rio20

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PORTADA FULL COLOR

Rafael Correa DelgadoPresidente Constitucional de la República del Ecuador María Fernanda Espinosa GarcésMinistra Coordinadora de Patrimonio Ricardo PatiñoMinistro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Marcela AguiñagaMinistra del Ambiente Fander FalconíSecretario Nacional de Planificación y Desarrollo Equipo Técnico Coordinador:Helga SerranoMario Ruales

Ministerio Coordinador de Patrimonio – Punto Focal Nacional Esta publicación es el resultado del trabajo coordinado por el Comité Interinstitucional para la Conferencia Río+20, conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Mi-nisterio del Ambiente y el Ministerio Coordinador de Patrimonio, como Punto Focal Nacional.

El proceso preparatorio para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-tenible, Río+20, que iniciamos en marzo de 2011, contó con la participación de 35 instituciones públicas, 107 organizaciones sociales y 13 instituciones académicas, en diez eventos locales y nacionales. A nivel de la región, organizamos el Taller Regional Sudamericano y el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe.

Agradecemos a todas las instituciones participantes y a la ciudadanía ecuatoriana por su activa participación durante el proceso previo y de socialización de los documentos nacionales para la Conferencia. Ministerio Coordinador de PatrimonioAlpallana E7-50 y Whimper, Edificio María Victoria IIITelf: (593 2) 255 7933 / 254 1979 ext. 159www.ministeriopatrimonio.gob.ecQuito – EcuadorJunio de 2012 Diseño e impresión: Vittese

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ECUADOR HACIA RIO+20

INTRODUCCIÓN

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Río+20: Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza Al celebrarse 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, el mundo enfrenta múltiples crisis: económica, financiera, energé-tica, ambiental, climática y alimentaria. Estos son síntomas de la crisis del modelo económico y de los estilos convencionales de desarrollo. La débil implementación de los compromisos previamente acordados demuestra que las causas estructurales de la insostenibilidad del mo-delo de desarrollo actual no han sido removidas.

Al llegar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, que se realizará del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, lo fundamental es recordar que “el sistema económico es un subsistema del ecosistema mundial. Es decir, implica la primacía de los principios ecológicos de sostenibilidad de la tierra por sobre los principios del sistema econó-mico tradicional. El desarrollo de largo plazo del sistema económico debe, en consecuencia, seguir los principios de la evolución del ecosistema global.”1

En nuestro país, la discusión sobre el modelo de desarrollo y los límites biofísicos del planeta se convirtió en un tema fundamental cuando asumió el gobierno el Presidente Rafael Correa en el año 2007, y particularmente durante la elaboración de la nueva Constitución, aprobada por voto popular en el año 2008.

En la Constitución se planteó el paradigma del Buen Vivir como una alternativa al desarrollo, que busca reemplazar el modelo basado en el crecimiento económico que ha conducido a la pobreza, la inequidad y la exclusión. El Buen Vivir es un proceso en construcción, sobre la base del conocimiento tradicional de los pueblos y nacionalidades indígenas.

El Buen Vivir significa vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza y los demás, en la construcción de un Estado democrático, incluyente, plurinacional e intercultural. “El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”2

Otro aspecto fundamental de la Constitución es el reconocimiento de los Derechos de la Na-turaleza, la primera del mundo en reconocer que la naturaleza no es objeto sino sujeto. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.3

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A partir de estos paradigmas, bajo la Constitución del Ecuador, se plantea la integración de cinco pilares para alcanzar el Buen Vivir: económico, político, social, cultural y ambiental. Esto implica trabajar en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Mejorar la calidad y esperanza de vida;

• construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sos-tenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;

• fomentar la participación con equidad y control social;

• recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de ca-lidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural; garantizar la soberanía nacional y promover la integración lati-noamericana: promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo;

• proteger y promover la diversidad cultural;

• y, recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.4

Objetivos de la Conferencia Río+20

En este marco nuevo que Ecuador está desarrollando, se realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en Río de Janeiro, Brasil, para marcar el 20º aniversario de la Conferencia de Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo realizada en 1992 en Río de Janeiro, y el 10º aniversario de la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en el año 2002 en Johannesburgo.

Los objetivos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, son asegurar el compromiso político renovado para el desarrollo sostenible, evaluar el progreso a la fecha y los vacíos existentes en la implementación de los resultados alcanzados en las prin-cipales cumbres de desarrollo sostenible, así como abordar los nuevos y emergentes desafíos y temas.

Si bien la Conferencia se enfocará en dos temas: (a) la economía verde en el contexto del desa-rrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y (b) el marco institucional para el desarrollo sostenible, Ecuador considera que es una oportunidad para mantener una visión integral del desarrollo sostenible, particularmente a partir de sus aportes sobre Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza.

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Ecuador hacia Río+20

Consideramos que la Conferencia de Río + 20 debe constituir un espacio para reafirmar los principios del desarrollo sostenible y evaluar el avance en la construcción de alternativas que recojan propuestas innovadoras y experiencias que emergen en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe. En la Conferencia no debe haber procesos de renegociación ni redefinición de instrumentos, principios y resultados ya acordados en las cumbres relativas al desarrollo sostenible, y se debe reafirmar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la equidad y el reconocimiento de la deuda ecológica.

Luego de un proceso preparatorio nacional, liderado por el Ministerio Coordinador de Patrimo-nio como punto focal nacional, y sobre la base de una evaluación de los 20 años de desarro-llo sostenible en Ecuador, hemos desarrollado las siguientes propuestas para la Conferencia Río+20. Durante el mes de abril y mayo se está realizando la socialización de las propuestas con la sociedad civil en eventos en Quito, Puyo, Manta, Guayaquil, Cuenca:

1. El paradigma del Buen Vivir como una alternativa al desarrollo, cuestionando el con-cepto del crecimiento económico infinito como un objetivo a alcanzar. Si realizamos un balance de los últimos 20 años, vemos que se ha logrado ciertos niveles de crecimiento, pero no desarrollo y menos que sea sostenible. Por lo tanto es im-portante reconocer que se requieren alternativas al desarrollo y en esto el paradigma del Buen Vivir recupera el Sumak Kawsay de los pueblos indígenas que significa una vida armónica consigo mismo, con la naturaleza y con los demás, para lo cual la eliminación de las brechas existentes es condición indispensable.

2. Impulsar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Ecuador es el primer país en el mundo de reconocer en su Constitución los derechos de la naturaleza, con lo cual deja de ser un objeto para ser sujeto. Consideramos que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. A partir de esto, estamos proponiendo al mundo avanzar en la discusión de la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

3. Establecer un nuevo orden económico internacional y una nueva arquitectura finan-ciera. Esto implica reconocer que lo que debemos tomar acciones para enfrentar las múltiples crisis, entre ellas la financiera, y asegurar mecanismos de financiamiento para el desarrollo sostenible. Aquí debemos considerar propuestas como:

a. El impuesto Daly-Correa a la importación de petróleo por los países desarrollados;

b. Una nueva emisión de derechos especiales de giro para contar con recursos para impulsar el desarrollo sostenible;

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c. El mecanismo de Emisiones Netas Evitadas, que implica que los países que deciden no realizar actividades que emiten gases de efecto invernadero deben ser compen-sados;

d. El impuesto a las transacciones financiera; e

e. Iniciativas como Yasuní ITT que busca dejar el petróleo bajo tierra en un área de gran biodiversidad en Ecuador.

4. Proponer el cuarto pilar del desarrollo sostenible, la cultura, que es la articuladora y genera el equilibrio entre los tres pilares que hasta el momento conceptualmente han sido reconocidos: lo económico, lo social y lo ambiental. La cultura durante el capitalismo fue instrumentalizada a favor de la economía, lo que provocó la homo-geneización de la sociedad y la desvalorización de las diversidades. En este nuevo enfoque se trata de recuperar a las culturas, como fundamento en la construcción de sociedades sostenibles, dada la incidencia directa en la calidad de vida de la po-blación, al potenciar modelos de economía popular y solidaria; promover el respeto a los derechos humanos, a los conocimientos y sabidurías ancestrales; fomentar la participación en condiciones de equidad, interculturalidad y respeto a la naturaleza.5

5. Posicionar la Iniciativa Yasuní-ITT. La idea central de la Iniciativa Yasuní-ITT consiste en no explotar el bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini en el Parque Na-cional Yasuní, con el fin de conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indí-genas que viven en aislamiento voluntario, promover el desarrollo social y combatir el cambio climático al evitar la emisión de gases de efecto invernadero que se ge-nerarían de la explotación de cerca de 846 millones de barriles de petróleo. Al dejar el petróleo bajo tierra y evitar la emisión de alrededor de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles, Ecuador solicita a la comunidad internacional, bajo el principio de corresponsabilidad, una compensación equivalente de al menos USD 3.600 millones, es decir la mitad de lo que el país obtendría de la explotación de dichos yacimientos. Estos recursos serán destinados para el cambio de la matriz energética; la conservación efectiva de las áreas protegidas; la reforestación de un millón de hectáreas de bosques; el aumento de la eficiencia energética; el desarrollo social en las zonas de influencia de la Ini-ciativa; y, la investigación y desarrollo tecnológico.

La Conferencia Río+20 demanda propuestas innovadoras y ambiciosas. La vida del planeta está en riesgo. Consideramos que las propuestas que lleva Ecuador pueden contribuir de manera real, especialmente si consideramos que están en este momen-to ya en construcción, esto es lo que requerimos para construir un mundo de justicia social y ambiental.


Niños celebran la Batalla de Tarqui

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Documento Base de Posición NacionalConferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20

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1. Antecedentes

A lo largo de los últimos veinte años, varios países y las naciones latinoamericanas en par-ticular, han realizado avances importantes en la consecución del desarrollo sostenible. Sin embargo, es preocupante constatar que aún en la actualidad la pobreza es un fenómeno que afecta a millones de seres humanos, especialmente a los pueblos indígenas y afro descen-dientes, que las diferencias sociales y la inequidad no se han cerrado y que en muchos casos se han profundizado; que el empleo y el trabajo decente no está al alcance de todos y todas, que el agua es un recurso cada vez más escaso; que hemos perdido soberanía alimentaria por el desmantelamiento de la producción local para propiciar exportaciones e importaciones1.

Es también preocupante constatar el escaso nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanza-dos hace 20 años en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro. Los países desarrollados no han cumplido con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la actualidad enfrentamos problemas que podrían haber sido evitados. Los efectos atribuibles al cambio climático demandan cada vez mayores recursos económicos para acciones de adaptación y mitigación, particularmente en los países en desarrollo, lo que se dificulta cada vez más por el incumplimiento de las obligaciones de financiamiento por parte de los países desarrollados. Ahora, con los resultados alcanzados en la Conferencia de Cambio Climático realizada en Durban, en diciembre de 2011, se pretende diluir el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, cuando todavía hay mucho trabajo por hacer para enfrentar la deuda climática.

En biodiversidad, la humanidad ha podido evidenciar la pérdida sistemática y creciente de ecosistemas, recursos genéticos y especies, y las dificultades para pactar medidas y acuerdos que promuevan y salvaguarden la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. Solo después de 18 años de negociación se suscribió en Nagoya, en el año 2010, el Protocolo para el Acceso a Recursos Genéticos.

Es también limitada la implementación de acciones dirigidas al fortalecimiento de las capaci-dades de los países en desarrollo, a través de la transferencia e intercambio de conocimientos, el acceso a bienes públicos y comunes globales y la transferencia efectiva de tecnologías seguras, nuevas e innovadoras, acorde a las necesidades y prioridades nacionales, sin condi-cionamientos.

Las recurrentes crisis económicas y financieras que han afectado y afectan a diversos países, los patrones insustentables de producción y consumo, las profundas asimetrías entre países ricos y pobres, como al interior de las sociedades, la pérdida de soberanía y seguridad ali-mentaria, los abruptos cambios climáticos, la crisis energética; el deterioro de ecosistemas, la

1 La distancia entre la “granja y la mesa” como dice Capra (2003), ha crecido cada vez más. “En los Estados Unidos, cada onza de alimentos viaja una media de más de mil millas antes de llegar al consumidor”.

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pérdida de bosques y biodiversidad2, las crecientes dificultades para acceder al agua; la con-taminación de los ríos y los mares, son signos incontrastables de los problemas que aquejan a la humanidad y a la Tierra y develan los límites en la construcción del desarrollo sostenible. Los débiles resultados en relación a los compromisos previamente acordados evidencian no solo que los niveles de cumplimiento fueron limitados, sino que se mantuvieron intactas las causas estructurales de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual.

Parece que frente a la lógica del crecimiento económico ilimitado, los seres humanos olvida-mos que formamos parte de un sistema mayor, en el que cada uno de sus componentes tiene una función que alimenta la vida. En esta lógica, se pensó que la tecnología podía suplir los daños que provocábamos o incluso la pérdida de ecosistemas, biodiversidad y especies y des-conocimos los límites biofísicos de la Tierra. Con un gran simplismo confundimos los medios con los fines, y otorgamos al mercado y al dinero un papel decisivo en la definición del rumbo por el cual debería transitar la humanidad y el planeta.

A partir del reconocimiento que la carrera por el crecimiento económico continuo, es clara-mente insostenible debido a los límites finitos de la Tierra y de la necesidad de reubicar el centro de nuestras motivaciones, hoy más que nunca se evidencia que la complejidad de los problemas actuales demanda respuestas integrales, innovadoras y contundentes.

Solo para tomar conciencia de lo que implica la Conferencia Río+20, es importante recordar que cada cinco segundos un niño menor de 10 años muere de hambre. Esto ocurre en un pla-neta con una enorme riqueza que, según Jean Ziegler, primer Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, puede alimentar sin problema a 12 mil millones de seres humanos. Enton-ces esas muertes no son una fatalidad, sino que evidencian el fracaso de un modelo concen-trador de riqueza que se muestra preponderante en el planeta, esta es la realidad que debemos abordar en la Conferencia de Río+20, si queremos efectivamente renovar el compromiso con el desarrollo sostenible y trabajar con miras hacia la justicia social y ambiental planetaria.

2. Objetivos de la conferencia y resultados esperados

Los objetivos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible conocida como “Río+20” son: asegurar el compromiso político renovado para el desarrollo sostenible, evaluar el progreso a la fecha y los vacíos existentes en la implementación de los resultados alcanzados en las principales cumbres de desarrollo sostenible y abordar los nuevos y emer-gentes desafíos y temas cruciales.

En la Conferencia se plantea además abordar dos temas: la “economía verde” y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Adicionalmente, en el contexto de la Conferencia,

2 Leonardo Boff resalta que entre “1500 y 1850 presumiblemente se perdió una especie cada 10 años. Entre 1850 y 1950, una especie por año. A partir de 1990 está desapareciendo una especie por día”.

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se espera promover la discusión de la iniciativa del Secretario General alrededor del acceso a la energía3.

En lo referente a la propuesta de economía verde, lejos de cuestionar las bases de un modelo de desarrollo que ha demostrado límites para garantizar la reproducción y continuidad de la vida, no hace sino presentar al medio ambiente “como un componente de la infraestructura sobre la que descansa la economía” (ALBA, 2012).

La economía verde, como está propuesta, no solo deja intactas las bases de un sistema inequi-tativo, excluyente, insostenible, sino que puede agudizar muchas de las asimetrías actuales al imponer políticas fiscales para el manejo de los recursos naturales y exigir el cumplimiento de dichos ajustes, al sobredimensionar el rol del sector privado en detrimento de la acción estatal, al promover indicadores y estándares que condicionarían y restringirían el comercio en perjuicio de los países en desarrollo. Además, esta propuesta no contempla mecanismos de transferencia de tecnologías en condiciones favorables para los países en desarrollo, menos aun revisar los derechos de propiedad intelectual. Más bien pretende modificar las modalida-des de cooperación internacional para alentar la inversión privada, las inversiones extranjeras directas y mecanismos de mercado.

Pensar en una “economía verde” sin modificar los patrones de producción y consumo, es una forma de avalar el proteccionismo, las operaciones especulativas que han llevado a la crisis del sistema capitalista, el desconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, la apropiación y privatización de los servicios ambientales y la dependencia tecnológica de los países en desarrollo.

En relación con el fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo sostenible, el Pro-grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA- contempla un abanico de opciones4, al que se suman propuestas como la presentada por Cuba orientada a la creación de un Foro Ministerial Global sobre Desarrollo Sostenible, Francia con la Organización Mundial del Ambiente y África con la transformación del PNUMA en una Agencia de Desarrollo Soste-nible. Consideramos que se requiere trabajar hacia un instrumento jurídicamente vinculante como nuevo marco institucional para el desarrollo sostenible, que cuente con un mecanismo financiero acorde con la visión de una nueva arquitectura financiera internacional.

Las decisiones respecto a los nuevos arreglos institucionales que contribuyan a viabilizar y garantizar el cumplimiento del desarrollo sostenible deberán, en cualquier caso, supeditarse al carácter y alcance de los acuerdos susceptibles de lograrse en la próxima Conferencia de Na-ciones Unidas, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación y los niveles de seguimiento y control en el cumplimiento de acuerdos y compromisos vinculan-

3 Para tal efecto se cuenta como punto de partida con el documento “Energía Sostenible para Todos”.4 Las opciones que desde el año 2005 han madurado en el seno del Consejo de Administración del PNUMA incluyen: a) fortaleci-miento del rol del Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés); b) fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo Sostenible; c) transformación de la Comisión de Desarrollo Sostenible en Consejo para el Desarrollo Sostenible; d) fortalecimiento del PNUMA; y, e) transformación del PNUMA en una agencia internacional especializada en materia de medio ambiente.

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tes ya existentes. Se requiere también la revisión crítica del papel desempeñado por el marco institucional actual en la construcción del desarrollo sostenible y la necesidad de introducir reformas profundas a su funcionamiento en el ánimo de evitar la duplicación de funciones y la superposición de responsabilidades entre los diversos órganos de las Naciones Unidas. Esto va en línea con la reforma necesaria del sistema de Naciones Unidas.

Una consideración similar está presente en la discusión respecto al acceso a la energía. Las decisiones que se tomen sobre este tema deberán cimentarse sobre la afirmación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como sobre un enfoque incluyente que promueva el cambio de la matriz energética mundial. Esto implica políticas integrales para reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles, el mejoramiento de la eficiencia energética, el impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico y la adopción de medidas que fomenten la distribución, acceso y uso equitativo de la energía. También genera alerta que en la búsqueda de energías alternativas, las políticas que se adopten para depender menos del petróleo, impliquen la ampliación de la frontera agrícola en manos de grandes corporaciones privadas a través del establecimiento de monocultivos extensivos, lo que impactaría negati-vamente sobre la seguridad y soberanía alimentaria principalmente de los pueblos indígenas, afro descendientes y campesinas y campesinos, incidiría sobre la pérdida de biodiversidad, contribuiría a agudizar los procesos erosivos del suelo y tornaría aún más compleja la injusta distribución de la tierra.

El recuento de las tres iniciativas sobre las que se pretende concentrar la realización de la Conferencia de Río + 20 (economía verde, institucionalidad y acceso a la energía), da cuenta de los riesgos que existen para diluir el impacto de un evento de esta trascendencia. Más aún, advertimos el peligro de retroceder en compromisos adquiridos hace ya veinte años, en términos de la sostenibilidad y la equidad, con el predominio de una visión que favorece a la iniciativa privada, por sobre los intereses sociales y la soberanía de los Estados y que otorga al mercado, un papel central en la superación de las dificultades actuales.

Frente a las orientaciones que actualmente se están impulsando de cara a una nueva Cumbre de la Tierra, Ecuador considera que la Conferencia de Río + 20 debe constituir un espacio para reafirmar los principios del desarrollo sostenible y evaluar el avance en la construcción de alternativas que recojan propuestas innovadoras y experiencias que emergen en el mundo, especialmente en América Latina y El Caribe. No es posible avanzar si no se examinan las causas de la crisis estructural. En la Conferencia no debe haber procesos de renegociación ni redefinición de instrumentos, principios y resultados ya acordados en las cumbres relativas al desarrollo sostenible, y como lo anotáramos antes, esto implicaría retroceder en compromisos, responsabilidades y derechos adquiridos.

La Conferencia de Río + 20 es una oportunidad única para evaluar los avances, vacíos e in-cumplimientos de la Agenda 21, el Plan de Acción de Johannesburgo, y las Convenciones de Río (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio sobre Diversidad Biológica y Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación

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en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación), constituirían la base para abordar también otros temas como la soberanía alimentaria, seguridad en la salud, derecho al agua, erradicación de la pobreza y los efectos de la crisis económica y financiera en la agenda del desarrollo sostenible.

De esta manera, podemos construir una agenda renovada y vigorosa que articule los tres pila-res del Desarrollo Sostenible: lo social, lo económico y lo ambiental, e incluimos lo cultural, que implica el cumplimiento por parte de los Estados de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones pertenecientes a la diversidad cultural de todas las regiones del mundo. Esta agenda renovada deberá respetar el principio de responsabilidades comunes pero dife-renciadas y la equidad, propiciar la igualdad y formular un marco de acción para los próximos 10 años que ofrezca una respuesta integral a los problemas que no se han resuelto desde la Conferencia de 1992, con un enfoque actualizado que permita tomar en consideración la rea-lidad y el contexto actual, así como los nuevos desafíos.

La posibilidad de un “renovado compromiso político con el desarrollo sostenible” como se pro-pone en los objetivos de la Conferencia Río+20, radica en la decisión de modificar los patrones insostenibles de producción y consumo, principalmente de los países desarrollados, y demandar la reducción de su huella ecológica. Este compromiso también implica eliminar las causas de la crisis climática, y por tanto se requieren urgentes acuerdos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el cumplimiento obligatorio de los países desarrollados.

Se debe avanzar en la transformación del modelo de desarrollo actual hacia un nuevo modelo económico que no se enfoque en los procesos de acumulación material e infinita de bienes, sino que promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática, respetan-do los límites de la naturaleza. Debe considerar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y afro descendientes de América Latina y el Caribe, quienes a lo largo de los años han contribuido en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de sus territorios, así como el manejo de los impactos del cambio climático.

Los daños infringidos a la Tierra por este modelo económico no son menos graves en relación con los perjuicios causados a la mayoría de seres humanos, obligados a producir en condicio-nes de severa precariedad e irrespeto a sus derechos, a depender de la tiranía de las tasas de interés, descuento y de ganancia y a consumir artículos irrelevantes, nocivos y desechables.

Es importante reconocer la deuda ecológica y reafirmar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, para combatir el cambio climático. Más aún, cuando existen países desarrollados que no sólo generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también una alta cantidad de desperdicios al mantener los insostenibles patrones de producción y consumo.

Es fundamental definir correlaciones y proporciones directas entre lo que un país genera de desechos y consume en energía, así como también lo que realiza para mitigar su impacto en los ecosistemas y la atmósfera.

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Se deben discutir y tomar acciones para transformar el actual sistema económico y financiero inequitativo, cuya lógica es contraria a los principios de desarrollo sostenible. La Conferencia debe acordar alternativas basadas en un nuevo orden económico y una nueva arquitectura financiera internacional que tomen en cuenta los principios de equidad, transparencia, sobera-nía, igualdad, interdependencia, interés común, cooperación y solidaridad entre los pueblos, con una efectiva participación de los países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones a nivel internacional.

La Conferencia debe reafirmar el Principio 12 de la Declaración de Río relativo a que las me-didas de política comercial con fines ambientales no deberán constituir una restricción velada al comercio internacional, ni un medio de discriminación arbitraria o injustificable que afecte el derecho soberano de los países para aprovechar sus recursos según sus propias políticas de desarrollo.

En la Conferencia se debe sincerar el flujo de recursos entre los países del Norte y el Sur. Para el año 2007, el flujo de recursos del Norte al Sur fue negativo (US$ -869 mil millones y para el caso de América Latina fue de US$ -99.8 mil millones) (Naciones Unidas, 2008 citado por Ortiz y Ugarteche, 2008). Más crítica fue aún la pérdida neta de recursos naturales desde el Sur al Norte. En el año 2009, la diferencia entre importaciones y exportaciones medida en unidades físicas, alcanzó 181,6 millones de toneladas en detrimento de los países de la región andina, que perdieron biomasa, recursos no renovables, biodiversidad y servicios ambientales que se deterioran con los procesos de explotación (Falconí y Vallejo, 2012).

Es urgente analizar la priorización de la inversión para revertir los ingentes recursos destinados al gasto militar y reorientarlos al desarrollo sostenible. Es incomprensible que en el 2010, 1,6 trillones de dólares se hayan destinado a gastos militares (MCP, 2012). El combate a la pobreza y a la exclusión es la mejor herramienta para garantizar la paz.

Junto al cambio en los modelos de producción y consumo, así como en las relaciones eco-nómicas y comerciales entre los Estados, se requiere un pacto a mediano y largo plazo para la reconversión tecnológica y el cambio de la matriz energética, en un marco de respeto a los lí-mites que impone la naturaleza. En esa dirección, la Conferencia debe fortalecer la cooperación para el intercambio de tecnologías y el desarrollo de capacidades, acorde a las prioridades y necesidades del país, así como establecer un sistema de monitoreo, evaluación e información de las tecnologías que se desarrollen y promuevan, para vigilar que cumplan normas de seguri-dad y consideren aspectos éticos, sociales, ambientales y culturales. El acceso y transferencia de tecnologías seguras, debe darse sin condicionalidades y a partir de una profunda revisión de la legislación en torno a los derechos de propiedad intelectual. En este marco, se requiere im-pulsar la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades sociales y académicas en beneficio de los países en desarrollo, con énfasis en tecnologías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable. Esto implica impulsar procesos de investigación y desarrollo tecno-lógico desde los países del Sur, considerando los conocimientos ancestrales de los pueblos.

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En la Conferencia se debe consolidar el concepto de seguridad y acceso a la energía, segu-ridad y soberanía alimentaria, bajo los principios de igualdad, equidad, democratización de los medios de producción y oferta de energía. Se debe impulsar la articulación institucional de los Estados para fortalecer sus roles centrales de regulación bajo aspectos éticos, para la superación de los problemas sociales, ambientales y económicos.

La Conferencia debe ser incluyente y transparente y recoger las visiones y propuestas de los países y fomentar la participación de los sectores sociales para asegurar el cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible. Es indispensable promover la incorporación –especialmen-te- de mujeres, jóvenes, campesinos, campesinas y de los pueblos y nacionalidades en las políticas y acciones para alcanzar el desarrollo sostenible, la recuperación de conocimientos y saberes de nuestros pueblos y nacionalidades sobre la convivencia con la naturaleza y la revalorización y respeto de las más variadas manifestaciones culturales, de modo de garantizar mayores niveles de participación y favorecer una real inclusión.

Los acuerdos que se definan en la Conferencia Río + 20 deben propender que la agenda de desarrollo sostenible sea efectivamente incorporada e internalizada por todos los sectores y actores del desarrollo y de la planificación nacional.

La concreción de las expectativas señaladas supone la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable y un acuerdo político tanto a nivel nacional e internacional, como en los espacios de integración regional.

3. Los nuevos desafíos del desarrollo sostenible

Frente a las limitaciones en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace veinte años, de la agudización de algunos problemas actuales, como la crisis financiera y los efectos del cambio climático con impactos especialmente graves sobre varios países, y la cada vez más evidente constatación que para garantizar la continuidad de la vida es necesario provocar cam-bios sustantivos en la relación que mantenemos con la Tierra, varios países de América Latina y Ecuador en particular, hemos iniciado, hace algunos años atrás la discusión, generación y formulación de nuevos paradigmas y alternativas al modelo de desarrollo imperante.

En diversas reuniones regionales, recogidas en las Declaraciones de los Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR + Chile, Declaración de los Ministros de Ambiente de la Alianza Bo-livariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA-, de los Ministros de Relaciones Exterio-res de los países que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA-; Declaración de Quito formulada en el marco de la Primera Reunión de las Ministras y Ministros de Medio Ambiente de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CE-LAC-, existen coincidencias y puntos de vista compartidos en relación a los graves problemas

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actuales, lo que fortalece la posibilidad de generar una visión común que pueda ser debatida en la próxima reunión de Río a partir de cuatro premisas:

• un relanzamiento de la agenda de sustentabilidad que no retroceda en los principios acordados en Río 1992;

• la transformación del modelo de desarrollo, con énfasis en la distribución, la equidad y la inclusión;

• la implementación de financiamiento, la construcción de capacidades y la transfe-rencia de tecnología, con la eliminación de barreras; y,

• la formulación de un programa con metas y resultados claros para los próximos diez años en lo social, económico y ambiental

Para aportar en la construcción de esta agenda renovada, inspirada en la necesidad de ser “flexibles ante las lecciones de la historia” (Onfray, Michel), Ecuador propone los siguien-tes temas, que recoge los enfoques de igualdad planteados por la Constitución del Ecuador aprobada en el año 2008 y por el Plan Nacional para el Buen Vivir, cuyo objetivo es acortar las brechas sociales y que forman parte de los pilares del Buen Vivir. Reconoce a la plurinaciona-lidad e interculturalidad como la base para promover un Estado y una sociedad basada en la unidad e igualdad. La armonía con el ambiente, así como la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, en busca de desarrollar las libertades, oportunidades y potencialidades de las personas, son aspectos básicos que reflejan al Buen Vivir. Como sociedad el Ecuador busca un mundo de justicia y equidad.

3.1 Un nuevo paradigma: el Buen Vivir

El Ecuador plantea el Buen Vivir como un nuevo paradigma enfocado en la satisfacción de necesidades que reemplaza al modelo imperante de maximización de utilidades, basado en el crecimiento económico infinito, lo que ha llevado a una sobre-explotación de los recursos naturales, ha generado pobreza, inequidad y la exclusión de la mayoría de la población. Este modelo de desarrollo, sustentado en la producción masiva y en el desperdicio de grandes volúmenes de materiales y energía, logró desconectar la relación entre seres humanos y los ciclos de la naturaleza (Quirola, Dania en Acosta, et al., 2009).

El Buen Vivir es el eje articulador de la Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, y es la visión sobre la que se asienta la planificación estratégica del país –Plan Nacional para el Buen Vivir- y la formulación de una ruta de transición para superar el modelo actual basado en el extractivismo. En esa dirección, la Constitución señala que el régimen de desarrollo, como conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, garantizan la realización del Buen Vivir y que éste “requerirá que las

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personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (Art. 275).

