Gestión integral de MARES y COSTAS

D i p l o m a d o e n L í n e a

COMPENDIO DE ENSAYOS 2 º E d i c i ó n

COMPENDIO DE ENSAYOS Marzo de 2016

D i p l o m a d o e n L í n e a 2 º e d i c i ó n

Gestión integral de MARES y COSTAS

Profesores

Lic. ERICK ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA

Lic. SEBASTIAN BLOCK MUNGUIA

Analista de Políticas Públicas Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad UNAM

Instituto de Biología IntegrativaDepartamento de Ciencia de Sistemas AmbientalesETH Zurich

El Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM) es una entidad sin

animo de lucro creada en el año 2013 con el proposito de facilitar la generación y

divulgación de conocimientos y procesos de aprendizaje sobre el medio ambiente

y el desarrollo sostenible en Latinoamérica.

Bajo nuestro modelo de formación ambiental solidaria otorgamos becas del 100%

en nuestros diplomados a estudiantes de universidades públicas y

emprendedores sociales de Latinoamerica.

Nuestros diplomados tienen como actividad clave la elaboración de un ensayo,

con ello se busca consolidar los procesos formativos y divulgar los conocimientos

adquiridos. Los ensayos son integrados en el compendio que se presenta a

continuación.

Índice de ensayos

Arianna Patricia Domínguez Gómez

Proyecto Don Diego, un colapso inminente de la riqueza biológica en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur

Jacobo Santander MonsalvoConservación de ecosistemas arrecifales de México

Jhojan Alexander Hoyos CardonaEl turismo en Cartagena ¿sustentable o no?

Antonio Gomez

¿La pesca, una actividad con futuro?

Carola Guzmán TorresIndustria del Petróleo en armonía con los Humedales

Denisse Ángeles SolísIsla caribeña al borde de la basura

Maria Fernanda Urrutia Osorio

La destrucción del manglar Tajamar: un ejemplo claro de un manejo ineficiente

María Esther Jiménez López

Importancia de las Áreas Naturales Protegidas en las zonas de Observación de Ballena Gris

Katerine Palacio Ayala Soluciones y manejo administrativo = Degradación del manglar

Lilia Alonso LozanoEl caso de la Minera Buenavista del Cobre

Lucia AmaroMalas políticas provocan insostenibilidad en la pesca

Rubén Ricardo Guzmán ReynaBeneficios del programa de playas limpias en México

Paula Andrea Ruiz RuizConflictos socio ambientales generados por la extracción de carbón en el caribe...

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24

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46

50

54

Por: Arianna Patricia Domínguez Gómez

México cuenta con una ubicación geográfica

privilegiada, se encuentra en medio de los dos

océanos más grandes del mundo (Pacífico y

Atlántico) y cuenta con un extenso litoral (11,122

Km), convirtiéndolo en uno de los países con una

gran riqueza natural y una de las mayores Zonas

Económicas Exclusivas (ZEE) del mundo

(CIMARES, 2012). El Golfo de Ulloa, localizado en la

costa occidental de Baja California Sur (B.C.S.) en el

Pacífico, es una región de alta productividad y

cuenta con especies de interés pesquero y

conservación (tiburones, rayas, almejas, langostas,

camarones, aves, mamíferos marinos y tortugas

marinas) (CONABIO, 2010); según estudios

realizados durante las últimas décadas (Dietz et

al., 1942 y d´Anglejan, 1967) esta cuenta con uno

de los yacimientos de fosfatos más importantes

de todo el continente. Los fosfatos son un

elemento vital para la vida en general, intervienen

en casi todas las reacciones químicas de

compuestos minerales y orgánicos y se emplean

como fertilizantes agrícolas en todo el planeta

(Martínez-Gutiérrez, 2013). El acelerado aumento

de la población mundial y la creciente demanda de

alimentos, ha provocado que la agricultura se vea

forzada a incrementar su producción, agotando las

reservas disponibles de fertilizantes minerales

(Fósforo); desarrollando diversos proyectos que

buscan acceder a nuevos yacimientos para

continuar con la producción agrícola a nivel

mundial (Cordell, 2010). Es por ello que la empresa

Odyssey Marine Explorations a través de su filial

Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V. ha

presentado el proyecto “Dragado de arenas

fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego” en

el Golfo de Ulloa en B.C.S (figura 1).

El objetivo de este ensayo es analizar el Proyecto

Don Diego, sus repercusiones ecológicas,

económicas y sociales en la región a través de la

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA),

presentado por la empresa Exploraciones

Oceánicas, S. de R.L. de C.V. al gobierno mexicano

por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT).

Proyecto Don Diego, un colapso inminente de la riqueza biológica en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur

4Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

Según la MIA Don Diego (2015) expuesta a

SEMARNAT, describe el proyecto ”como una obra

de dragado marino para la extracción de arenas

fosfáticas y por lo tanto, ésta se circunscribe al sector

de la minería… aunque la justificación se entiende

fundamentalmente desde el sector de la agricultura”;

la estimación aproximada del proyecto será de

cincuenta años y el área total a dragar abarca

cerca de noventa y un mil hectáreas de fondo

marino, para extraer trescientos cincuenta

millones de toneladas de arena fosfática y

descapote sin procesar. Como ya se ha

mencionado, la región del Golfo de Ulloa se

caracteriza, por ser una zona de importancia

pesquera en el país y para la cría de ballenas; sin

embargo, muchas asociaciones internacionales

ecologistas se han puesto en alerta debido a que

en México existen leyes que son poco amigables

con el medio ambiente; para el caso de la minería,

la propone como una herramienta llena de

beneficios económicos, aunque hace de lado la

integridad ambiental y socioeconómica a largo

plazo de la zona donde se realiza (FUNDAR, 2002);

específicamente, para la minería de fosfatos,

existe poca información sobre su producción y

consumo, además algunos países no lo consideran

como fertilizante, por lo que es difícil obtener

datos de calidad confiable (Martínez-Gutiérrez,

2013); ocasionando que la viabilidad económica de

Don Diego pueda verse seriamente

comprometida.

