green new deal para españa...2020/11/17 · los estados unidos en la década de 1930 proclamaron...

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[Año]

[Título del documento]

[SUBTÍTULO DEL DOCUMENTO]

XXX

ALVARO GAERTNER ARANDA (Principal autor)

Carlos Alfonso y Fernando Prieto

Observatorio Sostenibilidad

Reconstruyamos el Futuro: un Green New Deal para España

Un futuro mejor y más sostenible para todos

http://www.observatoriosostenibilidad.com/


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Reconstruyamos el Futuro: un Green New Deal para

España

"Si no descarbonizamos todos los sectores

de nuestra economía en las próximas décadas,

Reconstruyamos el Futuro: un Green New Deal para

España "Si no descarbonizamos

todos los sectores de nuestra economía

en las próximas décadas, es probable que las temperaturas

aumenten por encima de los 2 grados,



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con consecuencias devastadoras". es probable que las temperaturas

aumenten por encima de los 2 grados, con consecuencias devastadoras".

Los Estados Unidos en la década de 1930 proclamaron el New Deal, el nombre que el presidente Franklin D. Roosevelt le dio a su

amplio programa para combatir la Gran Depresión que comenzó después del

colapso de la bolsa de valores de 1929. Ahora, Europa y España adoptaron ese

histórico nombre estadounidense, presentando su propio "New Deal" para

combatir los reveses económicos causados por el coronavirus y la grave crisis asociada

en España en sectores tales como el turismo o la construcción.



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El paquete de estímulo más grande de la historia

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA

Para ayudar a reparar el daño económico y social causado por la pandemia de coronavirus, la

Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los líderes de la UE han acordado un plan de

recuperación que marcará la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más

sostenible.



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A FINALES DE AÑO 2021

SE ABRE UNA MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA LA GRAN

RECONVERSION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA HACIA SECTORES MAS

SOSTENBILES, CREADORES DE EMPLEO Y VIABLES EN EL FUTURO. ESTA VENTANA DE OPORTUNIDAD TIENE QUE VER CON LOS FONDOS EUROPEOS QUE VAN A LLEGAR A

ESPAÑA POR LA CRISIS ORIGINADA POR LA COVID 19.

DE LA GESTIÓN INTELIGENTE DE ESTOS RECURSOS VA A DEPENDER QUE ESPAÑ SE DIRIJA HACIA UAN

SENDA MAS SOSTENBIEL O PRO EL CONTRARIO SIGA CON SU ELEVADA

DEPENDENCIA ENERGETICA, SUS ELEVADAS EMISIONES DE CO2, SU PERDIDA DE BIODIVERSIDAD, SUS

ELEVADOS NIVELES DE DESEMPLEO Y DESIGUALDAD

Madrid 10 de Noviembre de 2020


Reconstruyamos el Futuro:

un Green New Deal para España

@iSostenibilidad www.observatoriosostenibilidad.com

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Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 7

1. Introducción ........................................................................................................................ 14

PARTE I: UN GREEN NEW DEAL PARA PREPARAR LA ECONOMÍA PARA EL FUTURO. Por Álvaro

Gaertner ...................................................................................................................................... 16

2. Energías Renovables ............................................................................................................ 16

2.1 Medida 1: Subastas para promocionar la instalación de energías renovables ............. 16

2.2 Medida 2: Cláusula adhesión para cooperativas ciudadanas para la última subasta .. 17

2.3 Medida 3: Promoción del autoconsumo .......................................................................... 18

2.4 Medida 4: Inversión en la red eléctrica ............................................................................ 18

2.5 Inversión ...................................................................................................................... 19

3. Transporte ........................................................................................................................... 20

3.1 Medida 5: Fondo de cofinanciación estatal para inversiones municipales relacionadas

con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible PMUS. ........................................................ 20

3.2 Medida 6: Inversión en infraestructuras ferroviarias. .................................................... 21

3.3 Medida 7: Incremento del uso de las infraestructuras ferroviarias ya construidas ....... 22

3.4 Inversión............................................................................................................................ 25

4. Rehabilitación ...................................................................................................................... 26

4.1 Medida 8: Inversión en rehabilitación energética de viviendas ..................................... 26

4.2 Inversión............................................................................................................................ 31

5. Agua ..................................................................................................................................... 32

5.1 Medida 9: Inversión infraestructuras de abastecimiento, depuración y saneamiento de

agua ........................................................................................................................................ 32

5.2 Inversión............................................................................................................................ 33

6. Agricultura ........................................................................................................................... 34

6.1 Medida 10: Reformulación de la PAC y mantenimiento de fondos totales en España .. 35

6.2 Inversión............................................................................................................................ 37

7. FISCALIDAD VERDE: Impuesto al CO2 y Renta Climática .................................................... 37

8. Impacto macroeconómico de las medidas.......................................................................... 40

PARTE II: UN GREEN NEW DEAL PARA REFORZAR LOS ECOSISTEMAS. Observatorio

Sostenibilidad. ............................................................................................................................ 44

9. Gestión sostenible del territorio y empleo asociado en el ámbito rural ............................ 44

9.1 Empleo tradicional en el sector ambiental ...................................................................... 46

9.2 Gestión Forestal Sostenible: Inversión y Empleo potencial............................................. 49




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9.3 Gestión integrada del medio natural, protección de la biodiversidad y de los servicios

ecosistémicos e infraestructuras verdes. ............................................................................... 51

9.4 Medida 10: Infraestructuras verdes: Inversiones y empleo potencial ............................ 55

9.5 Medida 11: Ganadería extensiva: empleo potencial ...................................................... 55

Medida 12. Plan Nacional de Adaptación al cambio climático ............................................ 57

PARTE III. EMPLEO POTENCIAL EN LA ECONOMÍA CIRCULAR. Observatorio Sostenibilidad. .. 59

ANEXO I: PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA ................................................................... 63

ANEXO II. PROPUESTAS INVESTIGACION GREEN DEAL H2020.................................................. 65

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 66




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RESUMEN EJECUTIVO

España puede llegar a generar 1,13 millones de empleos verdes en un año si se toman las decisiones políticas acertadas (incluyendo energía,

transporte sostenible, ferrocarril, ciudades, infraestructuras verdes, etc..) y existe un acompañamiento de la iniciativa privada.

Aparte, se podrían generar casi 600.000 empleos adicionales en 10 años si se aprovecha todo el potencial de sectores como la economía circular,

la ganadería extensiva y la gestión forestal.

Según el FMI, la crisis económica ocasionada por el coronavirus será la más severa desde la Gran Depresión. Para salir de esta situación, será necesaria una gran intervención pública a través de paquetes de estímulo que permitan reconstruir nuestras economías, pero que haya que reconstruir nuestras economías no significa que las tengamos que dejar tal y como estaban antes. Por el contrario, hay que usar estos paquetes de estímulo para realizar las inversiones que sirvan para preparar a nuestros países de cara al futuro y para afrontar crisis tan presentes como la ecológica, de la cual la crisis del cambio climático es una parte. Por eso, desde el Observatorio de la Sostenibilidad se ha redactado este informe con la intención de diseñar un plan de inversiones verdes, un Green New Deal, que permita reconstruir nuestra economía y afrontar el cambio climático. Para determinar qué inversiones deben estar incluidas en este Green New Deal, así como si las debe llevar a cabo el sector público o el sector privado, se han usado como base los informes disponibles de planificación de inversiones para el futuro de España, entre los que se incluyen:

PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático)

Tren 2020

Plan DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización)

Además, se han completado con otras fuentes como informes de la Comisión Europea en materia de agricultura, aguas o fiscalidad verde o con las estadísticas de licitación pública aportadas por SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), entre otras.

Además, se ha tenido en cuenta que muchos de estos planes se redactaron en escenarios de contención presupuestaria, un escenario que, en la actual situación, no se da, y por lo tanto se ha evaluado cómo sería posible acelerar las medidas y las inversiones públicas propuestas en esos planes. Igualmente, se ha tenido en cuenta que estos planes se implementarían en un contexto de recesión, y por lo tanto tendrán un impacto diferente sobre el empleo y el PIB del que tendrían en condiciones normales, y para analizarlo se han utilizado investigaciones ampliamente citadas como Cos and Moral-Benito (2013) o Heintz et al. (2009).




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La revisión de todas estas fuentes lleva a obtener las siguientes conclusiones sobre los elementos más relevantes que deben estar incluidos en un Green New Deal para España y que se podrían financiar con los fondos de la Unión Europea del paquete de reconstrucción.

1. En primer lugar, es necesario aprobar cuanto antes la Ley de Cambio Climático, o como mínimo, la parte de la misma referida a las subastas para la instalación de energías renovables. Esta medida, además de las subastas, incluye un mecanismo de adhesión a las subastas para que las pequeñas cooperativas también puedan participar de la transición energética.

2. En segundo lugar, hay que facilitar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo, haciendo que para su construcción baste con una mera notificación administrativa o creando mecanismos de financiación blanda para aquellos que quieran hacer instalaciones. Estas dos medidas tendrían el objetivo de conseguir que se pueda cumplir el escenario previsto en el PNIEC y el año que viene se puedan instalar 3723 MW de potencia renovables adicionales.

3. La tercera actuación está relacionada con las anteriores y tiene que ver con la inversión adicional de aproximadamente 1.067 millones en infraestructuras de transmisión y distribución de energía eléctrica que se producirá para que la red eléctrica pueda manejar la volatilidad de las energías renovables y limitar los vertidos.

4. En cuarto lugar, hay que acelerar la implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), movilizando una inversión pública de 4000 millones de euros para acelerar las obras relativas a zonas de bajas emisiones, carriles bici, carriles bus o peatonalizaciones que, según el PNIEC, servirán para reducir en 35% los desplazamientos en coche en las ciudades al final de esta década.

5. En quinto lugar, hay que incrementar la inversión pública en infraestructuras ferroviarias a 6.000 millones para potenciar el transporte de mercancías por carretera compensar la falta de inversión en Cercanías en la última década y terminar cuanto antes infraestructuras prioritarias como el Corredor Mediterráneo o la Y Vasca, que permitan que, las mercancías, además de los pasajeros, también empiecen a ser transportadas en ferrocarril.

6. En sexto lugar, para reducir el uso del coche y del avión hay que incrementar el uso de todas las infraestructuras ferroviarias ya construidas, implantando un sistema de horarios cadenciados integrados en el transporte regional, reintroduciendo los trenes nocturnos, mejorando las conexiones internacionales a través del tren y mejorando la financiación del transporte público.

7. En séptimo lugar, hay que acelerar sustancialmente la promoción de la rehabilitación energética de edificios prevista en el PNIEC, implantando un programa similar al del KfW, el banco público de inversiones alemán similar al ICO (Instituto de Crédito Oficial), aunque mucho más potente, que tenga el objetivo de rehabilitar el año que viene más de 650.000 viviendas.

8. En octavo lugar, hay que hacer que las políticas agrarias relacionadas con la PAC (Política Agraria Común) no bajen de presupuesto y hay que reformarlas para que pasen a ser una herramienta para la transformación hacia la agricultura regenerativa, la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, etc.. Un ejemplo de una reforma que hay que realizar es la introducción en la nueva PAC de un eco-esquema similar al programa del Estado de Maryland (EEUU) que incentiva la introducción de cultivos de cobertura invernales.

9. En noveno lugar, tenemos que realizar todas las inversiones necesarias para asegurarse de que nuestro país cumpla, al menos, con los requisitos básicos de la legislación europea de aguas, garantizando así que el agua de nuestro país tenga un mínimo de




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calidad y que se eviten multas que podrían llegar a ser de 100 millones de euros anuales. Para ello, hay que invertir 3152 millones de euros en infraestructuras de depuración y saneamiento que nos permitan cumplir la legislación europea, pero también incrementar el gasto en mantenimiento de las infraestructuras existentes en 2500 millones de euros.

10. En décimo lugar, tenemos que realizar todas las inversiones necesarias para proteger y restaurar nuestros ecosistemas para asegurarnos de que nuestro país siga siendo habitable. Para ello, hay que invertir 6.076 millones de euros anualmente para ejecutar las infraestructuras verdes que permitirán que nuestros ecosistemas sean resilientes ante la llegada de los peores efectos del cambio climático y que, además, crearán empleos verdes en las zonas de España que más los necesitan, las zonas rurales.

11. Finalmente, hay otros aspectos relacionados con la fiscalidad ambiental, que recomiendan introducir un impuesto creciente al CO2 emitido por el transporte privado de pasajeros en coche y avión y por el sector residencial. Este impuesto sería inicialmente de 30 euros por tonelada, y sus ingresos de devolverían a la ciudadanía en forma de una Renta Climática, que, con el esquema propuesto en el informe, alcanzaría aproximadamente 90 euros por persona en el primer año. El objetivo de esta medida, que beneficiaría al 60% de la población con menos ingresos, sería incentivar más aún la transformación ecológica en el transporte y en el sector residencial.

Además de estas medidas cuantificables directamente como generadoras de empleo a partir de los datos económicos existentes hay otras medidas esenciales para definir un GREEN DEAL DE ESPAÑA. Estas medias están relacionadas con diferentes aspectos relacionados con la gestión forestal, las costas, de restauración de ecosistemas, la gestión de las masas forestales, la conservación de la biodiversidad, de utilización de espacios forestales como pastos por la ganadería extensiva diferentes aspectos de la Estrategia de Adaptación al cambio climático y por otra parte con la ECONOMIA CIRCULAR.

Por otra parte, existen otras actuaciones relacionadas con el Green Deal Europeo que son esenciales para aumentar la resiliencia de los ecosistemas del país y la adaptación al cambio climático relacionadas con la gestión forestal sostenible, que, tal y como se puede observar en la Tabla 2 tiene el potencial de crear hasta 280.000 empleos en 10 años, la agricultura y ganadería extensiva, que podría crear hasta 150.000 empleos en ese mismo período y la economía circular, que podría crear hasta 160.000 empleos, en total unos 600.000 empleos en esos 10 años en un escenario de transformación acelerada de la economía. Esta generación potencial de empleo estaría relacionada con diferentes planes iniciados por el gobierno y todo dependerá de las futuras inversiones concretas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas Todas estas estimaciones de empleo, realizadas a partir de los datos disponibles en diversos estudios, se irán actualizando conforme aparezcan más investigaciones que asocien medidas concretas en estos sectores a la creación de empleo que de ellas se derivaría.

Estas medidas son más difícilmente cuantificables, ya que no existen multiplicadores claros para conocer los empleos generados por cada millón de euros invertido de cada uno de los planes ya que las estrategias presentadas por ejemplo de adaptación al cambio climático o de economía circular no contienen proyecciones cuantificadas de generación de empleo. Dada la importancia de estos sectores en la transformación ecológica de nuestro país en la segunda y tercera parte




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de este informe se han revisado las fuentes existentes para poder tener una primera idea aproximada del potencial de creación empleo que tendrían estos sectores.

En el sector forestal, conservación de la biodiversidad y restauración de ecosistemas se puede estimar una creación de empleo de 280.000 personas asignando una persona cada 100 hectáreas respecto a los 28 millones de hectáreas forestales. Por su parte, en el sector de la ganadería extensiva existe un potencial de creación de empleo de un máximo 150.000 puestos de trabajo y en el sector de la economía circular el potencial máximo de creación de empleo es de 160.000 puestos de trabajo.

Aparte de estas medidas concretas existe una incertidumbre sobre la cristalización de otras actuaciones de los propios presupuestos generales del Estado donde se deberían concretar algunas de las estrategias presentadas tales como la Estrategia de Adaptación al cambio climático, estrategia de economía circular, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, etc. que deberán llevar sus propios proyectos y programas detallados. Hasta que estas actuaciones no se detallen van a existir incertidumbres sobre el potencial de creación de empleo.

En conjunto, muchas de estas medidas están incluidas parcialmente dentro de los presupuestos del Estado, como las referentes a las infraestructuras de transporte o a la rehabilitación energética, pero incluso en esos casos es necesario que el Gobierno incremente su ambición para poder transformar la economía de nuestro país. Para ello el Gobierno cuenta con la ventaja de que todas las medidas expuestas en este informe podrán ser financiadas con los fondos extraordinarios para la recuperación económica que han sido acordados por el Consejo Europeo en el marco de la propuesta “Next Generation EU”. De esta forma, todas las iniciativas podrán ser financiadas con parte de los 140.000 millones de euros que a los que tendrá acceso España, de los que 72.700 millones serán transferencias directas. Además, dado que la gran mayoría de estos fondos serán gestionados directamente por España el gobierno podrá decidir cómo distribuir estos fondos entre las distintas iniciativas, haciendo que las inversiones más rentables, como la rehabilitación, se financien a través de los créditos y que otras inversiones con menor rentabilidad financiera, como las correspondientes a la depuración de aguas o las infraestructuras verdes, se financien a través de las transferencias. Además, las posibilidades de financiación europea no se acaban con el paquete de recuperación, ya que España, como el resto de países, se podrá beneficiar de los programas europeos ya existentes, como los Fondos de Cohesión, que pueden seguir siendo utilizados para financiar infraestructuras como las ferroviarias, y de los nuevos programas que pondrán en marcha las instituciones europeas, como por ejemplo la iniciativa “Renovation Wave”, cuyos fondos se podrán utilizar para impulsar aún más la rehabilitación energética.

Por otro lado, todas estas medidas, además de conseguir una importante reducción en las emisiones de GEI crearán aproximadamente 860.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, como se puede ver en la Tabla 1. Pero el efecto de este Green New Deal no se acabaría ahí, porque en una recesión extrema como la que vamos a sufrir, con caídas estimadas de entre un 9 y un 11,6% del PIB este año según el Banco de España, las nuevas inversiones tienen un mayor multiplicador que en tiempos normales. Esto es así porque el consumo de todas las personas que pasarían a tener un empleo permitiría que muchos bares, muchas tiendas, muchos establecimientos turísticos y muchas otras empresas no tuvieran que echar el cierre por falta de demanda, como harían en ausencia del consumo provocado por esas nuevas inversiones, sino que incluso pudiesen pasar a contratar más gente. Por esta razón, este plan permitiría salvar o crear hasta 273.000 empleos en el primer año, que se añadirían a los 860.000 empleos que se crearían de manera directa e indirecta, y en la situación económica y climática




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que vamos a afrontar cada empleo salvado, al igual que cada tonelada de CO2 que se deja de emitir, es un ladrillo en el edificio del futuro.

Por estas razones, hagamos un Green New Deal para reconstruir el futuro.

Tabla 1: Inversión y empleos directos e indirectos generados por las medidas incluidas en el Green New Deal para España propuesto en este informe.

Medida Inversiones privadas (M €)

Inversiones públicas (M €)

Inversiones totales (M €)

Empleos directos e indirectos

Promoción Energías Renovables (Medidas 1,2, 3)

6.908 0 6.908 114.741

Inversión en redes eléctricas (Medida.4)

907 160 1.067 16.545

Financiación PMUS (Medida 5)

0 4.000 4.000 93.460

Inversiones en infraestructuras ferroviarias (Medida 6

0 6.000 6.000 94.142

Financiación transporte público local y regional (Medida 7)

0 900 900 20.125

Rehabilitación energética de edificios (Medida 8)

9.215 3.000 12.215 194.515

Infraestructuras depuración de agua (Medida 9)

0 5.652 5.652 114.280

Inversión en infraestructuras verdes

0 6076 6076 184032

Total 17.030 25.788 42.818 859.185

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Empleos potenciales máximos que se podrían crear en España en la próxima década en los sectores de gestión forestal sostenible, ganadería y agricultura extensiva ecológica y economía circular.

Sector Empleos potenciales

Gestión forestal sostenible 280.000

Ganadería y agricultura extensiva ecológica 150.000

Economía circular 160.000

Total 590.000





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METODOLOGIA DETALLADA

Para llegar a estas conclusiones se han seguido diferentes metodologías para las distintas áreas. Concretamente, las medidas 1 a la 4, referentes a energías renovables y redes, así como las inversiones pública y privada que supondrían, han sido obtenidas del PNIEC. De la misma forma, la inversión recogida en las medidas 5 y 8, correspondientes a la inversión en los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible) y a la rehabilitación energética de edificios, ha sido estimada utilizando como base el PNIEC, aunque para la definición concreta del programa de rehabilitación energética se ha utilizado el programa de rehabilitación del banco público de inversión alemán KfW. Para la medida 6, correspondiente a las inversiones en infraestructura ferroviarias, han sido desarrolladas índices de cálculo utilizando como base principal el informe Tren 2020, así como otras fuentes relativas a las inversiones anuales en infraestructuras ferroviarias en los últimos años o a las necesidades de ejecución de infraestructuras prioritarias como el Corredor Mediterráneo. Por su parte, la 7, correspondiente al incremento del uso de las infraestructuras ferroviarias ya construidas, se ha diseñado utilizando como base, de nuevo, el informe Tren 2020, al cual se han sumado en las distintas secciones fuentes correspondientes a las necesidades del transporte público o al transporte de larga distancia. De la misma forma, la medida 9, correspondiente a las necesidades de inversión en infraestructuras de depuración, se ha elaborado a partir de fuentes como la Revisión de la aplicación de la política medioambiental de la Comisión Europea o el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) del MITECORD (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Igualmente, para la medida 10, correspondiente a la reforma de la PAC, se han utilizado documentos de la Comisión Europea a propósito de los eco-esquemas así como documentos del Estado de Maryland (EEUU) al respecto de su programa de promoción de cultivos de cobertura invernales. Luego, el impuesto al CO2 recogido en la última medida se ha diseñado a partir de los datos de consumo de combustible aportados por Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos) (2019), Sedigas (Asociación Española del Gas) (2020), el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) (2018) y de un informe de la Comisión Europea (2019b), así como informes referentes a distintas experiencias a nivel internacional. A continuación, la evaluación de las necesidades de inversión en el ámbito de la gestión forestal y de la ejecución de las infraestructuras verdes se ha hecho a partir de datos del estudio Potencialidad del Empleo Verde en España (Cabrera Bonet). Respecto a los datos de generación de empleo potencial en las masas forestales se ha analizado el informe Los incendios forestales en España de F.Prieto, sobre las posibilidades de generación de empleo en el sector ganadero y agrícola extensivo diversas fuentes y sobre economía circular los estudios europeos de Economic Growth Potential of more circular economies. WRAP, 2015

Además, la evaluación del número de empleos que crearían las distintas medidas se ha hecho a partir de datos de los informes de Heintz et al. (2009) y Weisbrod and Reno (2014), ajustados de acuerdo a la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) entre EEUU y España. Por último, para evaluar el impacto total del programa en su conjunto en la economía se han tenido en cuenta las investigaciones de Auerbach and Gorodnichenko (2012), de Riera-Crichton et al. (2015) y Cos and Moral-Benito (2013) sobre el multiplicador de la inversión pública en momentos de recesión, así como los datos del Banco de España (2019) sobre la relación entre el crecimiento del PIB y el empleo.