El Buen Vivir no es un concepto que pretende sustituir los paradigmas existentes bajo un nuevo ropaje. Todo lo contrario, el Buen Vivir surge como una alternativa al desarrollo y cuestiona por tanto la prevalencia de un modo de producción y de consumo que ha demostrado ser insostenible, que no ha permitido cubrir las necesidades de las generaciones actuales y que entraña severos riesgos para el cumplimiento de los derechos de las generaciones venideras.

La noción de Buen Vivir apela a la consecución de equilibrio entre derechos humanos y de la naturaleza, y propone romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y la ha convertido en objeto de manipulación y apropiación. Pero, lejos de ser una postura que únicamente aboga por las “causas ecológicas” al decir de Lucien Séve, reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para las comunidades humanas, desligada de la mercantilización de todas las manifestaciones humanas, a la que inevitablemente ha conducido el capital y un proceso de acumulación sin fin que ha desdibu-jado el sentido mismo de la existencia. De ahí que el Buen Vivir ponga énfasis, por un lado, en garantizar los derechos relativos a la inclusión y la equidad como el derecho a la alimentación y al agua, a un ambiente sano y libre de contaminación, la educación y la salud, vivienda y saneamiento, información y comunicación, participación, ciencia y tecnología y que promueva, por otro lado, la conservación de la biodiversidad y un manejo de los recursos naturales que respete los limites y capacidades de la Tierra, lo que conlleva el reconocimiento de la natura-leza como sujeto de derechos.

En la medida que cada cultura y cada pueblo, en correspondencia con su historia y las caracte-rísticas de su entorno, define sus propias necesidades, el Buen Vivir, lejos de ser un concepto homogéneo y lineal, afirma la importancia de respetar y valorar la diversidad de culturas y mani-festaciones culturales existentes. El respeto y valoración de esta diversidad implica otorgar más fuerza a la interculturalidad, la plurinacionalidad y los derechos culturales; combatir el racismo y la discriminación; y cuestionar las posturas y visiones que pretenden eliminar las diferencias culturales. La consecución de la equidad y la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia. Por eso, si bien el Buen Vivir recoge un planteamiento que es parte de la cosmovisión indígena andina –el Sumak Kawsay-, señala que la naturaleza no es una cosa o un objeto, sino que es un “espacio de vida” (Quintero, Rafael en, Acosta et al, 2009) del que se toma solo lo necesario para vivir, al mismo tiempo valora e incorpora a su concepción, lo mejor del pensamiento occidental, de los aportes científicos y tecnológicos de la “modernidad”, en un esfuerzo por construir un mundo mejor y más justo. Como advierte Boaventura de Sousa Santos, “la plurinacionalidad no involucra únicamente a los distintos pueblos o nacionalidades indígenas, sino también a la identidad no indígena (blanco-mestiza y negra)” (2010).

Reafirmar la importancia y vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos y reconocer los derechos de la naturaleza, incluye transitar hacia la construcción de una articulación distinta en-

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tre sociedad y naturaleza. Esta nueva articulación, contenida en el concepto del Buen Vivir, no es un proceso instantáneo ni sustentado en la voluntad exclusiva de los Estados; por el contrario, com-prende nuevas concepciones éticas, políticas, sociales y económicas que demandarán construirse durante un proceso de transición para revertir la forma en que nos hemos apropiado del ambiente y pasar de una economía extractiva, hacia otra caracterizada como la sociedad del bioconocimiento o fase post-petrolera. En palabras de Janine Benyus, al hablar de transición se trata de “dar paso a una era no basada ya en qué podemos extraer de la naturaleza, sino en qué podemos aprender de ella” (citado por Capra, 2003) y reflexionar hacia dónde queremos llegar como humanidad, con la profundidad y rigurosidad que amerita esta interrogante.

La transición hacia el Buen Vivir se sustenta en la persistencia de problemas estructurales que el actual modelo de desarrollo no ha podido revertir y en la inviabilidad de mantener los mis-mos parámetros bajo los que hemos usufructuado de la naturaleza. En este proceso, se deberán priorizar intervenciones en temas no resueltos y en nuevos, como los siguientes:

a. fomento y consolidación de las soberanías alimentaria y energética;

b. cambio en los patrones de producción y consumo;

c. modificación de la matriz energética;

d. fortalecimiento de la economía popular y solidaria y consiguiente promoción de la economía de los pequeños y medianos productores;

e. seguridad integral, respuesta ante desastres y gestión de riesgos desde una pers-pectiva de la seguridad ecológica y humana, reconociendo la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas;

f. la sostenibilidad de áreas urbanas y rurales, incluyendo la planificación y ordena-miento territorial;

g. disminución y manejo integral de desechos sólidos y líquidos y saneamiento;

h. derecho al agua y manejo integral de recursos hídricos;

i. la contaminación y acidificación de mares;

j. acciones eficientes para detener la pérdida y degradación ambiental de ecosistemas frágiles, áreas de montaña, desertificación, pérdida irreversible de la biodiversidad;

k. adaptación y mitigación para el cambio climático;

l. distribución equitativa de los ingresos a escala global y al interior de los países;

m. impulso a la sociedad del bioconocimiento;

n. impulso al comercio equitativo y justo;

o. mejoramiento de la situación de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria;

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p. atención a la situación y los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes, montubios y cholos; y,

q. profundización de la democracia y de mecanismos para el procesamiento de conflictos.

La construcción de una relación distinta entre los seres humanos y la naturaleza, pasa por el cuestionamiento de la forma de valorar, medir, evaluar y cuantificar la riqueza y el bienestar. Las herramientas e instrumentos convencionales no miden toda la capacidad productiva de la vida, los intercambios que no son mercantiles, ni el trabajo de las mujeres en el hogar, y omiten al mis-mo tiempo los procesos destructivos hacia la naturaleza o las afectaciones sociales que provocan determinadas actividades económicas (Lander, Edgardo en, Acosta, et al. 2009).

En este contexto, la economía verde podría ser considerada como una de las herramientas que complementa otros mecanismos para la consecución del Buen Vivir, que radica en la igualdad, la eliminación de pobreza, la sustentabilidad ambiental y la disminución de brechas, entre otros elementos. Tiene que adaptarse a los modelos económicos, las prioridades de desarrollo y los marcos político-institucionales de cada país, la economía popular y solidaria, los cono-cimientos ancestrales de pueblos y culturas, el comercio justo y la valoración multicriterial de los bienes públicos y comunes globales. Este apoyo, más bien de carácter instrumental, no obsta la construcción de una nueva métrica para el desarrollo, de acuerdo a índices de bien-estar e indicadores físicos que conjuguen los nexos entre economía y ecología y que permitan evaluar la transición hacia el Buen Vivir. Tampoco minimiza el hecho de recuperar la importan-cia de indicadores ya existentes como el Producto Nacional Bruto que permitiría contrastar la capacidad productiva de un país a través de sus propios recursos5.

La construcción del Buen Vivir requiere, adicionalmente, promover una posición regional con-junta respecto a la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades en beneficio de los países en desarrollo, con énfasis en aquellas tecnologías adaptables a las realidades nacionales, que contribuyan a reducir el impacto ambiental y que contribuyan al desarrollo sostenible (CEALC, 2012b). En este marco, es importante impulsar procesos de investigación y desarrollo tecnológico desde los países del Sur, que implica la construcción de capacidades sociales y académicas en beneficio de los países en desarrollo. Vale recordar que el cumpli-miento de estos requerimientos es parte de los compromisos pendientes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus correspondientes instrumentos.

3.2 Los Derechos de la Naturaleza

El reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza significa considerar el entorno natu-ral donde vivimos, no como una fuente inagotable de recursos, sino como el derecho a que se respete su existencia y sus capacidades para crear y reproducir la vida. Al reconocer derechos

5 Conversatorio sobre Nueva Arquitectura Financiera organizado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio. 8 de febrero del 2012.

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a la naturaleza, se resalta su valor intrínseco y el derecho soberano de los países a conservar su patrimonio natural.

Los derechos de la naturaleza han sido incorporados por primera vez en el mundo, en la Cons-titución del Ecuador, bajo la misma jerarquía que los otros derechos contemplados en esta Carta Magna: “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. // Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la natura-leza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. // El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema” (Art. 71).

Estos derechos son parte de la vertiente del neo-constitucionalismo latinoamericano, inspira-do en la concepción de pueblos y nacionalidades que conciben la indisoluble unidad de los diversos participantes de la Pachamama, y que hace hincapié en los principios de equilibrio, respeto mutuo y relación entre los seres humanos y la naturaleza. No obstante, en diversos períodos de la historia de la humanidad, incluso la tradición occidental concedió algún tipo de tratamiento jurídico a ciertos componentes de la naturaleza, como el desarrollo del marco legal en Estados Unidos y Europa, mismo que calificó de delito al maltrato a los animales o en Ar-gentina cuyas leyes reconocen al animal maltratado el carácter de víctima. La introducción en el campo jurídico de sanciones por infringir contra la vida de animales o por actos de crueldad cometidos en su contra, el debate respecto a los derechos de los animales y la discusión en cuanto a la extensión de derechos sobre sujetos no humanos, son aspectos que en la actuali-dad han captado la atención del debate en varios países.

La revalorización de la perspectiva indígena en el planteamiento de los derechos de la naturaleza y la coincidencia con vertientes del pensamiento occidental orientadas a la defensa de los derechos de componentes de la naturaleza, es una oportunidad para conjugar de manera creativa posturas a favor de la protección de la vida (Gudynas, Eduardo en, Acosta et al., 2009).

Entre los reparos a otorgar derechos a la naturaleza se argumenta que no es posible extender derechos a un sujeto que no puede exigirlos6 o a sujetos que no tienen la capacidad para cometer infracciones. Muchos seres humanos están inhabilitados por determinadas circuns-tancias físicas y psicológicas de capacidad de exigibilidad propia o no pueden cometer in-fracciones por carecer de voluntad propia, lo que no obsta que sean considerados sujetos de derechos, en un caso, y sujetos de protección a través de un acto administrativo, en otro caso.

Dentro de los reparos al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, hay quienes señalan, que los daños a los animales o a la naturaleza en general deben ser sancionados por las afectaciones

6 La Constitución del Ecuador reconoce que toda persona puede accionar en defensa de la naturaleza, sin que requiera probar el daño que advierte.

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que directa o indirectamente repercuten sobre los seres humanos. Esta visión, cercana al derecho ambiental y al campo de los derechos humanos -la defensa del ambiente se justifica y sustenta en cuanto es un derecho humano-, además de cosificar a la naturaleza y sus especies a favor de una única forma de vida (la humana), resulta distante a la comprensión ética de que hombres y muje-res, especies animales y vegetales, ecosistemas, ríos y montañas, somos parte de la misma Tierra, de Gaia o Pachamama, desde la cosmovisión indígena de los Andes (Zaffaroni, 2011).

El reconocimiento de derechos a la naturaleza, lejos de sacralizar sus componentes o de coar-tar las posibilidades de utilización de sus recursos, apela a la redefinición de una relación de respeto y de una ética renovada y comprometida a utilizar de la Tierra lo necesario para una vida plena, que permita la satisfacción de las necesidades básicas, y que excluya el abuso y el consumo superfluo. Lejos de minar el derecho de los seres humanos a alterar la naturaleza para garantizar la reproducción de la vida, constituye un llamado a tomar en cuenta que su continuidad depende de la profunda interconexión e interdependencia con los elementos na-turales y con su derecho a seguir existiendo. Lo que sí interpelan los derechos de la naturaleza es el modelo económico vigente, sus formas de producción y consumo, por sus efectos sobre los seres humanos y la naturaleza de la que somos parte, y su pretensión de considerar a la naturaleza y sus componentes desde una perspectiva únicamente económica.

Desde esta óptica, los derechos de la naturaleza plantean que ningún ser viviente puede ser tra-tado como una cosa, que las acciones que emprendamos no destruyan la posibilidad futura de la vida, “que los derechos individuales y colectivos deben estar en armonía con los derechos de otras comunidades naturales, que los ecosistemas tienen valores propios, independientes de la utilidad para el ser humano” (Acosta, 2009), que urge reconocer el derecho a la existen-cia de todos los otros seres vivos que comparten con nosotros la Tierra pues la diversidad de la vida es un valor en sí mismo. Se trata, en definitiva, de privilegiar el valor de la vida y proponer una ampliación del reconocimiento de los sujetos de derechos que, como lo sucedido en otras épocas históricas, también fueron luchas cuestionadas debido a las amenazas que representa-ron frente a las relaciones sociales dominantes en esos momentos (piénsese por ejemplo en la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la libertad de opción sexual, de la lucha por los derechos de niños y niñas, por los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afro descendientes, y en general las conmociones sociales y políticas que han significado la ampliación de derechos).

Al privilegiar el valor de existencia de la naturaleza, el concepto de patrimonio vuelve a adquirir importancia. El patrimonio, que es la herencia recibida de nuestros antepasados, debe manejar-se con responsabilidad, pues es el legado para las generaciones venideras. Esta noción, si bien no coarta los posibles usos mercantiles, no se reduce a la órbita del mercado, sino a un sentido de responsabilidad con el presente y el futuro (Gudynas, Eduardo en Acosta et al., 2009).

Los daños que hemos infringido a la Tierra no pueden perdurar. El mantenimiento de la vida no puede seguir sujeto a conductas de saqueo y depredación, ni el valor de la naturaleza depender de su utilidad para los seres humanos. Tampoco podemos conformarnos únicamente con me-

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didas legales orientadas a regular el comportamiento humano. Los actuales marcos normativos tienden finalmente a justificar los daños ambientales, y a restituir a los individuos lo que usaba del ambiente, sin recuperar el sistema natural en sí, menos aún a cuestionar el modelo de pro-ducción causante de la contaminación o el daño ambiental (Acosta, 2009). Requerimos, como lo dice la Constitución de Ecuador, “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el Sumak Kawsay”.

En el restablecimiento de un contrato de convivencia con la naturaleza, de la re-construcción de la conexión y la cooperación entre todos los componentes de la Tierra, Ecuador propone discutir, en el marco de la Conferencia de Río + 20, una Declaración Universal de los Dere-chos de la Naturaleza como instrumento para alcanzar el Buen Vivir. Ecuador reconoce que el camino para concretar e instrumentar el ejercicio de los derechos de la naturaleza no está aún definido. Por lo mismo, es una invitación a desarrollar un conocimiento distinto y a cambiar de la matriz epistemológica que ha orientado el desarrollo este último milenio.

Ecuador también apoya la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, con el fin de determinar la responsabilidad histórica, así como la reparación de los países desarrollados respecto del cambio climático, es decir, la deuda ecológica que mantienen ante los países en desarrollo por la emisión de gases de efecto invernadero causantes de este fenómeno. Los paí-ses desarrollados, a lo largo de los últimos tres siglos, han emitido gran cantidad de gases de efecto invernadero y causado una sobre ocupación del espacio atmosférico global, el cual debe considerarse un bien público, por lo que tienen obligaciones frente a los impactos negativos generados en los países en desarrollo.

3.3 Nuevo orden económico internacional y nueva arquitectura financiera

Por efectos de una división internacional del trabajo, las economías latinoamericanas y la ecua-toriana en particular, fundamentan su crecimiento económico en la dependencia de los recursos naturales. La riqueza extraída de la naturaleza y destinada a satisfacer demandas foráneas, además de provocar impactos sociales, culturales y ambientales negativos al interior de estas economías, no solo que ha tenido un elevado costo ambiental, sino que poco ha redundado en la superación de los problemas estructurales que arrastramos: pobreza, inequidad, exclusión.

Esta realidad no puede ser superada desde la aplicación de instrumentos y herramientas pro-puestos en el marco de la denominada “economía verde”. La complejidad de problemas que enfrentamos, tampoco puede abordarse a través de mecanismos de mercado, como medio para corregir los efectos de un modelo de desarrollo y acumulación que ha demostrado ser inviable.

Por eso, Ecuador reafirma la importancia de generar un nuevo orden económico internacional, que efectivamente permita superar la pobreza, el hambre, la desigualdad y el deterioro am-

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biental y, que garantice la redistribución de la riqueza y el cambio de los patrones de producción, consumo y comercialización; un orden económico “más justo, equitativo e inclusivo que supere el desgaste, descrédito y limitaciones del modelo de desarrollo vigente” (CELACb, 2012).

Este nuevo orden económico internacional debe sustentarse en un nuevo esquema de comercio, justo y solidario con las economías en desarrollo y en una nueva arquitectura financiera. Conside-rando que uno de los principales objetivos de la Conferencia de Río +20 es acordar una visión y compromiso renovados con el desarrollo sostenible para la erradicación de la pobreza y la inequidad, será una oportunidad indiscutible para orientar nuestros esfuerzos en la construcción de un nuevo orden económico internacional.

En términos del comercio, la particular forma en la que las economías del Sur se insertaron al mercado mundial -venta de productos primarios-, ha significado prolongar la dependencia, incre-mentar la vulnerabilidad social y económica de nuestros países por la volatilidad de los precios y perpetuar el intercambio desigual, tanto en precios como en flujos de materiales y energías que se pierden -intercambio ecológicamente desigual-. En este contexto, Ecuador considera que a partir de la integración regional se puede incidir sobre la excesiva volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos, así como exigir respuestas concretas frente a la deuda ecológica de la que somos acreedores. Los países del Norte, deberán por su parte promover el comercio justo y contemplar compensaciones por daños y contingen-cias (Falconí, 2012) y fomentar la complementariedad entre las naciones.

El cambio del sistema financiero internacional, debe priorizar los proyectos de conservación, con-siderando los costos sociales, culturales y ambientales de los procesos productivos, pero no para incrementar la tasa de interés, pues esto se trasladaría a mayores tasas de extracción. Más bien que se enfoquen en desarrollar sectores secundarios y terciarios generadores de valor, que promuevan el desarrollo de infraestructura y capacidades estratégicas, el empleo de mano de obra calificada, el desarrollo de tecnología y capacidades humanas especializadas. Es decir, que además de ser intensivos en mano de obra, alcancen mayor valor agregado; que ayuden a la soberanía alimentaria; que no multipliquen los impactos ambientales; que estén ligados a sectores estratégicos en el largo plazo; y que no fundamenten su productividad en ventajas comparativas naturales.

La concepción detrás de la nueva arquitectura financiera es reubicar al dinero como un medio y no como un fin en sí mismo y privilegiar que sobre el interés particular -como motor de la eco-nomía-, está la necesidad de garantizar la reproducción de los ciclos de la vida y, por tanto, de afianzar la soberanía alimentaria, energética y de salud. La nueva arquitectura financiera por otro lado, apela a la noción de complementariedad como reñida con la de competencia.

La nueva arquitectura financiera internacional se estructura sobre tres ejes:

• una banca de desarrollo de nuevo tipo, • un nuevo esquema monetario, • un fondo común de reservas.

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El establecimiento de instituciones financieras regionales, como el Banco del Sur en el caso de América Latina, permitirá la provisión de recursos para apoyar la implementación de las actividades en pro del desarrollo sustentable y no, como lo sucedido hasta la actualidad, el sometimiento a condiciones impuestas por sobre los intereses de cada país.

Entre las medidas de financiamiento, para el desarrollo sostenible, Ecuador propone la emisión de derechos especiales de giro (DEG) que permitan superar las restricciones de liquidez deri-vadas de los efectos de la crisis económica y financiera mundial y su impacto en el desarrollo. El uso de los derechos especiales de giro privilegiará contar con más recursos para enfrentar los problemas alimentarios, de cambio climático y del desarrollo en los países del Sur.

El financiamiento debe igualmente provenir del cumplimiento del compromiso histórico de los países desarrollados a destinar el 0.7% del PIB a la Asistencia Oficial al Desarrollo, bajo la insisten-cia de que es necesario garantizar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

El nuevo esquema monetario está desarrollándose en América Latina a partir del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) que no solo permite reducir los costos transaccionales por la co-nexión informática entre los bancos centrales, sino minimizar la dependencia frente a divisas extranje-ras a través de un mecanismo ágil y transparente. El SUCRE opera como moneda fiduciaria regional.

El fondo común de reservas podría alimentarse de las reservas internacionales de libre uso; de los activos de oro físico y de recursos generados por la certificación de reservas de recursos minerales bajo el suelo, bajo la lógica de contar con un respaldo físico para las inversiones, sin exacerbar el modelo primario extractivista.

Entre los instrumentos impositivos innovadores, Ecuador apoya el impuesto a las transacciones financieras internacionales y ha propuesto el mecanismo de Emisiones Netas Evitadas –ENE- y el impuesto Daly-Correa.

ENE, como mecanismo de mercado y no mercado, constituyen las emisiones de gases de efecto invernadero que pudiendo ser realizadas en la economía de cada país no son emitidas en la perspectiva de cambiar el modelo de desarrollo, respetar la biodiversidad y estimular el cambio de la matriz energética. En la medida en que las emisiones evitadas apuntan a conse-guir un balance neto positivo global en la reducción de niveles de emisiones y complementan los esfuerzos actuales para cumplir con las metas y objetivos de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, su aplicación debe ser compensada.

Una de las iniciativas de mayor creatividad y aceptación política que ha lanzado el Ecuador es la Iniciativa Yasuní-ITT, la cual es considerada un ejemplo operativo del mecanismo ENE. La idea central de esta iniciativa consiste en no explotar el bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, con el fin de conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, promover el desarrollo social y combatir el cambio climático, al evitar la emisión de gases de efecto invernadero que se generarían de la explotación de cerca de 846 millones de barriles de petróleo. Al dejar el petróleo bajo tierra y

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evitar la emisión de alrededor de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles, Ecuador solicita a la comunidad internacional, bajo el principio de corresponsabilidad, una compensación equivalente de al menos USD 3.600 millo-nes, es decir la mitad de lo que el país obtendría de la explotación de dichos yacimientos (MCP, 2010). Estos recursos serán destinados para el cambio de la matriz energética, la conservación efectiva de las áreas protegidas; la reforestación de un millón de hectáreas de bosques; el aumento de la eficiencia energética; el desarrollo social en las zonas de influencia de la Inicia-tiva; y, la investigación y desarrollo tecnológico. El planteamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT se sustenta en el reconocimiento de los valores de uso y servicio, de los valores no crematísticos de la seguridad ambiental y el mantenimiento de la diversidad planetaria.

El impuesto Daly-Correa tiene como objetivo frenar las emisiones de dióxido de carbono, financiar programas de combate a la pobreza, el impulso de proyectos de mitigación y adap-tación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la promoción y desarrollo de modelos energéticos sostenibles para los países en desarrollo. Consiste en un impuesto a las exportaciones de petróleo a los países desarrollados, con el propósito de compensar por las emisiones de dióxido de carbono. Los recursos generados por este impuesto serían adminis-trados por un fondo mundial para el desarrollo sostenible. Esta propuesta, promulgada por el Ecuador, “plantea un factor de justicia económica y un tema de fondo: la distribución interna-cional de las causas y efectos del cambio climático”, al situar la responsabilidad del peso de las emisiones sobre los países que tienen mayor consumo de combustibles (Gallardo, et al.).

La cooperación multilateral es un medio importante para enfrentar el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible, mediante la revisión de acuerdos de derechos de propiedad intelectual, puesto que algunos afectan la garantía de derechos humanos a la salud, vivienda y alimentación, entre otros. Por otro lado existe una gran riqueza de biodiversidad y conocimientos ancestrales -en cuanto al aprovechamiento de recursos biológicos-, que se han “fugado” del país, sin nin-guna clase de reconocimiento ni derecho de propiedad, sea intelectual o de pertenencia.

3.4 Integración de la cultura como cuarta dimensión del desarrollo sostenible

La discusión y la reflexión sobre las relaciones sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza, desa-rrollo y ambiente, ecología y economía, ha sido una constante desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, la economía, la política, el derecho. Este debate se ha intensificado, a medida que los problemas de la sociedad y la naturaleza, de la cultura y la economía, han llegado al punto de lo que muchos llaman una crisis de civilización, que pone en cuestión la racionalidad del crecimiento económico ilimitado.

Ahora este debate se hace en Ecuador en el marco del proceso de transformación social, política, cultural profunda, que lleva adelante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se

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pone precisamente en el centro de la reflexión, la superación del viejo paradigma en el cual, el sistema social está por fuera del sistema natural, en el que la naturaleza es fuente infinita de provisión de bienes y servicios para un consumismo sin límites, desconociendo las profundas interrelaciones e interdependencia entre cultura, naturaleza y sociedad. Este enfoque ha llevado a una situación de crisis cultural social, económica y de vulneración de los equilibrios necesa-rios para que el sistema natural sea capaz de mantener y reproducir la vida.

En el capitalismo, la cultura ha sido instrumentalizada a favor de la economía, lo que ha provo-cado la homogeneización de la sociedad y la desvalorización de las diversidades. Desde este nuevo enfoque, se trata de revitalizar y fortalecer las culturas como fundamento en la construc-ción de sociedades sostenibles, dada la incidencia directa en la calidad de vida de la población al potenciar modelos de economía popular y solidaria; promover el respeto a los derechos humanos y colectivos, a los conocimientos y sabidurías ancestrales; fomentar la participación en condiciones de equidad, interculturalidad y respeto a la naturaleza.

El Prólogo de la Constitución del Ecuador expresa la dimensión y la fuerza de este proceso:

Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia… decidimos construir…una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.”7

Ecuador reconoce que las mayores fortalezas con las que cuenta el país y la región son su diversidad cultural y biológica. En este sentido, la estrategia está orientada a construir en el mediano y largo plazo mecanismos para fomentar la sociedad del bio-conocimiento y de generación de medios de vida sostenible estableciendo un mayor equilibrio y armonía en las formas de relación social y con la naturaleza.

El aporte de la cultura no debe valorarse únicamente desde su contribución a una matriz pro-ductiva y económica, sino como un elemento que dignifica a los seres humanos y a sus comu-nidades, aporte que se revierte en la construcción de sociedades equitativas, humanas, justas e incluyentes.

En la Constitución del Ecuador, se establece la integración de los siguientes elementos para garantizar la realización del Buen Vivir, del Sumak Kawsay: económicos, políticos, socio-cul-turales y ambientales. 8

Ecuador considera que es fundamental incorporar como cuarto pilar del desarrollo sostenible, a la cultura, como eje articulador que genera el equilibrio entre los tres pilares que hasta el momento conceptualmente han sido reconocidos: lo económico, lo social y lo ambiental.

7 Constitución de la República del Ecuador. Quito, 2008.8 Constitución de la República del Ecuador, Art. 275, Quito, 2008. Art. 275

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La cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible se encuentra en el documento de la UNESCO denominado El poder de la Cultura para el Desarrollo, en el cual se declara que: “La cultura, en todas sus dimensiones, es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible.”9 El tema también se abordó en la Reunión Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados+10), identificado como uno de los temas nuevos y emergentes indis-pensables para el desarrollo sostenible.10

Movimientos sociales, como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, tam-bién han incluido entre sus propuestas para el documento de negociación para la Conferen-cia Río+20, el “reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. La diversidad natural y la diversidad cultural están íntimamente ligadas y deben ser igualmente protegidas.”11 Señalan que es evidente la relación entre cultura y naturaleza, especialmente al reconocer la salvaguarda de territorios mediante la gestión tradicional de los pueblos y nacionalidades indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares y zonas de alta biodiversidad.

Entre los varios elementos para la articulación de esta cuarta dimensión, se encuentran los siguientes:

• La cultura como fuerza de transformación es la dimensión articuladora y generadora de equilibrio entre los tres pilares: social, ambiental y económico, por cuanto no es simplemente una dimensión adicional, sino que las identidades de los pueblos, los sistemas de significación y las cosmovisiones determinan cómo éstos conciben a la naturaleza y conviven con ella. En este sentido, atentar en contra de la naturaleza es atentar en contra de la continuidad de la vida. De otro lado, la naturaleza es consi-derada un ámbito sagrado, por ende merece cuidado, respeto y veneración.

• Promoción de la Interculturalidad: la promoción de la interculturalidad, la protec-ción y promoción de la diversidad cultural, es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la convivencia democrática y solidaria. El desarrollo sostenible solo se puede alcanzar si existe armonía entre la promoción de la interculturalidad y la equidad social, ambiental y económica.

• Relación cultura-naturaleza. El concepto que los pueblos tienen del desarrollo deter-mina su relación con la naturaleza. Un ambiente ecológicamente sostenible depende de cómo se modifican las “culturas de producción y consumo”, para mantener una relación con la naturaleza en la cual se respetan sus derechos y se reconocen sus lími-tes. Esto es una condición indispensable para la permanencia de las culturas, así como para el desarrollo de conceptos alternativos como el Buen Vivir, una nueva forma de

9 Declaración de Sao Paulo sobre Cultura y Sostenibilidad, Reunión de Altas Autoridades Sudamericanas sobre Cultura y Sostenibili-dad, Sao Paulo, 14 de abril de 201210 Keith Nurse, Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development, 2006, http://www.fao.org/SARD/common/ecg/2785/en/Cultureas4thPillarSD.pdf11 Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, Río+20 incorpora a su agenda los Derechos de la Madre Tierra, Boletín de Prensa, www.coordinadoracaoi.org, 26 de abril de 2012.

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ética ciudadana concebida a partir de la articulación organizada, sustentable y dinámica de los sistemas político, económico, social, cultural y ambiental.

• Protección, reconocimiento, valoración y promoción de los conocimientos colecti-vos y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas y del pueblo afro descendiente. Estas acciones constituyen la base fundamental para mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar el patrimonio natural, cultural e histórico.

• Reconocimiento de diversidad de expresiones culturales, identidades culturales, pluralismo cultural, como indispensables para alcanzar un equilibrio global en la arena cultural. Esto implica mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar el patrimonio cultural e histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes y montubios.

• Reafirmar la relación de la cultura con la economía creativa, es decir la cultura en su dimensión económica que induce a la creación, innovación y generación de riqueza.

• Relación de la cultura con el turismo consciente. Posee un impacto económico, so-cial y ambiental, se relaciona con el patrimonio cultural y natural. Se concibe como una experiencia transformadora. Es un concepto que se fundamenta en los principios de sostenibilidad y ética. Fomenta los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida, como la esencia de la práctica turística. Constituye un pacto de con-vivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre las diversas culturas.