En un análisis realizado por la Asociación

Interamericana para la Defensa del Ambiente

(AIDA) (2015), enfatiza en que la MIA Don Diego

carece de fundamentos técnicos para garantizar el

impacto mínimo al ecosistema marino; además de

que no presenta un análisis profundo de los

posibles impactos y sus consecuencias en el Golfo

de Ulloa. Según la MIA, los efectos ecológicos en la

región serán menores, se minimiza el impacto a la

fauna bentónica local y asegura que esta

presentará una rápida recuperación, lo cual es

refutado por un artículo publicado por CEPAL

(2004) que asegura que los impactos físicos

producidos por la minería marina dependen de los

sistemas empleados para extraer los minerales, el

ruido, la remoción de sedimentos y la suspensión

de partículas alteran el medio marino, además de

que un buen porcentaje de las comunidades

bentónicas desaparecen inmediatamente,

afectando el comportamiento y las relaciones de

los organismos a largo plazo; Martínez-Gutiérrez

(2013) por su parte menciona que la extracción de

materia prima para la producción de fertilizantes,

es severo con el ecosistema marino, pues los

desechos químicos afectan la calidad del agua y

los componentes desechados son altamente

tóxicos para la fauna local. Algo a recalcar, es que

en el manifiesto, se expone que no se requiere

desarrollar infraestructura compleja para el

proyecto como tal y que toda la producción será

con el fin de evitar que México siga importando

fertilizantes de otras partes del mundo, pero no

especifica en donde se procesarán o cual será el

destino final de la producción minera; además es

necesario considerar que la roca fosfática tiene un

gran volumen, lo que encarece las actividades de

espacio y transporte, por lo que la producción de

los yacimientos con infraestructura poco

desarrollada pueden resultar ser inviables

económicamente para competir en los mercados

internacionales o incluso regionales

(Martínez-Gutiérrez, 2013). De igual manera, la Figura 1. Localización del proyecto Don Diego en B.C.S. Fuente: MIA Don diego

MIA muestra dicho proyecto como una

oportunidad de grandes beneficios económicos en

la región, pero no profundiza en los costos

ambientales, ni especifica la capacidad real de

generación de empleo; se debe mencionar que en

México, generalmente, las decisiones sobre

proyectos mineros se toman partiendo de los

beneficios económicos, respaldándose bajo la

bandera de sostenibles, afectando de manera

indiscriminada al entorno natural (CIMARES,

2012).

Un aspecto fundamental en este tipo de proyectos

es la nula participación de las comunidades que se

verán afectadas durante su desarrollo; en la MIA

Don Diego se menciona poco sobre la afectación a

las mismas, pero enfatiza que no se requiere un

desalojo de los pobladores locales ya que los

recursos disponibles no se verán afectados de

ninguna manera; un grave problema con La Ley

Minera en México, es que las comunidades

normalmente son totalmente excluidas de

cualquier actividad relacionada con la toma de

decisiones que involucren cambios severos en su

entorno, o se aprovecha la falta de información

que suele existir en estos sitios, llegando incluso a

la violación de sus derechos humanos (FUNDAR,

2002).

En base a lo anterior y la información presentada

en la MIA, se puede concluir que el Proyecto Don

Diego carece de fundamentos técnicos que

respalden sus argumentos, por lo que es posible

que los impactos negativos al ecosistema sean

mayores a los que se ha estimado en su

manifiesto; es importante tomar en cuenta que el

Golfo de Ulloa se considera una de las zonas con

mayor riqueza natural y que es una importante

zona de producción pesquera a nivel nacional, por

lo que un proyecto de esta magnitud afectará

seriamente la economía regional y en menor

escala, a la producción pesquera nacional. Uno de

los graves problemas a los que se enfrenta la la

situación actual del proyecto en el país, es que la

información sobre minería en general es escasa,

inexacta e incluso contradictoria y en muchos

casos las autoridades encargadas de esta

actividad anteponen los beneficios económicos,

antes que los impactos ambientales o cometen

atropellos a los derechos de las comunidades. Es

por ello que el gobierno en todos sus niveles debe

centrarse en el desarrollo de estrategias de

gestión y manejo para lograr un aprovechamiento

adecuado de los recursos mineros disponibles y la

conservación del medio marino.

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (2015). Comentarios de derecho internacional a la manifestación de

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BIBLIOGRAFÍA

Por: Jacobo Santander Monsalvo

En México existe una diversidad de ecosistemas

costero-marinos de alta productividad que son

afectados por actividades humanas (Caso, Pisanty

y Ezcurra, 2004).

Destacan, los arrecifes coralinos por amortiguar el

impacto de tormentas, proteger la costa contra la

erosión (Wilkinson, Wiken, Bezaury, Hourigan,

Agardy, Herrmann, Janishevski, Madden, Morgan y

Padilla, 2009) y presentar la mayor diversidad,

productividad y complejidad (Jordán, 1993). Sin

embargo, en México además existen arrecifes

rocosos (Montaño, Torres, Aguilar y Ramírez,

2013), con comunidades coralinas (Castañeda,

Loaiza, Pérez, Martínez, Sánchez, Turk y Castillo,

2008) y con bosques de Macrocystis pyrifera

(Montaño et al., 2013).

Figura 1. a) arrecife coralino, b) arrecife rocoso con

comunidades coralinas y c) arrecife rocoso con

Macrocystis pyrifera.

Globalmente, los arrecifes coralinos sufren

masivos decrementos en su diversidad por

actividades humanas (Bellwood, Hughes, Folke y

Nyström, 2004). Merino (1987) observó que las

principales amenazas costeras en México son:

extracción petrolera, pesca y turismo, asimismo,

Ortiz, Granados, Solís y García (2005) enfatizaron

que la industria petroquímica y grandes

desarrollos turísticos generan destrucción de

hábitats, modificaciones ambientales y mala

calidad de agua.

Conservación de ecosistemas arrecifales de México

8Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

Fuente: a) Bello, b) Gama y c) Edwards.

Una de las respuestas gubernamentales ante las

presiones a los ecosistemas arrecifales (EA), ha

sido implementar áreas naturales protegidas

(ANP), el principal instrumento in situ para la

conservación, cuyo propósito es preservar su

biodiversidad y conservar los recursos pesqueros

(Carr, Neigel, Estes, Andelman, Warner y Largier,

2003).

Sin embargo, pareciera que los EA siguen

sufriendo daños a sus comunidades coralinas y

especies de interés comercial. Lo que hace pensar

que la creación de ANP no es una medida

suficiente para su conservación.

Los EA están sujetos a cambios geográficos y

temporales, que al combinarse crean sistemas

muy productivos, pero vulnerables a presiones

ambientales humanas (Botello y Villanueva, 2010).

La vulnerabilidad de un EA, repercute en

ambientes contiguos, haciendo una sinergia y

magnificación del impacto sobre los recursos

naturales (Villanueva, Ponce, García y Presa, 2010)

y sus servicios ambientales (Barbier, Hacker,

Kennedy, Koch, Stier y Silliman, 2011).

