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Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luis
San Luis, veintiséis de agosto de dos mil quince.-
AUT O S: PEX 79190/10, caratulados "FISCALIA DE ESTADO (DEN) - SU
DENUNCIA", que vienen a mi despacho a los fines de resolver instrucción de
sumario.-
V IST O S Y C ON SI D ERAN DO S: Que comienzan las actuaciones de marras
con Carta Poder otorgada por el Fiscal de Estado Eduardo S. Allende a favor de la Dra.
Velia Alicia Guil, Abogada, Mat. Nº 73, a los efectos de sustituirlo en la representación
que enviste para tomar participación legal en autos y en las atribuciones que emanan de
su rol. Es en virtud de ello que de fs. 02 a 23 obra Formulación de Denuncia, Solicitud
de Llamado a Indagatoria y Medidas Cautelares de la representante legal del Estado de
la Provincia de San Luis, Dra. Guil, por los delitos de Estafa contemplado en el Art. 172
del Código Penal, 173 inc. 1º, 6º y 7º, en concurso, el Art. 174 inc. 5º del mismo cuerpo
legal y Falsificación de Documento Público, Art. 292 del Código Penal, que por
procedimiento administrativo de selección de Licitación Pública resultaron
adjudicatarias en UTE de los contratos de Obra Pública homologado por Decreto Nº 11-
MP-2006 con respecto a la Obra PRESA SOBRE EL RIO QUINTO,
APROVECHAMIENTO SALADILLO y contrato de Obra Pública homologado por
Decreto Nº 977-MP-2006 con respecto a la Obra PRESA SOBRE EL RIO CLARO,
APROVECHAMIENTO SAN FRANCISCO, en contra de las siguientes personas:
VICTORINO AMERICO GUALTIERI, como principal referente de las empresas G.S.I.
S.A. y MERCOVIAL S.A., Ing, GUSTAVO DANIEL MOSQUERA, en su carácter de
Representante Técnico para la UTE denunciada en la oferta Presa sobre el Río Claro
localidad de San Francisco, como miembro del Panel Asesor de la Provincia,
firmante de informes y Auditor principal para la presa Saladillo sobre el Río
Quinto, Ing. OSCAR ALBERTO VARDE, en su carácter de miembro nominado
como asesor de obra para la UTE denunciada y como miembro del Panel Asesor de la
Provincia, revistiendo la función de Asesor Especial, Ing, Civil JORGE ALBERTO
BONIFAZI,
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San LuisPresidente de la empresa B.G.I., en su carácter de miembro nominado como asesor de
obra para la UTE denunciada y como miembro del Panel Asesor de la Provincia,
revistiendo la función de Auditor Principal, Ing. Civil RODOLFO ADUARDO
GUIDOBONO, en carácter de integrante del Panel Asesor e integrante de la firma
VARDE y Asociados, como asimismo en su carácter de miembro nominado como
asesor de obra para la UTE denunciada y como miembro del Panel Asesor de la
Provincia en la función de Especialistas – Revisión de Proyectos, Ing. Civil VICTORIO
HERNANDEZ BALAT, en su carácter de proyectista de la contratista G.C.I. –
MERCOVIAL, nominado como asesor de obra de la contratista y como Director de
Proyecto de la UTE Mercovial G.C.I., Ing. Geóloga SONIA GORDIN, en su carácter de
miembro nominado como asesor de obra para la UTE denunciada y miembro del Panel
Asesor de la Provincia, revistiendo la función de Auditor Principal para la obra sobre el
Río Claro (San Francisco) y como Residente en la obra para la Presa sober el Río
Quinto (Saladillo), Ing. JORGE TAVAROZZI, en su carácter de Representante Técnico
de la UTE en la obra del Dique sobre el Río Quinto (Saladillo), Ing. JORGE SUÁREZ,
en su carácter de proyectista – geotécnico de la UTE y participante de las reuniones del
Panel Asesor a cargo de la Geotécnica y las perforaciones e inyecciones en su carácter
de proyectista, Ing. JUAN BISSIO, proyectista de obras civiles de MERCOVIAL –
G.C.I. y participante de las reuniones del Panel Asesor a cargo de las estructuras, Ing.
DANIEL BACHIEGA, proyectista de G.C.I. y participante de las reuniones del Panel
Asesor a cargo de la hidrología y obras hidráulicas, Sr. ANIBAL MENDIBURO, en su
carácter de Representante Técnico de la UTE en la obra Dique sobre el Río Claro (San
Francisco), Ing. GUSTAVO GOLDY, en su carácter de Vice-Presidente de BGI S.H., y
Sra. NORMA FABIANA IRIBARREN, en su calidad de Representante Legal de G.C.I.
S.A. – MERCOVIAL S.A. y de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que
ejecutaron ambas obras. La denuncia impetrada nace de dos informes de auditoría sobre
las Presas Saladillo y San Francisco, realizados a petición del Ministerio de Hacienda
Pública, que detectaron severas anormalidades cometidas por las personas mencionadas,
los cuales obran en el expediente administrativo Nº 0000-2010-016863, donde se
describen hechos que avalan con documentación indubitada, que implican luego de
analizarlas, un accionar delictual contra el Estado de la Provincia de San Luis, los que
equivalen a una defraudación de alta envergadura incriminante.
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San LuisA los efectos de determinar el meollo de la denuncia, se cuentan los hechos que
son el basamento de los delitos denunciados y sobre ello versa básicamente la denuncia
presentada, mencionado que en la primera etapa (ETAPA I) de las obras de mención fue
ejecutada por terceras empresas (José Cartellone Construcciones Civiles S.A. –
Saladillo- y Tabolango S.A. –San Francisco-), hasta el año 2001, en ocasión de la crisis
financiera, se rescinden los contratos de común acuerdo con el Estado Provincial;
luego, en el marco de una nueva licitación pública para finalizar las obras, se le
encomienda la ETAPA II a la UTE mencionada, donde comienzan a acontecer hechos
administrativos, técnicos y contractuales que llevaron al Ministerio de Obra
Pública a rescindir el contrato a estas empresas, debido al exorbitante,
desproporcionado e injustificado aumento de los costos, no habiendo correspondencia
con lo requerimientos técnicos pautados en los pliegos, ni cantidad de materiales y tipo
de maquinaria. Asimismo, en concreto se esgrime que las cantidades de perforaciones e
inyecciones en los diques (de impermeabilización a los efectos de que el agua no se
filtren exceso en la base del dique, de consolidación para mejorar la base de
fundación o cimiento de la presa principal) aumentaron desproporcionadamente y sin
justificación, tanto técnica como económica, lo que establecía cambios e incrementos
en el proyecto ejecutivo. Entiende la apoderada que no se han respetado los sanos
criterios reflejados en el Pliego de Especificaciones, como son la ejecución de
ensayos de Lugeon para evaluar la eficiencia de la cortina de inyección, según el
artículo 8.5.8. del pliego Licitatorio, la ejecución de perforaciones con extracción de
testigos tal cual lo previsto en el Pliego y la Oferta de la Contratista, y la ejecución de
ensayos de Inyección a los efectos de verificar el hidrogateo tal cual lo previsto por el
artículo 8.5.4. del Pliego Licitatorio, lo que derivó en la realización de inyecciones y
perforaciones redundantes y exageradas, alejadas de las reglas de la ingeniería y
ocultadas consecuentemente, asimismo estas no se correspondían con el equipamiento
ofertado.
