
principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática
del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los
representantes democráticamente elegidos, el principio general
de conservación de las normas se ve reforzado por una más
intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus
competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de
una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme
con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas
mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el
principio de interpretación conforme de todas las normas del
ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio
pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a
maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en
los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los
derechos fundamentales de las personas frente al vacío
legislativo que puede provocar una declaración de
inconstitucionalidad de la norma. Décima Época . Registro: 2005135.
Primera Sala. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. viernes 13 de
diciembre de 2013. Materia(s): (Constitucional).Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.).
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y
PROCEDENCIA. Aun cuando el control difuso de
constitucionalidad -connotación que incluye el control de
convencionalidad- que ejercen los órganos jurisdiccionales en la
modalidad ex officio no está limitado a las manifestaciones o
actos de las partes, pues se sustenta en el principio iura novit
curia, ello no implica que deba ejercerse siempre, pues existen
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y
procedencia que deben tenerse en cuenta. La ley, la
jurisprudencia y la práctica muestran que algunos de esos
presupuestos, que de no satisfacerse impedirán su ejercicio, de
manera enunciativa son: a) que el juzgador tenga competencia
legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a
contrastar una norma; b) si es a petición de parte, que se
proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse
con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se
estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que
le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de
conocedor del derecho, el juzgador no está obligado a
emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos
o preceptos constitucionales o convencionales que se le
transcriban, o que de manera genérica se invoquen como
pertenecientes al sistema; c) debe existir aplicación expresa o
implícita de la norma, aunque en ciertos casos también puede
ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o
implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión
del procedimiento en el que se actúa; d) la existencia de un
perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a
cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente; e)
inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues
si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando
que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente,
máxime si un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema; f)
inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la
constitucionalidad de la norma que emiten los órganos
colegiados del Poder Judicial de la Federación, porque de
existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado
rige al control difuso y, g) inexistencia de criterios vinculantes
respecto de la convencionalidad de la norma general, ya que
conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado
Mexicano. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA OCTAVA REGIÓN. Época: Décima Época. Registro: 2005057. Tribunales
Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación. 06
de diciembre de 2013. Materia(s): (Común). Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.).
16 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
No resulta obstáculo para el otorgamiento de esta tutela
constitucional, que la interpretación más favorable para el posesionario se
encuentre en una norma de carácter secundario, puesto que no existe
limitante para ello, al dejarse de lado o superarse la teoría
contemporánea de jerarquía de las leyes que suponía la aplicación de
una Ley general por encima de una de carácter reglamentaria u
orgánica, pues a partir de la reforma Constitucional de junio de dos mil
once, los principios consagrados en el artículo primero, aluden a que se
debe buscar la protección más amplia del derecho humano en el
dispositivo legal en que se encuentre, sin importar el nivel jerárquico de
ella, a la vez que imponen la obligación del Juez, y en este caso del
Magistrado Agrario, de aplicar la norma jurídica que resulta acorde a la
Constitución y a los Tratados Internacionales, luego de un ejercicio de
interpretación de normas para determinar si éstas resultan ser conformes a
dichos cuerpos legales. A lo anterior se aplican los siguientes criterios que
se transcriben:
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS,
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo
1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez
de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el
derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que
se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa,
imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro:
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS
LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental
previsto como el género de acceso a la impartición de justicia,
se encuentra detallado a su vez por diversas especies de
garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho
internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de
protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8,
numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el
veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil
novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación.
Las garantías mencionadas subyacen en el derecho
fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17
constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo
siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
17 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
acusación penal formulada contra ella o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial
efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El
requisito de que sea la autoridad competente prevista por el
respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de
toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las
posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo
paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las
reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio
de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el
artículo 17 constitucional establece como género el derecho
fundamental de acceso a la justicia con los principios que se
derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa,
imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén
garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen
en el precepto constitucional citado, de tal manera que no
constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa
fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la
totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de
hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine
o pro personae, la interpretación más favorable que les permita
el más amplio acceso a la impartición de justicia. PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época,
Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209. Décima Época. Registro: 2001213.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2.