El objetivo de este ensayo es conocer la figura de

ANP como un instrumento de política ambiental

enfocado en la conservación de EA.

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos,

decisiones y acciones para solucionar problemas

que la sociedad y su gobierno consideren

prioritarios (Tamayo, 1997), siendo los

instrumentos de política ambiental una

herramienta que en el caso que nos ocupa ayuda a

materializar los objetivos de conservación de EA.

Un ANP está definida por el artículo 44 de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente como las: “zonas del territorio nacional y

aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y

y jurisdicción, en las que los ambientes originales

no han sido significativamente alterados por la

actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y

funciones integrales requieren ser preservadas y

restauradas” (p.32). Su establecimiento está

fundamentado constitucionalmente en el párrafo

tercero del artículo 27.

El marco legal que contempla EA dentro de un ANP

se constituye por:

Constitución Política. El artículo 27 constitucional,

párrafo tercero y artículo 42, incisos II y IV,

mencionan que los arrecifes son parte del

territorio. El artículo 48 señala que los arrecifes

dependerán directamente del Gobierno Federal.

Tratados Internacionales (Convención Ramsar y

Convenio sobre la Diversidad Biológica).

Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente (LGEEPA). No menciona

EA, sin embargo prevé mecanismos de protección

indirecta a través de instrumentos de política

ambiental como lo son el Ordenamiento Ecológico

Marino (OEM) y la evaluación del impacto

ambiental (EIA). El artículo 28 contempla las obras

y actividades que requieren autorización previa en

materia de EIA.

Ley General de Vida Silvestre (LGVS). No

menciona EA. El artículo 60 TER prohíbe cualquier

actividad que afecte interacciones entre el

manglar, la zona marina adyacente y los corales, o

provoque cambios en sus características y

servicios ecológicos.

Ley Federal del Mar. Su artículo 62 define la

plataforma continental e insular mexicana que

incluye arrecifes.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Su

artículo 12 menciona la responsabilidad ambiental

en el uso u operación de embarcaciones en

arrecifes de coral.

Ley General de Bienes Nacionales. Su artículo 119

fracción II establece que tanto en el macizo

continental como en las islas que integran el

territorio nacional, la zona federal marítimo

terrestre se determinará en la totalidad de la

superficie de cayos y arrecifes ubicados en el mar

territorial.

Ley Orgánica de la Armada de México. Su artículo

2 describe las atribuciones de la Armada de

México; su fracción III especifica realizar acciones

para defender la integridad del mar territorial que

incluye arrecifes.

Código Penal Federal. Su artículo 420 Bis-II

menciona que se impondrá pena de dos a diez

años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa a

quien ilícitamente dañe arrecifes.

Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP. No

menciona EA. El artículo 81 establece que en ANP

se realizará aprovechamiento de recursos

naturales de subsistencia, acordes con demás

disposiciones legales aplicables, pero su inciso g

prohíbe la extracción de corales y materiales

pétreos.

Reglamento de la LGEEPA en materia de EIA. No

menciona EA. Su capítulo II se refiere a las

actividades que requieren autorización de impacto

ambiental y sus excepciones; sus incisos Q y U

mencionan la construcción de arrecifes artificiales.

Decretos Presidenciales para el establecimiento

de ANP.

Programa de Manejo de cada ANP. Son las reglas

del ANP, donde se describen, entre otros aspectos,

, los derechos y obligaciones de sus usuarios.

Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-059-SEMARNAT-2010, establece

categorías de riesgo para algunas especies de

coral.

NOM-006-PESC-1993, regula el

aprovechamiento de especies de langosta.

NOM-008-PESC-1994, regula el

aprovechamiento de especies de pulpo.

NOM-013-PESC-1994, regula el

aprovechamiento de especies de caracol.

NOM-029-PESC-2000, regula el

aprovechamiento de tiburón y especies afines.

NOM-05-TUR-1998, establece requisitos

mínimos de seguridad para operadoras de buceo.

Dentro de los Tratados Internacionales (TI):

Convención Ramsar, publicada en el Diario Oficial

de la Federación (DOF) el 29 de agosto de 1986.

Define humedales como marismas y manglares,

pero también arrecifes coralinos y áreas marinas

cuya profundidad en marea baja no exceda de seis

metros; por lo que podrían incluirse algunos EA

rocosos.

Convenio sobre la Diversidad Biológica, publicado

en el DOF el 7 de mayo de 1993. No menciona EA,

pero se refiere a la diversidad biológica en todos

los niveles: ecosistemas, especies y recursos

genéticos.

Convención sobre la Protección del Patrimonio

Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO,

publicada en el DOF el 2 de mayo de 1984. No

establece disposición alguna que refiera de forma

particular a los arrecifes; sin embargo, hace

referencia a la protección del patrimonio que sea

hábitat de especies animales amenazadas y con

valor universal excepcional desde el punto de vista

estético o científico.

Además están las Reservas de la Biosfera

reconocidas en el marco del Programa sobre el

Hombre y la Biosfera (MAB-UNESCO).

Los TI tienen carácter vinculatorio por el artículo

133 constitucional, donde se destaca que

quedarían ubicados en un plano de igualdad con

las leyes federales, por lo que los TI, son Ley

Suprema de la Nación Mexicana.

En conclusión, México carece de una legislación y

políticas públicas específicas para la conservación

de ecosistemas arrecifales. Sin embargo, su

protección se puede realizar a través de la figura

de ANP.

En México, existen 25 ANP que incluyen EA, de los

que sólo 22 presentan programa de manejo, 18

son sitios Ramsar y 8 están dentro del Programa

MAB-UNESCO.

Por lo que se propone cerrar filas con los

organismos académicos (universidades e

institutos de investigación), para elaborar un

programa de monitorización sistematizada

nacional en EA, que incluya todas las

características bióticas y abióticas. De esta

manera, los tomadores de decisión tendrán

insumos suficientes para trabajar en políticas

públicas especializadas en la conservación de

ecosistemas arrecifales coralinos y rocosos.

Además de ser necesario realizar un profundo

análisis de las normas jurídicas a nivel nacional e

internacional, con objeto de delinear o fortalecer el

marco jurídico que permita la protección efectiva

de estos ecosistemas.

