LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CRISIS

León Valencia LA GUERRA CONTRA LAS FARC Y LA GUERRA DE LAS FARC

Ariel Fernando Ávila Martínez PARAMILITARES, NEO-PARAMILITARES Y AFINES: CRECEN SUS ACCIONES CRIMINALES ¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

Mauricio Romero y Angélica Arias

BOGOTÁ CERCADA, NEOPARAMILITARISMO Y BANDAS Ariel Fernando Ávila Martínez Magda Paola Núñez Gantiva

ESTRUCTURAS PARAMILITARES DESMOVILIZADAS EN MEDELLÍN: DE LA UNIFICACIÓN DE LA CRIMINALIDAD A LA FRAGMENTACIÓN VIOLENTA

Juan Diego Restrepo E.

MEDELLÍN, LA INSEGURIDAD CÍCLICA Y LA PERMANENCIA DE LA ILEGALIDAD Grupo de investigación Casa de Paz

LAS DINAMICAS TERRITORIALES DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL: ARAUCA, CAUCA Y NARIÑO

Ariel Fernando Ávila Martínez Magda Paola Núñez Gantiva

DIEZ PROPUESTAS PARA EL DEBATE PRESIDENCIAL Y EL CONFLICTO ARMADO

Programa Política Pública de Paz -CNAI-

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LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CRISIS 1

Los resultados de 2009 indican que la política de Seguridad Democrática ha empezado a declinar. Tuvo su punto más alto en 2008 cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc, se realizó la 'Operación Jaque' que trajo a la libertad a Íngrid Betancourt y a otros 14 secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas.

Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento de más del 70 por ciento de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa.

Los impactantes resultados de 2008 generaron una gran euforia en el Gobierno y en la opinión pública y llevaron a pensar a muchos sectores que los paramilitares eran asunto del pasado y que las guerrillas estaban en su momento final.

Sin embargo, el balance de las acciones y de la presencia de los grupos ilegales en 2009 muestra un panorama distinto. Una nueva generación de paramilitares -llamados por el Gobierno 'Bacrim', bandas criminales- está extendiéndose de manera acelerada por todo el país y sus acciones han logrado un récord que supera la suma de las actividades de las Farc y el Eln.

Especial atención merece el caso de las ciudades. Medellín ha regresado a una situación muy parecida a la de 2003. Las bandas y los 'combos' se han reactivado y han logrado que este año la cifra de homicidios se acerque a 2.000: una tasa de 73 por cada 100.000 habitantes. Bogotá está empezando a vivir una preocupante presencia de grupos armados y mafias en las principales entradas y salidas de la ciudad, que acuden a la violencia y al sicariato para apoderarse de negocios lícitos e ilícitos. Y en otras 13 ciudades también se siente la proliferación de grandes bandas herederas de los paramilitares.

En cuanto a la guerrilla, después de sus graves derrotas en la cordillera Oriental, se ha atrincherado en lugares clave de la cordillera Central y en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador, y ha iniciado con éxito un proceso de reorganización de sus fuerzas y relanzamiento de sus actividades. Hasta octubre 20, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30 por ciento más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía. El Eln, 1 Texto elaborado por León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, y publicado por la revista Cambio el 26 de noviembre de 2009.

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a pesar de su marginalidad y su baja actividad en los últimos años, muestra ahora un incremento considerable en sus filas y una mayor actividad de sus estructuras en Cauca, Nariño y Arauca.

Las Fuerzas Armadas están afrontando una dura prueba. El asesinato de 12 jóvenes oriundos de Soacha en un lejano paraje de Norte de Santander a manos de una unidad del Ejército, sacó a la luz pública una inmensa cadena de ejecuciones extrajudiciales que tienen a la Fuerza Pública en graves aprietos ante la Justicia y ante la comunidad internacional. Se conoció entonces que la Fiscalía tiene en procesos a más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y que 476 están presos. Esta situación, ligada al desgaste natural que traen siete años de ofensiva continua sobre las guerrillas, ha llevado a una pérdida de iniciativa de las Fuerzas Militares en algunas zonas del país.

La visión de que ha comenzado el declive de la seguridad democrática emana del informe anual del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. Sobre la base de fuentes oficiales de la Vicepresidencia de la República, el seguimiento de la prensa regional, estudios monográficos en regiones y ciudades, y un diálogo intenso con otros centros de investigación y con fuentes de inteligencia militar, los investigadores de Arco Iris han logrado una radiografía de la situación de los grupos irregulares y del estado de la confrontación en el país, y señalan que es urgente un cambio en las estrategias que parta de reconocer los nuevos desafíos de la criminalidad en las ciudades y el reacomodo de las guerrillas. Que tenga en cuenta también la reducción de los gastos en el conflicto interno que vendrán con la crisis económica, el recorte de los dineros del Plan Colombia y la atención de la crisis con Venezuela.

Una gráfica que recoge una larga línea de tiempo de las acciones del Estado y de los grupos irregulares puede ilustrar el momento en que nos encontramos:

En su afán de esconder las limitaciones y fallas que se presentaron en la negociación con los paramilitares, el Gobierno ha insistido en deslindar los grupos que ahora se cobijan bajo las denominaciones de Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Nueva Generación, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Oficina de Envigado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, etc., de las fuerzas que estuvieron en la mesa de conversaciones en Santa Fe Ralito. Y también ha intentado minimizar el alcance de las acciones de estas organizaciones.

Pero un examen de los lugares donde actúan estos grupos, de sus jefes y del tipo de acciones que realizan, permite concluir que corresponden a estructuras que nunca se desmovilizaron, grupos y personas que después de participar en el proceso de desmovilización han vuelto a las acciones armadas, y nuevas fuerzas reclutadas a partir de la ruptura generada por la reclusión de una parte de la cúpula paramilitar en Itagüí y su posterior extradición a los Estados Unidos.

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Los acontecimientos de 2008 y 2009 muestran que tenían mucho de cierto las afirmaciones que Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', consignó en una carta enviada al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en diciembre 28 de 2006. "Queremos percatar a los colombianos sobre la gravedad del fenómeno de las mal llamadas bandas emergentes, que no son más que grupos de autodefensas desmovilizados a medias, por el fracaso de la reinserción y en proceso acelerado de rearme y expansión, dirigidos por comandantes con tanto poder como usted efectivamente los pudo conocer, y que alcanzaron a quedar por fuera de las puertas de la cárcel", decía Báez. Y agregaba: "Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las Auc, 19 están detenidos, esto indica que más del 50 por ciento de estos altos mandos gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las Auc. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de 1.000 mandos medios".

En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris logró identificar acciones de estos grupos en 247 municipios. Para 2009 ha logrado registrar alguna actividad en 46 municipios distintos a los de 2008, lo cual indica que en estos dos años han tenido algún tipo de presencia en 293 municipios. Las agresiones a la población civil y las acciones de contacto con la fuerza pública alcanzan la cifra de 2.286 y el número de integrantes se aproxima a 11.000. Sin duda alguna, están involucrados en el narcotráfico, como lo estaban las Auc, pero se dedican también a golpear a las organizaciones sociales y sindicales, a amenazar a líderes de la oposición y a las víctimas que reclaman sus derechos, y a reconstruir sus nexos con sectores de la fuerza pública y con dirigentes políticos. Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos y en que, en algunos lugares, están aliándose con uno de los grupos guerrilleros para compartir actividades de narcotráfico o para luchar por el control territorial combatiendo a la fuerza pública o a otro grupo insurgente.

El caso emblemático del fracaso de la negociación con los paramilitares es Medellín. Con ocasión de los acuerdos de paz realizados por el gobierno del presidente Uribe con Diego Fernando Murillo Bejarano, 'don Berna', que llevaron a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, los homicidios se redujeron a 781 en 2005, 709 en 2006 y 790 en 2007.

Pero una vez rotas las negociaciones y extraditado 'don Berna', las cifras volvieron a escalar hasta 1.044 homicidios en 2008 y 1.717 entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2009, lo cual indica que en este año el número rondará los 2.000, cifra similar a los 2.012 registrados en 2003.

Las bandas y 'combos' que antes estaban bajo el control de 'don Berna,' han vuelto a una intensa actividad. Las autoridades han identificado cerca de 60 grandes estructuras, parte de las cuales recibe órdenes de alias 'Valenciano' y la otra de alias 'Sebastián'. La gran fragmentación y enfrentamiento que se produjo en 2008 empieza a ceder, y en el punto

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más alto de la pirámide del crimen han quedado estos dos mandos que en los tiempos de 'don Berna' ocupaban en lugar secundario.

Realizan, en todo caso, las mismas actividades de los anteriores paramilitares: obligan a conductores de vehículos de servicio público y a pequeños y medianos comerciantes de las comunas a pagarles una cuota. Controlan las entradas de la ciudad en la troncal que va hacia la Costa Caribe y en la carretera que lleva a Urabá, y también en el oriente por las vías que conducen a Bogotá y al aeropuerto José María Córdoba, y en el sur en la entrada desde Cali y el Eje Cafetero. Para conectar estos sitios establecen corredores por donde mueven grandes cantidades de drogas y de armas.

Este tipo de control territorial también empieza a darse en Bogotá. Las capturas de testaferros de 'el loco' Barrera llevaron a descubrir el interés de este jefe paramilitar en la compra de predios alrededor de la capital. Así mismo, el registro de 106 acciones de sicariato este año muestra que la disputa por el territorio y por los negocios entre las bandas paramilitares está cobrando gran fuerza en una ciudad que no tenía mayores antecedentes en este aspecto.

Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén son las localidades más afectadas por la presencia de estas bandas, y Corabastos es uno de los lugares donde con más claridad se registra la actividad de Águilas Negras, el bloque Cacique Nutibara, el grupo Héroes Carlos Castaño y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, al mando de Pedro Olivero, 'Cuchillo'. También hacen presencia en los sanandrecitos, los centros de expendio de droga, las casas de prostitución e influyen en los juegos de azar y en las cooperativas de vigilancia y seguridad. Privilegian en todo caso el suroriente por donde se sale hacia los Llanos Orientales, o la carrera 7ª en la salida hacia Boyacá. Además de 'el Loco' Barrera y de 'Cuchillo', las investigaciones señalan que existe presencia importante de grupos ligados a mafias de esmeralderos.

No hay aún un aumento sensible de homicidios en Bogotá, lo cual indica que la disputa por la ciudad apenas comienza y las autoridades están a tiempo de impedir que el fenómeno paramilitar eche raíces como en otras ciudades. En este sentido, tanto la prevención como la confrontación de la nueva generación de paramilitares requieren un cambio profundo de la visión del Gobierno y de la actividad de la fuerza pública.

Es claro que tras la negociación con las Auc quedó intacta buena parte de las redes de narcotráfico y de las estructuras militares más especializadas, y ha sido evidente que estas organizaciones mantienen importantes nexos con sectores de la política, la Justicia y las Fuerzas Armadas, y que cuentan con la tolerancia de agentes del Estado en todos los niveles.

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El 'Plan Renacer'

La euforia del Gobierno y de la opinión pública por los golpes propinados a la guerrilla en 2008 tenía buenos motivos. La 'Operación Jaque' selló con broche de oro una larga cadena de éxitos militares, dentro de los cual el mayor triunfo fue la expulsión de las Farc de Bogotá y Cundinamarca, y en general la disminución decisiva de sus fuerzas en toda la cordillera Oriental. En 2003, las Farc tenían en Cundinamarca nueve frentes, incluido el frente 'Antonio Nariño', que realizaba operaciones en Bogotá.

En total eran más de 1.200 guerrilleros y no menos de 1.500 milicianos. Las operaciones 'Libertad I' y 'Libertad II', lanzadas en 2003 y 2005, lograron desmantelar la mayoría de esos frentes y que se replegaran hacia Meta y Caquetá. Así mismo, las operaciones lanzadas sobre la Sierra de La Macarena y los llanos del Yarí sometieron a permanente acosos al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, 'el Mono Jojoy', y desbarataron buena parte de sus anillos de seguridad.

Además del castigo continuado de las guerrillas en la cordillera Oriental, la fuerza pública asestó golpes en otras zonas que estremecieron la cúpula de la insurgencia y lograron disminuir sus fuerzas en cerca del 40 por ciento. La ofensiva del Ejército tuvo el mejor momento a finales de 2007 y principios de 2008, cuando 'Manuel Marulanda Vélez', el jefe histórico de las Farc, se debatía entre la vida y la muerte y en las filas de la guerrilla se producía un gran desorden que permitió acciones como el ataque al campamento de 'Raúl Reyes' y el asesinato de 'Iván Ríos' por parte de uno de sus compañeros.

A mediados de 2008 comenzó la reorganización de las Farc con la elección de 'Alfonso Cano' como sucesor de 'Marulanda', y el lanzamiento posterior del 'Plan Renacer', que plantea la reactivación militar de las Farc y la retoma de varios territorios mediante el uso intensivo de minas antipersonal, la movilización de tropa en pequeños grupos, la especialización de francotiradores para hostigar al Ejército en movimiento, la fabricación y uso de armas artesanales para sustituir el armamento convencional, la apertura de escenarios de combate en la cordillera Central y en las fronteras para atraer a la fuerza pública y disminuir la presión sobre la guerrilla en la cordillera Oriental.

Con la reorganización del mando y el nuevo plan, las Farc han logrado frenar el desangre y la desarticulación a las que venían siendo sometidas. Después de la 'Operación Jaque' han recibido muy pocos golpes e incrementado sus acciones: han logrado reactivar varias estructuras en zonas urbanas y rurales, e incluso creado un nuevo frente guerrillero en el Guaviare, algo que no ocurría hacía varios años.

Particular mención merece el crecimiento de sus fuerzas en Cauca, Nariño, el Bajo Cauca antioqueño y las estructuras que tienen presencia en la frontera con Venezuela. Las Farc mantienen en sus filas alrededor de 11.500 guerrilleros. La incursión de un comando guerrillero en el casco urbano de Garzón, Huila, en mayo pasado, y el reciente ataque a una instalación militar en Corinto, Cauca, con un saldo de nueve militares muertos,

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muestran que las Farc están recuperando capacidad para atacar bases fijas del Ejército y regresar a los ataques urbanos.

La gráfica 3 muestra la evolución anual de acciones bélicas de las Farc. En ellas se incluyen combates, emboscadas, hostigamientos, francotiradores, campos minados activados y ataques a la infraestructura energética. Pero no se tienen en cuenta capturas, confiscación de caletas, desmovilizaciones, acciones que, en términos generales, no implican actividad armada alguna.

Una mirada superficial nos diría que el accionar se ha mantenido estable, pero las características de las acciones se han modificado. Durante 2003, el 31 por ciento fueron realizadas con explosivos y en 2008 llegaron a 64 por ciento. En lo corrido de 2009 la tendencia no se modifica: las acciones con explosivos se acercan a 55 por ciento. Por acciones con explosivos se entiende campos minados, y emboscadas y hostigamientos en las que utilizan estos artefactos.

La gráfica 4 muestra el total de acciones de las Farc en 2009 (hasta el 20 de octubre se registraron 1.429 acciones). En 10 meses, las Farc realizaron un número superior de acciones a la totalidad del año pasado. Si la tendencia continúa, para finales del año las acciones se acercarían a 1.600, un aumento sustancial con respecto a los años anteriores.

La gráfica 4 indica que el número de Campos Minados Activados (CMA) está por debajo del número de Combates (C), mientras que se registraron 177 acciones de Francotiradores (F), 188 Hostigamientos (H), 88 Ataques a la Infraestructura Energética (AIE) y 36 Emboscadas (E). Es decir, que la capacidad bélica de las Farc en términos de confrontaciones abiertas ha aumentado con respecto a 2008.

La nueva coyuntura de las FF.AA.

El auge económico que permitió aumentar la fuerza pública de 260.000 efectivos a 445.000 en seis años y subir el gasto en defensa de 3,2 por ciento del PIB a 4,6 por ciento, según cálculos de Planeación Nacional, o a 6,0 por ciento, según estimaciones de analistas independientes, no va a continuar. El aumento del déficit fiscal no permite gran movilidad en el gasto. Los empresarios empiezan a mostrar reticencias ante el impuesto de guerra que ha producido cerca de seis billones de pesos en los cuatro años de recaudo. Y los recursos del Plan Colombia que contribuían en forma significativa a la movilidad aérea, pueden llegar a un recorte del 40 por ciento.

Al tiempo que los recursos tienden a disminuir, las bajas en las filas aumentan y este año entre heridos y muertos es muy probable que la cifra se acerque a las 2.500, dado que en los primeros seis meses se registraron 1.346, con una alta cuota de mutilados por minas antipersonales. A esta situación se agrega una mayor exigencia en el desplazamiento de las tropas por los nuevos escenarios de combate y por las tensiones en las fronteras. En apenas una semana, a mediados de noviembre, se anunciaron dos movilizaciones

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importantes de unidades militares: 2.500 efectivos al norte del Cauca para repeler la ofensiva de las Farc en Toribio, Corinto y Jambaló, y una brigada entera hacia la frontera con Venezuela.

No menos importante es la crispación que se siente en algunos sectores de las Fuerzas Militares por la creciente vinculación de sus miembros a los juicios por ejecuciones extrajudiciales y por la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional que tiene puestos sus ojos en la situación colombiana.

Nada fácil va a estar la situación de seguridad en la próxima campaña electoral con una nueva generación de paramilitares en expansión, una guerrilla en proceso de reactivación y una fuerza pública en dificultades. Son asuntos sensibles que deberían estar en el centro del debate electoral, pero los candidatos están eludiendo la discusión bajo la premisa de que en este campo el presidente Uribe es amo y señor, y cualquier mención favorece su reelección.

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Ariel Fernando Ávila Martínez1.

LA GUERRA CONTRA LAS FARC Y LA GUERRA DE LAS FARC

El objetivo del escrito es realizar un análisis de las transformaciones y desarrollos del

conflicto armado colombiano en el año 2009. Particularmente trabajaremos sobre la

intensidad del mismo en la confrontación entre las Farc y las Fuerzas Armadas utilizando

herramientas estadísticas. Se entiende por intensidad el número de acciones bélicas de

cada uno de los actores en estudio, sin tomar en consideración quien tuvo la iniciativa y el

impacto que estas acciones puedan tener sobre la población. Además abordaremos los

temas de las estrategias utilizadas para contrarrestar las acciones del enemigo tanto para

el caso de las FARC como de las FFMM.

En la medida que el objetivo es un análisis estadístico de los niveles de confrontación

armada trabajaremos temas como la Recuperación Social del Territorio, las estrategias de

guerra de des-envolvimiento y la guerra de envolvimiento o conteinment. Tal análisis no

será a profundidad pero nos permitirá comprender los cambios en estrategia militar que

han operado en los actores en conflicto. A través del escrito se explicarán de igual forma

las causas de la dinámica actual y las perspectivas para lo que resta del año y el próximo

año.

Ahora bien, dos hechos han marcado la evolución anual de la confrontación armada. Por

un lado, la Fuerza Pública inicio el año con la llamada estrategia del “Salto Estratégico”,

que como lo veremos más adelante impulso a la fuerza pública a comportamientos no del

todo ajustado a derecho. Efectivamente la presión sobre la fuerza pública presionó a

algunas unidades militares a mantener algún tipo de relación con estructuras armadas

ilegales, los casos de Cauca, Nariño y Arauca muestran este tipo de comportamientos.

1 Coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales.

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Empero, este mismo salto estratégico ha llevado a que la Fuerza Pública controle y

consolide algunas regiones del país.

El segundo hecho, fue la nueva estrategia que inauguro las FARC desde mediados de 2008.

Para el informe anual de año anterior hicimos notar como la estrategia de las FARC en lo

militar tenía 3 cambios fundamentales y en lo estratégico igual número de cambios. Por

un lado, las minas antipersonal de carácter defensivo se vieron complementadas por las

llamadas minas muertas que han comenzado a ser utilizadas en buena parte de las

regiones del país. Artefactos explosivos a las orillas de carreteras y caminos, campos

minados estilo Ho Chi Min, Cono o de Sombrero de cientos de metros han sido activados

en el Meta, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño entre otras regiones. La segunda estrategia

militar, las acciones por francotiradores, han continuado en aumento, convirtiéndose en el

cuarto tipo de acciones por parte de las FARC. Por último, los hostigamientos se han

convertido en el tercer tipo de acciones por parte de las FARC.

Las estrategias que han comenzado a implementar las FARC, como lo vimos en el informe

del año anterior, de creación de Unidades Tácticas de Combate, los llamados Comandos

Conjuntos de Área, inter-frentes o mini-bloques y las comisiones de orden público han

arrojado para el grupo guerrillero resultados bastante positivos. Se podría decir que los

objetivos del llamado Plan Renacer de las FARC se han cumplido en un 70%, le ha fallado

el ingreso al centro del país y sobre todo el despliegue sobre las ciudades, que debido a la

buena operatividad de la Fuerza Pública les resulto imposible a las FARC. En lo demás los

resultados han sido positivos para el grupo armado ilegal.

A la luz de los datos arrojados en la confrontación entre FARC y FFMM se podrían concluir

cuatros aspectos. En primer lugar, existe un empantanamiento del conflicto armado

colombiano, donde las Fuerzas Militares continúan y han mantenido controlado los

centros de producción y comercialización a gran escala del país y sus vías de

comunicación. Pero sobre todo este empantanamientos se produce porque las FARC han

comenzado a retomar algunos territorios y a pesar de la tendencia del 2008 el grupo

guerrillero mantiene una fuerte capacidad bélica. Acciones como las de la Guajira, las del

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Guaviare, Cauca y Nariño así lo manifiestan. Básicamente el conflicto se ha trasladado a

territorios que anteriormente no presentaban alta intensidad bélica.

En segundo lugar, la iniciativa militar que ha tomado las FARC en algunos territorios podría

mantenerse por lo menos hasta la primera vuelta presidencial en 2010, ello debido a los

comicios electorales que se avecinan. Allí las FARC intentaran salir airosos o aparentar un

estado militar importante para las elecciones de 2010 a la vez que el actual gobierno

intentará hacer su campaña electoral a partir de mostrar resultados militares contra las

FARC.

En tercer lugar, pareciera que la política de seguridad democrática ha llegado a un techo

en términos de resultados militares, de ahí en adelante sólo existirían dos alternativas, o

bien profundizamos en la guerra o bien se escoge otro camino como una salida por vía

negociada. El gobierno nacional optó por la primera salida, efectivamente, el acuerdo

militar con los EEUU mantiene de trasfondo entre otras muchas cosas la intensión de

solucionar el conflicto colombiano por la vía militar. En este caso la pregunta que

debemos resolver, es si a siete años de haber iniciado la política de seguridad democrática

las inversiones en términos de seguridad física, fiscales y políticas nos han llevado a este

resultado, cuanto más nos hace falta invertir y cuanto más nos costará la guerra.

Si analizamos comparativamente con el año 2002 el fenómeno de confrontación bélica en

términos de intensidad del conflicto se han reducido en apenas un 14%, en términos de

territorios afectados se ha reducido en 45% y en términos de personal de las FARC se ha

reducido en un 40%. En términos generales no hace falta recuperara un 55% del territorio

nacional, es decir, que necesitaríamos una inversión alta para llevar a las FARC a su

derrota militar. Incluso, haciendo el análisis en conjunto la situación es aún más

complicada, ya que, cerca de 300 municipios se encuentran afectados por la presencia de

los grupos emergentes, rearmados y disidentes, el ELN presenta un fortalecimiento en

Cauca, Nariño y Arauca y la inseguridad urbana se ha incrementado en el último año, con

ello cerca de 600 de los 1090 municipios presenta actividad de los grupos armados

ilegales.

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En términos fiscales la situación es más compleja, a pesar del crecimiento económico que

vivió Colombia entre el año 2001 y el 2008, de la venta de importantes activos del

patrimonio estatal, el déficit fiscal está por encima de los 3 puntos. “… el gasto público de

defensa sostenible exige una reducción de cerca de 2% del PIB en relación con su valor de

2005 de 4% de PIB, es decir, para mantener la sostenibilidad fiscal sin hacer cambios

bruscos en otros rubros del presupuesto es necesario un ajuste en los recursos de la

seguridad democrática. Por supuesto, se considera que el gobierno no contempla una

decisión de este calibre. La verdad, lo más probable es que acuda a nuevas reformas

tributarias para demandar esfuerzos adicionales en términos de un impuesto al

patrimonio. De hecho, se requeriría que se implemente como un impuesto permanente”2

O se podría acudir a reducción en gastos de inversiones de otros ítems como educación,

construcción en infraestructura e incluso acudir a un endeudamiento que cada vez es más

grande.

En la actualidad en Colombia existe una proliferación de estructuras armadas ilegales, que

en términos taxativos no son Grupos armados Ilegales, caracterizados por su jerarquía

fuerte, el porte de uniformes y la existencia de códigos internos. En cambio son grupos

fuertemente descentralizados, que se ubican en circuitos de ilegalidad trasnacional, pero

sobre todo pequeñas estructuras que funcionan como grupos privados ilegales de

seguridad. Este fenómeno conocido como la Privatización de la guerra nos hace

replantearnos la pregunta sobre la posibilidad de existencia de Estado sin Monopolio de la

Violencia. Estas dinámicas de grupos armados ilegales por un lado, de grupos ilegales

privados de seguridad y de fuertes grupos de delincuencia organizada mostrarían

complejidades adicionales al tema de la seguridad Urbana y rural. Ahora bien, pero la

pregunta de fondo no es como estos grupos cooptan a funcionarios estatales y legales,

que es la vieja visión que se ha manejado de grupos armados que como agentes externos

entran a una determinada territorialidad y capturan el Estado. La pregunta sería por qué

2 Centro de Investigaciones para el Desarrollo Universidad Nacional de Colombia; Bien-estar y Macroeconomía Más Allá de la Retorica; Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2007. Pág. 57.

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aún en las actuales circunstancias las elites locales económicas y políticas continúan

utilizando grupos ilegales para el mantenimiento o expansión de sus diferentes capitales.

Por último, aunque los resultados contra las FARC son los más notorios, se hace necesario

“desfarquizar” el país. Tal concepto más que un recurso conceptual hace referencia a tres

situaciones que se han presentado. En primer lugar, posterior a la operación Jaque se

produjo un triunfalismo generalizado sobre la posibilidad de derrotar a las FARC lo cual ha

significado desconocer la capacidad bélica, que aunque disminuida mantienen las FARC.

En segundo lugar, mantener este triunfalismo y la mirada sobre las FARC nos llevaría a

desconocer fenómenos diferenciales y complicados de seguridad. Por ejemplo, el

fenómeno de la expansión de grupos nacidos posterior a la desmovilización paramilitar, el

crecimiento de grupos al servicio del narcotráfico y en general fenómenos de violencia

urbana que de hecho son o han sido más letales que las acciones de los grupos guerrilleros

sin que ello signifique un re-direccionamiento de la política de seguridad democrática. Por

último, se hace necesario atacar las anómalas acciones de corrupción dentro de las

Fuerzas Militares en el terreno. Los importantes éxitos que ha alcanzado la política de

seguridad democrática contra las FARC han impedido observar otras aristas del conflicto

armado colombiano.

Antecedentes

Para finales de 2007, las FARC pensaban que habían superado lo más complicado de la

política de Seguridad Democrática y, sobre todo, que habían aprendido a contrarrestar la

estrategia implementada por la Fuerza Pública desde inicios del siglo XXI. La cúpula de las

FARC había permanecido intacta; los operativos militares no pasaban de tener como

resultado la captura o baja de los jefes de finanzas de las estructuras de la organización

guerrillera. La situación comenzó a cambiar desde finales del año 2007 con la muerte de

Martín Caballero. Es destacable igualmente el existo de las FFMM en el terreno urbano, de

hecho, las FARC entre 2003 y 2005 perdieron presencia en tres grandes ciudades del país.

Barranquilla, Medellín y Bogotá, lo cual les significó un fuerte retroceso en su Plan

Estratégico para la Toma del Poder.

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En 2008 la dinámica de la confrontación armada entre la fuerza pública y las FARC se dio

no sólo en el plano militar, sino también en el plano político; en efecto, desde finales de

2007 la situación había comenzado a cambiar con la muerte de Martín Caballero en los

Montes de María, mientras que en el año 2008 se produjeron la muerte de tres de los

jefes del secretariado, dos de ellos por acciones de tipo militar, como en el caso de Raúl

Reyes y, en menor medida, en el de Iván Ríos. Estos hechos marcaron, más que una

victoria militar de la fuerza pública, una victoria política.

Por ejemplo, la percepción de la población cambió drásticamente. Mientras que hasta el

año 2007 sólo un 18% de la población pensaba que era posible derrotar a las FARC, en

2009 lo piensa más del 50%. Esto producto de los diferentes golpes militares y de opinión

que ha logrado asestar la fuerza Pública a las FARC.

A la vez este tipo de golpes de mano, creó o trajo como consecuencia un triunfalismo en

grandes sectores de la sociedad que hacen o minimizan el poder que aún conservan las

FARC. En los propios sectores de las FFMM este hecho se observa como algo preocupante.

Balance del año 2009

El Plan Renacer, en términos generales, planteaba una reactivación militar de las FARC y la

retoma de varios territorios. Además establecía como reto mostrar fortalezas para el año

2010 y en general instauraba una nueva estrategia militar de campos minados,

movilización de tropa en pequeños grupos entre otras condiciones. Las investigaciones

realizadas por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris,

indican que las FARC siguen manteniendo una alta capacidad militar. De hecho, entre los

meses de Enero al 20 de Octubre del año 2009 el número de acciones militares se

incrementaron en algo más del 25% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto

se produce en medio del incremento del número de militares fuera de combate y la

reactivación de varias estructuras de las FARC en zonas urbanas y rurales, como en el

Guaviare donde han creado un nuevo frente guerrillero y Nariño donde el fortalecimiento

de las FARC es evidente, allí no ha cambiado la percepción de la población.

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Básicamente este año confirma la hipótesis central del anterior informe; la política de

seguridad democrática logró consolidar los grandes centros de producción y

comercialización legales del país y sus vías de comunicación. Lo que significa el control de

cerca de un 50% del territorio y algo más del 60% de la población. El conflicto así se

desplazó al restante 50% del territorio y 40% de la población. La capacidad militar en

general se mantiene para las FARC y el control sobre el centro del país se consolidó para la

Fuerza Pública.

Sin embargo, lo que ha logrado el gobierno nacional además del control de los centros

urbanos primarios y secundarios es una victoria política lo cual le permite al gobierno

nacional y a la fuerza pública mantener la presión social sobre la importancia de un nuevo

impuesto al patrimonio, la necesidad de una nueva reelección y en general el

mantenimiento de la agenda internacional. Efectivamente la Fuerza pública ha mostrado

su capacidad de control territorial sobre buena parte de las zonas centrales del país.

Resulta de importancia el intento por parte de las FARC de penetrar en zonas como

Cundinamarca particularmente el Sumapaz y aún más la capacidad de respuesta militar de

la fuerza pública, que impidió este propósito. La captura de uno de los comandantes

guerrilleros del Frente 22, alías el Negro Antonio y la muerte de algo más de 25

guerrilleros en los operativos desarrollados por la Fuerza Pública en el paramo del

Sumapaz muestran el nivel de control de la fuerza pública en el centro del país. Operativos

similares se produjeron en el norte del Tolima que arrojarían como resultado la muerte

del comandante principal del frente 25.

La Operación Libertad Uno desarrollada por la Fuerza Pública en 2003 desmanteló tres

frentes de las FARC en Cundinamarca, el 22, el Policarpa Salavarrieta y el 54. Además

diezmó al frente 53, 55 y 56. Esta operación significó para las FARC el retroceso más

grande que se ha producido durante el gobierno de Álvaro Uribe. Desde esa fecha las

FARC realizaron tres intentos de ingresar nuevamente a Cundinamarca, el último de ellos

se produjo desde mediados de 2008, sin embargo, el bombardeo al campamento de

Carlos Antonio Lozada permitió a la Fuerza Pública establecer las estrategias que

planearon las FARC.

8

Para enero de 2009 las FARC, según los informes de inteligencia militar, logró ingresar 160

guerrilleros que han entrado por varias regiones del departamento de Cundinamarca. La

Fuerza pública inmediatamente dispuso cerca de 4500 efectivos para contrarrestar tal

ingreso, el centro de operaciones fue el Batallón del Alta Montaña y desde allí se

planearon las acciones militares contra el Negro Antonio, Omaira y el resto de tropa del

frente Antonio Nariño.

Ahora bien, en términos nacionales, se podría decir que en 2009 se configuraron tres ejes

o corredores de conflicto. El primero de ellos ubicado en el pacifico colombiano que

comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Allí las FARC

han entablado una fuerte confrontación contra el ELN3 y contra los rastrojos, además de

un fortalecimiento de los denominados grupos emergentes rearmados y disidentes. En

este corredor los factores de desplazamientos del conflicto armado obedecerían a cuatro

factores. En primer lugar, han sido las zonas de repliegue utilizadas por los grupos

guerrilleros ante la ofensiva de la Fuerza pública, lo que ha causado una concentración de

tropa sustancialmente alta con respeto a otros territorios. En segundo lugar, al ser una de

las principales rutas del narcotráfico el pacifico colombiano concentra una disputa por su

costa marítima y por las rutas de salida de la doga que generan grandes ingresos a las

diferentes estructuras armadas. Por el pacifico colombiano estarían saliendo cerca del

45% del total de sustancias alucinógenas que se exportan desde Colombia. Un tercer

factor, son los recursos mineros y el desplazamiento que se está generando en la región.

El departamento de Nariño en este momento cuenta con 107 licitaciones de exploración y

explotación minera, Cauca con algo más de 120, una buena parte de estas licitaciones se

encuentra en territorios de resguardos indígenas o territorios colectivos de las

comunidades negras, el inicio de estas operaciones ha traído la llegada de grupos armados

ilegales, por diferentes factores, como la captación de rentas mediante la impuestación a

estas compañías, también se observan comportamientos de los grupos armados ilegales

de ejércitos de seguridad privada, sobre todos aquellos grupos emergentes, rearmados y

3 Ver artículo sobre el fortalecimiento del ELN y sus alianzas con otros grupos armados ilegales. Allí se podrá profundizar en el tema.

9

disidentes o comportamientos como agentes expulsores de población que se encuentran

en las zonas de concesiones.

El debate de fondo sobre la explotación minera, gira en torno a dos problemas

fundamentales, el de la propiedad de la tierra por un lado y el del papel de los grupos

armados ilegales como agentes de seguridad privada por el otro. Básicamente no sólo se

encuentra el debate alrededor del monopolio de violencia por parte del Estado, sino de la

utilización de agentes ilegales por parte de algunos sectores de la sociedad como agentes

de seguridad. Justamente la pregunta no sería tanto como el Estado logra consolidar el

monopolio de la violencia, que de hecho lo ha venido haciendo, además contamos con

unas fuerzas militares de más de 420 mil hombres incluida la policía, por el contrario la

interrogación debería girar a como evitamos que agentes políticos o económicos locales

sigan utilizando grupos de seguridad privada y como solucionamos los problemas de

corrupción al interior de las estructuras militares.