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1. Introducción

La pandemia del coronavirus está causando la peor crisis económica desde la Gran Depresión. La OIT calculó que, durante el segundo trimestre, se pueden haber perdido perder el equivalente a 230 millones de empleos a nivel mundial. De igual forma, el FMI calcula que nuestro país hará frente a una caída del PIB del 12,8% y a una tasa de paro del 20,8%, mientras que el Banco de España calcula que la caída ocasionada por el coronavirus será de entre un 9% y un 11,6% del PIB.

Ante esta situación, todas las instituciones económicas reaccionaron con planes que tienen como objetivo que las empresas y los ciudadanos se puedan mantener a flote durante el parón de la cuarentena. De esta forma, EEUU anunció medidas por valor de 2 billones de dólares, Alemania aspiraba a movilizar 750000 millones de euros y España, solo con el primer paquete de medidas, aspiraba a movilizar 200000 millones. De la misma manera, el BCE puso sobre la mesa un plan de compra de activos públicos y privados por valor de 750000 millones de euros, que después fue ampliado, y ha asegurado que hará lo que haga falta para hacer frente a la crisis provocada por el virus. Este plan está sirviendo, entre otras cosas, para asegurarse de que el interés de la deuda pública se mantenga bajo. Estas medidas están sirviendo para que la mayoría de las empresas tengan la liquidez necesaria para pasar las cuarentenas y el cierre parcial de las economías y para que todos los ciudadanos puedan tener al menos lo mínimo que se necesita para vivir durante este periodo, pero por mucho esfuerzo que hagan los gobiernos no hay duda de que habrá empresas que cerrarán y también muchos trabajadores temporales y precarios que han perdido o perderán sus empleos.

Frente a esta situación hará falta, en todos los países, un Programa de Reconstrucción de la Economía, que haga que la inevitable destrucción de empleos y empresas que va a provocar esta crisis no desencadene una espiral recesiva que haga que el daño de esta crisis no sea temporal sino permanente. De esta forma, los Estados tendrán que poner en marcha, ya sea de manera conjunta o en solitario, programas keynesianos de inversión y gasto público que cubran el hueco dejado por el sector privado y vuelvan a poner en marcha la economía. Pero estos programas de reconstrucción no tienen que servir para dejarlo todo tal y como estaba antes, sino que debemos aprovechar para prepararnos para los desafíos y las crisis que afrontaremos en el futuro, como por ejemplo la crisis ecológica. Esto no solo sería una buena decisión a nivel ecológico, sino que como indicaban Stiglitz y Stern (2020), entre otros, en su reciente estudio, las inversiones verdes como la rehabilitación energética de edificios o las energías renovables tienen multiplicadores tan altos o más que muchas inversiones más contaminantes, y por lo tanto también sería una buena decisión a nivel económico. El gran potencial que tendrían las inversiones verdes en España en los ámbitos económico y de creación de empleo verde para gente con niveles de cualificación muy distintos en todos los territorios de España, se puede comprobar, por ejemplo, en el informe “Empleo verde en una economía sostenible” elaborado conjuntamente por el Observatorio de la Sostenibilidad y la Fundación Biodiversidad (2010).

Por todas estas razones, es el momento de poner en marcha un Green New Deal, un Nuevo Acuerdo Verde, que nos permita hacer muchas inversiones necesarias que no se pudieron hacer en el pasado debido a los recortes y a los límites presupuestarios y que nos permitirán hacer que crisis como la climática no nos pillen desprevenidos. Por ello, el objetivo de este informe es exponer cómo debe ser un Green New Deal para España que se pudiese empezar a implementar en el momento en el que las medidas sanitarias de control de la pandemia se relajen y la economía vuelva a empezar a andar. Para ello se han utilizado como base planes como el Plan




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Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno de España o el informe Tren 2020, que recogen muchas de las propuestas que se realizarán en este informe pero que fueron elaborados bajo condiciones de estrictos límites presupuestarios. Sin embargo, estas condiciones ya no se dan en la actualidad, ya que los recientes acuerdos europeos asegurarán a España el acceso a hasta 140.000 millones de euros en transferencias directas y créditos, además de que los planes y las declaraciones del BCE ya aseguraban a los países el acceso a toda la financiación barata que necesiten para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias económicas, y por esta razón las distintas propuestas de estos informes han sido reevaluadas para adaptarlas a este nuevo contexto presupuestario, que permite hacerlas más ambiciosas.

El informe es una primera aproximación a las distintas propuestas que deberían formar parte de un Green New Deal para España en los distintos sectores en los que estas medidas podrían tener un mayor impacto sobre las emisiones de CO2, el empleo y la conservación y el refuerzo de nuestros ecosistemas.

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se abordarán las principales medidas que son necesarias para preparar la economía para un futuro descarbonizado. En primer lugar, se presentarán las medidas que se deben poner en práctica en el sector eléctrico para impulsar las energías renovables y la descarbonización. A continuación, se expondrán las medidas concernientes a la descarbonización del transporte, seguidas por las relativas a la rehabilitación energética en el sector residencial. Luego se abordarán las medidas necesarias para asegurarse de que el agua de nuestro país se depure adecuadamente. Después, se abordarán las medidas necesarias para transformar la agricultura en un sector rentable y sostenible, seguidas de la presentación de un impuesto al CO2 y una Renta Climática, que incrementaría notablemente la eficacia de muchas de las medidas presentadas. Por otro lado, en la segunda parte se abordarán las inversiones necesarias para conservar y recuperar nuestros ecosistemas. En la tercera parte se analizarán los empleos potenciales que se podrían generar si se convirtiese nuestra economía en una economía circular. Por último, se procederá a la evaluación del impacto que todas estas medidas tendrán sobre el PIB y el empleo en nuestro país.




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PARTE I: UN GREEN NEW DEAL PARA PREPARAR LA ECONOMÍA PARA EL FUTURO. Por Álvaro Gaertner Para mantener el calentamiento de nuestro planeta por debajo de los 1,5ºC sería necesario reducir las emisiones un 7,6% anual entre 2020 y 2030, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y esas reducciones deberán continuar hasta que se llegue a las cero emisiones netas. Sin embargo, en 2030 la electricidad seguirá siendo una parte esencial de las vidas de las personas, la industria seguirá necesitando electricidad para funcionar, la gente se seguirá moviendo para ir al trabajo o de vacaciones, las casas tendrán que seguir estando calientes en invierno y a una temperatura agradable en verano y seguiremos necesitando comida, y, en general, se tendrán que seguir satisfaciendo las necesidades básicas de la gente, que son el requisito previo para que todos tengamos derecho a ser felices. Por eso, para lograr nuestros objetivos de reducción de emisiones de CO2 harán falta una gran cantidad de inversiones que preparen la economía para funcionar de una manera baja en carbono, y el propósito de esta parte del informe es especificar algunas de las inversiones imprescindibles para lograr estos objetivos.

2. Energías Renovables La descarbonización del sector eléctrico, responsable de un 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2019, es, probablemente, la estrategia para bajar las emisiones de CO2 a la que se ha prestado más atención en todo el mundo. Eso, acompañado del hecho de que las energías renovables se hayan convertido en los últimos años en tecnologías maduras, capaces de competir en igualdad de condiciones con los combustibles fósiles, hace que la promoción de la instalación de energías renovables sea un área que el gobierno ya ha tenido en cuenta a la hora de planificar el futuro. De esta manera, planes a futuro como el PNIEC, y leyes como el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya incluyen muchas medidas que harán que la inversión e instalación de energías renovables en nuestro país suba considerablemente. Por esta razón, esta sección del informe se limita a exponer las medidas más importantes que incluyen esos documentos y a recoger el impacto económico que su implementación tendría para la economía española. De esta manera, las propuestas recogidas en esta sección se pueden resumir en la necesidad de que el gobierno apruebe cuanto antes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ponga en marcha sus disposiciones como la puesta en marcha de subastas para la instalación de energías renovables.

2.1 Medida 1: Subastas para promocionar la instalación de energías renovables

Actualmente, el precio de la electricidad se fija en un mercado marginal. Este tipo de mercados están diseñados para minimizar el coste de proveer un determinado bien en un mercado competitivo en el que los costes variables suponen la mayoría de los costes de producción. Sin embargo, el diseño de este tipo de mercados hace que la recuperación de los costes fijos por parte de los inversores no esté garantizada, y esta característica se vuelve especialmente problemática en el caso de las renovables. Las renovables tienen unos costes variables prácticamente nulos, que hacen que el precio del mercado mayorista baje conforme se incrementa el porcentaje de renovables en el mix eléctrico. Esto, a su vez, hace más difícil que




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puedan cubrir sus costes fijos, una perspectiva que puede hacer que se reduzca el apetito inversor por las renovables. Por esta razón, para impulsar la instalación de energías renovables es necesario establecer mecanismos que garanticen a las energías renovables la percepción de un precio fijo a largo plazo por la energía generada, puesto que esto permite a los inversores tener certidumbre de que podrán recuperar su inversión y conseguir beneficios. Esto se puede hacer de manera pública a través de primas o de subastas y de manera privada a través de PPA’s, esto es, contratos entre actores privados en los que el comprador de energía le garantiza al vendedor un precio fijo durante un periodo de tiempo. De entre las opciones públicas, las subastas están cogiendo tracción en muchos países. De esta forma, mientras que en 2006 había 6 países que habían adoptado las subastas para la promoción de las energías renovables (IRENA 2013), hasta 2018 el número de países que habían realizado alguna subasta se había incrementado a 100, de los cuales 48 realizaron una en 2018 (REN21 2019). Este tipo de instrumentos tienen la ventaja de que otorgan a los gobiernos certidumbre sobre la cantidad de MWp de energías renovables que se instalarán y el precio que tendrán la energía que produzcan, y, si están bien diseñadas, permiten destapar los precios reales de la energía que se va a producir (IRENA and CEM 2015), minimizando así el coste para los consumidores. Un ejemplo de este tipo de subastas lo podemos encontrar en Portugal, que el año pasado realizó una subasta de energía solar fotovoltaica en la que el precio medio ponderado que cobrarán las instalaciones que cobren el precio fijo será de 23,01 euros por MWh durante 15 años (IEA 2019). Por comparar, durante el año 2019 el precio medio del pool en Portugal fue de 47,87 euros por MWh (OMIE 2020). Este instrumento es el que se utilizará en España, con un diseño comparable al de otros países, desde el momento en el que se apruebe la Ley de Cambio Climático, que, en el Anteproyecto que se sometió a consulta en marzo de 2019 recogía la puesta en marcha de las subastas, su funcionamiento y los argumentos para ponerlas en marcha de manera muy explicativa, como se puede ver a continuación:

1. “Anualmente se convocarán procedimientos de otorgamiento de derechos económicos para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW de instalaciones renovables cada año. Dicho objetivo de capacidad instalada podrá ser revisado reglamentariamente en función de la evolución de la descarbonización del sistema energético español.

2. Al objeto de favorecer la previsibilidad y estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que se construyan, se desarrollará reglamentariamente nuevos marcos retributivos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada.

3. Los referidos marcos retributivos se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía.”

2.2 Medida 2: Cláusula de adhesión para cooperativas ciudadanas para la última subasta

Una de las ventajas de las energías renovables frente a las plantas eléctricas tradicionales es que pueden permitir una mayor democratización de la propiedad de las plantas de producción eléctrica. Sin embargo, para participar en las subastas generalmente es necesario presentar proyectos muy avanzados y garantías financieras para que las administraciones puedan asegurarse de que las adjudicatarias de las plantas renovables las construirán, y generalmente todos estos requisitos suponen costes demasiado elevados como para que pequeñas




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cooperativas ciudadanas puedan hacerles frente. De esta forma, para garantizar que las cooperativas ciudadanas y otros pequeños actores puedan participar en la expansión de las energías renovables, es necesario implementar medidas como la recogida en la propuesta 1.1 del PNIEC. Ahí se propone que se establezca un mecanismo de adhesión por el que los proyectos ciudadanos participativos puedan acceder a un contrato de venta de su electricidad a un precio fijo ligado al resultado de las subastas. De esta manera, las cooperativas ciudadanas podrían disfrutar de la seguridad y la planificación que suponen poder vender su electricidad a un precio fijo durante la vida útil de sus instalaciones sin tener que hacer frente a los elevados costes que suponen las subastas. Además, en esa medida se propone la posibilidad de que aquellas cooperativas que accedan a estos contratos de adhesión puedan contar con algún tipo de garantías financieras que reduzcan sus costes de financiación, con el objetivo de incentivar aún más la instalación de energías renovables por parte de estos actores.

2.3 Medida 3: Promoción del autoconsumo

La energía eléctrica supone un coste importante y muy variable tanto para las familias como para las empresas, y el autoconsumo es, en muchos casos, la manera más efectiva de abordar estos problemas. El autoconsumo permite a las empresas y a las familias reducir el coste de su factura eléctrica y hacerla previsible. De esta manera, el autoconsumo puede ayudar a incrementar la competitividad de las empresas españolas, a reducir la pobreza energética y a democratizar la generación de energía. Además, todos estos beneficios hacen que las empresas y las familias que pueden beneficiarse del autoconsumo se conviertan en una fuente de financiación e inversión en energías renovables, que incremente el ritmo de instalación y reduzca las emisiones de nuestro sistema eléctrico. Por todas estas razones, la promoción del autoconsumo es una piedra angular de las estrategias de transformación del sistema eléctrico de nuestro país, y por ello el PNIEC incluye en la propuesta 1.4 diversos mecanismos con los que se puede desarrollar esta estrategia. Por ejemplo, el PNIEC apuesta por facilitar financiación blanda para incentivar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo, cuyos retornos servirán para devolver después los créditos. Esta financiación se podría vehicular, por ejemplo, a través del ICO, al cual habría que reforzar para que fuese capaz de atender las demandas de esta y otras medidas que se especificarán después. Igualmente, el PNIEC apuesta por reducir los trámites administrativos que hay que cumplir para poner en marcha instalaciones de autoconsumo, como por ejemplo haciendo que en los edificios sin protección patrimonial solamente sea necesario notificar previamente su puesta en marcha. De la misma forma el PNIEC también apuesta por la formación a los colectivos que más se puedan aprovechar del autoconsumo o la facilitación de la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo por parte de terceros, que vendan la electricidad a los autoconsumidores a precios favorables. Gracias a todas estas medidas el PNIEC espera incrementar la velocidad de instalación de plantas de autoconsumo, que ya llegó en 2019 a ser de 459 MWp, pero que todavía tiene mucho margen para incrementarse, tal y como señala el informe del Observatorio de la Sostenibilidad sobre el potencial de los tejados solares y el autoconsumo en España. Este informe indicaba, por ejemplo, que 1 millón de tejados solares implicarían unas 17.603 hectáreas y supondrían una potencia instalable de 10,4GW, lo que da una idea del enorme margen que hay para incrementar las cifras de instalación de 2019.

2.4 Medida 4: Inversión en la red eléctrica

El PNIEC prevé que la implantación de las medidas recogidas en él hará que se instalen unos 39 GW de potencia de energías renovables, lo que sumados a los 20 GW de potencia que se




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instalarían en el escenario Tendencial significa que hasta 2030 se añadirían 59 GW de capacidad renovable al sistema. Este sustancial incremento de potencia renovable, unido al hecho de que tecnologías como la solar o la eólica son enormemente variables, significará que habrá que habrá que realizar importantes inversiones en las redes eléctricas de transmisión y distribución para acomodar el incremento de la producción y minimizar los vertidos de electricidad limpia y el uso de las centrales térmicas. De esta forma, el PNIEC calcula que la inversión adicional hasta 2030 con respecto al escenario tendencial será de 3225 millones de euros en redes de transmisión y de 7047 millones de euros en redes de distribución. De ellos, el PNIEC calcula que un 15% de toda la inversión en redes eléctricas, incluida la que se hiciese en puntos de recarga para vehículos eléctricos, sería pública, y un 85% sería privada.

2.5 Inversión

El PNIEC calcula que la instalación de los 39 GW de potencia renovable adicionales se requerirá una inversión privada adicional de 72360 millones de euros. En este dato de inversión están incluidas las repotenciaciones de muchas instalaciones renovables que serán necesarias a lo largo de la década. De esos 39 GW, el PNIEC calcula que hasta 2025 estarán instalados aproximadamente 18,767 GW de ellos. De esta manera, según las previsiones del PNIEC en 2021 la implantación de sus medidas conllevaría la instalación de 3723 MW de potencia adicionales, que conllevarían una inversión privada aproximada de 6908 millones de euros. Por otro lado, el PNIEC considera que la inversión en redes necesaria es proporcional a los MW de potencia extra instalada. A partir de este dato, la inversión necesaria adicional sería de unos 308 millones de euros en redes de transmisión y de unos 759 en redes de distribución, lo que da un total de unos 1067 millones de inversión extra a realizar el año que viene. De ellos, tomando los datos del PNIEC sobre la división en inversiones públicas y privadas en redes, podemos estimar que, aproximadamente, el año que viene se requerirán 106 millones de euros de inversiones públicas y 907 millones de inversiones privadas.




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3. Transporte El sector del transporte no sólo es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, siendo responsable en 2018 de un 27% de las emisiones de CO2 de España, sino que además es un sector en el que las emisiones han estado aumentando desde que se inició el ciclo expansivo en 2014. Por esta razón, debe ser un sector prioritario para las inversiones de un Green New Deal. A la hora de determinar qué inversiones hay que realizar hay que tener en cuenta que los usuarios del transporte usan el modo de transporte para sus desplazamientos que tiene un menor coste generalizado. Este parámetro incluye no sólo el coste económico, sino también el tiempo necesario para realizar el desplazamiento y la comodidad del mismo en los distintos modos de transporte. De esta manera, si en una ciudad es fácil ir en coche al trabajo o a comprar, y por el contrario ir en transporte público, bicicleta o andando es complicado, lento o incómodo, los habitantes de esa ciudad realizarán sus desplazamientos en coche, mientras que si sucede lo contrario se decidirán por alguno de los modos sostenibles de transporte. Un ejemplo de que esto es así se puede ver en Pontevedra. En esta ciudad, Miguel Antxo Fernández Lores, su alcalde, puso en marcha nada más llegar al gobierno en 1999 una estrategia de peatonalizaciones que tenía el objetivo de hacer que en su ciudad fuese cómodo moverse andando o en bici e incómodo moverse en coche. Como resultado, actualmente más del 70% del espacio público es peatonal, más del 70% de los desplazamientos se realizan andando o en bicicleta y las emisiones de CO2 han bajado un 67%. Por esta razón, las inversiones que se realicen tienen que tener como objetivo hacer que moverse en los modos sostenibles de transporte sea una alternativa al coche en la ciudad y al coche y al avión en los trayectos de media y larga distancia.

Aparte, las inversiones en infraestructuras y en modos de transporte sostenible no solamente serán positivas para reducir los impactos ambientales del transporte, sino que también pueden ser muy útiles para estimular la economía y crear empleo. A este respecto no hay que olvidar que, en el New Deal original, la ocupación principal de la WPA fue construir infraestructuras como nuevas calles y carreteras, llegando a construir más de un millón de nuevos kilómetros en Estados Unidos en sus poco más de 8 años de vida. Asimismo, hay que tener en cuenta que más del 80% del dinero gastado en combustible sale de la economía local, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Eso significa que menos de 20 céntimos de cada euro gastado en combustible sirven para crear empleo local, y que, al evitar ese gasto gracias a la promoción de los modos de transporte sostenible, se permite que la gente se gaste ese dinero en bares, teatros u otras actividades locales que generan mucho más empleo local por cada euro gastado. De esta forma, las inversiones en transporte sostenible que se proponen a continuación no son sólo una manera de estimular la economía en el presente sino que también estimularán la economía en el futuro.