Asimismo, como otro aspecto defraudatorio al Estado, el Grupo Asesor tenía
parte de sus integrantes no solo fueron proyectistas de la obra durante la Etapa I en la
obra Presa sobre el Río V, sino que además fueron presentados como profesionales
nominados en la oferta de la Contratista en la Etapa II y luego contratados por la
Comitente para diferentes tareas de revisión, evaluación, ingeniería, seguimiento y
asesoramiento; y así conocían en detalle todos los antecedentes técnicos de la obra, lo
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisque los posicionaba muy bien para mentir sobre datos técnicos y económicos y
“dibujar” certificaciones, gestando una maniobra altamente gravosa e incriminante,
asociativa. También este grupo asesor avaló todos los adicionales solicitados por la
contratista con un fin doloso, falseando datos y documentos técnicos.
La oferente poseía conocimiento acabado del desarrollo de los proyectos y de
las tareas de perforación e inyección ya efectuados en la etapa I, ya que habían sido
proyectadas y supervisadas por los profesionales Vardé, Bonifazi, Guidobono y Gordin.
En el año 2006 se inició la segunda etapa y con ello las tareas del grupo asesor
y/o auditor del Estado Provincial, grupo de carácter técnico tenía como función
controlar y seguir las obras con total sugestión a las estipulaciones contenidas en los
pliegos, y asimismo, debían presentar al comité (Estado Provincial) informes cada 15
días sobre la ejecución de las obras.
Entiende la Dra. Guil que el grupo asesor avaló, sin avisar a las autoridades
provinciales, la distancia mínima de inyecciones de consolidación sobre la presa
principal en la obra de Saladillo, pasando de 5 metros de separación (estipulado) a 3
metros, lo que implicaba un aumento del 177% de las cantidades contratadas. Asimismo
se introdujo innecesariamente la ampliación de las inyecciones de consolidación a
ejecutar sobre los cierres laterales. Luego omitió expresa y deliberadamente informar al
Ministerio, que lo contrató y les pagaba, sobre las consecuencias económicas y
contractuales que estas demasías generarían a las arcas de la Provincia, entendido como
un verdadero despojo con fines personales y empresariales. Y a partir de ello se
plantean aumentos de adicionales no pactados, como así también las maquinarias
efectivamente utilizadas no tenían la capacidad técnica para realizar la cantidad de
perforaciones e inyecciones que supuestamente ejecutaban y pretendían certificar y
cobrar al Estado Provincial.
Luego la UTE pide ampliación del plazo y cantidades del contrato,
constituyendo el ardid, error y la transferencia patrimonial que se quería realizar para
beneficio de los profesionales nombrados con Victorio Américo Gualtieri a la cabeza,
utilizando también la figura delictual de falsificación de medidas y otros datos del
arte de la ingeniería, la cual fue a través de la generación de registros de inyecciones
falsos que en la práctica duplicaban o triplicaban lo que en realidad se realizaban en el
campo. Asimismo se desarrollaron estrategias para generar cambios de
proyectos que
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisconllevaran al aumento de las perforaciones e inyecciones.
En similar sentido, la contratista propone el cambio del proyecto de vertedero
que fue cotizado en su oferta en un valor aproximado de Cuatro Millones de Pesos y
luego de dos años de cambios la contratista estimaba el valor del mismo en Setenta
Millones de Pesos, justificando todo esto a través de los supuestos resultados obtenidos
de un modelo presuntamente ejecutado en la Universidad de San Juan, cosa que nunca
existió.
Finalmente el 11 de Noviembre de 2008 se rescinden los contratos de obra
(Saladillo y San Francisco) de común acuerdo, negociación donde se encontraba
personalmente el Sr. Victorio Américo Gualtieri.
Las empresas no pueden responder a la evaluación técnica ya que las cantidades
certificadas nunca fueron ejecutadas por la contratista, siendo indubitable y físicamente
imposible de ser llevadas a cabo con la cantidad de personal y equipos disponibles.
Por todo ello la Provincia fue estafada a partir del aumento desproporcionado
del rubro 4 – tratamiento de fundaciones, lo que generó un colapso presupuestario no
imputable a la Provincia y sí imputable al abuso doloso y desmedido de la empresa que
vio en la falsificación de documentos y su conducta engañosa la forma de seguir
cobrando mayores costos.
En el mismo escrito se individualiza el derecho que tipifica los hechos y
conductas, justificando en cada caso su relación, haciendo un pormenorizado análisis
del encuadramiento legal, como asimismo, y con doctrina y jurisprudencia concordante,
se deja claro y justifica la presencia del ardid o engaño como elemento típico
fundamental, el error y la disposición patrimonial. Luego, en el mismo sentido se
meritua y fundamenta el supuesto de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública,
como así también la Falsificación de Documento Público. Y a los efectos de probar los
hechos esgrimidos se aporta documental, se solicitan oficios, pericias, audiencias
testimoniales, inspecciones oculares y medidas cautelares de rigor.-
Que a fs. 25 de cita a Sr. Fiscal de Estado a los efectos de ratificar y/o ampliar
denuncia, la cual se observa a fs. 29 donde asimismo incorpora presentación que luce a
fs. 26/28, solicitando también medidas cautelares, y a fs. 37 hace lo propio la Dra. Velia
Alicia Guil, representante del damnificado, que asimismo ratifica el escrito
agregado por el Dr. Allende y se expresa en los mismos términos, e incorpora nueva
presentación
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisque obra a fs. 30/36, donde se acompaña la prueba ofrecida oportunamente. Y a fs. 38
se decreta estar a lo ordenado a fs. 24, cumpliéndose con la vista al Sr. Agente Fiscal,
para expedirse en los términos del Art. 108 del C. P. Crims. en relación al Art. 107 del
mismo cuerpo legal, la que es evacuada, formulando Requerimiento de Instrucción a
fs.
39 donde estima pertinente, en ese estado del proceso, la producción de las siguientes
medidas pertinentes: a) Se libre Oficio al Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de que
informe si además de la empresa contratada B. G. I. – S. H. existieron controles,
inspecciones o certificaciones de obra realizadas por parte de funcionarios públicos y,
en su caso, se individualice los mismos; b) Se adhiere a la prueba informativa ofrecida
por Fiscalía de Estado; c) Se adhiere a la prueba pericial contable ofrecida por Fiscalía
de Estado; d) Se adhiere a la pericia en ingeniería civil, a efectos de determinar, además
del punto ofrecido por Fiscalía de Estado a) Grado de avance de las obras en cuestión,
de acuerdo al pliego licitatorio, b) Si tal grado de avance se compadece con lo
inspeccionado y / o auditado por la empresa B. G. I. – S. H., c) Todo otro dato que el
perito estime de interés para la dilucidación de la causa; e) Se recepte las testimoniales
ofrecidas por Fiscalía de Estado; f) En relación a la vista conferida sobre la
presentación de fs. 26 / 28, este Ministerio Fiscal no formula objeciones, pudiendo V. S.
resolver lo que por derecho corresponda.