El segundo corredor donde actualmente se desarrolla en conflicto armado lo conforman

los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guaviare. En este corredor los

factores de disputa son un poco diferentes. En primer lugar, se encuentra el tema de la

propiedad agraria. Una buena parte de estos territorios son reservas naturales, parques

nacionales y además zonas de colonización donde los títulos de propiedad son bastante

escasos. Este fenómeno se produce y como segundo factor, en zonas que se han

establecido como áreas de desarrollo agrícola de la agro-industria, para la siembra de la

Palma, Yuca Amarga, o Caña de Azúcar. Hoy día existen tres focos importantes en este

segundo corredor.

En el departamento del Guaviare, en el municipio de San José del Gaviare, existe un

proyecto de levantamiento de la reserva forestal de 126 mil hectáreas, cubre los

corregimientos de Guanapalo, Charras, dos resguardos indígenas entre otros. La petición

de levantamiento de la reserva forestal fue realizada por los propios campesinos,

buscaban en lo esencial poder acceder a los créditos y beneficios económicos que

proporcionaba el gobierno central. Sin embrago, la consecuencia fue un despojo y compra

10

masiva de posesión de tierras en la zona. El representante a la Cámara Javela adquirió

1250 hectáreas de tierras que compró a los campesinos de la región. Por otro lado

amenazas e intimidaciones se han hecho manifiestas en la región y los campesinos

comienzan a desplazarse. Grupos armados ilegales rearmados han comenzado a

posicionarse sobre toda la Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión sobre

algunas zonas campesinas.

En términos tácitos, el desplazamiento para la concentración de la tierra, ya sea por

compras masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a

desplazamientos gota a gota de esta región. Aunque lo difícil de la región es que las FARC

han prohibido a los campesinos vender sus posesiones prediales y han manifestado que

defenderán la zona de otros grupos armados ilegales. En lo esencial esto significa que es

un grupo armado ilegal el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos y no el

Estado.

Igual situación se presenta sobre la serranía de la Macarena donde el Plan Consolidación,

si bien es cierto, ha logrado desplazar a las FARC de la región y reactivar el comercio en

los diferentes municipios, trae consigo otra consecuencia. El entonces ministro de

Agricultura Andrés Felipe Arias prohibió la titulación a los campesinos y colonos de la

serranía, su argumento central era que dichas personas eran guerrilleros. Una vez las

FARC salen de la región testaferros de narcotraficantes o en general comerciante han

iniciado una compra de tierras masivas, diciéndoles a los campesinos que la reserva

forestal no será levantada, la presencia de hombres del ERPAC es igualmente visible en la

región causando el desplazamiento de miles de personas.

La presión que se ha ejercido sobre la fuerza pública para el logro de resultados ha llevado

a que establezcan algún tipo de relación con actores armados ilegales, o al menos

complacencia con el ERPAC; de ahí, la declaración que realizó el presidente de la república

poco tiempo después del escándalo de los falsos positivo4. Por último en el Vichada la

4 Informe de la Corporación Nuevo Arco Iris; Proyecto de Levantamiento de la Reserva Forestal. Además Ávila Martínez Ariel Fernando, “Arrecia el enfrentamiento en el Guaviare”; semana.com.

11

compra de tierras masivas y el desplazamiento se encuentra en medio de proyectos

productivos de gran extensión de siembra de Palma.

El tercer corredor de conflicto lo comprende la región del Norte del Chocó, Antioquia con

el Urabá, el norte Antioqueño, el bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Bolívar, parte del

departamento de Santander y Norte de Santander. Donde la tierra, algunos proyectos de

hidroeléctricas, explotaciones mineras, los cultivo y rutas de narcotráfico han marcado el

devenir de las disputas en esta región del país. Es destacable la fortaleza de las FARC, de

los Rastrojos y de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños.

En estos tres corredores se han desarrollado la principal actividad armada. Para el caso de

las FARC y la Fuerzas Pública los resultados operacionales han sido los siguientes. La

siguiente gráfica muestra la evolución anual de acciones bélicas de las FARC. En ellas se

contabilizan todas las acciones militares en las que haya intervenido alguna estructura de

esta organización armada ilegal, se incluyen combates, emboscadas, hostigamientos,

francotiradores, campos minados activados, ataques a infraestructura energética,

petrolera etc. Pero no se tienen en cuenta capturas, confiscación de caletas,

desmovilizaciones, acciones que en términos generales no implican ninguna actividad

armada.

Evolución Anual de las Acciones Bélicas de las FARC. 1997- Oct de 2009.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

822

1115

1116

1087

885

2063

982

949

1008

1026

10571353

1429

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oct 20

12

En términos generales el número de acciones se ha mantenido estable desde el año 2003,

sin embrago, las características del conflicto se ha modificado cuando se hace un análisis

profundo. En primer lugar, si bien es cierto que la tendencia se mantiene constante, el

tipo de acciones militares ha sufrido una transformación. Durante el año 2003, del total de

acciones militares de las FARC, El 31% fueron realizadas con explosivos, mientras que para

el año 2008 estas llegaban al 64%. En lo corrido del año 2009 la tendencia no se modifica,

el total de acciones militares con explosivos se acerca a un 55%. Por acciones con

explosivos se entiende campos minados, y algunas emboscadas y hostigamientos

utilizando estos artefactos.

La siguiente grafica nos muestra el total de acciones de las FARC para el año 2009, que

para el 20 de octubre se cuantificaba en 1429 acciones, las FARC han realizado en diez

meses un número superior de acciones a la de la totalidad del año anterior. Si la tendencia

continúa, como hasta ahora, para finales del año 2009 las acciones de las FARC estarían

llegando a cerca de 1600, un incremento sustancial con respecto a los años anteriores.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

La anterior gráfica nos dejaría ver como el número de campos minados activas, que de

hecho es sustancialmente alto con respecto al año anterior que llegaron a 231 se

383

177

3688

564

11864

0

100

200

300

400

500

600

TIPO DE ACCIONES: FARC,2009.

ACCIONES

13

mantiene por debajo del número de combates. Es decir, la capacidad bélica de las FARC en

términos de sostenibilidad de confrontaciones ha aumentado con respecto al año

anterior.

El aumento de acciones por parte de la Farc obedecería a dos situaciones. Por un lado,

algunas estructuras de las FARC han presentado un reactivación militar considerable, los

departamentos de Guaviare, Caquetá, Cauca y el bajo cauca Antioqueño son muestra de

este comportamiento. Por ejemplo, en el Caquetá el frente 15 ha mostrado un incremento

en número de acciones del 16% con respecto al año anterior, en su mayoría estas acciones

se produjeron durante el mes de Marzo cuando las FARC llevaron a cabo el paro armado

en el Caquetá. En el departamento del Guavire la creación del frente 81 ha producido el

incremento en el número de acciones militares en el sur de este departamento.

Por otro lado, la intensa presión de la Fuerza Pública y su penetración a territorios donde

anteriormente no ingresaban han producido igualmente el incremento en el número de

acciones, así, a medida que la tropa penetra en diferentes zonas de presencia guerrillera,

las Farc se ven obligadas a defender las zonas donde existen campamentos y a entrar en

confrontación. Los territorios donde se presenta una fuerte presión de la fuerza pública se

encuentran localizadas en el sur del Meta, particularmente en la serranía de la macarena,

Arauca, Norte de Santander y el Norte de Cauca, donde la fuerza pública ha desplegado

grandes operativos militares que buscaban limitar la capacidad de acción de las diferentes

estructuras de las Farc, sobre todo las que son consideradas más fuertes.

Resulta de particular importancia el número de combates que se han registrado el

presente año, que son superiores a los mismos que se registraron durante 2008. Esto

indicaría que el aumento de las acciones de las FARC no sólo obedece a explosivos,

además tal número elevado de confrontaciones mostrarían que la capacidad militar del

grupo armado ilegal se mantiene. La siguiente gráfica muestra el número de combates

anuales para el caso de las FARC.

14

Evolución Anual del Número de Combates para las FARC. 1997-2009.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Del total de combates en el año 2009, 346 fueron por iniciativa de las Fuerza Pública el

restante por parte de las FARC. Buena parte de esto combates se realizaron en las zonas

donde las FARC llevaron a cabo reformas estructurales importantes. Las zonas de los

denominados Interfrentes o Comandos Conjunto de Área, que son unidades más

pequeñas que los Bloques pero más grande que los frentes se presentaron la mayoría de

los combates. Su formación obedece a una descentralización que realizaron las FARC que

les permitió mejorar la operatividad militar. Son en lo básico, estructuras que se rigen bajo

un mando único y que opera bajo agrupaciones grandes de tropa para determinadas

operaciones militares, aunque cada frente sigue manteniendo independencia en su

comandancia. En la actualidad existen 5 interferentes en todo el país.

En términos militares estas estructuras han mejorado la capacidad militar de las FARC y

han logrado detener, en algunas regiones del país, el avance de las fuerzas militares. El

Interfrente del Caguan que opera en el Caquetá, junto al Interfrente de Arauca y el de las

Fuerzas de Tareas especiales del Ariari formados en 2008 se complementaron con el

llamado Interfrente del Guaviare y al Interfrente del Norte de Nariño y Sur del Cauca. El

siguiente mapa muestra las zonas donde se han registrado acciones de estas estructuras.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

432

634 589 621481

1363

511 502411

501 549 561 564

15

El año 2009 comenzó con una estrategia del Ministerio de Defensa que se ha denominado

el “Salto estratégico”. Dicha estrategia tiene seis componentes. El primero, se basa en

ejercer presión militar en aquellas zonas donde las FARC mantienen una capacidad

operativa importante, es decir, capacidad de realizar operaciones militares sostenidas por

más de dos horas. El primer componente se pretende hacer con una concentración de

efectivos militares venidos de las zonas ya controladas por la institucionalidad5. En lo

esencial durante al año 2009 el número de efectivos militares no creció sustancialmente,

por el contrarío se redujo en algo menos de un punto porcentual. La siguiente gráfica

muestra dicha evolución.

5 Declaración del Ministro Juan Manuel Santos.

16

Evolución Anual del Número de Miembros de la Fuerza Pública Activos.

Logros de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática. Ministerio de defensa. Julio de 2009.

La estrategia militar se configuró a partir del traslado de tropa de zonas consolidadas o

que se creen están en proceso de consolidación hacia las zonas de combate. Un ejemplo,

es el batallón de Alta Montaña del Espino Boyacá donde buena parte de la tropa se

traslado para los llanos Orientales.

Como segundo componente el Ministro de Defensa habló de incrementar la presión

militar con el mejoramiento de la inteligencia militar. Con este fin la fuerza pública

desplegó una estrategia que denominó triangulación de la información: uniendo la red de

cooperantes, los sistemas de seguimiento de las diferentes instituciones como el SAT de la

defensoría del pueblo y los resultados operacionales de la Fuerza Pública en los diferentes

territorios. Con ello la ubicación de campamentos, ubicación de comandantes y

corredores de movilidad se agilizaron. Gran parte de los operativos desplegados el

presente año de bombardeos a campamentos guerrilleros obedecen a tal situación.

Uno de los ejemplos de este tipo de sistema de inteligencia, lo configura el llamado

proyecto de “Eje Seguro” que opera en la región del eje cafetero. Se pretende crear una

gran red de informantes, mediante lo que se podría denominar un involucramiento de

población civil al conflicto armado, el gobierno nacional denomina este factor como “una

2003 2004 2005 2006 2007 20082009

Enero/Julio

Bacchilleres. 89366 90644 92368 93378 96446 103616 81228

Campesinos. 15979 21560 23589 29632 25232 25202 20920

Profesionales 59460 67348 70973 75144 79064 85056 86976

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

17

ciudadanía comprometida con su seguridad”, se busca generar redes locales de

información que sumado a la información de otras instituciones crean un estado de

delación en toda la región. La siguiente estructura muestra el funcionamiento de dicha

red.

Un tercer componente es fortalecer o mejorar y profundizar el sistema judicial y con ello

mostrar acciones ejemplificantes que bajaran la moral de la tropa de las FARC, en

particular la extradición sirvió como herramienta para cumplir este objetivo, otro

mecanismo bastante utilizado fue evitar la judicialización por rebelión y promover

condenas por terrorismo, adicionalmente fortalecer el programa de desmovilización como

complemento del esfuerzo jurídico. A medida que esto se realizó se intento crear un

sistema jurídico de protección a los efectivos de las Fuerzas Militares, para así evitar

desmoralizaciones en la tropa con condenas que se podrían producir por casos de

violaciones a los derechos humanos.

Uno de los casos más sonados el presenta año lo constituyó el tema de los Falsos

Positivos. Sobre el mismo se ha discutido mucho, sin embargo, en este punto diré tres

cosas. En primer lugar, el fenómeno de los falsos positivos no es algo nuevo, de hecho, los

tres informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han realizado

para Colombia denuncian este tipo de comportamientos. Para el informe de 1999 la

18

comisión en su punto 196 dice que; “De acuerdo con información recibida por la

Comisión, agentes estatales, especialmente miembros de la Policía Nacional y el Ejército,

han cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, en abuso de su

autoridad. Estas ejecuciones extrajudiciales, por lo general, apuntan a líderes de

organizaciones sociales y otras personas acusadas de ayudar o apoyar a los grupos

armados disidentes (FARC, ELN). 197. Estas ejecuciones extrajudiciales son

frecuentemente selectivas --i.e. miembros de las fuerzas de seguridad buscan la víctima,

aún por su nombre, antes de matarla. La Comisión ha recibido información veraz y

específica que indica que las Fuerzas Militares han llevado a cabo actividades de

inteligencia para identificar a las personas que supuestamente proveen ayuda a la

guerrilla para este propósito.198. La Comisión ha revisado, por ejemplo, material de

inteligencia entregado por las Fuerzas Militares al Fiscal Regional para Bogotá en el

proceso 9668. Estos informes de inteligencia incluyen los nombres específicos de

individuos supuestamente implicados en redes de apoyo a grupos armados disidentes. Al

menos un informe específicamente recomienda que la información allí contenida debe ser

usada para llevar a cabo operaciones militares, "tomando como base el conocimiento de

identidad y denominación de los aparatos con que cuenta la organización [de disidentes

armados] para su sostenimiento". Los informes explican que los individuos listados

proveen de alimentos y medicina a los grupos de disidencia armada. Otros individuos se

describen simplemente como emparentados con miembros de grupos armados

disidentes, como autoridades locales de elección popular o como trabajadores con el

periódico comunista. Los informes establecen, al referirse a una localidad, que "la

totalidad de la población apoya a la organización"”6.

Por tanto, no se trata de un fenómeno reciente, por el contrario lo que ha caracterizado

estos hechos son los grados de impunidad. Según la fiscalía y en particular la unidad de

derechos humanos, los casos de asesinatos cometidos por miembros de la fuerza pública

superan los mil. Las estadísticas son las siguientes

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. 1991. Pág. 82

19

CASOS ASIGNADOS LEY 600 LEY 906

1056 670 386

CASOS ACTIVOS LEY 600 LEY 906

1019 633 386

JUCIO Y CONDENA

37

VICTIMAS HOMBRES MUJERES MENORES DE

EDAD 1708 1545 110 53

Por otro lado, resultan aún más asombrosas las fechas en que estas situaciones de

ejecuciones extrajudiciales se cometieron. El siguiente cuadro muestra su evolución anual.

1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 1 1 0 1 4 2 2 1 8 4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 4 3 12 37 93 125 223 397 112 1

Como se observa en el cuadro anterior los casos sufren un aumento vertiginoso en los

mismos años en que Juan Manuel Santos fue Ministro de Defensa y en los mismos en que

se producen los principales resultados operacionales por parte de la Fuerza Pública.

Efectivamente una de las hipótesis centrales de este estudio hace referencia a que el

empantamiento del conflicto armado colombiano ha llevado a una presión alta sobre la

fuerza pública lo que se ha traído dos consecuencias. Por un lado y como lo veremos en el

artículo sobre el ELN a que algunas estructuras militares se apoyen en grupos armados

ilegales como el ELN, Los Rastrojos para combatir otros grupos armados ilegales. Es decir,

se podría catalogar como un fenómeno de delegación del monopolio de la violencia. Otra

de las consecuencias que ha traído la presión sobre la fuerza pública ha sido el tema de los

falsos positivos. Su análisis no sólo gira en torno a sí estos casos de acciones u omisiones

de la fuerza pública han disminuido en el presente año. En cambio la preguntas se

encuentra en al ámbito de la judicialización y las consecuencias en el derecho

internacional humanitario.

20

La entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre del presente

año, aplica para el tema de crímenes de guerra, sin embrago, para el caso de los delitos de

lesa humanidad y delitos de genocidio la vigencia aplica para Colombia desde el 1 de

noviembre de 2002. En la medida que los llamados falsos positivos no se produjeron en

acciones de conflicto armado o asociadas a estas, tales acciones no serían crímenes de

guerra sino delitos de lesa humanidad, por tanto, aquellos que se cometieron posteriores

al año 2002 podrían ser de conocimiento de la Corte Penal Internacional. En efecto

aunque la CPI será subsidiaria los niveles de impunidad son altos y de juzgamiento son

bajos, según lo expresado por el relator especial de las naciones unidas además de ser

sistemáticos7.

Aunque la CPI mantiene el principio de Irretroactividad ratione personae, lo que significa

que la aplicabilidad y jurisdicción de la CPI no aplica a casos cometidos con anterioridad a

le entrada en vigencia, resulta que la gran mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales,

sí podrían entrar a ser tratados por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa

humanidad y no como crímenes de guerra. De hecho, en 2009 los cosos se han reducido

sustancialmente. Es de aclarar que los actos aislados o cometidos al azar no pueden ser

considerados delitos de lesa humanidad. Aunque en Colombia las ejecuciones

extrajudiciales no tipifican como un caso generalizado si podrían ser consideradas como

una situación sistemática debido a que se cometieron en más del 90% del territorio e

involucró más de 30 unidades de las Fuerzas Militares.

Una de las interpretaciones adicionales que se han configurado en torno a la reactivación

militar de las FARC y la recuperación de algunos territorios por parte del grupo guerrillero

hace referencia a lo que se podría denominar una huelga de “brazos caídos” que han

7 “Las situaciones de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias cuyo examen se ha pedido al Relator Especial incluyen todas las acciones y omisiones de representantes de los Estados que constituyan una violación del reconocimiento general del derecho a la vida consagrado en la Declaración de Derechos Civiles y Políticos… El marco se complementa con otros tratados y resoluciones aprobadas por órganos de las Naciones Unidas, entre ellos, los Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las Salvaguardias para garantizar de ,los derechos de los condenados a la pena de muerte, los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”. En Naciones Unidas; Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Folleto Informativo No 11.Pág 5.

21

realizado algunas unidades de las FFMM como señal de protesta después de la destitución

de 25 miembros de la institución militar. Lo cual, podría ser interpretado como un

bajonazo en la presión militar.

Un cuarto punto del salto estratégico, bajo la premisa, un poco apresurada, de que el

narcotráfico explicaría el comportamiento de los actores armados, prevé que las

fumigaciones y sobre todo las erradicaciones manuales limitarían los recursos financieros

de las FARC, de ahí que este tipo de acciones tenderán a incrementarse. Se privilegiaron

las zonas cocaleras con presencia de las FARC, los resultados de hectáreas asperjadas y

de erradicación manual nos permiten comprobarlo. El presenta año reporta un total de

67.216 hectáreas asperjadas entre enero y julio de 2009 y de 28.645 erradicadas

manualmente en el mismo periodo.

En quinto lugar, se plantea crear una intervención similar al Plan patriota para las zonas

fronterizas, mediante el incremento del pie de fuerza militar. Nuevamente el postulado

del Ministerio de Defensa es que la fortaleza de las FARC se encuentran en estas zonas

limítrofes. Aunque la presencia militar ha aumentado en zonas fronterizas con la

designación de la brigada XXIII para Nariño o la creación de la brigada de selva en la

frontera con Brasil, la actividad militar de las FARC se ha incrementado en estas zonas. La

siguiente grafica muestra la evolución mes a mes durante el año 2009 de las acciones

armadas de las FARC y se ve un fuerte incremento en marzo y la tendencia a aumentar

desde enero. Es importante destacar el incremento de la actividad militar en 7

departamentos del país, de ellos, cuatro son fronterizos. Arauca, Guaviare Putumayo y

Nariño.

22

Evolución Mensual del Número de Acciones de las FARC. 2009.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

De hecho, en el mes de marzo las FARC realizaron un paro armado con relativo éxito en el

Caquetá y Arauca, que se prolongó por cerca de un mes. Si miramos los resultados

electorales atípicos para la elección a gobernador en Arauca, se puede observar como la

votación y el efecto del paro armado marcó un nivel de abstención alto. Otro de los casos

particularmente relevantes se está dando en el sur oriente del país, territorio con

presencia importante del Bloque Oriental, allí se viven dos estadios de confrontación

fuerte. El primero en el departamento del Guaviare, donde la reactivación de las FARC

después de la operación jaque ha sido evidente. Hasta mediados de 2008, las Fuerzas

Armadas habían conseguido quitarle el dominio a las Farc en buena parte del Guaviare.

Efectivamente, desde 2007 hasta la ‘Operación Jaque' en la región se decía que las Farc se

habían ido, que habían desaparecido. Sin embargo, desde el pasado noviembre se ha

observado a un gran número de guerrilleros rondar por el sur y centro del departamento,

los pobladores de la zona hablan de un crecimiento. Miraflores está prácticamente sitiada

por las Farc. Según fuentes militares, las Farc han abierto un nuevo frente en la región, el

81, también llamado ‘Reinaldo Cuellar'. Aseguran que el Frente 1 que solía tener presencia

en la Amazonía se desdobló dando origen al 81 en el Guaviare, por eso, aunque no tenga

95

139

203

121

160137

164

128

159

123

23

más hombres, parece que estuviera creciendo. La gente de la región por su parte afirma

que sí se han presentado reclutamientos, aumentando el número de hombres. La

situación militar no es igual en todo el departamento. En el norte del Guaviare y el sur del

Meta, la Fuerza Púbica lanzó la ‘Operación Filipo II' y puso en práctica su estrategia de

proyecto de Recuperación Social del Territorio8. Empero, hasta el 30 de Junio el municipio

de Miraflores había sido hostigado en 10 ocasiones. La siguiente gráfica muestra el total

de acciones del Bloque oriental de las FARC por tipo de acción.

Tipos de Acciones del Bloque Oriental de las FARC. 2009.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Como en el resto del país, la mayor parte de las acciones militares son por campo minado.

Se registran en este caso la totalidad de campos minados activos o accionados. El segundo

estadio de presión militar en los llanos orientales se da en la zona de la Recuperación

Social del Territorio o del Plan Consolidación en la serranía de la macarena. Ello conecta

con el sexto componente que se propuso la fuerza pública: la continuación del objetivo de

recuperar los territorios donde hacen presencia las FARC o donde la hicieron hasta hace

pocos años. Esto significa expandir los municipios donde se está haciendo la recuperación

social del territorio. Incluso las FARC secuestraron a uno de los concejales del Municipio

8 Ávila Martínez Ariel Fernando; Arrecia el Enfrentamiento en Guaviare, Revista Semana; Junio 16 de 2009.

CM C AIE F H E

Acciones. 101 144 18 27 31 29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

EMBO

24

de San José del Guaviare en una zona donde no se registraba actividad militar desde

noviembre del año anterior.

El Plan consolidación se basa bajo cuatro presupuestos fundamentales. En primer lugar, se

trata llevar al Estado a los territorios donde su presencia es marginal o donde la población

no percibe su presencia. En segundo lugar, se trata de convertir al Estado local y nacional

en entidades eficientes, que funciones y sean capaces de dar respuesta a unas

necesidades mínimas de la población. En tercer lugar, se trata de que dicha presencia

estatal y la funcionalidad se complementen con la legitimidad del Estado. La legitimidad

básicamente el CCAI la entiende como respaldo o apoyo popular. Por último, se prevé

instalar un modelo de desarrollo económico que permita el control social de la población.

Esta estrategia en su estado inicial pretende una fuerte presencia militar, que a diferencia

de la guerra de envolvimiento o conteinment, inaugura una estrategia de guerra de

despliegue partiendo de puntos centrales y desplazándose a las zonas apartadas. En 2010

las zonas de la Recuperación social del territorio serán 7, todas ellas de presencia de las

FARC y ELN. En cambio las zonas de alta presencia de bandas emergentes, rearmadas y

disidentes no serán intervenidas, a pesar de su fuerte crecimiento y fortalecimientos9. El

siguiente mapa muestra dichas zonas de intervención.

9 Para profundizar en el tema ver el artículo de Mauricio Romero y Angélica Arias en la presente edición de la revista.

25

Otra zona de operatividad militar se encuentra en el Norte del Cauca y Nariño. Allí las

acciones de campo minado se han incrementado en un 32% con respecto al año anterior.

De hecho, Nariño es el único departamento donde el número de civiles afectados por

minas supera la número de militares. Los municipios de Corinto, Toribio y Jámbalo en

Cauca han sufrido hostigamientos a sus cabeceras municipales, la reactivación de las FARC

en el departamento es importante. El municipio de Toribio ha sido hostigado en lo que va

del año en 23 ocasiones. En Caldono en el corregimiento de Siberia se presentó un nuevo

hostigamiento el día 9 de octubre, Siberia ha sido hostigado en 8 ocasiones en lo que va

del año. La situación es tan dramática en algunos municipios del Cauca que los

desplazamientos han comenzado a aumentar. Del total de alertas tempranas del país, el

Cauca concentra el 33 %. Donde el 45% de los municipios cuentan con algún tipo de riesgo

26

y el 65% del territorio está afectado por estas alertas tempranas. La siguiente gráfica

muestra el total de acciones del Comando Conjunto de Occidente en el presente año,

donde las acciones con explosivos llegan a cerca del 50%.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

En este punto es necesario hacer tres aclaraciones. En primer lugar, hasta finales del año

2008 existía la imagen de un repliegue táctico de las FARC que se venía produciendo

desde el año 2005. Básicamente el resultado era que casi la totalidad de las estructuras de

las FARC se encontraban en zonas selváticas o apartadas del país, por el contrario la fuerza

pública tenía control casi total en las zonas urbanas, incluidos los corregimientos más

urbanos. Aunque tal situación era evidente hasta finales del año anterior, esta no es la

situación hoy en día. Sí tenemos presente que el número de civiles en Nariño afectados

por el accionar de minas anti personal es superior al número de militares, y además que

los municipios de Miraflores, Toribio, Corinto entre otros, han sufrido hostigamientos en

sus cabeceras municipales tendríamos que decir que hoy la guerra está regresando

nuevamente a las zonas urbanas. Las acciones en Bogotá, en el Tolima y en el bajo cauca

Antioqueño mostrarían la misma dinámica.

En segundo lugar, en la medida que las estrategia de las FARC mantienen la tendencia de

incrementar las acciones con uso de explosivos, francotiradores y la movilización de

F CM C E AIE Otros

Acciones 41 88 93 26 18 8

0102030405060708090

100

Tipos de Acciones del CCO

27

pequeñas estructuras, mostrarían que tal dinámica del conflicto armado, ha llevado a que

los indicadores para medirlo y estudiarlo que se tenían, ya no funcionen. Los datos y cifras

así lo muestran, por una parte, si bien es cierto que se ha logrado en gran medida llevar a

las FARC a sus zonas de retaguardia, estas han adoptado nuevas estrategias para intentar

combatir las nuevas técnicas de las fuerzas militares, no sin grandes inconvenientes. Las

debilidades en la aviación y el amplio pie de fuerza han provocado que las FARC adopten

tres nuevas estrategias de combate. Primero, han iniciado una fase de profesionalización

de sus tropas, con todas las limitantes del caso. Se ha incrementado el número de

acciones derivadas de francotiradores y de expertos en explosivos, con el fin de evitar

combates, como resultado de la pérdida de la superioridad sobre el terreno que solían

tener. Los índices comparativos de acciones bélicas de combate por año han comenzado a

disminuir10.

Durante el año 2008 hubo un total de 561 combates, en este caso se entiende un combate

como una acción de choque militar entre dos fuerzas mantenida de forma constante por

más de dos horas. Efectivamente en estos datos se pueden encontrara sub-registros, ya

que, acciones de choque de 15 minutos o menos de una hora en ocasiones se contabilizan

como combates, pero a pesar de ellos el número de combates se incrementa en 2009 y

revierte la tendencia de disminución que traía desde 2002. Una buena parte de estos

combates se registraron en los departamentos del Meta donde sólo entre el 4 y 8 de

enero se registraron 15 combates después de que la fuerza pública entrara a uno de los

campamentos del líder del Bloque Oriental. Igualmente en el norte del Cauca se registra

una fuerte actividad en el número de combates así como en el Bajo Cauca Antioqueño. El

municipio de Ituango ha sido uno de los más afectados en el departamento de Antioquia

con 12 combates en lo que va del año.

En la región del -Bloque Iván Ríos- se ha presentado una gran actividad militar, el bajo

cauca Antioqueño y en los límites entre Córdoba y Antioquia son las zonas más afectadas.

10 Ver Revista Arcanos No 14 y esta edición en todos sus artículos.

28

Allí cerca de 80 militares han resultado fuera de combate. La siguiente grafica muestra el

total de acciones para esta estructura de las FARC.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

El segundo tipo de acción que ha mantenido un crecimiento constante es la utilización de

francotiradores, acción que ha sido aplicada en forma general en todo el país. Además

desde finales del año 2008 se ha comenzado a utilizar, de forma masiva, minas de carácter

casi que ofensivo que son activadas en caminos y vías de comunicación al paso de

patrullas militares, caravanas de erradicadores de hoja de coca o incluso cualquier

vehículo oficial. Resulta alarmante el incremento sustancial de militares afectados por

minas antipersonal, los datos del ministerio de defensa muestran el incremento de

militares heridos y muertos con respecto al año anterior. La siguiente gráfica que va de

Enero a Julio muestra un incremento del número de heridos. Si se realiza la proyección de

los siguientes meses se podría llegar a cerca de 1800 heridos y de 400, muertos.

48

19

12

22

36

0

10

20

30

40

50

60

Campo Minado Francotirador Emboscada AIE Combate

TIPO DE ACCIONES: BLOQUE IVÁN RÍOS, 2009.

ACCIONES

29

Evolución Anual del Número de Miembros de la Fuerza Pública Fuera de Combate.

Logros de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática. Ministerio de defensa. Julio de 2009.

Ahora bien, la actividad de la fuerza pública ha sido igualmente positiva en todo el país.

Por ejemplo, en la región del Sur del Tolima, aunque las FARC han intentado reponerse de

la Operación Fuerte que se dio entre Enero y Julio de 2008 les ha sido imposible. El frente

21 ha perdido desde el año anterior cerca de 60 combatientes y las tres compañías

móviles de la zona están prácticamente limitadas en su accionar militar. Aunque en dos

ocasiones el municipio de Roncesvalles ha sufrido hostigamientos a su cabecera municipal

la fuerza pública goza hoy día de un buen control militar en la zona. La siguiente grafica

muestra el total de acciones militares de las FARC para el caso del Comando Conjunto

Central. Como se ve a pesar de ser una de las zonas donde se presenta una gran operación

militar el número de acciones militares ha sido relativamente bajo.

0200400600800

100012001400160018002000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009. Enero/jul

Heridos 1537 1853 1949 1635 1699 1800 1692 1050

Muertos 699 597 590 717 594 457 373 296

30

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Los resultados de las FRFMM han tendido a ser menos positivos con respecto al año

inmediatamente anterior. El programa de desmovilización individual que ha resultado

bastante exitoso para la fuerza pública muestra una reducción con respecto al mismo

periodo del año anterior. Mientras que en 2008 hubo un total de 1083 guerrilleros

desmovilizados entre enero y junio, el 2009 en el mismo periodo muestra una

desmovilización de 963 miembros, esto únicamente para el caso de las FARC. El Bloque

Sur que había sido uno de los más afectados con estas desmovilizaciones ha logrado

disminuir sustancialmente la tropa que deja las armas. Durante el mes de Marzo el Bloque

sur desarrollo un paro armado con relativo éxito y además realizó exitosas operaciones

militares en Huila y Putumayo. El secuestro del Concejal de Garzón Huila, las incursiones

en zonas urbanas de Baraya y Algeciras ha permitido el aumento en el número de

extorciones realizadas en la zona. En la región del Putumayo los ataques al oleoducto han

sido el común denominador, el frente 48 ha logrado realizar operaciones de sicariato en

Puerto Asís y La Hormiga, asesinado a desmovilizados o militares dentro del plan pistola

que aplicó en estos seis meses del presente año. La siguiente grafica muestra el total de

acciones militares para el caso del Bloque Sur, las zonas más afectadas han sido los límites

entre Caquetá y Huila y el bajo Putumayo. Es de aclarar que en esta última franja se han

F H C AIE CMOtros

1915

23

6

31

8

Tipos de Acción, CCC.Acciones

31

presentado combates entre las FARC y organizaciones emergentes que surgieron

posteriores a la desmovilización paramilitar.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Realizando un análisis de otros resultados de la fuerza pública, que son igualmente

positivos pero con sustanciales reducciones con respecto al año anterior, son el número

de guerrilleros fuera de combate. Por ejemplo, de un total de 1214 capturas contra

miembros de las FARC entre enero y junio de 2008, este año en el mismo periodo se han

dado 994 capturas y de 624 miembros de las FARC abatidos el año inmediatamente

anterior en los primeros seis meses del año, en el presente se han abatido 271. La

siguiente gráfica muestra dicha evolución.

58

18 20

63

1814

0

10

20

30

40

50

60

70

TIPO DE ACCIONES: BLOQUE SUR, 2009.

ACCIONES

32

Evolución anual del Número de Guerrilleros de las FARC Fuera de Combate.

Logros de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática. Ministerio de defensa. Julio de 2009.

La reducción en el número de abatidos, capturados y en menor medida de guerrilleros

desmovilizados ha tenido tres interpretaciones. Por un lado, fuentes oficiales indican que

tal reducción no obedece a un fortalecimiento de las FARC o un mejor comportamiento

militar. Por el contrario la razón es meramente matemática y es que cada vez son menos

guerrilleros. La capacidad de reclutamiento, dice el ministerio de defensa, se ha reducido y

si comparamos las cifras oficiales desde 2002 el total de guerrilleros fuera de combate

superan los 40 mil. Estos datos resultan ser bastante controversiales, ya que, esto nos

diría que las FARC han desaparecido dos veces y se han formado nuevamente por una

tercera vez. Pareciera que los datos se encuentran inflados.

Una segunda interpretación se refiere a la profesionalización de la tropa de las FARC y el

cambio operacional que ha tenido desde finales de 2008. Efectivamente la mejor

preparación de explosivitas y francotiradores le permite a las FARC detener la penetración

33

de la Fuerza Pública sin necesidad de entrar en combates, con lo cual se reduce la

exposición de sus miembros. A esto se le suma que la Fuerza pública desde el escándalo

de los falsos positivos ha implementado la política de incrementar capturas y

desmovilización y a la vez reducir el número de abatidos, lo cual también ha llevado a la

reducción en número de este tipo de acciones.

Una tercera interpretación habla que las FARC han perdido los territorios de reciente

colonización y se encuentran en este momento en sus zonas que podrían denominarse de

retaguardia o históricas. En estas zonas el control sobre la tropa y la población es

sustancialmente más afectivo que en la primeras zonas, de ahí, que se produsca tal

reducción.