3.1 Medida 5: Fondo de cofinanciación estatal para inversiones municipales relacionadas con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible PMUS.

La implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que conlleven la implantación de medidas como las zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, mejora de las infraestructuras ciclistas o mejora del transporte público es la medida principal recogida en el PNIEC, en la medida 2.1, para reducir el tráfico de pasajeros en vehículos privados en los entornos urbanos en un 35% hasta 2030. Ahí se calcula que la puesta en marcha de todas estas actuaciones tendrá un coste de 10.753 millones de euros en las ciudades grandes y de 3753 millones de euros en las ciudades pequeñas en un periodo de 10 años. De estos 14.505 millones, 3.140 serían los necesarios para poner en marcha zonas de bajas emisiones en todas las ciudades




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de más de 50.000 habitantes, una medida que todos esos ayuntamientos deberán implementar hasta el año 2023 de acuerdo al anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Esto, sumado al hecho de que muchas ciudades de nuestro país como Barcelona o Valencia ya disponen de PMUS, y, lo que es más importante, de voluntad política para implementarlos, permite que una buena parte de esas inversiones se puedan realizar en el corto plazo, especialmente si hay dinero suficiente para ello. Por esta razón, el Estado debería poner en marcha en cuanto fuese posible un fondo para cofinanciar medidas relacionadas con los PMUS, que permitiese movilizar 4.000 millones de inversión pública y que permitiese llevar a cabo cuanto antes muchas de estas necesarias inversiones, además de estimular la economía. Este fondo estatal tendría que poner al menos el 50% de la financiación necesaria para las obras que quisiesen realizar los ayuntamientos, de tal manera que ninguna actuación dirigida a promocionar la movilidad sostenible se quedase sin ejecutar por falta de dinero. A la vez, el hecho de que los ayuntamientos también tuviesen que sufragar una parte importante de las intervenciones incentivaría que propongan la realización de obras que realmente sean útiles para sus ciudades y eviten proponer obras inútiles.

3.2 Medida 6: Inversión en infraestructuras ferroviarias.

Desde el comienzo de los recortes en 2010 la obra pública prácticamente se paró y lo poco que se invirtió en ferrocarriles fue dedicado en su mayoría a Alta Velocidad. De esta manera, entre 2008 y 2018 se ejecutaron obras de AVE por valor de 31414 millones de euros, mientras que en ese mismo periodo sólo se dedicaron 6388 millones a la red convencional. Esta tendencia se volvió aún más acusada durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, de tal forma que en sus últimos 4 años de gobierno el AVE se llevó el 92,5% de las inversiones en ferrocarriles. Sin embargo, tal y como se señala en el informe Tren 2020, la alta velocidad debería ceder protagonismo a las inversiones sobre la red convencional orientadas a las necesidades de movilidad metropolitana, cotidiana y de mercancías. En este informe se señalaba, por ejemplo, que las inversiones totales en infraestructuras para el ferrocarril en el periodo 2013-2020 debían ser de 42814 millones de euros, y un 54% de ellos debían ir dedicados a actuaciones en la red convencional como la electrificación, la duplicación de vías o la construcción o rectificación de trazados a 160 km/h o 220 km/h. El 46% restante iría dedicado, de acuerdo a ese plan, a inversiones en AVE, mayoritariamente a infraestructuras que ya estaban en construcción en ese momento. Las inversiones propuestas en ese plan, que se escribió en el punto álgido de la crisis, eran muy inferiores a las previstas en los planes nacionales oficiales como el PITVI, pero pese a eso las inversiones ejecutadas en obra nueva de ferrocarriles no han llegado en ningún momento a los 2520 millones de euros anuales que se proponían en ese informe. Por esta razón, en la actualidad hay muchas infraestructuras ferroviarias necesarias para que este modo de transporte se convierta en una alternativa para el transporte de pasajeros y mercancías que están sin terminar. Los ejemplos más claros de esto serían infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, al que a finales de mayo de 2018 le quedaban casi 9000 millones de euros en obras por ejecutar y 5000 millones de euros por licitar, o la Y Vasca. De la misma manera, hay muchas infraestructuras que en el informe Tren 2020 se consideraban prioritarias y necesarias para dar buenos servicios de Cercanías a las distintas zonas de nuestro país, como por ejemplo la duplicación de la vía y la electrificación entre A Coruña y Betanzos, la electrificación de la vía entre Alcoy y Xátiva u otras muchas, que también están por hacer.

Frente a esta situación, hay que reconocer que en 2019 el Gobierno intentó realizar un considerable esfuerzo inversor para compensar la falta de inversión que arrastraba el ferrocarril convencional en nuestro país, y consignó en los Presupuestos 2244 millones de euros para




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inversiones en esa partida de un total de 5041 millones de euros para inversiones en ferrocarriles. Sin embargo, esos Presupuestos no lograron ser aprobados y la ejecución real en 2019 de inversiones en ferrocarriles acabó siendo de 578 millones en la red convencional y de 1219 millones en AVE. Por esta razón, a la hora de implementar un Green New Deal para España hay que intentar corregir esta falta de inversión crónica en ferrocarriles, especialmente en ferrocarril convencional, que arrastra nuestro país, y para ello proponemos que este plan incluya inversiones en ferrocarriles por valor de 6000 millones de euros en los próximos 12 meses. Esta cifra, apenas superior a la que proponía el Gobierno para 2019, tiene en cuenta tanto las necesidades de inversión del ferrocarril en España como el hecho de que incrementar sustancialmente la inversión de un año para otro tiene ciertas dificultades, como por ejemplo que muchas de las obras que se quieran licitar y financiar necesitarán de un planeamiento plurianual para el que no siempre existe la seguridad de que se disponga de la financiación necesaria. No obstante, aún siendo una cifra elevada sigue estando más de 1.400 millones de euros por debajo de los máximos de licitación pública para ferrocarriles que se alcanzaron en 2008 y 2009 (SEOPAN 2010), y por lo tanto sería perfectamente posible para el gobierno ejecutar esta cantidad de inversiones.

3.3 Medida 7: Incremento del uso de las infraestructuras ferroviarias ya construidas

Para lograr que los modos de transporte sostenible sean una alternativa real al coche y al avión para los desplazamientos de corta, media y larga distancia no sólo es necesario tener unas infraestructuras adecuadas, sino que también hay que usarlas de manera óptima. Por eso, en esta sección plantearemos las principales transformaciones que hay que acometer para usar de manera óptima las infraestructuras ferroviarias ya construidas de nuestro país. Esta exposición estará dividida en las transformaciones que hay que realizar en el ámbito de las Cercanías, en el ámbito de la larga distancia y en la financiación del transporte público metropolitano.

Cercanías

Cuando se piensa en los países en los que el ferrocarril es una alternativa real para los desplazamientos diarios generalmente se piensa en países como Suiza, en el que el 20% de los viajeros-kilómetro se mueven en tren, Alemania u Holanda. Lo que tienen en común todos estos países, y muchos otros, es que sus sistemas ferroviarios funcionan de acuerdo a la teoría del Horario Cadenciado Integrado (HCI). La cadencia horaria consiste, básicamente, en que los trenes pasan todos los días a las mismas horas por las mismas estaciones a una frecuencia regular, que normalmente es un múltiplo de 15 minutos. Por ejemplo, en una estación con una frecuencia de paso horaria eso podría significar que los trenes con un determinado destino pasan siempre a y 23. Esta cadencia horaria se combina con el uso de nodos en los que los trenes con distintos orígenes y destinos se encuentran siempre a las mismas horas, de tal manera que los pasajeros puedan hacer los transbordos rápida y cómodamente y puedan llegar a cualquier destino dentro de la red de manera rápida sin necesidad de que haya un tren directo entre su estación de origen y la de destino. Este tipo de planificación permite generar servicios ferroviarios que permiten servir más destinos con menos recursos y que son fáciles de recordar y utilizar por los usuarios, puesto que sólo se tienen que acordar de la hora a la que pasan los trenes y sus frecuencias. Un ejemplo de una red con HCI sería la siguiente propuesta que se hacía en el informe Tren 2020 para Andalucía:




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Figura 1: Ejemplo de explotación Cadenciada Integrada en la red ferroviaria de Andalucía. Fuente: Tren 2020

En esta figura se puede ver cómo se podría implantar un sistema de horarios cadenciados integrados en Andalucía con las infraestructuras que ya estaban construidas en 2012 en el momento de la redacción del informe. Para entender el funcionamiento de un sistema de este tipo es especialmente interesante el caso de la estación de Antequera-Santa Ana, que sería utilizada en esta propuesta como estación nodal. En esta estación confluirían los trenes regionales procedentes de ciudades como Algeciras, Sevilla o Granada con los trenes de AVE que recorren la línea Málaga-Córdoba-Madrid, de tal manera que al coordinar los horarios de llegada de los trenes regionales con los horarios de los trenes de AVE se conseguiría dar un acceso cómodo y rápido a los trenes de AVE a muchas poblaciones andaluzas que actualmente no lo tienen. Este sistema de HCI se podría implementar de esta forma en las líneas de ferrocarril ya existentes en toda España, tal y como se propone en el informe Tren 2020, y a partir de ahí se podrían implantar las mejoras necesarias en las infraestructuras para hacer que los servicios fuesen aún más atractivos y eficientes.

Este sistema de HCI lo podría empezar a implementar el Estado central para crear las bases de un ferrocarril de calidad en España, pero a medio plazo la planificación de los servicios ferroviarios regionales debería ser transferida a las Comunidades Autónomas, tal y como se ha hizo en Alemania en 1993, puesto que estas instituciones son mucho más cercanas y sensibles a los ciudadanos y conocen mucho mejor las necesidades de sus territorios de lo que lo puede conocer el Estado Central. En Alemania, la reforma de 1993 funcionó, en lo concerniente a la regionalización, de tal manera que los Estados Federales pasaron a ser los responsables de la planificación de los servicios ferroviarios regionales, mientras que la DB, la compañía equivalente a RENFE y ADIF en Alemania, mantenía la propiedad de las infraestructuras ferroviarias. De esta forma, los Estados Federales recibían del Estado Central el dinero necesario para financiar los servicios ferroviarios regionales que estaban en servicio en ese momento, y los Estados Federales podían decidir si querían aumentar esos servicios o no. A la hora de planificar los servicios, primero los Estados Federales plantean los servicios que quieren poner en funcionamiento. Después, la DB, la propietaria de la red, se encarga de decir si la red ferroviaria es capaz de absorber los servicios tal y como están planteados o de decir si la red está saturada y no tiene capacidad para ellos. Por último, los Estados Federales, que carecen de compañías de tren propias, licitan la operación de los nuevos servicios regionales para poder llevarlos a cabo con las condiciones que estipulen en cuanto a precios para los usuarios o




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condiciones laborales al menor coste posible. Esta forma de actuar hace que a veces sean consorcios privados los que operen las líneas, pero la mayor parte de las veces la compañía pública nacional, la DB, es la que opera los servicios. Con esta manera de proceder se consigue, aparte de un sistema planificado de acuerdo a las necesidades de cada territorio, garantizar que, en el caso de que un gobierno central determinado no apueste por el transporte público, el servicio ferroviario podrá seguir siendo de calidad gracias a la prestación del servicio por parte de las Comunidades Autónomas.

Larga Distancia

En la actualidad ADIF se encarga de mantener 17932 km de vías ferroviarias, de las cuales 3402 son de Alta Velocidad. En España ya hay una importante red ferroviaria construida, el problema es que se usa demasiado poco. De esta forma, España ha priorizado históricamente la implantación del AVE a lo largo y ancho del territorio nacional, generando servicios muy rápidos para conectar grandes capitales como Madrid y Barcelona, pero a la vez muy caros, que hacen difícil el acceso de grandes capas de la población al transporte ferroviario. Frente a este problema, a finales del año pasado se empezó a consumar la liberalización del transporte de viajeros de larga distancia en los corredores de Levante, Nordeste y Sur. Adif prevé que este proceso de liberalización, cuyas adjudicatarias fueron RENFE, SNCF y el consorcio italiano en el que está presente Trenitalia, conlleve un incremento del tráfico del 65% en esos tres corredores. Las primeras consecuencias de este proceso no se han hecho esperar porque RENFE ya ha planteado la alternativa del AVLO, que iba a empezar a funcionar entre Madrid y Barcelona en abril de 2020 y se podía empezar a implantar en otros corredores a mediados de 2021. Este tren de Alta Velocidad a bajo coste, que va a ser un 60% más barato de media que el AVE normal, tiene el objetivo de atraer a viajeros que utilizaban la carretera en vez del tren debido al elevado coste de los billetes. Las consecuencias de todo este proceso serán, probablemente, menores precios para los usuarios, una mayor captura por parte del ferrocarril de desplazamientos que de otra manera se harían en coche o en avión y, por tanto, una reducción de las emisiones.

Sin embargo, pese a este comienzo todavía hay áreas del transporte de viajeros de larga distancia en los que el ferrocarril podría ser promovido de manera mucho más agresiva. Por ejemplo, las conexiones internacionales con Francia son muy reducidas, con un total de 5 conexiones diarias de alta velocidad entre Barcelona y Francia, que se incrementan a 6 en verano. De ellas, 2 son a París, 1 a Lyon, 1 a Marsella y 1 a Toulouse. Esta cifra se puede comparar, por ejemplo, con las 24 conexiones diarias en ambos sentidos que hay entre Madrid y Barcelona sin tener en cuenta las nuevas conexiones AVLO ni las que entrarán en funcionamiento a partir de la liberalización. Esto hace que la mayor parte de los turistas franceses que visitan España vengan en modos de transporte insostenibles como el coche o el avión. De esta forma, en 2019 12,757 millones de turistas vinieron a España por carretera por sólo 347018 que vinieron en tren. Estas cifras hay que compararlas con los 11,156 millones de turistas franceses y los 2,44 millones de portugueses que visitaron España el año pasado. Por lo tanto, es urgente incrementar las frecuencias y el atractivo del tren en las líneas que conectan España con Francia, con visos a lograr que, cuando infraestructuras prioritarias como el Corredor Mediterráneo o la Y Vasca estén terminadas, una buena parte de los trayectos entre ambos países se efectúen en tren. Para ello se podrán aplicar las recetas que, a priori, van a provocar un aumento del tráfico en los grandes corredores de larga distancia españoles, esto es, la liberalización de los servicios y la puesta en marcha de servicios de bajo coste.

La otra área del transporte ferroviario de viajeros de larga distancia en el que hace falta una mayor oferta es en el de los trenes nocturnos. Estos trenes pueden ser utilizados para cubrir los trayectos que, o bien sean poco competitivos en cuanto a tiempo de viaje o bien sean distancias




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excesivamente largas como para cubrirse de día, de acuerdo al informe Tren 2020. En la actualidad se están operando 6 rutas con servicios nocturnos, que conectan Lisboa con Irún o Madrid y Galicia con Barcelona o Madrid. En el informe Tren 2020 se proponía a este respecto que los servicios nocturnos se ampliasen a rutas como las que conectan el País vasco o Cataluña con Andalucía o Valencia con el noroeste peninsular, además de las rutas internacionales en dirección a París. Además, se apuntaba que en estos servicios se debía optar por modelos de explotación más económicos que el Tren Hotel, apostando más por las literas y menos por los camarotes. Esta estrategia se podría ampliar a otras rutas que ya disponen de líneas de alta velocidad construidas, como las que conectan España con ciudades alemanas como Frankfurt o Colonia, tal y como se indicaba recientemente en el periódico Die Zeit. Todas estas medidas para facilitar las conexiones por tren entre España y Europa pueden ayudar, además, a que España pueda seguir atrayendo a muchos turistas del norte de Europa que cada vez están más concienciados con el medio ambiente. Esta creciente concienciación es la que ha provocado, por ejemplo, que los pasajeros de avión hayan caído en Suecia un 4% en 2019 mientras que los pasajeros de tren han aumentado un 11% (Reuters 2020). De esta forma, apostar por el tren puede ayudar a que el sector turístico español pueda ofrecer algo que otros destinos de sol y playa como Turquía o Túnez nunca podrán ofrecer a los consumidores del norte de Europa, un turismo sostenible, y eso podrá ayudar a la recuperación de este sector después de la crisis del coronavirus.

Transporte Metropolitano

En la actualidad, la financiación del déficit tarifario del transporte público corre mayoritariamente a cargo de los ayuntamientos, con la excepción de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde las Comunidades Autónomas son las administraciones que más aportan. El Estado central también subvenciona una parte de los costes del transporte público, pero lo hace de una forma anual y arbitraria a través de los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, de acuerdo a los PGE en vigor, correspondientes a 2018, el Estado central dedica 385 millones de euros a la financiación del transporte público metropolitano, de los cuales 51 corresponden al Fondo Común del que se nutren la mayoría de las ciudades españolas y el resto a la financiación destinada a las áreas que disponen de Contratos Programa, esto es, Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias. Este sistema, de acuerdo a ATUC, la asociación de empresas de transporte urbano colectivo, financia aproximadamente un 7% de los costes totales del transporte público, de tal manera que el coste total del transporte público en España se situaría alrededor de los 4925 millones de euros. Estos datos, a su vez, no incluyen la financiación de Cercanías Renfe. Frente a esta situación, la principal propuesta que tienen asociaciones como ATUC es que se apruebe una Ley de Financiación del Transporte Público que haga que las aportaciones del Estado central se vuelvan menos arbitrarias y más previsibles. Por otro lado, también piden que se modifiquen los criterios de reparto del dinero del Fondo Común, de tal manera que el déficit tarifario pierda peso como factor en el reparto de fondos frente a otros factores como la demanda o los criterios medioambientales, de tal manera que se premie la prestación eficiente de los servicios de transporte público. Aparte, consideran que una parte significativa del 30% los ingresos procedentes de la equiparación de los impuestos entre el gasóleo y la gasolina que se dedicarían a la movilidad sostenible deberían ser dedicados a la financiación del transporte público. Esto equivale a pedir que se dedique una financiación extra al transporte público de hasta 630 millones de euros.

3.4 Inversión




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Para acometer las transformaciones que el sector del transporte necesita para volverse sostenible se han propuesto en esta sección tres grandes bloques de inversiones. En primer lugar, se ha propuesto la movilización de 4000 millones de euros por parte de las Administraciones Públicas para la implantación de medidas relacionadas con los PMUS en las ciudades. De esos 4000 millones el Estado Central cofinanciará al menos el 50% y el resto será financiado por los ayuntamientos. En segundo lugar, se ha propuesto que el Estado Central lleve a cabo obras en las infraestructuras ferroviarias de nuestro país por valor de 6000 millones de euros, que deberían servir para empezar a suplir el déficit de inversiones arrastrado en las infraestructuras de ferrocarril convencional y para contribuir a que se terminen de ejecutar obras prioritarias como el Corredor Mediterráneo o la Y Vasca. En tercer lugar, se ha propuesto adoptar un plan de trenes regionales similar al propuesto en el informe Tren 2020, que funcione como un sistema cadenciado integrado. En ese mismo informe se calcula que la puesta en marcha de un servicio de estas características, acompañado de los cambios tarifarios necesarios, puede suponer un incremento del déficit operativo de Renfe de 275 millones de euros, que el Estado Central debería financiar. A continuación, se ha propuesto la adopción de medidas destinadas a incrementar el uso de las infraestructuras ya construidas para los trenes de larga distancia, de tal manera que estos atraigan a más viajeros del coche y el avión en trayectos tanto nacionales como internacionales. Esta medida, dada la prohibición existente de subvencionar los viajes de larga distancia en tren, no requerirá inversiones adicionales. Por último, se han revisado las propuestas efectuadas por ATUC para mejorar y hacer menos arbitraria y más planificable la financiación del transporte público en nuestro país, entre las que se incluyen incrementar la financiación del transporte público con hasta 630 millones de euros. Por lo tanto, la implementación de todas las medidas recogidas en esta sección necesitaría de la inversión de aproximadamente 10900 millones de euros públicos en un periodo de un año.

4. Rehabilitación El sector residencial, comercial e institucional fue responsable de un 9% de las emisiones de CO2, una buena parte de las cuáles tiene que ver con la necesidad de calentar los edificios en invierno. Por esta razón, una parte de las estrategias que se han implementado hasta ahora en distintos países tienen que ver con promover de la rehabilitación de edificios para mejorar el aislamiento térmico y reducir la necesidad de calentarlos en invierno y enfriarlos en verano. Además, estos programas de rehabilitación tienen la ventaja añadida de que crean empleo en el sector de la construcción, un sector que destruyó mucho empleo durante la crisis, lo que junto con su capacidad para arrastrar inversión privada a partir de un gasto público relativamente pequeño ha hecho que sean implementados en diversos países y que sean tenidos muy en cuenta por planes nacionales como el PNIEC. Por estas razones, en esta sección se propondrá un plan para impulsar la inversión en la rehabilitación energética de viviendas, que estará basado tanto en las cifras del PNIEC como en experiencias como la del programa llevado a cabo por el banco público alemán KfW (Banco para la Reconstrucción).