3.5 Institucionalidad

En el ámbito mundial se requieren arreglos institucionales concretos para enfrentar de manera integral las múltiples crisis que atraviesa el planeta, así como un marco jurídicamente vincu-lante. Desde el 2005 se ha venido discutiendo en el marco de las Naciones Unidas, especial-mente en el Consejo de la Administración del PNUMA, las siguientes opciones:

1. Fortalecimiento del Rol del ECOSOC

2. Fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo Sostenible

3. Transformación de la Comisión de Desarrollo Sostenible en Consejo para el Desarro-llo Sostenible.

4. Fortalecimiento del PNUMA

5. Transformación del PNUMA en una Agencia Internacional Especializada en materia de Medio Ambiente.

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Adicionalmente Cuba presentó la propuesta del Foro Ministerial Global sobre Desarrollo Sosteni-ble/ Foro Ministerial de Sostenibilidad Global dirigida a unir el actual Foro de Ministros de Medio Ambiente del PNUMA con la Comisión de Desarrollo Sostenible del ECOSOC, con el objetivo de lograr una mayor coherencia, coordinación y racionalidad de los elementos principales del marco institucional global. Este foro sesionaría en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con una periodicidad anual, con el apoyo institucional de las Secretarías de DESA/PNUMA.

El mismo sería un espacio de Alto Nivel donde participarían los ministros de las esferas eco-nómica, social y ambiental de los distintos países, de acuerdo a la agenda anual y-o programa de trabajo que se adopte. Estaría abierto a la participación de los Estados Miembros de la ONU y deliberaría sobre las decisiones y recomendaciones del Consejo Administrativo del PNUMA. Además podría recomendar a la Asamblea General de la ONU nuevos instrumentos jurídicos internacionales en materia de desarrollo sostenible.

Una opción institucional interesante se asienta sobre la propuesta orientada a la creación de un Foro de Desarrollo Sostenible conformado por la actual Comisión de Desarrollo Sostenible y el Foro de Ministros de Ambiente

Sin duda, requerimos una nueva gobernanza para la sustentabilidad, que incluya un pacto ético y de gobernabilidad, mecanismos de financiamiento y redistribución global, para fortalecer los marcos institucionales del desarrollo sostenible, en todos los niveles nacionales e internacio-nales. Se requiere trabajar hacia un instrumento jurídicamente vinculante como nuevo marco institucional para el desarrollo sostenible, que cuente con un mecanismo financiero consisten-te con la visión de una nueva arquitectura financiera internacional.

En el ámbito regional es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación en la perspec-tiva de reforzar la complementariedad de acciones, apoyar los esfuerzos que se impulsan en la región a favor de la inclusión y la equidad, aprender unos de otros y formular agendas propias para la región sin condicionalidades impuestas. De ahí el apoyo al funcionamiento de un grupo de trabajo, conformado por la mesa directiva del XVIII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, para fortalecer la cooperación, la articulación y complementación de las políticas públicas en materia ambiental, así como para la generación e implementación de políticas y planes regionales comunes en las áreas prioritarias para el desarrollo sostenible y avanzar en la configuración del Foro de Ministros de Ambiente de la CELAC como mecanismo de consultas políticas (CELAC, 2012a).

Es fundamental, fortalecer los nuevos organismos de integración regional como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-beños), la ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), el Banco del Sur, etcétera, promoviendo políticas y acciones coordinadas para avanzar en el desarrollo sostenible

En el ámbito nacional se requiere que los países establezcan políticas de desarrollo sostenible concretas que generen normas y mecanismos que fortalezcan y regulen el uso sustentable de

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los recursos naturales, logrando aumentar el nivel de conocimiento y entendimiento de los mismos, y adoptando medidas de prevención y control sobre toda actividad antropogénica que ponga en riesgo el derecho de las futuras generaciones al Buen Vivir.

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Artesanías amazónicas

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Evaluación del Desarrollo sostenibleen el Ecuador 1992-2012

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20

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Introducción

La elaboración del presente informe se inscribe en el marco de las actividades preparatorias que el Ecuador está impulsando para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río + 20.

El informe consta de tres secciones: la primera ofrece una somera descripción de los compromi-sos globales generados en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y en los años posteriores a su realización. En la segunda sección se hace un balance conceptual del en-foque de desarrollo sostenible. Esta sección contiene además una evaluación sobre la aplicación de los principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del Programa 21 por parte de Ecuador y los compromisos mundiales, y analiza brevemente la pertinencia de dicho Programa en las condiciones internacionales y nacionales actuales.

Adicionalmente, es un esfuerzo encaminado a explorar la pertinencia e integridad conceptual de los compromisos alcanzados en la Cumbre de la Tierra y su posible correspondencia con las necesida-des de desarrollo de los países del sur en un período de crisis del neoliberalismo a escala planetaria.

La tercera sección del documento está referida al análisis de los esfuerzos realizados por Ecua-dor para el cumplimiento de los compromisos del Programa 21 y los acuerdos multilaterales globales. Esta sección contiene, en una primera parte, un recuento descriptivo y analítico res-pecto a la aplicación de tales acuerdos. La segunda parte identifica las limitaciones y lagunas pendientes. La tercera sección culmina con una aproximación inicial de un balance respecto a lo sucedido en el país durante los últimos 20 años.

La preparación del documento se sustentó en la revisión y sistematización de información documental y bibliográfica producida en el país a lo largo de estos años y de las discusiones y aportes provenientes de los procesos de consulta organizados para el efecto desde el primer trimestre del año 2011: un taller nacional en marzo de dicho año, una reunión que convocó la participación de autoridades nacionales representantes de diversas instituciones gubernamen-tales y tres talleres regionales llevados a cabo en los dos últimos meses del año 2011 en las ciudades de Riobamba, Tena y Guayaquil. Sus contenidos se alimentan también de entrevistas y consultas directas a instituciones públicas del nivel central y organizaciones sociales y no gubernamentales conocedoras de la temática.

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1. Descripción de los compromisos globales generados en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992

Los planteamientos de la Cumbre de la Tierra

La Conferencia de Río de Janeiro llevada a cabo en 1992 derivó en 1) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sustentada en 27 principios y 2) la declaración de principios para orientar la gestión, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques bajo la consigna de que todos los países deben participar en el “reverdecimiento de la Tierra”.

Los 27 principios de la Declaración de Río son un conjunto de enunciados de carácter ético con la finalidad de crear nuevos niveles de cooperación entre los Estados. Esta Declaración parte del reconocimiento de que los seres humanos constituyen el centro de las preocupacio-nes ligadas con el desarrollo (Principio 1), afirma el derecho de los Estados sobre sus recursos y su responsabilidad para no causar daños a su ambiente y al de otros Estados y pone de manifiesto que en la degradación del ambiente existen responsabilidades comunes pero dife-renciadas. La Declaración motiva la modificación de los patrones de consumo y la promoción de un sistema económico internacional que al tiempo que permita el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, aborde los problemas ambientales; el impulso de la participación informada; y, el desarrollo de la ciencia y tecnología con fines de mejorar las condiciones ambientales actuales.

Introdujo, por otra parte, el criterio de precaución y la internalización de los costos ambientales (principio contaminador-pagador). Además de relevar la contribución de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades en la construcción del desarrollo, también subrayó que “la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables” (Principio 25) (Naciones Unidas, 1992d).

Dicha Conferencia resultó también en un programa de acción, denominado Programa 21, que debía orientar la adopción de acciones mundiales en los ámbitos social, económico y ambien-tal, bajo el entendido de la cada vez mayor interconexión de estas dimensiones y del recono-cimiento de los límites finitos de la Tierra.

El Programa 21, inspirado en los planteamientos del desarrollo sostenible, señalaba la nece-sidad de superar la pobreza y enfrentar los problemas mundiales desde paradigmas distintos a los dominantes hasta ese entonces: “el inicio de una nueva era de desarrollo económico racional desde el punto de vista ecológico” (Keating, 1993).

En esa dirección estipulaba una serie de orientaciones y lineamientos que debían ser abor-dados de manera global, tanto por los gobiernos como por sectores sociales empresariales, en la lucha contra el deterioro de la tierra, aire y agua; la conservación de los bosques y de la biodiversidad; la protección de océanos y zonas de montaña; la gestión de la biotecnología; la

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utilización segura de productos químicos tóxicos y la gestión de desechos peligrosos, dese-chos sólidos y aguas residuales.

En términos sociales este Programa subrayaba la necesidad de superar la pobreza y proponía lineamientos para mejorar la educación, la salud, el ordenamiento de la tierra y de los asenta-mientos urbanos debido a la tendencia cada vez más pronunciada de crecimiento de ciudades; el impulso a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. En este mismo ámbito y con el propósito de favorecer el compromiso global frente al cambio propuesto, el Programa 21 res-paldaba políticas encaminadas a fomentar la difusión de información y la participación social. Otorgaba una especial consideración a mujeres, niñas, niños y jóvenes, poblaciones indígenas, trabajadores de la industria agricultores, sectores históricamente relegados por el ejercicio de prácticas discriminatorias e inequitativas.

Para efectos de acelerar el cambio, el Programa 21 argumentaba a favor de la reducción de los niveles de consumo, promovía la adopción de técnicas y tecnologías menos nocivas con el ambiente; alentaba el desarrollo científico, el incremento de los flujos de cooperación interna-cional, la asociación con organismos no gubernamentales; el fortalecimiento de los poderes públicos locales, instancias a las que reconocía una función clave en el logro del desarrollo sostenible; y, abogaba por una actividad empresarial responsable en la consecución de mayo-res niveles de eficiencia en el aprovechamiento de recursos, en la protección de su entorno y en el cumplimiento de los derechos laborales.

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos mundiales acordados debía descansar, conforme lo consignaba el Programa, en arreglos institucionales dentro del sistema de las Naciones Unidas: la conformación de una Comisión de alto nivel sobre Desarrollo Sostenible y la convocatoria a períodos extraordinarios de sesiones para examinar el progreso en la puesta en práctica de los lineamientos y orientaciones alcanzadas por más de 170 países.

De manera paralela, a raíz de la Cumbre y producto de la motivación señalada en el Programa 21 respecto a la elaboración de tratados internacionales sobre desarrollo sostenible, la mayoría de países, entre los que se encuentra Ecuador, suscribieron tres convenciones mundiales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio climático (1993), el Convenio sobre Diversidad Biológica (1993) y la Convención sobre Desertificación (1995), cada una enfocan-do problemas críticos de alcance ambiental mundial.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático propone la estabiliza-ción de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera como una medida necesaria frente a los efectos provocados por las actividades humanas en el aumento del ca-lentamiento de la superficie y la atmósfera de la Tierra, lo que puede afectar adversamente a los ecosistemas y la humanidad. La Convención sobre Cambio Climático reconoce que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, se originan en los países del Norte, que es responsabilidad de cada Estado velar porque las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción no causen daño al medio ambiente de otros Estados, que se requiere

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la cooperación internacional para la aplicación de nuevas tecnologías y que es obligación de todos los Estados “proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades” (Naciones Unidas, 1992b).

El Convenio sobre Diversidad Biológica trata de prever, prevenir y enfrentar las causas de reducción y pérdida significativa de la diversidad biológica, debido a su valor intrínseco y a los valores de sus componentes ambientales, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos. El Convenio reafirmó el derecho soberano de los Estados sobre la biodiversidad, la necesidad de generar información y conocimientos sobre la diversidad biológica, impulsar su conservación y utilización sostenible, sobre todo en lo que respecta a alimentación y salud, y, promover una repartición equitativa de los beneficios que se desprendan de “la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes” (Naciones Unidas, 1992c).

Al constatar que la desertificación y la sequía constituyen problemas de dimensiones mundia-les, con impactos particularmente severos sobre la agudización de la pobreza, el deterioro de la salud y la nutrición, el menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria, y el incremento de los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica demográfica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequia Grave o Desertificación invocó la adopción de medidas conjuntas para combatir estos problemas.

2.- Evaluación conceptual del enfoque de desarrollo sostenible formulado en la Cumbre de la Tierra1

Tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Es-tocolmo en 1972, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas Bajo comenzó a difundir la noción de desarrollo sostenible. De hecho, el concepto adquirió relevancia mundial a partir del informe “Nuestro Futuro Común” (conocido como informe Brundtland) publicado en 1987 con motivo de la preparación para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Ja-neiro, Brasil, en 1992. En su acepción más generalizada, el desarrollo sostenible es aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

1 Gran parte de los contenidos de esta sección están desarrollados sobre la base de la ponencia presentada por la doctora María Fernanda Espinosa, Ministra Coordinadora de Patrimonio, en la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe llevada a cabo en Santiago de Chile el mes de septiembre del 2011.

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La formulación del desarrollo sostenible fue motivada por la constatación que, de mantenerse el ritmo y la magnitud de las actividades humanas, la humanidad estaría conduciendo una ruptura del complejo equilibrio de los sistemas de soporte de la vida en el planeta. Se tomó conciencia que el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación, la destrucción de ecosistemas, bosques y biodiversidad, eran signos incontrastables de los pro-blemas ambientales globales y que era necesario caminar hacia un contrato social planetario que permita enfrentar tales problemas y reconocer los límites finitos de la Tierra.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada veinte años después, en 1992 en Río de Janeiro, desata un acuerdo mundial para encontrar soluciones a los problemas ambientales globales, a partir de enfoques que buscaban integrar los problemas ambientales, con los sociales y económicos. El concepto de desarrollo sostenible se posiciona como un planteamiento estratégico que pretende reconciliar las actividades humanas con las leyes de la naturaleza, sin subvertir el orden económico establecido.

La sostenibilidad a la que alude el término se traduce en que el desarrollo deja de ser soste-nible cuando se excede la capacidad de sustentación. Este concepto, proveniente de la ecolo-gía, y aplicable para poblaciones de especies, enfrenta limitaciones al pretender ser utilizado como una senda para orientar procesos históricos y sociales cuya racionalidad es distinta a la de las espec“El concepto de capacidad de sustentación se refiere en ecología a la máxima población de una especie que puede mantenerse indefinidamente en un territorio sin provocar una degradación en la base de recursos que pueda hacer disminuir la población en el futuro” (Martínez Alier, 1995). La historia ha demostrado que lejos de cumplirse esta aseveración, la falta o merma de recursos en un territorio ha conducido a que los seres humanos busquen abastecerse de los bienes o productos requeridos a través de la explotación de recursos en otros territorios (Martínez Alier, 2002) o que incluso en determinados contextos, el desarrollo y aplicación de tecnologías e insumos externos contribuyan a aumentar los niveles de produc-ción y productividad y, por tanto, la base de recursos disponible, lo que puede inducir a pensar en un incremento constante, sin caídas posteriores de la producción, y a generar un optimismo desmesurado en las bondades de la tecnología.

Al no considerar elementos como los señalados, la noción de capacidad de sustentación a la que alude el desarrollo sostenible, no solo que ha omitido o incorporado de manera parcial las características de los procesos sociales – radicalmente distintas a los ciclos de reproducción de las especies animales o vegetales-, sino que equivocadamente, ha contribuido a generar una percepción según la cual, los problemas actuales podrían superarse desde una concepción biologicista, lo que acarrea el riesgo de evadir las verdaderas causas de las diferencias sociales y de la degradación ambiental (Martínez Alier, 1995). Producto de esta visión se explica que el acento concedido a la resolución de los problemas ambientales no siempre haya marchado de manera articulada con los factores sociales y económicos que los originan, o que las acciones implementadas en pos del desarrollo sostenible no hayan conjugado adecuadamente las diver-sas dimensiones contenidas en todo proceso social.

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A este sesgo inicial, se añaden otras limitaciones de carácter operativo y de naturaleza epistemoló-gica que han incidido sobre la aplicabilidad del desarrollo sostenible a lo largo de las últimas dos décadas. En lo operativo, gran parte de las dificultades para abordar el desarrollo sostenible pro-vienen de la falta de concreción de metas claras en relación a los principios y políticas enunciadas en el Programa 21. En lo fundamental, sus contenidos agrupan un conjunto de lineamientos y orientaciones generales, sin indicadores precisos ni medidas claras para evaluar su cumplimiento. Aún bajo el supuesto de que esta limitación se supere con relativa facilidad en la formulación de una nueva agenda, es casi insalvable mantener un concepto que al tiempo que propone cambios, deja intactos los pilares del sistema de producción capitalista y ofrece pocas alternativas para su-perar las asimetrías entre el Norte y Sur, así como al interior de los países. Lo que realmente está en juego es la discusión de los modelos actuales de producción y consumo y sus implicaciones negativas sobre la naturaleza y la vida de la mayor parte de la población mundial.

De mantenerse la concepción de que es posible continuar los actuales ritmos de crecimiento económico y garantizar, al mismo tiempo, la conservación ambiental o, en otras palabras, de persistir el ideal de armonización entre los aspectos económicos y ambientales, los cambios requeridos y anhelados por la humanidad y la imperiosa necesidad de conservar los sistemas de soporte de la vida enfrentarán iguales o más profundas dificultades a las que han estado presentes en los últimos veinte años.

Desde Río 1992 a la fecha, en lugar de presenciar cambios en el crecimiento económico, el mundo ha atestiguado el mantenimiento y aún la intensificación de los niveles de producción y consumo, el uso creciente de materiales y energías, la ampliación de las fronteras extractivas y la generación de mayores cantidades de residuos, con implicaciones negativas para el cum-plimiento de los compromisos del desarrollo sostenible.

La tensión entre crecimiento económico y ambiente corrobora lo ya señalado por diversas disciplinas científicas que han demostrado que no es posible maximizar diferentes objetivos al mismo tiempo (Munda, 1997). Vuelve a poner en el tapete de la discusión la importancia de considerar los límites biofísicos del planeta, de revisar la ruta por la que debería transitar la humanidad y la naturaleza a la que pertenece, y de aprovechar la oportunidad para debatir en la próxima Cumbre de las Naciones Unidas un paradigma renovado alrededor del desarrollo sostenible. La avidez por conseguir altos niveles de crecimiento económico y acumulación, o la propagación de formas de consumo insostenibles, deben dar paso un nuevo modo de convivencia entre los seres humanos y entre ellos y la naturaleza, basado en los principios de solidaridad, en la participación, y en el respeto a la diversidad cultural, social y ambiental.

Junto a estas deficiencias “de origen”, resalta el bajo nivel de cumplimiento de los compromisos mundiales. El reto frente a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero ade-más de registrar, en conjunto, un saldo desfavorable, carece de la voluntad política de los países con mayores responsabilidades sobre las emisiones, lo que se evidenció en las críticas conclu-siones de las conferencias climáticas llevadas a cabo en Kyoto, Copenhague, Cancún y Durban.

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En términos de conservación de la biodiversidad, los compromisos acordados hace 20 años tampoco evidencian cambios sustantivos fundamentalmente por la vigencia de un modelo de desarrollo sustentado en altos patrones de consumo y de términos de intercambio desfavora-bles para los países con economías primario-exportadoras, sin voluntad para fomentar meca-nismos de comercio justo o incorporar las externalidades en el precio de las materias primas exportadas. Esta realidad continúa ejerciendo una fuerte presión para extender la frontera agrí-cola a costa de bosques y superficies forestales que concentran gran parte de la diversidad biológica del planeta.

Los compromisos en materia de cooperación tienen un saldo negativo. No se han proporciona-do recursos financieros nuevos y adicionales suficientes, lo cual ha sido una enorme limitación para dinamizar el desarrollo sostenible en los países pobres.

Resulta preocupante evidenciar que el 60% de los contratos de cooperación haya terminado en las propias compañías de los países donantes. En el período 2005-2009, la cooperación económica no reembolsable recibida por Ecuador representó, en promedio, el 0,46% del PIB y el 1,54% del Presupuesto General del Estado, con valores aproximados de US$207 millones anuales. Estos recursos provienen, en su orden, de la cooperación bilateral (52%), de la mul-tilateral (31%) y de organizaciones no gubernamentales (17%) (SELA, 2009). La magnitud del aporte de la cooperación no reembolsable en este período, evidencia su peso marginal frente a los recursos que ha movilizado el propio Estado ecuatoriano para avanzar en la construcción del desarrollo sostenible.

Tampoco se ha logrado controlar, menos disminuir, el consumo excesivo e insostenible de los países desarrollados, y la introducción cada vez más extendida de esos patrones en los países en desarrollo, lo que al incrementar la presión por mayores niveles de producción, configura un escenario de profunda afectación a la salud de la Tierra. La persistencia de altos patrones de producción y consumo ha obligado a que una gran parte del mundo continúe extrayendo recursos que permitan atender la creciente demanda mundial y sus propias necesidades de desarrollo.

El mantenimiento de este orden de cosas, y aún su agudización, explican que pese al re-conocimiento de que no solo la conservación de los bosques naturales, sino la forestación y reforestación, son necesarios para restablecer el equilibrio ecológico, América Latina y El Caribe pierdan, en promedio, 4,7 millones de hectáreas anuales de bosques según la FAO. Si se considera que el 57% de los bosques primarios del mundo se encuentran en la región, es una enorme pérdida de biodiversidad.

La ampliación de la frontera agrícola como una de las principales causas de la deforestación y la creciente demanda de bienes primarios, hacen pensar que en lugar de cambios sustantivos en el flujo de materias primas, la región enfrenta un proceso de reprimarización de sus eco-nomías. Entre 1980 y 2010, la participación de la región en las exportaciones mundiales de bienes se elevó marginalmente, de un 5,1% a un 5,7%, mientras en el mismo período, la región

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ha visto caer su porcentaje en las exportaciones mundiales de servicios, de un 4,5% a un 3,4%.

Igualmente limitada ha sido la implementación de acciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo, a través de la transferencia e intercambio de cono-cimientos, el acceso a bienes públicos y comunes globales y la consiguiente revisión de los derechos de propiedad intelectual; la transferencia efectiva de tecnologías seguras, nuevas e innovadoras, dirigidas a precautelar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y los impactos del cambio climático.

La conferencia de Río en 1992 posicionó la agenda ambiental en el debate mundial. Esto fue, sin duda, un avance para su tiempo. En ese entonces los temas ambientales eran tratados no sólo como secundarios sino desvinculados con el desarrollo. Este abordaje, sin embargo, ha demostrado no ser suficiente para enfrentar la complejidad y multiplicidad de problemas existentes a nivel global.

En definitiva, las múltiples crisis, la financiera, económica, energética, alimentaria, climática, son síntomas de la crisis del modelo económico y de los estilos convencionales de desarrollo. La débil implementación de los compromisos previamente acordados demuestra que las cau-sas estructurales de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual no han sido removidas.

Hoy urge reforzar una visión holística y promover un debate de fondo sobre las orientaciones de una necesaria modificación estructural del sistema económico mundial y una redefinición de las relaciones entre países ricos y pobres, así como al interior de las sociedades. El carácter finito de la Tierra y las profundas asimetrías sociales han demostrado que existen serias con-tradicciones y restricciones para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible a nivel global en los términos acordados hace 20 años.

3. Visión general de cómo Ecuador ha abordado la construcción del desarrollo sostenible

3.1 Los avances en la aplicación del desarrollo sostenible. Ecuador en el período 1992-2012

Los 20 años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en 1992 han significado para el Ecuador una serie de transformaciones en diversos campos. La adscripción del país a los compromisos globalmente acordados en ese entonces, y la suscripción de acuerdos y tratados multilaterales que se desprendieron de dicha Cumbre (Convenciones de Río), así como su anexión a las orientaciones del Plan de Acción de Johan-nesburgo y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, determinaron que el país inicie una serie

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de transformaciones motivadas igualmente, a su interior, por la presión de sectores sociales que exigían cambios radicales frente a un orden de cosas marcado por la inequidad y la asime-tría en la distribución de los recursos y el acceso a las oportunidades.

Con gran probabilidad algunos de los avances más notables se registran en el marco legal y en el ámbito institucional. En lo legal, si bien la aprobación y vigencia de la Constitución de 1998, permitió la incorporación en la Carta Magna de definiciones y contenidos ambientales, introdujo los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y enfatizó los derechos sociales, económicos y culturales de la población ecuatoriana, garantizó al mismo tiempo la prevalencia de un modelo de desarrollo que privilegió el interés del capital y de reducidos sectores de poder. La nueva Constitución, vigente desde el 2008, propugna un país inclusivo, profundiza los derechos fundamentales y los derechos colectivos, introduce por primera vez en el mundo los derechos de la naturaleza, fortalece una perspectiva democrática y participativa, promueve al Buen Vivir como el régimen de desarrollo imperante, subraya la justicia social y establece al Estado ecuatoriano como intercultural y plurinacional. Los profundos cambios introducidos a partir de la Constitución actual han determinado que el país inicie un rediseño integral de leyes y normativas del marco jurídico institucional a tono con el Buen Vivir.

En términos institucionales, la dispersión, la fragmentación, la falta de planificación, la preva-lencia de un exacerbado centralismo que poco contribuyó a la creación y al fortalecimiento de capacidades en los territorios y una limitada capacidad de respuesta a las demandas sociales fueron los denominadores comunes que soportó el país hasta mediados de la primera década de este siglo. La crisis de legitimidad del Estado propició, entre otros elementos, una aguda inestabilidad política con sucesivos cambios en los regímenes gubernamentales (8 presiden-tes se sucedieron en el poder en el transcurso de una década, de 1996 a 2006).

Es recién en los últimos cinco años cuando esta realidad comienza a modificarse a partir de la voluntad política del gobierno de la Revolución Ciudadana de iniciar un proceso de recons-titución del Estado. En la actualidad se evidencia un mayor protagonismo del Estado en los campos económico, social, político y cultural, así como el restablecimiento del papel central que desempeña la planificación en la orientación del desarrollo del país. Luego de décadas de ausencia de planificación, el actual gobierno formuló y puso en vigencia el Plan de Desarrollo Humano del Ecuador 2007- 2010, al que le siguió el Plan Nacional para el Buen Vivir que define los objetivos, enfoques y metas por las que debe trabajar el país en el período 2009-2013. La noción del Buen Vivir sobre la que se construye el Plan se asienta sobre tres pilares.

Promueve, como primer pilar, un modelo económico incluyente, incorporando a los procesos de acumulación y redistribución a “los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado”. El segundo pilar que plantea el Buen Vivir es “el tránsito del actual an-tropocentrismo al biopluralismo”, modificando en tal virtud la relación entre los seres humanos y la naturaleza. El tercer pilar en el que se afirma la noción del Buen Vivir hace alusión a la igualdad, justicia social y a la interculturalidad (SENPLADES, 2009).

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La recuperación de la centralidad del Estado como garante del bien común ha posibilitado una paulatina legitimación del sistema político y la consecución de un proceso de estabilidad que se manifiesta en la permanencia en el poder del gobierno electo en el año 2007.

Los cambios logrados han sido también demandas de procesos de lucha, resistencia y pro-puesta de diversos sectores sociales del país. Los sectores indígenas ostentaron una trayec-toria destacada sobre todo en los últimos años de la década de los 90 y primeros años de la década anterior. La lucha organizada de mujeres, jóvenes y campesinos dio paso, igualmente, a la incorporación de sus planteamientos dentro de las agendas políticas del país.

Cómo estos cambios se traducen en acciones concretas dentro de las tres dimensiones prio-rizadas en los postulados del Programa 21 y de los acuerdos multilaterales derivados de la Cumbre de la Tierra, es el propósito del análisis que se presenta en las siguientes páginas.

Dimensión social

En lo social, existe evidencia empírica de avances importantes conseguidos por el país en estas dos últimas décadas. En 1992, producto de las políticas de ajuste y de la denominada flexibilización del mercado laboral, la pobreza afectaba a cerca de dos terceras partes de la población ecuatoriana. Durante los años 90, la superación de la pobreza registró un lento pro-greso y aún retrocesos en determinadas coyunturas (como lo acontecido a raíz de una de las mayores crisis que atravesó el país a finales de los años 90 del siglo anterior). Las estrategias privilegiadas para paliar los problemas sociales, fueron las políticas públicas focalizadas para atender a la población en extrema pobreza y el traslado de los costos sociales a las familias e individuos bajo la premisa de la autogestión.

Esta tendencia ha comenzado a revertirse paulatinamente en el país. Al iniciar la década pasa-da, la pobreza medida por ingresos afectaba a cerca de la mitad de la población, con un peso especialmente severo en las áreas rurales donde 7 de cada 10 personas no tenían los ingresos suficientes para desarrollar una vida digna. Según información oficial, para el año 2011, en el país aproximadamente 3 de cada 10 ecuatorianos eran pobres, con importantes cambios en el sector rural, donde la pobreza bajó en más de 20 puntos porcentuales en el período 2003-2011 (Gráfico No. 1).

Los logros alcanzados en los últimos cinco años en la lucha contra la pobreza son, en gran medida, el resultado del significativo incremento en la inversión social –que creció 2,5 veces en los cinco años comprendidos entre 2006-2011-, del crecimiento de la inversión pública dirigida a la construcción de obras de diverso tipo y de una fuerte política de democratización de los servicios sociales que persigue el acceso universal de la población ecuatoriana a educa-ción primaria y salud, lo que lleva a concluir que “el actual crecimiento económico promueve la igualdad” (SENPLADES, 2012).

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Gráfico No. 1. Tendencia de la pobreza por ingresos*

Fuente y elaboración: SENPLADES, 2012

Los esfuerzos por erradicar la pobreza se han concentrado en los últimos años en la población que enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad, según lo reconocen las entidades públicas responsables del sector social. El bono de desarrollo humano, que inició en el año 1998 bajo la denominación de Bono Solidario, es una transferencia monetaria mensual (US$ 35) que perciben los sectores sociales más pobres, condicionada a la inversión en educación y salud. Este programa cubre en la actualidad a más de 1,8 millones de personas. De manera complementaria, desde el año 2007, el país ha mostrado una seria preocupación por atender a las personas con capacidades especiales. Los éxitos cosechados por los programas “Manuela Espejo” y “Joaquín Gallegos Lara” han convocado el interés de otros países en el ánimo de replicar tales políticas.

En educación, el estancamiento registrado durante casi una década en la lucha contra el anal-fabetismo ha comenzado a modificarse. Según información oficial, Ecuador ha pasado de un 11,7% de personas analfabetas en 1990, a 9,01% de personas analfabetas en el 2001, y a 8,03% para el 2011 (INEC, 2011). La tasa de escolarización básica ascendió al 94,9% en el 2009, lo que refleja un incremento de más de diez puntos porcentuales en relación al año 2005 cuando este indicador era del 84%, con un mayor incremento en la cobertura educativa entre población indígena y afro-ecuatoriana (INEC, 2011). Estos cambios se explican por el impor-tante aumento en la participación de la inversión en educación dentro del PIB que ascendió de 1,8% en el año 2000 a 3,7% luego de una década (Luna y Astorga, 2011). En la actualidad, el 12% del presupuesto del Estado se destina a educación (SENPLADES, 2012).