Materia(s): Constitucional. Tesis: VI.1o.A. J/2 (10a.). Página: 1096.
PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR
SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada
implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación
con los tratados de derechos humanos, así como con la
interpretación más favorable a la persona al orden
constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no
implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de
llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en
la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada
reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los
instrumentos internacionales existe una protección más benéfica
para la persona respecto de la institución jurídica que se analice,
ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de
observarse los diversos principios constitucionales y legales que
rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad
jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa
juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de
incertidumbre en los destinatarios de tal función. Amparo directo
en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de
septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Décima Época.
Registro: 2002179. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2.
Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. LXXXII/2012 (10a.). Página: 1587.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE
NORMAS GENERALES APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN
AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE AQUÉLLAS NO HAYAN
SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA
IMPROCEDENTE EL JUICIO EN SU CONTRA. El artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a
partir del once de junio de dos mil once establece que todas las
18 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deben
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal y en los tratados
internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Conforme al
ámbito competencial de los juzgadores de amparo, les
corresponde de forma relevante la protección de los derechos
humanos, ya que su función primordial consiste en ejercer dentro
de esa materia un control directo o concentrado de
convencionalidad y constitucionalidad. Por otra parte, también
existe una vertiente de control difuso o incidental ejercido por el
resto de los Jueces del país, los cuales pueden analizar ex officio
si las normas generales relacionadas con los procesos de su
conocimiento vulneran algún derecho humano reconocido en el
bloque de constitucionalidad; en cuyo caso deben inaplicar la
norma transgresora, sin necesidad de verificar si podría ser
impugnada a través del amparo. Pues bien, si los Jueces
comunes cuentan con tan amplias facultades de control de
convencionalidad y constitucionalidad de leyes, no puede
sostenerse que carezcan de ellas los tribunales de amparo. Por el
contrario, como principales garantes de los derechos humanos,
pueden ejercer oficiosamente ese control sobre la norma
general aplicada en el acto reclamado, aunque no haya sido
reclamada o, habiéndolo sido, resulte improcedente el amparo
en su contra. En efecto, lo anterior sólo impediría el otorgamiento
de la protección federal contra la ley inconvencional o
inconstitucional, pero no contra el acto concreto, como medida
tendiente a lograr la desaplicación de aquella norma abstracta.
Este criterio se encuentra orientado por el principio
hermenéutico pro homine establecido en el referido artículo 1o.,
en virtud del cual debe acudirse a la interpretación más
extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos
humanos y sus garantías. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. Décima Época. Registro: 2001873.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4.
Materia(s): Común. Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 8 K (10a.). Página: 2413.
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y
FUNDAMENTOS. En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en
materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad
con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la
materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas
con la aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de
manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada
principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la
fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar
siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a
la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se
trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trate de establecer
límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho
internacional, el principio en mención se encuentra consagrado
en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de
manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil
novecientos ochenta y uno. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
OCTAVO CIRCUITO. Décima Época. Registro: 2000630. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2. Materia(s):
Constitucional. Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.). Página: 1838.
PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS
HUMANOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. Del preámbulo y
del contenido de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se advierte, en principio, que los derechos que
reconoce son sólo los inherentes a la persona humana, pues
aquél hace referencia expresa a los "derechos esenciales del
hombre", y el artículo 1, numeral 2, del propio ordenamiento,
19 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
prevé que persona es todo ser humano. Por otra parte, la
reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, constituye un cambio de
paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto
ahora dispone que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a
derechos humanos un carácter particular, equiparable a las
normas constitucionales, conformando un nuevo bloque de
constitucionalidad, en la medida en que aquéllos pasan a
formar parte del contenido de la Constitución, integrando una
unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que
puedan ser lesivos de derechos fundamentales. En estas
condiciones, si bien es cierto que el Órgano Reformador de la
Constitución no dispuso expresamente como titulares de los
derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, como sí se
hace en otras normas fundamentales e instrumentos
internacionales como la Constitución Alemana o el Protocolo
No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, también
lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente al
término "personas", por lo que de una interpretación extensiva,
funcional y útil, debe entenderse que no sólo se orienta a la
tutela de las personas físicas, sino también de las jurídicas, en
aquellos derechos compatibles con su naturaleza, como los de
acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y
los relativos a la materia tributaria, entre otros, máxime que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido
explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las
personas jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los
derechos consagrados en el Pacto de San José, al reconocer el
de constituir asociaciones o sociedades para la consecución de
un determinado fin y, en esta medida, son objeto de protección.