4.1 Medida 8: Inversión en rehabilitación energética de viviendas

El PNIEC describe en su medida 2.6 las características principales que debería tener un plan de rehabilitación de viviendas en España. En primer lugar, en esa medida se apuesta fundamentalmente por desarrollar programas de financiación y de ayudas a fondo perdido para aquellos edificios cuyas comunidades de propietarios quieran rehabilitar energéticamente. Para que esto se pueda llevar a cabo en esa medida se considera necesario cambiar la Ley de Propiedad Horizontal, de tal manera que se dote a las comunidades de propietarios de una




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forma jurídica que les permita acceder a la financiación. En esa medida se calcula que, en un periodo de 10 años, con un gasto público de 5509 millones de euros se podrá movilizar una inversión total de 22431 millones, que permitirá rehabilitar un total de 1,2 millones de viviendas. Esta cantidad de viviendas, que es relativamente pequeña si se compara, por ejemplo, con las 363000 viviendas que se rehabilitaron en Alemania sólo en 2009 a través del programa del KfW, tiene su origen en la necesidad de conseguir el equilibrio presupuestario que se establece como condición previa en el PNIEC. Esto provoca que, en ese escenario, en los primeros años la inversión en rehabilitación sea muy baja y que solo empiece a subir en el momento en el que el incremento de ingresos derivados del PNIEC y del ciclo económico permiten al Estado incrementar su inversión en este programa, lo que hace que en el último año se plantee que se rehabilitarían 300000 viviendas. Por esta razón, en una situación como la actual en la que los planes de estímulo que se implementarán no conocerán ningún tipo de restricción presupuestaria, se puede acelerar mucho la rehabilitación de viviendas con respecto a lo recogido en el PNIEC. De esta forma, a partir de precedentes como el alemán y de las estimaciones del PNIEC, consideramos que sería posible llevar a cabo en un año un programa que utilizase una inversión pública de 3000 millones de euros para movilizar una inversión total de 12215 millones y rehabilitar unas 653000 viviendas. Un programa de estas características podría funcionar de manera similar a cómo funciona el programa alemán del KfW.

En el programa “KfW-Energieffizient Sanieren”, el KfW concede subvenciones y créditos blandos, de los cuáles una parte no debe ser devuelta. La cantidad de subvenciones a las que se pueden aspirar en ambas modalidades dependen de la calificación energética que se pretenda alcanzar a través de las obras de rehabilitación, que está recogida en el parámetro KfW Haus. De esta forma, una casa que se pudiese acoger a las condiciones descritas en los puntos KfW Haus 55 sería una casa que consumiría un 55% de la energía primaria que necesitaría una casa similar construida en el año en el que se pide el préstamo o la subvención. Por otro lado, la categoría KfW Haus Denkmal está referida a aquellas casas de interés cultural en las que la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico haga más complicada la reforma. Además, el paquete de calefacción y ventilación se refiere a actuaciones que intervengan solo sobre esas instalaciones y el de medidas individuales se refiere a actuaciones aisladas en las que, por ejemplo, sólo se sustituyan las ventanas. De esta manera, en las siguientes dos tablas se puede observar el funcionamiento que el programa del KfW ha tenido hasta enero de 2020 para los programas de préstamos y de subvenciones.




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Medida Subvención

Kfw Haus 55 30% de los costes subvencionables, hasta 30000 euros por vivienda



Kfw Haus 100 17,5% de los costes subvencionables, hasta 17500 euros por vivienda


Kfw Haus Denkmal 15% de los costes subvencionables, hasta 15000 euros por vivienda

Paquete de calefacción y ventilación

15% de los costes subvencionables, hasta 7500 euros por vivienda

Medidas individuales 10% de los costes subvencionables, hasta 5000 euros por vivienda

Tabla 2: Funcionamiento del programa KfW Energieefizient Sanieren en la categoría de subvenciones. Fuente: KfW (2018b)

Medida Subvención en % Subvención máxima por vivienda

Kfw Haus 55 27,5% del máximo de 100000 euros de crédito

27500


22500


17500

Kfw Haus 100 15% del máximo de 100000 euros de crédito

15000


12500

Kfw Haus Denkmal 12,5% del máximo de 100000 euros de crédito

12500

Paquete de calefacción y ventilación

12,5% del máximo de 50000 euros de crédito

6250

Medidas individuales 7,5% del máximo de 50000 euros de crédito

3750

Tabla 3: Funcionamiento del programa KfW Energieefizient Sanieren en la categoría de créditos. Fuente: KfW (2018a)

Como se puede ver en las tablas, los porcentajes correspondientes a las subvenciones serían coherentes con un programa como el propuesto por el PNIEC que financiase, de media, menos de un 25% de las inversiones totales, aunque antes de ser implementados en España tanto las categorías como el porcentaje subvencionable deberían adaptarse a las necesidades de las comunidades de propietarios españolas, que serían el colectivo que más podría beneficiarse de un plan de estas características. Un plan como el del KfW, además, tendría varias ventajas. En primer lugar, el hecho de que se pueda acceder a créditos blandos subvencionados, cuyo interés es del 0,75%, permite que todas las comunidades de propietarios que deseen rehabilitar sus edificios puedan permitirse hacerlo, porque evitan la necesidad de disponer de capital previo.




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Además, la alta rentabilidad de las inversiones en rehabilitación energética en cuanto a ahorros en calefacción y climatización, junto con las condiciones de los créditos, garantizan que todas las comunidades de propietarios serán capaces de devolver los créditos utilizando para ello una parte de los ahorros conseguidos. En segundo lugar, las subvenciones hacen aún más atractiva una inversión que, en sí misma, ya es rentable. Para demostrar el efecto que tendría el programa sobre la rentabilidad de las distintas medidas de aislamiento energético que se pueden llevar a cabo en los edificios, se ha analizado la rentabilidad de las medidas en el escenario base en el que no hay subvenciones y en el caso de que los inversores recibiesen una subvención del 30% del coste total de la inversión, como ocurriría en el supuesto más generoso del programa que se propone en esta sección. Para ello, se han utilizado los datos del estudio Construye 2020 (Redondo Rivera 2016a). Este estudio analiza el impacto económico y sobre el consumo energético para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria que tendrían las distintas medidas de rehabilitación energética si se llevasen a cabo sobre un edificio de pisos estándar construido entre 1961 y 1980 en Sevilla, Barcelona, Madrid y Burgos, un periodo de gran auge inmobiliario anterior a la regulación energética de edificación. Aparte de estos datos sobre el consumo energético, también se han utilizado para el cálculo de la rentabilidad los datos de inversión y mantenimiento de las distintas medidas de rehabilitación energética aportados por ese estudio y las previsiones sobre los precios de las distintas fuentes de energía a lo largo de las próximas décadas del Gobierno de España (2018). Para la realización del cálculo se ha utilizado la siguiente ecuación, usada por Redondo Rivera (2016a):

𝑉𝐴𝑁 = ∑𝐴𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼 − 𝑀 (1)

En la que VAN es el valor actual neto de la inversión, 𝐴𝑖 es el ahorro producido por una medida de rehabilitación energética sobre el consumo energético total en calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en el año i, r es la rentabilidad de la inversión, 𝐼 es la inversión que es necesaria para poner en marcha la medida y 𝑀 es el mantenimiento que requiere la medida. Este análisis se ha realizado sobre las siguientes medidas de rehabilitación:

- F1: Relleno de aislamiento en las cámaras de las fachadas. - F2: Aislamiento trasdosado interior en las fachadas. - F3: Sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) de las fachadas de 5 cm. - F4: SATE en las fachadas de 10 cm. - C1: Aislamiento exterior en las cubiertas de 5 cm. - C2: Ailamiento exterior en las cubiertas de 8 cm. - C3: Aislamiento trasdosado interior en las cubiertas. - S1: Aislamiento superficial en el suelo. - H1: Doble ventana. - H2: Carpintería metálica con rotura de puente térmico superior a 12 mm y vidrio doble

en las ventanas. - H3: Carpintería de PVC y vidrio doble en las ventanas.

Cada una de estas medidas, a su vez, permite un ahorro energético diferente, que se puede observar en la siguiente figura.

Figura 1: Ahorro energético medio conseguido por las diferentes medidas de rehabilitación energética. Fuente Redondo Rivera (2016b)




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Este ahorro energético, junto con los costes de cada una de las medidas, es lo que determina la rentabilidad de cada una de ellas, y los efectos concretos que tendría la implantación de un programa de apoyo a la rehabilitación energética como el del KfW se pueden observar en las siguientes figuras.

Figura 2: Rentabilidad de las medidas de rehabilitación energética en Madrid con y sin programa de apoyo a la rehabilitación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Redondo Rivera (2016b)

Figura 3: Rentabilidad de los sistemas de aislamiento térmico en el exterior de las fachadas de 10 cm con y sin programa de apoyo a la rehabilitación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Redondo Rivera (2016b)

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

F1 F2 F3 F4 C1 C2 C3 S1 H1 H2 H3

Re

nta

bili

dad

(%

)

Medidas

Rentabilidad rehabilitación Madrid

Rentabilidad EscenarioBase

Rentabilidad conprograma KfW




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Como se puede ver en ambos gráficos, la implantación de un programa como el que se propone en esta sección conllevaría importantes incrementos en la rentabilidad de todas las medidas de rehabilitación energética estudiadas en las cuatro ciudades estudiadas. Concretamente, ese programa incrementaría la rentabilidad media de las medidas estudiadas en un mínimo de un 2%, que es lo que se incrementaría la rentabilidad media de la medida H2, y en un máximo de un 10,6%, que es lo que se incrementaría la rentabilidad media de la medida F1. Además, un programa como este elevaría la rentabilidad de prácticamente todas las medidas por encima del 5% y por tanto la situaría por encima de las alternativas de inversión seguras de las que disponen muchos hogares, tales como los depósitos bancarios o los bonos del Estado. De esta forma se podría conseguir redirigir una parte de los ahorros que los hogares actualmente no invierten o que invierten en productos financieros que no son necesariamente verdes hacia la rehabilitación energética.

Por último, el hecho de que también se pueda acceder a subvenciones sin necesidad de pedir créditos permite que aquellas comunidades de propietarios que dispongan del capital necesario para hacer las reformas puedan hacerlo con mejores condiciones económicas, a la vez que se evita la tramitación de créditos excesivos. Todas estas características juntas hacen que un programa así tenga una gran capacidad para arrastrar una considerable inversión privada a partir de la inversión pública inicial, tal y como ocurre en el caso alemán y como prevé que ocurra el PNIEC. Esto, a su vez, hace que las arcas públicas recuperen, a través de los impuestos, muy rápidamente las inversiones realizadas en rehabilitación energética, lo que hace que sean aún más atractivas para un plan de estímulo económico como el que estamos planteando en este informe. Por último, la implementación práctica en España de un plan de rehabilitación como este podría correr a cargo de un ICO reforzado, que fuese transformado en un banco público de inversiones como es el KfW.

4.2 Inversión

El plan de rehabilitación descrito en esta sección supondría una inversión pública de 3000 millones de euros, que servirían para arrastrar una inversión privada de aproximadamente 9215 millones, llevando la inversión total hasta 12215 millones de euros.

0

2

4

6

8

10

12

14

Sevilla Barcelona Madrid Burgos

Re

nta

bili

dad

(%

)

Rentabilidad SATE 10 cm

RentabilidadEscenario Base

Rentabilidad conPrograma KfW




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5. Agua La conservación de la calidad del agua es una de las necesidades básicas para lograr un desarrollo sostenible y una calidad de vida aceptable, así fue entendido por el movimiento ecologista, y forma el núcleo de muchas de sus primeras victorias. Por ejemplo, la proclamación de la WQA (Ley de Calidad del Agua, por sus siglas en inglés) en 1972 durante la presidencia de Nixon y la creación de la EPA (Agencia de Protección Medioambiental, por sus siglas en inglés) para controlar la aplicación de esta y otras leyes son hitos muy importantes dentro de la historia de la protección del medio ambiente. La consecución de este objetivo sigue siendo en la actualidad una de las aspiraciones de la sociedad, y, pese a que el ordenamiento jurídico europeo recoge desde hace mucho tiempo la obligatoriedad para los Estados de tratar adecuadamente las aguas residuales y garantizar que los distintos ecosistemas que dependen del agua dispongan de ella en cantidad y calidad suficiente, en España estos objetivos todavía no están cumplidos. Por ejemplo, de acuerdo a la Revisión de la aplicación de la política medioambiental de la Comisión Europea de 2019, en España se colecta el 96,9 % de las aguas residuales, y solamente el 84,1 % de la carga recogida se somete a tratamiento secundario. Este tratamiento es el que permite eliminar del agua los residuos orgánicos. Además, únicamente el 66,8 % de la carga de aguas residuales colectada recibe un tratamiento terciario, que es un tratamiento más riguroso, que sirve para eliminar del agua el exceso de nitrógeno o fósforo. Esta falta de tratamiento secundario ha resultado en la puesta en marcha de cinco procedimientos de infracción contra España, y de ellos uno ya ha resultado en una multa de 12 millones de euros a tanto alzado, más 10,9 millones por semestre como multa coercitiva de demora. Estos procedimientos de infracción afectan a más de 700 aglomeraciones urbanas, entre las que se encuentran poblaciones de más de 15000 habitantes como Pontevedra o Peñiscola. La situación de incumplimiento es tal que el portavoz de Asagua, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, calcula que, de no solucionarse los problemas de depuración de agua en España, la resolución de los procedimientos de infracción nos podría llevar a pagar hasta 100 millones de euros anuales en multas (Barciela 2019). Por tanto, falta inversión en infraestructuras de agua para cumplir nuestros objetivos medioambientales, y esas inversiones tienen que formar parte de un Green New Deal como el que estamos planteando en este informe. De esta forma, el siguiente paso es determinar qué recursos son necesarios para llevar a cabo las inversiones en materia de depuración que se han dejado de realizar en estos años, y eso es lo que se intentará describir en la Medida 5.1.

5.1 Medida 9: Inversión infraestructuras de abastecimiento, depuración y saneamiento de agua

La Comisión Europea calcula que hacen falta 10000 millones de euros en inversiones para hacer frente al déficit de depuración de aguas que arrastra nuestro país. Asimismo, calcula que esas inversiones no estarán terminadas hasta 2027 o 2030. Para hacer frente al déficit de inversión en nuevas infraestructuras, el gobierno redactó en 2018 el Plan DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), que contemplaba un total de inversiones en infraestructuras de 46433 millones de euros entre 2016 y 2033,




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de los cuales 8184 estarían especificamente dedicados a medidas destinadas a hacer que se cumpla la legislación comunitaria. Según este mismo Plan, al finalizar 2017, es decir, al haber transcurrido el 33% del ciclo de planificación 2016-2021, se habían realizado entre un 20 y un 25% de las inversiones correspondientes a todo el periodo. Por lo tanto, si se supone que este porcentaje de inversiones se distribuyó de manera homogénea por las distintas categorías de inversiones y que el ritmo de inversiones se mantuvo igual en 2018 y 2019, a finales de 2019 deberían estar realizadas inversiones básicas dedicadas a cumplir la legislación europea por valor de 2578 millones de euros, de unas inversiones totales de 5730 millones de euros para estas medidas para todo el periodo. Esta suposición es de por sí generosa, ya que, según los datos de SEOPAN (2014), entre 2016 y 2019 se licitaron un total de 1.653 millones de euros para obras en depuradoras. Esto significa que el mínimo de inversiones en infraestructuras de depuración que debería incluir un Green New Deal serían las mínimas necesarias para cumplir con lo que se había planeado para cumplir con la legislación europea, y por lo tanto debería de incluir al menos 3152 millones de euros para inversiones a realizar antes del final de 2021. Pero España no tiene solamente un déficit de infraestructuras de depuración, sino que además invierte demasiado poco en mantener las ya existentes. Por ejemplo, un informe de la UNED y AEAS, indica que España debería invertir entre 2221 y 3858 millones de euros anuales en renovar las infrastructuras de abastecimiento y saneamiento de agua urbana, pero solo invierte 585 millones de euros anuales en esta tarea. Por lo tanto, un Green New Deal para España debería incluir, como mínimo, la cantidad necesaria para mantener las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en buen estado, y por lo tanto debería incluir al menos 2500 millones de euros adicionales para hacer frente a esta necesidad de inversión. Esta cantidad de dinero, dado que el mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento corresponde a los ayuntamientos y las comunidades, debería ser financiado de manera conjunta por el Estado central y las otras dos administraciones.

5.2 Inversión

El plan de inversión en infraestructuras de depuración y saneamiento recogido en esta sección conllevaría una inversión pública de un mínimo de 3152 millones de euros antes del final de 2021. Por otro lado, el gasto en mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento necesitaría de una aportación extra de 2500 millones a lo largo de un año, que serían cofinanciados por el Estado Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.




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6. Agricultura

El sector agrícola es, en su conjunto, responsable de un 12% de las emisiones de GEI, y además es un sector que ya estaba en crisis desde antes de que llegase el coronavirus. El desafío en este sector es hacer frente a una transformación que haga, simultáneamente, que sea un sector rentable para aquellos que trabajan en él y que reduzca su impacto medioambiental o incluso haga que sea positivo. La estrategia para lograrlo es adoptar políticas que aceleren la transformación de la agricultura industrial en agricultura regenerativa. Este conjunto de prácticas y técnicas agrícolas se basan en el hecho de que un ecosistema en equilibrio es capaz de proveer de todos los nutrientes a las plantas y a los animales que viven en ellos. Un ecosistema en equilibrio no necesita aportes eternos de nitrógeno porque las plantas leguminosas se encargan de fijar el que existe en la atmósfera, no necesita aportes de otros nutrientes porque las micorrizas se encargan de circularlos y hacer que estén disponibles para las plantas, no necesita aportes externos de pesticidas porque genera un hogar para los depredadores naturales de las pestes, etc. La agricultura regenerativa intenta imitar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de los ecosistemas naturales y de todas las relaciones simbióticas que se establecen en ellos entre los distintos seres vivos. Para ello hace uso de distintas técnicas, que se pueden resumir en el abandono de la labranza, el acabar con los suelos desnudos, el incrementar la diversidad de especies que se plantan, en incrementar la capacidad del suelo para absorber y retener el agua y en integrar el uso de ganado en los cultivos. Al hacer uso de todas estas técnicas e imitar a los ecosistemas naturales, la agricultura regenerativa consigue acabar con la erosión e incrementar el porcentaje de carbono en el suelo, un parámetro fundamental para incrementar la infiltración de agua. A su vez, consigue dos objetivos especialmente relevantes para cualquier plan que pretenda sacar al sector agrícola de la crisis en la que está. Por un lado, al crear ecosistemas capaces de proveerse a sí mismos de todo o casi todo lo que necesitan, reduce radicalmente o incluso elimina la necesidad de insumos externos, reduciendo los costes de producción. Por otro lado, al crear ecosistemas sanos genera alimentos ricos en nutrientes y de alta calidad, que naturalmente son más caros. Esta combinación de menores costes y mayores ingresos hace que sea mucho más rentable que la agricultura industrial, tal y como indican, por ejemplo, estudios como los los del FiBL (Instituto de Investigación en Agricultura Orgánica) en Suiza (Niggli et al. 2017) o los artículos científicos recogidos en Auerbach (2019) con respecto a la agricultura orgánica, que aunque no tenga por qué ser completamente regenerativa se le acerca.

Esta transformación en el ámbito de la agricultura también debe trasladarse al ámbito de la ganadería, donde la diferencia entre un sistema de manejo intensivo y un sistema de manejo extensivo respetuoso con el medio ambiente es la diferencia entre emitir 6,5 kg de CO2eq por kg de carne de ternera producido y capturar 9,5 kg de CO2eq por kg de carne de ternera producido (Stanley et al. 2018). De la misma forma, esta es también la diferencia entre degradar los suelos dónde se cultivan los piensos que después se comen los animales de la ganadería intensiva y dejar que se degraden los suelos de las praderas y otros ecosistemas que producen vegetación pascícola cuando ésta no es consumida por los animales y se acumula como material combustible; y recuperar la fertilidad de nuestros suelos y evitar la desertificación de todas esas hectáreas que se manejarían adecuadamente. Por estas razones, es urgente acelerar la adopción de los principios y técnicas de la agricultura regenerativa también en la ganadería. Entre estas técnicas se encuentra el Pastoreo Racional Voisin, en el que el ganado se va moviendo de manera continua entre una serie de parcelas, en las que, en el momento de ser pastoreadas, las plantas han conseguido acumular las reservas necesarias para rebrotar con fuerza después de ser comidas y en las que la cantidad de materia orgánica por unidad de suelo se sitúa en el máximo.