En conclusión lo datos arrojan que ya sea por una de las tres interpretaciones o por una

combinación de las tres, el número de guerrilleros fuera de combate se ha reducido y con

ello la efectividad militar, mientras que el número de militares fuera de combate se ha

incrementado con respecto al año anterior. Igualmente en estas interpretaciones se debe

tener en cuenta la tesis de la posibilidad de una huelga de brazos caídos por parte de la

fuerza pública.

Una de las acciones que sufre una fuerte reactivación son los ataques contra

infraestructura energética, en total se han presentado más de 50 acciones, en una buena

proporción se han dado en la región del Catatumbo en acciones con explosivos. Según

datos oficiales la mayoría de estas minas, ya sean antipersonales o muertas, son hechizas.

Elaboradas artesanalmente. Tal elaboración requiere de la especialización y dedicación

exclusiva de diferentes estructuras de las FARC. La nueva estrategia de las FARC con los

minado tiene dos connotaciones; por un lado, el sembrado de minas antipersonal es una

táctica defensiva, con la que se busca impedir la penetración a los campamentos, la

erradicación de cultivos ilícitos, proteger las zonas de control, evitar la persecución por

tierra. A las minas antipersonales se han sumado lo que ellos denominan campos minados

muertos, que son activados a control remoto, o detonados al paso de patrullas de la

fuerza pública. Es decir, han desarrollado minas con carácter ofensivo. La siguiente grafica

34

muestra la evolución de acciones del Bloque del magdalena Medio, donde la región del

Catatumbo ha sido la más afectada.

Base de Datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Si bien es cierto inicialmente se pensó que la ofensiva o mejor reactivación militar de las

FARC no podría extenderse más de tres o cuatro meses, esta se ha dado por los primeros

diez meses del año, de continuar la tendencia, como va, al final del año tendíamos uno de

los balances más violentos del país, apenas comparado con el año 2005. El 2009 al ser un

año pre electoral tendría especial importancia para los fuerzas en combate. Por un lado,

las FARC intentaran demostrar que no están derrotadas y que han salido más o menos

bien libradas después de 7 años del gobierno Uribe. Por otro lado, el Gobierno nacional

intentará hacer campaña dando de baja a los principales comandante del grupo armado

ilegal e intentado aniquilar estructuras de las FARC, con ello salvaría la imagen negativa de

corrupción y clientelismo que ha venido creando en los últimos meses. El siguiente mapa

8

56

39

48

38

5

0

10

20

30

40

50

60

TIPO DE ACCIONES: BLOQUE MAGDALENA MEDIO, 2009.

ACCIONES

35

muestra las estructuras que se crearon que están en color rojo para el año 2009 y aquellas

que fueron desmanteladas que son las de color morado.

1

Mauricio Romero y Angélica Arias1

SOBRE PARAMILITARES, NEO-PARAMILITARES Y AFINES:

CRECEN SUS ACCIONES CRIMINALES ¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

Desde comienzos del 2008 las acciones unilaterales por año de los llamados grupos neo-paramilitares2 han sido mayores que las realizadas por las FARC. Esta es la segunda vez en la historia reciente del conflicto armado colombiano que se presenta una situación tal, en la que grupos armados ilegales diferentes a esa guerrilla, han tenido una mayor capacidad operativa en acciones no directamente ligadas al combate que la de la organización rebelde en contra de la cual se ha centrado la política de seguridad del presidente Uribe. La primera vez ocurrió entre 1997 y 1999, cuando las AUC inauguraron sus actividades inundando de sangre al país. Si bien las acciones de la guerrilla requieren un mayor volumen, preparación y logística que las de los sucesores de las AUC, dado que su objetivo es enfrentar al Estado, una aproximación al número de las acciones de estos grupos da una idea de los cambios en su nivel operativo.

La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que ese crecimiento de las acciones de los grupos neo-paramilitares están repartidas entre zonas rurales y urbanas, con una tendencia a que su influencia urbana aumente y se fortalezca. Esto es lo que está sucediendo en Bogotá y Medellín, por mencionar sólo a las dos más grandes ciudades del país, fenómeno que se está replicando en otras capitales departamentales y ciudades menores.

¿Es esto una respuesta a la extradición de los jefes paras en abril del año pasado o es sólo un resultado de la ausencia de una verdadera política de seguridad y reconciliación? Lo que se observa es que el gobierno de la seguridad democrática no tiene una política para enfrentar el problema de crecimiento de los grupos surgidos luego de la desmovilización de las AUC, y su creciente influencia en actividades ilegales urbanas. El gobierno se aferra

1 Mauricio Romero es director del Observatorio del Conflicto Armado, OCA, de la Corporación Nuevo Arco Iris, y Angélica Arias es investigadora del mismo. 2 Grupos reorganizados luego de la desmovilización de las AUC en las diferentes regiones de influencia de esa organización, en la que participan antiguos miembros de los diferentes frentes de las AUC, no desmovilizados de esa organización, y nuevos enlistados. Si bien estos grupos no tienen un mando central como por momentos pudo aspirar Carlos Castaño, antiguo jefe de las AUC, y están vinculados al narcotráfico, también cumplen funciones locales de control social y político muy similares a las de los antiguos paramilitares congregados bajo la sigla de las AUC.

2

a lo que ya sabe, le ha dado réditos electorales y lo mantiene arriba en las encuestas: la derrota y humillación de las FARC. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es esto una política verdaderamente nacional y de seguridad, o sólo el resultado de una obsesión rencorosa y vengativa del presidente y su equipo?

Sub-Registro, Ajustes de Cuentas y Acciones de los Neo-Paramilitares

La aplicación durante 7 años continuos de la política de seguridad democrática, incluidos sus ajustes, ha llevado a transformaciones en las guerrillas y en los grupos que se han reorganizado luego de la desmovilización de las AUC. En el caso de las primeras, ahora enfrentan menos al Estado dada la superioridad y la asimetría en la capacidad de combate lograda por éste, y cuando lo hacen, utilizan campos minados o francotiradores, tácticas que antes eran marginales en el repertorio de combate de estos grupos, entre otros cambios. En el caso de los neo-paramilitares, ha sucedido algo similar, aunque con la aclaración que su objetivo principal no ha sido el enfrentamiento al Estado, sino el control por la fuerza de territorios, población y flujos de mercancías de los cuales pueda derivar una extracción de rentas económicas, políticas y militares. Por esta razón, sus acciones tienden a ser clasificadas como “unilaterales”, ya que no buscan establecer una relación de combate con los agentes estatales, y como su objetivo central es población no armada sin capacidad de respuesta, la dimensión de estas actividades tiende a ser subregistrada por ausencia de denuncias, ante el temor de represalias.

Además, cuando estos grupos se enfrentan con actores con capacidad de respuesta bélica, como en los procesos de competencia y eliminación para construir hegemonías, como el caso de Medellín y la zona metropolitana, esas acciones tienden a ser registradas como disputas ente delincuencia común, o “ajuste de cuentas”. En conclusión, hay un riesgo alto que una gran parte de las acciones de los grupos neo-paramilitares no sean “visibles” para el público y las autoridades si no hay una denuncia de los afectados o no ha involucrado a una autoridad, o que se clasifique como un evento entre delincuentes comunes. Esto plantea un reto para los analistas y para las autoridades si se quiere realmente dar cuenta de la dimensión alcanzada por los grupos neo-paramilitares y su penetración en las zonas urbanas y semiurbanas.

A pesar de las limitaciones de los intentos de cuantificación, se pueden hacer aproximaciones. En el inicio del 2008 el número de acciones unilaterales de las FARC llegaron a cerca de 400 por año, cifra similar a la registrada para los grupos neo-paramilitares en el mismo período, algo totalmente inédito en los últimos 10 años. Esta situación es aún más alarmante si se acepta esa tendencia al subregistro de las acciones de estos grupos. Bien sea por presión del estado o por repliegue táctico de las FARC, el hecho que las operaciones de los grupos armados reorganizados luego de la

3

desmovilización de las AUC superen las acciones de las FARC, y hacia finales del 2008 hayan sobrepasado las de esta guerrilla y el ELN juntos, plantea un escenario totalmente nuevo en la evolución del conflicto, y por tanto exige unas respuestas oficiales para las cuales el gobierno no parece estar preparado ni capacitado.

Acciones Unilaterales e Incremento del Nivel Operativo de los Sucesores de las AUC

Para comienzos del 2009 el número de acciones unilaterales de los grupos que el gobierno llama “bandas criminales” más que doblaron las de las FARC, sin ninguna reacción particular o cambio de énfasis desde el punto de vista de la acción gubernamental. No se puede negar el éxito de la Policía Nacional en relación con la detención de algunos de los mandos altos y medios de esos grupos, siendo la detención de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, su máximo logro en abril de 2009. Y también se podría decir para contrarrestar la alarma que estos grupos no tienen una organización nacional, no parecen compartir una estrategia conjunta, ni obedecen a un liderazgo identificable como si ocurría en el 1997-99 con las AUC.

Sin embargo, uno de los legados del pasado contrainsurgente de los neo-paramilitares es una disposición ideológica a apoyar al statu quo local, a identificar como amenaza la movilización social por derechos o cualquier asomo de oposición a los poderes de facto regionales, que abundan en zonas rurales o en áreas marginales de las ciudades. La inclinación de estas fuerzas ilegales al control social y político las hace tremendamente útiles para fuerzas conservadoras y autoritarias, que han sabido instrumentalizar en su beneficio la violencia de estos grupos ilegales, juego en el que han caído repetidamente las fuerzas estatales, en perjuicio de sectores de oposición, coaliciones renovadoras, organizaciones y liderazgos sociales, y campesinos despojados de su tierra. Ese dispositivo de control y presión ilegal y violenta de los neo-paramilitares se ha convertido en moneda para ofrecer a cambio de cierta tolerancia para sus actividades ilegales, incluido el narcotráfico.

El argumento planteado tiene como base los últimos resultados de investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC,3 una organización especializada en la elaboración y análisis de bases de datos sobre el conflicto colombiano con las últimas herramientas técnicas en el campo. Además de seria y moderada en sus análisis, CERAC no tiene una filiación partidista que la haga sospechosa de sesgo político. En la gráfica No. 1 se puede observar la evolución de las acciones unilaterales de las FARC, las AUC y los grupos armados que le sucedieron, y el momento alrededor del inicio del 2008 en el que las acciones de estos grupos comenzaron a ser más numerosas que las de las FARC. De 3 Restrepo, Jorge y David Aponte (editores), Guerras y Violencias en Colombia. Herramientas e Interpretaciones, CERAC-Universidad Javeriana, 2009.

4

igual forma, se puede observar el período 1997-99 en el cual ocurrió por primera vez el fenómeno observado en la actualidad, aunque en una mayor escala y con unas consecuencias nefastas para los pobladores a donde llegaron esos grupos. La gráfica también muestra un paralelismo entre la variación de las acciones de las fuerzas estatales, los grupos neo-paramilitares y el ELN, que parecen confirmar coincidencias en las dinámicas entre estos actores en los últimos dos años en regiones del suroccidente y nororiente del país.

Gráfica No. 1

ACCIONES UNILATERALES POR GRUPO ARMADO 1989-2009

Fuente: CERAC, Base de Datos sobre Conflicto Armado Colombiano, 2009.

El crecimiento en las actividades delictivas y de control de los sucesores de las AUC registrado por CERAC confirma lo registrado por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. En efecto, hay una diversidad de fuentes, cada una con diferente énfasis regional, analítico o de datos utilizados, que no permiten precisar contundentemente el influjo o alcance territorial de los neo-paramilitares, pero que sí permiten hacer aproximaciones. Uno de los puntos de divergencia es el número de municipios en donde se registran actividades de estos grupos. En el balance anual del estado de la guerra presentado por la CNAI a finales del 2008 se sostuvo que su influencia

5

se registraba en 247 municipios, y se llamó la atención sobre lo que sucedía en la Costa Atlántica que concentraba el 30% del total de municipios afectados por los neo-paramilitares, lo mismo que sobre la situación del suroccidente del país, que concentraba el 22%.4 Es decir, estas dos subregiones reunían un poco más de la mitad de los municipios con este tipo de grupos ilegales, o sea 136 municipios.

Las reacciones que suscitó el informe fueron inmediatas, unas para alabarlo, otras para descalificarlo. Las fuentes que utilizó fueron la Bitácora Semanal de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, otras fuentes oficiales como Acción Social, prensa regional y nacional, además de trabajo de campo. Los voceros del gobierno señalaron que los municipios afectados no pasaban de 100, CERAC calculaba en ese entonces que su influencia llegaba a 158 municipios, y la MAPP/OEA a 153, aunque lo notorio era que no había cifras concluyentes y desde el gobierno no había preocupación para llevar un registro minucioso o la información sobre el fenómeno no se ha hecho pública. Lo perturbador del hecho es que como las AUC, su antecesor, estos grupos tienden a tener como objetivo sectores de población muy pobres, bien sea en las zonas rurales o urbanas. Y en particular, se han convertido en el azote de las organizaciones de víctimas que buscan la restitución de sus tierras en la Costa Atlántica, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Así lo revela el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en sus diversos informes de riesgo del primer semestre de este año y el último informe de la misión de apoyo a la negociación con las AUC de la OEA.5

Neo-Paramilitares y Cambios en el Repertorio en el Uso de la Fuerza

En el diagrama No. 1 se observa las variaciones en el ejercicio de la fuerza por parte de los paramilitares y sus sucesores. Durante el período de negociación con el gobierno, la principal forma del ejercicio de la fuerza estaba representada por los combates, bien contra la guerrilla, contra fuerzas del gobierno, o entre diferentes frentes en disputa. Hay que recordar que en este período el Estado persiguió selectivamente a estos grupos, y además hubo intensos enfrentamientos entre ellos, como el del Cacique Nutibara y el Bloque Metro en Antioquia, o el del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare en el Casanare y Vichada. Desde el 2006 en adelante, la modalidad predominante del uso de la fuerza por los neo-paramilitares es la amenaza e intimidación, que corresponden a más de la mitad de las actividades registradas de estos grupos, aunque hay que hacer salvedad que esas amenazas tienden a estar subestimadas por el riesgo que supone la denuncia ante las autoridades o ante la prensa. Este ejercicio de la

4 ‘“Bandas Criminales”, Seguridad Democrática y corrupción’, Revista ARCANOS No. 14, Diciembre 2008, Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI, Bogotá. 5 Ver XIII Informe de la MAPP/OEA, segundo semestre de 2009.

6

fuerza corresponde con las reiteradas denuncias hechas por organizaciones de víctimas y otras organizaciones sociales sobre la presión a la que están sometidas por estos grupos, que en algunos casos ha llegado a ser letal.

Diagrama No. 1

MODALIDADES EN EL USO DE LA FUERZA POR PARAILITARES Y SUCESORES

2002- 2008

Fuente: Base de Datos sobre el Conflicto Armado Colombiano, CERAC.

Asedio a Líderes Sociales y Persistencia del Desplazamiento

En el cuadro No. 1 se presenta una agrupación provisional e incompleta de líderes de organizaciones sociales, de desplazados y de víctimas asesinadas por subregiones en los últimos 27 meses. La cifra es estremecedora y revela la situación de intimidación, miedo e inseguridad en la que viven estos grupos sociales, en particular en Antioquia, la Costa Atlántica y el suroccidente del país. Si nos permitimos calcular un promedio con vidas humanas, cada mes han sido asesinados dos líderes de estas organizaciones, en un contexto de justicia transicional en donde el Estado debería garantizarles a las víctimas el derecho a la no repetición de los hechos de violencia ejercida por las AUC, agentes estatales o las guerrillas. 59 líderes de organizaciones sociales y de población afectada por

7

el conflicto armado asesinados en poco más de dos años es una cifra trágica que revela la desprotección y las precarias condiciones de seguridad para estos grupos.

Cuadro No. 1

NÚMERO DE LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DE DESPLAZADOS Y DE VÍCTIMAS ASESINADOS

2007-2009 (primer trimestre)

Subregión Departamento

Número de

Víctimas

Antioquia y Eje Cafetero

Antioquia 18 Caldas 1

Quindío 1 Subtotal 20

Costa Atlántica

Atlántico 2 Bolívar 3

Córdoba 5 La Guajira 4

Sucre 1 Subtotal 15

Llanos Orientales Arauca 2

Caquetá 2 Subtotal 4

Santanderes Norte de

Santander 1 Santander 1

Subtotal 2

Pacífico y Putumayo

Cauca 5 Chocó 2 Nariño 3 Valle 6

Subtotal 16

Centro Bogotá 1 Huila 1

Subtotal 2 TOTAL 59

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas y Prensa, datos procesados por Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

8

La gráfica No. 2 revela otra dimensión de los resultados diferenciales de la política de seguridad. En efecto, en la gráfica se observa cómo el secuestro ha tenido un descenso sostenido desde mediados del 2003, disminución que se ha desacelerado desde el 2008. En el caso del desplazamiento forzado, no se puede ser tan optimista. Una disminución inicial entre el 2003 y el 2005, dio paso a un incremento a los niveles del 2001, uno de los años más álgidos. El que aún hoy, luego de siete años de gobierno del presidente Uribe se estén presentando cerca de 250.000 desplazados anuales, debe ser motivo de preocupación y reflexión, por decir lo menos.

Gráfica No. 2

Evolución del Número de Secuestros y del Número de Desplazados 1998-2008

Fuente: Base de Datos sobre conflicto armado de CERAC, 2008.

Un enfoque regional del desplazamiento forzado señala que las zonas de operaciones militares del Estado, enfrentamientos con las guerrillas o acciones de los neo-paramilitares son las regiones en donde mayor desplazamiento se registra. El caso de Antioquia es significativo, no sólo por el número de desplazados sino por el no registro del causante del desplazamiento en el caso del mayor responsable. Del Diagrama No. 2 se infiere que los mayores causantes del desplazamiento o son fuerzas estatales o grupos sin

9

insignias reconocibles, y que en la mayoría de los casos son antiguos desmovilizados o grupos reorganizados de las antiguas AUC.

Diagrama No. 2

DESPLAZAMIENTO INDIVIDUAL POR AUTORES ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO

2009 (Enero-Sepiembre)

Fuente: http://www.accionsocial.gov.co. Estadística sobre Desplazamiento. Datos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

0

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3000

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9000

10000

Antioquia Caldas Risaralda

9976

758

321

7166

5402391016

35 8

1076

13843

Total

No Disponible

Autodefensas o Paramilitares

Grupos Guerrilleros

10

Diagrama No. 3

DESPLAZAMIENTO INDIVIDUAL POR AUTORES COSTA ATLÁNTICA

2009 (Enero-Septiembre)

Fuente: http://www.accionsocial.gov.co. Estadísticas sobre Desplazamiento. Datos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

En la Costa Atlántica las operaciones militares estatales han bajado significativamente, por lo que se deduce que el causante del desplazamiento forzado que se registra como “no disponible”, son grupos neo-paras. El caso de los departamentos de Córdoba y Bolívar presentan los niveles más altos, y el total de desplazados de la región podría estar en cerca de 20.000 personas para el 2009, cifra que si bien es menor que la del 2008, todavía sigue siendo alta.

Municipios con Actividades Neo-Paras y Problemas de Registro

Para finales del 2009 se puede sostener que la situación en las dos regiones mencionadas en el informe del año pasado como las más afectadas por los grupos que sucedieron a las AUC – Costa Atlántica y Suroccidente - ha variado poco, y en otras ha empeorado, como en los Llanos Orientales, en particular en el Meta, Guaviare y Casanare, en donde el Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia, ERPAC, al mando de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, ha logrado reorganizar un ejército con cerca de 1300 hombres

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

134

2666

1755

3361

1283

1866

864

93

1937

1320

2477

1011

1415

626

Total

No Disponible

Autodefensas o Paramilitares

Grupos Guerrilleros

11

armados. De igual forma, la diversidad de fuentes sobre el fenómeno tampoco ha cambiado, y esta situación no permite hacer apreciaciones concluyentes. Sin embargo, es posible hacer estimaciones conservadoras y otras menos exigentes, con el propósito de visualizar el estado de este fenómeno ilegal armado.

En el Mapa No. 1 están localizados con color azul 173 de los 247 municipios en donde se registraron actividades de los neo-paramilitares en el 2008. En color negro están los que faltan del 2008, pero están de diferente color porque también repitieron en el 2009 con actividades de estos grupos ilegales. Es decir, y de acuerdo con la Vicepresidencia de la República, en todos los municipios azules los neo-paramilitares dejaron de actuar en el 2009. En este año sólo operarían en los municipios en negro, y en los de color rojo, que son los nuevos, que están registrados en los informes de la Vicepresidencia en el 2009, pero no estaban en el 2008.

12

Mapa No. 1

Municipios con Actividades de Grupos Neo-Paramilitares 2008 y 2009

Si se aceptan sin discusión los registros de la Vicepresidencia en el 2009 sólo habrían 120 municipios en donde los neo-paras estarían actuando. Es decir, toda la mancha azul en la Costa Atlántica que se observa en el mapa estaría libre de estos grupos, lo que no es

13

corroborado por los reportes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ni por las informaciones de los periódicos consultados por el observatorio de la CNAI. Algo parecido se estaría presentando en Nariño, Putumayo, Cesar y Norte de Santander, sin mencionar la Zona Cafetera, en donde también se observan municipios en color azul, es decir, en los que se registraban actividades de los neo-paramilitares en el 2008, pero ya no en el 2009. Lo deducido de los informes de la Vicepresidencia sería una aproximación muy conservadora y limitada a la verdadera dimensión del fenómeno.

Por el contrario, si se hace una lectura menos restrictiva y se consideran todos los municipios registrados durante los dos años con actividades de neo-paras en los reportes de la Vicepresidencia, el número de municipios sumaría 293. Uno de los puntos interesantes del Mapa No. 1 es la localización de los grupos. Estos tienen una fuerte tendencia a ubicarse en las principales vías y alrededor de los centros urbanos. Esto se puede ver con claridad en el valle del río Cauca, en la zona metropolitana alrededor de Medellín, en las capitales de los dos Santanderes y en las capitales de la Costa Atlántica. El cuadro No. 1 permite observar con más detalle los registros agrupados por departamento y subregiones.

Cuadro No. 2

MUNICIPIOS CON ACTIVIDADES DE GRUPOS NEO-PARAMILITARES SEGÚN DEPARTAMENTO Y SUBREGIÓN

2008-2009

Subregión

Departamento

No. Municipios

2008 (Azules)

No. Mun. 2008-2009 (Negros)

No. de Municipios

2009 (Rojos) Total

Subregión

Departamento

No. Municipios

2008 (Azules)

No. Mun. 2008-2009 (Negros)

No. de Municipios 2009

(Rojos) Total

Antioquia y Eje Cafetero

Antioquia 17 15 10 42 Santanderes

Norte de Santander 14 4 3 21

Caldas 3 1 4 Santander 8 4 4 16

Risaralda 1 2 1 4 Subtotal 22 8 7 37

Subtotal 21 18 11 50

Pacífico y Putumayo

Cauca 3 4 3 10

Costa Atlántica

Atlántico 13 1 14 Chocó 4 1 3 8

Bolívar 12 2 14 Nariño 14 5 4 23

Cesar 12 4 16 Putumayo 5 1 1 7

Córdoba 3 13 4 20 Valle 13 4 3 20

La Guajira 4 1 5 Subtotal 39 15 14 68

Magdalena 8 2 1 11

Centro

Bogotá 1 1

Sucre 6 1 1 8 Boyacá 2 1 1 4

Subtotal 58 24 6 88 Cundinamarca 5 1 6

Llanos Arauca 4 4 Huila 2 1 3

15

Orientales Casanare 5 5 Tolima 5 1 6

Caquetá 5 1 6 Subtotal 14 4 2 20

Meta 4 5 4 13 Otros Guainía 1 1

Vichada 1 1 Subtotal 1 1

Subtotal 19 5 5 29 TOTAL 173 74 46 293

Lo que se quiere mostrar con este ejercicio es la urgente necesidad por tener mejor información sobre el fenómeno y una mayor responsabilidad del Estado y del gobierno en ese propósito. El hecho que las acciones unilaterales de los neo-paramilitares hayan superado en número a las de las FARC durante el año en curso, y que en ocasiones hayan sido mayores que las de las FARC y el ELN juntos, y que esas acciones tiendan a situarse en zonas urbanas, en las vías de acceso a los principales centro urbanos, llama a una reflexión y a una reorientación de la política pública sobre seguridad en la capital del país y las capitales departamentales.

1

Ariel Fernando Ávila Martínez Magda Paola Núñez Gantiva1.

BOGOTÁ CERCADA

Algunos Criterios Teóricos

Los debates en torno a la seguridad ciudadana, seguridad humana y seguridad

urbana, no son nuevos, aunque carecen de una conceptualización y teorización.

Los desarrollos teóricos alrededor del proceso de un conflicto armado en las

ciudades son pocos, más no las teorizaciones de delincuencia organizada, las

pandillas o maras y la presencia de estructuras narcotraficantes en las ciudades.

La hipótesis de la existencia de una reconfiguración del conflicto armado

colombiano, entre otras cosas, apunta a la presunción de una posible urbanización

del mismo. Dicha urbanización no se entiende como una llegada o traslado de

tropa de grupos armados ilegales a las ciudades, de hecho, la existencia de estos

grupos en las urbes es tradicional. Por el contrario hace referencia a que a

diferencia de años anteriores las ciudades se convierten en una fuente de disputa

y por ende las ciudades ya no son una zona de abastecimientos sino casi una

retaguardia de los grupos armados ilegales. Ya sea para el abastecimiento de

medicinas, de alimentos, para el lavado de dinero o la captura de rentas las

ciudades se han convertido en una fuente de disputa entre los grupos armados

ilegales.

La presencia de grupos armados ilegales viene a sumar sobre una serie de

estructuras ilegales con cierta capacidad bélica, además de practicar un tipo de

criminalidad diferente a otra serie de estructuras ilegales de carácter urbano. A

nivel rural se identifican diferentes tipos de estructuras armadas, que bajo ciertos

matices se podrían asemejar a los que se desarrollan en las ciudades. A nivel

urbano se podrían distinguir los siguientes tipos de grupos armados ilegales. 1 Ariel Fernando Ávila Martínez es Coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en temas de Conflicto Armado. Magda Paola Núñez Gantiva es Investigadora del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.

2

• MAFIAS COERCITIVAS

• GAI (Grupos Armados Ilegales con estructura jerárquica de Mando)

• BANDAS DE MENOR TAMAÑO TIPO SATÉLITE

• GRUPOS PRIVADOS ARMADOS DE CARÁCTER ILEGAL2

• DELINCUANCIA ORGANIZADA.

• DELINCUENCIA ORDINARIA.

• PANDILLAS.

El reciente Informe de desarrollo Humanos para América central de las Naciones

Unidas habla de tres tipos de grupos. El Crimen Organizado, la Narcoactividad y

las Pandillas o Maras. Para el caso colombiano además tendremos que agregar

los Grupos Armados Ilegales y diferenciar los grupos armados tipo satélite y

grupos privados de seguridad. A diferencia de centro América, Colombia se

encuentra en medio de la existencia de grupos armados ilegales. Así las llamadas

banda de “menor tamaño tipo satélite” en las ciudades generalmente se asemejan

a fenómenos de pandillas o maras3 e igualmente ocurre con los grupos privados

armados de carácter ilegal.

En términos estrictos la delincuencia organizada se define como la actuación de

grupos asociados de sujetos que operan de forma permanente y organizada sobre

diferentes aspectos patrimoniales de las personas que son apropiados

ilegalmente. “Precisemos sí que el crimen organizado prospera más fácilmente en

un país donde los desajustes sociales sean más intensos o donde el grado de

“anomia” sea mayor. Y añadamos que el crimen organizado se diferencia del delito

común por una circunstancia básica: esta figura supone el concurso deliberado y

duradero de varios individuos para llevar a cabo una cadena de delitos2. De aquí 2 Una tipología para las zonas rurales se encuentra Tesis de Maestría de Ariel Ávila Martínez que se utilizó como base para la que se hace en este artículo. maestría en sociología Universidad Nacional de Colombia. 3 En la actualidad existe un gran debate en torno a las denominadas Maras, que se han configurado en un fenómeno trasnacional. Básicamente sobre su nacimiento existen varias visiones. Una primera las identifica como grupos pandilleros que nacieron en los EEUU y que rápidamente se vincularon a la delincuencia y el narcotráfico, así al ser deportados estos pandilleros a sus países de origen replicaron el fenómeno en los mismos. Una segunda visión las identifica ligadas a la pobreza y exclusión social convirtiéndose estas maras en centros de arraigo e identificación social, en lo esencial las maras se configuraron como grupos de jóvenes y han sufrido un proceso de criminalización interior progresivo. Una tercera visión las asocia al post-conflicto centroamericano y donde el incumplimiento de agendas de dialogo, la imposibilidad de negociar sistemas de exclusión estructural llevaron al nacimiento de este fenómeno. No hay acuerdo sobre este aspecto, tal vez sea una combinación de las tres visones.

3

se sigue que el modelo “racional” o el enfoque de beneficio-costo sea sin duda el

mejor para explicar y para combatir la delincuencia organizada. Para decirlo en el

lenguaje del capítulo 2, en el delito organizado el “motivo” cuenta mucho más que

las “causas”: los individuos se asocian para ganar dinero3 por métodos ilícitos. Por

ende, la existencia y la fortaleza de la organizaciones criminales son una función

directa de la existencia y extensión de los mercados ilícitos, ora porque su

“mercancía” sea ilícita (seres humanos, drogas prohibidas) ora porque la obtienen

o la comercializan en forma ilícita (estafas organizadas, tráfico de objetos robados,

venta ilegal de armas, contrabando, entre otros)”4.Las principales ejes de la

delincuencia organizada es el hurto de celulares, contrabando, vehículos existen

organizaciones de delincuencia de carácter trasnacional la trata de blancas es la

más peligrosa, estas estructuras tiene una jerarquía, disciplina apocan la

corrupción pero su motivación es en una buena proporción por la codicia. En este

caso el botín y la distribución del mismo es el eje sobre el cual operan estos

grupos.

Por el contrario la llamada narcoactividad se asemeja a lo que en este estudio se

denomina las mafias coercitivas que son grupos ilegales que aunque se basan en

el botín intentan organizar circuitos de comercio ilegal que generalmente esta

asociado a la distribución de narcóticos, pero que abarca fenómenos de centros

de lavado de dinero, control de zonas de prostitución y es un fenómeno que

envuelve no sólo zonas urbanas sino rurales también. Por ejemplo para el caso

centroamericano se dice que; “Aunque se trata de un fenómeno básicamente

supranacional, el tráfico de narcóticos conlleva cinco graves amenazas para la

seguridad de los centroamericanos y las centroamericanas. Primera, los

homicidios y demás episodios de violencia por motivo del trasiego y la lucha por el

control de territorios; segunda, el consumo local de droga en tanto facilita o induce

la comisión de delitos ordinarios; tercera, el estímulo y la potenciación de otras

formas de criminalidad organizada; cuarta, la corrupción de agentes del sscjp,

políticos y empresarios en sectores económicos conexos; y quinta, la dedicación

de cuantiosos recursos a esta “guerra”, que bien podrían dedicarse a otras tareas.

4 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág. 100

4

El uso de la violencia es consustancial al crimen organizado, y más cuando se

trata de un negocio tan rentable como el de la droga: puesto que los carteles no

pueden acudir a los jueces para zanjar sus disputas o para hacer que se cumplan

sus contratos, inevitablemente crean sus propios aparatos y modalidades de

“justicia” y cumplimiento de las normas (cuerpos de matones, sicarios, asesinato

del trasgresor, etcétera). Estos aparatos se emplean además para “regular la

competencia”, vale decir, para dirimir el control sobre las rutas y mercados de la

droga –como venía sucediendo en Colombia y en México desde hace varias

décadas–.”5.

La existencia de estas mafias coercitivas conlleva acciones destinadas a la

legalización del dinero de estas organizaciones, con lo cual su interferencia en

circuitos legales de producción y comercialización es de sus puntos focales de

acción.

En tercer lugar las Pandillas y-o Maras son fenómenos juveniles, barriales o

comunales y supremamente diferenciales. Ya que tememos pandillas de jóvenes

que trabajan en grupos culturales hasta pandillas que se conforman con el fin de

aplicar un fenómeno de control barrial. Por ejemplo en toda Centro América donde

este tipo de agrupaciones es causa en la actualidad e uno de los mayores

problemas de inseguridad se dice que “Las pandillas y “maras” centroamericanas

han sido objeto de numerosos estudios que sin embargo, en algunos aspectos

importantes, llegan a conclusiones distintas o hasta opuestas. Esta disparidad se

debe en parte a los distintos países o momentos del análisis, en parte a la

diversidad de fuentes y de métodos, y en parte a la variedad de enfoques y

conceptos. Pero tomados en su conjunto los estudios apuntan a una conclusión

fundamental: las pandillas de jóvenes son un fenómeno complejo, heterogéneo y

cambiante en Centroamérica. Por eso hay que cuidarse de las afirmaciones

simplistas, y en especial de aquellas que miran a las pandillas “maras”6 como

grupos del todo criminales o, al contrario, como inocentes clubes juveniles. Hay

pandillas y pandillas, pandilleros y pandilleros, situaciones y situaciones: no se

puede estigmatizar a los jóvenes por el hecho de serlo, pero tampoco se puede

5 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág. 104

5

renunciar a la sanción de los delitos comprobados y concretos que comentan los

mareros”6.

Luego se encuentran los Grupos Privados de Carácter ilegales. Que igualmente se

asocian de acuerdo a botín pero funcionan como mercenarios, en particular no

controlan ningún circuito de comercialización legal o ilegal, presentan seguridad a

los propietarios de estos circuitos a las zonas de corredores por donde transita la

mercancía. Este tipo de grupos se compone de muy variadas capas de individuos

que prestan seguridad. Incluso el propio informe de centro América acepta

tácitamente la existencia de estos grupos. “Otros cuatro factores importantes

ayudaron a que la narcoactividad se expandiera por América Central. Los

desmovilizados de las guerras, el crecimiento de la seguridad privada sin control y

la abundancia de armas ayudaron a formar los grupos paralelos al servicio de los

carteles. La migración masiva –y a menudo ilegal– creaba oportunidades para

infiltrar “mulas” o portadores de droga hacia Estados Unidos. Algunas de las

organizaciones dedicadas al contrabando tradicional se reconvirtieron a la droga u

otros productos más lucrativos. Y por supuesto el dinero de los traficantes pudo

ser “lavado” a través de la banca y otras actividades (construcción, turismo,

comercio, compra de tierras, etc.) en los países del Istmo, especialmente en

Panamá y Guatemala”7.

En quinto lugar, se encuentran las Bandas tipo satélite que son franquicias

armadas de Grupos Ilegales Armados o de Mafias Coercitivas. Por un lado el

narcotráfico en Colombia ha tenido esta particularidad, de tener franquicias

armadas y ejércitos propios conjuntamente y muchos grupos armados ilegales no

exponen sus estructuras en las zonas urbanas y prefieren tener pequeños grupos

urbanos que les permita gozar de una fuente de abastecimiento.