Además, México ha suscrito un sinnúmero de pactos
internacionales en los que ha refrendado el compromiso de
respetar los derechos humanos en su connotación común o
amplia, lo que incluye la relación y sentido que a la institución se
atribuye en el ámbito nacional, pero también el reconocido en
otras latitudes, reforzando el corpus iuris aplicable que, como
bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución Mexicana
y amplía o complementa a convenciones, en particular a la
inicialmente mencionada. Refuerza lo anterior el hecho de que
a partir de la nueva redacción del artículo 1o. constitucional y
de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo ordenado
en el caso Radilla Pacheco, registrada bajo el número varios
912/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre
de 2011, página 313, las normas relativas a los derechos
humanos deben interpretarse de la forma más benéfica para la
persona, lo que implica que no necesariamente hay una
jerarquía entre ellas, sino que se aplicará la que ofrezca una
protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos
internacionales prevén como titulares de derechos humanos a
las personas jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia y
garantista en la jurisprudencia mexicana. CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época. Registro: 2001402. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de
2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.4o.A.2 K (10a.). Página: 1875.
Así la personalidad con que compareció a la audiencia de ley la
promovente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a través de XXXXXXXXXXXXXXX, se
acreditó con la exhibición del original de la escritura pública número
XXXXXXXXXXXX pasada ante la fe del Notario Público número XXX de
XXXXXXXXX, que contiene poder general para pleitos, cobranzas y actos
20 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
de administración, en términos de los artículos2546, 2553, 2554 y 2555 del
supletorio Código Civil Federal, el que se valora de conformidad a los
artículos 186 y 189 de la Ley Agraria, 129, 130, 197 y 202 de Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Una vez definida la cuestión referente a los derechos de los
posesionarios para poder heredar en términos de los artículos 17 y 18 de la
Ley Agraria, damos paso al estudio de la acción, para lo cual debemos
tomar en consideración el contenido de la solicitud de la promovente, de
donde derivan los hechos constitutivos de su pretensión, mismos que
debe acreditar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y que consisten en:
a) La calidad de posesionario legalmente reconocido de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b) El fallecimiento del titular de los derechos agrarios.
c) La inexistencia de lista de sucesión.
d) Que la promovente sea la concubina supérstite del
ejidatario en comento.
Extremos que reúne XXXXXXXXXXXXXX, como a continuación se
aprecia:
El primer elemento constitutivo de su pretensión, relativo a que el
autor de la herencia tenía derechos agrarios formalmente reconocidos
en el poblado de “XXXXXXXXXXXXXX”, Municipio de XXXXXXXXXXXXX,
está acreditado.
En efecto, XXXXXXXXXXXXXXXX tenía derechos agrarios dentro
del poblado que nos ocupa, formalmente reconocidos por autoridad
competente, tal como se desprende de la constancia de vigencia de
derechos expedida por el Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco,
de fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX (foja XX), de la que se desprende que el
de cujus fue posesionario del núcleo agrario “XXXXXXXXXXXXXXXXX”,
Municipio de XXXXXXXXXXXXXXX, y titular la parcela número XXXX, con
superficie de XXXXXXXXXXXXXX hectáreas. Documento público cuyo
valor probatorio es pleno, apreciado en términos de los artículos 150, 186
y 189 de la Ley Agraria, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, en razón de haber sido expedido por autoridad
en ejercicio de sus funciones, del que se desprende que el arriba citado
tenía reconocido el carácter de posesionario.