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BIBLIOGRAFÍA

Por: Jhojan Alexander Hoyos Cardona

Uno de los principales ingresos a nivel mundial

para las diferentes poblaciones a tasas locales o

regionales es el turismo. En calidad de servicio

comercial internacional, el turismo receptor ha

llegado a ser una de las principales categorías

comerciales del mundo, las exportaciones de

turismo suponen hasta el 30% de las

exportaciones mundiales de servicios comerciales

y el 6% de las exportaciones globales de bienes y

servicios. A escala mundial, como categoría de

exportación, el turismo se sitúa en el cuarto lugar

detrás de los combustibles, los productos

químicos y los de automoción; para muchos países

en desarrollo se trata de una de las principales

fuentes de ingresos por divisas y de la principal

categoría de exportación para la tan necesaria

creación de empleo y de oportunidades para el

desarrollo (OMT, 2011).

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el

organismo especializado de las Naciones Unidas

encargado de la promoción de un turismo

responsable, sostenible y accesible para todos.

Según las previsiones a largo plazo de la OMT,

incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo hacia

2030), las llegadas de turistas internacionales a

escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre

2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones de

turistas (OMT, 2011).

Colombia posee un sinfín de ecosistemas diversos

y atractivos para el turismo, ocupando así Bogotá

el primer puesto como destino turístico, seguido

de tal manera por Cartagena de indias, la cual se

ha caracterizado por ser el principal destino

turístico de sol y playa de Colombia, partiendo del

reconocimiento como patrimonio histórico y

cultural por parte de la Unesco en 1985 (SITCAR,

2014).

Es por esto que el presente ensayo pretende

analizar el impacto del turismo específicamente

en la isla de Barú, una de las islas con mayor

importancia turística de Cartagena de indias, y el

epicentro de una zona estratégica de desarrollo

turístico y comercial en donde se evidencia un

fuerte impacto en la diversidad marítimo-costera.

El turismo en Cartagena ¿sustentable o no?

13Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

Las islas de Barú presentan un hábitat costera

representativa del Caribe que incluye: humedales,

playas y costas (playas arenosas y dunas,

costas rocosas, acantilados, cayos, bosques

costeros y matorrales) y finalmente hábitats

marinos (pantanos y orillas, arrecifes, yerbas

marinas y mar abierto) (Sutton y Sorenson,2008).

Se han identificado una gran variedad de

especies asociadas a los ecosistemas

marítimos-costeros de la isla de Barú, para el

caso de los arrecifes de coral, se han

identificado 62 especies de corales y otros

celenterados. Igualmente, se han identificado 18

especies de corales blandos. Otro grupo

identificado en el área, comprende a los

crustáceos decápodos, con 153 especies; los

moluscos con 244 especies, no menos de 153

especies de equinodermos, 199 especies de

esponjas y 513 especies de peces. En cuanto a

reptiles en el área podemos encontrar tortugas

marinas de la especie Caretta caretta, Chelonia

mydas y Eretmochelys imbricata (PNN, 2006).

Por lo anterior, dichos ecosistemas se ven

altamente afectados por el turismo de múltiples

maneras, entre las cuales se identifican cinco

actividades principales que son: el transporte

(Lanchas, carros, mototaxis), turismo informal

(venta de collares, masajistas, cocineros, etc.) y

formal (empresas hoteleras), agricultura

(disminuido por el potencial turismo) y la pesca

(ANSPE, 2013).

La rápida extensión de las actividades por parte

del turismo han causado la transformación de

los ecosistemas naturales en paisajes

fragmentados, generando la extinción masiva y

acelerada de especies, así como propiciando

riesgo en la funcionalidad y estabilidad de los

ecosistemas (Castaño-Uribe 2003). Del tal

manera las actividades antrópicas han tenido un

impacto significativo sobre las coberturas

vegetales en varios sectores de la isla, entre

estas, la construcción de infraestructuras como

casas de recreo, hoteles, caminos y cercas,

dejando claros en el bosque por efecto de la

tala del mangle conllevado a que sus funciones

dentro del ecosistema natural se pierdan

(Sánchez-Páez et al., 1997).

El área de bosque, es utilizado para la disposición

de escombros y/o desechos generados por

turistas y habitantes de la isla Barú, igualmente el

caso de lagunas de baja mar que al estar tan cerca

a la playa se presta para que todos los desechos

lleguen allí provocando problemas de

contaminación, salubridad y deterioro de la

fauna y flora que llega hasta este punto.

Los ecosistemas marinos constituyen una

importante barrera contra la erosión provocada

por el oleaje y el viento y son considerados como

ecosistemas vulnerables por tratarse de grupos

muy específicos que demandan aguas

trasparentes, sustratos estables y salinidades,

también hay una alta presencia de pastos

marinos, los cuales sirven como hábitat

alimento y origen de cadenas tróficas y refugio

de innumerables especies (Invemar, 2007).

Su conservación es indispensable para el

mantenimiento y el equilibrio del ecosistema

natural en donde participan entes como los son el

INVEMAR, corporación autónoma referente al

departamento de Bolívar (CARDIQUE) y el

gobierno que son los encargados de administrar

los recursos naturales renovables y ejecutar las

políticas, planes, programas y proyectos,

utilizando su capacidad técnica, humana e

investigativa. Por definición legal, una Corporación

Autónoma Regional es la máxima autoridad

ambiental en el ámbito de su jurisdicción y sus

funciones están centradas especialmente al nivel

ejecutivo de la gestión del medio ambiente y

recursos naturales. Son el enlace entre políticas,

planes y proyectos del Ministerio del Ambiente

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y en

general del gobierno con las entidades territoriales

de su jurisdicción (IOCARIBE, 1997).

Sin embargo no se ve a grandes escalas las

implementaciones de dichas entidades, pues se

siguen generando los mismos problemas y la

diversidad marítimo-costera desciende cada día

más dado a la mala organización de los planes de

manejo de los entes privados y gubernamentales,

pues la urbanización turística debe estar

correctamente planificada y gestionada a fin de

evitar la transformación en los efectos

beneficiosos en consecuencias perjudiciales tanto

como para el hombre como para su entorno

natural (Masri de Achar y Robles Ponce, 1997).

En conclusión para generar estrategias de

conservación y mitigación del impacto

ambiental que conllevan los asentamientos

humanos y actividades de estos como el

turismo y aprovechamiento de los recursos, es

primordial conocer cómo se compone la biota que

habita tanto en la zona de bosques seco tropical

como en los estuarios de la zona de la isla Barú,

para eso se debe proyectar actividades que

contribuyan a la caracterización y conocimiento de

los organismos vivos que allí habitan, asociados

también a estudios ecológicos y su importancia

dentro de los ecosistemas planteados.