A fs. 40 la Sra. Norma Fabiana Iribarren designa como abogados defensores al
Dr. Carlos A. Bianchi y Mauricio S. Daract, cuestión proveída por este tribunal, los que
aceptan el cargo a fs. 46. Y a fs. 161 designa como abogado codefensor al Dr. Juan
Carlos Palacios.
A fs. 42/44 se resuelve dictar la medida cautelar solicitada oportunamente de
Inhibición General de Bienes contra el Sr. Victorio Américo Gualtieri. Y de fs. 53 a 79
obran los Oficios y Oficios Ley Nº 22.172 a todas la entidades bancarias y registrales de
San Luis y resto del pais que correspondieren a los efectos de notificar la medida
cautelar ordenada. Asimismo de fs. 97 a 121 y 159 obran Oficios y Oficios Ley en el
mismo sentido que los anteriores.
A fs. 45 la Dra. Guil ofrece prueba testimonial del representante técnico de las
empresas constructoras Green S.A. y Rovella. Asimismo a fs. 48 ofrece prueba
documental, la que es recibida seguidamente. Luego, a fs. 51, la Dra. Ofrece prueba
documental, incorporada a fs. 52. Luego, a fs. 136, aporta nueva prueba documental. Y
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisa fs. 155 ofrece nueva prueba documental la que luce, con copia certificada,
inmediatamente después de fs. 137 a 154. Todo ello proveído oportunamente, con
designación de fecha sobre las audiencias testimoniales ofrecidas, libramiento de
oficios, informe de peritos (fs. 156/157). A fs. 192 ofrece nuevas testimoniales.
A fs. 47 obra presentación de Jorge Antonio Bonifazi, Oscar Alberto Vardé,
Gustavo Goldy, Gustavo Daniel Mosquera y Sonia Bonita Gordín, con asistencia letrada
de los Dres. Rafael Berruezo y Alfredo Agustín Elena. En el mismo sentido el Sr.
Victorio HernandezBalat designa, a fs. 122, a los Dres. Carlos Bianchi y Mauricio
Daract como sus defensores; lo mismo hace el Sr. Anibal Mendiburo a fs. 123, Jorge
Tavarozzi a fs. 124, Victorio Américo Gualtieri a fs 125, Juan Francisco Bisso a fs. 126,
Daniel Bachiega a fs. 164 y Jorge Suarez a fs. 165. Luego el Sr. Victorio Américo
Gualtieri y Victorio HernandezBalat designan como abogado codefensor al Dr. Juan
Carlos Palacio a fs. 162/163.
A fs. 166/184 obra presentación de descargo donde se insta al sobreseimiento
por inexistencia de delito por parte del Sr. Victorio Américo Gualtieri, aportando y
solicitando prueba, haciendo un relato de lo que entiende serían los hechos reales,
considerando a la denuncia como calumniosa y donde se critica la calificación
legal, todo ello con consecuente fundamento.
A fs. 188 el Dr. Juan Carlos Palacio y el Dr. Mauricio Daract, defensores del Sr.
Victorio Américo Gualtieri, apelan la medida cautelar ordenada (Inhibición General de
Bienes), la que es concedida y se ordena elevar los autos a la Exma. Cámara Penal Nº
2, según fs. 194, bajo la presidencia del Dr. Fernando De Viana. Luego, el recurso
impetrado es fundado ampliamente a fs. 203/213 vlta., con lo que se corre vista al Sr.
Fiscal de Cámara a fs. 214, la que es evacuada a fs. 216, con el Dictamen Nº 187-10,
que reza en el Punto III)- Que como previo hago notar a V.E. que en autos han sido
denunciadas al menos catorce personas, las que han designado abogados defensores en
estas actuaciones. A su vez el relato de los hechos de la denuncia y la abundante prueba
adjunta y ofrecida en la misma, hacen que la presente causa pueda ser considerada
compleja para su tramitación, por lo que entiendo – y a fin de resguardar
mínimamente el cumplimiento de los plazos procesales-, que V.E. debería extraer
compulsa de las partes pertinentes a los fines de resolver el recurso y remitir el principal
a la Instrucción para que se continué con la tramitación del mismo, sugiriendo a la
A-Quo que las
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisincidencias que en el futuro pudieran surgir y que sean materia de recursos por ante La
Alzada, se forme incidente, para no obstaculizar el avance del proceso principal; y en
los demás apartados se fundamenta ampliamente la admisibilidad de la medida
ordenada.
Luego pasan los autos a resolver sobre la cuestión planteada a fs. 218, con lo
que se ordena la formación de incidente, sin perjuicio de No Haber Hecho Lugar a lo
solicitado por la Dra. Guil, de fs. 219, sobre la remisión de los autos principales al
Juzgado de origen a los fines de la prosecución del sumario y la extracción de
compulsa. Y a fs. 221/222 es resuelta la apelación planteada Rechazando el recurso
interpuesto por la defensa técnica de Victorio Américo Gualtieri a fs. 188, confirmando
así el Auto Interlocutorio de fs. 42/44.
A fs. 228 se observa Carta Poder otorgada por el Sr. Fiscal de Estado, Dr.
Eduardo S. Allende, a favor del Dr. Ricardo Endeiza, Mat. Nº 276, a los efectos de
tomar participación en autos con las competencias de ley, el que se hace parte a fs. 229.
A fs. 231 el Sr. Oscar Alberto Vardé contesta oficio oportunamente solicitado,
que se puede observar a fs. 233, integrante de los oficios que obran a fs. 232/235.
Asimismo a fs. 236 la abogada representante de José Catellone Construcciones Civiles
S.A. presenta escrito adjuntando la documentación, a fs. 237/277, gráfica y escrita,
desarrollada para el proyecto obra Presa sobre el Río Quinto, solicitada por Oficio Nº
1031 (fs. 232), y además el contrato con BGI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
para la misma obra solicitado en el Oficio Nº 1032. Luego a fs. 278, obra escrito del
Lic. Roccasalvo, por la empresa Fundaciones Especiales S.A., a modo de contestación
de lo solicitado por este tribunal, adjuntando planillas certificantes que lucen a fs.
279/287. En respuesta al Oficio Nº 1030, el Ing. Jorge Alberto Orellano, Director de
Instituto de Investigación Hidráulica, Facultad de Ingeniería, de la Universidad de San
Juan, presenta escrito que obra a fs. 288, donde adjunta, según fs. 289/420, informe
sucinto de los estudios realizado en la Etapa I y Etapa II y fotocopias de las Informes de
avance entregados a la Empresa Constructora Tabolango S.R.L. y Empresa Merco Vial
S.A.