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Otra técnica de la agricultura regenerativa digna de mención es el manejo holístico del ganado, que aspira a imitar el comportamiento de los grandes rebaños que antiguamente poblaban las grandes praderas del planeta para restaurar ecosistemas degradados y hacer que vuelvan a ser fértiles. Mediante el uso de estas técnicas se consigue, además, aumentar la capacidad de carga del suelo, haciendo que la producción de productos de origen animal de alta calidad por hectárea suba, y con ella, la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

Estas transformaciones no solo requerirán un cambio en las técnicas agrícolas y ganaderas, sino que requerirá de un enfoque distinto hacia la agricultura y la ganadería. De esta forma, habrá que pasar de una manera industrial de ver las actividades agrícolas, en la que muchas veces la atención se pone sobre cosas como disponer de una maquinaria lo más precisa posible, que permita poner los fertilizantes y otros productos químicos de manera precisa y en la cantidad indicada para maximizar la parte de la dosis utilizada por los cultivos, a una visión más propia de ecólogos, que tratan de entender cómo funcionan sus ecosistemas y que utilizan su vasto conocimiento sobre ellos para encontrar soluciones a sus problemas similares a las que pondría en práctica la naturaleza. Este cambio de enfoque requerirá, a su vez, de programas de formación que entrenen a las personas que llevan a cabo o quieran llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas para trabajar con este enfoque. Aparte, también será necesario cambiar el sistema de incentivos que se da actualmente en la agricultura y la ganadería, para que los incentivos monetarios ayuden a mucha gente a dar un paso adelante y transformar su forma de producir alimentos a una que, una vez realizado el primer esfuerzo, será más rentable. Eso significará que habrá que aprovechar la flexibilidad que la PAC del próximo periodo dará a los Estados miembros para remodelar el sistema de incentivos y hacer que dejen de ser, en muchos casos, perversos, para pasar a ser beneficiosos. Esto último será en lo que se centrarán las medidas propuestas en esta sección, ya que la nueva PAC entrará en vigor en 2021, mientras que no se abordará la ejecución concreta del plan de formación al ser esta una medida que va más allá del corto plazo en el que se mueve un plan de estímulo como el que estamos discutiendo en este documento.

6.1 Medida 10: Reformulación de la PAC y mantenimiento de sus fondos totales en España

La nueva PAC, que se tiene que terminar de negociar antes del final de este año, probablemente incluirá varias novedades. La primera de ella es que el presupuesto total bajará si se mide en euros constantes, porque debido al Brexit se ha perdido un contribuidor neto al presupuesto de la UE y los países se han negado a contribuir más al presupuesto. Está por ver en qué medida se verán afectados los fondos que recibe España por los recortes que se van a efectuar en los dos pilares, pero dada la situación del campo en España y la necesidad de recursos para transformar el sistema agrícola actual es necesario que el gobierno garantice que el presupuesto total dedicado a políticas agrícolas y de desarrollo rural como las incluidas en la PAC en España no se vea afectado. Teniendo en cuenta que el primer pilar de la PAC, el de las ayudas directas, no admite cofinanciación, y que la cofinanciación en los programas del segundo pilar está regulada, esto significará compensar los recortes que se van a producir en la PAC con una mayor inversión propia en programas de desarrollo rural y en medidas que promuevan prácticas sostenibles. De esta forma, se conseguirá que las zonas rurales no tengan que hacer frente a recortes en un muy mal momento para hacerlos, a la vez que se podrá hacer que el conjunto de políticas agrarias y de desarrollo rural promueva más la sostenibilidad de lo que lo hacen actualmente, ya que los programas recogidos en el segundo pilar ponen más énfasis en la sostenibilidad que los del primero




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Por otro lado, otra de las transformaciones que sufrirá la PAC en el siguiente periodo será la introducción de los eco-esquemas. Los Estados tendrán que diseñar al menos uno de estos instrumentos con cargo a los presupuestos del primer pilar, y serán voluntarios para los agricultores. Estos instrumentos tendrán el objetivo de hacer el primer pilar de la PAC más verde, y los pagos que se incluyan en los mismos podrán ser concebidos como incentivos y no como simples compensaciones de los ingresos perdidos por haber tomado una cierta medida. Esto significa, en la práctica, que los Estados serán relativamente libres a la hora de fijar la remuneración de las prácticas que quieran incentivar a través de los eco-esquemas. Estos instrumentos constituyen una oportunidad para hacer que la PAC se convierta en un instrumento útil a la hora de mover a nuestro sistema agroalimentario en la dirección de la agricultura regenerativa. Sin ir más lejos, uno de los eco-esquemas que se utilizan en varios de los documentos de la UE para ejemplificar en qué consistirían estos instrumentos está directamente relacionado con uno de los puntos que se mencionaban en la exposición de la agricultura regenerativa, el correspondiente a los cultivos de cobertura utilizados para cubrir el suelo en las épocas del año en el que éste no se utilice para otros cultivos comerciales. Este programa, que la UE cita como un ejemplo de un programa que se podría implementar para mejorar la calidad del agua, se podría basar en el funcionamiento de un programa similar existente en el Estado de Maryland, en EEUU.

Allí, a principios de los años 90 había una gran preocupación por el exceso de nitratos procedentes de las actividades agrícolas que estaban contaminando el agua de la Bahía de Chesapeake y deteriorando la calidad de sus aguas, de manera similar a cómo los nitratos procedentes de los fertilizantes están ahora mismo causando graves daños ecológicos en el Mar Menor. Por esta razón, se puso en marcha un programa que pretendía incentivar la plantación por parte de los agricultores de cultivos de cobertura invernales que evitasen, al menos en parte, que esos nitratos sobrantes procedentes de los fertilizantes acabasen filtrándose a las aguas subterráneas y de ahí que se vertiesen a la Bahía de Cheasapeake. En este programa los agricultores reciben un pago a cambio de plantar uno o más cultivos de cobertura invernales en sus granjas, y ese pago depende tanto de la forma en la que se siembran los cultivos de cobertura como del momento en el que se siembran y en el que se acaba con estos cultivos. En la siguiente tabla se puede ver de manera más detallada la estructura de pagos por hectárea del programa.

Tabla 4: Opciones de pago y de siembra de cultivos de cobertura para la temporada 2019-2020

Opciones de pago tradicionales para cultivos de cobertura

Sin labranza ($/ha)

Convencional ($/ha)

Difusión con labranza ligera, mínima o vertical ($/ha)

Difusión aérea ($/ha)

Difusión tallos cortados, difusión cultipacker ($/ha)

Pago básico 111 111 111 124 111

Sembrado antes del 1.10, añadir

49 25 25 0 0

Sembrado antes del 15.10, añadir

25 12 12 0 0

Sembrado aéreo en campos de maíz entre 15.08 y 01.09, añadir

0 0 0 25 0

Acabar con el cultivo de cobertura después del 01.05, añadir

37 37 37 37 37

Plantar centeno, sin mezclas, añadir

25 25 25 25 25




37

Pago máximo 222 198 198 210 173

del programa de cultivos de cobertura de Maryland. Fuente: Maryland Agricultural Water Quality Cost-Share (2019)

Este programa hizo que en el otoño de 2017 se plantaran cultivos de cobertura invernales en 160203 hectáreas de cultivos sobre un total de 565240 hectáreas que se cultivan en Maryland, y todo ello con un coste de 18,8 millones de dólares. De esta forma, el programa tuvo un coste para las arcas públicas de unos 118 dólares por hectárea. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la OCDE, la Paridad de Poder Adquisitivo en 2019 entre el dólar y el euro en España fue de 0,633 euros por dólar, es decir, que 0,633 euros permiten comprar lo mismo en España que 1 dólar en EEUU, un programa equivalente que se implementase en España tendría un coste aproximado de unos 74 euros por hectárea. Eso significa que, si los 15,61 millones de hectáreas que, de acuerdo al INE, había en cultivo en España en 2018 pasasen a través de este eco-esquema a utilizar cultivos de cobertura el programa tendría un coste de 1161 millones de euros, es decir, menos de la mitad de los 2670 millones dedicados en 2018 al pago básico de la PAC. De igual forma, si en España se apuntasen al programa el mismo porcentaje de agricultores de los que se apuntaron en Maryland en 2017, el eco-esquema costaría 329 millones de euros y serviría para que 4,42 millones de hectáreas plantasen cultivos de cobertura. Estos reducidos costes implican que, incluso en el caso de que todos los cultivos de nuestro país se apuntasen al eco-esquema, este se podría financiar simplemente transfiriendo fondos del dinero destinado actualmente a los pagos básicos, que apenas tiene condicionalidad verde. La aplicación práctica de un eco-esquema de estas características en España tendrá que tener en cuenta, además, las características de cultivos como el olivo, que son permanentes, lo que hará que las disposiciones adicionales del programa y las condiciones sean diferentes del de Maryland, más enfocado a los cultivos de maíz. Asimismo, este eco-esquema se podrá utilizar como base para introducir otras técnicas de agricultura regenerativa, ya que en él se pueden incluir provisiones que incentiven el usar una labranza mínima o incluso el no uso de labranza, que incentiven el dejar de usar productos químicos como fertilizantes o pesticidas o que incentiven el uso del ganado para acabar con los cultivos de cobertura.

6.2 Inversión

Las medidas descritas en esta sección suponen mantener el presupuesto total dedicado a políticas agrícolas, por lo que este apartado no supone inversiones adicionales.

7. FISCALIDAD VERDE: Impuesto al CO2 y Renta Climática Hasta ahora las distintas secciones han ido tratando las medidas que hay que llevar a cabo en los distintos sectores para descarbonizar la economía y salir de la crisis. En esta sección, sin embargo, trataremos una medida transversal a los distintos sectores, el impuesto al CO2. Esta medida, o medidas equivalentes cuyo objetivo es fijar un precio para el CO2, es defendida por economistas y partidos de distintos signos políticos como una de las medidas más eficientes y eficaces para reducir las emisiones. De esta manera, en un país como Alemania, por ejemplo, todo el espectro político que va desde los liberales del FDP hasta la izquierda de Die Linke apoya la puesta en marcha de un precio para el CO2, si bien los distintos partidos difieren en la forma concreta de aplicarlo. Esta capacidad para generar consensos se debe a que este impuesto es una medida eficiente y eficaz, que consigue reducir las emisiones de CO2 al menor coste social




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posible. Esto es así porque, al fijar un precio para el CO2, hace que los distintos agentes económicos internalicen en sus costes el daño que producen al emitir CO2, que según la UBA (la Agencia de Medio Ambiente alemana) alcanza los 180 euros por tonelada de CO2, y, con ello, les da un incentivo para que reduzcan esas emisiones.

Sin embargo, el impuesto al CO2 tiene un problema, es un impuesto al consumo, y como tal es regresivo. Esto es así porque las personas con menos renta dedican un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo que aquellas con mayor renta, y por tanto dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar los impuestos al consumo. No obstante, este problema tiene una fácil solución. Si se utilizan todos los ingresos que se obtengan con el impuesto para devolvérselos por igual a todos los habitantes de España a través de una renta climática la medida en su conjunto pasa a ser progresiva. Esto es así porque aunque la gente de menores ingresos dedica un mayor porcentaje de los mismos al consumo que la de mayores ingresos, en valor absoluto la gente de mayor renta consume más que la de menor renta. Esto hace que la gente de menores ingresos reciba más dinero con la renta climática del que dedica a pagar el impuesto al CO2, haciendo que para ellos sea un impuesto negativo. Por otro lado, la gente de mayores ingresos recibe menos dinero con la renta climática de lo que pagan con el impuesto, haciendo que para ellos sea un impuesto positivo. Por eso, en conjunto, la medida pasa a ser progresiva. Ejemplos de cuán progresiva puede ser esta propuesta se pueden encontrar, por un lado en un estudio del Citizen’s Climate Lobby para EEUU, donde señalan que esta medida beneficiaría al 58% de los individuos con menores ingresos, o en el impuesto al CO2 canadiense, dónde se calcula que el 70% de los hogares se benefician. Estos resultados son similares al que se obtiene en España al usar los datos de emisión por hogares en 2007, según los cuales el 60% de los hogares con menor renta se beneficiaría de esta medida. De la misma manera, el reciente estudio de Böhringer et al. (2019), indica que la introducción de impuestos medioambientales al CO2, al SO2 y a los NOX junto con la subida de los impuestos a los combustibles para el transporte hasta que representasen el 1,5% del PIB, permitirían recaudar 7300 millones de euros, que, si se devolviesen a todos los hogares por igual en forma de cheques de 400 euros harían que el 50% de la población más pobre saliese ganando y el 10% más pobre ganase hasta 203 euros al año con el esquema.

Ahora que hemos visto que esta medida sería económicamente eficiente, ecológicamente eficaz y socialmente justa, veamos cómo se podría implantar en España. El ejemplo más reciente de la introducción de un impuesto al CO2 que no cubra sólo el sector eléctrico o el transporte por carretera lo podemos ver en Alemania, donde en septiembre de 2019 se anunció un paquete de medidas para combatir el cambio climático. Allí han puesto un impuesto creciente que abarca el transporte por carretera y el sector residencial, además de subir un impuesto ya existente sobre los tickets de los aviones. No obstante, a la hora de implantar esta medida en España habría que tener en cuenta las especificidades de nuestro país, como su gran dependencia para el transporte de mercancías del transporte por carreteras. En la situación actual, en la que hay una gran falta de alternativas al transporte por carretera, la introducción de un impuesto que gravase este sector no serviría para reducir las emisiones sino que sólo encarecería los gastos de transporte, haciendo que por ejemplo nuestras exportaciones fuesen más caras. De esta forma, mientras se van poniendo en marcha infraestructuras ferroviarias como el Corredor Mediterráneo que den una alternativa viable para la mayoría del transporte de mercancías por carretera, habrá que eximir a los transportistas del pago del impuesto. Esta exención se acabará paulatinamente conforme vayan existiendo alternativas a este tipo de transporte. De esta forma, el impuesto creciente en España podría empezar siendo en 2021 de 30 euros por tonelada de CO2 emitida, lo que supondría una subida en el precio de la gasolina de 7,05 céntimos de euro por litro. Por otro lado, dada la imposibilidad actual de aplicar un impuesto al




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queroseno de los vuelos internacionales, la implantación del impuesto sobre el transporte en avión tendrá que copiar el modelo alemán. La Comisión Europea calcula que si se implantase el impuesto alemán sobre los tickets de avión, que hasta este año era de 7,47 euros por ticket para vuelos cortos, de 23,32 euros para vuelos de media distancia y de 41,99 euros para los vuelos largos, España ingresaría 960 millones de euros anuales adicionales. Este impuesto incrementaría, a su vez, la progresividad de toda la medida, ya que aquellos de mayor renta vuelan más que aquellos de menor renta. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, en el que el 1% de la población que más vuela realiza el 20% de los vuelos, el 10% de la población realiza el 50% de los vuelos y, a la vez, el 48% de la población no vuela ninguna vez al año. Ese dinero, sumado a los 3208 millones de euros que permitiría ingresar el impuesto al CO2 si tomamos los datos de consumo de la gasolina y el diesel aportados por CORES para el año 2018, los datos del consumo residencial y comercial de gas natural aportados por Sedigas para el año 2019 y los datos para butano, propano y otros gases licuados de petróleo aportados por el IDAE para el año 2017, nos da una recaudación total para 2021 de unos 4168 millones de euros. Eso significaría que, al dividir esa suma entre todos los residentes en España, cada habitante de nuestro país recibiría a final de año aproximadamente 90 euros de renta climática.

7.1 Inversión

Esta medida es neutra en cuanto a inversión porque todo el dinero recaudado se vuelve a repartir, su efecto principal es incrementar la efectividad de las medidas en el transporte y en la rehabilitación energética.




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8. Impacto macroeconómico de las medidas A lo largo de este informe se han mencionado muchas de las medidas que tendrían que estar presentes en cualquier Green New Deal en lo referente al sector eléctrico, el residencial, el transporte, el agroalimentario o la fiscalidad. La lista que se ha confeccionado no incluye todas las medidas que habrá que implementar para transformar completamente nuestro país en un país líder en bienestar y en la lucha contra el cambio climático, pero sí incluye muchas de las más urgentes y de las que se pueden poner en marcha en el corto plazo para hacer frente tanto a las consecuencias económicas de la pandemia como al calentamiento global. De todas esas medidas se ha ido exponiendo en las distintas secciones la inversión pública, privada y total que supondrían para la economía, y todas esas cifras se encuentran resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 10: Inversiones privadas, públicas y totales de las distintas medidas.

Medida Inversiones privadas (M €)

Inversiones públicas (M €)

Inversión total (M €)

Promoción Energías Renovables (Medidas 1,2,3)

6908 0 6908

Inversión en redes eléctricas (Medida 4)

907 160 1067


0 4000 4000

Inversiones en infraestructuras ferroviarias (Medida 6)

0 6000 6000


0 900 900


9215 3000 12215


0 5652 5652

Total 17030 19712 36742


Como se puede ver en la Tabla 10, la puesta en marcha de todas las medidas recogidas en este Plan conllevaría una inversión pública de 19.712 millones de euros, que sumada a los 17.030 millones de euros privados que las distintas medidas permitirían movilizar dan un total de 36.742 millones de euros.

Esta cantidad es equivalente a un 2,95% del PIB nominal de España en 2019. Todas estas inversiones tendrán un importante impacto en el empleo, tal y como se puede observar en la tabla 6. Los parámetros de empleos por millón de dólares y por millón de euros invertidos han sido obtenidos de distintas fuentes. Por un lado, los datos correspondientes a los empleos directos e indirectos por millón de dólares invertidos en energías renovables, redes eléctricas, en las obras derivadas de los PMUS, en infraestructuras ferroviarias o en infraestructuras de depuración y abastecimiento de agua han sido obtenidos del estudio redactado por Heintz et al. con respecto a cómo las inversiones en distintas infraestructuras ayudan a la economía estadounidense.

Por otro lado, los datos correspondientes a los empleos directos e indirectos por millón de dólares invertidos en transporte público han sido obtenidos del estudio de Weisbrod and Reno sobre el impacto económico de la inversión en transporte público en Estados Unidos. Por último, los datos correspondientes a los empleos directos e indirectos en el ámbito de las infraestructuras forestales son los que han sido presentados en la anterior sección. Estos




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estudios han sido utilizados, entre otros, por la Comisión Europea a la hora de analizar el impacto en el empleo de la puesta en marcha de los planes relativos a las redes transeuropeas de transporte, como se puede ver en el informe redactado por Schade et al. A partir de ahí, para calcular los empleos directos e indirectos que se generarían en España por millón de euros invertidos en cada una de esas categorías, se ha utilizado la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) entre el dólar y el euro en España que, de acuerdo a la OCDE y tal y como señalábamos anteriormente fue de 0,633 euros por dólar.

Eso significa que con 1 euro en España se pueden adquirir los mismos bienes y servicios que con 1,58 dólares en Estados Unidos, y por lo tanto se puede decir que 1 millón de euros generarán en España un 58% más de empleo que 1 millón de dólares en Estados Unidos.

Aparte, los datos correspondientes al empleo directo e indirecto generado por millón de euros invertidos en rehabilitación energética han sido obtenidos de los datos de Diefenbach et al. (2018) correspondientes al empleo generados por el programa alemán que se propone imitar en ese informe. Los datos dados en ese estudio indican que en Alemania se crearon una media de 12,44 empleos por millón de euros invertidos en rehabilitación energética.

Por lo tanto, al tener en cuenta que España es un país más barato y con menores salarios que Alemania y que con 0,781 euros se pueden adquirir en España los mismos bienes y servicios que con 1 euro en Alemania, tal y como indica la PPA entre ambos países según las estadísticas de la OCDE, eso significa que un millón de euros invertidos en España en rehabilitación energética servirían para generar 15,92 empleos directos e indirectos en España.

Tabla 11: Inversiones totales y empleos generados por las medidas.

Medida Inversión

total (M €)

Empleo por millón de dólares

Empleo por millón de

euros

Empleos totales

Promoción Energías Renovables (Medidas 1,2 y 3)

6.908 10,51 16,61 114.741

Inversión en redes eléctricas (Medida 4)

1.067 9,82 15,51 16.545


4.000 14,79 23,36 93.460

Inversiones en infraestructuras ferroviarias (Medida 6)

6.000 9,93 15,69 94.142


900 14,16 22,36 20.125


12.215 15,92 194.515


5.652 12,80 20,22 114.280

Total 36742

675153

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de Heintz et al. (2009), Weisbrod and Reno (2014) , Diefenbach et al. (2018) y OCDE (2020).

Como se puede observar en la Tabla 11, todas las medidas recogidas en este informe crearían aproximadamente 675.000 empleos, pero los efectos económicos de este plan no se paran ahí. En una situación de recesión extrema como en la que nos vamos a encontrar, el consumo adicional que toda la gente que consiga un empleo servirá para que muchas empresas viables, que de otra manera habrían cerrado por falta de demanda, puedan mantenerse abiertas e




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incluso vuelvan a contratar a muchos de los empleados que han sido despedidos como consecuencia de las medidas de contención del virus.

Por ejemplo, muchas de esas aproximadamente 675.000 personas que encontrarían un empleo gracias a las medidas recogidas en este plan podrán permitirse irse de vacaciones, mientras que antes de conseguir esos empleos ese gasto sería uno de los primeros que habrían recortado.

Eso hará que la demanda en el sector turístico suba, y que muchas empresas de ese sector obtengan los ingresos mínimos necesarios para mantenerse a flote hasta que la situación mejore, salvando con ello muchos empleos y haciendo que el sector pueda abordar su reconversión en una dirección más sostenible que le permita progresar en el largo plazo.