21 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
El segundo elemento, relativo al fallecimiento del autor de la
sucesión, está acreditado con la certificación del acta de defunción
expedida por el Oficial número XX del Registro Civil del Ayuntamiento de
XXXXXXXXXX, de la cual se desprende que el fallecimiento de
XXXXXXXXXXXXXXXX aconteció el día XXX de XXXXXX de XXXXXX, en
cuyos datos registrales se asentó en su estado civil unión libre (foja XX).
Documento al cual este resolutor concede valor probatorio pleno, con
fundamento en lo establecido por los artículos 186 y 189 de la Ley
Agraria, 35 y 119 del Código Civil Federal, 129,130, 197 y 202 del
supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.
El tercer elemento de la pretensión, relativo a la inexistencia de la
lista de sucesión, quedó justificado también con la constancia de
vigencia de derechos agrarios expedida por el Registro Agrario
Nacional, Delegación Jalisco (foja XX); documento del que se
desprende que XXXXXXXXXXXXX, no dejó sucesores registrados ante
dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria,
hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Documento
público cuyo valor probatorio es pleno, apreciado como lo ordena el
artículo 150 de la Ley Agraria y el diverso 202 del supletorio Código
Federal de Procedimientos Civiles, en razón de haber sido expedido por
autoridad en ejercicio de sus funciones.
El cuarto elemento de la pretensión, correspondiente a que la
promovente, es la concubina supérstite del autor de la sucesión
XXXXXXXXXXXXXX, está acreditado.
Lo anterior, de conformidad con el numeral 1635 del Código Civil
Federal, que a la letra dice:
“Artículo 1635.- La concubina y el concubinario tienen
derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las
disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que
hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco
años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando
hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato…”.
En efecto, de las certificaciones de las actas de nacimiento que
obran a fojas 8 a 13, se desprende que XXXXXXXXXXXXXXX y
XXXXXXXXXXXXX, procrearon XXXX hijos de nombres
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, todos de apellidos XXXXXXXXXXXX; con lo
cual, la promovente acreditó plenamente su entroncamiento como
22 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
concubina del de cujus, de acuerdo a lo que al efecto establecen los
artículos 35, 55, 58 y 360 del supletorio Código Civil Federal, probanza a
la que se le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el
artículo 189 de la Ley Agraria. Soporta el criterio anterior la tesis que es
del rubro y texto siguiente:
“CONCUBINA. INEXISTENCIA DE ACEPCIONES DIFERENTES ENTRE
EL DERECHO AGRARIO Y EL DERECHO CIVIL. Si bien es verdad
que en su acepción gramatical la palabra concubina,
significa mujer que cohabita con un hombre como si fuera su
marido, y que etimológicamente dicho término deriva del latín
"concubinatus", que significa ayuntamiento o cópula carnal;
no menos cierto es que el derecho agrario admite una
concepción de dicho término similar a la del Código Civil,
toda vez que cuando el artículo 18, de la Ley Agraria vigente,
se refiere al término "concubina", lo hace entendiendo éste
como lo hacen las instituciones del derecho de familia, mismo
que se encuentra definido en el artículo 1635, del Código Civil
Federal, cuya aplicación es supletoria de la materia agraria,
según lo dispone el artículo 2o., de la Ley Agraria en vigor. De
donde se sigue que al referirse a la concubina el artículo 18 en
mención, debe entenderse que entre ésta y el concubinario se
tiene el derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las
disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre y
cuando hayan vivido juntos, como si fueran cónyuges, durante
los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte
de alguno de ellos o bien cuando hayan tenido hijos entre sí,
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO
QUINTO CIRCUITO.Novena Época. Registro: 201359. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. IV, Septiembre de 1996. Materia(s): Administrativa.
Tesis: XV.2o.6 A. Página: 617.”