A fs. 421 los representantes de Fiscalía de Estado solicitan se provea medida
cautelar de Embargo Preventivo sobre todas las sumas que por cualquier
concepto reclamen las empresas MERCOVIAL S.A. y G.C.I. S.A. al Estado
Provincial,
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisadjuntando copia de escrito presentado el 19 de Septiembre de 2010 (fs. 422/423); y
luego, a fs 424 solicita la misma parte una extensión de la medida cautelar de
Inhibición General de Bienes sobre las empresas MERCOVIAL S.A., G.C.I. S.A. y
B.G.I. S.H.
A fs. 428/450, y anexos a fs. 451/455, obra escrito de los representantes de la
Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis a los efectos de realizar una reseña
práctica y organizativa de la prueba presentada con el fin de, dado su carácter de
altísima tecnicidad, delimitar delitos, la correspondencia del delito con la persona
denunciada, y el documento administrativo donde se puede encontrar la base
imputativa. Y se aclara que debe tenerse a la presente actuación como instrumento
ratificatorio y complemetario de la denuncia realizada por Fiscalía de Estado,
realizando un análisis de las conductas típicas que se han verificado
A fs. 456/459 el Sr. Victorio Américo Gualtieri amplía su descargo efectuado
oportunamente en autos atento a que del nuevo estudio de denuncia surgen, a su
criterio, nuevas inexactitudes que es necesario poner de resalto. Sobre ello, y lo
planteado por Gualtieri oportunamente, se le corre vista al Sr. Agente Fiscal con la
documental existente a los efectos de que emita Dictamen, y en el mismo escrito de fs.
460 se proveen actuaciones aportadas en el segundo cuerpo del expediente de marras y
se le corre vista a las defensas acreditadas en autos por el término de cinco días a los
fines de su conocimiento, en relación a la prueba documental presentada por la
Fiscalía de Estado en fecha 04 de Abril de 2011. Ergo a fs. 489 el Sr. Agente Fiscal
contesta vista conferida, en relación al descargo del Sr. Victorio Américo Gualtieri,
entendiendo que dicha instancia deviene prematura y debe ser rechazada en ese estado
del proceso, teniendo en cuenta la complejidad y gravedad de la causa en la que
resultarían afectados los intereses del Estado Provincial resultando comprometido el
interés público y la necesidad de la producción de numerosas medidas de prueba.
A fs. 473/488 obra escrito de los representantes de la Fiscalía de Estado, en el
mismo sentido que el agregado a fs. 428/450, a los efectos de realizar una reseña
práctica y organizativa de la prueba presentada y delimitar responsabilidades de los
denunciados.
En el marco del estado de la causa y las presentaciones efectuadas por la
Fiscalía de Estado solicitando la producción de la prueba, se solicita a fs. 490, por la
Dra. Guil y el Dr. Endeiza, se provean las pruebas que hasta el momento no hayan sido
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisefectivizadas, en especial la testimonial del testigo Ing. Ricardo García Martín; las que
se ordenan inmediatamente a fs. 491, junto con la formación del tercer cuerpo de autos,
donde principalmente de fijan las audiencias testimoniales solicitadas, se ordenan
oficios y pericias, y con respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía
respecto de los denunciados y/o quienes resulten penalmente responsables y las
empresas MERCOVIAL S.A. y G.C.I. S.A., el Tribunal considera que debe
previamente profundizarse la investigación correspondiente. A fs. 495 el Dr. Berruezo
solicita suspensión de audiencia testimonial ordenada y se fije nueva fecha para que
concurra el Sr. García Martín, por razones de tiempo, la que es aclarada a fs. 496
mencionando que por un error involuntario se consignó la fecha de audiencia para el día
22 cuando lo que corresponde es cumplimentarlo el día 25 de Noviembre de 2011, la
que al parecer se suspendió, en palabras del Dr. Daract en fs. 506, cuando se verificó
que la denunciante no había acompañado el original del expediente Nº 0000-2010-
016863.
En virtud de lo anterior, a fs. 504, obra Declaración Testimonial del Sr. García
Ricardo Gregorio.
A fs. 506 el Dr. Mauricio Daract solicita se suspendan las audiencias fijadas
hasta tanto se agregue el expediente administrativo original al que se hace referencia en
la denuncia, motivo por el cual fue suspendida la audiencia del Sr. García Martín.
Cuestión que es decretada en el mismo sentido a fs. 508, ordenando suspender las
audiencias decretadas a fs. 491/492.
A fs. 516/523 el Dr. Berruezo, abogado defensor, solicita se declare la nulidad
de la denuncia y de todas las actuaciones que en su consecuencia se han dictado,
entendiendo que se ha realizado una denuncia falsa, aduciendo supuestos informes que
no existen, en razón de que el expediente administrativo donde obran los informes que
dan sustento a la denuncia no se ha aportado a la causa, por ello el Dr. Berruezo dice
que los denunciantes han realizado una denuncia sin sustento documental, basándose en
un supuesto informe inexistente, habiéndose vulnerado absurdamente el debido proceso
legal, y por tanto, el derecho de defensa; a la vez que denuncia falso testimonio del Sr.
García Martín, solicitando la compulsa correspondiente y aportando copias que
fundamentan este supuesto a fs. 524 y 525; y suspensión de testimoniales. Y en relación
a esta presentación del Dr. Berruezo, a fs. 526/529, obra escrito de los representantes de
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisla Fiscalía, solicitando se rechacen los planteos esgrimidos y fije fecha para que se
realicen las audiencias decretadas a fs. 491/492, atento a las constancias de la causa; y a
tenor de los dispuesto en el punto II de la providencia de fs. 508 viene a cumplimentar
la misma poniendo a disposición de este Juzgado el expediente administrativo Nº
0000-
2010-016863; asimismo se expide en relación a la nulidad planteada y del supuesto
falso testimonio.
En razón de las actuaciones mencionadas, como es de corresponder, se le corre
vista al Sr. Agente Fiscal sobre el planteo de nulidad a fs. 530, la que es evacuada a fs.
531 la que reza “…la parte deduce la nulidad de todo lo actuado por nohaberse
acompañado el original del expediente Nº 0000 – 2010 – 016863, que constituye la base
de la denuncia que origina la presente causa. En este orden de ideas, habiendo la
denunciante acompañado copia certificadas por Escribano Público del expediente en
cuestión (ver fs. 16 vta.) y habiendo puesto a disposición de V. S. tal instrumento en
original, es que no surge perjuicio alguno para la parte (y en consecuencia afectación al
principio de trascendencia) que habilite a dictar una medida como la que se pretende,
máxime teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia y la naturaleza de los intereses
en juego, no observándose en modo alguno extralimitación en la investigación llevada a
cabo hasta el momento, investigación en la cual se han resguardado todas y cada una de
las garantías constitucionales relativas al ejercicio de derecho de defensa de los
imputados. Siendo el objeto del proceso penal la averiguación de la verdad reales que el
planteo defensista no puede prosperar, máxime cuando en acta de audiencia testimonial
la Letrada de Fiscalía de Estado reiteró el ofrecimiento de las actuaciones originales.En
consecuencia, en líneas generales, este Ministerio Fiscal entiende que asiste razón a lo
manifestado por Fiscalía de Estado, lo que solicita se tenga presente al momento de
resolver la incidencia. Respecto al planteo de falso testimonio de Ingeniero Ricardo
García Martín, entiende también necesario se produzca la medida ofrecida por Fiscalía
de Estado a fs. 528 in fine y se requiera informe del Actuario sobre si específicamente
se le preguntó en fecha 25 de noviembre de 2011, si era o es socio de alguno de los
imputados al ser interrogado por las generales de la ley. En este orden de ideas se le
imputa a este testigo el ánimo de perjudicar al Ing. Bonifaci, sin que se dé mayores
explicaciones respecto de los motivos que llevarían a García a adoptar una actitud
semejante, lo cual hace que el planteo deba tomarse y sustanciarse con la prudencia del
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luiscaso, máxime cuando en abono de la postura del denunciante solo se ofrece una
simple fotocopia de vieja data…”.-
Y por ello, a fs. 533/534, según Auto Interlocutorio, se resuelve Rechazar el
Planteo de Nulidad articulado a fs. 514/523 y disponer que siga la causa según su
estado, designando fecha para las audiencias testimoniales correspondientes y
ordenando se cumplimenten las medidas decretadas a fs. 492.