Este efecto es lo que se conoce como el efecto multiplicador de las nuevas inversiones, y se produce siempre que existe capacidad ociosa en la economía, porque en esas circunstancias las nuevas inversiones que puede estar realizando o induciendo el Estado no expulsan a otras inversiones del sector privado que pudieran competir por capacidad productiva con las primeras. A este respecto, el PNIEC, por ejemplo, ya asumía que en la situación anterior al coronavirus las nuevas inversiones contenidas en él no producirían ningún tipo de efecto expulsión sobre otras inversiones, y esta presunción es, si cabe, más válida en la situación de recesión extrema a la que nos vamos a enfrentar.

El tamaño concreto del efecto multiplicador en las distintas situaciones y países, por otro lado, ha sido y es el objeto de numerosos estudios e investigaciones científicas y su determinación requiere siempre de complicados análisis estadísticos, lo que provoca que las estimaciones varíen bastante dependiendo de las muestras y los métodos que se usen.

De esta forma, por ejemplo, en Auerbach and Gorodnichenko (2012) el efecto multiplicador para una muestra de países de la OCDE alcanzaba un valor máximo de 3,5 al cabo de un año y medio y tenía una media de 2,3 a lo largo de 3 años. Esto significa que Auerbach and Gorodnichenko (2012) estiman que un dólar extra de gasto público genera 2,3 dólares de actividad económica de media a lo largo de tres años. Por otro lado, Bachmann and Sims (2012) estiman que el multiplicador del gasto público durante las recesiones en EEUU está en un rango de entre 2 y 3. Otro estudio, el de Shoag (2010), señala que en EEUU el multiplicador en momentos en los que hay capacidad ociosa en la economía está entre 3 y 3,53.

Aparte, Riera-Crichton et al. (2015) estudiaron el comportamiento del multiplicador para una serie de países de la OCDE teniendo en cuenta si el país se encontraba en una fase de recesión o de expansión, pero también si esta fase era extrema o no y si el gobierno estaba respondiendo a ella de manera procíclica o contracíclica, y obtuvieron que, en el caso de una recesión extrema en la que el gobierno actúa de manera contracíclica y sube el gasto, el multiplicador era de 3,14 al cabo de 4 semestres. Por otro lado, Cos and Moral-Benito (2013), estudiaron el comportamiento del multiplicador en España en momentos de crisis y en momentos de expansión, y llegaron a la conclusión de que el multiplicador en España en momentos de crisis es de 1,4.

Como se puede ver a lo largo de esta exposición, todas las investigaciones citadas generan resultados ligeramente diferentes con respecto al tamaño del multiplicador en tiempos de recesión, dependiendo del método y las muestras que usan para calcularlo. Sin embargo, en este estudio utilizaremos el valor del multiplicador obtenido por Cos and Moral-Benito (2013), ya que este estudio calculó el tamaño del multiplicador a partir de datos procedentes de España en tiempos de crisis, y por lo tanto puede ser el que mejor se adapte a la situación española actual. Además, esta estimación es la más conservadora de las que se han expuesto, lo cual nos




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permite asegurar que las cifras de empleo e incremento de PIB que se presenten en esta sección se cumplirían o incluso se excederían si este plan se llevase a cabo. Por tanto, si aplicamos el multiplicador obtenido por este estudio a todas las inversiones que el Estado realizaría o induciría a través de las distintas medidas presentadas en este plan, nos sale que este plan generaría una actividad total de 51.438 millones de euros al cabo de un año, el equivalente a un 4,1% del PIB de 2019. En estas cifras están incluidas los 36.742 millones de euros que movilizaría el plan en inversiones.

Este incremento de la actividad tendría, lógicamente, consecuencias en el empleo. Para calcularlas, hemos usado el dato del Banco de España (2019) que dice que, en las fases de crecimiento, cada punto porcentual adicional de crecimiento del PIB genera un crecimiento del empleo de un 0,99%. Hemos usado el dato correspondiente a las expansiones porque las medidas propuestas en este informe serán aplicadas en momento diferentes, y una buena parte de ellas y de la actividad que induzcan a través del efecto multiplicador tendrán lugar cuando la economía esté recuperándose pero aún haya una gran cantidad de capacidad ociosa en la economía. Por ejemplo, las inversiones correspondientes a las energías renovables que se plantean en este informe se empezarán a producir una vez la Ley de Cambio Climático haya sido aprobada y se haya celebrado la primera subasta de potencia, de tal manera que las inversiones tendrían lugar el año que viene, durante el cual la economía ya se estará recuperando del choque.

No obstante, otras medidas como las correspondientes al transporte o la rehabilitación si podrán empezar a llevarse a cabo de manera prácticamente inmediata. Este crecimiento del empleo del 0,99% significa que, con los datos de 2019, cada punto porcentual extra de crecimiento del PIB permitiría crear o salvar aproximadamente 198.342 empleos. Esto significa que los 14.697 millones de euros de actividad extra que inducirían las medidas gracias al efecto multiplicador, equivalentes a un 1,18% del PIB de 2019, permitirían crear o salvar un máximo de 234.179 empleos. De esta forma, en un plazo de un año este Green New Deal permitiría crear o salvar apróximadamente 910.000 empleos.




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PARTE II: UN GREEN NEW DEAL PARA REFORZAR LOS ECOSISTEMAS. Observatorio Sostenibilidad.

Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el 74% de nuestro país se encuentra en riesgo de desertificación. Eso significa que, para seguir teniendo un país habitable no basta con invertir para que la economía del futuro emita la menor cantidad posible de emisiones de CO2, sino que también será necesario invertir masivamente en recuperar y reforzar los ecosistemas de nuestro país para que sigan siendo los diques frente al desierto que necesitaremos. En la parte anterior ya se han bordado algunas medidas que afectan profundamente a la calidad de los suelos y de los ecosistemas afectados por la agricultura y la ganadería, y en esta parte se diagnosticarán las inversiones necesarias para conservar nuestros bosques y establecer infrastructuras verdes que mantengan sanos los ecosistemas afectados. Asimismo, se hará una radiografía de la situación actual del empleo en los sectores que se verán afectados por estas inversiones y una evaluación de las consecuencias que las políticas propuestas en esta sección tendrán sobre él con el objetivo de demostrar la importancia que pueden tener estas propuestas a la hora de abordar la situación de la España Vaciada.

9. Gestión sostenible del territorio y empleo asociado en el ámbito rural

Según estimaciones de 2012 de la OIT (ILO; Organización Internacional del Trabajo) la adaptación al Cambio Climático y las estrategias de mitigación requieren una inversión en nuevas tecnologías, productos, servicios e infraestructura, que puedan servir de estímulo a la tan necesitada creación de empleo. La OIT estima que podrían crearse hasta 60 millones de puestos de trabajo nuevos en las próximas décadas a nivel mundial. Se han creado ya decenas de millones de empleos verdes en países con distintos niveles de desarrollo. En los Estados Unidos, se crearon 2,7 millones de puestos de trabajo verde en los sectores de bienes y servicios ambientales, principalmente de baja y mediana cualificación. En Brasil, 2,9 millones de personas fueron contratadas en sectores con bajas emisiones de carbono, lo que representa un 6,6 % de todo el mercado de trabajo formal. En China se han creado más de un millón de empleos en programas forestales. En la Unión Europea, 14,6 millones de empleos directos e indirectos protegen la biodiversidad y rehabilitan los recursos nacionales y los bosques1.

La Comisión Europea es la responsable de crear una estrategia destinada a invertir en infraestructuras verdes2, ya que se trata de una de las principales herramientas para abordar las amenazas a la biodiversidad y para integrarla en otras políticas, contribuyendo al cumplimiento de las Directivas europeas (Directiva Marco del Agua, Directiva de Inundaciones, Directivas de Aves y Hábitats fundamentalmente) y a los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2023. Es evidente que el desarrollo práctico de esta iniciativa puede modificar significativamente la planificación de amplios territorios, especialmente espacios

1 Hacia el Desarrollo Sostenible: Oportunidades para el trabajo decente y la inclusión social en una economía verde. OIT (2012). 2 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa {SWD(2013) 155 final} 3 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf




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rurales, algunos de los cuales sufren problemas muy graves de despoblamiento y de aniquilamiento socioeconómico. España es el país de Europa donde el problema de la desintegración rural es más patente. Muchos de estos territorios poseen una alta naturalidad (calidad ecológica) y garantizan los servicios ecosistémicos y el correcto funcionamiento de los ciclos naturales de los cuales depende la socioeconomía de las zonas densamente pobladas; al tiempo, las condiciones de vida de estos lugares, los servicios que las posibilitan y las oportunidades de emprendimiento para la población son muy inferiores a las de las áreas urbanas, lo cual garantiza la consecución de un desierto demográfico. Es un problema grave para el cual ya se han realizado cálculos. Las plataformas de la denominada España Vaciada acaban de poner precio a sus reivindicaciones: 10.000 millones de euros de dinero público al año para luchar contra la despoblación en múltiples frentes, entre ellos el de los incentivos directos para llevar inversiones productivas a las áreas rurales. Y reclaman que ese flujo inversor se mantenga, año tras año, a largo plazo. Si hace falta, durante décadas, hasta que se revierta la situación. Las plataformas explican que se basan en el modelo que pusieron en marcha las autoridades germanas para afrontar los retos de la reunificación de Alemania (impuestos especiales, transversalidad y convergencia de políticas, esfuerzo presupuestario…).

España ha elaborado recientemente su propio documento nacional sobre Infraestructuras verdes: Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológica. El instrumento no define con exactitud la financiación de las intervenciones derivadas de este nuevo enfoque de gestión del territorio. Según apunta el documento, "resulta muy complejo hacer una estimación global de las necesidades de financiación que puede conllevar la implementación de una infraestructura verde". Y, además de no hacer cálculos, pone de manifiesto la necesidad de contar con el sector privado para poder llevar a cabo la estrategia. Si bien el documento, que pretende dar respuesta a los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad a 2020, no cuantifica el coste de implementar esta estrategia, sí que da algunas cifras para hacer estimaciones de lo que puede suponer: el Plan Estratégico del Patrimonio Natural de la Biodiversidad 2011-2017 recogía una estimación presupuestaria de 750 M€ para su desarrollo; y el informe de Valoración de costes de conservación de la Red Natura 2000 en España del MAGRAMA4, calculaba en 2013 un coste anual de 934,7 M€ (68,8 € por hectárea) para las Administraciones Públicas españolas, aunque el informe señalaba que para conseguir alcanzar los objetivos de conservación sería necesario aumentarlo hasta los 1.556,8 M€ (113,5 € por hectárea). Gran parte de la financiación pública tendrá que venir de la Unión Europea, que cuenta con instrumentos financieros que pueden ser utilizados para promover el desarrollo de la infraestructura verde y de la conectividad ecológica. Dos de ellos son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El borrador de la Estrategia es realista (o bien poco ambicioso y decididamente inconcreto) y señala que además de las no siempre abundantes fuentes públicas de financiación habrá que estudiar fórmulas de financiación público-privada y privada5. La exigencia de la España Vaciada de invertir 10.000 M€ anuales de dinero público en el desarrollo sostenible integral de las áreas rurales y despobladas queda muy lejos de las consideraciones de la Estrategia española…

El cambio de enfoque en la planificación territorial europea y española y en la gestión del territorio (enfoque sistémico e integrado) afectará a políticas sectoriales como la forestal estricta, el urbanismo, el turismo, la economía circular, etc. Natura 2000 es una red ecológica

4 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/valoracion_costes_rn_tcm30-197173.pdf

5 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9971319/07/19/El-plan-de-Infraestructura-Verde-deja-en-el-aire-la-financiacion.html




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creada de conformidad con las Directivas de hábitats y de aves. Incluye más de 26.000 lugares distribuidos por todos los Estados miembros y ocupa el 18 % del territorio de la UE (en España supera el 27%) y alrededor del 4 % de las aguas marinas en la jurisdicción de los Estados miembros. Se estableció principalmente para conservar y proteger especies y hábitats clave en toda la UE, pero también ofrece numerosos servicios ecosistémicos a la sociedad.

En el documento COM (2014) 446 final6 de la Comisión Europea se adelanta que: “La creación de puestos de trabajo en el sector de los bienes y servicios medioambientales (a menudo etiquetados como «empleos verdes») ha sido considerable, incluso durante la crisis económica. El empleo en la UE aumentó de 3 a 4,2 millones entre 2002 y 2011, incluido un 20 % durante los años de recesión7.

Por ejemplo, un aumento del 1 % de la tasa de crecimiento en el sector del agua en Europa puede crear entre diez mil y veinte mil nuevos puestos de trabajo8. Se calcula que el turismo y las actividades recreativas en los espacios de la red Natura 2000 financian directamente unos ocho millones de puestos de trabajo, lo que corresponde al 6 % del empleo total de la UE9. La implementación de la legislación vigente sobre prevención y gestión de residuos podría generar más de cuatrocientos mil nuevos puestos de trabajo10, y mediante la revisión de la legislación sobre residuos que la Comisión propone ahora se podrían crear alrededor de ciento ochenta mil puestos más11, al tiempo que se abrirían nuevos mercados, mejoraría el uso de los recursos, se reduciría la dependencia de las importaciones de materias primas y disminuiría la presión sobre el medio ambiente12. Según estimaciones recientes, el 42 % de las pymes tienen al menos un trabajador verde a tiempo completo o parcial (un aumento del 5 % desde 2012), lo que supone más de veinte millones de puestos de trabajo en toda la UE. El plan de acción verde para las pymes incluye acciones destinadas a impulsar el espíritu empresarial ecológico para establecer modelos empresariales innovadores y circulares en las empresas del futuro”.

9.1 Empleo tradicional en el sector ambiental Un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 1998 estimó en 219.382 el número de personas ocupadas en actividades de contenido ambiental en España, lo que venía a representar el 1,55% de la población ocupada española a finales de la pasada década. Esta cifra situaba a España lejos de los niveles de empleo verde registrados en países avanzados desde la perspectiva de la modernización ecológica de sus sistemas económicos, como

6 COM(2014) 446 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTEO EUROPEO. AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Iniciativa de empleo verde. Aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0446&from=EN 7 Datos de Eurostat sobre el sector de bienes y servicios medioambientales. 8 Potential for sustainable growth in the water industry sector in the EU and the marine sector – Input to the European Semester (Potencial de crecimiento sostenible en el sector industrial del agua en la UE y en el sector marino; datos para el Semestre Europeo). Ecorys, Acteon (2014). 9 Estimating the economic value of the benefits provided by the tourism/recreation and employment supported by Natura 2000 (Calcular el valor económico de las ventajas que aportan el turismo y las actividades recreativas y el empleo financiados por Natura 2000). Bio Intelligence Service (2011). 10 Implementing EU waste legislation for green growth (Implementación de la legislación sobre residuos de la UE para el crecimiento verde). Bio Intelligence Service (2012). 11 Evaluación de impacto de la revisión de 2014 de la legislación sobre residuos (documento de trabajo de los servicios de la Comisión). 12 Implementing EU waste legislation for green growth (Implementación de la legislación sobre residuos de la UE para el crecimiento verde). Bio Intelligence Service (2012).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0446&from=EN




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Alemania, que ocupaba al 3,2% de sus trabajadores en actividades ambientales en 1998 (IFO, 2002), Austria y Dinamarca, con un 2,4% (Petrovic, 2000) y un 2,3% (OCDE, 2002), respectivamente, en el año 199913. Excluyendo las partidas de la estimación de 1998 que en este estudio no se consideran empleo verde, el cambio que se ha experimentado entre aquella fecha y la actualidad es muy considerable, al pasarse de unos 158.500 puestos de trabajo en 1998 a alrededor de 531.000 en 2009. Un cambio que representa un incremento del 235%. El empleo en el sector ambiental en España representa hoy un 2,62% de la población ocupada, frente al 1,5% en Francia (año 2006), el 2,3% en Dinamarca (año 2000), el 1,3% en Bélgica (año 1999), el 3,2% en Alemania (año 1998) o el 2,4 en Austria (año 1998). Esto, teniendo en cuenta la evolución que se haya producido en los países indicados, posiciona a España en la media europea.

Empleo “verde” existente en 1998 y 2009 en España. Estimaciones del Ministerio y de OSE/Fundación Biodiversidad

Tabla 5: Empleo “verde” existente en 1998 y 2009 en España. Estimaciones del Ministerio y de

OSE/Fundación Biodiversidad.

ESTIMACIÓN MINISTERIAL ESTIMACIÓN DEL OSE Y DE LA FUND. BIODIVERSIDAD

SECTOR DE ACTIVIDAD 1998 2009

Energías renovables 3.522 109.368 Tratamiento y depuración de aguas residuales

15.357 58.064

Gestión y tratamiento de residuos

37.226 140.343

Servicios ambientales a empresas

6.100 26.354

Educación e información ambiental

900 7.871

Agricultura y ganadería ecológicas

23.278 49.867

Gestión de zonas forestales 22.980 32.400 Sector público ambiental 43.308 53.072 Gestión de espacios naturales 10.935 Empleo en la industria y en los servicios

- 20.004

I+D+i ambiental - 21.929 Tercer sector - 540

Total EMPLEO EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

66.288 96.407

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Informe Empleo verde en una economía sostenible. OSE y Fundación Biodiversidad. 2009.

13 Informe Empleo verde en una economía sostenible. OSE y Fundación Biodiversidad. 2009. http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0637188.pdf

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0637188.pdf




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La estimación de empleo directo total en 2009 relacionado con temas ambientales fue realizada por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación Biodiversidad (Informe Empleo verde en una economía sostenible). Excluyendo las partidas de la estimación de 1998 que en 2009 no se consideran como empleo verde, esta estimación elevaba a 532.756 los empleos para el conjunto de los ámbitos considerados en el estudio.

Entre estos se encontraban algunos de los grupos de actividad tratados en el presente análisis (energías renovables, gestión del agua…). El estudio de referencia de 2009 destacaba el peso de la gestión de residuos, el tratamiento del agua y las energías renovables, que entre las tres acumulaban el 68% del empleo total en ese año. No obstante, se apuntaba la importancia circunstancial del sector público (53.072 empleos en 2009; un 10% del total), que iría acompañada de una escasa proyección futura como fuente potencial. La evolución de las políticas marco de la UE sugieren que, dada la envergadura territorial de las infraestructuras verdes y de los enfoques sistémicos de las futuras intervenciones, el sector público podría tomar mayor protagonismo en las próximas décadas. De manera inversa, la proyección para el sector forestal, que en 2009 representaba el 6,1% del empleo con 32.400 puestos de trabajo, era más optimista: en 2009 se daban ciertos factores que tenderían a estimular la generación de empleo en el sector, entre los que se destacaban la lucha contra el Cambio Climático (prevención de incendios, repoblación, selvicultura…), la explotación de la biomasa forestal como fuente renovable, la puesta en marcha de estrategias de desarrollo rural o la demanda de productos con certificación de sostenibilidad (estos dos últimos aspectos han tenido escaso desarrollo, como ha demostrado el transcurso del tiempo). Las estrategias marco de la UE establecidas en los años posteriores a 2009 podrían minimizar los factores limitantes que hasta ahora han lastrado es potencial de crecimiento de la actividad, especialmente si la administración pública lleva a cabo las acciones, especialmente en materia de inversiones de las que el sector forestal es muy dependiente, necesarias para garantizar modelos de gestión sostenible.

Estimación de 2011 del MARM del crecimiento del empleo “verde” en el ámbito rural en España a 2 y 6 años vista

Tabla 6: Estimación de 2011 del MARM del crecimiento del empleo “verde” en el ámbito rural en España a 2 y 6 años vista

ÁMBITOS DE CREACIÓN DE EMPLEO

EMPLEOS DIRECTOS Y ESTABLES (AL CABO DE 2

AÑOS)

EMPLEOS DIRECTOS Y ESTABLES (AL CABO DE 6

AÑOS)

Rehabilitación de viviendas en el ámbito rural

74.000 74.000

Servicios a las personas 70.000 210.000 Rehabilitación energética 60.000 60.000 Producción de energía con biomasa

45.000 85.000

Servicios y aprovechamientos forestales

20.000 20.000

Agricultura y ganadería 18.000 25.000 Servicios turísticos y de ocio 10.000 30.500 Conservación y gestión de los espacios naturales

10.000 10.000

Centros de servicios 10.000 25.000 Industria agroalimentaria 4.000 20.000

Total EMPLEO CREADO 321.000 559.500




49

Total EMPLEO EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

93.000 140.000

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos del Informe Oportunidades para la creación de empleo en el MEDIO RURAL. MARM. 2011.

Por su parte, el MARM publicó en 2011 un estudio14 en el que ya se aventuran proyecciones de creación de empleo asociado al ámbito rural a 2 y 6 años vista (2013 y 2017), seleccionando actividades esenciales en estos territorios y considerando con mayor concreción los parámetros de sostenibilidad (extensividad de la agricultura y de la ganadería, gestión forestal sostenible, espacios naturales, etc) y cuyos resultados se pueden observar en la Tabla 6.