Por último, se encuentra los grupos Armados ilegales, que se encuentran en

función de intereses nacionales o regionales y que gozan de efectivos armados,

identificados con armas largas y que en una buena proporción de los casos tiene

un proyecto político o al menos majen discursos referentes a propuestas de tipo

6 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág.106. 7 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág.104

6

nacional. Su capacidad bélica igualmente es sustancialmente alta con respecto a

otras estructuras armadas y manejan una buena proporción de efectivos.

Efectivamente uno de los debates en torno a la seguridad urbana y ciudadana

hace referencia al tipo de riesgo al que se expone la población. En términos

generales se podrían distinguir dos tipos de afectaciones que podría sufrir la

población. Tipos de acciones contra la seguridad personal y acciones contra el

patrimonio. Dentro de los primeros contamos homicidios, secuestros, amenazas y

dentro de los segundos todo tipo de actuaciones contra la propiedad de las

personas8.

La Ciudad Sitiada

El siguiente documento pretende mostrar los resultados de una investigación en

torno a la situación de grupos armados ilegales y en particular a aquellos que

nacieron posteriores a las desmovilizaciones paramilitares. Mauricio Romero

tipificó estos grupos en tres categorías, Rearmados, Emergentes y Disidentes.

Además de este tipo de grupos se distinguen las bandas al servicio del

narcotráfico.

Su distinción no parte del comportamiento sobre el terreno, tanto los grupos

nacidos posterior a las desmovilizaciones paramilitares como la delincuencia

organizada, como las pandillas pueden cometer delitos de tipo patrimoniales y

contra la seguridad personal. “En la vida real la criminalidad es un fenómeno

complejo, que con frecuencia implica una cadena de actos ilegales conducentes o

de algún modo resultantes en el delito contra la persona o contra su derecho a

disfrutar del patrimonio. Esto vale especialmente en relación con el crimen

organizado: la asociación para delinquir, el tráfico de armas, el lavado de activos o

el comercio de bienes ilegales son delitos que debemos estudiar porque están

muy estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen

directamente a las personas o a su patrimonio”9. Otro problema es la tipificación

de los delitos y la persecución que haga el estado de los mismos.

8 Para ver más sobre esta tipificación de grupos armados ilegales ver tesis de Ariel Fernando Ávila Martínez en la Maestría en Sociología. 9 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág.35.

7

La distinción opera en lo referente a la propia naturaleza de la organización y en

sus objetivos o fines. Mientras que la delincuencia organizada mantiene una

jerarquía establecida y una disciplina interna su funcionamiento depende del botín

que adquieren. Por el contrario las pandillas y maras aunque consideran el botín

un factor fundamental se organizan alrededor de beneficio no materiales más

cercanas a solidaridades sociales y la narcoactividad actuaría en función de la

comercialización de dicho producto, además del lavado de dinero y demás

acciones tendientes a mejorar o mantener los beneficios económicos de dicho

negocio.

La investigación encontró situaciones relevantes para el caso de Bogotá, entre

muchas otras, se destacan las siguientes tres. En primer lugar y como hipótesis

general se ve un posicionamiento de los grupos emergentes, rearmados y

disidentes en las vías de acceso–salida de la ciudad de Bogotá y en sectores

marginales de la ciudad. Básicamente se ve un fenómeno donde se está rodeando

Bogotá. Como lo muestra el siguiente mapa.

8

El mecanismo de rodear la ciudad no sólo se da con la presencia de estructuras

armadas permanente en la periferia de de Bogotá y en sus vías de acceso

también en el posicionamiento de bases sociales de estas organizaciones por

medios legales como la compra de propiedades, de lugares de comercio estable.

Muestra de este fenómeno son las recientes capturas de testaferros de alías el

Loco Barrera que mostraron como en los municipios de Cota, Funza y Chía se

habían comprado más de 20 predios al igual que en Bogotá donde ocurrió el

mismo fenómeno.

9

En segundo lugar, Bogotá se ha convertido en una zona de venganzas de grupos

y de estructuras narcotraficantes. En lo que va del año se han registrado 106

acciones de sicariato en la ciudad, además el homicidio viene en un aumento

constante desde 2007. “Frente a esta interpretación hay que anotar que, en primer

lugar, el aumento del homicidio no es coyuntural, pues desde el año 2007 este

delito no ha dejado de crecer en la ciudad. Según los datos de Medicina Legal,

pasamos de 1.336 homicidios reportados en 2006 a 1.414 en 2007, a 1.459 en

2008 y -si la tendencia se mantiene- el 2009 terminará con algo más de 1.520

homicidios”10. La siguiente gráfica muestra la evolución anual de la tasa de

homicidio por cien mil habitantes para Bogotá.

Tasa Por Cien Mil habitantes. Homicidio en Bogotá Evolución anual.

Hugo Acero Velásquez; Inseguridad en Bogotá: Interpretaciones que paralizan Revista Foro. 2009.

Resulta preocupante el fenómeno del sicariato, son varios los comerciantes de

sanandresitos que han muerto por medio de estas acciones y varias las personas

que ligadas al negocio del narcotráfico han muerto en estos mismos hechos. Estas

venganzas son producto de dos situaciones. Por un lado, se ha encontrado un

retorno de narcotraficantes a las ciudades. Básicamente con la muerte de Pablo

Escobar Gaviria el negocio del narcotráfico sufre un problema de descentralización 10Hugo Acero Velásquez; Inseguridad en Bogotá: Interpretaciones que paralizan Revista Foro. 2009; Pág.1.

38

5663

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59 57

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23 22 2418 19 19

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2005

2006

2007

2008

Tasa

10

y democratización, las luchas intestinales de las organizaciones de

narcotraficantes y la persecución judicial llevaron a que los líderes de estas

organizaciones del narcotráfico se trasladaran hacia las regiones y ciudades

intermedias. El nacimiento de mini-carteles y el fenómeno de los traquetos en

términos taxativos trajeron nueva dinámicas en las grandes ciudades. Con la

extradición de los jefes paramilitares se ha comenzado a ver un retorno de líderes

de estas organizaciones mafiosas, nuevamente huyéndole a las guerras

intestinales y la persecución judicial. En segundo lugar, Bogotá ha sido vista como

una zona de refugio de algunos narcotraficantes lo que ha llevado igualmente a su

traslado. La captura de los lugartenientes del Loco barrera, Cuchillo y Comba

muestran esta situación. Tal traslado de líderes narcotraficantes ha llevado a que

Bogotá tome esta dinámica de zona de venganzas.

En tercer lugar, Bogotá se transformó en un “paraíso” para el lavado de dinero, de

ahí, que la disputa entre organizaciones mafiosas sea igualmente por las zonas de

lavado de dinero. Indudablemente los sanandresitos y zonas de centros

comerciales se han convertido en fuente de disputa por las posibilidades de lavar

dinero. En Bogotá algo más de 25% de la población obtiene ingresos superiores a

1.5 millones de pesos, lo que convierte a la ciudad en un “Olimpo” para este tipo

de acciones. Estos lugares durante años han sido centros para este tipo de oficio,

la diferencia es que en la actualidad están siendo disputadas por otras

organizaciones mafiosas que no hacían presencia en la ciudad.

El ingreso percapita de algunos sectores de la sociedad Bogotana permite

camuflar grandes sumas de dinero que son destinadas a construcciones y

edificios, además permite una compra-venta de bines manufacturados con relativa

agilidad. Esto igualmente lleva a una cuarta situación compleja y es Bogotá como

retaguardia de abastecimiento de los grupos armados ilegales. Aunque sobre este

tema se debe profundizar, las investigaciones indican que de Bogotá salen

grandes cantidades de medicinas, ropa –uniformes-, y en general dotaciones para

los grupos armados ilegales. Los talleres donde se fabrican armas artesanales, los

hospitales clandestinos donde se someten a recuperación de heridos dejan ver

11

dicha particularidad. Además una ciudad con 9 millones de habitantes permite el

camuflaje de una buena cantidad de actores ilegales.

La quinta situación que encontró la investigación son fenómenos de permeabilidad

de la Fuerza Pública. Inicialmente el fenómeno parece contradictorio, pero

mantiene una lógica intrínseca. Si bien es cierto, la corrupción de la Fuerza

Pública es tradicional en Bogotá esta se ha venido reduciendo desde la

administración Mokus, de hecho, la percepción de la población se ha modificado

sustancialmente con años anteriores, esto contrasta con una mayor permeabilidad

de la Fuerza pública con estructuras armadas ilegales en la ciudad. Es decir,

mientras que la relación con bandas de ladrones de barrio, o criminales de bajo

nivel disminuye, la relación con organizaciones criminales y grupos armados

ilegales crece. El anterior hecho se suma el bajo pie de fuerza militar en las

localidades. Por ejemplo Ciudad Bolívar tiene 365 policías para 365 barrios. Lo

cual hace imposible un control eficaz sobre la localidad, Esta misma situación se

repite en varias localidades.

Estos cinco factores han llevado a que estas estructuras ilegales se posicionen en

las vías de acceso de la ciudad y desde allí poder garantizar los abastecimientos a

las estructuras rurales, sobre todo las que están ubicadas en los llanos orientales,

el magdalena medio y en el eje cafetero, además controlar el acceso de otros

grupos armados ilegales y servir como retaguardia armada a los agentes que

controlan los sanandresitos, zonas de prostíbulo y en general los centros de

lavado de dinero. Estructuras que son una amenaza latente y que actúan como

factor disuasivo.

Crimen Organizado, Pandillas y Grupos armados ilegales

Bogotá durante años mantuvo comportamientos atípicos con el resto de las

ciudades en el indice de sus homicidios, la pregunta frecuente no era por qué

disminuyen los homicidios, sino por qué no aumentan. Incluso durante el año 2003

y 2004 cuando Bogotá vivió las consecuencia de la guerra intestinal de las AUC

entre el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare la tasa

de homicidio se mantuvo estable y tuvo un leve crecimiento para 2005.

12

La explicación se debe buscar en la organización primaria de la delincuencia en

Bogotá. Durante parte de la década de los sesentas y setentas se produjo en Ben

la ciudad una guerra entre mafias esmeralderas venidas de Boyacá y que se

expandieron en los Llanos Orientales. Desde allí se configuraron en la capital

diferentes grupos ilegales de seguridad privada al servicio de estas mafias, de ahí

que el crimen organizado y la delincuencia común durante años estuvieron

controlados y los índices de violencia no fueron altos. La situación diferencial de

los últimos años es que las mafias que controlan la delincuencia se han debilitado

y han entrado en disputa con otras mafias. Lo cual ha llevado a un desorden en el

control de la delincuencia en Bogotá. Adicional a ello las mafias esmeralderas no

eran excluyentes con otro tipo de grupos armados ilegales y Bogotá podía

absorber una gran cantidad de estos grupos sin que ello significara un

enfrentamiento entre estas estructuras armadas ilegales. Los recientes hechos de

incremento de violencia obedecen a la llegada de nuevos grupos armados

ilegales, al debilitamiento de los antiguos grupos que controlaban la delincuencia,

y sobre todo a la disputa que sobre los centros de comercio ilegal se está

produciendo

Uno de los ejemplos de este fenómeno es la localidad de Kennedy, aquí la

investigación encontró 3 puntos neurálgicos y tres fenómenos diferenciales. Por un

lado, la Plaza de Corabastos muestra una fuerte concentración de grupos

armados ilegales que capturan rentas a través de las llamadas vacunas,

esencialmente estas estructuras se ubican a las afueras de la plaza; en los barrios

cercanos, que en su mayoría son barrios de invasión y donde estas estructuras

armadas mantienen una presencia estable. La presencia de grupos armados

ilegales ha sido tradicional en este sector, de hecho, se tiene referencia desde

principios de la década de los noventa del siglo pasado. La diferencia fundamental

con la actualidad es la proliferación de estructuras armadas ilegales y su presencia

permanente. En términos generales en Corabastos hacen presencia las Águilas

Negras, El llamado Bloque cacique Nutibara, el grupo Héroes Carlos Castaño y el

ERPAC:

13

Otro de los sitios neurálgicos es todo el margen del río Tunjuelito en los límites

entre Bosa y Kennedy. Allí adicional a la presencia de grupos armados ilegales se

han notado grupos de limpieza social. Por último se encuentra la zona de

Tunjuelito donde la presencia de Águilas Negras y el ERPAC hacen temer una

guerra entre estas estructuras por el control de la autopista Sur. Control vial que

es esencial para la salida y entrada de abastecimientos para las diferentes zonas

de los llanos orientales.

Los tres fenómenos diferenciales se expresan en la siguiente situaciones. Por un

lado, a diferencia por ejemplo de Medellín los grupos de limpieza social son

diferentes a las Grupos Armados Ilegales. En otras ciudades generalmente estos

grupos de “limpieza social” son controlados o dirigidos por GAI, en Bogotá aún se

mantiene la diferencia. En términos prácticos una de los factores diferenciales de

Kennedy es la autonomía de los grupos de limpieza social. Las diferencia con los

GAI son las siguientes, en primer lugar, los grupos de limpieza social no tiene una

estructura permanente armada sobre un territorio, en la mayoría de los casos son

contratados para este tipo de acciones, por el contrario GAI si tiene un control

territorial. La otra diferencia es que los GAI son identificables por la comunidad y

mantienen un control social permanente, los grupos de limpieza social hacen

incursiones esporádicas a los barrios. Por último, estos grupos de limpieza social

generalmente dependen de una contratación que realicen comerciantes o

habitantes de una zona determinada, por el contrario los GIA se mantienen de la

extorción, vacunas y actividades ilícitas y no dependen de una relación directa de

intercambio económico con los habitantes de la zona. El siguiente mapa muestra

estos sitios neurálgicos de Kennedy.

14

Los grupos de limpieza social podrían ser considerados dentro de nuestra

categorización como Grupos Privados Armados de Carácter Ilegal, que en lo

general mantiene comportamientos de ventas de seguridad privada o se

comportan como mercenarios que pueden ser contratados por capitales legales o

ilegales.

Una segunda situación observada en Kennedy hace referencia a las pandillas que

han incrementado su capacidad bélica en el último año. El pandillaje en esta

localidad es tradicional, sectores como el Socorro, el Class Roma, Britalia y buena

parte de Tunjuelito mostraron fuertes disputas entre pandillas. En la actualidad se

ha observado una reagrupación y mayor capacidad bélica que se asemeja a lo

ocurrido en Ciudad Bolívar, de hecho, en varias ocasiones se han enfrentado con

la policía. Dentro de las hipótesis que se manejan se podrían dar dos

aproximaciones, o bien que estas pandillas están siendo armadas por otras

estructuras armadas ilegales con mayor capacidad militar lo que podría llevar a

que estas pandillas sean utilizadas como grupos satélites por narcotraficantes o

15

GAI. O bien que la mayor capacidad bélica obedece a un proceso de cooptación

de pandillas donde se han impuesto las más fuertes lo que hace temer un

incremento de enfrentamientos entre estas pandillas. Sin embrago, cualquiera sea

la razón, o si es una combinación de ambas, los reclutamientos de jóvenes por

estas pandillas se está incrementando sustancialmente. Por otro lado existen

retaliaciones y amenazas constantes contra miembros de tribus urbanas como los

emos que han sido víctima de ataques constantes.

Una tercera situación que se encontró en Kennedy es la proliferación de la

delincuencia organizada, que hasta el momento no se encuentra sujeta a ningún

grupo armado ilegal, es decir, que no funciona como grupo satélite. El incremento

de la delincuencia organizada, se da en el comercio ilegal de celulares,

computadores portátiles e igualmente las bandas de apartamenteros se han

incrementado lo cual podrían llevarnos a pensar que estos grupos estarían ligados

a mafias más estables y con mayor control territorial.

Otra de las zonas neurálgicas que mantiene la ciudad es la localidad de Suba. Allí

se presentan cuatro fenómenos diferenciales. En primer lugar, en el caso de

delincuencia organizada encontramos que la mayor banda de apartamenteros y de

jaladores de carros se encuentra en Suba y existen indicios de que estos grupos

están ligados a mafias grandes de narcoactividad. Aquí el razonamiento es el

siguiente. Desde el año 2002 hasta que el cartel del Norte del valle se mantuvo

cohesionado y más o menos estable el narcotráfico colombiano mantuvo y

recuperó la cadena de distribución y comercialización del narcotráfico, incluso

mantuvo el control de la distribución en algunas ciudades de Europa y EEUU.

Sin embargo, desde 2004 el narcotráfico colombiano perdió el control de la

distribución de las ciudades norteamericanas y europeas y de varias rutas de

tráfico de droga. Esto ha reducido los ingresos de los carteles del narcotráfico en

cerca de un 55%, que es la rentabilidad que deja la distribución en las grandes

ciudades, lo cual ha obligado a que estas organizaciones al servicio del

narcotráfico o la narcoactividad y grupos mafiosos a expandirse a la captura de

otro tipo de rentas. De ahí, que la guerra por prostíbulos, moteles, hoyas de

expendedero de droga no sea únicamente para el lavo de dinero, sino para suplir

16

la crisis económico que dejo la perdida de la distribución en las ciudades del norte.

El afán de controlar y adquirir nuevas rentas que permitan mantener el crecimiento

y sostenimientos de los grupos armados ilegales los lleva a incursionar en otras

actividades legales o ilegales.

Este fenómeno de lucha por control de otro tipo de rentas ha llevado a que la

disputa entre grupos armados ilegales, grupos de narcotraficantes no se dé

únicamente entre estructuras armadas sino que afecten directamente a la

población civil. Por ejemplo, incluso en la Medellín de Pablo Escobar aunque el

índice de homicidios era sustancialmente alto comparado con otras ciudades, el

incide de percepción de inseguridad de la población no se incrementó

sustancialmente. De igual forma, a pesar de la guerra en Bogotá entre el Bloque

Centauros con las autodefensas Campesinas del Casanare la percepción de

inseguridad de la ciudadanía no se incrementó. La explicación es sencilla, pues la

guerra en Medellín y la de Bogotá entre 2003 y 2005 involucraron a los miembros

de las organizaciones armadas ilegales y algunos sectores de la delincuencia. En

cambio, en la actualidad la disputa por otro tipo de rentas y la depredación por

recursos de la delincuencia organizada y pandillas que afectan más al patrimonio

de la población llevan a que el índice de inseguridad se incremente. “Por eso

mismo, la inseguridad percibida o el grado de (in)seguridad subjetiva puede y

suele ser muy distinto del grado de (in)seguridad objetiva. Esta diferencia es

irremediable y es además un hecho cardinal para cualquier análisis tocante a la

(in)seguridad, especialmente en tanto el diseño de estrategias privadas o de

políticas públicas para enfrentar el problema no depende solo de la (in)seguridad

objetiva sino también –y aún a veces, principalmente– de la (in)seguridad

percibida por los sujetos del riesgo.”11. Así la inseguridad subjetiva es la que

dispara los índices. “Pero además de la (in)seguridad objetiva, existe la

(in)seguridad subjetiva, o estimación que cada quien hace sobre el grado de

riesgo al que está expuesto. Esta estimación puede estar basada en datos

estadísticos, puede coincidir con la medición objetiva, y hasta puede ser más

confiable que la que usa la compañía de seguros (por ejemplo, si Ana sabe que

11 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág.29.

17

padece de cáncer pero su asegurador lo ignora). Sin embargo, la (in)seguridad

subjetiva es una percepción o sensación influida por múltiples factores racionales

e irracionales, conscientes e inconscientes, entre los cuales cabe mencionar el

temperamento, la experiencia, los prejuicios, la información “objetiva” y las

opiniones de los demás”12.

Ahora bien, adicional a los temas de delincuencia organizada y como segunda

particularidad en Suba encontramos una fuerte presencia de grupos armados

ilegales. Se identifican las Águilas Negras y más recientemente una estructura que

se hace llamar desmovilizados del Cacique Nutibara. Tanto la zona de la Gaitana,

como en Puerta del Sol y en general todo el Rincón de Suba se encuentra la zona

neurálgica.

La tercera particularidad es la forma como estas estructuras están actuando.

Preocupa el hallazgo de un cobro de seguridad por casa de entre 1000 y 2000

pesos semanales, además de cobras a las familias que reciben algún tipo de

asistencia por desplazamiento. En este caso estamos hablando de barrios con

presencia permanente de estas estructuras y patrullajes constantes. Aquí se está

configurando una situación similar a las que ocurren en ciudades como Medellín o

en algunas urbes de Brasil donde la policía tiene vetada la entrada. El siguiente

mapa muestra la ubicación de las zonas neurálgicas. Aclarando que estas hacen

referencia a la presencia de grupos armados ilegales nacidos posterior a la

desmovilización paramilitar, ya que si se colocara delincuencia organizada y

pandillas habría que sombrear prácticamente la mitad de los barrios de la

localidad.

12 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág. 28

18

La tercera particularidad de Suba es la imposibilidad de control de estos

fenómenos por parte de la Policía. No sólo por el bajo pie de fuerza o la fortaleza

de estos grupos o por la corrupción sino sobre todo por la falta de una política de

seguridad Urbana. Los esfuerzos nacionales se concentraron en la lucha contra

las FARC. De hecho, la política de seguridad urbana se concentró en la lucha

contra este actor armado ilegal, descuidando fuertemente los otros campos de la

seguridad. A los cerca de 250 municipios afectados por las FARC que aún hoy día

se mantienen y a los 273 municipios donde hacen presencia los grupos

emergentes rearmados y disidentes tenemos que agregar la nueva configuración

de la lucha y guerra por el control de las ciudades. Una de las hipótesis de este

trabajo es que la confrontación armada durante 2009 ha venido trasladándose a

las zonas urbanas, son más de 15 las ciudades capitales que en la actualidad

presentan confrontaciones entre grupos armados ilegales además de una buena

cantidad de centros urbanos secundarios y de tercer nivel.

19

Por otro lado, la localidad de Bosa muestra un comportamiento aún más

complicado. Allí confluyen cuatro situaciones. En primer lugar, en algunos sectores

de esta localidad se han encontrado y desmantelado por parte de la fuerza pública

algunos centros de recuperación de heridos de grupos armados ilegales, además

de locales especializados en la fabricación de armas y concentración de medicina.

Es decir, algunos sectores han sido en un sentido flexible convertidos en zonas de

retaguardia de los grupos armados ilegales. En este sector de la ciudad los niveles

de delincuencia organizada se han incrementado y de pandillaje como en el resto

de la ciudad, pero no en los mismos nivel que en Kennedy o Suba, en gran parte

derivado del control de estos grupos ilegales armados. Los centros neurálgicos de

esta localidad se concentran sobre el margen del río Bogotá y el río Tunjuelito, el

sector de San Bernardino y los límites con Soacha y sobre todo la salida por la

autopista Sur. El siguiente mapa muestra los sitios neurálgicos.

20

La segunda situación que se ha encontrado en esta localidad es la disputa por el

control de la autopista sur y por el acceso a Soacha. En lo específico las águilas

Negras, el ERPAC, algunas estructuras que mantienen redes de las Antiguas

Autodefensas Campesinas del Casanare y efectivos, recién llegados, de la Oficina

de Envigado se disputan en estos momentos los pasos a Soacha, lo cual permite

movilización de tropa y abastecimientos y sobre todo superar las barreras

geográficas del río Bogotá y Tunjuelito. Además la disputa por la autopista sur

demostraría la importancia que estas estructuras le dan al control de las vías de

acceso.

Básicamente y como tercera hipótesis en la actualidad de en Colombia se viene

configurando unas dinámicas parecidas a lo que es el conflicto en Brasil en las

favelas, sobre todo en Medellín se puede observan mucho mejor este fenómeno,

en lo esencial son grupos armados ilegales con presencia permanente y que

mantiene control territorial en centros urbanos. Allí la disputa por el territorio es a

muerte. Para el caso de Brasil “El secretario de Seguridad del estado de Río de

Janeiro, José Mariano Beltrame, reconoció la presencia de efectivos de las

policías Civil y Militar entre los miembros de las bandas parapoliciales que

controlan las favelas, pero dijo que es difícil probarlo. La existencia de “territorios

ocupados por ese tipo de crimen”, además de “involucrar a personal policial,

judicial y legislativo”, crea una grave situación que impide elecciones libres y

democráticas en Río, explicó Gouvea Vieira. Las milicias, en general dirigidas por

policías activos o jubilados, dominan 63 favelas, según datos de la alcaldía

carioca. Beltrame afirma que llegaron a sumar 122 bandas, pero se redujeron a

“menos de 100” desde el año pasado. Otras favelas están bajo control de bandas

de narcotraficantes, pero ellos son claramente “definidos como criminales y

apartados de la convivencia”. Es distinto con los milicianos, pues además de ser

aceptados por la sociedad, en muchos casos son autoridades, observó la concejal.

Las milicias surgieron en los últimos años bajo el pretexto de combatir el

narcotráfico, al margen de la ley. Terminaron por sustituirlo, al imponer sus reglas

y exigir a la población y comerciantes el pago por sus servicios ilegales, como

seguridad, transporte y suministro de electricidad, gas y conexión a cables para la

21

televisión. Los grupos armados controlan las comunidades como “feudos políticos”

con fines electorales, dijo la funcionaria”13.

En Bogotá existe un cambio con respecto a Medellín. A excepción de la localidad

de Ciudad Bolívar la distribución territorial de los grupos armados ilegales se

asemeja a las mafias de Europa del Este, que es el fenómeno que se observa en

Bosa. Es decir, existen en la periferia de las ciudades estructuras armadas de un

tamaño pequeño que sirven como apoyo y mecanismo de disuasión a los agentes

urbanos de los grupos armados ilegales. En las afueras de Bosa y sobre todo en

Soacha se concentran buena parte de estas retaguardias armadas y que

incursionan con relativa frecuencia a los centros de la localidad.

La tercera particularidad que se presenta en Bosa es la proliferación de zonas de

tolerancia, con prostíbulos, una red inmensa de “prepagos”, que abarca toda la

ciudad, pero en Bosa es muy importante su presencia y deshuesadoras de

automóviles. Estos centros además de servir de lavado de dinero se han

convertido en fuente de nuevos recursos y rentas para los Grupos Ilegales

Armados.

La Cuarta situación es que la delincuencia ordinaria que se ha incrementado de

forma alarmante en todo Bogotá tuvo un incremento en menor medida en Bosa.

““delincuencia ordinaria”: se trata de delitos que ocurren predominantemente “en la

calle” o “desde la calle”, entre desconocidos, y que por eso mismo causan más

alarma ciudadana”·14. Sin embargo, en Bosa, según algunos indicios que se deben

profundizar, los grupos de limpieza social estarían operando fuertemente y este

tipo de delincuencia estaría siendo inspeccionado por estructuras más grandes.

Esto podría traer como consecuencia, o bien que estos grupos de delincuencia

ordinaria se trasformen en grupos satélites de delincuencia organizada o de

grupos armados ilegales e incluso de mafias coercitivas, lo cual supondría, no la

reducción de este tipo de delitos, sino la organización territorial y distribución

espacial de estas estructuras. U otra de las situaciones que se podrían producir es

que los grupos armados ilegales funciones como grupo de limpieza social para

13Agencia de noticias IPS. Rio de Janeiro; 4 de junio de 2008. 14 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág. 99.

22

ganar cierto respaldo popular y poder acceder a cobrar una seguridad privada a

comerciantes y viviendas. Este fenómeno lo aplicó durante algunos años la oficina

de envigado y resulto ser bastante exitoso en términos de respaldo popular para

dicha organización criminal. Como diría Mauricio Romero se convirtieron en

Empresarios de la Guerra.

Ahora bien, en la localidad de Usaquén el fenómeno es un poco diferente pero

igualmente complejo. Allí se localizan tres sitios neurálgicos con dos

particularidades diferentes. El principal centro neurálgico se encuentra en el sector

del Codito donde la disputa por el control de la carrera séptima se ha hecho

intensa en el último mes. Panfletos, toques de queda y extorsiones son el común

denominador. Las águilas Negras y varias estructuras armadas del Loco Barrera

se disputan el control con lo que al parecer serían algunas estructuras recién

llegadas de las Bandas emergentes de Boyacá.

El segundo sector complicado es la salida por la autopista norte, donde no se

presentan estructuras armadas ilegales en términos estrictos. En cambio se nota

una compra masiva de propiedades en los municipios vecinos a Bogotá y en estas

zonas marginales por miembros de estructuras de los GIA y de los grupos

narcotraficantes o Mafias Coercitivas. La principal dificultad en este sector es que

dicha compra masiva de predios no sólo traería un problema de incremento de la

violencia o el desplazamiento gota o gota de sectores sociales, sino sobre todo la

creación de sectores territoriales vinculados a la ilegalidad y su posible incursión

en la vida lectoral. Es decir, a medida que se crea lo que se podría denominar una

“Zona Franca” de ilegalidad la incursión en política y la utilización de métodos de

corrupción se incrementaran sustancialmente.

Por último, la tercera zona conflictiva se da en la carrera novena entre la calle 127

y calle 134. Aquí se observa lo que al parecer sería una delincuencia organizada

controlada por mafias coercitivas. Efectivamente en estas zonas operan bandas

de delincuentes que tienen dividió el sector en cuadras donde cada banda es

“dueña” de dicha cuadra. Transitar en estas zonas se hace difícil debido a los

niveles de control de esta delincuencia organizada.

23

Sumado a esto se encuentra un fenómeno muy complicado y son la proliferación

de pandillas en esta localidad. A diferencia de las de otras localidades, estas

pandillas mantienen aún una capacidad bélica mínima. Pero están proliferando en

buena parte de los colegios de esta localidad y los enfrentamientos entre jóvenes

cada vez son más comunes. En Usaquén igualmente se encuentra concentrada

buena proporción de lo que se denominan tribus urbanas que se atacan entre ellas

constantemente, con lo cual esta localidad se convierte en una de las más

vulnerables para la proliferación de pandillas en toda la ciudad.

Analizaremos, por último, la localidad de Ciudad Bolívar, que podríamos definir

como la más vulnerable con Kennedy y Suba. Antes de entrar a dicho análisis

debemos aclara tres situaciones. En primer lugar, durante el proceso de

desmovilización paramilitar nunca se tuvo conocimiento de la desmovilización del

Bloque Capital. Esta estructura paramilitar que tuvo su primera acción, según

nuestros registros, en febrero de 1998, se mantuvo activa durante y posterior a la

desmovilización paramilitar, lo que ha permitido la permanencia de redes locales

de reclutamiento, control local y presencia armada, sin que buena parte de la

población haya presenciado algún tipo de cambio sobre el territorio.

Básicamente la creación en 1998 del Bloque Capital se enmarca dentro del

proyecto Castaño de paramilitarismo. Dicha estructura quedó adscrita al Bloque

Centauros que operaba en los llanos orientales, más exactamente en el

departamento del Meta y que se había creado con el objetivo de contener y

controlar estructuras paramilitares que habían ingresado a las AUC, pero que

mantenían fuertes grados de independencia. En particular las Autodefensas

Campesinas del Meta y Vichada y las Autodefensas Campesinas el Casanare

aunque hacían parte de la confederación nunca lograron estar sometidas a la

llamada casa Castaño, de ahí que la creación del Bloque Centauros debía

mantener el “orden” en dicha región del país.

En 2003 con la entrada en vigencia de las negociaciones para la desmovilización

paramilitar las Autodefensas Campesinas del Casanare o ACC, por varias razones

que no estudiaremos aquí, decidieron no ingresar al proceso de negociación. Esto

llevó a que Carlos Castaño diera la orden de someter a los Buitragueños o a las

24

ACC. Entre 2003 y 2005 se produjo una guerra sin cuartel entre el Bloque

Centauros y las ACC que incluso se reprodujo en Bogotá.

El incremento de los homicidios, los reclutamientos ilegales en estos mismos años

en la localidad de Ciudad Bolívar obedecen a esta guerra. Ya para 2004 en un

franco declive de las ACC se produce la muerte de Miguel Arroyabe, para ese

momento comandante del Bloque Centauros y reconocido Narcotraficante. La

muerte de Arroyabe fue planeada por su tercero al mando; alías Cuchillo. Así el

Bloque Centauros se fracciona en tres partes. Una queda al mando de Cuchillo

que más tarde se conocerían como Héroes del Guaviare y más recientemente

como el ERPAC. Una segundo grupo al mando de alías Pirata conocidos como

Héroes del Llano y la última fracción al mando de alías Mauricio que fue la que

desmovilizó con Vicente Castaño.

Lo segundo que se debe aclarar es que tanto el grupo al mando de Cuchillo como

el de Pirata se desmovilizaron, aunque tres meses más tarde ya se habían

rearmado. Cuchillo quien era el que controlaba los sectores marginales de Bogotá

reactivó y consolidó sus estructuras en la Capital en tres años. Mantiene, en la

actualidad, un grupo de algo más de 1500 hombres. Esto ha llevado a que el

ERPAC se posesionara de forma muy rápida sobre toda la localidad de Ciudad

Bolívar y comenzara con una expansión fuerte en toda la ciudad. A pesar de la

presencia del Hoy ERPAC y del anteriormente llamado Bloque Capital las

autoridades nacionales niegan que haya existido el Bloque Capital y Luis Carlos

Restrepo no da razón de los desmovilizados de dicha estructura.

Incluso, hoy día la Policía nacional niega la presencia de personal del ERPAC en

Bogotá, lo cual impide una eficaz actuación de las autoridades. Ahora bien, este

fenómeno se complementa con lo que podríamos denominar una actuación un

poco cuestionable de la Fuerza Pública. Durante la guerra intestinal del

paramilitarismo, entre 2003 y 2005, los operativos militares se concentraron contra

las ACC y no actuaron sobre el Bloque Centauros lo cual posibilitó el crecimiento

del Bloque Capital y el fortalecimiento de sus redes urbanas. Redes que más tarde

25

darían nacimiento al ERPAC, es por esta razón por la que alías Cuchillo ha

logrado dicho crecimiento y consolidación.

Dicha actuación de la Fuerza pública no se ha modificado, por el contrario a pesar

de la fuerte presencia de efectivos militares en el Meta las operaciones contra

cuchillo y la captura de los miembros el ERPAC es mínima. Los algo más de 22

mil efectivos de las Fueras Militares en el departamento se han concentrado en el

combate contra las FARC pero no persiguen a los más de 1000 hombres del

ERPAC.

La tercera situación a clarificar se produce durante la segunda mitad del año 2009.

El ERPAC al parecer habría iniciado una guerra con mafias esmeralderas

tradicionales de la región, lo cual podría traer un incremento de la criminalidad en

Bogotá producto de dicho enfrentamiento.

Como conclusión podemos decir que la localidad de Ciudad Bolívar no ha

mostrado un cambio sustancial con respecto a los años de la presencia

paramilitar. En términos generales en Ciudad Bolívar se encuentra la presencia de

cuatro grupos nacidos posterior a la desmovilización paramilitar. Las Águilas

Negras, el ERPAC, Héroes Carlos Castaño y un grupo recientemente nacido que

se hace llamar Bloque Capital. Aunque la cifra es difícil de establecer serían algo

más de 600 el total de personas vinculadas a estos grupos, el ERPAC cuenta de

esto 600 con algo más de 250.