A fs. 543 el Dr. Berruezo interpone recurso de apelación contra la resolución de
fs. 533/534 por causar gravamen irreparable y por no haberse expresado sobre la
denuncia por falso testimonio de Ricardo Gregorio García, recurso que se concede,
según fs. 544, debiendo expresar agravios ante este Tribunal, el que es fundado por el
Dr. Berruezo a fs. 553/560, expresando en el los agravios correspondientes ante la
Exma. Cámara del Crimen Nº 2. Luego con el traslado correspondiente, la Dra. Guil y
el Dr. Endeiza vienen a fs. 567/570, a fundar el traslado del recurso de apelación
solicitando a la Exma. Cámara que en la etapa procesal oportuna rechace el mismo en
todos sus términos por las consideraciones de hecho y derecho que exponen, elevándose
la causa a la Exma. Cámara Penal Nº 2 según decreto de fs. 571. Y en virtud de la vista
conferida a la Fiscalía de Cámara, el Dr. Fernando A. Rodríguez, Fiscal de Cámara Nº2,
según Dictamen Nº 78-12 de fs. 588, entiende que el auto de fs. 533/534 luce
congruente con las constancias de la causa y ajustado a derecho. Y teniendo en cuenta
estas últimas actuaciones pasan los autos a resolver sobre el recurso de apelación
planteado a fs. 543 en contra del auto de fs. 533/534, por el cual se resolvió rechazar el
planteo de nulidad formulado en estos obrados, por lo que se resuelve, mediante Auto
Interlocutorio de fs. 591/593, compartiendo el dictamen de fs. 588, “…1) DECLARAR
DESIERTO el recurso de apelación planteado a fs. 543. 2) ADVERTIR sobre el
necesario cumplimiento por parte del Juzgado interviniente, de los dispuesto en el punto
3 del resolutorio de fs. 221/222. 3) ORDENAR en consecuencia, que bajen los presentes
obrados, para que sigan según su estado…”.-
A fs. 515 la Dr. Guil presenta escrito a la Exma. Cámara solicita se dé
cumplimiento estricto al Punto 2º del Resuelvo, en el sentido de que advierte sobre el
cumplimiento del Punto 3º de resolutorio de fs. 221/222, a los fines de prestar celeridad
a las actuaciones. Luego, a fs. 597, la misma Dra. Guil, solicita se disponga la
realización de la prueba pendiente, particularmente la relativa a la testimonial del
Ing.
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San LuisRicardo Martín y la pericial técnica. Ante ello, se elevan las presentes a la
Excelentísima Cámara Penal Nº 2 como obra en decreto de fs. 598, el cual es revocado a
fs 599 por la Dra. Guil por ser contrario a derecho y manifiestamente improcedente, en
razón de la dilación existente; escrito que es proveído contra decreto de fs 598 de fecha
19 de Septiembre de 2012, pasando los autos a resolver (fs. 600). Asimismo el Dr.
Berruezo, en contrario sentido a la postura de la Dra. Guil, solicita suspensión del
proceso toda vez que el fallo de la Cámara ha sido recurrido con recurso de casación y
recurso extraordinario, por lo que deviene en improcedente continuar con la tramitación
de los presentes actuados. Y es que en virtud de todo ello, este tribunal entiende que no
debe hacer lugar a la revocatoria interpuesta, en virtud del Art. 379 del C. P. Crim.,
dejando sin efecto la elevación ordenada, y oficiando a sus efectos. Igualmente, la Dra.
Guil a fs. 603 solicita la prosecución de la causa.
A fs. 604 obra Oficio Nº 4231/12 (OFP 9351/12) de este Juzgado a la Exma.
Cámara Penal Nº 2 a fin de que informe si por ante la misma se han planteado Recurso
de Casación y Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad en contra de la sentencia
interlocutoria de fecha 25 de junio de 2012, y en caso afirmativo, estado procesal de los
mismos, el que es contestado teniendo presente el Informe de Secretaría de fs. 606.
A fs. 614 el Dr. Salvador Hugo Scarso, en su carácter de apoderado de la
Fiscalía de Estado solicita prueba testimonial del Ing. Ricardo García Martín y de la Ing
Perla B. Armagnac, lo que se provee y ordena a fs. 516, y como consecuencia del
Acuerdo Nº 302 de Superior Tribunal de Justicia, que luce a fs. 617/618 – y Acuerdo Nº
358 obrante a fs. 619-, donde se imposibilita que se lleve a cabo las audiencias fijadas,
el Dr. Scarso solicita se fije nueva fecha de audiencia testimonial a los mismos fines que
el escrito anterior (fs. 616), cuestión resuelta por este tribunal a fs. 621. Y a fs. 628 se
solicita a Fiscalía de Estado el expediente administrativo original, con su
correspondiente Acta de Entrega que luce a fs. 619.
A fs. 630/636 obra Declaración Testimonial de García Gregorio Ricardo, a fs.
637/640 luce la Declaración Testimonial de Armagnac Perla Beatriz.
A fs. 643 el Dr. Berruezo en fs. 643/653 plantea Nulidad del Dictamen Fiscal de
fs. 39, con fundamentos, como así también plantea la falta de responsabilidad penal de
las personas jurídicas, y en forma subsidiaria plantea la atipicidad de la conducta de sus
clientes a la luz de la aplicación de la imputación objetiva, en concreto lo que se conoce
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luiscomo Prohibición de Regreso. Asimismo solicita búsqueda e investigación de un
segundo informe, compulsa y remisión al juzgado penal que corresponda, y acompaña
prueba a modo de copia simple, que luce a fs. 654/679 y solicita se libren oficios para
producir sobre prueba informativa.
A fs. 680/692 obra presentación del Dr. Scarso solicitando se fije fecha de
declaración indagatoria, por lo tipos penales que da cuenta la denuncia instaurada,
mas la de Asociación Ilícita (Art. 210 del Código Penal), ampliando el pedido de
indagatoria para los Inspectores de Obras; todo ello con amplio fundamento. A fs.