Además, es importante incluir el componente

social de los habitantes de la isla de Barú que

pueden aportar a nivel histórico la presencia de

las especies que tal vez se encuentren extintas a

nivel local actualmente. Finalmente reformular los

planes de manejo para mayor integridad de los

ecosistemas y aprovechamiento sustentable de

los recursos.

ANSPE, 2013. Caracterización de Dinámicas Comunitarias II Santa Ana, Isla de Barú. Cartagena Bolivar. 25 pp.

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BIBLIOGRAFÍA

Por: Antonio Gomez

La organización de la Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en

inglés, Food and Agriculture Organization of the

United Nations) lleva desde 1990 monitoreando el

estado de las pesquerías del mundo, destacando

que el 28.8 % de las pesquerías a nivel mundial se

encuentran sobreexplotadas y un 61.3% se

encuentran pescadas en su máximo de

explotación, mostrando una disminución de las

capturas desde 1974 (FAO, 2014). Estudios

recientes destacan que desde 1996 las capturas

han disminuido a nivel global (Pauly y Zeller, 2016).

México, es uno de los principales productores de

pescados y mariscos a nivel mundial. Sin embargo,

cerca del 50% de sus pesquerías a nivel nacional se

encuentran colapsadas en estados de sobrepesca

(Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2011

El 95% de la pesca a nivel mundial es caracterizada

como pesquerías de pequeña escala (McGoodwin,

2001) siendo el principal sustento de la

comunidades pesqueras. La pesca es la actividad

principal de empleo para más de 300 mil familias y

para más de 2 millones de personas

indirectamente (EDF et al., 2015) en México. Así

pues el deterioro de los recursos pesqueros puede

perjudicar gravemente el futuro de las

comunidades pesqueras que dependen de la

pesca como principal actividad económica. Así, se

debe mejorar el estado de los recursos pesqueros

para conservar el modo de vida las comunidades

pesqueras, y también para mejorar el estados de

salud de los ecosistemas marinos.

El presente ensayo pretende analizar el impacto

de la sobrepesca y posibles soluciones para

alcanzar una pesca sustentable para las

comunidades costeras, centrado en el ejemplo

mexicano.

La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el

ser humano sobre peces y/o mariscos, con un

nivel de captura por encima de la capacidad de

regeneración de las especies objetivos. La

sobrepesca tiene efectos directos sobre los

ecosistemas, como son la mortalidad ejercida

sobre las especies objetivos, la mortalidad sobre

las especies que nos son el objetivo de la pesca

¿La pesca, una actividad con futuro?

17Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

Una de las principales causas de la

sobreexplotación de recursos pesqueros y la

pérdida de valor delos productos que salen del

mar, es la pesca ilegal, la cual dificulta el control de

las capturas totales (dificultando tomar medidas

de manejo para la pesca real capturada), y ayuda a

la depreciación delvalor de los productos. Se

estima que de cada 10 kg de pesca registrada

legalmente, existen otros 6kg obtenidos de

manera ilegal (EDF et al., 2012).

A pesar de todos los impactos de la sobrepesca,

existen diversas herramientas pesqueras que

ayudan a revertir el estado de deterioro de las

pesquerías. Una de estas herramientas es la

creación de reservas marinas, que consisten en

zonas donde no está permitido pescar. Las

reservas marinas dan refugio a las especies, las

cuales suelen aumentar de tamaño y densidad

dentro de la reserva.

Asimismo, el aumento de densidad de peces

dentro de la reserva causa que estos se expandan

hacia fuera de los límites de la reserva,

aumentando las capturas en las zonas cercanas a

la reserva (Goni et al., 2008).

Otra herramienta pesquera es limitar el uso de

artes de pescas no selectivo, es decir limitar el uso

de artes de pesca que tengan un porcentaje de

captura incidental alto, para evitar la muerte

innecesaria de los organismos que son el objetivo

de la captura. Por ejemplo, el uso de redes pasivas

pueden llegar a atrapar más de un 34% del peso de

captura de especies las cuales no son el objetivo

de la pesca (Shester y Micheli, 2011). Así, reducir la

pesca incidental, permite que el ecosistema

mantenga sus funciones naturales.

Otra herramienta pesquera es implementar un

manejo basado en derechos, el cual consiste en

asignar un límite de captura, o cuota, en un

territorio a los diferentes pescadores de las

diferentes especies de interés comercial. Esta

cuota debe estar limitada a una captura total

permisible, basándose en información científica,

sin sobrepasar el potencial de recuperación de la

especie explotada (EDF, 2015). Asimismo, existen

otras herramientas pesqueras con el objetivo de

mejorar el estado de las pesquerías, como son

vedas temporales de pesca, tamaño mínimo de

organismo para ser pescado, exclusión de

métodos de pesca, entre otros.

P

or otro lado, se necesita a dotar de una normativa

adecuada para el desarrollo de una pesquería

sustentable. La “Ley general de pesca y

acuacultura sustentables” (México), establece las

normas para regular, fomentar y administrar el

aprovechamiento de los recursos pesqueros y

acuícolas en México. A pesar que a lo largo de esta

ley se utiliza el término de “explotación

sustentable”, se trata de una ley para el fomento

de la pesca, y no existe realmente medidas para

fomentar el desarrollo sustentable, sin plantear la

necesidad de reducir la explotación pesquera. No

existe un fomento de buenas prácticas del manejo

pesquero, que motive a los pescadores a

abandonar la prácticas más nocivas para los

recursos pesqueros y adoptar medidas menos

perjudiciales. Por ejemplo, en una misma zona de

pesca, pescadores que utilicen artes de pesca más

selectivos (ej.: línea y anzuelo) pueden verse

desincentivados si otros pescadores utilizan artes

menos selectivos (ej.: redes),

normalmente con mayores volúmenes de pesca

(McCay y Acheson, 1987). Una nueva agenda

pública debería definirse para implementar

políticas públicas encaminadas a desarrollar una

actividad pesquera sustentable que asegure los

recursos pesqueros a futuro, asegurando así la

forma de vida de las comunidades pesqueras del

amplio litoral mexicano.

En conclusión, en las últimas décadas las capturas

a nivel global han ido disminuyendo, a la vez que

los ecosistemas marinos han sido deteriorados.

Con el fin de conservar los ecosistemas marinos y

el modo de vida de las comunidades costeras, se

deben aplicar herramientas de manejo pesquero.