Sin embargo, Ciudad Bolívar en el último trimestre ha visto llegar a nuevas

estructuras armadas ilegales. Preocupa lo que serían miembros de la Llamada

Oficina de Envigado que han intentado replicar el modelo que aplicaron en

Medellín y en general en el Valle del Aburra. “El pasado 28 de agosto, José

Joaquín y su primo Heriberto creyeron que pasarían a hacer parte de la lista de los

llamados 'falsos positivos'. La madrugada de ese viernes llegaron hasta la central

de abastos de Bogotá, donde ambos trabajan como coteros, y cuatro hombres les

ofrecieron "un trabajo cómodo y lucrativo en Girardot". Había que viajar esa misma

tarde. La misma oferta la recibieron el hijo de 15 años de doña Clemencia, en un

barrio de la localidad de San Cristóbal, y cuatro 'pelados' -que no llegan a la

26

mayoría de edad-, de una pandilla de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar. El

testimonio que ellos le dieron a EL TIEMPO coincide en todo: los hombres que los

contactaron eran cuatro, hablaban paisa, tenían corte militar y después de la

primera oferta, regresaron a concretarla con pistola en mano. Estos casos, no

denunciados formalmente ante las autoridades por temor a las retaliaciones,

hacen parte de los nuevos mensajes y propuestas intimidatorias que un grupo

autodenominado 'Águilas Negras', está difundiendo en panfletos, en los barrios del

sur de Bogotá, tal como lo hizo hace seis meses. Sin embargo, lo que se creía era

una reaparición de alguna facción paramilitar o una banda emergente, para la

Policía es una red delincuencial común conformada por desmovilizados y

promovida por ex 'paras' de Medellín. La misma hipótesis maneja la Secretaría de

Gobierno del Distrito (ver recuadro). Precisamente, este diario estableció que

quienes están, realmente, detrás del reclutamiento de jóvenes y la extorsión a

tenderos, comerciantes y transportadores es la llamada 'Oficina de Envigado'. Un

hombre que se identificó como 'Iván' llegó, según su relato, desde mayo pasado a

la capital en compañía de seis desmovilizados del bloque Nutibara. "Estamos aquí

no para delinquir, como dicen por ahí, sino para prestarle un servicio social a la

gente. Nos contactaron y aquí estamos", contesta en tono cínico y con ínfulas de

autoridad”15.Por otro lado, algunas personas armadas se han identificado como

miembro de los Rastrojos y han manifestado que tomaran el total control de la

localidad. El siguiente mapa muestra la presencia donde operan estos grupos

armados ilegales.

15 El Tiempo “'Oficina de Envigado' quiere replicar modelo de reclutamiento de Medellín en Ciudad Bolívar”

27

Como se observa en el mapa, prácticamente el total de las UPZ mantienen algún

tipo de presencia de estos grupos armados ilegales. Que se componen en su

mayoría por desmovilizados. El programa complementario de atención a la

población desmovilizada que lidera la Alcaldía de Bogotá ha creado un colchón

importante para evitar la reincidencia de los desmovilizados en la delincuencia, sin

embargo, la criminalidad ha logrado absorber buena parte de esta población. Los

datos entregados por la Policía habla de algo más de 10 mil desmovilizados que

han reincidió en la criminalidad y algunos de ellos han formado grupos de

delincuencia organizada que también son bastantes los que se encuentra en

Bogotá. A principio de Noviembre se informaba que: “La Policía desmanteló una

banda de desmovilizados de la guerrilla y las autodefensas que serían

responsables de la ola de panfletos con amenazas que circularon en Bogotá, y

quienes están vinculados en al menos 20 homicidios, en el sur de la ciudad. Luego

de un año de investigación, la Sijin de la Policía de Bogotá capturó a once

28

personas vinculadas a millonarias extorsiones y asesinatos en Ciudad Bolívar,

Bosa y el municipio de Soacha. El Comandante de la Policía metropolitana,

Coronel Cesar Augusto Pinzón, afirmó que los capturados se organizaron luego de

la desmovilización, y llenaron la ciudad de panfletos a nombre de "las Águilas

negras", cobrando extorsiones a transportadores y comerciantes y asesinando a

cerca de 20 personas para ocasionar temor entre sus víctimas. La banda cobraba

$2.000 pesos a cada conductor de vehículo que se desplazaba en las partes altas

de la ciudad, y a los comerciantes entre 10.000 y 15.000 pesos, con lo que

alcanzaban a recaudar más de 50 millones de pesos mensuales”16.

La reincidencia de la población desmovilizada en Bogotá aún se mantiene baja,

pero muestra una tendencia al aumento, aunque no todos pasan a ingresar las

filas de estos grupos armados ilegales, mucho reinciden en la delincuencia

ordinaria o grupos de delincuencia organizada. Con todo, al parecer en buena

parte de los homicidios registrados en lo que va del año la participación de

desmovilizados sería bastante alta. La tendencia al incremento de la inseguridad

urbana y del homicidio es generalizada en todo el contiente. “Así, según nuestras

estimaciones, la violencia homicida cobró la vida de cerca de 79.000

centroamericanos y centroamericanas durante el período 2003-2008, y tres países

(El Salvador, Guatemala y Honduras) aparecen entre los de mayores tasas

delictivas de la región latinoamericana. Pero quizá 2006 fue un año atípico o

quizás la tasa de homicidios ha venido cambiando con el tiempo. Para examinar

estos asuntos, revisemos las tendencias nacionales que resume el cuadro 3.1

(advirtiendo que estas otras cifras no son estrictamente comparables entre países,

porque provienen de distintos tipos de fuentes)”17.

La presencia de pandillas y delincuencia organizada en la localidad es igualmente

alta, en Ciudad Bolívar estas estructuras cuentan con una importante capacidad

bélica, por lo que se teme que estén funcionando como grupos satélites o grupos

privados de seguridad al servicio de grupos armados ilegales o mafias coercitivas.

16 Caracol radio 9 de noviembre de 2009 desmantelan banda de desmovilizados involucarda en al menso 20 homicidios. 17 PNUD; Informe Sobre Desarrollo Humano para América Central; Naciones Unidas, 2009. Pág. 69.

29

La llegada masiva de estructuras armadas ilegales a la ciudad podría traer como

consecuencia el incremento de la violencia a causa de la guerra que se está

desatando por el control de las ilegalidades urbanas. No se prevé una situación

generalizada de violencia contra la población civil, por el contrario sería más un

conflicto subterráneo alrededor del control de las zonas de lavado de dinero, como

sanandresitos, zonas de expendedoras de droga o alucinógenos y por el control

de zonas de prostitución por un lado. Además de una confrontación por las zonas

periféricas de la ciudad y las vías de acceso a la mismo por el otro.

Es notorio destacar que en Bogotá la carencia de una apropiación del territorio

hace que la violencia no sea demasiado territorializada. Así la identificación con un

barrio o una cuadra es sustancialmente menor a la que se presenta en Medellín,

cerca de 800 mil personas por año cambian de sitio de residencia en la ciudad, se

van de sur a norte o de occidente a oriente lo cual permite que la violencia tenga

un componente de identificación zonal como es el caso de Medellín. Aunque el

crecimiento fortalecimiento de pandillas hace prever que este fenómeno de

territorialidad se comience a dar con fuerza en varias localidades como Kennedy,

Suba, ciudad Bolívar y Usaquén.

Es además evidente la carencia de una política de seguridad para las zonas

urbanas. La política de Seguridad Democrática más que una política nacional de

seguridad es una política contrainsurgente y muestra de ello es el fortalecimiento

de los grupos armados que nacieron posterior a la desmovilización paramilitar. Es

pues urgente la toma de medidas para el control de dicho fenómeno, que ya es de

carácter nacional. Hasta inicios del mes de Noviembre Barrancabermeja sumaba

111 homicidios y Medellín algo más de 1750 llegando con aumentos de más de

50% con respecto al año anterior.

Si bien es cierto en narcotráfico explicaría gran parte de los procesos de

reconfiguración del conflicto armado en Bogotá su influencia en términos

generales no sería más del 50%. Incluso a nivel nacional si se comparan los

municipios con presencia de grupos armados ilegales emergentes, rearmados i

disidentes con la presencia de cultivos de uso ilícito y con zonas de ruta de salida

del narcotráfico la coincidencia llega al 48%, ejemplo de esta situación lo es la

30

costa atlántica. En el mejor de los casos a penas en cerca de un 50% la relación

sería directa en los demás posiblemente será indirecta o no la tendrán. Situación

similar se presenta en Bogotá, ya que, la investigación arrojo que el lavado de

dinero y el testaferrato no explican la totalidad del fenómeno. En cambio un tema

poco tratado y que al parecer resulta esencial a la hora de explicar la existencia de

estos grupos es la utilización de grupos armados como grupos de seguridad

privada.

En la localidad de ciudad Bolívar, en el llamado parque minero, se ha presentada

dicha situación. Básicamente la recurrencia con que algunas capas de la sociedad

colombiana utilizan grupos ilegales armados para la adquisición de propiedad,

para la generación de ganancias, así como para el mantenimiento de un statu quo

explicaría en gran parte del país y de la ciudad la existencia de estas estructuras

armadas.

Generalmente la teoría de los conflictos armados internos o guerras de baja

intensidad muestran a los agentes económicos y políticos como actores pasivos

que son extorsionados y asechados por estructuras armadas ilegales y que en lo

esencial estos grupos son independientes de las disputas de las elites políticas y

económicos. Pero nuevamente la evidencia muestra lo contrario. Buena parte de

estas organizaciones son utilizadas como mercenarios, una tendencia mundial y

es la privatización de la guerra. Hoy la vieja visión de que un Estado no puede

sobrevivir sin el monopolio de la violencia está fuertemente es discusión, ay que al

igual que en la edad media Estado si puede existir sin el monopolio de la violencia.

1

ESTRUCTURAS PARAMILITARES DESMOVILIZADAS EN MEDELLÍN:

DE LA UNIFICACIÓN DE LA CRIMINALIDAD A LA FRAGMENTACIÓN VIOLENTA

Por Juan Diego Restrepo E.*

Los años de la unificación de las estructuras paramilitares desmovilizadas en

Medellín, o mejor dicho, los tiempos del monopolio de la criminalidad regido por

Diego Fernando Murillo Bejarano, identificado en el mundo del narcotráfico con el

alias de ‘don Berna’ y entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como

‘Adolfo Paz’, llegaron a su fin en esta ciudad en agosto del año 2007. Varios

hechos produjeron la fragmentación de ese monopolio alterando la “relativa calma”

que se había impuesto en la capital antioqueña desde el 2004 luego de la

desmovilización del bloque Cacique Nutibara (BCN) y la del bloque Héroes de

Granada (BHG), ambos pertenecientes a las AUC. Primero, el traslado de don

Berna de la cárcel de Itagüí, cerca a Medellín, a la de máxima seguridad en

Cómbita, Boyacá. Segundo, la falta de eficacia de sus relevos en el sometimiento

de las bandas conformadas alrededor del proyecto paramilitar en la ciudad. Y

tercero, la llegada de nuevos actores armados ilegales con la pretensión de

disputar el territorio y convertirse en los nuevos “dueños” del poder ilegal urbano.

La estructura paramilitar constituida por aquellas organizaciones sociales,

políticas, económicas y militares creadas en Medellín y su zona metropolitana

posterior a la desmovilización del BCN el 25 de noviembre de 20031, y reforzada

por la dejación de armas del BHG el 1 de agosto de 20052, se caracterizó por

mantener su unidad alrededor de un proyecto centrado en lo urbano que

* Periodista y analista de la Agencia de Prensa IPC del Instituto Popular de Capacitación, IPC, Medellín. 1 En total, 868 hombres y mujeres participaron en la ceremonia de dejación de armas celebrada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín. 2 En total, 2.033 hombres y mujeres participaron en la ceremonia de dejación de armas celebrada en el corregimiento Cristales, municipio de San Roque, Nordeste antioqueño.

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2

combinaba prácticas legales e ilegales. Las primeras, realizadas en el marco del

programa que estructuró la Alcaldía de Medellín y el Gobierno nacional; las

segundas, las propias de su dinámica criminal.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la estructura que se constituyó

en Medellín entre los años 2004 y 2007 fue el aprovechamiento de los acuerdos

con las autoridades municipales, los cuales favorecieron su penetración en

ámbitos sociales y económicos, actuando no sólo como una organización con

fines aparentemente de reinserción y reconciliación, sino también con propósitos

criminales. Además, los desmovilizados del BCN y del BHG utilizaron la lógica del

“enemigo” para estigmatizar a todos aquellos sectores de opinión y comunitarios

que se oponían o criticaban sus proyectos sociales y criminales.

Para analizar este fenómeno de poder ilegal urbano se utilizará como herramienta

conceptual la tipología de estructura criminal conocida como Jerarquía Estándar,

que fue establecida por el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención

Internacional del Delito (CICIP) y el Centro de Investigación Interregional de

Delitos y Justicia de las Naciones Unidas (UNICRI). Esta conceptualización sirvió

de guía en una investigación adelantada en 16 países en la década pasada3, en la

cual se recopiló información detallada sobre 40 grupos delictivos activos y

representativos de la delincuencia organizada transnacional. Con esos datos se

lograron identificar semejanzas y diferencias entre los grupos criminales

investigados4.

De acuerdo con lo establecido por el CICIP y la UNICRI, la Jerarquía Estándar es

también conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura más

rígida, tradicional y común entre los grupos de criminalidad organizada. Se

3 United Nations Centre for International Crime Prevention. Assessing transnational organized crime: results of a pilot survey of 40 selected organized criminal groups in 16 countries. En Trends in Organized Crime, volume 6, number 2, New York, December to 2000. 4 Adicional a la Jerarquía Estándar, el CICIP y la UNICRI establecieron otras cuatro tipologías: Jerarquía Regional, Agrupación Jerárquica, Grupo Central y Red Criminal.

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3

caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual se origina

una jerarquía vertical con roles claramente definidos y asignados a cada uno de

los integrantes. Las tareas se asignan según su nivel. En este marco, las

organizaciones adoptan un código de conducta que privilegia la lealtad, el secreto

y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control interno muy estricto que

ejecuta sanciones disciplinarias, las cuales llegan a ser violentas si se amerita.

En cuanto a identificación y composición, utilizan un nombre según la presencia

histórica de la organización. Los miembros son reclutados en el mundo criminal y

en el de los ex convictos, pero también entre los oficiales gubernamentales y

servidores públicos. El uso de la violencia es una característica clave de sus

actividades. De hecho, muchos de los grupos comienzan sus operaciones con la

extorsión y frecuentemente hacen uso de la violencia o de la amenaza para

asegurar sus ganancias.

El presente artículo plantea una lectura explicativa y argumentativa de la violencia

actual generada por grupos armados calificados como al margen de la ley o

ilegales en Medellín y sus municipios circundantes, cuyas prácticas son asociadas

con el paramilitarismo, y teniendo como telón de fondo el proceso de dejación de

armas y desmovilización de las AUC 5. El artículo busca también determinar por

qué en Medellín ocurrió una unificación de las actuaciones legales e ilegales,

soportada en una Jerarquía Estándar, que luego dio paso a una fragmentación de

las actividades criminales, y cuya tipología estructural aún no ha logrado

consolidarse.

La estructura unificada surgida a partir de la dejación de armas y desmovilización

de los dos bloques paramilitares que tuvieron mayor injerencia en Medellín, el

Valle de Aburrá, el Oriente y el Nordeste antioqueños, se constituyó alrededor de

lo que el CICIP y la UNICRI definió como una Jerarquía Estándar o Estructura 5 El proceso con las AUC se inicia el 15 de julio de 2003 con la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre representantes del Gobierno nacional y voceros de esa organización ilegal armada.

4

4

Piramidal. A la cabeza de esa estructura se ubicó don Berna y bajo él se

agruparon sus subordinados con roles claramente definidos, sometidos a un

estricto sistema de control interno y regidos por un código de conducta que

privilegiaba la lealtad, el secreto y la obediencia indiscutible.

La capacidad de intimidación de don Berna, asociada a una supuesta convicción

pacifista, llevó a cohesionar bajo su mando y a través de complejos procesos de

aniquilación, negociación, absorción y dominación6 no sólo a decenas de bandas

delincuenciales, muchos de cuyos integrantes resultaron beneficiados con el

llamado proceso de reinserción de las AUC, sino a numerosas organizaciones

sociales, razón por la cual es posible deducir que esa unificación tuvo dos

dimensiones complementarias: de un lado, una dimensión legal, y del otro, una

dimensión ilegal.

Dimensión legal de la unificación La dimensión legal de esa unificación exigió unos puntos nodales que unen las

distintas unidades que integran esa estructura en una red. De eso sabían los

líderes de los desmovilizados quienes constituyeron la Corporación Democracia,

una organización no gubernamental que cumplió, dentro de la dimensión legal,

dos funciones específicas: la de interlocución pública de los reinsertados de las

AUC en Antioquia y la de cohesionar las comunidades de influencia alrededor del

proyecto de reinserción. Su papel fue refrendado por el llamado Acuerdo de paz

entre el Gobierno nacional y los reincorporados del Bloque Cacique de las

Autodefensas Unidas de Colombia, acordado en el municipio de La Ceja,

Antioquia, el 10 de diciembre de 2003. El documento, firmado por Fabio Acevedo

Monsalve y Giovanni Marín, como miembros representantes de los

desmovilizados, estableció que “El Gobierno nacional reconoce a la organización

no gubernamental denominada ‘Corporación Democracia’ como la organización

6 Véase por ejemplo a ALONSO, Manuel y VALENCIA, Germán en Balance del proceso de desmovilización, desarme y reinserción de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín 2004-2007., Medellín, 2008.

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representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, con quien se

mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo

del proceso de reincorporación. El Gobierno nacional, la Alcaldía de Medellín y la

Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y

apoyo al proceso de reinserción”7.

La nueva organización se constituyó formalmente como corporación ante la

Cámara de Comercio de Medellín el 16 de enero de 2004 y gracias a su

articulación con la Alcaldía de Medellín, estuvo presente en múltiples aspectos de

la reinserción de los jóvenes que provenían de las estructuras de las AUC. Esto le

permitió, incluso, recibir varios millones de pesos a través de la contratación de

diversas actividades tanto culturales como deportivas y de intervenciones sociales.

De esta manera, se empoderó a varios de sus integrantes como nuevos actores

sociales, quienes impulsaron pequeñas corporaciones dedicadas a labores

comunitarias y al desarrollo de proyectos productivos.

En esa estructura de red, soporte de la Jerarquía Estándar, La Corporación

Democracia alcanzó a tener cerca de 80 líderes barriales, la mayoría de ellos

desmovilizados y antiguos comandantes de las comunas, cuyo papel era el de

“coordinadores” que tenían bajo su control un grupo de por lo menos 20 jóvenes

cada uno, dispuestos todos ellos al trabajo social, pero también y como se verá en

la dimensión ilegal de este proceso, a labores de control social y militar.

En esta dimensión legal, las estructuras desmovilizadas tuvieron como soporte al

Programa de Paz y Reconciliación, adscrito a la Secretaría de Gobierno de la

Alcaldía de Medellín. Su creación se dio a comienzos del año 2004 bajo la

administración del alcalde Fajardo y se enfocó en la generación de alternativas

para la construcción de una sociedad incluyente y democrática a través de un

7 Acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y los reincorporados del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. La Ceja, 10 de diciembre de 2003. Disponible en www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

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6

proceso de paz y reconciliación social que previniera la inserción de la población

civil en el conflicto armado, extendiera redes de atención a las comunidades

vulnerables, apoyara procesos de regreso a la legalidad de los actores armados y

actores primarios del conflicto, atendiera de manera integral a las víctimas del

conflicto y promoviera la reconciliación ciudadana.

Para atender los retos que se planteó este Programa, se diseñó una intervención

integral, simultánea y personalizada que abarcó cinco áreas específicas: atención

psicosocial a los beneficiarios (excombatientes y víctimas), sus familias y sus

comunidades; estrategias educativas, incluyendo educación primaria, media, no

formal y superior; generación de ingresos, mediante el apoyo de proyectos

productivos y la vinculación al mercado laboral; acompañamiento jurídico; e

investigación y memoria histórica. Desde su conformación y hasta mediados de

2009, el Programa de Paz y Reconciliación de Medellín alcanzó a atender 4.332

personas. A junio de 2009 tenía registrados 3.655 participantes.

El Programa ha estado integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales

compuesto por juristas, administradores, comunicadores sociales, psicólogos y

trabajadores sociales. Se fortaleció con varios convenios interadministrativos, de

cooperación o alianzas estratégicas realizados con entidades y personas del

sector público y privado, nacional e internacional. Además, ha sido monitoreado

por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y verificado por la

Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la Organización de Estados

Americanos (OEA). En él, se han invertido más de 60 mil millones de pesos y su

modelo sirvió de base para constituir en el año 2006 la Alta Consejería para la

Reintegración, adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia.

La cohesión de la dimensión legal también se la dio la defensa pública que del

proceso de reinserción hicieron en su momento el alcalde Sergio Fajardo, los

secretarios de Gobierno municipal de esa administración Alonso Salazar y

Gustavo Villegas, y el director del Programa de Paz y Reconciliación, Jorge

7

7

Gaviria. Uno de los aspectos que más “unificación” mostró ante la opinión pública

fue la solicitud de denuncias concretas ante las críticas que diversas comunidades

hicieron a las actividades de los reinsertados. Esta solicitud desconocía el

contexto de inseguridad que vivían los pobladores y la falta de confianza para

hacer las denuncias.

Temor en las comunidades y ausencia de denuncias El alcalde Fajardo durante una rueda de prensa realizada para responder al

informe de Amnistía Internacional Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización

o legalización?, difundido a comienzos de septiembre de 2005, señaló:

Dice Amnistía Internacional: “Los paramilitares siguen amenazando a miembros de las ONG

comunitarias con sede en los barrios pobres y de desacreditar la legitimidad de su trabajo”.

¿Qué dice esa frase? ¿Cuántas ONG comunitarias hay en Medellín? Muchísimas, no tengo el

número de ONG comunitarias, y los paramilitares amenazaron a las ONG comunitarias, a ese

gran montón para desacreditar su actividad política. ¿Cómo podemos responder nosotros a la

afirmación de esa naturaleza? Estoy hablando en el terreno lógico-intuitivo. Nosotros

quedamos con una carga de demostrar nuestro comportamiento sobre una afirmación

genérica que no distingue, que no está acompañada con el proceso mínimo de denuncia,

para poder responder con hechos concretos8.

En esa misma perspectiva se pronunció el entonces Secretario de Gobierno,

Alonso Salazar, cuando en la misma rueda de prensa fue preguntado por las

denuncias que sobre reclutamiento de menores de edad, de acuerdo con informes

que líderes barriales, organizaciones no gubernamentales y medios de

información local y regional estaban haciendo:

Desde hace unos veinte días que empezó esa versión, la Secretaría de Gobierno le ha

pedido a las organizaciones que han hecho esas denuncias la información necesaria para

poder actuar, pero no ha sido posible, hasta el día de hoy tener esa información […] y

tenemos que decir que si hay unas pruebas reales sobre eso llegan primero a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos que a cualquier tipo de autoridad local9.

8 Rueda de prensa alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama. Medellín, 2 de septiembre de 2005. 9 Op. Cit., rueda de prensa.

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8

Un mes después y ante una pregunta durante una entrevista con el diario El

Colombiano de la ciudad de Medellín, que informó sobre la disputa por los

recursos del programa de presupuesto participativo entre grupos sociales

reconocidos y los reinsertados de las AUC, el alcalde Fajardo reaccionó airado:

En Medellín lo que ha habido por muchos años son presiones de grupos armados y aquí, en

el sentido paramilitar de la palabra, hace muchos años, fueron muchos los que se murieron

por contratos. Lo que estamos haciendo con ese presupuesto participativo es maravilloso,

con todas las dificultades que tiene, pero, por eso es que ese tipo de afirmaciones a mí

siempre me sacan la piedra. Y ¿por qué razón? Porque es una afirmación donde usted

desconoce todo lo que pasa en esta ciudad. Aquí la forma más fácil es decir: ah es que los

reinsertados me están haciendo esto, es que los paramilitares tal cosa y usted quedó listo,

¿dónde están las denuncias señor?10

El temor de las comunidades a presentar denuncias tenía en ese año una

justificación que fue consignada en el informe anual de derechos humanos

presentado por la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de

Medellín. El documento registró con preocupación cómo desde algunas

dependencias de la Alcaldía de Medellín se fomentaba ese temor a partir de la

“unificación” que se observaba entre las estructuras desmovilizadas y la Alcaldía

de Medellín: “Preocupa la práctica de la Secretaría de Gobierno, denunciada por

líderes sociales, de tramitar las denuncias sobre irregularidades del accionar de

los desmovilizados con los directivos de la Corporación Democracia y en especial,

la práctica de careos entre los denunciantes y los desmovilizados”11.

La solicitud de denuncias también fue invocada en su momento por el entonces

Secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, ante una serie de

inquietudes recogidas de viva voz entre diversas comunidades barriales por

funcionarios de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de

10 “No voy a Europa a pedir nada”: Sergio Fajardo. En: El Colombiano, octubre de 2005. 11 Personería de Medellín, Informe anual, diciembre de 2005.

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9

Medellín, que relataban severos controles sociales, que incluían castigos físicos,

impuestos por reinsertados de las AUC:

“Hay un organismo competente para estos casos, la Misión de Acompañamiento al Proceso

de Paz de la OEA, que tiene a su cargo la verificación de los deberes y derechos de los

desmovilizados”, explica Villegas, y recalca que de ser verdad que en esas acciones

denunciadas hay participación de reinsertados, “lamentablemente estarían incumpliendo sus

compromisos y pierden sus beneficios”. Agrega que si alguien en la comunidad ve que los

desmovilizados están volviendo a actividades ilegales, “tiene ese instrumento para formular

sus denuncias. Y queremos que se oficialicen las denuncias a través de ese organismo para

que nos dé un informe completo acerca de las actividades ilegales que vengan realizando los

reinsertados”12.

Un hecho provocado por un reinsertado del BCN y la posterior reacción de la

Alcaldía de Medellín a través del director del Programa de Paz y Reconciliación,

Jorge Gaviria, refleja esa legitimación de las acciones de los desmovilizados que

tanto inquietó a las comunidades y a diversas organizaciones defensoras de

derechos humanos. El 13 de junio de 2007, durante una jornada de protesta

universitaria en la que participaban profesores y estudiantes, el desmovilizado del

BCN John William López Echavarría, conocido con el alias de ‘Memín’, fue

descubierto tomando fotografías a los manifestantes, además de estar armado. Al

ser detectado intentó huir del lugar, pero fue perseguido por un funcionario de la

Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Al ser

alcanzado y requerido para que explicara su actuación, comenzó a gritar

improperios, entre ellos que esa Unidad de Derechos Humanos era “una célula

guerrillera”. La situación fue puesta de manifiesto a Jorge Gaviria, quien no sólo

explicó lo sucedido, sino que lo legitimó:

Según la versión de John William López, él estaba reclamando, la documentación de un arma

que había tenido supuestamente incautada y en el momento de la marcha, vio a una persona

12 Con palizas se impone el control social en las comunas de Medellín. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 25 de septiembre de 2006. Disponible en www.ipc.org.co

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10

armada dentro de la manifestación y decidió tomar una foto para entregársela a la policía. Si

eso es así bienvenido, todos los ciudadanos lo deberían hacer13.

En conclusión, la unificación de las estructuras desmovilizadas de las AUC

respondió a la orden de quien estaba a la cabeza de la jerarquía y todo el proceso

buscó la construcción de una imagen de legalidad, pero también de reorganización

política, social y económica que consolidara los logros y posiciones que la lucha

contrainsurgente les había proporcionado. Con ese propósito no sólo desarrollaron

estrategia de control para prevenir acciones insurgentes, sino que garantizaban el

monopolio de la criminalidad, el disciplinamiento social y la protección de

negocios, tanto lícitos como ilícitos. Todo ello acompañado “por el despliegue de

estrategias de legitimación con la amistosa neutralidad de sectores

gubernamentales de la escala nacional y/o local”14.

Dimensión ilegal de la unificación La dimensión ilegal de la estructura unificada lograda por don Berna se evidenció

en un sinnúmero de prácticas criminales que involucraban a desmovilizados de las

AUC y en las pugnas internas que afectaron a varios de sus hombres más

cercanos. Si bien el Gobierno nacional justificó el traslado del jefe paramilitar del

penal de Cómbita a la prisión de Itagüí, como una manera de acercarlo a sus

hombres con el fin de lograr una desmovilización y trabajar en la construcción de

la verdad que debía llevar ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, lo cierto

es que también cumplió un papel clave en la criminalidad de la ciudad. En efecto,

junto con sus lugartenientes, don Berna reforzó el control que había alcanzado a

sangre y fuego de las bandas, combos y organizaciones delincuenciales que

afectaban la imagen de Medellín. Se constituía entonces, de esta manera, en “el

referente militar” de la unificación.

13 “Reinsertado tomaba fotos para la Policía”: Alcaldía de Medellín. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 19 de junio de 2007. Disponible en www.ipc.org.co 14 FRANCO, Vilma Liliana. El sentido de la desmovilización, Medellín, septiembre de 2005. SP

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11

La dimensión ilegal de este proceso fue identificada por varias organizaciones

locales, nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, así

como por organismos judiciales. No fue pues un aspecto desconocido del proceso

de unificación que surgió posterior a la dejación de armas y desmovilización de los

bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Una de las primeras reseñas

sobre este asunto fue consignada a finales del año 2003 en un informe preparado

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización

de Estados Americanos (OEA)15.

Señala el documento que según testimonios, denuncias e informaciones recibidas

por funcionarios de la CIDH, “desde el año 2003 persiste el dominio paramilitar en

ciertas comunas de Medellín y los actos de violencia, hostigamiento e intimidación

contra quienes no expresen apoyo al proyecto de estos grupos”16. Adicional a ello,

este organismo multilateral indicó que desmovilizados y personas afines

ideológicamente al BCN “buscan legitimar su influencia a nivel de las juntas de

acción comunal y mantener su control sobre las actividades cotidianas de las

comunas mediante la violencia, la extorsión y la intimidación”17.

De acuerdo con la CIDH, los testimonios recabados en la ciudad daban cuenta de

la comisión de por lo menos 130 desapariciones forzadas durante el año 2003 y

97 desapariciones entre enero y julio de 2004. De igual forma, el reporte señala el

hallazgo de fosas comunes en las laderas occidentales de la capital antioqueña, la

perpetración de asesinatos focalizados utilizando armas blancas en vez de armas

de fuego para asociarlos con la delincuencia común y despojarlos de su carácter

político, y los señalamientos contra la Fuerza Pública por su presunta complicidad

en las operaciones de los desmovilizados. En esencia, se impuso lo que la CIDH

denominó “el reino del silencio”18.

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Washington, diciembre de 2004, disponible en http://cidh.org. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid.

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A lo advertido por la CIDH se sumaron las apreciaciones de la organización

inglesa Amnistía Internacional (AI). En un informe divulgado en septiembre de

2005, que recoge versiones de las comunidades y de voceros de organizaciones

no gubernamentales de la ciudad, aseguró que “las estructuras paramilitares y el

control sobre Medellín permanecen intactas”19. Adicional a ello, reveló una de las

pistas que evidenciaba la unificación de las estructuras en su dimensión ilegal: “El

afianzamiento del control paramilitar en zonas estratégicas de la ciudad ha traído

consigo un mayor control de las bandas criminales por parte de un grupo armado

dominante”20, y agregó que la seguridad de la población civil estaba condicionada

por el grupo armado dominante y los homicidios se siguen perpetrando para

garantizar que la población civil no desafíe al control paramilitar21.

Job, Rogelio y don Fabio: la santísima trinidad de la ilegalidad Con posterioridad a las denuncias de los organismos internacionales y locales, fue

la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones

(CTI) la que dirigió los cuestionamientos contra una de las personas que en la

estructura jerárquica creada por don Berna ocupada una posición política

dominante. Se trató de Severo Antonio López Jiménez, ex jefe paramilitar del BCN

y conocido con el alias de ‘Job’, quien alcanzó relevancia nacional no sólo por

convertirse en el vocero nacional de los desmovilizados de las AUC, sino por su

cuestionada entrada a la Casa de Nariño en horas de la noche, por el parqueadero

y sin ser anotado oficialmente por los guardias de seguridad en los libros de

registro del palacio presidencial.

De acuerdo con un informe preparado por el CTI, fechado el 8 de febrero de 2006

y enviado al entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Armando Otálora

Gómez, alias Job “continuaba siendo un pacifista de día y un “patrón” que ordena

19 Amnistía Internacional, Op. Cit., p. 20 Ibid., p. 21 Ibid., p.

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muertes y movimiento de armas y droga en las noches en los vehículos asignados

para su movilización”22.

El documento también advirtió que Job había acumulado un gran poder

delincuencial y se había convertido en “un verdadero obstáculo para la

resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son

atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las

noches vuelven a ser bandidos y sicarios”23. Adicionalmente, los investigadores

señalaron que tenía controlados el centro de la ciudad, las comunas centroriental,

nororiental y suroccidental, “lo que en resumidas cuentas le otorga un control casi

total de la ciudad y lo convierte en un hombre muy poderoso dentro de la

estructura de las AUC”24.

Pero Job no era el único sobre el que pesaban sospechas de ilegalidad. En esa

misma circunstancia se encontraba Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’,

desmovilizado del bloque Héroes de Granada y vicepresidente de la Corporación

Democracia. Este hombre, un ex funcionario del CTI de la Fiscalía, tuvo bajo su

responsabilidad suceder en la cima de la jerarquía a don Berna una vez éste fue

trasladado a la cárcel de Cómbita el 24 de agosto de 2007. Los indicios daban

cuenta de que bajo su mando había quedado la estructura que se consolidó luego

de la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Los

primeros señalamientos fueron hechos por el director de la Policía Nacional,

general Oscar Naranjo, quien desde finales de 2007 insistía en el asunto. En

febrero de 2008, reiteró que si bien Aguilar Echeverrri no tenía orden de captura,

debería presentarse ante las autoridades:

Si es tan honorable debería presentarse a la justicia y hacer claridad de por qué ha entrado

en un proceso de clandestinidad hace más de seis meses; por qué, a pesar de hacer parte de

22 Alias Job, pacifista de día y “patrón” de noche. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, agosto de 2008. Disponible en www.ipc.org.co 23 Ibid. 24 Ibid.

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la Corporación no asiste a las reuniones; y de qué ha vivido todos estos meses. Cuando uno

es honorable pone la cara y se presenta. Yo me baso en muchos testimonios, indicios, en

una cadena investigativa que conducen a alias “Rogelio” como responsable de movilizar,

encubrir y participar de una actividad delincuencial vinculada a homicidios25.

Las declaraciones del general Naranjo no cayeron bien entre los directivos de la

Corporación Democracia, quienes de manera insistente le reclamaban “pruebas”

sobre los presuntos vínculos de Rogelio con la ilegalidad. No obstante, a

mediados de julio de 2008, salió del país hacia Argentina y posteriormente se

entregó a la justicia norteamericana. Hoy está a la espera de una sentencia por

narcotráfico en la Metropolitan Correctional Center, en New York.