693/708 obran copias simples de partes pertinentes de actuaciones administrativas.
En relación a la vista conferida al Sr. Agente Fiscal por los planteos articulados
por el Dr. Berruezo y luego el Dr. Scarso, se evacua a fs. 711/713 rezando “…Que en
tiempo y forma viene a contestar la vista conferida, solicitando se tenga
presente la argumentación fáctica y jurídica que de seguido se expone: 1) NULIDAD
DEL DICTAMEN DE FS. 39: El Sr. Defensor Dr. RAFAEL BERRUEZO
plantea, entre otros conceptos, la nulidad del requerimiento de instrucción por
entender que el mismo no cumple los requerimientos del artículo 107 del C. P.
Crims. y que esta circunstancia vulnera su derecho de defensa. En primer lugar
discrepa con el Sr. Defensor habida cuenta que como ya se ha sostenido
en otros dictámenes, en definitiva, de lo que debe defenderse el imputado no es de un
dictamen fiscal no vinculante sino de la imputación concreta efectuada en el auto de
instrucción de sumario dictado por el Sr. Juez. Cita erradamente el nulidicente, en
abono de su postura, un fallo que habla sobre acusación (no sobre requerimiento de
instrucción que, no escapará al elevado criterio de V. S. es otra cosa distinta) y otro que
trata de un procedimiento ajeno a esta Jurisdicción. Sin perjuicio de que el
requerimiento de fs. 39 cumple acabadamente con el artículo 107 del C. P. Crims.,este
Ministerio Fiscal hace notar que al respecto ya se ha expedido,a instancias de un
recurso de apelación del propio Dr. BERRUEZO la Excma. Cámara Nº 2 de esta
Circunscripción en los autos PEX 89968/10 "DOMINGUEZ JOSE DANIEL
(DAMN) SU DENUNCIA": “…..”. Como ya sostuvo el suscripto en los autos
mencionados “No escapará al elevado criterio de V. S. que la forma en la que se ha
dictaminado en estacausa es la que usualmente se ha llevado a cabo en cientos y cientos
de expedientes (por no decir miles) desde que el suscripto se desempeña como
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisfiscal desde hace 12 años a la fecha, no habiendo sido observada esta metodología por
defensa alguna, por ningún juez de instrucción, como así tampoco por
ninguna cámara del Crimen”.
No resiste el menor análisis que el Sr. Defensor manifieste que tal dictamen
(no vinculante y que solo tiende delimitar o dar pautas en el inicio de la
investigación) “vulnera el ejercicio del derecho de defensa” habida cuenta que
viene a plantear esta situación más de cuatro años después del requerimiento,
y luego de que hiciera todo tipo de planteos hasta llegar a una casación en el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, dilatando el procedimiento durante
años. Por ello es que la nulidad debe sea rechazada “in limine” por carecer de todo
sustento fáctico y jurídico además de no ser razonable, lo que así deja solicitado en este
acto. 2) DICTAMEN SOBRE EL MERITO: Por haberse configurado los requisitos del
artículo 147 del C. P. Crim. este Ministerio Fiscal considera que, atento a las
constancias de la causa (en especial constancias del expediente administrativo Nº 0000
-
2010016863 y declaraciones defs. 630/636 de GREGORIO RICARDO GARCIA
y 637/642 de PERLA BEATRIZ ARMAGNAG) opina que V. S. puede llamar
aindagatoria a VICTORIO AMERICO GUALTIERI D. N. I. 11.135.807,GUSTAVO
DANIEL MOSQUERA D.N.I. 14.437.521, OSCAR ALBERTO VALVERDE,
JORGE ALBERTO BONIFAZI D.N.I. 10.939.422, RODOLFO EDUARDO
GUIDOBONO D.N.I. 17.029.691, VICTORIO HERNANDEZ BALAT D. N. I.
11.812.023,SONIA GORDIN D.N.I. 11.976.824, JORGE TAVAROZZI, JORGE
SUAREZ, JUAN BISSIO, DANIEL BACHIEGA, ANIBAL MENDIBURO,
GUSTAVO GOLDY y NORMA FABIANA IRIBARREN a efectos de que
comparezcan a ejercer su derecho de defensa en orden a los delitos de estafa,
defraudación en la sustancia, calidad ocantidad de las cosas, contrato simulado,
fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de
instrumento público(artículos 172, 173 incs. 1º y 6º, 174 inc. 5º y 292 del Código
Penal),hechos que habrían acaecido en oportunidad de que la U. T. E .integrada
por las empresas MERCOVIAL S.A. y G.C. I. S.A. llevaran a cabo la ejecución de
las obras PRESA SOBRE EL RIO QUINTO – APROVECHAMIENTO SALADILLO
y PRESA SOBRE EL RIO CLARO APROVECHAMIENTO, con la auditoría e
inspección dela empresa contratada B. G. I. – S.H., sin perjuicio del mérito
queresultare oportunamente para
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisdisponer el procesamiento, o no,de cada uno de los mencionados. Asimismo este
Ministerio Fiscal,c omparte la petición de que los Sres. Inspectores de Obra
dependientes del Estado Provincial sean llamados a proceso y aprestar declaración
indagatoria (ver fs. 39 punto a), salvo mejor y más elevado criterio de V. S., en orden
“prima facie” al delito previsto en el artículo 249 del Código Penal (Incumplimiento de
los deberes de funcionario público) a saber, Sres. OMAR TOURET, HECTOR
FILIPELLO, MARIO TERRE, GILBERTO AMAYA, JULIO VILLEGAS, PABLO
OGAS, JUAN CARLOS RICKERT, MATILDE ESTRADA,ALFEO
ESTRADA, ANGEL SANTILLAN, PABLO MUÑOZ y HEGUIPEREZ, previo
cumplimiento de la medida peticionada a fs. 692vta. (a la cual adhiere este Ministerio
Fiscal) y a resultas de lo informado. Asimismo, reitera la solicitud de la producción
de la prueba que se encontrare pendiente peticionada oportunamente por este Ministerio
Fiscal a fs. 39.
A fs. 714 el Dr. Mauricio Daract formulando manifestación. Y a fs. 715 luce
escrito del Dr. Berruezo solicitando nueva vista al Sr. Agente Fiscal, en virtud de
advertir que solamente ha dictamindo sobre uno de los planteos efectuados por la
defensa.
A fs. 717 el Dr. Scarso, con participación como representante de la Fiscalía de
Estado, solicita que este tribunal resuelva sobre el estado procesal del expediente y el
llamado a indagatoria de los denunciados, de conformidad a lo manifestado por el Sr.
Agente Fiscal.
El Dr. Berruezo informa a fs 718 sobre la procedencia de las fotocopias
aportadas. Escritos proveídos a fs. 719, donde también se ordena librar oficios a las
entidades públicas responsables a los fines de que informe respecto de las personas que
cumplieron funciones como Inspectores de Obra en las obras hídricas en cuestión.