La combinación del uso de diferentes

herramientas de manejo pesquero puede conducir

a la sostenibilidad de la actividad. Asimismo, es

imprescindible que se implementen estrategias de

manejo efectivas, actualizar el marco legal

existente y mejorar el sistema de generación de

información para fortalecer el manejo. De esta

manera se podrá asegurar los recursos pesqueros

para las generaciones futuras, y para disfrute de

los mexicanos. La salud de los mares y océanos

está en las manos de los mismos usuarios que

viven y disfrutan de él, así que el futuro de estos

empieza con una mejor pesca en el presente.

Arreguín-Sánchez, F., y Arcos-Huitrón, E. (2011). La pesca en México: estado de la explotación y usode los ecosistemas.

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BIBLIOGRAFÍA

Foto CHM: Sobrevuelo Sistema Lagunar Alvarado 2012. Derechos Reservados Pemex Exploración y Producción, Activo de Producción Veracruz. Prohibida su reproducción total o parcial.

Por: Carola Guzmán Torres

Considerando que la energía juega un papel

fundamental en la economía del país, el Gas

Natural no Asociado se ha considerado en

particular como una de las fuentes más

importantes de energía debido a que

ambientalmente es más limpio. Petróleos

Mexicanos en la búsqueda de continuar

desarrollando su infraestructura existente desde

los años 50’s en el área del polígono de los Sitios

Ramsar del Sistema Laguna del Alvarado y la

Laguna La Popotera, ha sometido al

procedimiento de evaluación en materia

ambiental, el desarrollo de obras y/o actividades

ante la Autoridades Ambientales.

Petróleos Mexicanos cuenta con una política de

Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección

Ambiental y principios en los cuales en uno de ellos

se establece que “Petróleos Mexicanos se

compromete a continuar con la protección y el

mejoramiento del medio ambiente”,

comprometido con este principio ha sometido sus

Proyectos Estratégicos de Gas al procedimiento de

Evaluación en Materia de Impacto y Riesgo

o Ambiental y en caso necesario, a Cambios de Uso

de Suelo a través de Estudios Técnicos

Justificativos.

Para el caso particular de los Sitios Ramsar del

Sistema Lagunar de Alvarado y la Laguna La

Popotera, se incluyó en la Manifestación de

Impacto y Riesgo Ambiental una clasificación y

delimitación espacial de los diferentes tipos de

humedales, basada en la evaluación del nivel de

conservación, perturbación y fragmentación de los

humedales; además de considerar la presencia de

especies de interés ecológico y conservación,

considerando la colindancia del ecosistema, grado

de fragmentación, viabilidad del ecosistema y

resiliencia del ecosistema (capacidad de un

sistema para retornar a las condiciones previas a la

perturbación) ; así como la condición o grado de

perturbación.

La delimitación del Sistema Ambiental Regional

(SAR) en estudio, se realizó considerando los

polígonos de los sitios RAMSAR Sistema Lagunar

de Alvarado (sitio 1355) y Humedales de la Laguna

Industria del Petróleo en armonía con los Humedales

21Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

En el SAR existen aproximadamente 690

asentamientos humanos de diferente tamaño,

desde unidades familiares de dos o más viviendas

hasta ciudades como son Puerto de Alvarado,

Ignacio de la Llave y Lerdo de Tejada. Dentro del

SAR están comprendidos parcialmente los

municipios de Acula, Amatitlán, Ángel R. Cabada,

Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan de

Carpio, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Lerdo

de Tejada, Medellín, Saltabarranca, Tierra Blanca,

Tlacotalpan, Tlalixcoyan y Tres Valles, la mayoría

de ellos relacionados con el aprovechamiento de

los recursos naturales ya sea directamente a

través de la pesca, la acuacultura, agricultura,

ganadería, o indirectamente a través de los

múltiples servicios que requieren estas

actividades.

Uno de los aspectos relevantes que se encuentran

en el Sistema Lagunar de Alvarado, es la existencia

de áreas muy afectadas por actividades

antropogénicas y la cercanía de asentamientos

humanos que vierten a estos cuerpos de agua sus

aguas negras, y un sin número de contaminantes

ya sea directamente o de forma indirecta como los

plaguicidas.

En el SAR, hay zonas húmedas con mayor

diversidad biológica, relacionada a la presencia de

humedales como el manglar y pantanos con

vegetación hidrófita; sin embargo, es uno de los

principales centros de producción agrícola en

Veracruz, con el cultivo de caña de azúcar;

productos básicos como maíz y arroz; además de

frutales tropicales (piña, papaya, entre otros).

Actualmente los humedales enfrentan serias

amenazas, siendo la principal la desecación de

lagunas y la destrucción del manglar, que en la

última década ha incrementado su tasa

significativamente, ya que algunos autores la han

estimado en 1.66%, y en este estudio del 2.5%

anual, en cualquier caso el motivo ha sido la

transformación a fines agropecuarios. Los

humedales poseen un alto valor natural por las

funciones y servicios ambientales que

desempeñan, su transformación implica la pérdida

de éstas funciones ambientales, y suprimiendo la

presencia de especies únicas como el pato real

mexicano y planta carnívora de los humedales.

La Población Económicamente Activa (PEA) en el

SAR es del 43%, de este porcentaje un 45%

dedicado al sector primario, en donde la caña de

azúcar es la vocación productiva preponderante,

siguiéndole el arroz y el maíz. Los trabajadores en

el sector secundario (14% del PEA) lo realiza en

ingenios azucareros, extracción de hidrocarburos,

generación y suministros de agua y electricidad,

construcción o industria manufacturera,

finalmente un 40% del PEA esta empleado en el

sector terciario representado por comercio,

transporte, servicios profesionales, en el gobierno,

turismo y otros servicios.

En el polígono de los Sitios Ramsar evaluados

ambientalmente coexisten por un lado humedales

del tipo manglar, popal y tular de gran importancia

natural, alta biodiversidad, valores de hábitat,

presencia en especies con estatus de

conservación, servicios hidrológicos, que

contribuyen a la estabilidad de litoral y de gran

belleza escénica, pero por otro lado, una gran

matriz de usos agrarios que las políticas de

desarrollo han promovido, de tal suerte que una

gran parte del área (51%), esta transformada por

las actividades agropecuarias y de desarrollo

urbano, que a su vez representan amenazas

endógenas para las áreas que aún se conservan

con diferencial grado de funcionalidad ecológica.

En pocos lugares de tanto valor natural, puede

apreciarse la presión tan notable por la expansión

de la frontera agropecuaria y asentamientos

humanos.