Esa dimensión ilegal que subyace en la unificación de las estructuras

desmovilizadas también fue revelada en los estrados judiciales. El 16 de abril de

2009, durante la legalización de la captura e imputación de cargos ante un juez de

garantías de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido con el alias de ‘Douglas’,

uno de los jefes de la llamada Oficina de Envigado, la Fiscal 14 Especializada de

Bogotá, Berta Cecilia Díaz Neira, aseveró que La Corporación Democracia era “el

brazo político” de la banda criminal conocida como Los Paisas, el componente

rural de esa estructura criminal26.

A ese señalamiento se sumó la captura el 19 de junio de este mismo año de Fabio

Orlando Acevedo Monsalve, alias ‘don Fabio’, uno de los más representativos

miembros de la Corporación Democracia y uno de los firmantes del Acuerdo de

paz entre el Gobierno nacional y los reincorporados del Bloque Cacique de las

Autodefensas Unidas de Colombia, firmado en el municipio de La Ceja, Antioquia,

el 10 de diciembre de 2003.

25 Oficina de Envigado busca “patron” para sobrevivir: general Naranjo. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 15 de febrero de 2008. Disponible en www.ipc.org.co. 26 Corporación Democracia, brazo político de la Oficina de Envigado. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 16 de abril de 2009. Disponible en www.ipc.org.co/agenciadeprensa.

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15

El arresto de Acevedo Monsalve se produjo en desarrollo de la operación “Regalo

de Dios”, con la cual las autoridades desarticularon una estructura criminal

dedicada a la extorsión, la fabricación, porte y distribución de estupefacientes, y

que al parecer también sería responsable de desplazamientos masivos,

homicidios y hurtos en un amplio sector del nororiente de la ciudad.

Al momento de su captura, el general Dagoberto García, comandante de la Policía

Metropolitana del Valle de Aburrá, aseveró que don Fabio lideraba esta estructura

criminal, a la que también se le vinculó con la expropiación ilegal de lotes baldíos

en sectores marginales de la ciudad como Altos de Oriente, Santo Domingo Savio

y Carpinelo, los mayores zonas receptores de población desplazada de la capital

antioqueña, para luego venderlos y sacar provecho económico de esas

transacciones económicas27.

Una síntesis de la dimensión legal e ilegal de la “unificación” de las estructuras

paramilitares desmovilizadas fue expuesta por el Juzgado 24 Penal del Circuito

con Funciones de Conocimiento, de Medellín. En la sentencia condenatoria de 23

años de prisión impuesta al ex integrante del BCN John William López Echavarría

por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y

constreñimiento ilegal, todos cometidos posteriormente a su desmovilización,

cuestionó el proceso de reinserción y aseveró que “[…] tenían como propósito

aparentar frente al Gobierno un proceso de desmovilización en el cual se

comprometieron a reinsertarse a un régimen de legalidad, cuando en verdad lo

que se siguió presentando fue la continuación de las actividades contrarias a la

ley”28.

27 La Corporación Democracia, acorralada por la justicia. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 24 de junio de 2009. Disponible en www.ipc.org.co/agenciadeprensa. 28 Juzgado 24 Penal del Circuito, Sentencia condenatoria, Medellín, 13 de marzo de 2009.

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16

La “donbernabilidad” y el poder civil local Esta unificación estructural de la desmovilización paramilitar en Medellín a partir

de una Jerarquía Estándar tuvo un efecto concreto: la disminución de la

criminalidad, en particular de los homicidios. De acuerdo con cifras de la

administración municipal, el número de homicidios se redujo en un 61,6% entre los

años 2003 y 2007.

Evolución de los homicidios en Medellín

2003 2004 2005 2006

2007

2008

2012 1187 782

804

771

1044

Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convicencia (SISC) de Secretaría de Gobierno de Medellín

En el año 2004 se da un descenso del número de muertes violentas con respecto

al 2003 del 41,1%, lo que deja ver un primer impacto no sólo del proceso de

desmovilización, sino de lo que Franco describe como “el proceso de

institucionalización después de agotada la fase de escalamiento de la guerra -que

tuvo lugar entre 1994 y 2002 aproximadamente- y de haber allanado un período

de habituación de sus prácticas”29. Como puede observarse, hay una tendencia a

la reducción de los homicidios, un indicio de la eficacia de la “unificación” de las

estructuras paramilitares desmovilizadas en sus dimensiones legal e ilegal, y de su

entronque con el Estado local, tendencia que se rompe justamente cuando se

fragmenta la Jerarquía Estándar. Es decir, cuando la cabeza de la pirámide pierde

su fuerza de regulación y su puesto comienza a ser disputado por subalternos y

otras fuerzas que quieren ocupar sus territorios.

La relación entre desmovilización paramilitar y disminución de homicidios ha sido

motivo de discusión permanente en la ciudad. Hay quienes interpretan la situación 29 Op. Cit., Sentido de la desmovilización, SP

17

17

desde su papel protagónico, entre ellos don Berna, quien en diversos escenarios

resaltaba los positivos logros del proceso que lideró entre los hombres de los

bloques que estuvieron bajo su mando. Ejemplo de esas intervenciones públicas

se dio durante la ceremonia de dejación de armas del bloque Héroes de Tolová,

realizada en zona rural del municipio de Valencia, en Córdoba, el 15 de junio de

2005: En ciudades como Medellín hemos adelantado acciones que apuntan a la recuperación de la

confianza, en el entendido de que sólo la existencia de una relación sin prevenciones de los

ciudadanos entre sí y con las instituciones del Estado, nos permitirán avanzar como sociedad

hacia una verdadera democracia. En suma, no sólo es importante darle salidas civilizadas a

los conflictos, sino cómo nos dejan esas salidas de cara a la convivencia del mañana. […] Sin

temor a equivocarme puedo decir que hemos aportado para que la sonrisa de los niños, el

empuje de los líderes comunitarios y la presencia del Estado sean una realidad cotidiana en

cada uno de los rincones de la bella y pacifica ciudad de Medellín30.

La interpretación de don Berna sobre la seguridad de Medellín contrastaba con la

del el alcalde Sergio Fajardo, quien siempre se opuso a admitir que fruto de esa

Jerarquía Estándar que se creó alrededor de la figura del ex comandante

paramilitar, hubiese lo que dio por llamarse “donbernabilidad”. Es decir, una

expresión que describía el poder bajo el cual se vivía en áreas significativas de la

ciudad. El mandatario local admitía que buena parte de la transformación urbana y

social que impulsaba estaba sustentada en la desmovilización: “Todo tiene que ver

con el proceso de reinserción, que para esta ciudad ha sido benéfico. El 90% de

los desmovilizados van bien. Hay un 10% que nos hace daño con sus trampas y

he explicado en dónde están esas trampas”31. No obstante, reconocía que el ex

paramilitar “tenía poder”, pero acentuaba su postura asegurando que el papel de

su administración era “transformar ese poder”32.

30 La hora de la paz ha llegado, discurso pronunciado en Altos de la Rusia, municipio de Valencia, departamento de Córdoba, 15 de junio de 2005. 31 Op. Cit., “No voy a Europa a pedir nada”. 32 Alcalde de Medellín desestima poder paramilitar en la ciudad. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 27 de Julio de 2007. Disponible en www.ipc.org.co

18

18

En el centro de ese proceso de transformación que se pretendió hacer con cerca

de 4.200 desmovilizados de las AUC, está el Programa de Paz y Reconciliación.

Para el proyecto Medellín cómo vamos33, la reducción de cifras de homicidio entre

2004 y 2007 “guardan una alta correlación con el éxito del modelo de reinserción

en Medellín, en el cual se invirtieron cuantiosos recursos y se convirtió en uno de

los logros más importantes de la administración pasada”34.

A esa lectura se sumó la Fundación Ideas para la Paz en su evaluación del

Programa de Paz y Reconciliación35. De acuerdo con este análisis, este programa

tuvo dos efectos sobre las condiciones de violencia de la ciudad: a) le dio

sostenibilidad a la decisión de los bloques paramilitares de no utilizar la violencia

como mecanismo para lograr objetivos políticos, económicos y sociales; y b) le

proporcionó sustento a la intención estatal (nacional y municipal) de sustraer o

intentar sustraer de la guerra, la confrontación violenta y la ilegalidad a por lo

menos 3.700 personas que seguían inscritos y activos en las actividades del

Programa36.

En la evaluación de los efectos de la unificación de las estructuras paramilitares

desmovilizadas, académicos como Jorge Giraldo plantearon que si bien tuvo

consecuencias en la disminución de la tasa de homicidios, a su juicio lo que

realmente impactó ese descenso fue “la acción articulada e integral del Estado

33 Medellín cómo vamos es una iniciativa de origen privado que pretende evaluar anualmente los cambios en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a partir del análisis del impacto de las líneas de acción planteadas en los planes de desarrollo local. Los socios participantes son: Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, el periódico El Colombiano, la Universidad Eafit, la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá. 34 Informe de indicadores objetivos – seguridad 2004-2007. En: Medellín cómo vamos, Medellín, (sin fecha), p. 19. 35 PALAU, Juan Carlos y LLORENTE María Victoria. Reintegración y seguridad ciudadana en Medellín: un balance del Programa de Paz y Reconcliación (2004-2008). Fundación Ideas para la Paz, Bogotá, junio de 2009. 36 Op. Cit., Palau y Llorente, p. 30.

19

19

central y local, [que] permitió el desescalamiento del conflicto armado urbano y

una profunda mejoría de los indicadores de seguridad y violencia homicida”37.

No obstante, tanto la Alcaldía de Medellín como sectores empresariales y

académicos pasaron de largo frente al real significado de los efectos de la

unificación sobre la seguridad ciudadana. No han tenido en cuenta la Jerarquía

Estándar que se articuló al proceso de desmovilización y que mantuvo por esos

años el monopolio de la criminalidad, lo que permitió “garantizar la obediencia”38

de aquellos que están subordinados a la influencia del detentador del poder

urbano.

Fragmentación de la jerarquía y regreso al pasado La dependencia de la unificación de las estructuras desmovilizadas de una

Jerarquía Estándar se vio afectada justamente por el distanciamiento entre don

Berna y sus subordinados al ser trasladado el 24 de agosto de 2007 a la

penitenciaría de Cómbita. Ese momento no sólo significó una ruptura en las

comunicaciones con los hombres bajo su mando, sino la fragmentación de su

organización, afectando el equilibrio existente y poniendo fin al monopolio de la

criminalidad que regentaba.

Si bien hubo un intento de sucesión para mantener la estructura y sus jerarquías

en manos de Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, la estrategia no resultó

eficaz. Sus antecedentes lo relacionaban con la desaparición de Daniel Mejía, uno

de los altos mandos de la llamada Oficina de Envigado y desmovilizado del bloque

Héroes de Granada, ocurrida en diciembre de 2006, lo que le granjeó poderosos

enemigos. Fue tal su vulnerabilidad que intentó buscar protección en otros grupos

37 GIRALDO, Jorge. Conflicto armado urbano. El caso de Medellín. En: Revista Urvio, edición N° 5, Quito, septiembre de 2008, p. 2. 38 FRANCO, Liliana. Mercenarismo corporativo y sociedad contrainsurgente. En: Revista Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, edición N° 21, Medellín, 2003.

20

20

criminales por fuera del departamento de Antioquia. Así lo reconoció el director de

la Policía Nacional, general Oscar Naranjo:

[…] creemos que está a la búsqueda de un patrón que le dé una sombrilla que le asegure su

supervivencia […] Tenemos indicios que alias ‘Rogelio’, desde hace varios meses, empezó a

tomar cierta distancia de las estructuras tradicionales de Medellín, orientadas por alias “don

Berna”, y empezó un proceso de apertura con antiguos integrantes del bloque Central

Bolívar, pero también con integrantes del cartel del Norte del Valle. En ello hay todo un

proceso mafioso donde no hay lealtades, donde lo que conviene criminalmente es buscar un

patrón, un capo, que les dé la cobertura necesaria para sobrevivir.39.

Adicional a ello, los organismos de seguridad del Estado establecieron que una

vez trasladado don Berna a Cómbita, grupos de origen paramilitar comenzaron a

mostrar interés en disputarse la ciudad y someter a la llamada Oficina de

Envigado. Eso significó el incremento de los homicidios a finales del año 2007 con

respecto al 2006, y el comienzo de una escalada de violencia que no ha sido

posible detener desde entonces. Llegaron estructuras ligadas a la Autodefensas

Gaitanistas de Colombia, lideradas por el paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias

´don Mario´. Este combinó la violencia, la amenaza y el dinero para ganar apoyo

en comunas estratégicas de la ciudad, en donde se asentaban poderosas bandas

delincuenciales. Con la desestructuración de la Jerarquía Estándar, decenas de

desmovilizados se reintegraron a sus bandas de origen, reasumieron el control

sobre sus territorios y regresaron a lo que eran antes de ser cooptados por el

proyecto contrainsurgente de las AUC.

Uno de los efectos trágicos de esa criminalidad fragmentada se reflejó en las cifras

de desmovilizados asesinados pertenecientes al Programa de Paz y

Reconciliación de Medellín. Las cifras dieron un salto exponencial: de 14

homicidios ocurridos en el 2004 se llegó a 73 en el 2008. A septiembre de 2009, la

cifra llegaba a 90 y a 301 homicidios desde iniciado el proceso con el BCN.

Además, se registra un notorio incremento de los desmovilizados detenidos. Cifras 39 Op. Cit., Oficina de Envigado busca “patrón” para sobrevivir: general Naranjo.

21

21

de la Alcaldía de Medellín indican que para agosto de 2008 habían sido detenidos

148 personas beneficiarias del Programa de Paz y Reconciliación. Para junio de

2009, la cifra llegó a 224.

Ese “regreso al pasado” se ha facilitado por cuanto un numeroso grupo de

desmovilizados provenían de esas bases criminales primarias. Al afectarse la

“unificación” que los cohesionaba esos grupos regresaron a sus orígenes y a sus

características: territoriales, gregarias y dependientes de sus propias fuerzas. Una

evidencia de la pérdida de visibilidad de los reinsertados como sujetos criminales

es la tendencia que comenzó a darse a finales del 2008, cuando las denuncias de

las comunidades señalaban a las bandas como infractoras de la ley. El general

Dagoberto Martínez, quien fuera comandante de la Policía Metropolitana del Valle

de Aburrá, dio en julio de 2009 varias pistas para acabar de entender esa

fragmentación:

a) En Medellín ya no hay un gran “capo”, “lo que hay son múltiples

delincuentes que llevan años y años en el crimen, que seguro comenzaron

cargando un arma y hoy día dirigen una banda de ocho personas”;

b) No es pertinente hablar de combos, es decir, organizaciones

delincuenciales primarias aisladas, “lo que tenemos son bandas

delincuenciales vinculadas al narcotráfico”;

c) Es preocupante el poder de fuego, “en su mayoría de altísimo poder,

como fusiles, pistolas 9 milímetros y sub-ametralladoras;

d) En la ciudad hay 12 confrontaciones en 9 de las 16 comunas40.

Esa atomización del conflicto urbano es similar a la que vivió la ciudad en buena

parte de la década de los 80 y de los 90, cuando en las comunas se enfrentaban

organizaciones de narcotraficantes, bandas de autodefensa, milicias guerrilleras y

grupos paramilitares. Había una fragmentación que sólo fue regulada durante el 40 Nueve comunas de Medellín padecen guerra entre bandas: general García. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 16 de julio de 2009. Disponible en www.ipc.org.co/agenciadeprensa.

22

22

periodo de unificación entre los años 2003 y 2007. Ahora se ha regresado a la

conformación de “fronteras invisibles” demarcadas por las bandas delincuenciales;

a los enfrentamientos en las calles de los barrios a plena luz del día en los que se

utilizan explosivos y armas de gran calibre como fusiles y ametralladoras; y en

diversas zonas se declaran de manera constante “toques de queda” por parte de

los ilegales quienes ejercen un control de la vida cotidiana.

Si bien las condiciones sociales y políticas son relativamente distintas a las de

aquellas décadas, lo que sigue siendo similar es la práctica de las organizaciones

criminales para organizar y reclutar bandas delincuenciales que actúan en los

barrios periféricos de la ciudad como soporte a sus ejércitos. Sus tareas son

básicas: a) controlar la movilidad en los territorios que dominan; b) prestar

servicios de seguridad a los negocios legales e ilegales; c) impedir la infiltración

del “enemigo” en las zonas bajo su control, interceptando a los forasteros que

entren en el barrio; y d) mantener el disciplinamiento social, evitando acciones

reivindicativas de comunidades y organizaciones sociales.

La situación no fue desconocida por la nueva administración de la ciudad, que

recibió el 1° de enero de 2008 un fenómeno nutrido de matices criminales de

diverso origen. El asunto fue consignado en el Plan de Desarrollo 2008-2011, en

donde se reconocieron tres hechos: a) algunos de los desmovilizados están

reincidiendo en actividades delictivas; b) subsisten grupos armados; y c) han

emergido nuevas manifestaciones ilegales armadas.

La fragmentación también ha sido propiciada por decisiones de la Alcaldía de

Medellín, como la de desconocer la mediación de la Corporación Democracia

entre la alcaldía y los desmovilizados. Esto ha significado una reducción casi a

cero de la contratación oficial con esta organización y con otras que operan como

satélite, dado que persisten dudas sobre su transparencia en el proceso. La

decisión apuntó a “desmontar al máximo las estructuras de poder que puedan

23

23

provenir del pasado paramilitar”41. Ello provocó una ruptura de varios bloques de

reinsertados con la Corporación al establecerse que no tendrían ingresos

adicionales relacionados con la ejecución de contratos municipales. Este hecho

redujo las expectativas económicas de los desmovilizados a los pagos periódicos

efectuados por la consejería para la reintegración.

Otro aspecto del ámbito estatal que ha incidido en la fragmentación tiene relación

con los pocos resultados del Programa de Paz y Reconciliación en la ruptura de

las cadenas de mando que operaban antes de la desmovilización y continuaron

funcionando tanto en la ilegalidad como en la legalidad. Esto sin duda se convirtió

en combustible para fomentar la dimensión ilegal de la desmovilización y en un

factor de violencia. Análisis como el de la Fundación Ideas para la Paz plantean

inquietudes al respecto: “subsisten dudas sobre si se ha producido la ruptura

efectiva de los vínculos que convierten a los desmovilizados en miembros de una

red susceptible de activarse para desarrollar actividades ilegales o para acometer

tareas o proyectos de carácter paramilitar”42.

Esas inquietudes se ven reforzadas con denuncias que revelan la manera cómo

varios de reinsertados de las AUC y aquellos que son cercanos a sus actividades

criminales utilizan para fines ilegales los aportes económicos que a través de

diversos programas sociales les otorga la Alcaldía de Medellín. Diversas fuentes lo

han confirmado:

Informes de Policía Judicial y testimonios recogidos por la Agencia de Prensa IPC advierten

cómo en algunas comunas de Medellín los reinsertados de las Autodefensas Unidas de

Colombia (Auc) vinculados al proceso de Reintegración Social y Económica, y muchachos

beneficiarios del programa Jóvenes en Alto Riesgo, ambos coordinados por el programa de

Paz y Reconciliación de la Alcaldía, estarían destinando un porcentaje de sus auxilios

económicos a un “fondo común” con el fin de utilizarlo en la compra de armas ilegales. Así lo

ratifica el siguiente testimonio: Los pelados que están en Jóvenes en Alto Riesgo, sobre todo

los del 20 (de Julio), creo que también los del (Independencias) 2 y los del (Independencias) 41 Op. Cit., PALAU y LLORENTE, p. 17. 42 Ibid., p. 17

24

24

3, todo ese combo, el día que les pagaban entre ellos mismos se ponían una cuota. Yo no sé

cuánto les están pagando a ellos, creo que 350 mil pesos, tampoco sé cuánto pone cada uno,

pero dependiendo de lo que les pagaban, aportaban43.

Por último, es importante advertir que de acuerdo con las constantes denuncias de

ciudadanos y organizaciones sociales, un sector de la Fuerza Pública, en

particular de la Policía Nacional, estaría cohonestando con bandas delincuenciales

y delegando en ellas el control territorial, el mantenimiento del orden y la

imposición de sanciones, aplicadas a los que no son afines a esos proyectos

criminales, lo que sin duda alguna aumenta el grado de fragmentación violenta

que se expresa en la ciudad.

Estudios como los de Alonso y Valencia refuerzan estos conceptos al indicar que

la ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que

hacia usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje

paramilitar. “En este sentido, la amenaza para la ciudad no radica en una nueva

irrupción o en una reconfiguración del paramilitarismo, sino en la irrupción de

formas de criminalidad con capacidad de operar apelando a los esquemas

armados que dejo el fenómeno paramilitar, por ejemplo, en términos de control

territorial, control social y control de mercados ilegales”44.

En conclusión, podría decirse que durante los últimos 10 años se han probado

diversas iniciativas para superar el problema sin mayores resultados. Se destacan

los pactos de convivencia entre bandas y combos, y los programas municipales

como Convivencia Ciudadana, impulsado por el alcalde Juan Gómez (1998-2000)

y Compro la guerra, del alcalde Luis Pérez (2001-2003), así como los

implementados por Sergio Fajardo (2004-2007) y Alonso Salazar (2008-2011),

conocidos como Regreso a la legalidad, Jóvenes en Alto Riesgo y Fuerza Joven

para la Convivencia. En su conjunto, estas estrategias muestran resultados

43 Con ayuda económica de la Alcaldía, reinsertados compran armas. En: Agencia de Prensa IPC, Medellín, 2 de febrero de 2009. Disponible en www.ipc.org.co/agenciadeprensa 44 Op. Cit., ALONSO y VALENCIA, p. 20.

25

25

individuales, pero no colectivos, y en esencia no han afectado las estructuras

criminales, ni generado su desmonte y desactivación total.

En el nuevo escenario violento de la ciudad lo que se ratifica es que se han

reconfigurado, a partir de la desestructuración de la Jerarquía Estándar que

monopolizó por varios años la criminalidad. Evidencias recogidas por la

Personería de Medellín indican que en la ciudad y en diversos municipios del Valle

de Aburrá hay presencia activa de seis organizaciones criminales, tres de ellas

nacidas de la llamada Oficina de Envigado, que son la estructura liderada por Eric

Vargas, conocido con el alias de ‘Sebastián’; otra bajo el mando de Maximiliano

Bonilla, alias ‘Valenciano’, y la banda de Los Paisas, considerada el brazo rural de

la Oficina y comandada por Ángel de Jesús Pacheco Chancí, también conocido

con el alias de ‘Sebastián’. Además, habría presencia de la organización criminal

Los Rastrojos, bajo el mando de Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’; de la

banda de Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’; y de una facción del Ejército

Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), organización de origen

paramilitar conformada en los Llanos Orientales por Pedro Olivero Guerrero, alias

‘Cuchillo’.

En ese nuevo escenario, también ha habido espacio para lo social y esfuerzos por

integrarse a las redes de apoyo con el fin de mantener esa doble dimensión de lo

legal y lo ilegal. En entrevistas realizadas con varios líderes sociales45 se

confirman las pretensiones de por lo menos una de las estructuras criminales, la

que lidera Eric Vargas, alias ‘Sebastián’. El objetivo es penetrar diversas

organizaciones comunitarias y desde allí crear cooperativas que impulsen trabajos

productivos. El propósito es “lavar” los recursos que provienen de actividades

ilegales como el narcotráfico y las extorsiones al comercio y al transporte. Pero la

estrategia no solo apunta a legalizar dineros, también es una forma de cooptar

base social, que luego se verá comprometida a aportar información sobre los que

45 Medellín, septiembre de 2009.

26

26

se consideren rivales y sus posibles “enemigos” ideológicos, así como en aportar

votos para los próximos comicios electorales del 2010 y 2011.

Finalmente es pertinente precisar que antes de alcanzar el monopolio de la

criminalidad y convertirse en la cabeza de una Jerarquía Estándar, estas

agrupaciones armadas ilegales que se disputan Medellín y el Valle de Aburrá

tienen rasgos que se inscriben en la tipología de Agrupación Jerárquica, que

también está definida por el CICIP y el UNICRI.

Según estas agencias, la Agrupación Jerárquica es una estructura corporativa

que reúne a varios grupos criminales. La conducción en la agrupación jerárquica

es delegada a un núcleo de representantes de cada grupo integrado. Los

acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este núcleo inciden en todos los

grupos asociados. Su surgimiento y configuración obedece a cuestiones tácticas o

de coyuntura. Con ellas, los grupos gestan un ámbito de concertación que les

permite compartir o dividirse mercados y áreas de influencia, así como resolver los

conflictos existentes entre ellos. Desde el exterior, la independencia operativa que

mantienen dificulta que se les reconozca como parte de una corporación

criminal46.

El punto central para el Estado, sea de carácter local, regional o nacional, en

relación con la aplicación de políticas públicas efectivas es cómo afectar estas

estructuras criminales para evitar que en el largo plazo se unifiquen y reconstruyan

una jerarquía estándar monopólica que asuma dentro de las comunidades el papel

del Estado, suplante sus funciones y se convierta en un referente de justicia y

orden social, al margen del Estado de Derecho y las posibilidades de

democratización.

46 Op. Cit., United Nations Centre for International Crime Prevention. Assessing transnational organized crime: results of a pilot survey of 40 selected organized criminal groups in 16 countries.

MEDELLÍN, LA INSEGURIDAD CÍCLICA Y LA PERMANENCIA DE LA ILEGALIDAD

Grupo de investigaciones Casa de Paz, noviembre 25 de 2009

(Avance de investigación – marco descriptivo)

Cada vez que se refiere la situación de violencia en Medellín y su área metropolitana se cae en el

riesgo de reducir la explicación del asunto en dos aspectos fundamentales: De un lado en el nivel

de los actores, limitándola a la existencia de sectores de narcotráfico que se disputan la sucesión

del mando para garantizar sus operaciones ilícitas; y del otro, en el nivel territorial,

restringiéndola a los fenómenos violentos de la ciudad de Medellín, dejando de lado la

participación de otras municipalidades de la subregión.

Sobre el primer aspecto es necesario reconocer que la acción homicida se expresa no sólo en el

afán de hegemonizar los negocios ilícitos, sino también en la disputa de territorios y rentas por

parte de las bandas delincuenciales, en los sentimientos de venganza y odio de éstas, y en una

abierta tolerancia social con las formas privadas y criminales de justicia. Sobre el segundo, hay que

aceptar que independientemente de que en un municipio se alojen las bandas, en otro vivan sus

jefes, en uno distinto mantengan sus inversiones y en otro cualquiera suplanten a las autoridades

en la función de seguridad y justicia, las estructuras criminales no reconocen divisiones político –

administrativas, máxime cuando la organización de los cuerpos de justicia y seguridad tienen

dimensión metropolitana y hasta regional.

Lo que si es indudable es que el modelo de seguridad no ha sido eficaz en el propósito de

establecer el monopolio de la violencia en el Estado; la ciudad sigue estando ocupada por muchas

de las bandas criminales que existen hace más de una década, la criminalidad se concentra en los

mismos barrios, y la disminución de indicadores de delincuencia obedece casi siempre a la

hegemonía de algún sector del narcotráfico o el paramilitarismo, produciendo una temporal, frágil

y peligrosa estabilidad en las condiciones de seguridad, que se rompe cada vez que se altera la

cadena de mando.

PANORAMA GENERAL DE LA VIOLENCIA

Históricamente los municipios de Medellín, Bello e Itagüí han soportado la mayor carga de la

violencia con tasas de homicidio bastante superiores a los del resto de localidades del Valle de

Aburrá; y aunque dicha tendencia se mantiene, en este nuevo período de reactivación de la

criminalidad, también es evidente que el incremento de muertes violentas es generalizado.

COMPARATIVO HOMICIDIOS EN AREA METROPOLITANA

AÑO BELLO MEDELLÍN ENVIGADO SABANETA CALDAS LA ESTRELLA ITAGUÍ

2007 132 788 25 20 30 29 94

2008 111 1066 31 7 45 25 113

2009 (OCT 31) 162 1717 34 16 43 34 259

Fuente: Medicina Legal y Secretaría de Gobierno Municipal

La evidencia de la situación común de estos municipios debería ser suficiente argumento para el

diseño de políticas conjuntas en la recuperación de la seguridad, más allá de las disposiciones de

fuerza pública que obedecen a un mando nacional, constituyendo verdaderos programas

metropolitanos que contemplen la integralidad y la sostenibilidad de acciones dirigidas a

desactivar definitivamente los factores que sostienen la confrontación.

Sin embargo las mayores tasas de violencia y población siguen concentrándose sobre la capital del

Departamento y su comportamiento es un claro indicativo de la forma como evoluciona la

criminalidad a través del tiempo. Para octubre de 2009 ya se ha alcanzado una cifra de homicidios

cercana a los dos mil casos, constituyendo casi el doble de los reportados en 2008.

FUENTE: Secretaría de Gobierno Municipal, Medicina Legal. * Enero – octubre de 2009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolución del índice de Homicidios en Medellín 1999 - 2009*

3136 3052

3329 3557

1896

1141

736 677

788

1066

1717

Se ha mantenido más o menos constante la incidencia de la criminalidad en los diferentes sectores

de la ciudad; la tendencia de la cifra de homicidios es a elevarse justo en las zonas donde

históricamente se ha tenido mayor confrontación armada; sin embargo es necesario llamar la

atención sobre dos comunas en particular: la del centro de la ciudad (Candelaria), que pese a

concentrar los mayores dispositivos de seguridad pública y privada mantiene el record en muertes

violentas, y la de San Javier (comuna 13) que ha merecido especial esfuerzo de control desde su

toma militar en la operación Orión en octubre de 2002.

EVOLUCIÓN DE HOMICIDIOS POR COMUNAS EN MEDELLÍN

COMUNA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

POPULAR 151 48 33 24 24 44 127

SANTA CRUZ 121 62 25 18 14 28 51

MANRIQUE 154 64 35 37 35 60 153

ARANJUEZ 146 86 71 84 68 117 164

CASTILLA 140 101 53 69 54 69 126

D. OCTUBRE 123 85 49 39 54 79 171

ROBLEDO 178 104 46 64 47 58 120

V. HERMOSA 116 52 47 38 48 60 99

B. AIRES 113 48 38 41 39 39 41

CANDELARIA 269 184 124 135 105 141 151

LAURELES 73 64 38 34 30 41 63

AMÉRICA 40 37 21 23 24 22 36

S. JAVIER 95 48 46 49 65 87 160

POBLADO 30 24 14 18 18 17 14

GUAYABAL 59 53 40 34 47 49 46

BELÉN 88 81 57 57 41 75 84 FUENTE: Secretaría de Gobierno Municipal. * Enero – octubre de 2009

También la infracción de otros derechos diferentes a los de la vida y la integridad deja ver

claramente su tendencia al alza, especialmente los referentes a la propiedad privada, pese al

considerable sub registro ocasionado por la capacidad intimidatoria de los delincuentes y por la

falta de denuncia en prácticas generalizadas como la extorsión sobre transportadores y

comerciantes y en hurtos menores como los de teléfonos o joyas, donde resulta oneroso,

dispendioso y en muchos casos hasta inútil la interposición de las acciones legales.

COMPARATIVO DE CRIMINALIDAD EN MEDELLÍN. ENERO

Fuente: SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SEGURIDA

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO CON

El 16 de octubre de 2002 se ejecutó en la ciudad una operación militar sin precedentes en el

conflicto urbano de nuestro país, con la que se desalojó a las milicias guerrilleras de un a

territorio de control y se consolidó la hegemonía del “Bloque Cacique Nutibara”.

La cercanía de esta facción del paramilitarismo con sectores de la fuerza pública y la fiscalía

produjo rápidamente el sometimiento de todas las expresiones organizadas

autoridad de su máximo jefe, alias “Don Berna” y por disposición de éste se redujeron

sustancialmente todas las formas de delito en Medellín y el área metropolitana.

Un año más tarde, el 25 de noviembre de 2003, se inicia el proceso d

paramilitares, lo que en teoría produciría el tránsito final de la delincuencia en su conjunto a la

legalidad, bajo el mando de un jefe supremo; sin embargo el modelo fracasó y se desató una serie

de incumplimientos, confrontacio

control de la ilegalidad y el monopolio de la violencia, en la que sobresalen los clásicos escenarios

de este tipo de confrontación: Un alto costo en vidas humanas, un grave riesgo para la e

de las instituciones y la economía y un escalamiento de las formas de delincuencia con su

capacidad de corrupción e intimidación sobre la sociedad y sus autoridades.

El control sobre la ilegalidad se fraccionó nuevamente, las bandas delincuencia

transitoriamente su autonomía para el control territorial, el ajuste de viejas broncas y la

explotación de negocios ilícitos; la ciudad se vio sometida a una especie de anarquía de la

criminalidad que lentamente se puede ir ajustando en la

poderosos logre imponerse sobre los demás o las políticas de seguridad logren desarticular a

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Homic. dolosos

Homic. culposos

Lesiones dolosas

841

94

485

1724

131

724

COMPARATIVO DE CRIMINALIDAD EN MEDELLÍN. ENERO – OCTUBRE 2008 - 2009

Fuente: SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA – SISC, Secretaría de Gobierno municipal

L CONFLICTO CON EL CRIMEN ORGANIZADO EN SU ÚLTIMA VERSIÓN

El 16 de octubre de 2002 se ejecutó en la ciudad una operación militar sin precedentes en el

conflicto urbano de nuestro país, con la que se desalojó a las milicias guerrilleras de un a

territorio de control y se consolidó la hegemonía del “Bloque Cacique Nutibara”.

La cercanía de esta facción del paramilitarismo con sectores de la fuerza pública y la fiscalía

produjo rápidamente el sometimiento de todas las expresiones organizadas de delincuencia a la

autoridad de su máximo jefe, alias “Don Berna” y por disposición de éste se redujeron

sustancialmente todas las formas de delito en Medellín y el área metropolitana.

Un año más tarde, el 25 de noviembre de 2003, se inicia el proceso de desmovilización de estos

paramilitares, lo que en teoría produciría el tránsito final de la delincuencia en su conjunto a la

legalidad, bajo el mando de un jefe supremo; sin embargo el modelo fracasó y se desató una serie

de incumplimientos, confrontaciones y divisiones que sólo dieron lugar a una nueva disputa por el

control de la ilegalidad y el monopolio de la violencia, en la que sobresalen los clásicos escenarios

de este tipo de confrontación: Un alto costo en vidas humanas, un grave riesgo para la e

de las instituciones y la economía y un escalamiento de las formas de delincuencia con su

capacidad de corrupción e intimidación sobre la sociedad y sus autoridades.