Progresos igualmente importantes destacan en el abastecimiento de agua potable y en general una mayor cobertura de los servicios básicos (Gráfico No. 2): en 1990 solo el 57% de las vi-

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viendas estaban conectadas a la red pública de agua, en el 2011 más de 7 de cada 10 viviendas cuentan con servicio de red pública de agua, lo que acerca al país a una cobertura casi total. Mayor aún es la cobertura de luz eléctrica que en el lapso de veinte años ha crecido en cerca de 20 puntos porcentuales al pasar de 77,66% en 1990, al 89,67% en el 2001 y a 94,77% en el 2010. En relación con el alcantarillado, las viviendas conectadas a la red pública pasaron de 39,49%, a 48,03% y a 53,59% en los años 1990, 2001 y 2010, respectivamente (INEC, 2010).

Gráfico No. 2. Evolución de la cobertura de servicios básicos

Fuente: INEC, 2010. Elaboración: Propia

La ampliación de la cobertura en servicios básicos, las mejoras en equipamiento2, así como la mayor inversión en salud3, han incidido sobre la reducción de la tasa de mortalidad de la población ecuatoriana que pasó de 5 por mil en 1992, a 4,4 por mil en el año 2002 y a 4,3 por mil en el 2010 (www.inec.gov.ec/estadisticas/), mientras la esperanza de vida aumentó de 70 años en 1990 a 75 en el 2010 (www.risalc.org/portal/). Ha sido particularmente importante la disminución de la mortalidad infantil que se redujo en más del doble en el período 1990-2009, al pasar de 379,1 por 10.000 nacidos vivos a 151,9 por 10.000 nacidos vivos, en estos años (MSP, 2011).

El análisis de los avances y brechas en la protección y fomento de la salud humana elaborado por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2012) para el período 1992- 2010, permite concluir que mientras las enfermedades prevenibles y las transmisibles por vectores registran una disminución de 2,6 veces entre estos 18 años, las enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles), los trastornos mentales, las infecciones respiratorias agudas y las enfer-medades transmisibles por alimentos, agua y causas externas, experimentan aumentos que oscilan entre 2,2 a 16,6 veces en los años estudiados (Cuadro No.1).

2 El número de camas hospitalarias disponibles creció en un 77% entre los años 1991-2010 al pasar de 17.324 a 22.364, respec-tivamente y se construyeron 312 establecimientos en el lapso de los 9 años comprendidos entre 2000-2009. Para el 2009, el país contaba con 728 establecimientos de salud sin internación y 3.166 con internación (INEC, 2010).3 La participación de la inversión en salud sobre el presupuesto del Estado pasó de 5% en el 2006 a 6% en el 2011 (SENPLADES, 2012).

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Cuadro No. 1. Evolución de las tasas de morbilidad 1992-2010

Fuente y elaboración: MSP, 2012

Estas variaciones, que podrían inducir a pensar en un aparente deterioro de la condición de salud de la población ecuatoriana, se explican por la mejora en los sistema de registro, el mayor acceso de la población ecuatoriana a los servicios de salud4 y variaciones en el perfil epidemiológico por el que atraviesa el país y que están ligados con la modificación abrupta de los patrones alimenticios, el aumento en los niveles de contaminación y uso de agroquímicos y otros insumos productivos con efectos nocivos sobre la salud, el aumento de la incidencia del VIH-SIDA, el cambio en los patrones de asentamiento demográfico del país con los con-siguientes problemas derivados de la urbanización y los fuertes cambios en temperatura y humedad que afectan sobre todo a las provincias costeras (Ibid.).

Si bien la alta cobertura actual en servicios básicos, así como los cambios en la salud de la población evidencian que a lo largo de los últimos 20 años el país ha mantenido un ritmo de inversión importante, cabe destacar que a partir del 2007 lo sustantivo del financiamiento para la inversión de este tipo de programas proviene del presupuesto nacional y no de créditos concedidos por los bancos internacionales ni del pago de los servicios por parte de la pobla-ción, como sucedía en años anteriores. El giro en la forma en cómo se financia la provisión de servicios públicos evidencia la voluntad y decisión política para cubrir los derechos básicos de la población ecuatoriana con recursos propios.

El conjunto de cambios descritos repercutieron en la disminución de los niveles de inequidad existentes en el país (Gráfico No. 3), según lo corrobora el progreso registrado en el índice de Gini por ingresos que bajó 16 puntos entre el 2003 y 2011 (SENPLADES, 2012).

4 Se estima que en el 2010, cada ecuatoriano podría haber asistido a consultas médicas en los servicios de salud pública del país (SENPLADES, 2010).

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Gráfico No. 3. Evolución del índice de Gini por ingresos

Fuente y elaboración: SENPLADES, 2012

Dimensión económica

Durante la década de los años 90 Ecuador no estuvo al margen de los programas y políticas de estabilización y ajuste estructural aplicados en toda la región. Al constituirse la estabiliza-ción macro económica en el centro de las preocupaciones, los sucesivos gobiernos privile-giaron el ajuste fiscal, el pago de la deuda externa, la reducción de la volatilidad cambiaria y el control de la inflación. Las medidas aplicadas lejos de contribuir a reactivar la economía, condujeron a una mayor concentración del ingreso, favorecieron la declinación de los salarios reales y acentuaron el deterioro de los servicios públicos a través de los recortes presu-puestarios sobre la inversión social (Falconí y Oleas, 2004). Ante esta situación, la opción migratoria fue la respuesta de un alto número de ecuatorianas y ecuatorianos que decidieron explorar nuevas oportunidades en países del Norte (España, Italia y Estados Unidos). Se es-tima que en el transcurso de dos años (1998-2000) habrían emigrado un millón de personas (Carvajal, 2011).

Hacia finales de dicha década, Ecuador se sumergía en una de sus peores crisis: mientras los nueve deciles de la población redujeron sus ingresos entre 1990 y 2000, el decil más rico aumentó sus ingresos de 35,4% a 45,3% y la caída de la inversión social colocó al país entre

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los lugares más bajos de la región (Carvajal, 2011). Factores internos y externos como la disminución en el precio del petróleo, los negativos impactos productivos como consecuencia del fenómeno de El Niño, el drástico derrumbamiento del producto interno bruto –que se re-dujo en más del 7% hacia fines del año 1999-, la abultada emisión monetaria para proteger la operación del sistema financiero privado y el bloqueo de los flujos internacionales, prepararon el escenario propicio para adoptar una apresurada medida de dolarización de la economía ecuatoriana en enero del 2000.

Los sectores que defendían la dolarización, al tiempo de promocionar esta medida como la única respuesta viable frente a la crisis, minimizaron los efectos que ésta generaría sobre la pérdida de las políticas monetaria y cambiaria del país (Falconí y Oleas, 2004). La supuesta estabilidad que se prometía con la dolarización no llegó en los años inmediatamente poste-riores a la adopción de esta medida, ni frenó tampoco la salida de importantes contingentes humanos hacia otros países (para el 2005 se estima que 2,5 millones de personas emigraron de Ecuador), menos aún impidió el cierre de más del 50% de los bancos locales.

A partir de la segunda mitad de la primera década de este siglo, el país retoma un ritmo de crecimiento (Gráfico No. 3) y revierte la inestabilidad del período anterior como consecuencia fundamentalmente de políticas orientadas a recuperar el grueso de los ingresos petroleros para el país (actualmente el Estado recibe 46 millones de dólares adicionales por cada dólar de aumento en el precio del barril de petróleo) –que en gobiernos anteriores estuvieron en manos de empresas internacionales-; de un fuerte impulso a la inversión pública, un manejo más eficiente de la política tributaria5, la imposición de límites al endeudamiento externo, y el control al ingreso indiscriminado de importaciones. La aplicación de estas medidas de política determinan que desde el año 2008, los ingresos tributarios sean la mayor fuente de ingresos fiscales (alrededor del 40%), seguidos por los ingresos provenientes de la exportación de petróleo (30% aproximadamente) (Banco Central, 2009).

El 0,4% de crecimiento del PIB en el 2009 es consecuencia de la caída de las exportaciones (principalmente petróleo) e importaciones provocadas por el impacto de la crisis a nivel mun-dial. Esta crisis, sin embargo, no ha repercutido en problemas internos de la magnitud de lo sucedido en otros países. De hecho, dos años más tarde se evidencia una recuperación en el crecimiento del PIB (8%), ubicando al Ecuador como el país con mayor crecimiento económi-co en América Latina (SENPLADES, 2012).

Indicadores elocuentes de la estabilidad económica experimentada en los últimos años son las mejoras en las tasas de desempleo y el subempleo urbanos que para diciembre del 2011 representaban el 5,1% y 44,2%, respectivamente, cuando en el 2007 ascendían, en su orden, a 6,1% y 50,2% (INEC, 2011).

5 Según información del Servicio de Rentas Internas, la recaudación tributaria se ha duplicado entre el 2006 y 2011 (SENPLADES, 2012).

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Gráfico No. 3. Evolución del Producto Interno Bruto. Variación anual (%)

Fuente: CEPAL, 2012 Elaboración: Propia

El crecimiento y la estabilidad económica descansan en la importancia concedida por el país en la gestión soberana de la economía que tiene una de las manifestaciones más visibles en el manejo de la deuda externa. A partir de una auditoría a la deuda externa para determinar deudas ilegítimas, y de la renegociación de los Bonos Global 2012 y 2030, Ecuador ha podido superar el peso que representaba la deuda (Gráfico No. 4). Mientras en el año 2000, la razón deuda/PIB era del 89%, en el 2009, este indicador cayó al 20% (Banco Central, 2009).

Gráfico No. 4. Evolución del endeudamiento público (en millones de dólares)

Fuente y elaboración: Banco Central, 2009

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Para que el crecimiento económico se traduzca en acciones de largo aliento, el actual gobierno ha otorgado un énfasis especial a los temas relacionados con inversión y tecnología. Además de fortalecer la institucionalidad responsable del manejo de este sector –lo que se traduce en recursos humanos, infraestructura y proyectos-, ha desplegado un serio esfuerzo por in-crementar su presupuesto. Mientras en el período 1993-2006 la inversión pública promedio en proyectos de investigación, desarrollo, innovación y fortalecimiento del talento humano no sobrepasó los 2,3 millones de dólares anuales, en los cuatro años comprendidos entre 2007-2010 la inversión pública promedio destinada a este sector fue de 16,5 millones de dólares anuales. (Ponce, 2011).

En la perspectiva de crear las condiciones necesarias para superar la dependencia de las ma-terias primas, la voluntad por fortalecer políticas internas de fomento a la investigación y la tecnología se complementa, en el plano internacional, con la necesidad de avanzar en un manejo económico alternativo. En esta dirección, Ecuador ha impulsado la construcción de una nueva Arquitectura Financiera Internacional y Regional que comprende un uso eficiente de las reservas nacionales y regionales, mecanismos de transacciones como el SUCRE, el desarrollo de nuevos mecanismos tributarios a las transacciones financieras y un impuesto a la venta de petróleo a los países consumidores. Las iniciativas impulsadas por el país han recibido el apoyo regional, en la medida en que las propuestas en torno a la nueva arquitectura financiera apuntan a recuperar la soberanía de los Estados, enfatizar los principios de equidad, transparencia, igualdad, interés común, cooperación y solidaridad entre los pueblos; así como romper la dependencia frente al endeudamiento externo.

Dimensión ambiental

Desde la Cumbre de la Tierra a la actualidad, algunos aspectos merecen destacarse en relación a los avances en el cumplimiento del desarrollo sostenible en lo que respecta a la dimensión ambiental. Un hito importante en esta dirección es la creación del Ministerio de Ambiente (1996) y la consecuente entrega de la rectoría en materia ambiental a una entidad con jerarquía para la definición y aplicación de políticas públicas en este ámbito. El establecimiento del Ministerio del Ambiente posibilitó, entre otros aspectos, concentrar competencias y respon-sabilidades que hasta ese momento estaban diluidas entre diversas instituciones, así como reconocer una mayor importancia a la gestión ambiental en el país.

Junto al nuevo arreglo institucional, en la década de los años 90 se dio paso a la formulación de diversa normativa que más tarde sería ratificada, en 1998, con la aprobación de la Constitu-ción. La Carta Fundamental vigente en ese entonces incorporó la noción de desarrollo sosteni-ble, el reconocimiento de los derechos colectivos, decretó la institucionalización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP-, precisó el derecho soberano del Estado ecuatoriano sobre la diversidad biológica, estableció la consulta previa a pueblos y comunidades respecto a actividades que afecten el ambiente en el que viven, y abrió el camino para la formulación de diversas normativas y estrategias de política volcadas a fomentar la conservación de la biodiversidad y favorecer una consistente gestión ambiental, en consonancia con los acuerdos internacionales suscritos por el país (Narváez, 2011).

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Entre la importante normativa generada a partir de la Constitución de 1998 y en los años inme-diatamente posteriores destacan: la Ley de Gestión Ambiental, la Política y Estrategia para la Conservación de la Diversidad Biológica en el Sector Forestal del Ecuador y la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable, Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001-2010, la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable, el Reglamento sobre la Consulta y Parti-cipación para la realización de Actividades Hidrocarburíferas, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente.

Estos avances se consolidaron cualitativamente una década después, a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, que por primera vez a nivel mundial incorpora los derechos de la naturaleza, fortalece las garantías individuales y colectivas para vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, consigna la responsabilidad del Estado para adoptar medidas para la mitigación del cambio climático y la conservación de bosques y vegetación, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales degradados. Al reconocer los derechos de la naturaleza, es posible llevar a la práctica la protección del ambiente a través de un marco jurídico que garantiza la existencia y estructura de la naturaleza y el respeto a sus ciclos de reproducción y regeneración. Se establece además el alcance de esos derechos, enunciando que cualquier delito en su contra es impres-criptible y que se optará siempre a favor de la naturaleza en caso de duda.

La nueva Constitución generó, adicionalmente, el marco para el desarrollo de instrumentos legales complementarios entre los que destacan la elaboración del Código Orgánico de Am-biente que regulará y normará los derechos ambientales, la organización institucional, la ges-tión de ecosistemas, patrimonios naturales y biodiversidad, el manejo ambiental y el régimen sancionatorio frente a violaciones a la naturaleza y los derechos ambientales de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.

Por otro lado, la Constitución actual también promovió el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a temáticas ambientales. En el año 2007, se creó el Ministerio Coordinador de Patri-monio, con el objetivo de proponer, coordinar, concertar y monitorear las políticas públicas y acciones sectoriales referente a los patrimonios naturales y culturales, lo que permite ejercer una verdadera rectoría del sector de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

En el año 2008, se creó la Secretaría Nacional del Agua –SENAGUA- cuya misión es “dirigir la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente administra-ción del uso y aprovechamiento del agua”. Con la creación de SENAGUA se ha dado paso a procesos de planificación y organización del territorio definidos por demarcaciones hídricas y, de manera fundamental, se ha enfatizado en el reconocimiento del agua como recurso na-tural estratégico. Este reconocimiento apunta a viabilizar el cumplimiento de disposiciones constitucionales que consignan el derecho humano al agua como un derecho fundamental e irrenunciable para lo que, además, está en proceso de construcción la Ley de Aguas que, entre otros aspectos, normará su acceso y distribución equitativa.

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Es también relevante la creación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – SNGR- (2008) y el consecuente desarrollo y aplicación de un enfoque de seguridad integral, que cubre aspectos ligados a desastres naturales y gestión de riesgos desde una perspectiva que reconoce la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas. Además de la formulación de planes de respuesta, mapas de vulnerabilidades y herramientas diversas para prevenir y manejar desastres, la SNGR apoya a los gobiernos autónomos descentralizados con asistencia técnica y recursos de co-financiamiento para obras de mitigación de riesgos y desarrolla un intenso trabajo de capacitación y coordinación con los sectores público y privado.

Dentro del Ministerio del Ambiente, desde el año 2009 funciona el Programa de Reparación Ambiental y Social –PRAS- con el objetivo de formular y velar por la aplicación de lineamien-tos para la reparación integral de daños ambientales y sociales provocados por actividades económicas. El programa ha desarrollado un sistema de indicadores de pasivos ambientales (SIPAS), con el propósito de conocer la distribución geográfica de los mismos y priorizar las intervenciones, lo que contribuye a incorporar el ambiente en el desarrollo y la toma de decisiones, y realizar procesos de investigación que sustenten la formulación de instrumentos normativos para fortalecer la prevención y reducir los niveles de vulnerabilidad.

En el ámbito del control de emisiones, Ecuador está realizando serios esfuerzos por modificar su matriz energética: entre 1990 y 2009 la producción de hidroenergía casi se ha duplicado (de 3,4 a 6,3 10(6)Bep) (OLADE citado por Falconí y Vallejo, 2012).

Estos parámetros tenderán a aumentar en el futuro, producto de la actual construcción de pro-yectos hidroeléctricos con la intención de disminuir la dependencia de la generación eléctrica a través de la quema de combustibles.

Junto a esto, Ecuador ha promulgado legislación nacional y ha puesto en marcha proyectos de seguimiento y control de emisiones6 y optimización en el uso de la energía eléctrica en los campos petroleros, iniciativas de uso de energía eólica en el sur del país y un programa nacional de reemplazo de focos ahorradores7. Estos programas se complementan con otros que favorecen el mantenimiento de la cobertura vegetal como Socio Bosque y la incursión del Ecuador en la iniciativa de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero debidas a Deforestación y Degradación (REDD), que permitiría el acceso a recursos financieros del mercado de carbono y de otras fuentes para apoyar iniciativas sustentables de uso y gestión del territorio (MAE, 2011a).

El Programa Socio Bosque, en ejecución desde fines de diciembre del 2008, es un programa que al mismo tiempo que provee incentivos económicos8 a campesinos y comunidades indí-genas que se comprometen a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u

6 A las dos ciudades que tradicionalmente han medido la calidad de aire, Quito y Cuenca, sehan incorporado otras cuatro, Latacunga, Ambato, Riobamba y Santo Domingo, que están haciendo esfuerzos por contar con información en esa temática (medición de PM10).7 En la actualidad el 83,9% de los hogares ecuatorianos utilizan focos ahorradores (www.inec.gob.ec).8 Los incentivos (transferencias monetarias) que reciben las personas y comunidades que participan en el Programa se respaldan en convenios que tienen un plazo de 20 años de duración y en documentos que respalden la legalización de la tierra. El incentivo para la conservación varía en función del ecosistema y de las características del bosque: desde 20 US$ al año por hectárea en bosque de planicie, hasta 60 US$ por hectárea en páramos.

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otras formaciones vegetales nativas, busca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales (MAE, 2011b). Hasta el 2011, 883.223,14 hectáreas de bosque nativo y páramos es-taban bajo conservación a través de este Programa, con una cobertura social de un poco más de 90 mil personas (MAE, 2011d).

Los incentivos anuales (US$ 7,7 millones), los costos de monitoreo, el impulso de actividades productivas y los gastos de administración, configuran un presupuesto total de alrededor de 9,5 millones de dólares para el año 2012, lo que representa el 0,017% del presupuesto del Estado ecuatoriano. En este escenario, el gobierno ha planteado aumentar paulatinamente las áreas de conservación apoyadas por Socio Bosque, hasta alcanzar aproximadamente 4 millo-nes de hectáreas (MAE, 2011d).

Más allá de programas y estrategias concretas para controlar las emisiones, formular la Estra-tegia Nacional de Cambio Climático que fuera elaborada por las instituciones integrantes del Comité Interministerial de Cambio Climático, cumplir con los compromisos de la Convención de Cambio Climático con la presentación de las dos comunicaciones nacionales acordadas en el concierto internacional, Ecuador ha planteado al mundo iniciativas novedosas y pioneras en esta temática. Destacan en esta dirección el concepto de Emisiones Netas Evitadas –ENE- y la Iniciativa Yasuní- ITT.

Las Emisiones Netas Evitadas constituyen las emisiones que pudiendo ser realizadas en la economía de cada país no son emitidas en la perspectiva de cambiar el modelo de desarrollo, respetar la biodiversidad y estimular el cambio de la matriz energética.

En la medida en que las emisiones evitadas apuntan a conseguir un balance neto positivo en la re-ducción de emisiones y complementan los esfuerzos actuales para cumplir con las metas y objetivos de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, su aplicación debe ser compensada.

La idea central de la Iniciativa Yasuní-ITT consiste en no explotar el bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, con el fin de conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, promover el desarrollo social y combatir el cambio climático al evitar la emisión de gases de efecto invernadero que se generarían de la explotación de cerca de 846 millones de barriles de petróleo. Al dejar el petróleo bajo tierra y evitar la emisión de alrededor de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles, Ecuador solicita a la comunidad internacional, bajo el principio de corresponsabilidad, una compensación equivalente de al menos USD 3.600 millones, es decir la mitad de lo que el país obtendría de la explotación de dichos yacimientos (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010). Estos recursos serán desti-nados para el cambio de la matriz energética, la conservación efectiva de las áreas protegidas; la reforestación de un millón de hectáreas de bosques; el aumento de la eficiencia energética; el desarrollo social en las zonas de influencia de la Iniciativa; y, la investigación y desarrollo tecnológico. El planteamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT se sustenta en el reconocimiento de los valores de uso y servicio, de los valores no crematísticos de la seguridad ambiental y el mantenimiento de la diversidad planetaria.

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Son igualmente relevantes los esfuerzos que ha impulsado el país a favor de la conservación de la biodiversidad. En este ámbito destaca el importante incremento en el número y superficie de áreas protegidas. De 16 áreas protegidas existentes en 1996, en la actualidad se ha pasado a 46 (19,1% de la superficie del territorio nacional), con dos importantes áreas marinas (Galápagos y Galera San Francisco) (MAE, 2011c). A estas áreas, manejadas directamente por el Ministerio del Am-biente, comunidades locales y gobiernos autónomos descentralizados, se suma una importante superficie de bosques manejados por la iniciativa privada (más de 80 mil hectáreas) (MAE, 2006).

En la protección y conservación de la biodiversidad y de ecosistemas particularmente valiosos, es importante destacar el reconocimiento constitucional de la Amazonía como una región es-pecial, de carácter estratégico, debido a la riqueza cultural y biológica que posee. Esta decla-ratoria se volcará en una Ley para la Circunscripción Territorial Amazónica que permitirá, entre otros aspectos, avanzar en la construcción del Estado plurinacional e intercultural y fortalecer las políticas de protección de la biodiversidad (ECORAE).

La salvaguarda del patrimonio natural del país se complementa con la reciente promulgación del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de Conocimientos Ancestrales que precisa el alcance nacional del régimen común sobre acceso a recursos genéticos definido a nivel de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2006 (Decisión 391), así como de los linea-mientos del Convenio de Diversidad Biológica, en el marco de las disposiciones constitucionales.

3.2 Limitaciones y dificultades: los desafíos pendientes

El Ecuador muestra cambios relevantes en el período 1992-2012. La población pasóde 9,6 mi-llones de habitantes en 1990 a más de 14,5 millones de habitantes en el año 2010. El patrón de asentamiento poblacional del país se modificó en este período, con cada vez mayor cantidad de población asentada en ciudades grandes e intermedias.

En la actualidad en el sector urbano viven 1,7 veces más personas que hace 20 años atrás (INEC, 2010), con el consecuente incremento en el uso de energía, materiales y generación de desechos. El ingreso per cápita creció en 1,4 veces entre 1990 y 2010 y en general es un país con menos diferencias que al inicio de la última década del siglo pasado.

Todos estos cambios han permitido superar algunas barreras que obstaculizaban la conse-cución del desarrollo sostenible; sin embargo, otros problemas se han agudizado y persisten dificultades y problemas que ameritan especial atención y cuyo detalle se presenta en las siguientes páginas.

Desafíos de la dimensión social

Pese al protagonismo adquirido por los sectores sociales organizados en décadas anteriores, lo que se manifestó con especial relevancia en determinadas coyunturas (paros nacionales y

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movilización de sindicatos urbanos desde los setenta a los noventa, levantamientos indígenas de la última década del siglo anterior, movimientos de mujeres, asociaciones barriales y gru-pos portadores de diversas propuestas políticas durante al menos los últimos veinte años), se evidencia que prevalece un débil tejido social y bajos niveles organizativos de la población. Aunque los actores sociales hayan perdido la fuerza de movilización y propuesta que les ca-racterizó en años anteriores, es indiscutible que indígenas, mujeres, jóvenes y otros actores emergentes “han marcado ya un cambio sustancial en la escena política” (León, 2011) y que no será posible prescindir de su opinión y perspectivas en la construcción del Buen Vivir y del Estado intercultural y plurinacional que dispone la Constitución, en medio de la profundización de un ejercicio democrático sustentado en mayores niveles de participación.

El establecimiento del Consejo de Participación Ciudadana –reconocido como el quinto poder- que faculta y promueve el protagonismo de la participación de la ciudadanía y el control social en los diversos ámbitos que afectan la vida de la población, iniciativa pionera que se impulsa con la actual Constitución y la expedición y vigencia de la Ley Orgánica de Participación Ciu-dadana pueden ser oportunidades para ampliar y mejorar el diálogo entre diversos.

Este desafío debe enfrentarse junto a otros relacionados con la profundización de los cambios alcanzados en los últimos años. En esta dirección, el gobierno reconoce que la ampliación en la cobertura de los servicios sociales reclama aún de mejoras en la calidad. Tal requerimiento es sobre todo evidente en las zonas rurales que, además de cambios cualitativos en la atención y prestación de servicios, demandan el desarrollo de respuestas adecuadas y adaptadas a las características culturales y ambientales locales. Se aprecia que la aplicación de políticas homogéneas, independientemente de las particularidades sociales o geográficas, no solo que involucra riesgos para la sostenibilidad, sino que representa una práctica de escasa valoración y respeto a la diversidad.

En el ámbito de la salud son todavía débiles los engranajes institucionales y programáticos entre salud y ambiente, así como en torno al impulso y desarrollo de estrategias de prevención en salud. Tales debilidades repercuten en la integralidad que demanda este enfoque y en el cumplimiento de los actuales principios constitucionales (MSP, 2012). Las dificultades en este ámbito se espera puedan ser sorteadas a partir del funcionamiento periódico y continuo del comité interinstitucional para la gestión de residuos sólidos que fuera establecido en el año 2006 con la participación de los ministerios de Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda y Salud, así como de la reorganización institucional vigente desde el 2010 y que determinó que el Ministerio del Ambiente asuma la coordinación en torno al manejo de los desechos sólidos9. El país se ha propuesto que para el 2013, el 70% de los residuos sólidos se depositen en sistemas controlados de disposición final.

Un desafío también pendiente es el despliegue de esfuerzos más sostenidos para reducir las disparidades entre las regiones y entre sectores sociales existentes. Pese a los avances en la

9 Según entrevista mantenida con Fabián Espinosa, Gerente del Programa de Manejo Integralde Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente.

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superación de la pobreza, el ingreso familiar mensual promedio de las familias ecuatorianas únicamente permitía cubrir el 85,3% de la canasta básica y la cobertura del seguro social solo alcanzaba a un poco más de la mitad de la población urbana (SENPLADES, 2012). Tampoco ha sido posible corregir el hecho de que la mayor parte de los pobres sean indígenas, afro-ecuatorianos y montubios (Gráfico No. 5) y que aún en el 2011, la mitad de las personas que vivían en áreas rurales enfrenten pobreza.

Gráfico No. 5. Incidencia de la pobreza por pertenencia étnica (en %)

Fuente: SENPLADES, 2012 Elaboración: Propia

Al respeto parecería no ser suficiente el énfasis concedido a la erradicación de la pobreza que en gran parte se asienta en la entrega de transferencias monetarias mensuales –bono de desarrollo humano- dirigidas a los sectores sociales ubicados en los deciles más bajos. Es necesario emprender medidas encaminadas a reducir las diferencias entre ricos y pobres, a mejorar la distribución de la riqueza y de los medios de producción y a generar nuevas alter-nativas de trabajo y empleo.

En lo institucional, la limitación más aguda guarda relación con las falencias en materia de descentralización y desconcentración. Gran parte de estas deficiencias se originan por las dife-rencias estructurales que el país arrastra y el impulso de un modelo de desarrollo centrado en contados polos de crecimiento que caracterizó su desenvolvimiento durante buena parte de su historia. Los esfuerzos realizados por el actual gobierno para promover una mayor coordinación intersectorial, requieren el fortalecimiento de los niveles de articulación entre las entidades públicas y en los diferentes ámbitos de administración (central, provincial, municipal y pa-rroquial), así como el mejoramiento de las capacidades de gestión institucional a nivel local.

Para la superación de estas dificultades, la vigencia del Código Orgánico de Ordenamiento Te-rritorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) abre importantes oportunidades. El Código

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persigue, entre otro aspectos, potenciar la descentralización en el país a través de la transfe-rencia obligatoria y progresiva de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), para lo que prevé destinar el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado.

Desafíos en el ámbito económico

Una de las mayores dificultades que enfrenta el país es que su crecimiento y desarrollo conti-núan fuertemente atados a la exportación de productos primarios (petróleo, banano, camaro-nes, flores, cacao, minerales) (Gráfico No. 6) y a mercados poco diversificados: el 47% de las exportaciones totales del país se dirigen a Estados Unidos y la Unión Europea (CEPAL, 2011 citado por Falconí y Vallejo, 2012).

Gráfico No. 6. Evolución de las exportaciones primarias e industrializadas(en millones de dólares)

Fuente: Banco Central, 2009 Elaboración: Propia

Durante las dos décadas que se ubican entre 1990 y 2009, la participación de las exportaciones en el PIB se ha mantenido casi invariable: mientras las exportaciones primarias representaron el 19,7% en 1990, 23,4% en el año 2000 y 22,7% en el 2009; las exportaciones industriali-zadas han pasado del 18,2%, 17,9% al 15,6%, en los mismo años (Falconí y Vallejo, 2012).