A fs. 722 obra informe del Programa Coordinación y Seguimiento de la Obra
Pública.-
A fs. 724 a 735 obra Informe de Secretaría sobre la documental obrante en éste
juzgado.-
A fs. 737 obra Dictamen Fiscal.-
A fs. 741 a 746 se encuentra agregado Auto Interlocutorio que resuelve los
planteos efectuados a fs. 643 a 653.-
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San LuisA fs. 749 se pasan los Autos a Resolver.-
Que así las cosas se entiende que existen elementos de prueba suficientes para
sospechar que se ha cometido un hecho ilícito en perjuicio del Estado Provincial. Que
tales hechos se habrían cometido durante la ejecución de la Etapa “II” de la presa sobre
el rio Quinto, aprovechamiento Saladillo (Contrato de Obra Pública Homologado por
Decreto Nº: 977-MP-2006) y presa sobre el río Claro, aprovechamiento San Francisco
(Contrato de Obra Pública Homologado por Decreto Nº: 11-MP-2006).-
Que las presuntas irregularidades habrían consistido en indebidas
modificaciones de proyecto en relación a las ofertas efectuadas al momento de la
licitación y en la adopciones de criterios que llevaron a aumentar de manera
exponencial los costos constructivos, concretamente los de “inyecciones de
impermeabilización”, todo lo cual puso en serio riesgo la continuidad y terminación de
las obras contratadas, generando un perjuicio patrimonial en las arcas del Estado
Provincial. Que se habrían desarrollado entonces maniobras fraudulentas destinadas a
provocar disposiciones patrimoniales por parte del Estado Provincial con el objeto de
beneficiar indebidamente a quienes resultarían participes de las mismas, sean los
responsables de las empresas constructoras y de las obras por éstas desarrolladas y de
quienes tenían la responsabilidad en la inspección, control y auditoría de las mismas.-
Así se ha denunciado en relación a la presa San Francisco que antes de
comenzar con la ejecución de las obras licitadas se planteó un cambio de proyecto en
relación al modo de construcción de la presa ocultándose que dicha modificación
generaría un aumento en las inyecciones de impermeabilización que excedían en gran
medida las cantidades presupuestadas . Que asimismo se habrían utilizado en ambas
presas presiones de inyección superiores a las indicadas en los pliegos licitatorios que
fracturaban el sustrato rocoso generando la necesidad de aumentar casi indefinidamente
la cantidad de las mismas. Que tampoco se habrían realizado debidamente los ensayos
y/o controles técnicos correspondientes para definir o terminar con las inyecciones
necesarias.-
Que por otra parte se habrían fraguado algunas planillas de inyección no
adjuntándose a los pedidos de certificación los correspondientes tickets que
automáticamente se emiten una vez finalizado cada pozo. Que asimismo se habría
pretendido el cobro de inyecciones que no era posible realizar con la cantidad de
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisequipos puestos en obra.-
Que por otra parte se fijó un precio mayor por la utilización de cemento
puzolánico que en rigor tiene un precio menor al cemento común que había sido
ofertado.-
En igual sentido se denuncia que se habrían producido otras modificaciones del
proyecto en obras tales como “Aliviadero” y/o “Vertedero” sin sustento técnico o
invocando uno inexistente, lo que aumentaba los costos siendo que tales cuestiones ya
se encontraban definidas y resueltas en la etapa anterior de ambas presas.-
Se han incorporado igualmente elementos de prueba que acreditan que algunos
de los participantes de la etapa “II” de las obras mencionadas conocían o debían conocer
acabadamente la situación, calidad y cantidad de las obras efectuadas durante la etapa
“I”.-
Que la totalidad de los hechos que se presumen fraudulentos se encuentran
descriptas in extenso en la denuncia efectuada y sus sucesivas ampliaciones.-
Y como ya se señalara supra, se ha configurado un estado de sospecha suficiente
como para llamar formalmente a los presuntos autores, coautores y/o cómplices a fin de
que ejerzan debidamente su derecho de defensa.-
Que a prima facie se advierte que de haber existido una maniobra fraudulenta,
un engaño destinado a perjudicar patrimonialmente al Estado provincial debe
necesariamente haber contado con la participación, dolosa o culposa, de quienes tenían
la responsabilidad funcional, administrativa o contractual de velar por la correcta
administración y ejecución de la obra pública.-
En este sentido aparece como razonable a fines de delimitar y/o deslindar
responsabilidad, citar a prestar Declaración Indagatoria a los principales responsables
administrativos, societarios y técnicos de las empresas involucradas, a las personas
específicamente contratadas para efectuar la auditoría de las obras y a quienes debían
inspeccionar en el campo la realización de las mismas, sin perjuicio de otras
responsabilidades que pudieran surgir durante el curso de la investigación, TODO
ELLO SIN QUE IMPLIQUE AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA.
En este orden de ideas, y atento a que en la ejecución de la obra de
aprovechamiento del río Quinto participó como integrante de la U.T.E. ganadora de la
licitación para la etapa “II” de la misma, es necesario ampliar la investigación
sobre
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luisquienes actuaron como principales responsables societarios, administrativos y técnicos
de dicha empresa durante la ejecución de la misma.-
Que los hechos investigados y conforme requerimiento del Sr. Agente Fiscal (fs.
39 y fs. 711 a 713) encuadrarían a prima facie en los delitos de estafa; defraudación en
la sustancia, calidad o cantidad de las cosas entregadas en virtud de contrato o título
obligatorio; defraudación mediante contrato y recibos fraguados; fraude en perjuicio de
la administración pública y falsificación de instrumentos públicos; administración
fraudulenta (Arts. 172, 173 incs. 1º, 6º y 7º, 174 inc. 5º y 292 C.P.). Que asimismo en
relación a los inspectores de obra debe agregarse a los delitos mencionados el de
incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249).-
Que por lo expuesto, estimando reunidos los requisitos del Art. 147 C.P.Crims.,
es que debe llamarse a Indagatoria a las siguientes personas:
VICTORIO AMÉRICO GUALTIERI; ING GUSTAVO DANIEL
MOSQUERA; ING. OSCAR ALBERTO VARDÉ; NORMA FABIANA IRIBARREN;
ING. CIVIL JORGE ALBERTO BONIFAZI; ING. CIVIL RODOLFO EDUARDO
GUIDOBONO; ING. CIVIL VICTORIO HERNÁNDEZ BALAT; ING. GEÓLOGA
SONIA GORDIN; ING. JORGE TAVAROZZI; ING. JORGE SUAREZ; ING. JUAN
BISSIO; ING. DANIEL BACHIEGA; ING. ANÍBAL MENDIBURO; ING.