El control sobre la ilegalidad se fraccionó nuevamente, las bandas delincuenciales recuperaron

transitoriamente su autonomía para el control territorial, el ajuste de viejas broncas y la

explotación de negocios ilícitos; la ciudad se vio sometida a una especie de anarquía de la

criminalidad que lentamente se puede ir ajustando en la medida en que alguno de los sectores

poderosos logre imponerse sobre los demás o las políticas de seguridad logren desarticular a

Lesiones dolosas

Lesiones culposas

Hurto resid

Hurto personas

Hurto carros

Hurto motos

263

385

1523

714

919

724

166

301

1784

827

1143

Ene-Oct 2008

Ene-Oct 2009

Secretaría de Gobierno municipal

EN SU ÚLTIMA VERSIÓN

El 16 de octubre de 2002 se ejecutó en la ciudad una operación militar sin precedentes en el

conflicto urbano de nuestro país, con la que se desalojó a las milicias guerrilleras de un amplio

La cercanía de esta facción del paramilitarismo con sectores de la fuerza pública y la fiscalía

de delincuencia a la

autoridad de su máximo jefe, alias “Don Berna” y por disposición de éste se redujeron

e desmovilización de estos

paramilitares, lo que en teoría produciría el tránsito final de la delincuencia en su conjunto a la

legalidad, bajo el mando de un jefe supremo; sin embargo el modelo fracasó y se desató una serie

nes y divisiones que sólo dieron lugar a una nueva disputa por el

control de la ilegalidad y el monopolio de la violencia, en la que sobresalen los clásicos escenarios

de este tipo de confrontación: Un alto costo en vidas humanas, un grave riesgo para la estabilidad

de las instituciones y la economía y un escalamiento de las formas de delincuencia con su

les recuperaron

transitoriamente su autonomía para el control territorial, el ajuste de viejas broncas y la

explotación de negocios ilícitos; la ciudad se vio sometida a una especie de anarquía de la

medida en que alguno de los sectores

poderosos logre imponerse sobre los demás o las políticas de seguridad logren desarticular a

varios cientos de bandas identificadas y derrotar completamente la criminalidad organizada que se

sirve de ellas y las alimenta con dotaciones logísticas cada vez más sofisticadas.

Todo parece indicar que estamos frente a un nuevo capítulo de la violencia urbana, donde el

concepto de la organización ilegal es el de venta de servicios al mejor postor; ya no en pequeña

dimensión como en la lógica barrial de las típicas bandas, sino a gran escala, con una amplia oferta

de “seguridad” y territorio para los negocios lícitos e ilícitos, con capacidad para sostener redes

para el reclutamiento y la trata de personas o el tráfico de toda cosa rentable que demanden las

empresas criminales de cualquier lugar.

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO RECIENTE EN MEDELLÍN

FECHA HECHO OBSERVACIONES

16-10-2002 Se ejecuta la Operación Orión para desalojar a las

milicias guerrilleras de las comunas de Medellín.

El operativo fue realizado de manera

conjunta por fuerza pública y Fiscalía, y contó

con la colaboración de paramilitares del

Bloque Cacique Nutibara.

25-11-2003 Desmovilización de 855 integrantes del grupo

paramilitar Bloque Cacique Nutibara

01-08-2005 Desmovilización de 2033 integrantes del Bloque

“Héroes de Granada” comandado por alias

“Danielito”

El grueso de la fuerza desmovilizada operaba

en el área metropolitana de Medellín y desde

la “oficina de Envigado”

30-09-2005 Traslado de Diego Fernando Murillo, alias “Don

Berna” desde Santa Fe de Ralito a la cárcel de

Cómbita

Se paraliza el transporte urbano en Medellín

y la agenda en Ralito por orden de los jefes

paramilitares.

10-10-2005 Traslado de “Don Berna” a la cárcel de Itaguí.

03-06-2006 Homicidio de Gustavo Upegui López Jefe de la “Oficina de Envigado”. Su muerte

fue Autorizada por “Danielito”

25-11-2006 Desaparición de Daniel Alberto Mejía, alias

“Danielito”

Autorizada por “Rogelio”, quien se convierte

en nuevo jefe.

01-12-2006 Traslado de jefes paramilitares desde La Ceja a la

cárcel de Iatgüí

24-08-2007 Traslado de Diego Fernando Murillo, alias “Don

Berna” desde Itagüí a la cárcel de Cómbita

13-05-2008 Extradición de Diego Fernando Murillo, alias “Don

Berna”

21-05-2008 Captura de Alirio de Jesús Rendón, alias 'El

cebollero'

Esta captura fue requerida públicamente por

el alcalde de Medellín y desató una oleada de

acusaciones y ataques en su contra

26-07-2008 Captura de alias “Kéner” Hombre de confianza de “Don Berna” y

principal actor en la confrontación al Bloque

Metro, de donde procede.

29-07-2008 Homicidio de Severo Antonio López Jiménez, alias

“Job”

Encargado de construir una organización

política de los paramilitares.

07-2008 Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio' se somete a

la justicia norteamericana.

Junto con “Danielito” asumió la dirección de

la “oficina de Envigado”.

07-09-2008 Captura de alias “Duncan”

15-04-2009 Captura de alias “Douglas” Alias “Valenciano” y alias “Sebastián” se

disputan el control. 'Sebastián' participó

junto con 'Don Berna', en el grupo de 'Los

Pepes'.

15-04-2009 Captura de Daniel Rendón Herrera, alias “Don

Mario”

06-2009 Sometimiento de Mauricio López Cardona, alias

'Yiyo', a la justicia norteamericana

30-07-2009 Los medios anuncian el sometimiento a la justicia

norteamericana de Fabio León Vélez Correa, alias

'Nito'

03-09-2009 Homicidio de alias 'Nito' en zona rural del Oriente

antioqueño.

Su cadáver apareció junto al de otros sujetos.

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Sin pretender agotar las posibilidades de evaluación de impacto de las diferentes medidas que se

han adoptado en el último tiempo para contrarrestar la criminalidad en Medellín y su área

metropolitana, podemos tomar la cifra de homicidios en relación con los principales hechos

descritos como indicador de su resultado.

Restricción al porte de armas de fuego

El 6 de diciembre de 2008 empezó a regir la medida que prohíbe el porte de armas de fuego con

salvoconducto en los municipios del área metropolitana y otras subregiones del departamento de

Antioquia. Sus resultados han sido muy satisfactorios en lo referente al decomiso de estos

artefactos, la conciencia ciudadana sobre la necesidad del desarme y las muchas vidas que de

seguro logran salvarse con la prohibición toda vez que miembros de organizaciones

delincuenciales logran obtener permiso legal para su porte, al tiempo que no todas las muertes

violentas están ligadas a las bandas o a conflictos estructurales, sino que obedecen a situaciones

circunstanciales propiciadas por la disposición del arma.

Sin embargo la medida parece no estar siendo eficaz frente al fenómeno que se presenta en la

ciudad, no sólo por la elevada cifra de víctimas de armas de fuego sino además por el uso cada vez

más extendido de dispositivos especiales como los silenciadores y de armamento pesado como

fusiles y subametralladoras. La policía decomisó en agosto de 2008 en el municipio de El Retiro,

103 fusiles y 63 granadas pertenecientes a la “Oficina de Envigado” y sólo tres semanas antes, en

ese mismo municipio, la policía había encontrado una caleta con 98 fusiles, una ametralladora, 53

granadas, un lanzagranadas y 4.500 cartuchos; por su parte la Cuarta Brigada del Ejército informó

en octubre de 2009 sobre el hallazgo de 7 fusiles en la comuna 13, y 215 granadas.

Fuente: Medicina Legal

La Cuarta Brigada del Ejército ha expedido siete resoluciones de restricción de armas, reducido

casi en un 90% la venta de armas en los últimos 4 años (de 831 en 2006 a 89 en 2009), emitido 330

resoluciones de suspensión y cancelación de permisos.

Incremento del pie de fuerza

La Cuarta Brigada pasó de 340 efectivos en 2008 a 911 para 2009, y la policía recibió un refuerzo

de 1.300 hombres, completando un total que supera los 7.000 agentes.

El incremento en la presencia de uniformados ha sido permanente desde 2002, permitiendo una

mayor cobertura territorial y mejor capacidad logística.

41

11

152

1506

4 3

Causal en homicidios ene - oct 2009

HOMICIDIOS

Para la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada de marzo 27 al 31 de

2009, se dispuso de 2790 policías adicionales -de los que hacían parte diez grupos élite-, apoyados

con dos helicópteros, un avión plataforma, 30 guías antiexplosivos, grupos de carabineros, 250

motocicletas, 150 patrullas, 600 radios, 300 equipos Avantel, diez unidades móviles de monitoreo

y 40 portátiles para búsqueda de antecedentes. También fue creada una Central de Inteligencia

que integró todas las agencias bajo la dirección y coordinación de la Policía Nacional.

Un dispositivo de esta dimensión puede tener un impacto positivo sobre el comportamiento de los

homicidios en Medellín pero se hace insostenible y una vez desactivado se traduce en un

incremento de la violencia. En términos generales el incremento en homicidios ha sido sostenido

mes a mes, tal como lo refleja la siguiente gráfica que contiene información de los municipios de

Caldas, Itagüí, La Estrella, Envigado, Bello y Medellín.

Fuente: Medicina Legal

4554 49585456 5586

6025 6063 61287091

010002000300040005000600070008000

Policía Área Metropolitana

POLICIAS

136 141 143216

274217

288 295248

291

0

100

200

300

400

EVOLUCIÓN HOMICIDIOS 2009 EN ÁREA METROPOLITANA

HOMICIDIOS

Prevención de la violencia

La Administración municipal ha emprendido un ambicioso programa que busca restar base social a

la ilegalidad y prevenir el reclutamiento de jóvenes a las bandas y otras formas de organización

ilegal. En el segundo Consejo Ciudadano de Convivencia y Seguridad, realizado el 23 de octubre de

2009, se presentó un balance sobre los primeros 60 días de la campaña “Medellín más seguro,

juntos sí podemos”.

Según la alcaldía, para esa fecha La Oficina de las Oportunidades había atendido a 3.150 jóvenes

con oferta de los programas Jóvenes con Futuro, Fuerza Joven, Guías Ciudadanos, Fondo EPM para

la Educación Superior, Convenio Sena Alcaldía de Medellín “Sena en mi barrio”, y Cultura E; gracias

al programa Jóvenes con Futuro 282 jóvenes estaban laborando como encuestadores del Sisbén;

por medio del programa Fuerza Joven, dirigido a jóvenes en riesgo de violencia, se trabajaba en la

comuna 13 con 3 grupos de 180 personas; en la 8, con 2 grupos de 50 personas; y en la 7, con 4

grupos de 170 jóvenes; se habían realizado 9 de los 21 Encuentros por la Vida programados, con

participación de 18 mil personas, y presentado 474 propuestas ciudadanas para la campaña

Medellín más Segura. También se informó que en la Semana de la Convivencia habían participado

667 instituciones educativas y que con la iniciativa “Instituciones educativas de convivencia”, se

habían instalado 12 mesas de convivencia en establecimientos educativos de la ciudad.i

El 18 de agosto la alcaldía también dispuso el “toque de queda” para menores de edad en las

comunas de Castilla y Doce de octubre, el cual amplió diez días después a las comunas de Aranjuez

y Manrique, y a partir de septiembre a la comuna 10, en el centro de la ciudad. El 28 de octubre

se dispuso el levantamiento de la medida en todos los barrios pero se mantiene en la zona del

centro. Aunque la medida ha sido muy cuestionada la alcaldía insiste en que ha sido positiva

porque no era solo el toque de queda, sino una serie de medidas que ayudaron a reducir los

índices de criminalidad y homicidios en varias comunas de la ciudad, a excepción del centro.

i http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/boletines/RBoletin.jsp?IDBOLETIN=1364-2009

1

Ariel Fernando Ávila Martínez Magda Paola Núñez Gantiva1.

LAS DINAMICAS TERRITORIALES DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL: ARAUCA, CAUCA Y NARIÑO

La reconfiguración del poder regional luego de la desmovilización de los grupos

paramilitares, llevo a que el ELN ganara en algunos territorios la guerra por el

control de algunas zonas en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño. Allí

esta agrupación, que hasta hace muy poco parecía mantener una tendencia a la

desaparición logró vencer a fuertes, importantes e históricos frentes de las FARC y

convertirse en estos tres departamentos en los actores armados dominante.

El siguiente escrito busca realizar un análisis de las razones que han llevado a

este fortalecimiento del ELN, realizando, en primer lugar, una descripción de la

situación pasada y actual de esta agrupación armada ilegal en estas zonas y

luego, haciendo un análisis de datos estadísticos y proponiendo algunas tesis e

hipótesis sobre este fortalecimiento. Antes de entrar a realizar el análisis territorial,

es necesario mostrar los principales resultados de la investigación.

En primer lugar, y como hipótesis central de la investigación, el fortalecimiento del

ELN estuvo caracterizado por las alianzas con otros grupos armados ilegales

como los Rastrojos en Cauca y Nariño. Sin embargo, se ha logrado constatar la

misma situación con el ejército nacional de Colombia en los tres departamentos.

Efectivamente la presión sobre la Fuerza Pública para el logro de resultados sobre

las FARC ha llevado a que unidades militares acudan a sistemas de delegación de

la violencia a estructuras ilegales, repitiéndose fenómenos del pasado.

1 Ariel Fernando Ávila Martínez es Coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en temas de Conflicto Armado. Magda Paola Núñez Gantiva es Investigadora del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.

2

La delegación del monopolio de la violencia por parte de los agentes estatales

configura una serie de monopolios territoriales localizados que sitúan el control

local del Estado en el objetivo de esto grupos. Provocando no sólo la creación de

Estados paralelos, sino sobre todo propiciando el establecimiento de agentes

ilegales armados como proveedores de seguridad y justicia2.

Una segunda situación que se encontró es la concentración de la operatividad

militar de las Fuerzas Militares sobre las FARC, mientras que los demás grupos

ilegales armados no sufrieron operaciones militares de gran envergadura, ello

posibilitó la toma o retoma de varios territorios por parte de estos grupos armados.

Por ejemplo, durante el año 2009 “Los Rastrojos” incrementaron su presencia

territorial en más de un 100%; mientras que para 2008 registraban presencia en

Cauca, Nariño y Valle del Cauca, este año han logrado llegar hasta el sur de

Cesar, Sur de Bolívar, el Nudo de paramillo y el departamento del Chocó. EL ELN

ha logrado hacer presencia en 22 municipios más comparado con el año anterior,

mientras que las FARC han perdido el centro del Cauca y Norte de Nariño. “Los

operativos militares conocidos como Operaciones Espada I, II, y III, obligaron a

las FARC a desplazarse hacia la costa pacífica, territorio controlado por el ELN y

al que no había querido regresar, con lo cual se produjeron fuertes operativos por

parte del ELN desde la costa, “Los Rastrojos” desde el Sur y la Fuerza pública

desde el oriente. Sobre el terreno, la consecuencia para las FARC, fue el

desmantelamiento de dos de sus estructuras y el debilitamiento de otra.”3.

Tales prácticas de las Fuerzas Militares no son nuevas, en los años de la

expansión paramilitar se presentaron comportamientos similares de complacencia

con estas estructuras. Lo difícil del tema es que dichas prácticas no se han

logrado erradicar y las consecuencia para la población civil son devastadoras.

Aunque sobre todo preocupa los efectos de estas prácticas para la legitimidad y

construcción de Estado en estas regiones. Incluso, cuando se mira este fenómeno

2 Ávila Martínez Ariel Fernando; Dinámicas Recientes del Conflicto armado en Colombia; Tesis maestría en sociología. Universidad Nacional de Colombia. 3 Ávila Martínez Ariel Fernando; Conflicto Armado en el Cauca. Corporación Nuevo Arco iris. 2009. Pág. 53.

3

a nivel nacional se producen tres coincidencias. Por un lado, las estructuras

militares que están siendo investigadas por más casos de falsos positivos, son las

mismas que presentan mayores indicios de posibles alianzas o complacencia con

grupos armados ilegales, a la vez son las que más han sido subsidiadas por los

dineros provenientes del Plan Colombia. El siguiente cuadro proporcionado por la

fundación FOR nos muestra dicha coincidencia.

Anexo III- Ejecuciones Extrajudiciales, 2006-07 por Jurisdicción de Brigada y Asistencia de USA BM= Brigada Móvil, Bat=Batallón

Departamento(s) Brigada Armada con Jurisdicción Territorial

Número de ejecuciones extrajudiciales por la Fuerzas Armadas, julio 2006-junio 20074

Unidades Operativas Armadas en áreas de Asistencia de los Estados Unidos en 2006-07 y 2007-085

Caquetá Décimo segunda

25 Toda la brigada (06-07, excluida en 07-08). BM 10,13 y 22 (ambos años)

Meta, Vichada, Guainía

Séptima 24 Cuarta BM, Séptima BM, Novena BM

Huila Novena 23 Toda la Brigada (Cinco Batallones)

Cauca, Nariño Veintinueve 21 Cuarto Batallón de Alta Montaña, Sexta brigada Móvil

Córdoba, Sucre Once 17 Todo la Brigadas (seis Batallones) BM

4 Datos de acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas 5 De acuerdo a la lista presentada por el Departamento de Estado en Septiembre 2006 a Febrero de 2008

4

Once

Norte de Santander

Trigésima 17 Comando de Brigada y 3 Batallones (Recientemente investigados en 07-08)

Valle, Cauca, Chocó

Tercero 17 Tercera Brigada (Batallón de Ingenieros Nº3, Batallón de infantería Nº 9 y Grupo Cabal Nº3 , Comando Operativo de la BM Nº14)

Tolima, Caldas Sexto 12 BM Primera, BM Nº2, BM Nº3

Magdalena, Bolívar y Cesar

Segunda 11 Batallón de Ingeniería Nº2, Batallón de Alta Montaña Nº6

Santander, Cesar, Bolívar, Boyacá

Quinta 9 Ninguno

Putumayo Veintisiete 9 Batallones de Infantería Nº25 y 49, Batallón Contra Guerrilla Nº59

Casanare Decimo Sexta 9 Toda la Brigada (seis batallones)

Cesar, Guajira Decima 9 Ninguna

Arauca Decimo octava 8 Toda la Brigada

5

(nueve batallones) BM Nº 5

Antioquia, Boyacá Santander

Decimo cuarta 7 Batallón de Ingeniería Nº14

Antioquia Cuarta 5 Ninguna

Quindío, Risaralda, Caldas

Octava 3 Batallón de Ingeniería Nº8

Bogotá, Cundinamarca

Decimo tercera 2 Batallón de Ingeniería Nº13

Antioquía, Chocó Decimo Séptima

1 Ninguna

Boyacá Primera 0 Comando Operativo

Como se ve en el anterior cuadro tanto las unidades que operan en Cauca, Nariño

y Arauca han sido beneficiadas con estas asistencias. Al igual que las estructuras

del Meta que han recibido fuertes cuestionamiento por su inoperatividad con el

ERPAC y las estructuras de Norte de Santander. Por ejemplo, la siguiente gráfica

nos muestra la evolución de las acciones armadas de las estructuras de las FARC

y ELN en relación con la Fuerza Pública en Arauca, donde a pesar del

fortalecimiento del ELN no se han incrementado el número de acciones, mientras

que las de las FARC que se encuentran en franco declive se mantienen estables.

6

Evolución Anual del Número de Acciones para 4 estructuras en rauca.

Bases de datos de la Corporación Nuevo Arco iris. DLS. Frente Domingo Laín

Sáenz; EPP, Frente Efraín Pabón Pabón.

En tercer lugar, se podría concluir que en el sur occidente del país el ELN ha

ingresado fuertemente en la producción y primera parte de cadena de

comercialización del narcotráfico, lo cual ha llevado a un incremento en la

capacidad de reclutamiento y compra de armas. Tal recuperación militar y

económica de este grupo guerrillero sumado a su fuerte independencia del COCE,

que es histórica como lo veremos más adelante, traería como consecuencia que

en estas zonas fuera difícil entablar futuras negociaciones o acercamientos de

paz. Es de aclarar, que la investigación logró concluir que aún la tendencia de la

comandancia de estas estructuras a la negociación en Cauca y Nariño se

mantiene vigente, pero cada vez es menor, de ahí que de continuar la tendencia

de no negociación por parte del Gobierno nacional y de la comandancia del

COCE, cuando esta se dé será un poco tarde. En el caso de Arauca la

negociación no se encuentra en la agenda del Domingo Laín.

Ahora bien, se debe decir, que el fortalecimiento del ELN en estas regiones y en

general de otros grupos armados ilegales no obedece únicamente al narcotráfico.

Por ejemplo, en Arauca el ELN siempre se ha mantenido renuente a ingresar al

negocio del narcotráfico e incluso la reducción sustancial del cultivo de hoja de

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DLS 77 67 67 107 115 37 27 15 16 15 11 9 12

Frente 10 15 44 53 83 74 121 93 73 79 58 75 71 68

Frente 45 4 16 42 24 18 48 44 41 36 34 56 34 31

EPP 5 23 8 21 6 5 2 1 2 3 1 1 0

020406080

100120140

7

coca en algunos municipios del departamento es producto de la presión de este

grupo armados ilegal que obliga a los campesinos a erradicarla. La siguiente

gráfica muestra la evolución anual del número de hectáreas sembradas en el

departamento.

Evolución anual del Número de hectáreas de hoja de Coca para Arauca.

En Cauca y Nariño por el contrario se observa una fuerte relación de los frentes y

columnas del ELN con el narcotráfico. Sin embargo, existe un fenómeno más

complejo y es que al hacer un análisis de los municipios donde se han presentado

el mayor número de combates entre estructuras armadas ilegales y su relación

con cultivos de uso ilícito y rutas del narcotráfico se presenta una relación de no

más de 60%. Por el contrario, la llegada de varios grupos emergentes a la zona

durante el presente año6 están más relacionadas con exploración y explotación

minera y maderera y concentración de la tierra. Es decir, se están presentado

fenómenos de existencia de grupos privados de seguridad ilegal, una privatización

de la guerra. Para el tema de la concentración de la tierra un factor que preocupa

en los departamentos es la falta de titulación de los diferentes predios, es decir,

los desplazados no tiene como demostrar la propiedad sobre las tierras en las

cuales permanecían hasta antes de que ocurriera el desplazamiento. Lo cual 6 Para profundizar en el tema ver el artículo de Mauricio Romero en la presente edición de la revista.

978

2.749

2.214

539

1.552

1.883

1.306

2116

477

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

HA

8

propicia la apropiación ilegal. El tema del despoblamiento y re-poblamiento es otro

de los factores que explica el desplazamiento en los departamentos. Esto sobre

todo lo podemos observar desde el año 2006 cuando las guerrillas del ELN y de

las FARC inician una violenta confrontación.

Confrontación que sobre todo la sufre la población civil. “La disputa entre ambas

guerrillas no era nueva en la región, de hecho, desde finales de la década de los

noventas se vivían los enfrentamientos…La más reciente confrontación inicio

hacia finales de 2006, más exactamente en diciembre de ese año. Cuando

Ramírez comandante del frente octavo de las FARC murió a manos de Oscar

comandante del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN en Cauca. Ya para

principios de 2006 se vivía un enfrentamientos entre ambas agrupaciones

guerrilleras en Arauca cuando el líder del Domingo Laín alías “la Ñeca” asesino a

uno de los comandantes de las FARC del frente 10 alías el “Che””7.

En Cuarto lugar, la investigación encontró que durante el año 2009 la posible

convivencia entre el ELN y los Rastrojos a comenzado a desquebrajarse, además

las FARC en Cauca han comenzado a recuperar territorios en el sur del

departamento, desplazándose desde la costa pacífica hasta el municipio el Argelia

y Balboa. De hecho, en lo que va del año 45 miembros de los Rastrojos han

muerto a manos de las FARC y el frente 8 nuevamente se ha reagrupado y han

comenzado a recuperar territorio. En lo general se espera que este cambio

territorial de actores armados lo padezca la población civil.

Se tuvo información que durante la expansión de los rastrojos y el ELN en los

territorios del sur del Cauca y Costa Pacifica nariñense y caucana muchos civiles

se vieron obligados a desplazarse y otros tanto murieron, ahora con la retoma o

posible retoma de las FARC e incluso con la fractura del acuerdo entre los

Rastrojos y el ELN la violencia contra la población civil tenderá a incrementarse,

esto fue lo que ocurrió en Arauca. Nótese por ejemplo, en la siguiente gráfica

como desde 2005 el incremento del desplazamiento en Arauca fue incluso mayor

7 Ávila Martínez Ariel Fernando; Conflicto Armado en el Cauca. Corporación Nuevo Arco iris. 2009. Pág. 46.

9

al que se produjo durante la violenta expansión paramilitar llegando a su pico

durante 2007 para luego descender una vez el ELN logra controlar el territorio.

Evolución anual del desplazamiento en Arauca.

Acción social.

Por último, las investigaciones monográficas sobre el conflicto armado que realizó

la Corporación Nuevo Arco iris en los departamentos fronterizos encontró que para

el caso de Arauca, de los siete pasos ilegales fronterizos 5 los controla el ELN,

uno las Águilas Negras y sólo 1 las FARC, Incluso en Norte de Santander las

Águilas Negras y el ELN controlan los pasos fronterizos en estos departamento y

no las FARC, únicamente en el Perija se nota algún tipo de control del paso

fronterizo.

De ahí, que las recientes discusiones sobre la presencia de grupos armados

ilegales debe matizarse, Ya que, las FARC han perdido desde hace 3 años el

control de estos pasos para cedérselos a los grupos nacidos posterior a la

desmovilización paramilitar. Por el contrario lo que prevalece en la zona son altos

grados de corrupción de las Fuerzas Militares colombianas y también de las

venezolanas, que como se ha constatado en el resto del país no dependen del

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009

ct

No Des 365 341 778 880 1397 5799 4743 5619 5126 8950 11139 6539 2620

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

10

narcotráfico esencialmente, el tema de contrabando, tarta de personas, carteles de

la Gasolina se están expandiendo por toda la zona fronteriza.

Conflictos Territoriales Y Privatización de la Guerra.

Luego de la desmovilización paramilitar, las guerrillas buscaron copar los

territorios que habían abandonado las antiguas estructuras paramilitares, al tiempo

que los grupos emergentes, rearmados y disidentes hacían su aparición en el

escenario armado colombiano con una aspiración similar pero con una vocación

marcadamente urbana. Las alianzas entre estas estructuras y las guerrillas de las

FARC y el ELN, no se hicieron esperar, al igual que posibles complacencia este

estas nuevas organizaciones y algunas estructuras de la Fuerza Pública. Sin

embargo, en enero de 2009 fue evidente la existencia de alianzas explicitas entre

miembros del Ejército Nacional y el frente de guerra oriental del ELN8 (hasta 2001

perteneció al frente de guerra nororiental), además entre el grupo de “los rastrojos”

y el ELN en Cauca y Nariño.

Las dinámicas del conflicto armado en el departamento del Cauca, se han

caracterizado desde el año 2005 por una reconfiguración del poder de los grupos

armados ilegales. Reconfiguración que debe ser analizada teniendo en cuenta

cuatro características de este territorio: a) El departamento de Cauca cuenta con

territorios en el pacifico, constituyéndose en un corredor para el tráfico de armas y

estupefacientes. b) La presencia de carteles de narcotráfico, que pretenden

controlar el Pacifico desde el Valle del Cauca hasta Nariño, para lo cual se han

constituido grupos privados de seguridad ilegal. C) La riqueza minera y la

expansión de monocultivos en el departamento, d) el Cauca encierra tres mega

proyectos y programas de cultivos extensivos que agravan la situación de

conflictos por la propiedad agraria.

La presencia del Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Cauca, es

de carácter histórico. El frente de guerra suroccidental surgió con el frente Manuel

Vásquez Castaño, en la bota caucana y actualmente ejerce presencia en los

8 Semana. Cómo el Ejército se alió con el ELN en Arauca. Enero 19 de 2009.

11

municipios de Almaguer, Rosas, San Sebastián, Bolívar, La Vega, La Sierra,

Santa Rosa, Timbío y Florencia. Adicionalmente el frente de guerra sur occidental

contó con El Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez en el norte del Cauca que

surge como consecuencia del desdoblamiento del Manuel Vásquez Castaño. En el

año de 1982 se conforma la regional urbana Omaira Montoya Henao que a la

postre consolidó estructuras en Cali, Popayán y Pasto– y el núcleo urbano Marta

Elena Barón (Pereira, Armenia y Manizales). A mediados de los años ochentas

surgió en el Huila el Núcleo La Gaitana, y a partir de 1987 se crearon los frentes

Comuneros del Sur (Nariño), Benkos Biohó (centro del Chocó), el Frente

Suburbano José María Becerra (con influencia en Cali), y el Frente Cacique

Calarcá (Risaralda y Caldas, con prolongación hacia el Chocó)

El Manuel Vásquez Castaño se benefició del petróleo existente en el Huila, su

influencia fue grande en toda la Bota Caucana y, logró construir un gran corredor

de movilidad que era facilitado por la presencia de las FARC en la zona.

El crecimiento del ELN, se realizó a partir de la minería en Nariño y parte del

Cauca, los reiterados secuestros realizados por el Frente José María Becerra y a

la extorsión realizada a las petroleras de la zona. Igualmente, debido al

federalismo que ha caracterizado al ELN, este frente de guerra — en particular el

Frente Manuel Vásquez Castaño— logró adquirir muchos de sus recursos de la

buena relación que entabló con la población en toda la zona. Es de aclarar que su

presencia no fue dominante; más bien, se mantuvo en la zona con dificultades,

cediendo territorio a las FARC y a los grupos paramilitares en la década de los

noventa.

Desde mediados de los años noventa el retroceso del grupo guerrillero se hizo

evidente, rápidamente el frente José María Becerra fue desmantelo por el los

grupos paramilitares que ingresaban a la zona venidos del Urabá y patrocinados

por buena parte del narcotráfico. Ya para el año 2002 el ELN había perdido en el

departamento cerca del 60% del total de la tropa y el 50% de las estructuras y la

tendencia no mostraba razones para que se revirtiera, en un contexto de

fortalecimiento de las FARC, de la Fuerza Pública y el crecimiento exorbitante del

Paramilitarismo.

12

En 1995, se realizó el llamado 14 Pleno de la Dirección Nacional, donde se

explicitó la intención por parte del ELN de dar un salto cualitativo en la guerra que

guerrillas. Para ello se debían crear batallones, estructuras móviles y así tomar la

iniciativa militar: “[S]e concluyó que los destacamentos y compañías, que

equivalían a la fuerza militar de los frentes, pasarían a integrar lo que se denominó

como la “fuerza militar del área” sin abandonar los territorios que habían

consolidado previamente. Se trataba de crear una estructura armada menor que

los frentes de guerra y mayor que los frentes, capaz de agruparse y así mismo

disolverse en los casos que se necesitaran realizar operativos a gran escala. Para

cumplir tal objetivo y en relación con lo anterior, se dispuso que en las áreas de

retaguardia estratégica en primer lugar y de confrontación permanente o de

disputa en segundo lugar, se conformara un “estado mayor de área”, responsable

del diseño y la realización de los planes militares y políticos, integrado por el

“responsable militar” de la dirección del área, de los primeros mandos de las

compañías y de los responsables militares de los frentes”.7

Este salto cualitativo que intentó dar el ELN en todo el país, tuvo un relativo éxito

en el Frente de Guerra Noroccidental y el Frente de Guerra Nororiental, en el resto

del país este grupo armado vio limitada su intención de dar dicho salto. Sin

embargo, después del año 2007, cuando ya el ELN había ganado gran parte de la

confrontación con las FARC, se dio un incremento de las estructuras móviles, o el

renacer de gran parte de ellas después de que prácticamente habían

desaparecido.

Desde el año 2003 amplió en un 150% sus estructuras en el departamento del

Cauca al igual que le número de hombres en armas. La creación de la columna

móvil José Luis Cabrera fundada a finales de la década del noventa en 1999, fue

producto de un desdoblamiento del Frente Comuneros del Sur. Ésta se fortaleció

desde el año 2006. Igualmente la Columna Lucho Quintero, creada en el 2003

producto de una comisión enviada del Frente Manuel Vásquez Castaño,

incrementó su presencia territorial; lo mismo sucedió con la Columna Móvil Milton

13

Hernández, creada en 2003, producto igualmente de una comisión enviada del

Manuel Vásquez y la Camilo Cien Fuegos.

Luego de la desmovilización del Bloque Calima y el frente Pacifico, el ELN retoma

los municipios de Mercaderes, Florencia, Balboa, Argelia y Bolívar, donde hay

registro de cultivos ilícitos. Razón está, por la cual realiza alianzas con los

rastrojos para enfrentarse a los emergentes y rearmados, y a las Farc, y de esta

forma mantener su posición de predominante en el territorio. El siguiente mapa

muestra los municipios que registraron presencia del ELN para el año 2009.

Mapa No. 6: presencia ELN en el Cauca, 2009.

14

Como se observa municipios como Argelia, Patia, Balboa y el Tambo,

anteriormente bastiones de las FARC se encuentran bajo control total del ELN y

los Rastrojos. Situación similar ocurre en Nariño, departamento en el cual la

presencia del ELN se ha incrementado sustancialmente en los últimos dos años.

Su origen en Nariño data de finales de la década de los ochenta: en 1989 se creó

el Frente Comuneros del Sur producto de la comisión envida Manuel Vásquez

Castaño, el cual opera en el departamento de Cauca9. La creación del Frente

Comuneros del Sur fue estratégicamente planeada por esta guerrilla,

considerándose al departamento de Nariño como una zona apta para el desarrollo

del proyecto político-militar del ELN.

Es pertinente aclarar que la fuerte influencia alcanzada por el ELN en Nariño no

responde a coincidencias regionales en ese momento particular; más bien, sus

raíces se remontan a cerca de 15 años atrás. El nacimiento del ELN en Nariño se

dio en la década de los setenta con diferentes estructuras político-militares, que

más tarde darían nacimiento al Frente Comuneros del Sur. Durante esa década se

registró un fuerte trabajo político de Francisco Galán con el Colectivo Camilo

Torres, el cual puede caracterizarse como la base militante del ELN en el

departamento. Posteriormente se crearían las Fuerzas Unidas de Acción

Guerrillera, una pequeña guerrilla que sólo registró una acción militar y luego se

fusionó con el Frente Comuneros del Sur del ELN.

En el departamento de Nariño, el ELN tuvo influencia de estructuras externas al

departamento hasta finales de la década de los ochenta. En primer lugar, esta

influencia provino de las estructuras de Antioquia, en donde se ubicaba el

Comando Central, COCE. Más tarde, hubo una total dependencia de las

estructuras del Cauca. Sin embrago, en los años recientes, sobre todo después

del 2000, las formas organizativas del ELN en Nariño han ganado una

independencia casi total con respecto a las estructuras de otras regiones.

9 Ávila Martínez Ariel Fernando y Celis Luis Eduardo; ELN: El Camino hacia la resistencia pasiva; Revista Arcanos No 14. Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá Noviembre de 2008.

15

Después del llamado “Viraje Estratégico” del ELN a mediados de la década de los

noventa,10 el ELN creó una serie de estructuras móviles en la región. En primer

lugar se creó la compañía Héroes y Mártires de Barbacoas, que hoy es la más

fuerte en la región y, a finales de la década, se crearon la columna Héroes y

Guerreros del Sindagua en la región de la Costa Pacífica y la columna Héroes de

los Andes en los límites con Putumayo. La columna Héroes del Sindagua logró

controlar buena parte de la salida hacia el Pacífico, pero rápidamente fue

subsumida por el narcotráfico, mientras que la columna Héroes de los Andes

presenta en la actualidad serios problemas financieros en la región donde actúa.