La evaluación ambiental del polígono del SAR

consideró poner a consideración de la Autoridad

Ambiental una clasificación de humedales dentro

del SAR destacado su tamaño y continuidad con el

Manglar y las comunidades de hidrófitas de

Popales y Tulares del Sistema Lagunar de Alvarado

y de la Laguna La Popotera. Sin embargo, las

amenazas de estos ecosistemas son ocasionados

principalmente en primer lugar por la expansión de

la frontera agrícola y ganadera, el desarrollo de los

asentamientos humanos y la contaminación de

sus aguas.

En el análisis de fragmentación así como la

clasificación de tipos de humedal y análisis de la

sensibilidad ecológica, se consideraron 4 tipos de

Humedal:

Humedal tipo 1: Manglar

Humedal tipo 2: Vegetación Hidrófita (popales y

tulares), Subtipos 2A, 2B y 2C.

Humedal tipo 3: Zonas de Transición de Humedal

tipo 2 a Paztizal Inundable.

Humedal tipo 4: Pastizales Inundable.

El desarrollo de este proyecto se vinculó con el

Plan de Negocios del 2007 – 2012 de Petróleos

Mexicanos en su objetivo I.3: “Elevar la

Exploración, Producción y Transformación de

Hidrocarburos de Manera Sustentable”.

Coadyuvando a la ejecución de proyectos

estratégicos de gas mediante la aplicación de

instrumentos de evaluación en materia ambiental

y el establecimiento de medidas de mitigación y

compensación para minimizar o evitar impactos

ambientales y así dar continuidad al desarrollo de

los campos petroleros ya existentes y explorar

nuevos yacimientos para contribuir al desarrollo

sustentable del país, sin perder el compromiso de

continuar con la protección y el mejoramiento del

medio ambiente. Dentro de las buenas prácticas

que se tienen para preservar el medio ambiente

previo a la ejecución de los proyectos, es la figura

de acreditado ambiental representada por una

entidad académica, quienes se encargan de

verificar en campo el cumplimiento de las medidas

de prevención y mitigación; así como de los

Términos y Condicionantes de las Autorizaciones

Ambientales emitidos por la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) bajo

las cuales nos ha autorizado el desarrollo de obras

o actividades de los proyectos que se realizan.

Finalmente, considero que proyectos como éste o

de cualquier otra naturaleza pudieran ser factibles

ambientalmente; siempre y cuando se

establezcan las estrategias de estudio y análisis

de una manera integral en coordinación con los

demás sectores, para que conjuntamente se

implementen las acciones o planes de manejo

para la protección del medio ambiente en la etapa

previa, durante y posterior a la ejecución de los

mismos. Y de todo lo que se derive se regule y

administre el uso de suelo, debido a que nos están

rebasando las actividades antropogénicas.

Manifestación de Impacto Ambiental Proyecto Integral de Pemex

Exploración y Producción en los Sitios Ramsar “Sistema Lagunar

de Alvarado y Humedales de la Laguna La Popotera. 2011-2012.

Plan de Negocio de Petróleos Mexicanos 2007- 2012.

Convenio de Acreditación Ambiental para el Cumplimiento de

Términos y Condicionantes del Activo Integral Veracruz.

2010-2012.

BIBLIOGRAFÍA

Por: Denisse Ángeles Solís

Al norte del estado de Quintana Roo, México, se

ubica el Área de Protección de Flora y Fauna Yum

Balam que comprende a la Isla de Holbox;

reconocida a nivel mundial por sus belleza

paisajística, calles arenosas, aguas someras y por

la presencia del majestuoso tiburón ballena,

siendo un sitio perfecto para relajarse y convivir

con la naturaleza; sin embargo, la alta visitación

turística ha ocasionado que la generación de

residuos sólidos aumente de manera significativa

debido a la gran demanda de productos y

servicios; convirtiéndose en una Isla que está al

borde de la basura.

A continuación se analizará la problemática que se

presenta en la Isla de Holbox debido al mal manejo

de los residuos sólidos y los efectos que esto

ocasiona al ambiente, a la salud humana y al

turismo entre otros, se explicará de manera breve

el manejo de los residuos en la Isla, análisis legal

del manejo, acciones coordinadas entre las

diversas instituciones correspondientes y por

último se darán recomendaciones y conclusiones.

Mediante el decreto presidencial del 6 de junio de

1994, se crea el Área de Protección de Flora y

Fauna Yum Balam, que incluye 13 tipos de

ecosistemas con una gran biodiversidad

neotropical y presencia de especies endémicas,

raras y en peligro de extinción (CONANP, 2005).

Comprende las comunidades de Chiquilá y la Isla

de Holbox (DOF, 1994).

La Isla de Holbox se caracteriza por sus aguas

enriquecidas por nutrientes debido a que se crea

un importante sistema de surgencia proveniente

de las corrientes profundas que surcan el Canal de

Yucatán, lo que genera una enorme producción de

plancton, provocando la presencia de

innumerables especies marinas, de igual forma,

durante los meses de mayo a septiembre se

cuenta con grandes grupos de tiburones ballenas

(Rhincodon Typus) que se acercan al área para

alimentarse (García y Nava 2007), es una isla de

barrea de aproximadamente 46 km de largo y se

ubica al norte del Municipio de Lázaro Cárdenas,

del estado de Quintana Roo.

Isla caribeña al borde de la basura

24Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

En un principio la principal actividad económica de

Holbox era la pesca ribereña, sin embargo a

mediados de los 80´s se empiezan a construir los

primeros hoteles para ofertar la actividad turística

siendo esta hoy la principal actividad económica

(Palafox, 2007). En el 2002 se empieza a ofertar la

actividad para el nado y observación del tiburón

ballena (Gretty, 2013).

A raíz de esto el turismo en la isla empieza a

aumentar, causando el incremento de la

generación de residuos sólidos que se manifiesta

principalmente en dos aspectos: se acelera la

modificación de los hábitos de consumo en la

población local, pasando de desechos de fácil

degradación propios de una pequeña comunidad

pesquera a un incremento de desechos de difícil

biodegradación, como plásticos, vidrios, metales,

baterías, electrónicos entre otros para poder

ofrecer los servicios de comida y hospedaje para el

sector turístico que corresponde al 54% de la

generación total de residuos sólidos mientras que

46% proviene de domicilios y pequeños comercios

(CONANP 2014).