Lo anterior se robustece además con la constancia de no
matrimonio expedida por la Oficial del Registro Civil de
XXXXXXXXXXXXXXX, el día XXXXXXXXXXXXXXXX, así como con la diversa
constancia expedida por el Oficial del Registro Civil de
XXXXXXXXXXXXXXXX, el día XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; de las que se
desprende que en los archivos de dichos órganos no existe registro de
matrimonio de la promovente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fojas XXXXX).
Por otro lado, conviene precisar que es correcta la vía elegida
por la accionante al promover la sucesión legítima, en términos del
artículo 18, fracción II, de la Ley Agraria, en relación con el artículo 18,
fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que se
estima que es procedente la solicitud de reconocimiento de legítima
sucesora, hecha por XXXXXXXXXXXXXXXX, de quien se presume, además,
su capacidad para heredar, al no existir en el expediente prueba en
contrario; y en virtud de haberse satisfecho todos los elementos de la
acción y el requisito de prelación previsto en el artículo 18 de la Ley
Agraria, conforme al cual se hace la transmisión en su favor, de los
23 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
derechos que correspondieron al de “cujus” en el poblado de que se
trata. Tiene sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 93/99, aprobada por
la Segunda Sala del más Alto Tribunal de Justicia en nuestro País, en
sesión privada del seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X,
Septiembre de 1999, Novena Época, Página 239, bajo el rubro y texto
siguiente:
“SUCESIÓN LEGÍTIMA DE DERECHOS EJIDALES. INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA.- El artículo 18 de la Ley
Agraria regula la sucesión de derechos ejidales en la vía
legítima, estableciendo en sus cinco fracciones la prelación
de los sujetos con derecho a suceder en el siguiente orden: "I.
Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los
hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A
cualquier otra persona de las que dependan
económicamente de él.". De esta disposición se infiere que el
requisito de dependencia económica que establece la
fracción V, no es aplicable a los sucesores señalados en las
cuatro primeras fracciones, sin que de los antecedentes
legislativos sobre el particular pueda deducirse que la
intención del legislador haya sido hacer extensivo a éstos el
acreditamiento de dicho requisito, por lo que en tales
supuestos basta con que se demuestre el vínculo que los unía
con el de cujus para que tengan derecho a sucederlo en la
vía legítima.”
Asimismo, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Tribunales Colegiados
de Circuito, Novena Época, Página 1086, bajo el epígrafe y contenido
siguiente:
“DERECHOS AGRARIOS, PROCEDENCIA DE LA SUCESIÓN
LEGÍTIMA DE, CUANDO SU TITULAR NO DESIGNA SUCESORES.- De
la recta interpretación de los artículos 81 y 82 de la derogada
Ley Federal de Reforma Agraria, y 17 y 18 de la Ley Agraria
vigente, se concluye que en los casos de fallecimiento de un
ejidatario que haya omitido designar a persona alguna para
sucederle en sus derechos agrarios, debe atenderse al orden
preferencial de sucesión establecido en las disposiciones
legales citadas; por tanto, el certificado de derechos agrarios
expedido en favor de la cónyuge supérstite del ejidatario que
no designó sucesores de sus derechos ejidales, debe estimarse
válido, pues la transmisión de tales derechos se realizó por
quien legalmente tiene derecho a hacerlo.”