Como ya lo advirtieron algunos teóricos latinoamericanos hace más de 50 años, el comercio mundial se caracteriza por la presencia de dos tendencias: por un lado, un deterioro secular

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del valor de las exportaciones de los países proveedores de materias primas; y, por otro, la elevación, en el largo plazo, de los precios de las importaciones de los bienes manufacturados, servicios y patentes que realizan esos mismos países. El resultado final es que los países espe-cializados en la exportación de productos primarios se ven presionados a exportar un volumen creciente de materias primas para importar manufacturas que no pueden producir al interior de sus fronteras debido a la carencia de la capacidad productiva necesaria. Las políticas neolibe-rales aplicadas en el país y la región, lejos de cuestionar esta forma de inserción, fijaron sus expectativas de crecimiento en la promoción de las exportaciones lo que junto al incremento de la demanda de países como China e India, abrió un escenario propicio para lo que se ha dado en llamar como reprimarización de la economía.

A la necesidad de aumentar los volúmenes de exportaciones para mantener el valor adquisitivo y el flujo de divisas, se añaden los costos del deterioro y agotamiento de los recursos naturales: las externalidades que no se valoran ni se compensan. La exportación de bienes primarios trae consigo la destrucción de ecosistemas, la pérdida de especies, la contaminación de tierra, agua y aire, la aparición de enfermedades asociadas a la utilización indiscriminada de quími-cos, y una salida de materiales desde el país hacia otras economías, lo que ha dado paso al debate del intercambio ecológicamente desigual (Muradian, 2001 y Martínez-Alier, 2002) que complementa y enriquece los análisis económicos que explicaron el papel de las economías latinoamericanas en el pasado.

El desequilibrio físico, medido por la diferencia entre las importaciones y exportaciones en unidades físicas fue en el caso del Ecuador de 11,3 millones de toneladas en 1990 para situar-se en 2009 en 15,4 millones de toneladas (Gráfico No. 7) (Falconí y Vallejo, 2012). Para este año, la diferencia entre exportaciones e importaciones realizadas por el país revela que Ecuador exportó 2,3 veces más materiales de los que importó.

Gráfico No. 7. Balance comercial físico del Ecuador

Fuente y elaboración: Falconí y Vallejo, 2012

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Además de la vulnerabilidad que genera este escenario por la volatilidad de los precios, el deterioro de los términos de intercambio y las implicaciones negativas sobre la naturaleza, el mayor riesgo de esta dependencia radica en que en determinadas coyunturas políticas y eco-nómicas podría incentivarse un comportamiento extractivista a fin de atender las necesidades de divisas, más aún si se considera la pérdida de capacidad nacional para el manejo de la política monetaria, la sujeción del país a las fluctuaciones del precio del petróleo, y la merma en el flujo de las remesas enviadas por los migrantes.

De hecho, uno de los desafíos inmediatos que enfrentará el país está asociado con la expansión de la frontera minera y petrolera10 y la consiguiente necesidad de abrir espacios de diálogo y participación entre el gobierno y los sectores sociales que advierten sobre los impactos negativos que podría acarrear el establecimiento y operación de minas y nuevos campos hidrocarburíferos. El debate al respecto contribuirá, por otra parte, a disminuir la tensión entre políticas de generación de ingresos fuertemente dependientes de la extracción de recursos naturales y los postulados constitucionales que promueven los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos.

La superación de la alta dependencia respecto al sector primario y la consiguiente transformación de la matriz productiva reclama incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Los mayores recursos que en la actualidad se destinan para este propósito son aún insuficientes sobre todo si se considera los bajos niveles que históricamente ha destinado el Estado a la inversión en ciencia y tecnología y los consecuentes esfuerzos que deberá realizar el país para cerrar esta brecha.

La modificación de la matriz productiva pasa, por otro lado, por el incremento de los niveles de productividad del país que históricamente se han caracterizado por bajos indicadores en com-paración con otros países de la región, la canalización de recursos y esfuerzos para impulsar áreas en las que Ecuador tiene un potencial especial como biodiversidad agrícola y forestal, la promoción de sectores productivos y de servicios en los que el país ha alcanzado significati-vos logros (desarrollo de software, por ejemplo); el fortalecimiento de la economía popular y solidaria, en reconocimiento y respeto de las culturas locales y su relación con el entorno; y, el fomento del turismo cultural, de naturaleza, deportivo, comunitario, entre otras modalidades. Si se considera la riqueza natural y cultural del país, este último puede convertirse en un cata-lizador del cambio (SENPLADES, 2012).

Las limitaciones en la introducción de cambios en la matriz productiva explican que no haya sido posible avanzar con mayor énfasis en la formulación y aplicación de políticas de seguridad y soberanía alimentarias. Las iniciativas desarrolladas han sido puntuales, con fondos muy limitados y bajas perspectivas de sostenibilidad11 y se aprecia una tensión entre el impulso de cultivos dirigidos a la industria y las exportaciones (palma africana, maíz, soya, entre los principales) y aquellos dirigidos al consumo interno. En el período 2004-2008, información oficial advierte que mientras la superficie destinada al cultivo de palma africana aumentó en 10 A partir de la concepción de que es necesario inyectar un importante potencial económico y productivo al país que permita la generación de los recursos económicos necesarios para avanzar en la superación de la pobreza y de las profundas asimetrías sociales que soporta el Ecuador, el gobierno del Presidente Rafael Correa identificó diecisiete proyectos estratégicos distribuidos en tres sectores económicos: minería (8 proyectos), petróleo (6 proyectos) y generación hidroeléctrica (3 proyectos) (SPPC, 2010).11 Entrevista con Fabián Echeverría, Director de Planificación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, enero 2012.

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26.553 hectáreas, la superficie de cultivos que constituyen parte de la dieta alimenticia de la población ecuatoriana (papas, habas, arvejas, fréjol, tomate, yuca, arroz, naranjas) se redujo en 107 mil hectáreas12 (www.inec.gob.ec/estadísticas/).

Por último, si bien no es posible desconocer los esfuerzos desarrollados por el país para redu-cir las brechas entre pobres y ricos, según lo reconocen organismos oficiales, es aún necesario promover y aplicar políticas públicas orientadas a una redistribución de los recursos producti-vos. El acceso a la tierra y al agua continúa siendo una limitación para amplios sectores socia-les, lo que hace necesario ahondar procesos de redistribución de la tierra y de los medios de producción mucho más sostenidos y firmes (SENPLADES, 2010). Aún en la actualidad, el 5% de los propietarios concentran el 52% de tierras agrícolas y el 60% de pequeños propietarios dispone del 6,4% de las tierras, lo que explica que en 5 años, la variación del índice de Gini de la tierra a nivel nacional haya cambiado en 4 puntos, de 0,83 en el 2006 a 0,79 en el 2011 (SENPLADES, 2012).

Desafíos en el plano ambiental

Pese a los esfuerzos realizados, la alta deforestación que afecta al país13 demanda de mayores controles y son mínimos los logros en materia de reforestación, con apenas un promedio de diez mil hectáreas al año (SENPLADES, 2012). De mantenerse la actual tasa de deforestación, en 75 años Ecuador perdería la mitad de sus bosques (SENPLADES, 2012).

Tampoco se registran avances importantes en la elaboración y aplicación de políticas, progra-mas y estrategias para detener la erosión del suelo que afecta de manera particular a la Sierra y la Amazonía ecuatorianas. Se estima que el 37,6 del territorio ecuatoriano enfrenta riesgos de erosión y que la desertificación afecta a cerca de 100.000 hectáreas (Narváez, 2011).

Ligado a lo anterior, está pendiente implementar de manera rigurosa procesos de ordenamiento territorial. La reciente promulgación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la consiguiente formulación de planes de ordenamiento territorial por parte de los municipios no han podido volcarse aún en medidas efectivas. Su concreción es una apuesta para mejorar de manera significativa el manejo organizado del territorio.

En este contexto, el país tiene aún pendiente el desarrollo de políticas específicas y legislación sobre suelos (Narváez, 2011). La Ley de Desarrollo Agrario promulgada en 1994 que pretendía cumplir con los objetivos trazados en la Cumbre de la Tierra respecto a la agricultura y el desarro-llo rural sostenible no abonó en esta dirección y en la actualidad se está elaborando una nueva Ley

12 Los datos fueron calculados a partir de la información que consta en el visualizador de estadísticas agropecuarias del Ecuador ESPAC.13 Una reciente estimación parcial (pues no considera las provincias de Esmeraldas y la de Sucumbíos) del Ministerio del Ambiente señala que la tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador continental fue de -0.68 % en el período 1990-2000 y de - 0.63% en el período 2000-2008, lo que corresponde a una deforestación anual promedio de 74.300 ha/año y 61.800 ha/año para ambos períodos, respectivamente (MAE, 2011a).

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de Tierras bajo una concepción de inclusión y equidad en su distribución, acceso y uso. También está pendiente el desarrollo de instrumentos normativos sobre los ecosistemas frágiles.

Tanto por sus implicaciones sociales como ambientales, uno de los ámbitos que amerita ma-yor atención es el tratamiento de las descargas de los desechos urbanos. Información oficial advierte que el 67.78% de los sistemas de alcantarillado se descargan directamente en tierras y ríos, que el 14,91% de la población deposita sus residuos sólidos en un relleno sanitario y que el 85% restante arroja los residuos sólidos en cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos (MSP, 2012). “Una dificultad adicional en torno al tratamiento de los desechos urbanos está en que el 58.43% de sistemas no realiza recolección separada de resi-duos hospitalarios y el 76.30% no deposita los residuos hospitalarios en una celda especial” (Ibid.). Persisten, adicionalmente, debilidades para ejercer un adecuado control ambiental. Pese a la existencia de un marco legal que favorece a la naturaleza, los controles existentes de-ben fortalecerse, lo que se espera alcanzar con la creación de la Superintendencia Ambiental.

3.3 Hacia un balance inicial: conclusiones

Durante los veinte años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra, es posible afirmar que el país ha atravesado tres fases con rasgos distintivos. La primera fase, heredera de la época caracterizada en la región por la crisis de la deuda externa, se extiende desde inicios de la década de los 90 hasta 1996. Si bien se evidencia en estos años una relativa estabilidad con gobiernos que lograron concluir su mandato (Rodrigo Borja entre 1988 y 1992 y Sixto Durán Ballén en el período 1992-1996), en lo económico y lo social resalta un proceso de paulatina consolidación de políticas de corte neoliberal que acentuaron la concentración de la riqueza principalmente en beneficio de sectores ligados al mercado internacional y al sector financiero y ampliaron las brechas sociales entre pobres y ricos.

A la luz del denominado Consenso de Washington, durante este período se privilegió la adop-ción del ajuste fiscal, el pago de la deuda externa, la desregulación de los mercados finan-cieros, la flexibilización del mercado laboral, la reducción del tamaño del Estado a través de la privatización de empresas públicas estratégicas y la entrada en escena de prestadores de servicios privados que liberaban a las entidades públicas el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población (Espinosa, 2011).

La segunda fase, que de alguna manera continúa y profundiza la aplicación de los mismos pa-radigmas de política de los años anteriores, cubre la década 1997-2006. Además de mantener y ahondar la desinversión pública en derechos sociales y la desestructuración de la institucio-nalidad, estos años se caracterizan por una crisis económica sin precedentes que desembocó hacia inicios del siglo con la dolarización de la economía ecuatoriana; por una fuerte inesta-bilidad política y social y un acelerado desprestigio y deslegitimación de las fuerzas políticas

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hasta ese momento al frente de la conducción del Estado. Pese a que esta fase se inaugura con una nueva Constitución (1998) que pretendía mejorar los niveles de estabilidad política, resul-ta notoria la ausencia de una concepción de política que rebase las respuestas coyunturales, que incorpore una visión de construcción del país capaz de conjugar las variables ambientales con las sociales y económicas (más allá de declaraciones y acciones puntuales) o que enfrente de manera rigurosa la pobreza y la inequidad presentes en la sociedad ecuatoriana.

Este conjunto de factores determinaron que se detengan y aún retrocedan algunos de los logros alcanzados por el país en materia de desarrollo social, al punto que para el año 2005, Ecuador ostentaba, en comparación con otros países de la región, uno de los últimos lugares en la inversión social por habitante: mientras la inversión per cápita para ese año era en Ecuador de US$96, en Argentina cada habitante recibía por el mismo concepto más de US$1.500 (Espi-nosa, 2011). En esta década, como señalan Falconí y Oleas, “el balance tiene menos relación con el desarrollo y más con el fracaso del crecimiento” (2004).

Las graves dificultades vividas por el país en este período hicieron posible el fortalecimiento de los niveles de organización política y social del país a través de la configuración de un po-deroso movimiento indígena, la irrupción de movimientos y posturas en defensa del ambiente, la lucha por la inclusión de agendas políticas que consideren los intereses y necesidades de mujeres, niños, niñas y jóvenes; el despunte de movimientos y expresiones organizativas a favor de los derechos de acceso a la tierra y el agua que lograron detener la aplicación ortodoxa de los paquetes de ajuste fiscal, la incorporación del país a los tratados de libre comercio y llevaron al poder a nuevas fuerzas sociales.

La tercera fase, instaurada a partir del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana (2007) y coincidente con la aprobación de una nueva Constitución (2008), abre un período de esta-bilidad política, social y económica que permite iniciar la atención a demandas sociales por largo tiempo postergadas. Además de la consecución de una fase de estabilidad política y económica, este último período tiene como rasgos distintivos avances en la construcción de una sociedad más inclusiva, un manejo económico soberano y el fortalecimiento del papel del Estado como representante del bien común. Los avances registrados en los últimos años se atribuyen, en primer lugar, a la existencia de una planificación estratégica para el Buen Vivir que permite priorizar proyectos en función de los recursos existentes. Esta planificación no solo que recoge los compromisos generados en Río de Janeiro en 1992 y en las sucesivas agendas mundiales (Objetivos del Desarrollo del Milenio, Plan de Trabajo de Johannesburgo), sino que propone saltos cualitativos mucho más ambiciosos condensados en la formulación de una estrategia para transitar progresivamente desde una economía altamente dependiente de la extracción de recursos naturales, hacia otra sustentada en los servicios, la generación de valor agregado y el bioconocimiento (SENPLADES, 2009).

Un segundo factor al que se atribuyen gran parte de los logros actuales es la recuperación y fortalecimiento de la institucionalidad pública pues como dice Amartya Sen, las oportunidades y proyecciones de las personas dependen de manera crucial en qué instituciones existen y

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cómo estas funcionan (1999). En esta dirección merece destacarse la consecución de ma-yores niveles de articulación y coordinación interinstitucional a partir del rol que desempeñan los Ministerios Coordinadores en la conformación y funcionamiento de consejos sectoriales con el fin, entre otras responsabilidades, de optimizar la asignación presupuestaria, formular y aplicar políticas transversales y realizar un detenido seguimiento sobre el cumplimiento de las metas trazadas.

La caracterización de estas tres fases permite constatar que mientras en los años inmediata-mente posteriores a la Cumbre de la Tierra y hasta el primer lustro de la década anterior, la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país estuvo, en lo fundamental, ligada más bien a las condiciones externas y el protagonismo de los sec-tores sociales, antes que al impulso de la acción gubernamental. De ahí que gran parte de los cambios suscitados en ese período se hayan financiado a través de la contratación de deuda externa o por el pago directo de la población al acceso de servicios sociales. En los últimos años esta lógica de actuación se ha modificado. Si bien los acuerdos y compromisos inter-nacionales suscritos por el país siguen teniendo un peso importante, la vigencia de derechos constitucionales mucho más ambiciosos en comparación con el alcance de los objetivos mun-diales asumidos hace 20 años, y de una planificación estratégica que delinea el camino para concretar una ruptura con el modelo extractivo que ha predominado históricamente en el país, hacen prever que Ecuador está en la senda de la construcción de un país del Buen Vivir, respe-tuoso de los derechos de la naturaleza y profundamente imbricado con el bienestar de su gente.

La consecución del Buen Vivir y de un Estado intercultural y plurinacional dependerá en gran medida de la correlación de fuerzas existente en la sociedad y en la conducción del Estado, de la profundización de una democracia participativa y con espacios para la resolución de conflic-tos y disensos; de la superación de problemas estructurales (inequidad, exclusión, expresiones del coloniaje actual, diferencias entre campo y ciudad); de políticas públicas que articulen de manera más decidida las dimensiones sociales, económicas y ambientales; de los esfuerzos encaminados a conservar el patrimonio natural, especialmente aquel cuyo deterioro o destruc-ción puede afectar profundamente la vida de la población ecuatoriana; y de la consolidación de procesos de integración que contribuya a incrementar la participación regional en el desarrollo de relaciones horizontales y democráticas con el resto del mundo.

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Vista Panecillo La Ronda, Pichincha, Quito

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Declaración de Quito Foro de Ministros y Ministras del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe

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En la ciudad de San Francisco de Quito, República del Ecuador, a los 3 días del mes de febrero de 2012, Nosotros, las Ministras y Ministros de Medio Ambiente y Jefas y Jefes de Delegación, en su XVIII Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y que acogió la Primera Reunión de las Ministras y Ministros de Medio Ambiente de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC-,

Reconociendo las lecciones y experiencias aprendidas relacionados con el desarrollo insti-tucional del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, acumulados en los últimos 30 años;

Considerando que la Presidencia Pro Tempore de la CELAC solicitó la realización de la Primera Reunión de las Ministras y los Ministros de Medio Ambiente de la CELAC, con relación al man-dato del Plan de Acción de Caracas del 3 de diciembre de 2011, dispone “Convocar una Reunión de Ministros y Ministras del área ambiental, antes de la Cumbre de Rio+20, para hacer un se-guimiento de los acuerdos de la Declaración Ambiental Ministerial de Caracas y contribuir para el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), cuyo Segmento de Alto Nivel será realizado entre los días 20 a 22 de junio de 2012”;

Considerando la plena vigencia de los acuerdos y los compromisos establecidos en la De-claración de Río 92, el Programa 21, el Plan de Implementación de Johannesburgo, y la ne-cesidad de fortalecer su implementación en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20;

Comprometidos con el éxito de la Conferencia de Río+20 y teniendo como objetivo fomentar el desarrollo sostenible enfocado en la erradicación de la pobreza y la inclusión social;

Conscientes de la importancia de renovar el compromiso político al más alto nivel en torno al desarrollo sostenible en la conferencia de Rio+20, ven con beneplácito la propuesta presenta-da en el marco de discusión de Rio + 20 sobre la posible adopción de objetivos de desarrollo sostenible para avanzar en la construcción de nuevos modelos de desarrollo, considerando que puede constituirse en una herramienta importante para enfocar metas que garanticen la integralidad y complementariedad de las tres dimensiones del desarrollo sostenible;

Deseosos de que Rio + 20 contribuya a reducir los déficits de implementación de las metas ambientales internacionalmente acordadas en oportunidad de Río 92 a la fecha en materia de desarrollo sostenible;

Afirmando que el derecho de los pueblos y los Estados al desarrollo implica el reconocimiento al derecho de las poblaciones para superar la pobreza, la eliminación de las condiciones que generan inequidad y exclusión, el ejercicio de derechos en armonía con la naturaleza, respe-tando a la Madre Tierra, y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, bajo los principios de la Agenda 21 y otros instrumentos relevantes, y la necesidad de que estos derechos sean implementados en el contexto de una visión de complementariedad de forma integral e interdependiente;

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Afirmando que en el marco de las múltiples crisis que enfrenta la humanidad, desde la región de América Latina y el Caribe emergen nuevas visiones y propuestas alternativas al desarrollo en armonía con la naturaleza, que le permite aportar a la comunidad internacional retos reno-vadores al desarrollo sostenible;

Tomando nota de las Declaraciones de los Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR + Chile y la Declaración de los Ministros de Ambiente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) relativas a su procesos preparatorios hacia Río + 20;

Advirtiendo que la problemática actual en torno del desarrollo sostenible, requiere de reformas en la institucionalidad regional y global y que sus mecanismos de cooperación deben ser fortalecidos;

Reafirmando los principios de Rio, en particular el cumplimiento del principio de responsabi-lidades comunes pero diferenciadas, y el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales;

Afirmando que el acceso a la innovación tecnológica de los países en desarrollo es fundamental para avanzar en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible y para tal efecto, es necesario remover las barreras, y por tanto se deben fortalecer los mecanismos que la promueven;

Afirmando que la coordinación e intercambio de información y herramientas para la gestión sostenible de las sustancias químicas y los desechos peligrosos; así como la definición de los mecanismos de financiamiento a largo plazo se requieren para una efectiva implementación;

Subrayando la importancia de fortalecer la educación y formación ambiental en la región, asegurando su transversalidad, a través de mecanismos organizados por los países de América Latina y el Caribe, e instaurar en el Foro mecanismos de seguimiento y evaluación de los com-promisos adquiridos por cada uno de los países;

Reafirmando la importancia que los acuerdos multilaterales de medio ambiente tienen para cada uno de los Estados, en especial los relativos al cambio climático, a la diversidad bioló-gica y a la lucha contra la desertificación y sequía;

Reafirmando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades y la plena vigencia de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Cli-mático (CMNUCC) y todos sus principios;

Tomando en cuenta la necesidad de adaptación de los países de Latinoamérica y el Caribe y su particular vulnerabilidad al cambio climático, y sobre todo los pueblos indígenas, las comunidades pobres y marginadas;

Que los países de América Latina y el Caribe requieren de recursos financieros nuevos, adicio-nales, suficientes y no condicionados, basado en el principio de responsabilidades comunes

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pero diferenciadas, para hacer frente a las necesidades de mitigación y muy especialmente de adaptación, para evitar y remediar los daños y pérdidas ocasionados por el cambio climático.

Declaramos:

1. El XVIII Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente acogió con beneplácito la Primera Reunión de Ministros de Ambiente de CELAC, en respuesta al Plan de Acción de Caracas, diciembre 2011.

2. Que se requiere iniciar la elaboración de una propuesta regional para fortalecer la gober-nanza e institucionalidad del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

3. Que los resultados alcanzados en el XVIII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y en la Primera Reunión de Ministros de Ambiente de CELAC deben servir para crear una visión regional y fortalecer su unidad con vistas a constituirse en una de las bases y plataformas centrales para las negociaciones de Río+20.

4. Que la reunión de Ministros de Ambiente de CELAC como mecanismo de consultas políticas deberá ser fortalecido para que la región pueda construir una visión de inte-gración para el desarrollo sostenible.

5. Para el logro de los propósitos, objetivos y metas del desarrollo sostenible debe tomarse en cuenta el alcance, de forma integral, complementaria e interdependiente, el derecho de los pueblos y los Estados al desarrollo, que implica el reconocimiento al derecho de las poblaciones para superar la pobreza, la eliminación de las condiciones que generan inequidad y exclusión, el ejercicio de derechos en armonía con la naturaleza, respetando a la Madre Tierra, y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, bajo los principios de la Agenda 21 y otros instrumentos relevantes.

6. Que se deben fortalecer y/o crear mecanismos y estructuras financieras regionales pro-pios, que garanticen la provisión de recursos para apoyar a los países de la región en la implementación de las actividades en pro del desarrollo sustentable.

7. Instar el cumplimiento del compromiso histórico de los países desarrollados a destinar el 0.7% del PIB a la Asistencia Oficial al Desarrollo.

8. Instar a los países desarrollados a incrementar sus compromisos de financiación a favor de los países de América Latina y el Caribe, para la mitigación y adaptación con fondos nuevos, adicionales, suficientes y no condicionados, en armonía con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

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9. Instamos a los países desarrollados a cumplir e incrementar sus compromisos en favor de los países de América Latina y el Caribe para la adaptación, el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología, de acuerdo con la Convención Marco de Na-ciones Unidas sobre Cambio Climático y sus correspondientes instrumentos. acordado

10. Instamos a los países desarrollados a cumplir con los compromisos de mitigación en el marco del Protocolo de Kyoto y a definir y cumplir metas más ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, periodos de compromiso claros, bajo mecanismos de exigibilidad. acordado

11. Que, podría ser de utilidad que durante el proceso preparatorio a Rio + 20, se definan los temas de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de propuestas de nuevos modelos de desarrollo teniendo en cuenta sus características de alcance universal y aplicación nacional, integralidad y complementariedad, teniendo como referente los Ob-jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin perjuicio de su implementación; y se defina a su vez el proceso de formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible después de Rio + 20.

12. Nuestro firme compromiso para continuar realizando esfuerzos a todos los niveles para avanzar en la transición hacia el desarrollo sostenible, ya que esta representa la estrate-gia adecuada para alcanzar de manera armónica objetivos vinculados con la promoción del bienestar social, el crecimiento económico, la protección del medio ambiente, y el uso sostenible de los recursos naturales, como asimismo, desarrollar estrategias a fin de evitar restricciones encubiertas al comercio.

13. Que, dentro de los elementos para la construcción de una visión común para alcanzar el desarrollo sostenible se deberá reconocer los límites de la naturaleza, su importan-cia para la vida y promover una relación armoniosa con ésta, el fomento de todos los derechos humanos y colectivos, la justicia y solidaridad inter-generacional y la inclu-sión económica y social, respetando la diversidad cultural y social de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

14. Que es necesario alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental consagrados en el Prin-cipio 10 de la Declaración de Río, entendiéndolos como requisitos indispensables para la construcción de una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible.

15. Que es necesario incrementar la cooperación regional en materia de educación y for-mación profesional tecnológica, de transferencia de conocimientos de la ciencia y de las tecnologías limpias y la revalorización de los conocimientos tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, destacando los saberes ancestrales.

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16. Que es necesario promover una posición conjunta para crear mecanismos facilitadores para la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades en beneficio de los países en desarrollo que permitan la mayor difusión de aquellas tecnologías adaptables a sus realidades nacionales, que hagan la diferencia en cuanto a la reducción del im-pacto ambiental y que contribuyan al desarrollo sostenible.

17. Que, para alcanzar el desarrollo sostenible se promoverá el respeto de los límites biofísi-cos y los ciclos vitales de la naturaleza, la erradicación de la pobreza, la disminución de la brecha entre ricos y pobres, asegurando la inclusión social como objetivo indispens-able para la consecución del desarrollo sostenible en el marco de un orden económico, más solidario e inclusivo.

18. Que, en el marco de la Conferencia de Rio+20 se discuta una declaración universal de los derechos de la naturaleza como instrumento para alcanzar el buen vivir.

19. Que, en el marco de la adopción de una agenda ambiental regional, se fortalecerán los lazos de cooperación Sur-Sur para lograr una efectiva articulación de los pilares del desarrollo sostenible en forma integral equilibrada y global para la generación de instru-mentos integrales de apoyo a la planificación.

20. Que, en el futuro marco institucional para desarrollo sostenible se revisen los roles y mandatos de los órganos de las Naciones Unidas para que se relacionen eficientemente actuando en forma coherente, coordinada y cooperativa sin sobreponer sus agendas, funciones y problemas similares.

21. Que, se apoye el fortalecimiento del pilar ambiental, a través de un marco institucional que garantice membrecía universal con capacidad técnica, científica y financiera sufici-ente para ser el catalizador de la cooperación internacional en temas ambientales y de desarrollo sostenible.

22. Que se promueva la cooperación para el desarrollo de estrategias regionales, inspira-das desde las realidades nacionales, que generen sinergias entre las Convenciones y acuerdos multilaterales, así como también intercambios de experiencias y el impulso a iniciativas innovadoras de política pública.

23. Que, se aliente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) para que considere, en el contexto de la seguridad alimentaria y desarrollo agrícola, la excesiva volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos, como un tema emergente y un factor que compromete el logro del objetivo de erradicar la pobreza en los países en vías de desarrollo.

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24. Que, instamos a los países desarrollados a que pongan fin a la volatilidad en el precio de los commodities a nivel mundial y la definición de sus precios, provocado por la es-peculación financiera y al margen de consideraciones ambientales y sociales, afectando el cumplimiento del desarrollo sostenible al que se han comprometido los países de América Latina y el Caribe.

25. Que uno de los principales objetivos de la Conferencia de Río +20 es acordar una visión y compromiso renovados con el desarrollo sostenible para la erradicación de la pobreza, la promoción de la inclusión y equidad social, por tanto, esa será una opor-tunidad indiscutible para orientar nuestros esfuerzos en la construcción de un nuevo orden económico internacional más justo, equitativo e inclusivo que supere el desgaste, descredito y limitaciones del modelo de desarrollo vigente.

26. Que se debe continuar fortaleciendo y enriqueciendo el trabajo realizado por la ILAC en materia de indicadores de desarrollo sostenible, recogiéndolos, de forma complemen-taria con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como insumos para la elaboración de los objetivos de desarrollo sostenible a ser definidos en Rio + 20.

27. Que se reconoce la alta vulnerabilidad de los países sin litoral marino y, honrando la solidaridad y las responsabilidades en garantizar el derecho al máximo desarrollo de las potencialidades de estos países, se ve en la necesidad de visibilizarlos incluyéndolos con particular mención en los documentos producidos en el XVIII Foro de Ministros y en la Primera Reunión de Ministros de Ambiente de la CELAC.

28. Que el Foro de Ministros adopte el grupo de trabajo conformado en la primera reunión de la CELAC como respuesta al artículo 1 de la decisión I aprobada en el XVIII Foro de Ministros y modificando su composición.

29. Que se solicita a la Presidencia del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que comunique a la Secretaría de Río+20, y a la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los resultados de la XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y de la Primera Reunión de Ministros de Medio Ambiente de la CELAC.

30. Que agradecemos al pueblo y al Gobierno de la República del Ecuador por su hospitali-dad, impulso y contribución para la realización de la XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y la Primera Reunión de Ministros de Medio Ambiente de la CELAC.

31. Que agradecemos al PNUMA por su apoyo a la organización de la XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.


Indígena Saraguro

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Declaración de Sao Paulo Reunión de Altas Autoridades Sudamericanas

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Reunidos en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, el 14 del abril de 2012, en el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades Sudamericanas sobre Cultura y Sustentabilidad, los Ministros, los Secretarios de Estado y demás autoridades de Cultura de la República Argen-tina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Chile, Repú-blica de Ecuador, República de Paraguay, República de Perú y República Oriental de Uruguay;

EN VISTA a la Declaración Universal de Diversidad Cultural de 2001; la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales de UNESCO de 2005; la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, de 1972; Convención para Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003; la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008; la Declaración y Programa de Acción adoptados en la III Conferencia Mundial de Combate al Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia Correlato de 2001; la Carta Cultural Iberoamericana de 2006; la Agenda 21 de Cultura y la Declaración de Bogotá de la Primera Reunión del Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas de 2012, así como las de-más Declaraciones emitidas por los Ministros y Altas Autoridades de Cultura del Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones(CAN), de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) en sus reuniones periódicas.