9.2 Gestión Forestal Sostenible: Inversión y Empleo potencial En el trabajo Potencialidad de empleo verde en España15 se analiza la repercusión directa en la creación de empleo que podría tener el establecimiento de un programa de gestión forestal sostenible en España. En este estudio se empieza viendo cómo la desaparición progresiva desde los años 70 de las economías de hambre y baja productividad ligadas a la agricultura tradicional han permitido que los terrenos abandonados hayan sido recolonizados por la vegetación natural a lo largo de décadas, alcanzándose distintos estadios en la sucesión vegetal en amplias zonas del país. El estudio muestra a partir de los datos del Mapa Forestal de España (MFE) y de los Inventarios Forestales Nacionales (IFN) la notable ampliación de la superficie forestal, tanto arbolada como desarbolada, experimentada en el medio rural español desde 1966 a 2017. En este extenso periodo temporal confluyen diversas razones que desembocan en la situación actual: el abandono de la actividad tradicional agrícola mencionada y el despoblamiento, la aparición de los combustibles fósiles que sustituyen a la madera como combustible principal, la política de reforestación llevada a cabo en España entre los años 40 y 80 (especialmente entre los 50 y 60), y la disminución, hasta su casi total desaparición, del ganado en los montes.

14 Oportunidades para la creación de empleo en el MEDIO RURAL. MARM 2011. http://www.rurapolis.es/models/recursos/5/gqvlpVXsUCaFYN4Oportunidades_para_la_creaci%C3%B3n_de_empleo_en_el_medio_rural.pdf?1417447812 15 Potencialidad de empleo verde en España. Miguel Cabrera Bonet. Dr. Ingeniero de Montes. ARANZADA GESTIÓN FORESTAL, S.L.P. 2020. https://distritoforestal.es/images/Potencialidad_de_empleo_verde_en_Espa%C3%B1a_v5.pdf

http://www.rurapolis.es/models/recursos/5/gqvlpVXsUCaFYN4Oportunidades_para_la_creaci%C3%B3n_de_empleo_en_el_medio_rural.pdf?1417447812

http://www.rurapolis.es/models/recursos/5/gqvlpVXsUCaFYN4Oportunidades_para_la_creaci%C3%B3n_de_empleo_en_el_medio_rural.pdf?1417447812

https://distritoforestal.es/images/Potencialidad_de_empleo_verde_en_Espa%C3%B1a_v5.pdf




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Superficie (has)

Inventario Forestal Nacional

Bosque no adehesado

Bosque adehesado (IFN 1)

Monte arbolado ralo y disperso

Monte arbolado

Monte desarbolado

Total de USO FORESTAL

Total de USO NO FORESTAL

Total nacional

IFN 1 0 1.619.910 0 11.791.600 13.830.670 25.622.260 24.876.540 50.498.800 IFN 2 9.831.540 2.278.020 2.100.480 14.210.040 11.774.020 25.984.060 24.611.950 50.596.010 IFN 3 14.939.380 2.384.370 1.254.870 18.578.620 8.947.080 27.525.710 23.066.860 50.592.570 IFN4 14.473.320 2.528.550 2.015.380 19.017.250 8.754.460 27.772.710 22.845.470 50.617.180

Tabla 7: Evolución de la superficie forestal de España según las tipologías de los diferentes IFN. IFN1: 1966-1974; IFN2: 1987-1996; IFN3: 1998-2004; IFN4: Mayo de 2017.

Tabla 8: Evolución de las superficies de monte arbolado y desarbolado a través de los IFN entre 1966 y 2017 en España.

Fuente: Elaboración del OS a partir del estudio Potencialidad de empleo verde en España. Miguel Cabrera Bonet. ARANZADA GESTIÓN FORESTAL, S.L.P. 2020. En Potencialidad de empleo verde en España se establecen ciertas hipótesis de partida para calcular el posible empleo generado por una actuación forestal respetuosa con el medio y de gran envergadura. El empleo equivalente se calcula en UTA (Unidades de Trabajo Anual) equivalente a 228 jornadas anuales de trabajo o 1.824 horas de trabajo anuales o más, y se refieren solamente a los empleos directos de las actuaciones, sin contar los indirectos.

El trabajo considera las siguientes cifras para realizar una estimación del empleo generado en la gestión sostenible de 7,5 millones de has de monte arbolado accesible (la mitad de los 14,5 millones de has totales catalogadas en IFN de 2017)16:

que una hectárea de tratamientos silvícolas puede costar alrededor de 1.700-2.300 €, como media

que una selvicultura tradicional aconseja, al menos, el tratamiento anual del 1,5% al 2,5% de la superficie arbolada accesible

16 Potencialidad de empleo verde en España. Miguel Cabrera Bonet. Dr. Ingeniero de Montes. ARANZADA GESTIÓN

FORESTAL, S.L.P. 2020.

https://distritoforestal.es/images/Potencialidad_de_empleo_verde_en_Espa%C3%B1a_v5.pdf

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

IFN 1 IFN 2 IFN 3 IFN4

Sup

erfi

cie

(has

)

Evolución de las superficies de monte arbolado y desarbolado a través de los IFN entre 1966 y 2017 en España

Monte arbolado Monte desarbolado




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En los trabajos forestales realizados durante el Plan E se crearon una media de 18,93 empleos directos por cada millón de euros invertido en el medio forestal. Esta cifra, que se encuentra en la parte baja de la horquilla de entre 15 y 30 empleos directos equivalentes por millón de euros invertidos que pueden crearse según la tipología de los trabajos forestales según este estudio es la que se utilizará para los cálculos de empleos., entre 15 y 30 empleos equivalentes (tratamientos silvícolas, repoblaciones, mantenimiento de cortafuegos y áreas cortafuegos, etc.),

en el caso de que los cortafuegos y otros trabajos de detalle fuesen manuales, la inversión anual se dispararía hasta los 3.000,00 a 3.500,00 €/ha.

El trabajo en cuestión valora actuaciones mínimas. La coyuntura climático-ambiental que vive el Sur de Europa precisa actuaciones más ambiciosas que no se limiten a los bosques de gran cobertura arbórea y fácil accesibilidad. Por esta razón, creemos necesario extender las actuaciones a las 7 M has de arbolado denso inaccesible y las 9 M has de monte desarbolado, además de a las 7,5 M has propuestas en el estudio. El porcentaje de superficie a manejar anualmente (2%) también parece un factor a incrementar si se pretende seguir el enfoque integrado y sistémico de intervención en el medio natural-productivo que se establece en las estrategias marco europeas, y, por lo tanto, creemos necesario ampliar al 5% el porcentaje de superficie a manejar anualmente. De esta forma, creemos necesario que las actuaciones forestales alcancen anualmente un total de 1,175 M has. Por otro lado, teniendo en cuenta que el estudio valora actuaciones mínimas en los lugares de fácil accesibilidad y que nosotros creemos necesario ampliar el número de actuaciones a has de más difícil tratamiento, para calcular el coste total que supondrían esas intervenciones se utilizará el valor más alto de la horquilla correspondiente a los trabajos manuales, esto es, 3.500,00 €/ha. De esta forma, las actuaciones que serían necesarias para gestionar adecuadamente los bosques y los montes españoles tendrían un coste de aproximadamente 4.112 M€, que tendrían como resultado la creación de unos 77.850 empleos directos. A estos empleos habría que sumar, por otro lado, los empleos indirectos, que según algunos autores serían un máximo de 0,6 empleos indirectos por cada empleo directo. Esto añadiría unos 46.709 empleos indirectos y dejaría el total de empleos que se crearían en un máximo de 124.559 empleos. No obstante, tal y como se va a explicar en las siguientes secciones, la gestión forestal sostenible y acelerada forma parte fundamental en la ejecución de cualquier infraestructura verde (IV) y este tipo de enfoque se superpondrá en el futuro cercano a los planes forestales, los planes de cuenca hidrográfica y los planes de gestión autónomos de los espacios de la Red Natura. Por esta razón, y dado que la ejecución de las IV y una gestión forestal equilibrada podrían compartir fondos porque la segunda es una de las acciones necesarias para ejecutar la primera, las inversiones propuestas en esta sección estarán incluidas dentro de las que se propondrán en la sección correspondiente a las IV.

9.3 Gestión integrada del medio natural, protección de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos e infraestructuras verdes. La gestión integrada de enfoque ecosistémico del medio natural y productivo en la UE tiene como objetivo principal la salvaguarda de los servicios ecosistémicos, el funcionamiento óptimo de los principales ciclos naturales y la conectividad de la biodiversidad; los ecosistemas proveen servicios cuya estimación monetaria se encentra entre los 200.000-300.000 M € al año en la




52

UE17. La labor realizada en las últimas décadas para crear y consolidar la red significa que ya está en pie la columna vertebral de la infraestructura verde (IV / GI en inglés) de la UE. Es un reservorio de biodiversidad que puede utilizarse para repoblar y revitalizar medios degradados y catalizar el desarrollo de la infraestructura verde, lo que contribuirá asimismo a reducir la fragmentación de los ecosistemas, mejorar la conectividad entre los lugares de la red Natura 2000 y lograr, por tanto, los objetivos del artículo 10 de la Directiva de hábitats18. Asimismo, la propia infraestructura verde y el abanico de operaciones que se han de desarrollar en torno a ella han de consolidarse como un yacimiento de empleo importantísimo que va a aparecer, además, allí donde existen en la actualidad las peores condiciones para el progreso y la calidad de vida.

La Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológica19 adelanta el tipo de espacios susceptibles de formar parte de la IV española. El listado es muy extenso y las superficies de los ámbitos definidos se solapan unas con otras en la mayoría de los casos. No se ofrece en el documento preliminar difundido por el ministerio la ubicación de las unidades territoriales ni su superficie; tampoco, en este momento de desarrollo de una filosofía establecida de manera práctica muy recientemente en Europa, la inversión proyectada para su ejecución ni los objetivos específicos de las subunidades estructurales que compondrán la IV. La Estrategia Estatal dice que “desde una perspectiva general y sin desglosar los componentes en función de la naturaleza multiescalar de la Infraestructura Verde, se propone la siguiente clasificación de espacios como componentes territoriales de la red ecológica de Infraestructura Verde, sin llegar a ser una lista exhaustiva de los mismos”. Son éstos (grandes grupos):

Zonas de Red Natura 2000

Espacios naturales protegidos

Áreas protegidas por instrumentos internacionales

Protección de Humedales

Montes

Zonas con gestión ambiental de dominio público

Espacios sujetos a actividades agrarias protectoras de la biodiversidad

Zonas con gestión ambiental de dominio público

Elementos del medio marino

Elementos urbanos y periurbanos

Áreas de importancia para la conservación de los polinizadores:

Otras áreas importantes para la conservación de la biodiversidad y la provisión de Servicios

de los Ecosistemas

Cambio Climático

Otras áreas importantes para la conectividad

17 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 18 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf 19 ESTRATEGIA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y DE LA CONECTIVIDAD Y LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICAS. BORRADOR MAYO 2019. ANEXO III: TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS POTENCIALES A CONSIDERAR COMO POSIBLES INTEGRANTES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE. https://www.miteco.gob.es/images/es/borradoreeivcre_infopublica_tcm30-497133.PDF

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm

https://www.miteco.gob.es/images/es/borradoreeivcre_infopublica_tcm30-497133.PDF




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Aventurar la superficie de la futura IV española es complicado. Ha de ser labor de los equipos técnicos ministeriales, las CC.AA. y las entidades locales. No obstante, para simplificar y obtener un área de actuación aproximada se ha optado por considerar como superficie mínima de IV la suma de la RN2000 terrestre y la superficie de Áreas Agrícolas y Forestales de Alto Valor Natural (HNV) no solapada con ella.

La superposición de ambas catalogaciones existe20: el 28,9% de la superficie agrícola de alto valor natural se encuentra dentro de la RN2000 española; el 41,3% de la HNV forestal también lo está. El 34,4% del total de las HNV españolas forma parte de la RN2000; el resto, 65,6%, debería con seguridad formar parte de la IV debido a que en ella se encuentran agroecosistemas eurosiberianos que contemplan cultivos herbáceos extensivos de secano con gran proporción de barbechos, explotaciones con una importante superficie no cultivada ni dedicada al pastoreo (hasta un 30%), que corresponde sobre todo a mosaicos de vegetación natural intercalados entre cultivos herbáceos y pastizales, y mediterráneos que incluyen olivares de secano en algunas regiones como Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana, explotaciones con un mínimo del 15% de superficie no cultivada ni utilizada para el pastoreo ocupadas fundamentalmente por eriales y matorrales o explotaciones con un porcentaje de pastizales y prados en secano elevado, sobre todo si los pastizales están rodeados con setos. La superficie conjunta de ambas catalogaciones alcanza las 28.593.219 has (13.787.030 has de la RN2000 más 14.806.189 has de HNV no incluidas en aquella).

Tabla 9: Superficies asimiladas a figuras de protección de la Naturaleza y de catalogación de montes y superposición de la Red NATURA 2000 y las HNV.

SUPERFICIES ASIMILADAS A FIGURAS DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y DE CATALOGACIÓN DE MONTES TERRESTRE

MARINA TOTAL (has) (%) SUPERFICIE PROTEGIDA TOTAL NACIONAL 16.583.846 32,78 8.526.059 25.109.904

Red NATURA 2000 13.787.030 27,25 8.432.232 22.257.262

ENP 7.363.796 14,55 511.448 7.875.217

HNV TOTAL (Espacios productivos de alto valor natural) 22.787.500 45,04

HNV AGRÍCOLA 9.196.300 18,17

HNV FORESTAL 9.394.300 18,57

HNV AGRÍCOLA Y FORESTAL 4.196.900 8,29

HNV TOTAL NO SOLAPADO CON RN2000 14.806.189

HNV NO SOLAPADA AGRÍCOLA 6.538.569

HNV NO SOLAPADA FORESTAL 5.514.454

HNV NO SOLAPADA AGRÍCOLA Y FORESTAL 2.753.166

RESERVAS DE BIOSFERA 5.400.000 10,67

MONTES (TOTAL) 27.771.710 54,89

MONTES PÚBLICOS 7.429.864 14,68

MONTES PRIVADOS 18.900.000 37,35

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 7.041.156 13,92

MONTES PROTECTORES 100.000 0,20

MONTE ARBOLADO IFN 2017 14.500.000 28,66

20 Modelización de las áreas agrarias y forestales de alto valor natural en España. Encomienda de gestión del

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC). Informe final. 2011. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/inf_final_mod_agrarias_forestales_a_v_n_espana_tcm30-195893.pdf




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MONTE ARBOLADO DENSO ACCESIBLE A MANEJO IFN 2017

7.500.000 14,82

DEHESAS 2.528.550 5,00

MONTE ARBOLADO RALO Y DISPERSO 2.015.380 3,98

MONTE ARBOLADO TOTAL 19.017.250 37,58

MONTE DESARBOLADO 8.754.046 17,30

NO FORESTAL 22.845.470 45,15

ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

MAB 5.544.272 10,96 485.276 6.029.540 RAMSAR 281.220 0,56 25.606 306.825 ZEPIMI 51.858 0,10 96.626 148.484 OSPAL 0 0,00 2.034.219 2.034.219 SITIOS NATURALES DE LA RED DE PATRIMONIO MUNDIAL 75.854 0,15 121 75.975

VÍAS PECUARIAS 422.067 0,83

Fuente: Elaboración del OS a partir de diversos documentos

La RN2000 está subfinanciada a nivel general de la UE y no cuenta con un mecanismo específico de financiación. Un reciente estudio del MITECO21 expresa que “la propia Comisión ha reconocido que los recursos actuales destinados a la RN2000 solo cubren el 20% de sus necesidades. La falta de contabilidad específica impide hacer una valoración cuantitativa al respecto en España, si bien todos los expertos y gestores públicos consultados coinciden en señalar que el problema ha podido agravarse en los últimos años, tiempo en que los presupuestos en políticas de conservación se han visto severamente afectados por la crisis económica”. Los documentos europeos de potenciación de la IV, cuya semilla territorial está constituida por los espacios pertenecientes a la RN2000, deberán incrementar esta dotación presupuestaria para permitir la realización práctica de trabajos de enorme envergadura que utilicen Nature-based Solutions (NbS; Soluciones basadas en la Naturaleza). Entre estos trabajos destacan la repoblación forestal, la mejora de la cobertura vegetal, la restauración de ecosistemas y agroecosistemas, con el doble objetivo de asegurar la conectividad y funcionalidad ecológicas y de enfrentar el Cambio Climático a través del manejo adecuado de la vegetación, los humedales y el suelo (evapotranspiración, recirculación del agua superficial y atmosférica, artificialización del territorio, disparo de precipitaciones…), claves para el enderezamiento del Ciclo Hidrológico y para la reducción de riesgos (inundaciones, sequías, incendios, desabastecimiento, etc).

En 2007 el Ministerio de Medio Ambiente estimó22 que el coste directo de gestión de la RN2000 terrestre en España era de 93 €/ha, algo alejado del coste mínimo deseable de 113,52 €/ha, cantidad en línea con lo estimado por la UE. Esta cantidad se sitúa por debajo de la media estimada a partir de los presupuestos de los Planes de Gestión de País Vasco y Navarra. Probablemente esta infravaloración se debe a que el coste deseable se basaba en una expectativa pragmática de lo que sería esperable en un escenario de mejoría del presupuesto público para gestionar la RN2000, y no en una cuantificación real de las necesidades detectadas. Las declaraciones de la Comisión Europea respecto a las necesidades reales de financiación de la RN2000 mencionadas anteriormente refuerzan este diagnóstico y apuntan a la necesidad de

21 Beneficios económicos de la Red NATURA 2000 en España. MITECO 2019.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/beneficios_economicos_n2000_web_2019_tcm30-498070.pdf 22 Valoración de los costes directos de gestión de la Red Natura 2000 en España. Ministerio de Medio Ambiente. 2007.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/beneficios_economicos_n2000_web_2019_tcm30-498070.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/beneficios_economicos_n2000_web_2019_tcm30-498070.pdf




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incrementar la financiación sustancialmente para la gestión de estos espacios. La implantación de la IV como unidad de gestión integral del territorio en el futuro, en la cual la realización de trabajos prácticos y visibles (repoblaciones forestales, restauración de hábitats, adecuación de infraestructuras…) será una necesidad, no hará más que incrementar las necesidades de financiación de estas inversiones.

9.4 Medida 10: Infraestructuras verdes: Inversiones y empleo potencial Las 28.593.219 has de territorio, el 48% de las cuales pertenecen a la RN2000, que se ha calculado en secciones anteriores que son susceptibles de ser gestionadas como IV dan para mucho. En el contexto del New Green Deal en la UE, los trabajos asociados a la ejecución en 20 años de la IV (a un ritmo del 5% anual de gestión de la superficie total de la IV) habrían de adaptarse a la filosofía del marco normativo europeo. Es decir, estas acciones destinadas al fortalecimiento de la biodiversidad y a la lucha contra el Cambio Climático incluirían trabajos forestales estrictos y no se reducirían a acciones de reforestación y de mantenimiento asociadas a una gestión forestal sostenible tradicional con fines eminentemente productivos (aunque sostenibles), sino que estarían guiadas por enfoques ecosistémicos e integrales que precisarían inversiones por ha similares a las establecidas para espacios arbolados no fácilmente accesibles, con muchas intervenciones de detalle o manuales en medios tanto forestales como no forestales. Esto significaría unas inversiones de entre 3000 y 3500 €/ha como mínimo, que llegarían hasta 4.250 €/ha si se amplía el número de acciones llevadas a cabo, tal y como se indica en el estudio Potencialidad de empleo verde en España23. Utilizando esta última cifra, los trabajos de ejecución de IV en 1,429 M ha que se llevarían a cabo anualmente necesitarían una inversión 6.076 M € y generarían un total de 115.020 empleos directos y 69.012 empleos indirectos, que estarían localizados en su práctica totalidad en las zonas rurales de nuestro país, abordando así uno de los principales problemas de la España Vaciada. Además, estas inversiones también tendrían un efecto multiplicador sobre la economía, de tal manera que, si se utiliza el multiplicador de 1,4 que se ha utilizado en la primera parte de este informe, estas medidas conllevarían un incremento adicional del PIB de 2430 millones de euros y servirían para generar 38.726 empleos inducidos más.

9.5 Medida 11: Ganadería extensiva: empleo potencial

El estudio Oportunidades para la creación de empleo en el Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de 2011, analiza la importancia relativa de las dos modalidades de explotación ganadera en España, la intensiva y la extensiva. En él se afirma los siguiente: “Desde 1965 se asiste al declive del modelo ganadero extensivo, tan adecuado a nuestras condiciones, y a una creciente intensificación que, más allá de resultar competitiva, genera notables problemas ambientales y algunas contradicciones conceptuales. En cualquier caso, y al igual que sucedía con la agricultura, la pervivencia y desarrollo de las dos tipologías de ganadería (intensiva y extensiva) son estratégicas para el medio rural y el territorio que lo sustenta. La primera es la principal receptora de fondos europeos, permitiendo al sector español competir con el resto de los países, a la vez que suministra las materias primas para una poderosa industria agroalimentaria cuya supervivencia puede condicionar. Se trata de un sector

23 https://distritoforestal.es/images/Potencialidad_de_empleo_verde_en_Espa%C3%B1a_v5.pdf




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rentable y claramente bien posicionado económicamente, y al que hay que garantizar su desarrollo y continuidad. La segunda (ganadería extensiva) produce múltiples beneficios para el medio ambiente, es más intensiva en creación de empleo y tiene un considerable potencial por la vía de los productos de calidad controlada y diferenciada. La primera es una potencia que no debiéramos rechazar como país, la segunda es una realidad a mantener de forma sostenible.”