GUSTAVO GOLDY. Las personas indicadas habrían tenido participación como
responsables societarios de la U.T.E. G.C.I. MERCOVIAL S.A. como responsables
técnicos y/o como miembros del Grupo Asesor contratado por el Estado Provincial para
el asesoramiento y auditoría de las obras presa sobre el río Quinto y presa sobre el río
Claro. Que asimismo deberán comparecer a prestar Declaración Indagatoria los
inspectores de obra: AMAYA GILBERTO; PABLO OGAS; JUAN CARLOS
RICKERT; VILLEGAS JULIO; ESTRADA ALFEO MATILDE; PÉREZ HEGUI;
FILIPELLO HÉCTOR JOAQUÍN; TERRÉ MARIO y MUÑOZ PABLO.-
Por lo expuesto RESUELVO:
I. Llamar a prestar Declaración Indagatoria por los delitos de estafa; defraudación
en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas entregadas en virtud de contrato o
título obligatorio; defraudación mediante contrato y recibos fraguados; fraude en
perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumentos públicos;
administración fraudulenta (Arts. 172, 173 incs. 1º, 6º y 7º, 174 inc. 5º y 292 C.P.).
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San LuisPA RA EL D ÍA MARTES 22 D E SE P TIE M B RE D E 2 0 15:
09:00 HS: VICTORIO AMÉRICO GUALTIERI, D.N.I. Nº: 11.135.807, con
domicilio en calle San Martín Nº: 371 de ésta ciudad de San
Luis.-
10:00 HS: ING GUSTAVO DANIEL MOSQUERA, D.N.I. Nº: 14.437.521,
con domicilio en Tonelero 5852, 8º Piso, Dptos. C y D, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
11:00 HS domicilio en Av. Quintana 585, 4º Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
12:00 HS: NORMA FABIANA IRIBARREN, D.N.I. Nº: 17.888.116, con
domicilio en calle San Martín Nº: 371 de ésta ciudad de San
Luis.-
PA RA EL D ÍA MIÉRC O LES 23 D E SE P TIE M B RE D E 2015:
09:00 HS: ING. CIVIL JORGE ALBERTO BONIFAZI, D.N.I. Nº:
10.939.432, con domicilio en Tonelero 5852, 8º Piso, Dptos. C y
D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
10:00 HS: ING. CIVIL RODOLFO EDUARDO GUIDOBONO, D.N.I. Nº:
17.029.691, con domicilio en Av. Quintana 585, 4º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
11:00 HS: ING. CIVIL VICTORIO HERNÁNDEZ BALAT, D.N.I. Nº:
11.812.023, con domicilio en calle San Martín Nº: 371 de ésta
ciudad de San Luis.-
12:00 HS: ING. GEÓLOGA SONIA GORDIN D.N.I. Nº: 11.976.824, con
domicilio en Tonelero 5852, 8º Piso, Dptos. C y D, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
PA RA EL D ÍA J UE V ES 24 D E SE P TIE M B RE D E 2 0 15:
09:00 HS: ING. JORGE TAVAROZZI, D.N.I. Nº:.11.731.622, con
domicilio en calle San Martín Nº: 371 de ésta ciudad de San
Luis / Domicilio Real: 3 de Febrero 331, Villa Mercedes (San
Luis).-
10:00 HS: ING. JORGE SUAREZ, con domicilio en calle San Martín Nº:
371 de ésta ciudad de San Luis.-
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luis11:00 HS: ING. JUAN BISSIO, D.N.I. Nº:.17.463.379, con domicilio en
calle San Martín Nº: 371 de ésta ciudad de San Luis.-
12:00 HS: ING. DANIEL BACHIEGA, con domicilio en calle San Martín
Nº: 371 de ésta ciudad de San Luis.-
PA RA EL D ÍA V IERNES 25 D E S E P TIE M B RE D E 2015:
09:00 HS: ING. ANÍBAL MENDIBURO, D.N.I. Nº: 12.284.071 con
domicilio en calle San Martín Nº: 371 de ésta ciudad de San
Luis / Domicilio Real: Casa 8, Mza. 04, Bº Los Lapachos, Ciudad
de La Punta.-
10:00 HS: ING. GUSTAVO GOLDY, D.N.I. Nº: 20.381.521, con domicilio
en Tonelero 5852, 8º Piso, Dptos. C y D, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
II. Llamar a prestar Declaración Indagatoria por los delitos de estafa; defraudación
en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas entregadas en virtud de contrato o
título obligatorio; defraudación mediante contrato y recibos fraguados; fraude en
perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumentos públicos;
administración fraudulenta (Arts. 172, 173 incs. 1º, 6º y 7º, 174 inc. 5º y 292 C.P.) e
incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P) a las siguientes
personas:
PA RA EL D ÍA MARTES 29 D E SE P TIE M B RE D E 2 0 15:
09:00 HS: AMAYA GILBERTO, con domicilio en Bº Ignacio Vidal, Mza.
9, casa 20.-
10:00 HS: PABLO OGAS, con domicilio en Bº. Pueyrredón, calle Yapeyú
Nº: 1518.-
11:00 HS: JUAN CARLOS RICKERT, con domicilio en Av. Italia Nº:
2205.-
12:00 HS: VILLEGAS JULIO, con domicilio en Bº. San Luis XXXII, Mza.
D, casa 06.-
PA RA EL D ÍA MIÉRC O LES 3 0 D E SE P TIE M B RE D E 2015:
08:00 HS: ESTRADA ALFEO MATILDE, con domicilio en Obispo Orzali
Nº: 430.-
09:00 HS: PÉREZ HEGUI.-
Poder Judicial San LuisPoder Judicial San Luis10:00 HS: FILIPELLO HÉCTOR JOAQUÍN.-
11:00 HS: TERRÉ MARIO.-
12:00 HS: MUÑOZ PABLO.-
III. LÍBRESE OFICIO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS Y
A CONSTRUCTORA SAN LUIS SAPEM a fin de que informe en el término de
SETENTA Y DOS HORAS la identidad y domicilio de las personas que actuaron
en carácter de presidente y/o director y apoderados de dicha empresa; y de los
ingenieros en cualquiera de las especialidades de dicha profesión u otros
profesionales técnicos de la misma jerarquía DE CONSTRUCTORA SAN LUIS
SAPEM, que participaron como proyectistas, asesores, revisores, auditores,
residentes en obra, y/o en otras tareas relativas al proyecto y ejecución de la Etapa II
de la presa sobre el rio Quinto, aprovechamiento Saladillo (Contrato de Obra
Pública Homologado por Decreto Nº: 977-MP-2006), indicando en cada caso la
función que cumplía cada uno.-
IV. No encontrándose consignados los D.N.I. de ESTRADA ALFEO
MATILDE; PÉREZ HEGUI: FILIPELLO HÉCTOR JOAQUÍN; TERRÉ MARIO y
MUÑOZ PABLO, así como sus respectivos domicilios, LÍBRESE OFICIO al
Programa Infraestructura Hídrica perteneciente al Ministerio de Hacienda y Obras
Públicas a fin de que proporcionen dichos datos en el término de SETENTA Y DOS
HORAS.- OFÍCIESE, NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE.-
HÁGASE SABER QUE LA PRESENTE ACTUACIÓN SE ENCUENTRA SOLO FIRMADA DIGITALMENTE
POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Nº 1, DR. EDUARDO SEBASTIÁN
CADELAGO FILIPPI, CONFORME LO AUTORIZA EL ACUERDO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICIA Nº 354 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2013.-