CONSIDERANDOSE:

La necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional y una nueva arquitectura financiera, con el objetivo a enfrentar las múltiples crisis actuales y asegurar mecanismos de inversión para el desarrollo sustentable;

EI carácter cultural del concepto de sostenibilidad, una vez que la nación misma de “sosteni-miento” emerge de una materia cultural y se reproduce socialmente a partir de un consenso de valores entre los distintos grupos sociales, plenos de un bagaje simbólico, de su herencia histórica y de sus relaciones con el territorio y el ambiente;

EI contenido del documento de UNESCO “EI poder de la Cultura para el Desarrollo”, en que se declara que: “La cultura, en todas sus dimensiones, es un elemento fundamental del desarrollo sustentable”;

La convicción de que, más allá de su papel tradicional en el fomento y protección de las artes y del patrimonio, la política cultural debe ejercer fuerza de transformación, promoviendo la interculturalidad, el pleno ejercicio de los derechos culturales, la inclusión social y la buena

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vivencia, como también del fortalecimiento de los lazos de las personas y comunidades con el territorio y la cohesión y convergencia de los distintos grupos sociales;

La transversalidad y el papel estratégico de la cultura en la construcción de respuestas a los desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo humano con equidad e inclusión social;

EI reconocimiento de la diversidad de expresiones culturales, como condición esencial para el desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

La necesidad de coordinar esfuerzos para profundizar en el diálogo entre los países de la región con miras a la valoración de la cultura como dimensión indisociable del desarrollo sustentable;

La realización, en la ciudad de Rio de Janeiro, en junio de 2012, de la Conferencia de las Na-ciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocido como Rio+20;

ACUERDAN:

1. Requerir a las autoridades negociadoras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable que consideren, en su documento final, la cultura como cuarto pilar del desarrollo sustentable, reconociéndola como dimensión articuladora y gene-radora de equilibrio entre los tres pilares hasta el momento reconocidos: económico, social y ambiental;

2. Promover el concepto de “Buen Vivir” (Sumak Kawsay, en la lengua quechua; Sumaq Qamaña, en la lengua aimara, y Tekó Porâ en la lengua guaraní entre otras); como pers-pectiva enriquecedora de la sostenibilidad. Esta nueva forma de ética ciudadana, con-cebida a partir de la articulación organizada sustentable y dinámica de los sistemas: económico, político, social, cultural y ambiental, tiene como objetivo garantizar la re-producción de la vida con un horizonte inter generacional.

3. Enfatizar que el respeto a la diversidad cultural y la promoción de interculturalidad es indispensable en la consolidación de la paz y seguridad global, favoreciendo a la convi-vencia democrática, justa y de respeto mutuo entre los pueblos;

4. Afirmar los derechos culturales como parte de los derechos humanos, y garantizar su ejercicio pleno, como también la democratización de los procesos culturales;

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5. Promover, en los niveles nacional y regional políticas públicas articuladas y transversa-les dirigidas a la protección, promoción y salvaguarda de los patrimonios cultural y na-tural, para reconocerlos como herencia y eslabón indispensable entre pasado, presente y futuro;

6. Resaltar las necesidades de empezar la negociación de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza en que ésta sea reconocida como sujeto de los ciclos vitales y de los procesos evolutivos de la humanidad.

7. Subrayar la importancia de la dimensión social de la cultura para el desarrollo susten-table, efectivo en la formación ciudadana, en el ejercicio de los valores democráticos y en las oportunidades de acceder a la información, conocimiento y a la creación artística, como también en la amplia libertad de expresión;

8. Reafirmar la cultura en su dimensión económica en la medida en que induce a la crea-ción, innovación, emprendedorismo, generación de riqueza y oportunidades de trabajo, necesitando que los procesos de producción culturales valoren las especialidades loca-les y los conocimientos tradicionales;

9. Desarrollar iniciativas conjuntas que fortalezcan el carácter transversal de la economía crea-tiva de los países de la región, fomentando el intercambio de experiencias y políticas que promuevan el potencial económico-cultural de las comunidades y de los diferentes territo-rios creativos y valoren la innovación, la inclusión, la sustentabilidad y la diversidad cultural;

10. Reconocer, asimismo, el componente ambiental de la diversidad cultural de los pueblos suramericanos, reflejando en la preservación y la legitimidad de los pueblos originarios sobre sus territorios y en los modos propios de interacción con el ecosistema en que se encuentran insertados, bien como en la preservación y protección del patrimonio material e inmaterial de la región;

11. Asegurar la protección, reconocimiento y valoración de los saberes de las culturas de los pueblos originarios de Suramérica, de los pueblos afro descendientes y de las diversas comunidades tradicionales de nuestros países;

12. Buscar la concreción de las acciones de cooperación regional relacionadas con el papel estratégico de la cultura frente a los desafíos de la sostenibilidad, tomando en cuenta la construcción de sociedades más justas e inclusivas;

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13. Desarrollar iniciativas conjuntas que fortalezcan el carácter transversal de la cultura y su relación con otras políticas públicas que contribuyan para la erradicación de la pobreza y la promoción del Bien Vivir;

14. Dar continuidad, con el apoyo y participación de los diferentes sectores de la Sociedad civil, al debate sobre cultura y sustentabilidad más allá del periodo de realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable.

15. Los Ministros y Altas Autoridades manifiestan su compromiso de llevar ésta Declaración a las instancias gubernamentales nacionales asociadas al proceso de negociación ofi-cial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, bien como promoverla en los foros multilaterales de los cuales participan.

Sao Paulo, Brasil, el 14 de abril de 2012


Indígena amazónico85

Intervención de la Dra. María Fernanda Espinosa, Ministra Coordinadora de Patrimonio

Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 7-9 de septiembre de 2011

Avances logrados hasta la fecha y vacíos que aún persisten en la implementación del Progra-ma 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro 1992) - 7 de septiembre de 2011

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Muchas gracias por la invitación para participar en esta importante Reunión Regional Pre-paratoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.

Es importante recordar que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20, que se realizará en Brasil en el año 2012, tiene como objetivo reafirmar el compromiso político del mundo con el desarrollo sostenible, evaluar el progreso y los vacíos existentes aún en la implementación de las principales cumbres del desarrollo sostenible y abordar los nuevos desafíos. Por ello saludamos la iniciativa de la CEPAL para organizar este evento y el presente panel.

Efectivamente creemos que Río + 20 es una oportunidad única para evaluar los avances del Programa 21 y del Plan de Acción de Johannesburgo, pero sobre todo esperamos que sea también la oportunidad para abordar otros temas claves como la soberanía alimentaria y los efectos de la crisis financiera en la agenda del desarrollo sostenible. De esta manera, podemos construir una agenda renovada y vigorosa que articule los tres pilares del Desarrollo Sosteni-ble: lo social, lo económico y lo ambiental.

En síntesis, en la Cumbre de Río en 1992, se crea el marco multilateral, Acuerdos Multilate-rales Ambientales, para la institucionalización de lo ambiental en el sector público. En el año 2002, en Johannesburgo se reconoce avances modestos y el debate se concentra en recursos, rol del comercio y rol del sector privado. Para 2012, estamos en un escenario de múltiples crisis, por lo cual se requiere relanzar la agenda ambiental, que ya no es de las ONG ambienta-listas, sino que es el camino imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible

Aunque sería muy largo realizar un recorrido sobre todos los avances y las lagunas que aún persis-ten en la implementación del Programa 21, es importante reconocer que dicho Programa y el Plan de Acción de Johannesburgo permanecen vigentes en cuanto al alcance y la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible. Por tanto, nuestra evaluación del Programa 21 de ninguna mane-ra puede llevarnos a renegociar ni los principios, ni los resultados, ni los instrumentos acordados.

De manera breve, podemos decir que 20 años después, en el mundo:

• En Cambio Climático, los países desarrollados no han cumplido con los compromi-sos de reducción de emisiones. Los efectos del cambio climático son devastadores en los países pobres. Los costos para adaptación y mitigación son enormes y los recursos escasos.

• En Biodiversidad, se mantiene la pérdida sistemática y creciente de los ecosistemas, los recursos genéticos y las especies, que afecta fundamentalmente a los países pobres y de alta biodiversidad. En Nagoya se suscribió en el 2010 el Protocolo para el Acceso a Recursos Genéticos, luego de 18 años de negociaciones.

• La pobreza en términos absolutos ha crecido en estos últimos 20 años y la economía

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de América Latina y el Caribe también. Persiste la falta de acceso a servicios básicos, la pérdida de soberanía alimentaria, la contaminación y el déficit del agua.

• La ayuda al desarrollo es cada vez menor, mientras los gastos militares alcanzaron en 2010, 1.6 trillones de dólares.

Sobre esta base, realizaremos un breve balance de lo que ha ocurrido en la región de América Latina y el Caribe sobre los siguientes puntos:

1. Con relación a la integración del ambiente y el desarrollo en la adopción de políticas, la planificación y la gestión, nos parece que a nivel general y particularmente en la re-gión, hemos avanzado enormemente en el desarrollo de marcos legales y normativos, la institucionalidad y la concienciación de la sociedad sobre los problemas del desarrollo y el ambiente. Sin embargo, persiste una débil articulación transectorial en términos de políticas públicas e intervenciones a nivel territorial que internalicen las cuestiones am-bientales y renueven la perspectiva del desarrollo. Si bien la sostenibilidad es un asunto transectorial, no lo hemos logrado en la práctica. Nuestra acción ha sido fragmentada y desarticulada, y por eso Río + 20 debe ser también la oportunidad para recordar que la sustentabilidad no es solo un tema ambiental, sino un cambio en las relaciones capital, trabajo, naturaleza, sociedad y política.

2. Tenemos una lista interminable de casos exitosos a nivel local, pero no hemos logrado tener el impacto global. Creo que en los últimos años, particularmente en nuestra región, se han desarrollado no solo experiencias importantes, sino también reflexiones y pro-puestas innovadoras. Sin embargo, no debemos perder de vista que se requiere pasar de casos particulares a patrones sostenibles de producción y consumo, lo cual, por supuesto, implica cambios culturales profundos. Sin dimensionar este cambio profundo requerido, particularmente en los países desarrollados, no será posible avanzar en el desarrollo sostenible. Precisamente la reflexión sobre este tema fue muy importante cuando construíamos nuestra Constitución, y por ello se incluyó el concepto del buen vivir como objetivo a alcanzar. Es decir, vivir en armonía con uno mismo, con la natu-raleza y con los demás. Esto implica otra manera de entender la vida, y superar el para-digma desgastado de que desarrollo es igual a crecimiento económico “ad infinitum”, sin reconocer los límites eco-sistémicos. Fue importante también la creación del sector patrimonial, que incluye la defensa y promoción del patrimonio natural y cultural. En el Taller Regional Sudamericano que organizamos en marzo en Quito con PNUMA, los participantes señalaron que se requiere la promoción, a nivel nacional, de mecanismos que promuevan patrones de consumo y producción sostenibles, esquemas de compras públicas sostenibles y el establecimiento de incentivos para favorecer el uso eficiente de los recursos, considerando criterios de equidad.

3. Por otro lado, avanzar en la valoración económica de la naturaleza, no es suficiente, cal-

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cular las externalidades positivas o negativas de la producción, sin valorarla desde una perspectiva multicriterial, es decir los múltiples valores, medibles e inconmensurables de la naturaleza, siempre será un reduccionismo peligroso. Se requiere una valoración multicriterial para definir una nueva métrica e indicadores. La naturaleza tiene límites fí-sicos que no permiten un crecimiento económico ilimitado. Hay que retomar la reflexión a la que nos avocáramos en los años 70 con respecto a los límites del crecimiento.

4. En otro tema, entre los objetivos para promover el desarrollo sostenible mediante el comercio, se planteó “fomentar un sistema comercial multilateral no discriminatorio y equitativo y mejorar el acceso a los mercados de las exportaciones de los países en desarrollo”. En el balance, nuestra región no ha logrado dicha mejora, como se eviden-cia en el documento informativo de CEPAL, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2011-2011, que señala que la región no logró un aumento significativo de su participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios en las últimas tres décadas. Entre 1980 y 2010, la participación de la región en las exporta-ciones mundiales de bienes se elevó marginalmente, de un 5,1% a un 5,7%, mientras en el mismo período, la región ha visto caer su porcentaje en las exportaciones mundiales de servicios, de un 4,5% a un 3,4%. Se están reprimarizando nuestras economías.

Muchos factores han influido en esta situación, como el fortalecimiento de organismos como la OMC, que promueve la auto-regulación y que ha respondido de manera con-tinua a las presiones de las transnacionales con sede en los países de Europa y Norte América. Al mismo tiempo se han debilitado instituciones como la UNCTAD, que abría posibilidades de fortalecer un sistema comercial multilateral equitativo. Por otro lado, permanecen los subsidios en los países desarrollados, mientras la firma de TLCs entre algunos países de la región y los países desarrollados, no han tenido resultados positi-vos para nuestros países que más bien han visto crecer las importaciones en detrimento de la producción nacional. Finalmente, la desaceleración económica en Europa y los Estados Unidos tendrá impactos en las exportaciones de los países de la región y afecta-rá sus precios. Por tanto sigue vigente este objetivo, así como la promoción de políticas económicas que promuevan la planificación sobre la base de las prioridades nacionales. Sobre este tema, el Taller Regional Sudamericano alertó que no se deben adoptar medi-das que impliquen barreras encubiertas al comercio.

5. En cuanto a la lucha contra la pobreza, se planteó la necesidad de contar con políticas y estrategias integradas de desarrollo humano, incluyendo la generación de ingresos. En la región tenemos 180 millones de pobres en 2010, aunque, según CEPAL, la tasa de pobreza disminuyó en el año 2008 a 33%, con relación a 44% en el 2002. Parte de esto se explica por la economía extractiva y por el crecimiento de las remesas de los migrantes, que debieron dejar su país para encontrar formas de sobrevivencia para sus familias. Quizás lo más preocupante es que la desigualdad ha disminuido muy poco, y América Latina y el Caribe sigue siendo la región con mayor desigualdad. Esto implica

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que debemos cambiar el enfoque: implementar medidas no sólo para luchar contra la pobreza, sino contra la desigualdad y por tanto la concentración de la riqueza.

6. En torno a los objetivos sobre la protección de la salud humana, en los países hay di-ferentes niveles de avance, sin embargo aún resta mucho por hacer, especialmente en programas para la población de atención especial. Según la evaluación 2000-2005 de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, ILAC, la sensibi-lidad al cambio ecológico es especialmente fuerte en el caso de algunas enfermedades importantes en la región, como la malaria y las infecciones respiratorias agudas, lo que tiene un alto impacto.

7. En relación a la promoción de sistemas sostenibles de energía, se evidencia un alto nivel de conciencia sobre la necesidad de la transformación de la matriz energética e incluso algunas experiencias exitosas en este campo. Según la evaluación de ILAC, entre 2000 y 2004 el aporte de las fuentes renovables a la oferta energética se mantuvo alrededor de 15 %. Existen políticas públicas orientadas al cambio de la matriz energética, como ocurre en Ecuador. Aquí es importante no perder de vista que el cambio de la matriz energética requiere de la transferencia tecnológica. A este respecto, nuestro Presidente presentó en la Cumbre de Cambio Climático en Cancún la propuesta que las tecnologías requeridas para enfrentar el cambio climático, como el cambio de matriz energética, deben estar liberadas de derechos de propiedad intelectual, precisamente para facilitar su transferencia.

8. En cuanto a la protección de la Atmósfera y el perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones sobre cambio climático, creo que todavía tenemos un enorme vacío porque no hemos logrado como región construir ese referente científico, aunque hemos avanzado en comprender de mejor manera las consecuencias económi-cas y sociales de los cambios atmosféricos y de las medidas de mitigación. En este campo, lo que sí hemos logrado es lanzar propuestas de reconocimiento internacio-nal como la Iniciativa Yasuní-ITT que busca dejar el 20% de las reservas petroleras de Ecuador bajo tierra, a cambio de una compensación internacional. También hemos presentado ante la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, el concepto de Emisiones Netas Evitadas, que busca precisamente evitar la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto ataca la raíz del problema.

9. En la lucha contra la deforestación, nos habíamos planteado no sólo la conservación de los bosques naturales, sino la forestación y reforestación, entre otros, para restablecer el equilibrio ecológico. Según la FAO, América latina y el Caribe pierde, en promedio, 4.7 millones de hectáreas anuales. Considerando que el 57% de los bosques primarios del mundo se encuentran en la región, es una enorme pérdida de biodiversidad. La deforestación se produce principalmente por el incremento de la frontera agrícola que se considera más rentable, una débil política pública, dificultad en articular programas a nivel nacional y la provisión de recursos.

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10. Quizás uno de los hitos más importante es la suscripción del Protocolo para el Acceso a Recursos Genéticos en el año 2010 y el Plan de Acción 2011-2020 de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Esto permite tomar las medidas apropiadas para el acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios de la investigación y de la utilización de los recursos biológicos y genéticos. En este camino es importante avanzar en la construcción de sociedades del bioconocimiento, generando conocimiento desde los países de la región, para mejorar la salud y el ambiente.

11. En relación a la protección y suministro de agua dulce, tenemos una deuda porque entre el 2000 y el 2005, se ha mantenido a la baja la disponibilidad de agua por habi-tante, tanto por el incremento de la población como en el consumo por habitante. Según la ILAC, comparando la disponibilidad de agua per cápita entre 1960 y 2005, ésta ha disminuido de manera dramática. Con información de 30 países se tiene que 4 países han bajado su per cápita menos de una cuarta parte; 6 entre la mitad y una cuarta parte; 19 han bajado entre la mitad y tres cuartas partes. En la mayoría de los países se tiene menos de la mitad de agua disponible por persona que en 1960. Es importante reafirmar que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. En el caso del Ecuador, el agua constituye patrimonio nacional estratégico.

12. En el tema de participación social, se ha avanzado mucho, además de lograr amplios niveles de concientización. El Foro de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, aborda el tema del desarrollo sostenible. Las negociaciones de cambio climático tienen cada vez más participación de pueblos indígenas y afro-descendientes, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y grupos de interés participando y posicionando sus agendas.

En cuanto a las medidas a favor de la mujer, creo que se ha avanzado pero sin duda no hemos logrado “la integración plena, equitativa y beneficiosa de la mujer en todas las actividades referentes al desarrollo”, aunque sí quizás en la lucha contra la degradación del ambiente.

En la participación de la juventud vemos que ahora existen varias redes de jóvenes interesados por el tema ambiental, aunque quizás no tan claro en cuanto al desarrollo. A partir de la iniciativa de la Naciones Unidas de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005 – 2014, en la región se articularon nuevos programas que promueven más activamente la educación para el desarrollo sostenible, y se multipli-caron las acciones de los grupos ciudadanos, de investigadores, educadores y jóvenes, aunque falta desarrollar la educación ecologista.

13. En cuanto a los recursos y mecanismos de financiación para la ejecución del Progra-ma 21, creemos que persiste un gran vacío. No se han proporcionado los recursos financieros nuevos y adicionales suficientes y previsibles, lo cual ha sido una enorme

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limitación. Lo preocupante es que el 60% de los contratos de ayuda de donantes terminó en compañías de los países donantes. Por otro lado, llama la atención que los países del Sur transfieren enormes recursos al Norte. El flujo negativo de capital de los países del Sur al Norte en el año 2007 fue USD -869 mil millones y, para el caso de América Latina, fue -99.8 mil millones de dólares. Sin duda, es necesario replantear la ecuación. Entre las conclusiones del Taller Regional Sudamericano, se destacó la importancia del compromiso de financiamiento para el desarrollo, que debe alcanzar al menos el 0,7% del PIB para la Ayuda Oficial al Desarrollo. No se puede medir la implementación por el número de instrumentos legales adoptados y las declaraciones políticas, sino por la efectiva implementación de los recursos.

14. En torno a los arreglos institucionales, los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMU-MAs), han tenido un nivel limitado de implementación. Debemos crear los mecanismos financieros, técnicos, operativos y políticos para avanzar en su implementación. Se man-tiene la necesidad de fortalecer, en el sistema de las Naciones Unidas, la cooperación y la coordinación en materia de ambiente y desarrollo. A nivel de la región, se han formado Consejos sobre desarrollo, aspectos sociales, economía en la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, y también está en la agenda de la próxima Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe, CELAC. Se requiere fortalecer los nuevos organismos regionales y la nueva arquitectura financiera. Requerimos una nueva gobernanza para la sustentabilidad, un pacto de gobernabilidad, financiamiento, un pacto de redistribución global y un pacto ético.

Frente a este breve balance, sin duda debemos reafirmar los compromisos, mantener y profun-dizar la agenda del Programa 21 e incluir los nuevos elementos de la agenda de sustentabili-dad. Creemos que esto implica:

1. Relanzar la agenda de sustentabilidad en el marco de las múltiples crisis: económi-ca, financiera, energética, alimentaria, climática.

2. Transformar la economía para reducir la huella ecológica, una economía que sea redistributiva y que considere los aspectos sociales, ambientales y culturales.

3. Trazar una hoja de ruta a nivel internacional para los próximos 10 años que dé una respuesta integral a los desafíos del desarrollo sostenible y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Programa 21 y el Plan de Acción de Jo-hannesburgo, considerando los mismos temas que no han sido resueltos desde la Conferencia de Río, con un enfoque actualizado que permita tomar consideración de la realidad y el contexto actual.

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4. Priorizar las definiciones de políticas y las intervenciones en los siguientes ámbitos:

• la sustentabilidad en el área urbana• el manejo integral de los desechos sólidos• la soberanía alimentaria• la situación de las mujeres• los patrones de producción y consumo • fortalecer la economía popular y solidaria• avanzar del paradigma del desarrollo hacia la integralidad de mejorar la calidad de

vida con una adecuada interrelación entre los tres pilares del desarrollo sostenible, lo que nosotros denominamos el “buen vivir”, y los derechos de la naturaleza.

• Contar con los recursos necesarios que permitan reconocer los esfuerzos de los países en desarrollo para implementar sus programas nacionales.

• Avanzar en marcos institucionales nacionales e internacionales efectivos y acotados para darle contenidos y mecanismos operativos al desarrollo sostenible.

Queremos señalar que todo este debate y proceso de preparación de Río + 20, debe estar guiado por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la equidad y la redistribución de la riqueza.

La armonización de los tres pilares del Desarrollo Sostenible debe ir más allá de la retórica, es decir que sin combate a la pobreza, sin equidad, sin una participación plena de las mujeres, de los y las jóvenes, y de los pueblos indígenas y afro descendientes, no alcanzaremos una economía y una acción humana que respete los umbrales de la naturaleza.

En síntesis, la agenda de Río + 20 debe permitirnos ubicar la agenda ambiental en el centro del debate, de los compromisos políticos y los acuerdos a nivel global. Más que una agenda de temas ambientales, debemos pasar a convertirla en la agenda para el futuro del desarrollo y eso implica la construcción de una nueva economía y de una nueva sociedad.

Este balance general sobre los avances y los vacíos que persisten en la aplicación de la Agenda 21, el Plan de Acción de Johannesburgo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y demás acuerdos y compromisos internacionales, globales, regionales y subregionales en la esfera del Desarrollo Sostenible que se han adoptado generado a partir de la Cumbre de Río en 1992, nos permite dimensionar la magnitud de los desafíos que tenemos en Río + 20 en términos de adoptar un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible.

Es que el balance a 20 años de Río 1992, con base en la información disponible ( algunos datos hemos mostrado hoy), nos indica que seguimos con un modelo insostenible, que hemos sobrepasado los límites que garantizan la reproducción de la vida, que en los tres pilares del desarrollo sostenible tenemos saldo negativo, y peor aún, no existen evidencias que demues-

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tren que hemos logrado internalizar en el modelo global, la perspectiva integral de la sosteni-bilidad, en los términos formulados y adoptados en la Declaración de Río 92 y la Agenda 21.

Esto nos hace pensar que el problema no es buscar alternativas de desarrollo sino alternativas al desarrollo. Aunque parezca duro, tenemos que aceptar que a lo largo de estas décadas he-mos reciclado el concepto de desarrollo, le hemos puesto todos los adjetivos pero no hemos ido al sustantivo; que tratamos de hacer sostenible este modelo destructivo, excluyente, in-equitativo, pero no nos hemos propuesto remover sus bases, mejor dicho, eso nos propusimos en Río 92 con algo de tibieza, pero el balance nos dice a todas luces que no hemos logrado tal propósito.

Desde esta constatación, en mi país, en Ecuador y ciertamente en algunos otros países her-manos de la región, estamos construyendo un nuevo paradigma, el paradigma del Buen Vivir como la posibilidad de recuperar las relaciones de armonía con nosotros, entre nosotros, y con la naturaleza. En este sentido, Ecuador también ha reconocido los Derechos de la Naturaleza en su Constitución y está impulsando la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

El paradigma del Buen Vivir recoge la esencia de los principios de la sustentabilidad adopta-dos en Río 92, pero va más allá cuando propone transitar desde el antropocentrismo, que ha marcado toda la base teórica y programática en los distintos enfoques del desarrollo, hacia el bio-centrismo que reconoce, de un lado, los límites que impone la naturaleza a una intención de crecimiento infinito, y de otro, puesto que la naturaleza es el espacio donde se reproduce la vida, reconocer el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales (Art 71 de la Constitución de la República).

Ecuador propone estas reflexiones, desde una experiencia que está en marcha, para que las debatamos profundamente, establezcamos elementos de acuerdo y lleguemos a Río+20, en lo posible con una plataforma común a nivel regional.

GRACIAS

Volcán Chimborazo95

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Intervención del Econ. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo

XVIII Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y su primera sesión en el marco de la Comuni-dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC-

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Una verdadera economía verde

Señores Ministros y Ministras, debemos comprender que esta es la primera reunión crucial de la CELAC. Hoy nos integramos frente a una amenaza muy concreta e ineludible: el deterioro ambiental. Que valga lo dicho como realidad y metáfora. Siempre nos han juntado las crisis y las respuestas radicales con que las hemos enfrentado. Hoy se trata de concretar otra respuesta radical.

El cambio de paradigma

Partamos de un reconocimiento: la economía forma parte de un sistema mayor, regido no solo por las leyes de la oferta y la demanda, sino por leyes físicas (la ley de la entropía y el proceso económico de Nicholas Georgescu-Roegen, 1971).

La teoría general de los sistemas nos enseña que estos están estrechamente relacionados y forman parte de una estructura muy compleja. En consecuencia, al enfrentar tal problema, el enfoque de la solución debe ser integral. Lo cual determina un cambio en el tratamiento de la “economía verde”. La matriz epistemológica del mundo ha cambiado y por hechos muy concretos.

Necesitamos vincular los fenómenos ambientales a los sociales: los causantes de los mayores daños ecológicos son los ricos y los que sufren los mayores impactos ambientales son los pobres.

Del desarrollo sostenible al “Buen Vivir” o el ansia de vivir bien

La definición tradicional de desarrollo sostenible, generalizada en los 80s´ (Nuestro futuro común - 1987-1988 - Brundtland, 1987), establece la importancia de satisfacer las necesi-dades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades y necesidades de las generaciones futuras. Si bien ha sido una definición positiva y fácil, conlleva la sujeción de un precepto inter-generacional y trascendente: la unión del presente y el futuro en una sola acción. Este mismo concepto aduce a la pobreza, en tanto que necesidad, y no a la gran riqueza, en tanto que exceso, como causa de la no sustentabilidad del desarrollo.

Desde mediados del Siglo XX, grandes pensadores han debatido sobre los modelos de desa-rrollo tradicionales. Herman Daly (2008), por ejemplo, aduce el deterioro del medio ambiente al crecimiento de la economía física, que proviene de la expansión de “necesidades” ilimita-das. La “destrucción creadora” de J. Schumpeter (1950) y R. Passet (2001) considera el eje del crecimiento económico como resultado de un proceso dinámico de varias fuerzas que confluyen en un determinado momento. En cambio, Amartya Sen (2000) promueve una visión

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de desarrollo que implique la expansión de las capacidades y la creación de oportunidades. Lo que está claro es que el crecimiento económico, la modernización y el cambio tecnológico son medios (y no fines) para el desarrollo o desarrollos.

Defendemos un concepto más adecuado: el Buen Vivir. Significa vivir con dignidad y consi-derar los valores culturales en armonía con la Naturaleza. El Sumak- Kawsay, como manda la Constitución del Ecuador (Art. 276), implica mejorar la calidad de vida de la población; desa-rrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público; establecer una convivencia armónica con la naturaleza; proteger y promover la diversidad cultural; garantizar la soberanía nacional, y promover la integración latinoamericana.

Entonces, ¿es posible construir una economía verde?

Sí, siempre y cuando signifique un cambio de paradigma en la concepción de la sustentabi-lidad.

Como dice Hoy-Seong Jeong, presidente del Instituto para el Medio Ambiente y la Civilización: el sistema económico es un subsistema del ecosistema mundial. Es decir, implica la primacía de los principios ecológicos de sostenibilidad de la tierra por sobre los principios del sistema económico tradicional. El desarrollo de largo plazo del sistema económico debe, en conse-cuencia, seguir los principios de la revolución del ecosistema global. Hay que dar un mejor uso a los procesos naturales que cultivan y desarrollan el tejido de la vida en el mundo. Se debe conservar y dar un uso óptimo a la energía de la naturaleza y a los ciclos de los materiales, con la cooperación y coexistencia armónica de los miembros de cada comunidad.

Afrontar, sin preámbulos, los límites biofísicos del planeta requiere de medidas drásticas en varios frentes. La Agencia Internacional de Energía advierte que no se alcanzará el objetivo establecido en la Cumbre Climática de Copenhague (2009) de que el incremento de la tempe-ratura global no supere los 2°C hasta 2050, dado que la reducción necesaria de las emisiones después de 2020 será demasiado alta. Los ricos deben limitar su huella ecológica.

Nos urge una corresponsabilidad y posturas articuladas a nivel regional en la protección del medio ambiente. El crecimiento productivo y comercio internacional deben contemplar com-pensaciones por daños y contingencias. La deuda ambiental es responsabilidad de empresas y de gobiernos.