El estudio ofrece dos aproximaciones de empleo potencial asociado a la gestión no intensiva de la ganadería: “…algunos expertos consideran que si se recuperase la trashumancia tradicional, con 5 millones de cabezas de ganado, se podrían crear a lo largo de una década 10.000 empresas familiares, con 30.000 puestos de trabajo24. Otros elevan incluso estas cifras, afirmando que España tiene una capacidad pastoral para ganadería extensiva o semiintensiva de 10 millones de UGMs (unidades dE ganado mayor) que, orientadas a las producciones de calidad con DOP, podrían dar cabida a 100.000 explotaciones de un tamaño rentable25, lo cual, aplicando la ratio de 3 trabajadores por empresa, ofrecería una cifra estimativa, con alto margen de error, de 300.000 puestos de trabajo potenciales. Según estos expertos, hacer esto permitiría además liberar superficie nacional cerealista para otros fines (el 80% de la superficie nacional de cereales se dedica a la producción de piensos para el ganado), reducir las importaciones de pienso en unos 2.000 millones de € (en 2008 se importaron piensos por valor de 3.000 millones de €), y reducir significativamente el número de incendios forestales26 (el 50% de ellos se considera que son de origen pastoral, y el ganado es un instrumento excepcional de silvicultura preventiva). Sean más o menos atinadas las cifras, lo cierto es que es indudable que la ganadería (en su doble vertiente intensiva y extensiva) deba formar parte de los ámbitos de empleo claves para el medio rural”. Así pues, las proyecciones varían entre los 30.000 y los 300.000 puestos de trabajo potenciales, según se asocie el cálculo a la actividad trashumante estricta, 100% extensiva, o se amplíe a manejos menos restrictivos en los que se intercalan prácticas de diferente grado de extensividad. Una cifra realista podría situarse en los 150.000 empleos en una década, asociados a un plan de inversiones que podría formar parte del esfuerzo presupuestario que se ha de llevar a cabo para la funcionalidad de la RN2000 y la planificación y ejecución de la IV en España en las próximas décadas.

Los pastos leñosos suponen más del 75% de nuestra superficie forestal (unos 20 millones de hectáreas), entre los que se encuentran las valiosos y únicas dehesas del W y S español y numerosos sistemas agrarios y forestales tradicionalmente pastoreados: prados con fresnos, montes y pastos comunales, sistemas agroforestales, áreas pasto‐cortafuegos, etc27. El reto se sitúa en el diseño de una PAC que no sea devastadora para uno de nuestros más genuinos ecosistemas, vinculados al pastoreo extensivo: los pastos con árboles y arbustos intercalados. El 66% de nuestro territorio nacional no es cultivable pero sí pastoreable en su inmensa mayoría. Tenemos oficialmente reconocidas 23 millones de hectáreas de pastos. Todas ellas producen vegetación pascícola que si no se consume por los animales todos los años (más de 20 millones de toneladas de materia seca) se acumula como potencial materia combustible. Sin embargo, hay que llamar la atención, porque solo 8 millones de hectáreas de pasto de las 23 existentes 24 Entrevista a Jesús Garzón en suplemento de la revista Quercus dedicado a la Trashumancia. 27 y 28 Informe del Grupo de Trabajo del Instituto de la Ingeniería de España Reflexiones sobre la Ingeniería Española y el Modelo de Crecimiento: Líneas Estratégicas en el

Sector Forestal, de la Asociación de Ingenieros de Montes.

27 10 RAZONES POR LAS QUE LA PAC EN ESPAÑA NO DEBE PENALIZAR LA DIVERSIDAD DE NUESTROS PASTOS. PLATAFORMA POR LA GANADERÍA EXTENSIVA Y EL PASTORALISMO. http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2014/06/DiezRazones.pdf

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2014/06/DiezRazones.pdf

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-content/uploads/2014/06/DiezRazones.pdf




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están siendo aprovechadas racionalmente por el ganado (campaña 2018). Se puede deducir con estos datos que solo el 35% de los pastos que existen en España son aprovechados adecuadamente por el ganadero y que el resto (65%) es riqueza verde abandonada que posiblemente terminará ardiendo. En el sistema de producción de una ganadería extensiva, el animal constituye un elemento esencial de la naturaleza y se comporta como una pieza fundamental para el mantenimiento y conservación de ecosistemas. En un reciente trabajo publicado en la Universidad de Michigan (Stanley y cols., 2018) se llegó a la siguiente conclusión: cada kg de carne producido en los cebaderos convencionales o intensivos emite 6,5 kgCO2eq a la atmósfera, mientras que cada kilo de carne producido en pastoreo extensivo capta de la atmósfera 9,5 kgCO2eq (actuando como sumideros de carbono). Ventaja que suma que en la conversión a producción ecológica, la ganadería extensiva cumple por si misma el 80% de los requisitos y las exigencias reguladas por el Reglamento (UE) 848/2018 sobre Producción Ecológica, por lo que supondría un cambio relativamente pequeño del 20% restante. El potencial de creación de empleo que existe en esta forma de explotación sostenible debe ser asegurado mediante un cambio de criterio que redefina la PAC de acuerdo con iniciativas más modernas encuadradas en la estrategia de Infraestructura Verde de la UE.

En la PAC actual (2014-2020), de los 19,65 millones de hectáreas admisibles que España tiene consolidadas en Bruselas para cobrar los Derechos de Pago Básico, solo 4,25 millones de hectáreas son PASTOS (21,6% de la superficie declarada), y los ganaderos de extensivo solo reciben el 16% de los Pagos Directos. La Dehesa, que supone aproximadamente el 12% de la superficie admisible declarada en la PAC (2,4 millones de hectáreas), pero los ganaderos de la Dehesa sólo perciben el 7% de los Pagos Directos de la PAC. Este patrimonio nacional, declarado en la Sierra Morena andaluza como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, se está muriendo por falta de rentabilidad económica. Los ganaderos que, a pesar de todo, quieren conservarla, tienen unas pérdidas o déficit estructural de 150-200 €/ha/año28.

Medida 12. Plan Nacional de Adaptación al cambio climático EL Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tiene un periodo de ejecución entre 2021-

2030.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, aprobó, el 22 de septiembre de 2020, el segundo Plan Nacional de Adaptación al

Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta fundamental hacia la reconstrucción

verde de España cuyo principal objetivo es construir un país menos vulnerable, más seguro y

resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de

adaptarse a un contexto de clima cambiante.

La presentación del PNACC 2021-2030 fue uno de los compromisos establecidos en el acuerdo

de Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del

Gobierno ante la emergencia climática y ambiental. Tras pasar por un amplio proceso

participativo, el documento adoptado por el Gobierno no solo responde a la necesidad de

adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta

España, sino que se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que

vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

28 Una PAC que apueste por una ganadería extensiva que recibe el 260% menos de ayuda que un agricultor por hacer lo mismo. Agroinformación.com. La voz del campo. 2020. https://agroinformacion.com/defensa-de-una-pac-que-apueste-por-una-ganaderia-extensiva-que-recibe-hasta-el-260-menos-ayuda-que-un-agricultor-por-hacer-lo-mismo/

https://agroinformacion.com/defensa-de-una-pac-que-apueste-por-una-ganaderia-extensiva-que-recibe-hasta-el-260-menos-ayuda-que-un-agricultor-por-hacer-lo-mismo/






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El PNACC se configura como un instrumento de planificación básico para promover la acción

coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal (desde distintos campos),

multilateral (por parte de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales),

ante los riesgos y amenazas que presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la

sociedad. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones

Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para construir

resiliencia, anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores y la

sociedad.

En concreto, define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sectores

socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud

humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas

y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o

seguridad alimentaria.




59

PARTE III. EMPLEO POTENCIAL EN LA ECONOMÍA CIRCULAR. Observatorio Sostenibilidad.

Los escenarios de creación de empleo en economía circular oscilan en tres escenarios, según el estudio europeo Economic Growth Potential of more circular economies. WRAP, 2015. En el escenario sin iniciativas nuevas se crearían 23.000 nuevos empleos, en el escenario de tendencia de desarrollo de iniciativas actual 81.000 empleos y en el escenario de transformación acelerada 160.000 empleos.

España ocupa la 7ª mejor posición en el ranking de la UE28 de porcentaje de empleo relacionado con la Economía Circular (EC) sobre el empleo total con un 2%, por detrás de Letonia (2,86%), Lituania, Croacia, Polonia, Eslovenia e Italia (2,05%). Su porcentaje es superior al de la madia de la UE-28 (1,71%). Aparte de España e Italia, solo Portugal y Finlandia tienen ratios superiores a la europea. La evolución del indicador en España es de mejora constante del porcentaje, desde el 1,59% de 2008 al 2% en 2015. Especialmente notoria desde 2013.

El “número de personas empleadas” usado para calcular este indicador es definido por EUROSTAT como “el número total de personas que trabajan en la unidad de observación, es decir, la empresa (incluidos los propietarios que trabajan, los socios que trabajan regularmente en la unidad y los trabajadores familiares no remunerados), así como las personas que trabajando fuera de la unidad pertenecen a ella y son pagados por ella: por ejemplo, representantes de ventas, personal de entrega, equipos de reparación y mantenimiento. Se excluye la mano de obra suministrada a la unidad por otras empresas, las personas que realizan trabajos de reparación y mantenimiento en la unidad de investigación en nombre de otras empresas, así como los que están en servicio militar obligatorio”.

Evolución de la proporción de empleo relacionado con la economía circular respecto al empleo total en algunos

países de la UE en el periodo 2008-2015




60

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos de EUROSTAT 2020. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_cie010&plugin=1

Ranking por proporción de empleo relacionado con la Economía Circular en la UE (países con datos) en 2015 (*2014; **2011)

Fuente: Elaboración del OS a partir de datos de EUROSTAT 2020. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_cie010&plugin=1

Este dato, que nos podría alertar de una posible gran implantación de la EC en nuestra economía, entra en conflicto con los datos de recuperación y reciclaje en la mayoría de las familias de residuos y con nuestro porcentaje de residuos municipales eliminados en vertedero respecto al total generado. Las razones de este conflicto tienen que ver con la operatividad de nuestros sistemas generales de gestión de residuos y con la productividad general de nuestra economía.

La cantidad de literatura que analiza los efectos de la EC en el empleo es todavía relativamente limitada, pero hay algunos estudios disponibles. La mayoría de los estudios muestran que la EC tiene el potencial de generar empleo en todos los niveles de habilidad (WRAP, 2013; CEDEFOP,

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% r

esp

ecto

al e

mp

leo

to

tal

Evolución de la proporción de empleo relacionado con la economía circular respecto al empleo total en algunos países de la UE en el

periodo 2008-2015

UE-28 Alemania España

Francia Portugal Reino Unido

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

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Ranking por proporción de empleo relacionado con la Economía Circular en la UE (países con datos) en 2015 (*2014; **2011)

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_cie010&plugin=1

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_cie010&plugin=1




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2012; Proyecto Ex’tax, 2014). La expansión del sector del reciclaje creará puestos de trabajo para trabajadores poco cualificados pero, en un grado creciente, también precisará de habilidades altamente cualificadas. Se estima que los ambiciosos objetivos de eficiencia de los recursos tendrán un efecto positivo importante en la economía europea. Un estudio de GWS estimó que cada punto porcentual de aumento en la eficiencia de los recursos en la UE podría crear entre 100.000 y 200.000 puestos de trabajo adicionales; un aumento adicional en la eficiencia de los recursos del 25% podría crear hasta 2,6 millones de puestos de trabajo (Meyer, 2011). Otro estudio estimó que aumentar la mejora anual de la eficiencia de los recursos de la tasa actual de 0,85% a 2% o 3% podría crear 1 millón y 2 millones de puestos de trabajo adicionales en 2030, respectivamente (Comisión Europea, 2014). Un estudio del Club de Roma estimó que un aumento del 25% en la eficiencia de los recursos combinado con la sustitución del 50% de la materia prima a partir de insumos con materiales reciclados podrían crear más de 50.000 puestos de trabajo tanto en Finlandia como en Suecia, más de 100.000 en los Países Bajos, más de 200.000 en España y más de 300.000 en Francia (Club de Roma, 2016). El informe Economic growth potential of more circular economies (WRAP, 2015) ofrece una estimación razonada del crecimiento del empleo en el sector de la EC para toda la UE para tres escenarios evolutivos en temas normativos y de inversión.

El primer escenario asume que no se emprenden nuevas iniciativas de importancia estructural pero que hay algunos avances adicionales que se encuentran principalmente en el sector del reciclaje (en promedio, la tasa de reciclaje aumenta en 9 puntos porcentuales) y los sectores de reparación y reutilización, con un desarrollo limitado en la adopción de enfoques de servitización. Sugiere un aumento para 2030 en empleo de alrededor de 250.000 puestos de trabajo (brutos) en la EC en Europa y una reducción del desempleo de alrededor de 64.000 efectivos.

El segundo escenario considerado prevé una continuación de las tendencias actuales en el desarrollo de la EC: en la que más se avanza es en el reciclaje (en promedio, la tasa de reciclaje aumenta en 21 puntos porcentuales) y hay un progreso moderado en remanufactura, reparación y reutilización y servitización. Las estimaciones en este escenario indican que para el 2030 existe un potencial para crear más de 1,2 millones de puestos de trabajo (brutos) y reducir el desempleo en aproximadamente 250.000 personas.

En el tercer escenario se asume que hay mucho más amplio desarrollo de la actividad de la economía circular con reciclaje aumentando a niveles altos (en promedio, la tasa de reciclaje aumenta en 34 puntos porcentuales) con un progreso todavía moderado en reparación y reutilización pero con un avance sustancial en remanufactura y actividades de servitización. Los resultados indicativos en este escenario sugieren que para 2030 podría haber alrededor de 3 millones de puestos de trabajo (brutos) y una reducción del desempleo en Europa por alrededor de 520.000.

El número de empleos en EC en 2030 superaría los 0,5 millones en Alemania y el Reino Unido en el Escenario 3, el más ambicioso. España se situaría en 5ª posición en el ranking de dicho escenario (también ocupa ese puesto en los otros dos escenarios) con 160.000 personas empleadas, a cierta distancia de Francia e Italia, que superan las 250.000. El estudio ofrece también los porcentajes de la fuerza de trabajo total que se dedica a la EC. En este caso, España se sitúa a la cola del ranking del Escenario 3, el más deseable en el entorno del Green New Deal. Se sitúa en la posición 22 entre 28 países con un porcentaje del 0,70%, al mismo nivel de Irlanda, Croacia y Portugal. De nuevo Alemania y el Reino Unido ofrecen los mayores porcentajes, superando el 1,5% (1,81 y 1,62, respectivamente). Las diferencias entre estas estimaciones de




62

porcentaje y las que ofrece EUROSTAT son muy visibles y han de responder a criterios muy distanciados.

Estimación de la creación de empleo bruto en la UE en tres escenarios de desarrollo de las políticas e inversiones

que afectan a la EC entre 2015 y 2030. Ranking según la estimación en el ESCENARIO 3 para 2030.

EMPLEO BRUTO POTENCIAL EN EC EN EL PERIODO 2015-2030

(nº de empleos)

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

Sin iniciativas nuevas

Tendencia de desarrollo de iniciativas actual

Escenario de transformación acelerada

ALEMANIA 42.000 328.000 759.000 REINO UNIDO 31.000 205.000 517.000 ITALIA 37.000 154.000 309.000 FRANCIA 35.000 135.000 276.000 ESPAÑA 23.000 81.000 160.000 POLONIA 15.000 29.000 154.000 REP. CHECA 7.000 40.000 116.000 RUMANÍA 7.000 15.000 84.000 HOLANDA 10.000 36.000 74.000 SUECIA 5.000 30.000 68.000 HUNGRÍA 4.000 8.000 67.000 AUSTRIA 5.000 25.000 55.000 BÉLGICA 5.000 19.000 41.000 ESLOVAQUIA 2.000 4.000 41.000 PORTUGAL 4.000 15.000 36.000 DINAMARCA 2.000 15.000 34.000 FINLANDIA 3.000 15.000 32.000 BULGARIA 3.000 7.000 29.000 GRECIA 1.000 5.000 16.000 ESLOVENIA 1.000 6.000 16.000 IRLANDA 1.000 7.000 15.000 CROACIA 2.000 3.000 13.000 LITUANIA 1.000 3.000 10.000 ESTONIA 1.000 1.000 7.000 LETONIA 1.000 2.000 7.000 CHIPRE <1.000 1.000 2.000 LUXEMBURGO <1.000 1.000 2.000 MALTA <1.000 <1.000 1.000

Fuente: Elaboración del OS a partir del estudio Economic growth potential of more circular economies. WRAP, 2015. https://www.researchgate.net/publication/284187423_Economic_growth_potential_of_more_circular_economies

https://www.researchgate.net/publication/284187423_Economic_growth_potential_of_more_circular_economies




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ANEXO I: PLAN DE RECUPERACIÓN PARA

EUROPA Para ayudar a reparar el daño económico y social causado por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los líderes de la UE han acordado un plan de recuperación que marcará la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.

El paquete de estímulo más grande de la historia

El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con la iniciativa NextGenerationEU que es un instrumento temporal diseñado para impulsar la recuperación, será el paquete de estímulo más grande jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de euros ayudarán a reconstruir una Europa posterior al COVID-19. Será una Europa más verde, más digital y más resistente.

El nuevo presupuesto de largo plazo aumentará los mecanismos de flexibilidad para garantizar que tenga la capacidad de atender necesidades imprevistas. Es un presupuesto que se ajusta no solo a las realidades de hoy, sino también a las incertidumbres del mañana.

El 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los países de la UE en el Consejo sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo y NextGenerationEU. Este acuerdo reforzará los programas específicos del presupuesto a largo plazo para 2021-2027 por un total de 15 000 millones de euros.

Elementos principales del acuerdo

Más del 50% del monto apoyará la modernización a través de:

investigación e innovación, a través de Horizonte Europa clima justo y transiciones digitales, a través del Fondo de Transición

Justa y el Programa Europa Digital preparación, recuperación y resiliencia, a través del Mecanismo de

recuperación y resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health

Las políticas tradicionales como la cohesión y la política agrícola común seguirán recibiendo un apoyo financiero significativo para garantizar la estabilidad y la modernización.

El 30% de los fondos de la UE se dedicará a luchar contra el cambio climático, la mayor parte del presupuesto europeo hasta la fecha.




64

El paquete también presta especial atención a la protección de la biodiversidad y la igualdad de género.

MFP 2021-2027 asignaciones totales por rúbrica *

MFP NextGenerationEU TOTAL

1. Mercado único, innovación y digital

132,8 10,6 143,4

2. Cohesión, resiliencia y valores

377,8 721,9 1 099,7

3. Recursos naturales y medio ambiente

356,4 17,5 373,9

4. Migración y gestión de fronteras

22,7 - 22,7

5. Seguridad y defensa 13,2 - 13,2

6. Vecindario y mundo 98,4 - 98,4

7. Administración pública europea

73,1 - 73,1

TOTAL MFP 1 074,3 750 1 824,3

Todos los importes en miles de millones de euros. Fuente: Comisión Europea.

* Los importes incluyen el refuerzo específico de diez programas por un total de 15.000 millones de euros, en comparación con el acuerdo del 21 de julio de

2020. Los programas son Horizonte Europa, Erasmus +, EU4Health, Fondo de gestión integrada de fronteras, Derechos y valores, Europa creativa, InvestEU ,

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Ayuda Humanitaria.




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ANEXO II. PROPUESTAS INVESTIGACION GREEN

DEAL H2020

La comisión Europea ha lanzado la siguiente convocatoria: “Building a lowcarbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal”.

La Comisión Europea ha lanzado el pasado mes de septiembre una nueva convocatoria de propuestas dentro de Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2014-2020), cuyo objetivo es reforzar la investigación e innovación relacionadas con el Pacto Verde Europeo, de forma que se contribuya a encontrar e implementar soluciones innovadoras para los retos planteado dentro de dicho pacto. La convocatoria de propuestas se abrió el pasado 22 de septiembre, y permanecerá abierta hasta el 26 de enero de 2021, contando con un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros. Dicha convocatoria busca financiar proyectos que proporcionen soluciones para las principales prioridades del Pacto Verde, apoyando: • aplicaciones piloto, proyectos de demostración y productos innovadores; • innovación para una mejor gobernanza de la transición verde y digital; • innovación social y de las cadenas de valor Además de apoyar el desarrollo tecnológico y la demostración, esta convocatoria también busca nuevas formas para involucrar a la sociedad civil y empoderar a los ciudadanos, fomentando una transición social justa y sostenible, con el propósito de “no dejar a nadie atrás”. La convocatoria estará estructurada en 10 áreas: 8 de ellas temáticas y coincidentes con las grandes áreas de actuación identificadas dentro del pacto y 2 horizontales, con un total de 20 “topics” (líneas de investigación e innovación):

Area 1: “Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges”

Area 2: “Clean, affordable and secure energy”

Area 3: “Industry for a clean and circular economy”

Area 4: “Energy and resource efficient buildings”

Area 5: “Sustainable and smart mobility”

Area 6: “Farm to Fork”

Area 7: “Biodiversity and ecosystem services”

Area 8: “Zero-pollution, toxic free environment”

Area 9: “Strengthening our knowledge in support of the EGD”

Area 10: “Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe




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