Además de la tesis visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Página 1079, bajo el rubro y texto
siguiente:
“JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA
TRANSMITIR DERECHOS AGRARIOS POR SUCESIÓN, SALVO QUE
EXISTA PREVIA DESIGNACIÓN DE SUCESORES. Conforme a los
artículos 17 y 18 de la Ley Agraria existen dos formas de
realizar la transmisión de derechos agrarios, a saber: la
primera, a través de la lista de sucesores que el ejidatario
24 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
inscriba en el Registro Agrario Nacional o que, en su caso,
formalice ante notario público, en la cual exprese con libertad
su deseo de decidir quién y en qué orden de preferencia le
sucederá en sus derechos ejidales; y la segunda, cuando de
no haberse efectuado esa designación o exista imposibilidad
material o legal para heredar de las personas que se hubiesen
designado, se atenderá al orden preferencial que establece el
artículo invocado en segundo término; es factible deducir que
la jurisdicción voluntaria no siempre será la vía idónea para
determinar a quién corresponden los derechos agrarios de un
ejidatario fallecido. Esto es, podrá transmitirse esa clase de
derechos por la vía en comento cuando se actualice el primer
supuesto, porque al existir la voluntad manifiesta del autor de
la sucesión, es evidente que no puede generarse una
controversia sobre ella, de manera que el tribunal agrario, al
conocer de la jurisdicción voluntaria y transmitir los derechos
correspondientes a la persona designada, no estaría haciendo
uso de su facultad de decisión, sino que exclusivamente
constataría la voluntad del ejidatario fallecido, cuya
consecuencia no sería otra que la de autentificar la
transmisión del derecho agrario correspondiente, siempre y
cuando no exista oposición a esa voluntad por parte legítima,
pues de existir, el tribunal agrario deberá terminar la
jurisdicción voluntaria y revertirla al juicio sucesorio y ventilar la
cuestión debatida. En cambio, en la segunda hipótesis no se
podrá, bajo ninguna circunstancia, decidir a través de la
jurisdicción voluntaria a quién corresponden los derechos
agrarios del titular fallecido, toda vez que es evidente que se
está ante la presencia de una sucesión legítima, que
necesariamente para poder establecer a quién deben
pertenecer los derechos agrarios deberá estarse a lo dispuesto
en el artículo 18 del ordenamiento legal invocado, que al
establecer con precisión los sujetos que tienen derecho a
suceder y los requisitos que deben acreditarse para tal efecto,
impide que esa cuestión pueda ser dilucidada por medio de
la jurisdicción voluntaria, porque al no existir la voluntad del
autor de la sucesión, será la autoridad agraria
indispensablemente la que tendrá que hacerlo dentro del
juicio sucesorio, en el que se llame a las partes que de
acuerdo al precepto legal en comento tienen derecho para
suceder en la vía legítima”.
Así como la tesis consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, Novena Época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Página 817, bajo el epígrafe y
contenido siguiente:
“JURISDICCION VOLUNTARIA. NO ES LA VIA IDONEA PARA
VENTILAR Y DECIDIR QUIEN ES EL SUCESOR PREFERENTE DEL
EXTINTO EJIDATARIO, NI A QUIEN CORRESPONDEN SUS
DERECHOS AGRARIOS. La jurisdicción voluntaria no es la vía
idónea para ventilar y determinar a quién corresponden los
derechos agrarios de un ejidatario fallecido, sino que lo es un
procedimiento especial, el juicio sucesorio, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Agraria en
relación con el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios, por lo que si se promueven diligencias
de jurisdicción voluntaria solicitando que se considere sucesor
preferente del extinto ejidatario a un hijo del mismo y, en
consecuencia, que le sean transmitidos la totalidad de los
derechos agrarios del de cujus, la jurisdicción voluntaria es
improcedente, pues no es la vía por la cual se puede lograr tal
reconocimiento”.
25 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
Así, analizadas las pruebas y valoradas en términos del artículo
189 de la Ley Agraria, permiten constatar que XXXXXXXXXXXXXXX, tiene
el carácter de legítima sucesora, respecto de los derechos agrarios que
en su calidad de posesionario le correspondieron a XXXXXXXXXXXXXX, en
el poblado XXXXXXXXXXXXXXX, Municipio de XXXXXXXXXXXXXX, como
titular de la parcela número XXX, con superficie de XXXXXXXXXXX
hectáreas; en consecuencia, es de otorgarle a la promovente la
calidad de posesionaria del poblado en comento, ya que en términos
de los artículos y cuerpos normativos analizados en párrafos
precedentes, el posesionario podrá designar a la persona que deba
suceder en los derechos que le fueron conferidos por la asamblea o por
resolución judicial.