Los pasivos ambientales no se refieren solo a los daños que quedan tras el cierre de la mina o del pozo del petróleo, sino a todas las “deudas ambientales” ocasionadas por la empresa privada o pública durante el tiempo de operación, aunque no estén todavía contabilizadas, excepto para quienes ahora empiezan a medir, por ejemplo, la “huella ecológica” que nuestras torpes pisadas han dejado ya en la naturaleza que nos sustenta.

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El Ecuador ha impulsado políticas y estrategias encaminadas a una verdadera economía verde, entre las cuales se encuentran:

• La iniciativa Yasuní ITT que mantiene el petróleo bajo tierra, conserva la biodivers-idad del Parque Nacional Yasuní y el modo de vida de las comunidades indígenas y pueblos no contactados.

• El impuesto Daly-Correa que aplica un impuesto ambiental a la exportación de petróleo en el marco de la OPEP, con el propósito de compensar por las emisiones de dióxido de carbono.

• El planteamiento de la compensación por emisiones netas evitadas.• La iniciativa de uso de los derechos especiales de giro para fines de conservación.• La gestión y formulación de un sistema de pago por los pasivos ambientales que

lleva adelante el gobierno ecuatoriano.

Todas estas políticas tienen su marco mandatorio en la Constitución ecuatoriana (la más verde del planeta) y se reflejan en los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir.

La economía verde también requiere de una nueva métrica. La nueva epistemología debe es-tablecer un nexo entre economía y ecología. Hay que desarrollar nuevas herramientas e indi-cadores para abordar esta relación. No debemos continuar usando los clásicos indicadores monetarios, como el PIB; sino también los indicadores físicos como la huella ecológica y los flujos de materiales y energía.

En Rio, 1992, el concepto de “desarrollo sostenible” no se discutió como Sumak Kawsay o Buen Vivir, sino apenas como crecimiento económico ecológicamente sostenible. Es una contradicción. No ha cesado de crecer la concentración de CO2 en la atmósfera (incluso ahora con la crisis en EEUU y Europa) con lo cual la pérdida de la biodiversidad es patente. Ha habido crecimiento económico, pero no es sostenible. En Rio, 2012, las NNUU proponen la “econo-mía verde”: el mercado y las empresas salvarán al planeta. En todo el discurso de Rio + 20, no se habla de justicia climática, ni de deuda ecológica.

El “Documento Cero” de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible reconoce que hay mucho camino por recorrer. Empero, llama la atención que las políticas propuestas mantienen la lógica convencional de los famosos “ajustes económicos”, que ahora parecieran tomar la forma de “ajustes ambientales” y de una especie de “Bretton Woods Verde”: un sistema institucional y financiero para “asistir” a las economías más pobres, como si fueran las que debieran “ajustarse” para llegar a una sostenibilidad ambiental global.

Hay que establecer mecanismos concretos de institucionalidad nacional, regional y global, que enfrenten la problemática ambiental. Debemos actuar en el marco de un nuevo orden económi-co que tenga como principios programáticos la redistribución de la riqueza, la democratización de los medios de producción, el cambio urgente de patrones de producción, consumo y co-

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mercialización. El objetivo de estos mecanismos debe ser el de cerrar brechas. Los verdaderos causantes de la falta de sostenibilidad ambiental: los ricos, deben responsabilizarse por el consumo irracional de los recursos naturales.

Bibliografía:

Brundtland, GH. (1987) Our Common Future. Brussels: World Comissión on Environment and Development.

Constitución Política de la República del Ecuador. Art. 276.

Daly, HE. (1991) Steady-State Economics.2ndedn with new essays. Washington, DC: Island.

Georgescu-Roegen, N. (1971) The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge: Harvard University Press.

International Energy Agency, Press Release: Recent policy moves a start, but much stronger action is needed to acce-lerate the transformation of the global energy system, says the IEA’s latest World Energy Outlook. Access: http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=402.

Jeong, HY. Partnerships and Governance for Effective Green Development.EROPA22th Congress & International Conference. Access:http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan044527.pdf

Passet, R. (2001) Éloge du mondialisme par un “anti” présumé, París: Fayard.

Schumpeter, J.A. (1983) Capitalismo, socialismo y democracia, tomo I, EdicionesOrbis, S.A.

Sen, AK. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Editorial Planeta.

United Nations (2012) The future we want: “zero –draft” outcome document for the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development.


Bailarines afrodescendientes de Esmeraldas-Ecuador

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INTRODUCTION English Version

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Ecuador: Promoting Buen Vivir and the Rights of Nature

Twenty years after the United Nations Conference on Sustainable Development in Río in 1992, the world faces multiple crisis: financial, economic, energy, food, climate and environment. These are symptoms of the crisis of the economic model and the conventional styles of de-velopment. The weak implementation of the commitments to reach sustainable development show the world that the structural causes of the unsustainability of the current development model still remain.

It is important to recognize that the economic system is a subsystem of the global ecosystem. This implies that the ecological principals of the Earth’s sustainability are superior than the principles of the traditional economic system. In consequence, the economic’s system long-term development should follow the principles of evolution of the global ecosystem.1

In Ecuador, the discussion on the development model and the biophysical limits of the planet became a key issue when the government of President Rafael Correa took office in 2007, and especially during the drafting of the new Constitution in 2008, adopted through popular vote.

The Constitution framed the development model in the paradigm of Buen Vivir (life at its fullest). This concept is in itself an alternative to development, which seeks to replace a model based on economic growth which has led to poverty, inequity and exclusion. Buen Vivir is a process in construction, based on the traditional knowledge of indigenous peoples and nationatilities.

Buen Vivir implies living in harmony with oneself, with nature and with others, while building democratic, inclusive, plurinational and intercultural states. Buen Vivir also requires the full respect of the rights of individuals, communities, peoples and nationalities, while they exercise their responsibilities within interculturality, respect for diversity and in a harmonious life with nature.2

Another main aspect of the Constitution is the recognition of the Rights of Nature, the first one in the world to recognize such rights. Nature or Mother Earth is no longer considered an object but a subject. Nature or Mother Earth, where life is reproduced and carried out, has a right to its own existence, maintenance and regeneration of its vital cycles, structure, functions and evolutionary processes.3 Ecuador’s Constitution is by far the most progressive one in relation to recognizing the limits of Nature.

With those two basic paradigm shifts, under Ecuador’s Constitution, to reach Buen Vivir de-mands the integration of five pillars: economic, political, social, cultural and environmental.

1 Fander Falconí, Presentation at the XVIII Meeting of the Forum of Environment Ministers and First Meeting of the Latin American and Caribbean Community of States, CELAC, Quito, February 3, 2012.2 Constitution of Ecuador, Art. 275, Quito, 2008.3 Constitution of Ecuador, Art. 71, Quito, 2008.

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The Buen Vivir paradigm implies work in the following areas: improve the quality of life; build a just, democratic, productive, solidary and sustainable economic model based on the equal dis-tribution of the benefits of development, the means of production and the generation of stable and dignifying work; promote participation with equity and social control; recover and conserve nature and maintain a safe and sustainable environment; guarantee national sovereignty, pro-mote Latin American integration; promote territorial development with equity; and, protect and promote cultural diversity.

National Planning and Institutional Development

This comprehensive approach is further developed in the country’s National Plan for Buen Vivir, which is the planning instrument that coherently develops the paradigms included in the Constitution and integrates the five pillars of sustainable development. It includes 12 national objectives, with goals and indicators, which are monitored, evaluated and reviewed on a yearly basis and adjusted every four years. The Plan itself has defined a twenty year road map that will guide the country to a production reconversion whereby its main income will come from biotechnology, bioknowledge and conscious tourism services, moving away from extractive activities, such as oil and mining.

The Plan has been developed by government institutions with the participation of civil society organizations and social movements. It guides the work of all public institutions and is refer-ential for the private sector. Planning is today a key issue assumed directly by the government, whereas before, during the neoliberal years, planning almost disappeared, since privatization schemes required the State to pass on its responsibilities to the private sector.

Another important aspect of Ecuador’s program has been to restore the role of government in-stitutions. Along with the Ministries that execute policy, there are now Coordinating Ministries by areas, for example: Natural and Cultural Heritage, Knowledge, Social Development, Strate-gic Sectors, Economic Policy, Production. Each coordinating ministry integrates the planning process, including projects and budget definitions, of 6 to 10 ministries. The Coordinating Ministry defines with the National Planning Secretariat and the Ministry of Finance the budget allocation for the work to be carried out by the ministries.

This approach has allowed an adequate integration of the sustainable development pillars in the planning process, as well as monitoring the implementation of public policy. Every year, the Coordination Ministers present a consolidated report to its citizens in relation to the work the ministries have carried out, as well as responding to any requests for further information and clarification. This is in line with the fifth branch implemented with the new Constitution, named Citizens Participation and Social Control (along with the executive, legislative, judicial and electoral branches).

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Ecuador’s innovative work and proposals

In this 5 year period, Ecuador has also developed forward looking proposals for sustainable development with strong political impact at a global level.

One of the most innovative proposals is the Yausuní-ITT Initiative. The main idea of this initia-tive is to leave unexploited 846 million barrels of oil in the Ishpingo-Tambococha-Tiputini camp, about twenty per cent of the country’s oil reserve, within the Yasuní National Park, in order to conserve biodiversity, protect the indigenous peoples that live in voluntary isolation, promote social development and combat climate change. This will also avoid the emission of 407 million tonnes of carbon dioxide. Under the principle of joint responsibility, Ecuador requests the international community to provide a compensation equivalent to at least USD 3.6 billion, which represents fifty per cent of the amount the country would receive if it were to exploit the oil.4 Such resources will be used to change the energy matrix, effectively conserve protected area; reforestation; increase energy efficiency; social development in the area; and research, science and technology. This proposal is especially significant since Ecuador is an oil exporting country that depends highly on oil exports in its national budget.

There has also been a dramatic increase in the number of protected areas. In 1996 there were 16 areas; currently there are 46 protected areas (19.1% of Ecuador’s territory).5 This area is managed directly by local and national government, while there are also forests managed by the private sector.

Within the protection of biodiversity and valuable ecosystems, it is important to highlight that the Ecuadorean Amazon region, 45% of the country’s territory, is managed under a specific constitu-tional mandate that considers it a special region due to its cultural and biological richness.

The government has also developed the Environmental and Social Reparation Program to assist communities affected by social and environmental damages, as well as the Socio Bosque Pro-gram, which provides economic incentives to 90.000 peasants and indigenous communities committed to the protection and conservation of native forests.6

Ecuador has also developed its National Climate Change Strategy, which includes projects to change the energy matrix, through hydroelectric plants that will reduce the generation of electricity based on oil fuel.

On the economic side, Ecuador has been able to reduce its foreign debt and manage its econ-omy with sovereignty. After a foreign debt audit to determine illegitimate debt, as well as

4 Ministerio Coordinador de Patrimonio, Yasuní-ITT, Una Iniciativa para Cambiar la Historia, Quito, 2010.5 Ministerio del Ambiente. Mapa del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). Quito. 2011. 6 Ministerio del Ambiente. Manual Práctico. Rendición de cuentas del plan de inversión de los socios comunitarios del Programa Socio Bosque. Quito. 2011.

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renegotiating its debt, Ecuador now has more resources for social development. In 2000, the relation debt/GNP was 89%, while in 2009 it dropped to 20%.7

In relation to poverty eradication, Ecuador has developed programs such as the Solidary Bonus which provides monthly financial support to 1.8 million people. The government has also devel-oped special programs for people of different capabilities, such as the Manuela Espejo and Joaquín Gallegos Lara programs, whereby people are visited in their homes, while the relatives who take care of them receive government financial support for the work they carry out.

The investment in education is a high priority for the government, and currently 12% of the state’s budget is designated towards education.8 Education is free for all citizens, including university, as a Constitutional mandate. The government has given high priority to education through scholarships, more investment in public education, evaluation of colleges and univer-sities, as well as building “Millenium Schools” in impoverished neihbourhoods and rural areas, with the latest technology and quality. There is also a program in place to develop Yachay, the city of knowledge, which is an innovation cluster for higher education.

In summary, the Government of the Citizens Revolution has been the first one in Ecuador’s history to assume the preservation, maintenance and dissemination of our cultural and natural heritage as an authentic State policy, developed by the Coordination Ministry of Heritage, in order to reach the Buen Vivir.

Ecuador towards Río+20

After carrying out a participatory national evaluation process in relation to sustainable develop-ment in the country, Ecuador has developed four proposals for discussion in the Río Confer-ence, based on the principle of common but differentiated responsibilities, equity and ecologi-cal debt.

1. The paradigm of Buen Vivir, as an alternative to development, recovering a life in harmony with nature, in recognition of the limits of Pacha Mama or Mother Earth.

2. The promotion of a Universal Declaration of the Rights of Nature, to ensure that Moth-er Earth’s cycles and evolutionary processes are respected.

3. The establishment of a new international economic order and a new financial archi-tecture. This implies we need to take action to face the multiple crisis, including the financial one, and to guarantee financing mechanisms for development. Ecuador presents the following proposals:

7 Banco Central del Ecuador. Evolución de la economía ecuatoriana. Quito. 20098 Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, Evaluación del Plan Nacional para el Buen Vivir. Quito. 2012.

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a. the Daly-Correa tax on oil imports by developed countries;

b. a new emission of Special Drawing Rights, SDRs, to make resources avail-able for sustainable development;

c. the Net Avoided Emissions mechanism, which implies compensation for developing countries that decide not to carry out an activity that causes greenhouse gas emissions; this mechanism currently forms part of the United Nations climate change negotiations;

d. the tax on international financial transactions; and,

e. the Yasuní-ITT Initiative.

4. Develop the fourth pillar of sustainable development, namely culture, which articu-lates and generates a balance among the three pillars: economic, social and environ-mental. In capitalism, culture has been instrumental in favor of economy, which has led to promote homogeneity and thus undervalue diversity. By considering culture as one of the main pillars of sustainable development, the idea is to recover diver-sity, respect different cultures as a key element to build sustainable societies, pro-mote popular and solidary economy, promote respect for human rights and ancestral knowledge; promote participation in conditions of equity, interculturality and respect for nature.

The Río+20 Conference demands bold proposals and decisions, as the world is at risk. We consider the proposals Ecuador is bringing forward can contribute to find solutions, especially if we consider that they are being built right now, in order to build a world of social and envi-ronmental justice.

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Ecuador´s National Position for Rio+20United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20

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1. Background

Over the past 20 years, various Latin American countries and nations in particular have made ma-jor breakthroughs in achieving sustainable development. Nevertheless, it is alarming to observe that, still today, poverty is affecting millions of human beings, especially the indigenous peoples and Afro-descendants; that social gaps and inequity have not been bridged and, in some cases, have become wider; that employment and decent jobs are not within the reach of all; that water is an increasingly scarce resource; and that, to promote exports and imports, we have dismantled local production and as a result surrendered our food sovereignty.1

It is also a matter of concern to observe the low level of compliance with the agreements reached 20 years ago at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro. The developed countries have not met their commitments to reduce greenhouse gas emissions, and at present we are encountering problems that could have been prevented. The impacts attributable to climate change require increasingly larger amounts of economic resources for adaptation and mitigation actions, especially in developing countries, which are increasingly difficult because the developed countries have not fulfilled their funding obligations. Now, on the basis of the outcomes of the Climate Change Conference held in Durban, in November/December 2011, there is an attempt to undermine the principle of common but differentiated responsibility (CBDR), although there is still much work to be done to tackle the climate debt.

In biodiversity, humankind has witnessed the systematic and growing loss of ecosystems, ge-netic resources, and species, as well as the difficulties to secure measures and agreements that promote and safeguard a fair and equitable participation in the benefits stemming from the use of genetic resources. Only after 18 years of negotiations, in 2010, was the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources signed.

Implementation of actions for capacity building of developing countries by transferring and ex-changing knowledge, providing access to public goods and global commons, and effectively transferring safe, new and innovative technologies in line with national needs and priorities, with-out conditionalities, is also limited.

The recurrent economic and financial crises that have affected and are affecting various countries, unsustainable production and consumption patterns, the wide disparities between rich and poor countries, as well as inside societies, the loss of food sovereignty and security, abrupt climate changes, the energy crisis, the deterioration of ecosystems, the loss of forests and biodiversity,2 growing difficulties to have access to water, and the pollution of the rivers and seas, all are in-controvertible signs of the problems besetting humankind and the Earth and highlight the limits to building sustainable development. Weak implementation of previously agreed commitments

1 The distance between the “farm and the table” as Capra says (2003) has grown increasingly. “In the United States, every ounce of food travels an average of more than a thousand miles before reaching the consumer.”2 Leonardo Boff stresses that, between “1500 and 1850, one species was presumably lost every 10 years. Between 1850 and 1950, one species was lost every year. Since 1990, one species is being lost every day.”

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underscore not only that the levels of compliance were limited but also that the structural causes of the non-sustainability of the current development model were never even addressed.

It seems that, because of the driving force behind boundless economic growth, we human beings forgot that we are part of a larger system, where each one of its components has a function that nourishes life. On the basis of this rationale, we thought that technology would be able to com-pensate for the damage we were causing and even for the loss of ecosystems, biodiversity and species, and we paid no attention to the Earth’s biophysical limits. We simplistically confused the means with the ends, and we allowed the market and money to play a decisive role in defining the course of humankind and the planet.

By recognizing that the race for continuous economic growth is clearly unsustainable because of the Earth’s finite limits and that we have to shift the focus of our motivations, it has become evident to us, now more than ever, that the complexity of current problems requires comprehensive, in-novative and definitive answers.

Merely to raise awareness about what the Rio+20 Conference involves, we believe it is important to recall that every five seconds a child under 10 years of age dies of hunger. This is happening on a planet with a huge amount of wealth, which, according to Jean Ziegler, UN’s first Special Rap-porteur on the Right to Food, can feed 12 billion human beings without any problem. Therefore these deaths are not a fatality, but rather highlight the failure of a model that concentrates wealth, a model that is now prevailing throughout the planet. That is the reality we have to tackle at the Rio+20 Conference, if we want to effectively renew our commitment to sustainable development and work to achieve planetary social and environmental justice.

2. Goals of the Conference and expected results

The 2012 United Nations Conference on Sustainable Development, referred to as “Rio+20,” has the following goals: to secure renewed political commitment for sustainable development; assess the progress achieved to date and the remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development; and address new and emerging challenges and issues.

The Conference will focus on two themes: a) the “green economy” and b) the institutional frame-work for sustainable development. The UN Secretary-General’s Sustainable Energy for All Initia-tive will also be discussed at the Conference.3

The green economy proposal, however, far from challenging the bases of a development model that has proven to be unable to guarantee the reproduction and continuity of life, does nothing but showcase the environment “as a component of the infrastructure on which the economy relies” (ALBA, 2012).

3 For this purpose, there is the document “Sustainable Energy for All” that is available for this purpose.

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The green economy, as proposed, not only leaves the foundations of an inequitable, excluding, and unsustainable system intact, it also exacerbates current disparities by applying fiscal policies for natural resource management and requiring enforcement of these adjustments, exaggerating the private sector’s role to the detriment of State action, and promoting indicators and standards that would dictate conditions and restrict trade to the detriment of developing countries. In addi-tion, this proposal does not envisage mechanisms for the transfer of technologies under condi-tions that are favorable to developing countries, much less revise intellectual property rights. What it actually strives to do is alter international cooperation modalities to encourage private-sector investment, foreign direct investment and market mechanisms.

Supporting a “green economy” without changing production and consumption patterns is a way of endorsing protectionism, ignoring the speculation that led to the crisis of the capitalist system, disregarding the rights of ancestral peoples, appropriating and privatizing environmental services, and continuing the technological dependence of developing countries.

Regarding institutional capacity building for sustainable development, the United Nations Envi-ronment Programme (UNEP) is considering a wide range of options,4 to which are being added proposals such as the one submitted by Cuba, aimed at establishing a Global Ministerial Forum on Sustainable Development, another submitted by France with its proposal of a World Environmental Organization, and yet another by Africa which is proposing the transformation of UNEP into a Sus-tainable Development Agency. We believe that work needs to be done to draw up a legally binding instrument to act as the institutional framework for sustainable development, which would benefit from a financial mechanism in keeping with the vision of a new international financial architecture.

The decisions on new institutional arrangements that could contribute to facilitating and guaran-teeing achievement of sustainable development must, in any case, be subject to the character and scope of the agreements that might eventually be reached at the next United Nations Conference, bearing in mind the need to strengthen cooperation mechanisms and the levels of follow-up and monitoring over the enforcement of already existing binding agreements and commitments. A critical review of the role performed by the current institutional framework in building sustain-able development and the introduction of in-depth reforms of its operation to avoid duplicating functions and overlapping responsibilities among the various agencies of the United Nations are required. This is in line with a necessary reform of the United Nations system.

A similar consideration is included in the discussion about access to energy. The decisions taken on this issue must be anchored by a reassertion of the principle of common but differenti-ated responsibility (CBDR), as well as by an inclusive approach, one promoting a change in the world’s energy matrix. This requires comprehensive policies to reduce dependence on fossil fuel consumption, improve energy efficiency, promote technology research and development, and adopt measures that foster equitable energy distribution, access, and use. It is also alarming to

4 The options that, since 2005, have been ripening at the heart of UNEP’s Governing Council include: a) capacity building of the role of the UN Economic and Social Council (ECOSOC); b) capacity building of the UN Commission on Sustainable Development (CSD); c) transforming the UN Commission on Sustainable Development into the Council for Sustainable Development; d) capacity building of UNEP; and e) transforming UNEP into an international agency specializing in the environment.

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observe that, in the search of alternative energy sources, the policies being adopted to depend less on oil entail advancing the agricultural frontier by large private corporations for extensive single-crop farming, which will exert an adverse impact on food security and sovereignty, mainly that of the indigenous peoples, the Afro-descendants, and rural workers, and lead to a greater loss of biodiversity, contribute to aggravating soil erosion and render even more complex the unfair distribution of land.

This review of the three initiatives that the Rio+20 Conference intends to focus on (green econ-omy, institutional framework, and access to energy) highlights the risks of watering down the impact of an event of this importance. Other than this, we wish to draw attention to the danger of backtracking on the commitments made 20 years ago, in terms of sustainability and equity, as well as the danger of paving the way for a vision that gives priority to private-sector initiatives above and beyond social interests and State sovereignty and that gives to the market a key role in surmounting current difficulties.

In view of these orientations that are currently being promoted to address a new Earth Summit, Ec-uador believes that the Rio+20 Conference should provide an opportunity to reaffirm the principles of sustainable development and to assess the progress made in drawing up alternatives based on innovative proposals and lessons learned from around the world, especially in Latin America and the Caribbean. It is impossible to make progress if the causes of the structural crisis are not ex-amined. The Conference must not be used to renegotiate or redefine instruments, principles, and outcomes already agreed upon at previous summits on sustainable development. As we indicated earlier, this would involve backtracking on previous commitments, responsibilities and rights.

The Rio+20 Conference will be a unique opportunity to assess the progress achieved, gaps and failures of Agenda 21, the 2002 Johannesburg Plan of Implementation, and the Rio Conventions (United Nations Framework Convention on Climate Change, Convention on Biological Diversity, and the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification), which shall be used as the basis for tackling other issues such as food sovereignty, security in health, right to water, poverty abatement, and the impacts of the economic and financial crisis on the sustainable development agenda.

We can therefore draw up a renewed and dynamic agenda that brings together and interlocks the three pillars of sustainable development: the social, the economic and the environmental, to which we now include culture, which entails observance, by the States, of the individual and collective rights of the peoples belonging to the cultural diversity of all regions of the world. This renewed agenda must abide by the principle of common but differentiated responsibility and the principle of equity, promote equality and draw up a framework of action for the next 10 years, one that provides a comprehensive response to the problems that have not been resolved since the 1992 Rio Conference, with an up-to-date approach that takes into account the current reality and context, as well as the new challenges.

The possibility of “renewed political commitment for sustainable development,” as outlined in the objectives of the Rio+20 Conference, lies in the decision to change unsustainable production

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and consumption patterns, especially in developed countries, and to call for the reduction of their ecological footprint. This commitment also entails eliminating the causes of the climate crisis, and therefore urgent agreements are required to reduce greenhouse gas emissions, with manda-tory compliance by the developed countries.

Progress must be made in transforming the current development model into a new economic model that does not focus on endless physical capital accumulation, but rather promotes an inclu-sive, sustainable, and democratic economic strategy respecting nature’s limits. It must consider the ancestral knowledge of the indigenous and Afro-descendant peoples of Latin America and the Caribbean, who over the years have contributed to conservation of the biodiversity and ecosys-tems of their territories, as well as to the management of climate change impacts.

The damages inflicted upon the Earth by this economic model are no less severe than the dam-ages inflicted upon the majority of human beings, who are forced to produce in conditions of severe instability and disrespect for their rights, to depend on the tyranny of interest, discount and profit rates, and to consume irrelevant, deleterious and disposable goods.

To combat climate change, it is important to recognize the ecological debt and to reassert the principle of common but differentiated responsibility. This is all the more important when there are developed countries that not only emit huge amounts of greenhouse gases but also create large amounts of waste because of their continued use of unsustainable production and consumption patterns.

It is essential to define direct correlations and proportions between the waste a country generates and the energy it consumes, as well as what it is doing to mitigate its impact on ecosystems and the atmosphere.

Actions must be discussed and taken to transform the current inequitable economic and financial system, whose rationale is contrary to the principles of sustainable development. The Conference must agree on alternatives based on a new economic order and a new global financial architecture that take into account the principles of fairness, transparency, sovereignty, equality, interdepen-dence, common interest, cooperation and solidarity among peoples, with the effective participa-tion of developing countries in the international decision-making process.

The Conference must reaffirm Principle 12 of the 1992 Rio Declaration on Environment and De-velopment so that trade policy measures for environmental purposes do not become a disguised constraint on international trade, or a means of arbitrary or unjustifiable discrimination undermin-ing the sovereign right of countries to tap their own resources on the basis of their own develop-ment policies.

The Conference must address the distortions in the flow of resources between the countries of the North and those of the South and find ways to correct them and strike an adequate balance. In 2007, the resource flow from North to South was negative (amounting to a deficit of US$869 billion), and for Latin America it amounted to a deficit of US$99.8 billion (United Nations, 2008,

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quoted by Ortiz and Ugarteche, 2008). The net loss of natural resources from South to North, how-ever, was even more critical. In 2009, the difference between imports and exports as measured in physical units amounted to 181.6 million tons to the detriment of the countries of the Andean region, which lost biomass, nonrenewable resources, biodiversity, and environmental services degraded by production processes (Falconí & Vallejo, 2012).

It is urgent to examine prioritization of investment to revert the huge sums devoted to military spending so they can be rechanneled toward sustainable development. It is incomprehensible that, in 2010, military spending amounted to US$1.6 trillion (MCP, 2012). Combating poverty and exclusion is the best tool to keep the peace.

Along with changes in the production and consumption models, as well as in the economic and trade ties between States, a medium and long-term agreement is needed to overhaul and upgrade technology and change the energy matrix, in a framework of respect for the limits imposed by na-ture. In this direction, the Conference must build up cooperation for the exchange of technologies and capacity building, in line with the country’s priorities and needs, as well as establish a system for the monitoring, evaluation, and information of technologies that are developed and promoted to watch over enforcement of security standards and consider ethical, social, environmental, and cultural aspects. Safe technology access and transfer must take place without conditionalities and on the basis of an in-depth review of legislation on intellectual property rights. In this framework, technology transfer promotion and social and academic capacity building for the benefit of devel-oping countries are required, with emphasis on clean technologies that contribute to sustainable development. This involves fostering technology research and development from the countries of the South, taking into consideration the ancestral knowledge of the peoples.

At the Conference, the concept of energy security and access, food security and sovereignty must be consolidated on the basis of the principles of equality, equity, democratization of the means of production and energy supply. Coordinating the institutions of the States must be promoted to strength their core roles of regulation using an ethical approach to overcome social, environmen-tal and economic problems.

The Conference must be inclusive and transparent, bring together the visions and proposals of the countries, and foster the participation of social sectors to ensure compliance with the sustainable development agenda. It is indispensable to promote the mainstreaming of women, young people, male and female campesinos, and peoples and nations into policies and actions to achieve sus-tainable development; the restoration of knowledge and wisdom of our peoples and nations about how to live in harmony with nature; and the reappraisal of, and respect for, the wide diversity of cultural expressions, so as to guarantee broader participation and foster real inclusion.

The agreements reached at the Rio+20 Conference must promote the effective mainstreaming and internalization of the sustainable development agenda by all sectors and stakeholders of de-velopment and national planning.

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Materializing the expectations that were indicated requires setting up an institutional framework for sustainable development and a political agreement, both national and international, as well as in regional integration forums.

3. The new challenges of sustainable development

In view of limited compliance with the agreements reached 20 years ago, intensification of several current problems, such as the financial crisis and the impacts of climate change that have been especially severe on various countries, and the increasingly evident observation that, to guarantee the continuity of life, it is necessary to trigger substantive changes in the relationship we have with the Earth, we the many countries of Latin America, and Ecuador in particular, started, several years ago, discussing, creating, and drafting new paradigms as alternatives to the prevailing develop-ment model.

At various regional meetings, as compiled in the Declarations of the MERCOSUR+Chile Ministers of Environment, the Ministers of Environment of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), the Ministers of Foreign Affairs of the countries that are members of the Amazon Cooperation Treaty Organization (OTCA), and the Quito Declaration drafted at the First Meeting of Ministers of Environment of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), there are agreements and shared viewpoints with regard to current severe problems, consolidating the possibility of creating a common vision, which can be debated at the next meeting of Rio, on the basis of the following four premises:

• relaunching the sustainability agenda so that there will be no backtracking on the prin-ciples agreed upon in Rio 1992;

• transforming the development model, with emphasis on distribution, equity, and inclu-sion;

• implementing financing, capacity building, and technology transfer, with the disman-tling of barriers; and

• drafting a program with clear social, economic and environmental goals and results over the next 10 years.

To contribute to drawing up this renewed agenda, inspired by the need to be “flexible to the les-sons of history” (Onfray, Michel), Ecuador proposes the following subjects that bring together the approaches to equality enshrined in Ecuador’s Constitution ratified in 2008 and the National Plan for the Buen Vivir 5 (life at it´s fullest), aimed at bridging social divides and which are the pillars of

5 Buen Vivir can be translated as life at its fullest along the text we will use Buen Vivir. The Constitution of 2008 recognizes the concept of Buen Vivir which implies living in harmony with oneself, with nature and with others, while building democratic, inclusive, plurinational and intercultural states.