Aunque los registros den cuenta de más estructuras, muchas de ellas han sido

fusionadas con las enunciadas aquí. Hoy en día, el Frente Comuneros del Sur

cuenta con la Compañía Guerreros de Sindagua, la Compañía Mártires de

Barbacoas, la Compañía José Luis Cabrera —que fuera trasladada para Cauca —

, la Compañía Jaime Toño Obando, la Compañía Héroes de los Andes y la

Compañía Elder Santos. El total de tropa que mantiene el ELN en Nariño es

superior a los 300 hombre, hace tres años no superaba los ochenta. El siguiente

mapa muestra la presencia de estas estructuras.

10 Ávila Martínez, Ariel Fernando y Celis, Luis Eduardo; ELN: El Camino hacia la resistencia pasiva; Revista Arcanos No 14. Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá Noviembre de 2008.

16

Mapa No. 6: presencia ELN en el Nariño, 2009

A diferencia de Cauca y Arauca en Nariño la disputa por las rutas del narcotráfico

y los cultivos de uso ilícito son cada vez mayores. Las iniciativas de erradicación

manual y de fumigaciones han fracasado. La siguiente gráfica muestra la

evolución anual del número de hectáreas de hoja de coca para este departamento.

Como se ve a pesar de ser uno de los departamentos donde han intervenido con

mayor fuerza las políticas del Plan Colombia las hectáreas de cultivos de uso ilícito

se han incrementado sustancialmente con respecto al año 2000. Además Nariño

tiene dos de las principales rutas de tráfico de narcóticos de Colombia y es la vía

Marítima por Tumaco y la frontera con el Ecuador, lo cual hace aún más conflictiva

la situación de departamento.

17

Precisamente el control territorial ganado por el ELN en este departamento le ha

permitido controlar estas zonas de cultivos y corredores de tráfico, lo cual ha

redundado en el aumento de financiación y mejora en la compra de

abastecimientos.

Evolución Anual del Número de Hectáreas de Hoja de coca sembradas en Nariño. 1999-2008

Bases de datos SIMSI.

Aunque al igual que en el Cauca la disputa territorial no es únicamente

consecuencia del narcotráfico. En este departamento igualmente la disputa se da

en zonas de explotación y exploración minera, pero sobre todo en la zona donde

se está desarrollado el Mega Proyecto Belén Do Pará–Tumaco, que pretende

crear una vía de comunicación que conecte la zona fronteriza de Brasil, Colombia

y Ecuador. En una buena proporción de estos municipios no existen cultivos de

uso ilícito y no se configuran sobre las rutas del narcotráfico, a pesar de ello desde

mediados de 2008 se ha producido sobre esta zona un aumento en los niveles de

intensidad armada. El siguiente mapa muestra el trazado que tendrá.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

NHA 3.959 9.343 7.393 15.132 17.628 14.154 13.875 15.607 20.259 19.612

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

18

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores; Corredor Intermodal: Tumaco -

Puerto Asís - Belem do Pará; Un Camino Verde hacia la Paz. Agosto de 2003.

Bogotá

Si se comparan los sectores donde actualmente se vive la mayor intensidad del

conflicto armado, se observan tres ejes fundamentales. Primero, la vía

Panamerica, sobre todo en los limites entre Cauca y Nariño y la zona sur a la

altura de Ipiales. En esa zona las FARC y los denominados grupos emergentes se

disputan metro a metro el territorio, disputa en la que además se constata una

gran presencia de la fuerza pública. Segundo, el conflicto se vive con alta

intensidad en la zona carreteable del proyecto mencionado anteriormente; allí

también la presencia de todos los actores armados ilegales y de la fuerza pública

es alta. Tercero, la costa Pacífica, explicable por proporcionar el acceso al mar.

Resulta destacable. Sin embargo, a pesar de la fuerte actividad de todos los

actores armados el accionar de la Fuerza Pública se ha concentrado sobre las

FARC, mientras que los operatvios sobre el ELN han sido bastante poco a

19

excepción de a actividad armada en el municpio de Samaniego, sobre el resto de

los municpios la Fuerza Pública no ha operado sobre el ELN.

Ante la ofensiva lanzada por las FARC en el 2009 la Fuerza Pública puso en

marcha tres estrategias. Por un lado, un incremento sustancial del pie de fuerza,

con lo cual habrían de cubrir los municipios que no contaban con presencia militar

o policial. Por ejemplo, se creó en junio de 2007 la Brigada Móvil 19, que abarca

los departamentos de Cauca y Nariño. Por otro lado, se dio el desplazamiento de

tropa hacia el interior del departamento y la zona montañosa. El Batallón de Alta

Montaña ubicado en el Macizo Colombiano, localizado en el departamento de

Cauca, permitio un mayor control por parte del ejército en esta región del país. Por

lo anterior, las FARC y ELN se desplazaron hacia la cordillera occidental en los

departamentos de Cauca y Nariño11. Finalmente, como tercera estrategia se dio

una vinculación gradual de la población civil al conflicto armado, lo cual fue posible

a partir del despliegue de treinta pelotones de “Soldados de mi Pueblo12”, cada

uno compuesto por treinta y seis soldados, lo que ha sido bastante efectivo para la

contención de la guerrilla, pero igualmente bastante criticado, ya que se vincula

de manera directa a la población civil al conficto.

Se prevé que el incremento del pie de fuerza militar para finales del año 2009

llegue a un total de veintidós mil hombres en el departamento. En efecto, a

principios de 2009 se creó la Brigada 23 que opera en todo el departamento de

Nariño y busca limitar la capacidad de los grupos guerrilleros en la región.

Mientras tanto, la Brigada 29 quedó sólo con operaciones en el departamento de

Cauca.

Con el fin de contrarrestar a los grupos armados ilegales, las acciones se

desplegaron en la zona andina, movilizando para este fin hombres desde el

11 Ávila Martínez Ariel Fernando; Conflicto Armado en el Cauca. Corporación Nuevo Arco iris. 2009. 12 Los pelotones de Soldados de M i Pueblo, ha sido una de las estrategias contrainsurgentes que mejores resultados ha dado a la fuerza pública, por ejemplo, en el Norte del Departamento de Boyacá, donde una vez instalados estos Pelotones los niveles de confrontación descendieron drásticamente. En términos generales estos pelotones se componen de jóvenes campesinos reclutados en regiones con presencia de grupos guerrilleros, se les da un entrenamiento corto y se les pone a patrullar la región natal de estos jóvenes, con lo cual hermanos, primos y amigos terminan enfrentándose

20

Batallón de Alta Montaña, ubicado en el macizo colombiano, el cual fue reforzado

por el Batallón Batalla de Boyacá y miembros de las Brigadas XIX y XXIII,

desplegados en la región montañosa del departamento de Nariño.

El aumento de hombres en esta región por parte de la Brigada XXIII se enmarca

en el Plan Operativo para el Control del Piedemonte Costero del departamento de

Nariño y el control de la zona fonteriza. Este incremento de fuerza pública permitió

el control de las cabeceras municipales, lo que se reflejó en el hecho de que la

última toma por parte de las FARC a una cabecera municipal se presentó en 2006.

Sin embargo, el despliegue de tal operatividad militar no ha significado una

reducción de la capaicidad operativa de estos grupos, ni siquiera de las FARC,

tampoco en una reducción de las zonas quee estos grupos controlan. Las FARC

hacen presencia allí con 6 estructuras, el frente 29, el frente 2, la columna Maricas

Sucre, la Columna Daniel Aldana, la columna Jacinto Matallana y parte del frente

48. Estas estructuras estarían conformadas por no menos de 700 guerrilleros.

Además en el departamento hacen presencia “Los Rastrojos” con no menos de

800 hombres. Las Autodefensas Campesinas Nueva Generación con cerca de 150

hombres, las Águilas Negreas con 180 hombres, el ELN con las estructuras

anteriormente mencionadas con 400 hombres, Las Autodefensas Gaitanistas de

Colombia con 150 hombres. Es decir, más de 2000 mil hombres en armas de

forma ilegal.

Por el contrario lo que se ha presentado en este departamento es uan

recuperación territorial de los GAI. Nariño es el único departamento de Colombia

donde el número de civiles afectados por minas es superior al de militares, lo cual

nos lleva a concluir que el conflicto armado no está en zonas selváticas y

apartadas, por el contrario estaría regresando a las zonas urbanas. Uno de los

casos más dramáticos del departamento lo es el municipio de Tumaco, donde a

pesar de la presencia fuerte de militares el número de municipios no se ha

reducido.

21

Evolución anual del Número de Homicidios en Tumaco.

Tumaco se ha configurado en uno de los municipios con mayor presencia de

efectivos militares y ello no ha significado la reducción en el número de homicidios.

De hecho, de mantenerse la tendencia los homicidios el presente año aumentaran

con respecto al anterior.

Pero es Arauca donde el control y fortalecimiento del ELN se siente con más

fuerza. Allí el frente 45 de las FARC se encuentra fuertemente debilitado por el

accionar del ELN, y el frente 10 no se encuentra en mejores condiciones. El

departamento de Arauca ha vivido con más fuerza el fortalecimiento del ELN; que

al igual que las FARC han realizado su guerra más que en combates entre ambas

organizaciones, en acciones contra la población civil, en territorios que se creen

son dominados por la organización contraria. En términos generales la Fuerza

pública no logró controlar más allá de las cabeceras urbanas de los municipios del

departamento. De hecho, las ofensivas militares realizadas en 2003 y 2004 no

lograron disminuir la capacidad militar de los grupos guerrilleros.

La poca efectividad de los operativos militares y la corrupción podrían haber

inducido a la Fuerza Pública a entablar la alianza con el ELN. Sobre el terreno los

efectos de dichos operativos han llevado a que el ELN controle prácticamente los

20 28

79 81

128

158

11092

210 219

264

235221

0

50

100

150

200

250

300

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oct

22

pasos fronterizos ilegales y el fuerte debilitamiento del frente 45 de las FARC y la

columna Alfonso Castellanos.

En Arauca el ELN hace presencia con el Frente Domingo Laín que se divide en la

Compañía Berkely, la compañía Omaira Montoya y las Fuerzas Especiales.

Además se encuentra el debilitado frente Efraín Pabón Pabón y la compañía

Simacota. El siguiente mapa muestra la ubicación de estas estructuras y los pasos

fronterizos de los grupos armados ilegales.

Aunque Arauca muestra una tendencia similar a la de Cauca y Nariño se debe

aclarar que allí el ELN nunca dejo de ser débil. Lo que venía sucediendo era un

fortalecimiento constante y vertiginoso de las FARC desde mediados de la década

de los noventas llegando a ser hegemónicos en 2002. Las razones de la

confrontación podrían agruparse en tres. En primer lugar, el control territorial de

los actores armados, “… a medida que los cultivos de uso ilícito se expandieron en

el departamento las FARC asumieron su regulación y fueron ganado rápidamente

aceptabilidad en la población, por el contrario el ELN renuente a ingresar a las

23

lógicas del narcotráfico vio perder rápidamente gran parte del control territorial,

así, a medida que las FARC crecía se fue expandiendo a los territorios del ELN

con lo cual las disputas comenzaron”13. La segunda razón, fue el acceso a las

extorciones de las empresas petroleras, el ELN tradicionalmente se financió con

este mecanismo y los últimos posos petroleros detectados en el departamento y

en particular en el municipio de Arauquita hacia finales del 2005 se encontraban

en un territorio donde ambas agrupaciones se movían y por ende el

enfrentamiento era inminente. La tercera razón fuel el control de los pasos

fronterizos, al ser una frontera bastante grande el control territorial era

fundamental para el trafico de todo tipo de productos.

Este tipo de enfrentamientos disparó los niveles de violencia desde el año 2006,

además para la fecha estaban naciendo las denominadas bandas emergentes,

sobre todo en el municipio de Tame y desde allí se expandían a los demás

municipios. Por tanto, secuestros, homicidio y desplazamientos tendieron a ser

más grandes en número que en plena expansión paramilitar en los primeros años

del siglo XXI. Uno de los casos relevantes es el municipio de Saravena donde

desde mediados de 2008 las amenazas de grupos armados que se identifican

como miembros de las Águilas Negras se han incrementado.

13 Ávila Martínez Ariel Fernando, Gonzales José Jairo, Gutiérrez Omar. Dinámicas reciente del conflicto armado en Arauca. Corporación Nuevo Arco iris; 2008.

D i e z p r o p u e s t a s p a r a e l d e b a t e p r e s i d e n c i a l

1

D I E Z P R O P U E S T A S P A R A E L D E B A T E P R E S I D E N C I A L Noviembre de 2009

D i e z p r o p u e s t a s p a r a e l d e b a t e p r e s i d e n c i a l

2

D i e z p r o p u e s t a s p a r a e l d e b a t e p r e s i d e n c i a l

Introducción

Uno de los procesos democráticos más importantes para una colectividad es la celebración de elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, en regímenes presidencialistas, los comicios para la elección del primer mandatario suelen ser el evento político periódico más trascendental. En gran parte esto se debe a que un componente fundamental de la democracia, régimen político predominante en el mundo, es la representación, esto es, la participación política indirecta vía elección de representantes.

Por su parte, desde los primeros intentos por construir un pacto de paz con las guerrillas colombianas a inicios de la década del ochenta, las ofertas del estado han sido ofertas de gobierno; en este sentido, la política de paz ha jugado electoralmente, lo que incluso puede afirmarse después de la deslegitimación electoral de la opción de paz negociada, como se ha verificado en el caso de las dos últimas elecciones presidenciales. Esto es, ya sea para permitir u obstaculizar la construcción de un pacto de paz con las guerrillas, la política de paz ha jugado electoralmente y ha sido esencialmente una política de gobierno sujeta a la coyuntura política, el estado de opinión y la voluntad del presidente en ejercicio.

Sin querer desconocer la multiplicidad de variables que inciden en la construcción de la paz en Colombia, ni los grados en que éstas lo hacen, la decisión de apostar a la incidencia en el debate presidencial se basa en los siguientes supuestos:

1) En un régimen presidencialista, las elecciones presidenciales juegan un rol determinante para la configuración de la agenda pública, a partir de la cual, a su vez, se van moldeando las posibles políticas públicas que afectarán la vida de ciudadanos y ciudadanas.

2) El presidente tiene un gran poder de veto frente a la negociación de acuerdos de paz, por lo cual su voluntad política, expresada en políticas de gobierno, determina en gran medida los límites institucionales dentro de los que una oferta de paz puede llegar a materializarse dentro del proceso político. La voluntad del

D i e z p r o p u e s t a s p a r a e l d e b a t e p r e s i d e n c i a l

3

presidente es condición necesaria —aunque no suficiente— para llegar a dichos acuerdos.

3) Un aspecto central para la construcción de la paz es la superación del conflicto armado. Nuevamente se trata de una condición que no es suficiente, pero sí necesaria; la apuesta por la negociación política de acuerdos con las guerrillas es un nivel fundamental en ese proceso, pero ni la comunidad política ni la opinión pública necesariamente lo consideran de esta manera.

Por lo tanto, el Programa Política Pública de Paz ha identificado como prioritaria la incidencia en el debate presidencial, lo cual realiza primordialmente a través de actividades que promueven el encuentro plural de actores que nutren el debate público, y la persuasión por medio de la argumentación.

En este sentido, Los diez puntos del debate presidencial que se presentan a continuación constituyen un aporte institucional, a la vez fruto de procesos colectivos de intercambio desarrollados en las actividades del Programa en 2009. En particular, estos puntos son el resultado de, por un lado, los paneles realizados en el marco de la iniciativa Superación del Conflicto y Construcción de la Paz (1982-2009): Lecciones para Hoy, la cual es fruto de un esfuerzo de comprensión histórica e incidencia en la agenda pública que lidera la Corporación Nuevo Arco Iris en alianza con Fundación Social, Fundación Ideas para la Paz, Consejería en Proyectos PCS, Planeta Paz y Fundación Cultura Democrática. Por el otro, se ha nutrido de las conclusiones de la serie de mesas redondas desarrolladas en el marco de la iniciativa El ABC de la Seguridad Democrática, en la que participa la Corporación en alianza con la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, FESCOL, y el Instituto de Pensamiento Liberal.

Por supuesto, las posturas y propuestas incluidas en este documento no comprometen a las instituciones con las que la Corporación Nuevo Arco Iris se ha aliado.

1. Paz y seguridad

Alcanzar la paz en Colombia sigue siendo uno de los puntos cruciales de la agenda nacional. A pesar de la pacificación de algunas zonas del país, es claro que las colombianas y los colombianos no disfrutan hoy de manera equitativa de una convivencia pacífica. Esta ausencia de paz se expresa de manera más directa en las cifras de homicidios, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y confinamiento, así como en el control social que ejercen los actores armados ilegales en una importante proporción del territorio. Por otra parte, hay expresiones más imperceptibles, aunque no menos significativas, de esa ausencia de paz, entre las que se encuentran la inseguridad urbana, la expulsión no violenta de la

D i e z p r o p u e s t a s p a r a e l d e b a t e p r e s i d e n c i a l

4

población rural del campo, la criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos, las interceptaciones ilegales y la vulneración de la condición de neutralidad de la población civil por parte de la Fuerza Pública.

Sin embargo, la práctica política se enfrenta a la hegemonía de un discurso público que ha transformado en opuestas las nociones de paz y seguridad, esto es, la posibilidad de que el estado tenga una oferta de paz frente a la persistente afirmación de su fortalecimiento vis-à-vis las guerrillas. Quizás la disyuntiva plantea un dilema más de fondo, entre la deslegitimación de la política por la vía de las armas, por un lado, y la vigencia de las dos reivindicaciones fundamentales de las guerrillas, por el otro. Estas reivindicaciones son: las garantías de participación política y la distribución de la tierra.

Pero día a día la complejidad del conflicto aumenta, y su comprensión se dificulta. No sólo se expresa en la multiplicidad de actores armados ilegales, sino también en los vínculos entre lo legal y lo ilegal, y entre el modelo de seguridad, el modelo de desarrollo y la generación de riqueza. Ello demanda el planteamiento de políticas públicas más profundas y coordinadas. La superación del conflicto y la construcción de la paz exigen una mejor comprensión del conflicto y las dinámicas multicausales de la violencia común. Ni la paz se agota en la negociación de un DDR con las guerrillas, ni la seguridad se agota en su derrota militar.

2. Democracia y garantías de participación política

El proceso de fortalecimiento del estado de la última década se ha dirigido fundamentalmente a la conquista o recuperación territorial. En este proceso, se ha producido un crecimiento de la Fuerza Pública sin precedentes, y una concentración del proceso de toma de decisiones en el gobierno nacional. Desde el punto de vista del proyecto democrático, estos dos elementos tienen como consecuencia la militarización de la autoridad estatal en detrimento del poder civil, el desvanecimiento del diseño institucional en cuanto a los mecanismos contra-mayoritarios de pesos y contrapesos incluidos en la Constitución de 1991, y la reversión del proceso de descentralización.

Por otra parte, el proyecto democrático colombiano, que se ha construido mediante la acomodación de élites profundamente divididas —liberales y conservadores en el Frente Nacional; bipartidismo y guerrillas, en especial el M-19 en la Constitución de 1991— para compartir el poder, se enfrenta en la actualidad a la existencia de una élite narcotraficante que no se ha integrado de manera legal al régimen político, pero

D i e z p r o p u e s t a s p a r a e l d e b a t e p r e s i d e n c i a l

5

que sí controla porciones importantes del poder local, departamental y nacional, como lo ha demostrado el escándalo de la parapolítica.

La política de poder compartido es favorable, de acuerdo con la experiencia internacional, a la transición o consolidación democrática. No obstante, en el caso colombiano, la parcialidad de los procesos de acomodación se correlaciona no sólo con una igualmente parcial consolidación democrática, sino también con la permanencia y transformación del ejercicio de la política a través de las armas. En cuanto a la élite narcotraficante, su integración de facto a la política y la economía legales no ha implicado una la aceptación de las reglas del juego político democrático, a la vez que ha desafiado y continúa desafiando la política de reformas asociada a la construcción de una paz integral.

3. La tierra

Han pasado veintiséis años desde la institucionalización del Pacto de Chicoral mediante la Ley 4ta de 1973. Esta ley frustró el último intento de Reforma Agraria en el país, planteando como alternativa la entrega de tierras más allá de la frontera agraria existente. Se dejaron intactos los latifundios, cuya escasa vocación productiva se ha orientado a la ganadería extensiva y, más recientemente, a la producción agroindustrial.

Pero este fracaso se dio en un momento en el que las contradicciones sociales podían delimitarse de manera relativamente clara: había una población rural sin derecho de propiedad de la tierra, en contraposición a una acumulación terrateniente improductiva. La situación fue agravándose, pues la ausencia de propiedad para los campesinos en muchos casos implicó el ejercicio de la violencia.

Ahora el problema de la tierra sigue existiendo, pero la solución no se agotaría en la titulación, con o sin acompañamiento estatal para promover su productividad y la comercialización de productos agrícolas. El reto no sólo es entregar algo a los desposeídos, sino también precisar la naturaleza y el alcance del uso del suelo. No sólo es escasa la tierra, sino que las apuestas en materia ambiental del país deberían establecer criterios sobre los cuales limitar el uso de la tierra con fines económicos. Más aún, la titulación no resuelve per se el dilema al que Colombia se enfrenta: lograr una paz social que incluya al campesinado históricamente excluido en lo socioeconómico y victimizado en lo humanitario, o casarse con un modelo de desarrollo agroindustrial, basado en la gran propiedad rural, que hace poco uso de mano de obra, y garantiza un nivel importante de gobernabilidad.

4. La crisis humanitaria y el desplazamiento

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Los logros de la pacificación militar que se ha implementado en los últimos siete años pueden expresarse en términos de número de bajas, número de capturas y hasta en número de desmovilizaciones individuales, sobre todo cuando éstas se han producido por parte de mandos medios de la guerrilla. La capacidad operativa de estos grupos se redujo entre 2002 y 2008 en más del 50%, de acuerdo con el número de municipios. Al mismo tiempo, aunque es más difícil cuantificar la población expuesta a la violencia guerrillera, se puede estimar que dicha pacificación benefició al 70% de la población1 que vive en los grandes centros urbanos y de producción. Asimismo, aunque hayan arrojado resultados más discutibles, los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito y consolidación social del territorio pueden incluirse dentro de los esfuerzos más audaces del gobierno para ganar la guerra al “narcotráfico” y el “terrorismo”, más allá de lo militar.

Sin embargo, aparte del empeoramiento de los índices de seguridad urbana en el último año, uno de los elementos que más desvirtúan la pertinencia y efectividad de la política de seguridad es la continuidad de la crisis humanitaria. En efecto, si la paz significa seguridad, habría que preguntarse por el contenido concreto de esa seguridad: los 1.500 casos de ejecuciones extrajudiciales en proceso de investigación2 y el drama de los más de 3.500.000 de desplazados reconocidos como tales por Acción Social3 cuestionan el cumplimiento de los fines esenciales del estado, en particular los relativos a la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, y la protección de “todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”4.

Adicionalmente, hay una conexión perversa entre conflicto, desplazamiento y modelo de desarrollo que se traduce en 5.500.000 hectáreas despojadas a los habitantes del campo en diferentes zonas del país. Al mismo tiempo, la coincidencia geográfica entre zonas expulsoras de población y desarrollo de grandes proyectos productivos agroindustriales o de infraestructura permite inferir que a la tradicional violencia ligada a la pobreza se superpone una violencia asociada a la generación de riqueza en condiciones de gran inequidad social y con graves consecuencias humanitarias.

Algunas preguntas permanecen abiertas. Dado que la correlación señalada ocurre en diferentes temporalidades, surge la pregunta sobre el proceso social subyacente y los

1 Datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. 2 Datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. 3 Datos suministrados por funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en la Mesa 5 sobre desplazamiento de la iniciativa El ABC de la Seguridad Democrática. 4 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 2.

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actores que se catalizan o se benefician de este modelo. Porque más allá de la coincidencia de intereses, deberían esclarecerse los roles de diferentes actores y sectores como los agentes de coerción legal e ilegal, las elites regionales vinculadas o no al narcotráfico, las empresas multinacionales, y la dirigencia nacional, regional y local.

Ahora bien, en cuanto a lo estrictamente asistencial, las deficiencias en el registro de desplazamientos por parte del estado colombiano dificulta la efectividad de la política de atención a la población desplazada. A su vez, el subregistro se justifica por la falta de pronunciamientos judiciales, mientras que las encuestas del CICR indican que el 47% de los desplazados no se registran (rechazos o gente que nunca se reportó). En el trasfondo de la discusión, los argumentos procedimentales priman sobre la realización sustancial de derechos, lo que contradice los postulados del Estado de Derecho.

A lo anterior se suman los obstáculos administrativos, entre ellos la falta de claridad en la distribución de responsabilidades entre las entidades territoriales frente a la restitución de derechos de educación, salud y vivienda. Tampoco hay decisiones de fondo que hagan operativas las políticas de atención formuladas, como en el caso de los subsidios de vivienda, que no se acompañan de oferta de vivienda de interés social y acceso al crédito. Los resultados de estas falencias se ponen de presente en los indicadores sociales de necesidades básicas insatisfechas y porcentaje de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza y de miseria. En efecto, los desplazados son “los más vulnerables dentro de los vulnerables”5.

Finalmente, además de las fallas en lo asistencial, el acceso a la justicia y a la reparación es muy cuestionable. Por un lado, las víctimas de homicidios, desapariciones y desplazamientos son revictimizadas cuando denuncian los delitos de los que han sido víctimas o tratan de recuperar sus tierras. Por el otro, la reparación administrativa instrumentaliza la relación entre el estado y los ciudadanos víctimas, lo que además no implica la aceptación de la responsabilidad estatal en la garantía de los derechos humanos, sino un supuesto acto de “solidaridad”.

5. Institucionalidad local frente al conflicto

Desde 1982 el estado se ha jugado su legitimidad frente a la guerrilla a través de la inversión social en las zonas de conflicto (diferentes variantes del PNR y Plan Colombia). Sin embargo, la naturaleza focalizada y asistencial de estas políticas y su

5 Afirmación de Marco Romero, director de CODHES, en la Mesa 5 sobre desplazamiento de la iniciativa El ABC de la Seguridad Democrática.

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inconexión con el modelo de desarrollo no soluciona el problema de la exclusión social y económica, mientras que por tratarse de políticas que se imponen desde el centro, sin consultar las realidades regionales y locales, se constituyen en una suerte de contrarreforma al proceso de descentralización.

En efecto, esta institucionalidad ad hoc impuesta desde el centro no sólo no es parte integral del modelo de desarrollo, sino tampoco de una política estatal de paz. Por el contrario, se trata de una inversión social clientelar, que instrumentaliza la relación entre ciudadanía y estado.

En el caso del Plan de Consolidación Nacional, la conquista de la lealtad al Estado se hace a través de la provisión de recursos y servicios. Sin embargo, las labores de inteligencia militar se despliegan en la prestación de los mismos. Al mismo tiempo, una población estigmatizada como guerrillera y colona —destructora del medio ambiente— es también instrumentalizada por el estado, lo que genera riesgos para su vida e integridad física: en la medida en que las relaciones población civil-estado están atravesadas por consideraciones estratégicas militares, no sólo es cuestionable la sostenibilidad del modelo de consolidación en el mediano y largo plazo por la falta de construcción de legitimidad, sino que además aumentan los riesgos en términos humanitarios en las zonas de consolidación y se incurre en la violación del Principio de Distinción del Derecho Internacional Humanitario.

Podría concluirse que esta institucionalidad ad hoc choca con los principios del Estado Social de Derecho, lo que se expresa en la vulneración de derechos fundamentales y en la ausencia de una política para garantizar una ciudadanía plena y la realización de derechos de manera integral y sostenible.

6. Sostenibilidad del Gasto en Seguridad y Defensa

Hay crecientes resultados en la guerra, lo que, sin embargo, no se traduce en una disminución del gasto. Este elemento no sólo cuestiona la veracidad en el manejo de las cifras sobre los logros militares y de desmovilización, sino que genera una preocupación muy grande frente a la sostenibilidad del gasto en seguridad y defensa.

Las cifras están en disputa, pero es una realidad que tenemos un ejército tan grande como el de Brasil, con un tercio de su población. También es una realidad el significativo incremento en el gasto público en seguridad y defensa, cuyo presupuesto para 2010 es incluso superior al de educación. Pero no sólo importa la cantidad de dinero que se gasta, sino también su distribución. Es importante tener en cuenta que aparte de las implicaciones fiscales del régimen especial de las FFAA, la

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profesionalización conduce a un mayor aumento del pasivo pensional que compromete las vigencias futuras.

A la vez, ha habido un cambio cualitativo en las acciones bélicas empleadas sobre todo por las FARC en la actualidad, pasando a estar menos dirigidas a la confrontación militar directa al enemigo, y más a causar heridas de gravedad que derivan en incapacidad. Esta transformación genera para el estado un costo económico muy alto, así como un impacto moral mayor en la Fuerza Pública. El caso de minas antipersonal es ilustrativo a este respecto.

Por último, la sostenibilidad del gasto en seguridad y defensa también se encuentra en riesgo por la mayor probabilidad de celebrar contratos en condiciones de desventaja para el estado, pues la menor cuantía del sector defensa es bastante elevada, lo que amplía el margen de maniobra para contratar sin necesidad de someterse a los procesos de licitación contemplados en la ley. Entonces, no sólo el estado se enfrenta a un sindicato armado6, sino un sindicato con una considerable autonomía en la ejecución presupuestal.

7. Verdad, Justicia y Reparación

En el caso colombiano el tradicional dilema entre paz y justicia no aplica, pues no ha habido justicia, pero tampoco ha sido exitoso el proceso de desmovilización paramilitar. No sólo hay nuevos grupos, en mayor o menor medida ligados a los paramilitares de la generación anterior, sino que sus acciones llegaron a superar las de las FARC en 20097. Es decir, el proceso de justicia y paz ofrecido a la sociedad colombiana no ha llevado ni a lo uno ni a lo otro.

En cuanto a la verdad, los hechos confesados en las versiones libres de justicia y paz superan incluso las estimaciones de las organizaciones de Derechos Humanos (21.000 asesinatos confesados vs. 8.000 asesinatos estimados). Por lo tanto, los avances en verdad deben reconocerse, al menos en términos cuantitativos. Asimismo, es importante lo evidente que se ha hecho la conexión entre paramilitarismo y narcotráfico, lo que implica un avance en el conocimiento y comprensión de la verdad por la sociedad colombiana.

Paradójicamente, develar este vínculo y la extradición de los jefes paramilitares por delitos de narcotráfico ha obstaculizado el conocimiento de la verdad, ya no referida a

6 Afirmación de José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Mesa 2 sobre costos presupuestales y económicos del conflicto de la iniciativa El ABC de la Seguridad Democrática. 7 Datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

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los crímenes individuales, sino a la responsabilidad de sectores políticos y económicos legales en los delitos cometidos por los paramilitares como actores ilegales.

En suma, los retos en verdad, justicia y reparación son muy grandes. Esta situación a su vez contrasta con un contexto internacional que aboga por una menor impunidad para los crímenes de guerra y los crímenes de lessa humanidad. En este contexto, el dilema entre paz y justicia tiende a ser más complejo, mientras que la voluntad política de quienes están en el gobierno, y las instituciones permanentes o temporales generan mucha credibilidad en futuros procesos adelantados por el estado.

8. Relaciones internacionales

Uno de los puntos que contribuye a profundizar la complejidad del conflicto armado colombiano y sus posibilidades de resolución tiene que ver con las tensiones que se han generado con los vecinos en las zonas de frontera. Colombia ha llevado a cabo acciones agresivas que han tendido a deteriorar las relaciones con Venezuela y Ecuador principalmente, mientras que el clima de polarización ideológica entre estos países no parece propicio a la concertación y la diplomacia.

Más aún, en lo internacional también juega el modelo de seguridad que desconoce internamente la existencia del conflicto, pero despliega toda su agenda exterior a partir de la centralidad de este tema. En efecto, la agenda interna copa todos los espacios de la agenda pública, alimentándose incluso de la inestabilidad de las relaciones con los países vecinos.

En el nivel político, Colombia no sólo se ha aislado del diálogo suramericano, sino que ha chocado de manera importante con Venezuela y Ecuador en lo militar. Esta situación podrá exacerbarse de manera impredecible debido al reciente acuerdo militar entre Colombia y EEUU, más cuando los mecanismos multilaterales americanos, sean tradicionales o nuevos, no tienen la capacidad o interés para mantener la paz regional.

En cuanto a lo económico, la apuesta por una inserción de Colombia a la economía mundial, y especialmente a la economía norteamericana vía TLC, ha venido reemplazando los procesos de integración andina y suramericana en la lista de prioridades del país, lo que repercutirá sobre la composición de las exportaciones colombianas, en detrimento de las que contienen mayor valor agregado. Esta transformación sería compatible con un modelo de desarrollo agro-exportador y minero, con potenciales daños al medio ambiente y agudización del conflicto social y armado.

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9. Narcotráfico y coca

Es evidente que el Plan Colombia ha arrojado resultados en su componente contrainsurgente, pero no en la lucha anti-drogas. La relación costo-beneficio de la política de erradicación de cultivos de uso ilícito es demasiado desproporcionada. Se requiere fumigar cuatro hectáreas para erradicar una; mientras que la erradicación manual es más efectiva, pero sujeta a la contra-táctica de las minas antipersonal, que eleva los costos para el Estado. En cuanto a la relación costo-beneficio, se requeriría un incremento de 300% en la ayuda de EEUU para la lucha contra las drogas a fin de reducir en un 15% la cantidad de droga en el mercado en los países consumidores. Más aún, los niveles actuales de inversión son superiores a lo que se requeriría para comprar directamente la producción a la población campesina cocalera8.

Es importante mencionar que hay dudas sobre el manejo de las cifras en cuanto a los resultados de la política antidrogas. Por lo demás, a pesar de que se muestran logros parciales, las metas en términos del número de hectáreas erradicadas son compatibles con la permanencia del negocio e incluso con la estabilidad del precio de la cocaína en EEUU.

Finalmente, es necesario evaluar los costos humanitarios y sociales de la política de erradicación, pues en algunas zonas del país pareciera haber, en lugar de una política de “sustitución de cultivos”, una “sustitución de población”, que nuevamente favorece la concentración de la tierra y profundiza los riesgos ambientales.

10. Cultura política y opinión pública

Algunos hablan de una crisis de civilización en Colombia, planteando la pérdida de vigencia de postulados occidentales como los DDHH y la democracia liberal. Una gran parte de la población no se encuentra en disposición de reconciliarse9. Todo lo que hable de paz suena a Caguán y a FARC. Además hay una intolerancia profunda, expresada en cosas elementales, como la reacción a la prometedora postulación de Piedad Córdoba al Nobel de Paz, y otras no tan elementales como la creciente violencia común.

Esto a su vez se expresa en la ausencia del tema de paz en las campañas presidenciales, precisamente cuando parece más necesario tener una política integral

8 Conclusiones de la investigación del Daniel Mejía presentadas en la Mesa 8 sobre narcotráfico de la iniciativa El ABC de la Seguridad Democrática. 9 Fundación Social, 2009. Los Retos de la Justicia Transicional en Colombia: Percepciones, Opiniones y Experiencias 2008.

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y clara que haga frente a la situación de conflicto armado e incremento de las violencias de todo tipo tanto en el campo como en las ciudades.