Dado lo anterior, se deberá remitir a la Delegación del Registro
Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, copia certificada de esta
resolución, para que en términos del artículo 152, fracción I, de la Ley
Agraria proceda a la cancelación, inscripción y anotaciones de ley y
asimismo para que expida gratuitamente el certificado parcelario a
favor de XXXXXXXXXXXXXX, que le ampare en su calidad de
posesionaria, la titularidad de la parcela número XXX, con superficie de
XXXXXXXXXXXXXX hectáreas, en el ejido “XXXXXXXXXXXX”, Municipio
de XXXXXXXXXXXXXXX, que correspondiera a XXXXXXXXXXXXXXXXX, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 Constitucional y 191 de la
Ley Agraria, por tratarse de la conclusión de un procedimiento judicial y
de su eficaz ejecución.
Dada la transmisión y adjudicación de los derechos ejidales de
referencia, deberá informarse por conducto de la promovente al
Comisariado Ejidal del poblado XXXXXXXXXXXXXXXXX, Municipio de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que en su carácter de órgano de
representación del núcleo ejidal en comento, proceda a inscribir el
nombre y datos básicos de identificación de la posesionaria que este
Tribunal reconoce; por lo tanto, respete y haga respetar sus derechos en
sustitución del extinto XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Por los argumentos expuestos, fundados y motivados, es de
resolverse y se:
R E S U E L V E :
PRIMERO.- Se declara procedente la acción promovida por
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, respecto de la sucesión de derechos agrarios
26 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013
que pertenecieron a su extinto concubinario XXXXXXXXXXXXXX, quien
fuera posesionario del núcleo agrario XXXXXXXXXX, Municipio de
XXXXXXXXXXXXXXX, en términos de lo razonado en el considerando
último de esta sentencia.
SEGUNDO.- En consecuencia se reconoce judicialmente a
XXXXXXXXXXXXXXX, como sucesora y adjudicataria de los derechos
agrarios que correspondieron al extinto XXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativos
a la parcela número XXX, con superficie de XXXXXXXXXXXX hectáreas,
en el núcleo agrario XXXXXXXXXXXXXX, Municipio de XXXXXXXXXXXXXXX,
en calidad de posesionaria.
TERCERO.- Gírese oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado
de XXXXXXXXX, remitiendo copia certificada de la presente resolución,
para que proceda a su inscripción y anotaciones de ley, al igual que a
la cancelación correspondiente y se expida gratuitamente a favor de
XXXXXXXXXXXX, el certificado que le ampare la titularidad la parcela
número XXX, con superficie de XXXXXXXXXXXXX hectáreas, que
perteneciera a XXXXXXXXXXXXX, dentro del ejido de
XXXXXXXXXXXXXXXX, Municipio de XXXXXXXXXXXXX, en su calidad de
posesionaria, previa presentación de la interesada ante ese órgano
registral para el efecto de cubrir los requisitos de tramitación
correspondientes.
CUARTO.- Notifíquese personalmente a la actora
XXXXXXXXXXXXXXXX, entregándole copia certificada de la presente
resolución; hecho lo anterior, sin mediar acuerdo devuélvansele los
documentos originales que aportó a los autos previo cotejo y copia
certificada que de los mismos se dejen en autos; por otra parte, por
conducto de la interesada, comuníquese la presente resolución al
Comisariado Ejidal del poblado que nos ocupa, para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 22 y 33 fracción II de la Ley Agraria. Anótese en
el Libro de Gobierno y archívese el presente expediente como asunto
totalmente concluido.
Así lo resolvió, autorizó y firma el Licenciado ANTONIO LUIS
BETANCOURT SÁNCHEZ, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito
38, ante el Licenciado JORGE PANIAGUA SALAZAR, Secretario de
Acuerdos, con quien actúa da fe.
ALBS/JPS/ECG/snrm*
27 EXPEDIENTE TUA-38: 1642/2013