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the Buen Vivir. It recognizes plurinationalism and interculturalism as the groundwork for promot-ing a State and a society based on unity and equality. Harmony with the environment and promot-ing, respecting, and guaranteeing human rights, aimed at developing the liberties, opportunities, and potential of persons, are the basic aspects reflecting the Buen Vivir . As a society, Ecuador strives for a world of justice and equity.

3.1 A new paradigm: Buen Vivir (life at its fullest)

Ecuador is proposing the Good Way of Living as a new paradigm, focusing on meeting needs, to replace the prevailing model of profit maximization based on boundless economic growth, which has led to the overexploitation of natural resources, poverty, inequity, and exclusion of the majority of the population. This development model, supported by mass production and the waste of large volumes of materials and energy, was able to sever the connection between human beings and the cycles of nature (Quirola, Dania in Acosta, et al., 2009).

The Buen Vivir is at the very heart of the Constitution of Ecuador that was ratified in 2008. It is the vision on which the country’s strategic planning rests, that is, the National Plan for the Buen Vivir. It provides a roadmap for the transition to overcome the current model based on an extraction-based economy. In that direction, the Constitution points out that the development structure, as the organized, sustainable, and dynamic group of economic, political, socio-cultural and envi-ronmental systems, guarantees achievement of the Buen Vivir and that the latter “shall require persons, communities, peoples and nationalities to effectively exercise their rights and fulfill their responsibilities within the framework of interculturalism, respect for their diversity, and harmoni-ous coexistence with nature” (Article 275).

The Buen Vivir is not a concept aimed at substituting current paradigms by simply dressing them in a new disguise. On the contrary, the Buen Vivir has emerged as an alternative to development; it therefore challenges the prevalence of a production and consumption mode that has proven to be unsustainable, that has not met the needs of current generations, and that entails severe risks for observance of the rights of future generations.

The Buen Vivir calls for striking a balance between human rights and nature and breaking away from the anthropocentric vision that has made nature subservient to the interests of human beings and has transformed it into an object of manipulation and appropriation. But, far from being a stance that only advocates “ecological causes” according to Lucien Sève, it recognizes the need to guarantee a life of plenitude for human communities, far removed from the current commodifi-cation of all human manifestations that has inevitably led to boundless capital accumulation and blurred the very meaning of life. As a result, the Buen Vivir is stressing, on the one hand, guaran-tees for the exercise of rights involving inclusion and equity, such as the right to food and water, to a healthy, pollution-free environment, to education and health, to housing and sanitation services, to information and communication, to participation, to science and technology and is promoting,

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on the other hand, biodiversity conservation and natural resource management respectful of the Earth’s limits and capacities, which entails recognizing nature as a subject of rights.

To the extent that every culture and people, in line with their history and the characteristics of their environment, define their own needs, the Buen Vivir, far from being a standardized linear con-cept, asserts the importance of respecting and valuing the diversity of current cultures and their manifestations. Respect and appreciation for this diversity implies giving greater momentum to interculturalism, plurinationalism, and cultural rights; combating racism and discrimination; and challenging the stances and visions aimed at eliminating cultural differences. Achievement of equity and equality cannot be divorced from the struggle for the recognition of differences. That is why, although the Buen Vivir enshrines a proposal that is part of the world vision of the Andean indigenous culture—the sumak kawsay—, it stresses that nature is not a thing or an object but rather a “life space” (Quintero, Rafael in Acosta et al, 2009) from which only what is needed for living is taken, while prizing and incorporating into its conception the best of Western thought, the scientific and technological contributions made by “modernity,” in an effort to build a better and more equitable world. As indicated by Boaventura de Sousa Santos, “plurinationalism does not only involve the various indigenous peoples or nations, it also involves non-indigenous identities (white-mestizo and black)” (2010).

Reasserting the importance and enforcement of individual and collective human rights and recog-nizing the rights of nature includes building a different type of synergy between society and nature. This new synergy, embodied in the Buen Vivir, is not an instantaneous process nor is it sustained exclusively by the will of the States; on the contrary, it encompasses new ethical, political, social and economic considerations that need to be built into a transition process to reverse how we have taken over the environment and to shift from an extraction-based economy to another type of economy, one characterized as the society of bio-knowledge or the post-petroleum phase. In the words of Janine Benyus, when referring to transition, it involves “paving the way for an age that is no longer based on what we can extract from nature, but rather on what we can learn from her” (quoted by Capra, 2003) and thinking about where we would like to go and what we would like to achieve as humankind, with the in-depth and rigorous approach that this question deserves.

The transition to the Buen Vivir emerged as a response to the persistence of structural prob-lems that the current development model has not been able to reverse and the impossibility and impracticability of keeping the same parameters under which we have exploited nature. In this process, priority must be given to working on issues that have not as yet been resolved, as well as new issues, such as the following:

a. promoting and consolidating food and energy sovereignty;

b. changing production and consumption patterns;

c. changing the energy matrix;

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d. capacity building of the grassroots solidarity economy and the ensuing promotion of the economy of small and medium-sized producers;

e. comprehensive security, disaster preparedness, and risk management from the eco-logical and human security standpoint, recognizing the vulnerability of populations and ecosystems;

f. sustainability of urban and rural areas, including land-use planning and management;

g. waste reduction and integrated management of solid and liquid waste and sanitation;

h. right to water and comprehensive management of water resources;

i. pollution and acidification of the seas;

j. efficient actions to halt loss and environmental degradation of fragile ecosystems and mountain areas, desertification, irreversible loss of biodiversity;

k. climate change adaptation and mitigation;

l. equitable distribution of income at a global scale and in the countries;

m. promoting the society of bio-knowledge;

n. promoting equitable and fair trade;

o. improving the situation of women, young people, children, and adolescents, as well as priority target groups for services;

p. focusing on the situation and human rights of indigenous peoples and nations, Afro-descendants, backcountry dwellers of the coastal region (montubios), and mestizo rural dwellers (cholos); and

q. spreading democracy more widely and in depth, as well as mechanisms for settling disputes.

Building a different relationship between human beings requires challenging the way we have been appraising, measuring, assessing and quantifying wealth and well-being. Conventional tools and instruments do not provide an adequate yardstick to measure the entire productive capacity of life or those exchanges that cannot be commodified or the household work of women; they also neglect processes that destroy nature and social impacts stemming from certain economic activi-ties (Lander, Edgardo in Acosta, et al. 2009).

In this context, the green economy could be viewed as one of the tools to complement other mechanisms for the achievement of the Buen Vivir, which is based on equality, poverty abatement, environmental sustainability and bridging gaps, among other elements. It has to be adapted to the economic models, development priorities, and political and institutional frameworks of each country, as well as the grassroots solidarity economy, the ancestral knowledge of peoples and

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cultures, fair trade, and the multi-pronged approach to appraising public goods and global com-mons. This support, which is actually more instrumental, does not prevent us from building of a new type of yardstick to measure development on the basis of indices to gauge well-being and physical indicators that bring together the many linkages between the economy and the ecology and that make it possible to assess the transition toward the Buen Vivir. Nor does it minimize restoring the importance of indicators that are already there, such as gross domestic product (GDP), which would make it possible to contrast a country’s productive capacity on the basis of its own resources.6

Building the Buen Vivir also requires promoting a joint regional stance regarding the transfer of technology and capacity building for the benefit of developing countries, with emphasis on those technologies that can be adapted to the realities of a country and that can contribute to minimizing the environmental impact and contributing to sustainable development (CEALC, 2012b). In this framework, it is important to promote technology research and development from the countries of the South, and this entails building up social and academic capabilities for the benefit of develop-ing countries. It is worth recalling here that meeting these requirements is part of the pending commitments of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its associated instruments.

3.2 The Rights of Nature

Formal recognition of the rights of nature means considering the natural environment where we live not as an inexhaustible source of resources, but rather as the right that nature has to have her existence and capacities to create and reproduce life respected. By recognizing the rights of nature, we highlight her intrinsic value and the sovereign rights of countries to conserve their natural heritage.

For the first time in the world, the rights of nature have been included in a Constitution, the Consti-tution of Ecuador, with the same rank as the other rights enshrined in this Constitution: “Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes. / All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate. / The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem” (Article 71).

These rights are part of the recent Latin American trend of drafting new Constitutions inspired by the world vision of peoples and nations who believe in the indissoluble unity of the diverse participants of Pacha Mama and emphasize the principles of equilibrium, mutual respect, and

6 Round table on the New Financial Architecture, organized by the Coordinating Ministry of Heritage, February 8, 2012.

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relationships between human beings and nature. Nevertheless, in various periods of humankind’s history, even Western tradition has provided some kind of legal approach to certain components of nature, such as the development of a legal framework in the United States and Europe, classify-ing mistreatment of animals as an offense, or the laws in Argentina recognizing that a mistreated animal is a victim. The introduction into legal systems of penalties for perpetrating crimes against the lives of animals or for cruelty against them, the debate about the respect for animal rights and the discussion about extending rights to nonhuman subjects are all aspects that have currently caught the attention of public opinion in various countries.

Restoring value to the indigenous outlook when proposing the rights of nature and finding match-ing Western philosophical trends aimed at defending the rights of components of nature is an opportunity for creatively bringing together stances that are for the protection of life (Gudynas, Eduardo in Acosta et al., 2009).

Among the objections to granting rights to nature, it is argued that it is not possible to extend rights to a subject that cannot call for enforceability 7 or to a subject that does not have the capac-ity to breach the law or infringe a right. Many human beings are prevented by certain physical and psychological circumstances from enjoying their own capacity to call for enforceability or from committing any infringements because they lack their own will; this, however, does not prevent them from being viewed as the subjects of rights, on the one hand, and the subjects of protection by means of an administrative measure, on the other hand.

Among those objecting to recognizing the rights of nature, there are those who point out that harm done to animals or nature in general must be penalized because of how it affects, either directly or indirectly, human beings. This vision, which is closely tied to environmental law and human rights, to the extent that defense of the environment is justified and sustained because it is a hu-man right, in addition to reifying nature and her species for the benefit of one single life form (the human life form), is far removed from the ethical understanding that men and women, animal and plant species, ecosystems, rivers and mountains are all part of the same Earth, Gaia or Pacha Mama, which is the world vision of the Andean indigenous peoples (Zaffaroni, 2011).

Recognition of the rights of nature, far from consecrating its components or hindering the pos-sibilities of using its resources, calls for drawing up a new relationship, one governed by respect, and a renewed ethical approach, committed to taking from the Earth only what is necessary for a life of plenitude, which would meet basic needs but exclude abuse and superfluous consumption. Far from undermining the right of human beings to alter nature to guarantee the reproduction of life, it is a call to take into account that the continuity of life depends on the profound interconnec-tion and interdependence with natural elements and nature’s right to continue existing. What is indeed challenging the rights of nature is the current economic model, its forms of production and consumption, because of its impacts on human beings and nature, which we are a part of, and its pretense to view nature and its components from a purely economic standpoint.

7 The Constitution of Ecuador recognizes the right of every person to file a complaint to defend nature, without requiring the complain-ant to prove the damage that is being reported.

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From that standpoint, the rights of nature posit that no living being can be treated as if it were a thing, that the actions we undertake must not destroy the future possibility of life, and “that individual and collective rights must be in harmony with the rights of other natural communities, that ecosystems have their own values, regardless of their usefulness for human beings” (Acosta, 2009). This makes it all the more urgent to recognize the right of all the other living beings that share the Earth with us to exist, because the diversity of life is, in itself, a value. In short, it involves giving priority to the value of life and to propose broadening recognition of the subjects of rights which, as has occurred in other historical periods, were also the target of struggles that were op-posed because of the threats they posed to prevailing social balances of power at those times (for example, think about the abolition of slavery, recognition of women’s rights, the freedom to sexual options, the struggle to extend rights to children, the collective rights of indigenous peoples and Afro-descendants, and in general the social and political upheavals that have led to the wide-spread granting and enforcement of rights).

By giving priority to Nature’s existential value, the concept of heritage becomes once again rel-evant. Heritage, which is the legacy that has been passed on to us by our ancestors, must be managed responsibly, because it is also the legacy that will be left to future generations. This notion, although it does not prevent the use of Nature for commercial purposes, is not confined to the sphere of the market, but rather points to a sense of responsibility for the present and the future (Gudynas, Eduardo in Acosta et al., 2009).

We must not inflict any further damage upon the Earth. Efforts to uphold life can no longer be undermined behaviors condoning plundering and depredation, nor can the value of nature depend on her usefulness to human beings. Nor can we settle on just adopting legal measures to regulate human behavior. Current regulatory frameworks ultimately tend to justify environmental damage and to give to individuals what was used from the environment, without restoring the natural system itself, much less challenge the production model causing the pollution or environmental damage (Acosta, 2009). What we need, as Ecuador’s Constitution indicates, is a “new form of public coexistence, in diversity and in harmony with nature, to achieve the Buen Vivir, the sumak kawsay.”

By drafting a new contract for peaceful coexistence with nature and rebuilding the connection and cooperation among all components of the Earth, Ecuador is proposing, in the framework of the Rio+20 Conference, that a Universal Declaration of the Rights of Nature be discussed as an instrument to achieve the Buen Vivir. Ecuador recognizes that the course to concretize and imple-ment the exercise of the rights of nature has not as yet been laid out. Therefore, it is an invitation to develop knowledge that is different and to change the epistemological matrix that has provided the blueprint for development over the past millennium.

Ecuador is also supporting the establishment of an International Court of Climate Justice, in order to determine the developed countries’ historical responsibility, as well as reparations, for climate change, that is, the ecological debt they have incurred with developing countries for the green-house gas emissions that have led to this phenomenon. Over the past three centuries, developed

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countries have emitted huge amounts of greenhouse gases and caused an overload in the Earth’s atmosphere, which must be viewed as a public good, and as a result they have obligations with respect to the adverse impacts on developing countries.

3.3 New international economic order and new financial architecture

As a result of the international division of labor, the Latin American economies, and the Ecuadorian economy in particular, have sustained their economic growth on the basis of their dependence on natural resources. The wealth extracted from nature, aimed at meeting foreign demand, in addi-tion to exerting adverse social, cultural and environmental impacts in these economies, has not only had a very high environmental cost, it has also had little impact on overcoming the structural problems that have dogged the region for ages: poverty, inequity and exclusion.

This reality cannot be tackled by implementing instruments and tools proposed in the framework of the so-called green economy. Nor can the complexity of the problems we are facing be tackled by market mechanisms, as a measure to remedy the impacts of a development model of accumu-lation that has proven to be completely unworkable.

Because of this, Ecuador is reaffirming the importance of creating a new international economic order that would effectively overcome poverty, hunger, inequality and environmental deterioration and that would guarantee a redistribution of wealth and change production, consumption and marketing patterns, in other words, an economic order that would be “more fair, equitable and inclusive, surmounting the overspending, loss of credibility, and limitations of the current devel-opment model” (CELACb, 2012).

This new international economic order must be supported by a new structure of fair trade, marked by solidarity with the developing economies, and a new financial architecture. Since one of the main goals of the Rio+20 Conference is to agree upon a renewed vision and commitment for sus-tainable development to eliminate poverty and inequity, it would be an incontrovertible opportunity to channel our efforts into building a new international economic order.

In terms of trade, the specific way that the economies of the South were inserted into the world market, namely, by selling their raw materials, has meant prolonging dependence, increasing their social and economic vulnerability to price volatility, and perpetuating unequal trade, not only in terms of prices but also in terms of the flow of materials and energy that are lost in an ecologically imbalanced exchange. In this context, Ecuador believes that, on the basis of regional integration, it would be possible to exert an impact on the excessive volatility of food prices and speculation on commodity markets, as well as call for concrete responses to the ecological debt of which we are the creditors. The countries of the North must, on the other hand, promote fair trade and

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envisage providing compensation for damages and contingencies (Falconí, 2012) and fostering complementariness among nations.

The change in the international financial system must give priority to conservation projects, tak-ing into account the social, cultural and environmental costs of production processes, but not to increase interest rates, because that would be passed on to higher extraction rates. Rather what is required is focusing on developing secondary and tertiary sectors that can create value, promote the development of infrastructure and strategic capabilities, foster the use of skilled labor, develop technology, and build up specialized human skills. In other words, these sectors, in addition to being labor intensive, must achieve higher added value, contribute to food sovereignty, not mul-tiply environmental impacts, establish linkages with strategic sectors over the long term, and not base their productivity on natural comparative advantages.

The idea behind this new financial architecture is to relocate the money as a means not as an end in itself and to give priority, not to individual interests as a driving force behind the economy, but to the need to guarantee the reproduction of life cycles and, therefore, to consolidate food, energy and health sovereignty. The new financial architecture, moreover, calls for the application of complementariness as a counterforce to competitiveness.

The new international financial architecture is to be structured on the basis of three guidelines:

• a new kind of development bank,

• a new monetary structure,

• a common reserve fund.

The establishment of regional financial institutions, such as the Banco del Sur in Latin America, shall make it possible to provide resources to support the implementation of activities for the benefit of sustainable development rather than its subservience to conditions dictated against the specific interests of each country, as has occurred until now.

Among the financing measures, Ecuador is proposing the issuance of special drawing rights (SDRs) to overcome the liquidity constraints stemming from the impacts of the world economic and financial crisis and its effect on development. The use of these special drawing rights would give priority to providing more resources to tackle the problems of food security, climate change and development in the countries of the South.

Financing must also come from the developed countries’ fulfillment of their historical commit-ment to allocate 0.7 per cent of their GDP to Official Development Assistance (ODA), under the premise that it is necessary to guarantee application of the principle of common but differentiated responsibility (CBDR).

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The new monetary structure is being developed in Latin America on the basis of the Consolidated Regional Compensation System (Sistema Único de Compensación Regional—SUCRE) that not only makes it possible to reduce transaction costs as a result of online interconnection between central Banks, but also to minimize reliance on foreign currencies by using an efficient and trans-parent mechanism. The SUCRE is operating as a regional fiduciary instrument.

The common reserve fund can be provided with funds from freely usable international reserves, physical gold assets; and resources drawn from the certification of underground mineral resource reserves, under the premise that they are physical collateral for investments, although they do not exacerbate the primary extraction-based model.

Among the innovative tax-levying instruments, Ecuador is supporting a tax on international fi-nancial transactions and has proposed the Net Avoided Emissions (NAE) mechanism and the Daly-Correa tax.

As both a market and a nonmarket mechanism, the NAEs consist of greenhouse gas emissions which, although they could be emitted in each country’s economy, they are purposely not emit-ted so as to change the development model, respect biodiversity, and stimulate a change in the energy matrix. To the extent that avoided emissions are aimed at achieving a global net positive balance in the reduction of emission levels and are supporting current efforts to achieve the goals and targets of the Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, their implementation should receive compensation.

One of Ecuador’s most creative initiatives, and the most widely accepted politically, is the Yasuní-ITT Initiative, which is considered to be a genuine example of how the NAE mechanism operates. The core idea behind this initiative is that the Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) oil block lo-cated in the Yasuní National Park shall not be tapped or produced in order to conserve the Park’s biodiversity, protect the indigenous peoples who are living there in voluntary isolation, promote social development and combat climate change by avoiding the emission of greenhouse gases that would have been released as a result of extracting close to 846 million barrels of oil. By leaving the oil in the ground (“oil in the soil initiative”) and avoiding the emission of about 407 million tons of carbon dioxide from the burning of fossil fuels, Ecuador is requesting the interna-tional community, on the basis of the principle of joint responsibility, to provide compensation, equivalent to at least US$3.6 billion, that is, half the income the country would earn from produc-ing these oilfields (MCP, 2010). These compensation revenues would be allocated to change the energy matrix, effectively conserving protected areas, reforesting one million hectares of forests, increasing energy efficiency, promoting social development in the Initiative’s zones of influence, and implementing research and development in technology. The Yasuní-ITT Initiative is based on recognition of the values of its use and services and on the nonfinancial and monetary values of environmental security and conservation of planetary diversity.

The Daly-Correa tax is aimed at halting carbon dioxide emissions, funding poverty abatement programs, promoting climate change mitigation and adaptation projects, conserving biodiversity,

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and promoting and developing sustainable energy models for developing countries. It consists of an oil export tax levied on developed countries, for the purpose of providing compensation for carbon dioxide emissions. The revenues from this tax would be administered by a World Fund for Sustainable Development. This proposal, sponsored by Ecuador, “posits a factor of economic justice and a core issue, namely, the international distribution of the causes and impacts of cli-mate change,” by attributing responsibility for the burden of emissions on those countries that consume fuels the most (Gallardo, et al.).

By revising intellectual property rights agreements, multilateral cooperation is an important means to tackle climate change and to achieve sustainable development, because some of these agree-ments undermine the guarantee of human rights to health, housing, and food, among others. Furthermore, there is a huge amount of biodiversity wealth and ancestral knowledge, in terms of tapping biological resources, that have been “drained” from the country, without any kind of acknowledgment or respect for property rights, whether intellectual or ownership.

3.4 Mainstreaming culture as fourth dimension of sustainable development

The discussion and reflection on the ties between society and nature, culture and nature, develop-ment and the environment, ecology and the economy have been a constant element in natural sciences, social sciences, economics, politics, and law. This debate has picked up even greater momentum as the problems of society and nature, culture and the economy have reached such extremes that they now constitute what many call a crisis of civilization that challenges the ratio-nale behind boundless economic growth.

Now this debate is taking place in Ecuador in the framework of a process of deep social, political, and cultural transformation that is being spearheaded by the government of the Citizen Revolution. At the very heart of this thinking process is the issue of overcoming the old paradigm where the social system stands outside the natural system and where nature is an endless source of goods and services supplied for endless consumerism, which ignores the profound inter-relations and interdependence between culture, nature, and society. This approach has led to a cultural, social, and economic crisis and to a collapse of the balance that is required for the natural system to uphold and reproduce life.

In capitalism, culture has been subservient as instrument to the economy, which has led to the standardization of society and the depreciation of diversity. On the basis of this new approach, attempts are being made to revitalize and build up cultures as the foundation for building sus-tainable societies, in view of its direct influence on the quality of living of the population, and to enhance the grassroots solidarity economy model, to promote respect for human and collective rights, for ancestral knowledge and wisdom, and to foster participation under conditions of equity, interculturalism, and respect for nature.

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The Preamble to the Constitution of Ecuador sets forth the dimension and driving force behind this process:

We women and men, the sovereign people of Ecuador, recognizing our age-old roots, wrought by women and men from various peoples, celebrating nature, the Pacha Mama [Mother Earth], of which we are a part and which is vital to our existence… Hereby decide to build… a new form of public coexistence, in diversity and in harmony with nature, to achieve the Buen Vivir, the sumak kawsay.”8

Ecuador recognizes that cultural and biological diversity are the greatest strengths of both the country and the region. In this regard, the strategy is aimed at building medium and long-term mechanisms to foster the society of bio-knowledge and creation of sustainable livelihoods, strik-ing a greater balance and ensuring harmony in social relationships and ties with nature.

Culture’s contribution should not be appreciated solely on the basis of its contribution to a pro-ductive and economic matrix, but rather as an element that gives dignity to human beings and their communities, a contribution that should lead to the building of equitable, humane, fair and inclusive societies.

The Constitution of Ecuador provides for the integration of the following elements to guarantee achievement of the Buen Vivir, the sumak kawsay: economic, political, socio-cultural and envi-ronmental. 9

Ecuador considers that it is essential to incorporate culture as the fourth pillar of sustainable de-velopment and as the coordinating hub bringing equilibrium to the three other pillars, which have already been conceptually recognized: the economic pillar, the social pillar and the environmental pillar.

Culture as the fourth pillar of sustainable development can be found in the UNESCO document entitled Power of Culture for Development, which states that: “Culture, in all of its dimensions, is a key element for sustainable development.”10 The subject was also addressed at the International Meeting of Small Island Developing States (Barbados+10), identified as one of the new emerging issues that are indispensable for sustainable development.11

Social movements, such as the Andean Coordination of Indigenous Movements (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas—CAOI), have also included among their proposals for the document of negotiations for the Rio+20 Conference, “recognition of culture as the fourth pillar of sustainable development. Natural diversity and cultural diversity are closely linked and must

8 Constitution of the Republic of Ecuador, Quito, 2008.9 Constitution of the Republic of Ecuador, Article 275, Quito, 2008.10 Sao Paulo Declaration on Culture and Sustainability, Meeting of South American Ministers and Senior Authorities of Culture on Culture and Sustainability, Sao Paulo, April 14, 2012.11 Keith Nurse, Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development, 2006, http://www.fao.org/SARD/common/ecg/2785/en/Cultureas4thPillarSD.pdf

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be protected equally.”12 They point out that there is an obvious relationship between nature and culture, especially when it is recognized that territories can be safeguarded as a result of traditional management by indigenous peoples and nations located at the head of watersheds, in forests, near glaciers, and in areas of high biodiversity.

Among the various elements to articulate this fourth dimension, the following are the most note-worthy:

• Culture as a driving force for transformation is the dimension that coordinates and establishes balance between the three other pillars: the social, environmental, and economic pillars, because it is not simply an additional element but rather the identi-ties of the peoples, systems of significance and world visions determine how these are conceived in terms of nature and how they coexist with her. In this regard, going against nature is going against the continuity of life. Furthermore, nature is considered to be holy, and therefore it merits care, respect and worship.

• Promoting interculturalism: promoting interculturalism, cultural protection and cultural diversity is essential for the exercise of human rights, the rights of nature, and mutually supportive and democratic coexistence. Sustainable development can only be achieved if there is harmony between the promotion of interculturalism and social, environmen-tal, and economic equity.

• Relationship between culture and nature. The idea that peoples have about develop-ment determines their relationship with nature. An ecologically sustainable environ-ment depends on how “production and consumption cultures” are changed to uphold a relationship with nature, where her rights are respected and her limits recognized. This is an indispensable condition for the permanence of cultures, as well as for the development of alternative concepts such as the Buen Vivir, a new form of citizen ethics based on the organized, sustainable and dynamic articulation of political, economic, social, cultural and environmental systems.

• Protection, recognition, valuation, and promotion of collective knowledge and ancestral wisdom of the indigenous peoples and nations and Afro-descendant people. These actions constitute the key foundation to uphold, restore, protect, develop and conserve the country’s natural, cultural and historical heritage.

• Recognition of the diversity of cultural manifestations, cultural identities, cultural plural-ism as indispensable to achieve global equilibrium in culture. This entails upholding, restoring, protecting, developing, and conserving the cultural and historical heritage of

12 Andean Coordination of Indigenous Organizations (CAOI), Rio+20 incorpora a su agenda los Derechos de la Madre Tierra, press release, www.coordinadoracaoi.org, April 26, 2012.

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the indigenous peoples and nations, Afro-descendants and backcountry dwellers of the coastal region (montubios).

• Reaffirming the ties that culture has with a creative economy, that is, culture and its economic dimension, leads to the creation, innovation and generation of wealth.

• Linkage between culture and tourism that is aware. It exerts an economic, social and environmental impact and is associated with cultural and natural heritage. It is viewed as a transformative experience. It is a concept based on the principles of sustainability and ethics. It fosters the values of peace, friendship, respect and love of life, as the very essence of tourism and its practices. It is an agreement aimed at promoting peaceful coexistence, responsibility, mutual respect and communion among the diverse cultures.

3.5 Institutional framework

In the world, concrete institutional structures are required to comprehensively tackle the many crises that the planet is now struggling with, as well as a legally binding framework. Since 2005, the following options have been discussed in the framework of the United Nations, especially in the Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP):

1. Capacity building of the role of the United Nations Economic and Social Council (ECO-SOC).

2. Capacity building of the United Nations Commission on Sustainable Development (CSD).

3. Transformation of the UN Commission on Sustainable Development (CSD) into a Coun-cil for Sustainable Development.

4. Capacity building of UNEP.

5. Transformation of UNEP into an international agency specializing in the environment.

In addition, Cuba submitted the proposal for a Global Ministerial Forum on Sustainable Develop-ment / Global Ministerial Sustainability Forum, aimed at merging the current UNEP Global Min-isterial Environment Forum with the ECOSOC Commission on Sustainable Development (CSD), to achieve greater consistency, coordination and rationalization of the principal elements of the global institutional framework. This Forum would hold meetings once a year at United Nations headquarters in New York, with the institutional support of the DESA/UNEP Secretariats.

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It would be a high-level forum where economic, social and environmental ministers of the various countries would participate on the basis of the annual agenda and/or work program that is adopted. It would be open to the participation of the Member States of the United Nations and it would deliberate on the decisions and recommendations of UNEP’s Governing Council. In addition, it would be able to recommend new international legal instruments for sustainable development to the UN General Assembly.

The proposal to create a Sustainable Development Forum comprised of the current United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) and the Global Ministerial Environment Forum is an interesting institutional option.

Without doubt, we need a new model of governance for sustainability, one that includes an ethical and governance agreement, funding mechanisms, and global redistribution to build up the institu-tional frameworks of sustainable development, at all national and international levels. Work needs to be done to secure a legally binding instrument as a new institutional framework for sustainable development, which would benefit from a financial mechanism in line with the vision of a new international financial architecture.

As for the region, it is necessary to build up coordination mechanisms to consolidate the complementariness of actions, support the efforts that are being made in the region for inclu-sion and equity, learn from each other, and draft agendas specifically for the region without any conditions being dictated. Subsequently, support would have to be given to a working group, comprised of the steering committee of the XVIII Forum of Ministers of the Environment of Latin America and the Caribbean, to build up cooperation, coordination and complementa-tion of public policymaking for the environment, as well as to draft and implement common regional policies and plans in areas that are a priority for sustainable development and to make progress in structuring the CELAC Forum of Ministers of Environment as a political consulta-tion mechanism (CELAC, 2012a).

It is essential to consolidate the new regional integration agencies such as the Union of South American Nations (Unión de Naciones Suramericanas--UNASUR), the Community of Latin American and Caribbean States (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-ribeños—CELAC), the Bolivarian Alternative for the Peoples of Our America (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América—ALBA), the Bank of the South (Banco del Sur), etc., promoting policies and actions coordinated for the advancement of sustainable development.

As for the countries themselves, they must draw up concrete sustainable development policies that provide standards and mechanisms to strengthen and regulate the sustainable use of natural resources, raising awareness and understanding about these resources and adopting prevention and control measures over all those anthropogenic activities that jeopardize the right of future generations to the Buen Vivir.

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