Por lo anterior, empiezan con un vertedero a cielo

libre que se utilizaba para la quema y reducir el

volumen de los residuos generados a partir de

esto, surge la necesidad de crear un sitio de

transferencia para poder almacenar, separar y

compostear los residuos sólidos generados en la

Isla. En el 2008 con apoyo de la Secretaría de

Medio Ambiente del Estado (SEMA) en

colaboración con la Asociación Civil Yaax Beh,

gobierno municipal y la Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se crea un

sitio de transferencia y acopio de residuos

reciclables, se capacita e integra un grupo

comunitario para la separación y aprovechamiento

de materiales reciclables y la participación de

algunos hoteles y empresarios en la Isla, que

absorben algunos costos de operación (Alonzo,

Por lo anterior, empiezan con un vertedero a cielo

libre que se utilizaba para la quema y reducir el

volumen de los residuos generados a partir de

esto, surge la necesidad de crear un sitio de

transferencia para poder almacenar, separar y

compostear los residuos sólidos generados en la

Isla. En el 2008 con apoyo de la Secretaría de

Medio Ambiente del Estado (SEMA) en

colaboración con la Asociación Civil Yaax Beh,

gobierno municipal y la Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se crea un

sitio de transferencia y acopio de residuos

reciclables, se capacita e integra un grupo

comunitario para la separación y aprovechamiento

de materiales reciclables y la participación de

algunos hoteles y empresarios en la Isla, que

absorben algunos costos de operación (Alonzo,

2014 en CONANP, 2014). Sin embargo este

proceso se ve afectado por los cambios del

gobierno municipal.

En México el art. 115 constitucional fracción III

apartado c) (DOF 2009), señala que los municipios

son responsables del manejo, recolecta y

disposición final de los residuos sólidos, lo que

puede poner en riesgo la sostenibilidad del manejo

adecuado; ya que al presentarse los cambios del

gobierno municipal, en ocasiones los procesos que

se vienen trabajando pueden caerse debido a la

falta de presupuesto, cambio de personal, entre

otros. Tal es el caso de lo ocurrido en la Isla de

Holbox, en el 2011 hay un cambio en la

administración municipal, afectando el sistema de

manejo, recolección y disposición final de los

residuos sólidos.

Es importante mencionar que actualmente el

centro de transferencia funciona como un sitio de

recolección; es decir todos los residuos sólidos

generados en la Isla se almacenan sin ningún tipo

de separación y aprovechamiento, sin que estos se

transfieran a continente para un adecuado

Finalmente, se puede ver que a pesar de que

existen instituciones interesadas en resolver un

problema ambiental que genera daños de diversas

índoles; no ha sido posible avanzar y solucionar

este problema de manera drástica debido a que la

institución responsable carece de recursos

humanos, financieros e interés para solucionarlo.

Esto sólo genera que las acciones que se realicen

sean de manera puntual y que exista un

descontento por parte de los pobladores. Sin

olvidar que la CONANP no cuenta con atribuciones

para poder atender este problema desde la raíz; es

decir; no puede contratar personal, proveer de

equipos y maquinaria para la transferencia de los

residuos sólidos a continente, lo que ha

ocasionado que las acciones que se realicen sean

poco significativas.

Continuamente se invita a la municipio a unirse a

estos esfuerzo; sin embargo no ha habido alguna

respuesta o acción contundente, probablemente

se deba a que esta situación no forma parte de su

agenda pública; por lo tanto se recomienda que

temas prioritarios que no sólo dañan el ambiente,

salud humana y al turismo sean temas prioritarios

que no se vean afectados por los cambios

administrativos ni gubernamentales; ya que estos

procesos que llevan tiempo en ejecutarse con

mucha facilidad se pueden debilitar o caer.

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BIBLIOGRAFÍA

Foto: http://www.sexenio.com.mx

Por: Maria Fernanda Urrutia Osorio

La importancia de los manglares es indiscutible,

ecológicamente estas especies y el ecosistema

que forman brindan servicios ambientales tales

como el filtrado de aguas residuales disminuyendo

la carga de materia orgánica del agua, la protección

contra tormentas; sirven como lugares de crianza

para especies comerciales; capturan, almacenan y

liberan carbono, fijan el nitrógeno al suelo y en

general protegen la biodiversidad del ecosistema

(Sanjurjo Rivera y Welsh Casas 2005).

Las noticias sobre desastres ecológicos rara vez

suenan en nuestro país. Sin embargo, desde hace

un par de semanas, no hemos dejado de escuchar

acerca del ecocidio sucedido en el manglar de

Tajamar, en Cancún, Quintara Roo, México.

Desafortunadamente, los servicios ambientales y

la importancia de los manglares son ignorados

cuando el único objetivo es alimentar la codicia de

grupos de empresarios y constructoras que lo

único que buscan es su propio beneficio. Este es el

caso del manglar Tajamar, ubicado en Cancún,

Quintana Roo, el cual tiene al menos 30 especies

de mamíferos, aves, reptiles y crustáceos así como

las cuatro especies de manglares y animales bajo

la NOM-059, que protege a las especies de flora y

fauna en categoría de riesgo (Enciso L. y Águila

2016).

En la madrugada del 16 de enero de 2016,

alrededor de 50 hectáreas del manglar Tajamar

fueron destruidas con camiones y maquinaria

pesada mientras la policía municipal acorralaba el

área. La zona quedó devastada y se perdieron

tanto especies de manglar como animales:

cocodrilos, aves, crustáceos, ardillas, iguanas, etc.

La destrucción del manglar Tajamar: un ejemplo claro de un manejo ineficiente

28Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales©

Este ensayo pretender abordar el conflicto que

este suceso generó entre la comunidad de Cancún

y los empresarios y estancias del gobierno. El

objetivo es dar a conocer los hechos y brindar

información acerca de cómo este desastre fue

generado por la irresponsabilidad, corrupción e

ineficiencia de las entidades involucradas y cómo

este caso puede servir como ejemplo de lo que no

se debe hacer en tema de gestión de zonas

costeras.

El proyecto nace a principios del año 2000, pero no

es hasta el 2006 que la SEMARNAT otorga los

permisos a FONATUR para construir en el área aún

bajo una serie de irregularidades en la

Manifestación de Impacto Ambiental y en los

permisos de cambio de uso de suelo (Enciso L. y

Águila 2016). Es importante mencionar que estos

permisos serían vigentes hasta febrero de 2016,

por lo que los acontecimientos ocurridos en la

madrugada del 16 de enero son también un acto

de desesperación por parte de los interesados

debido a la fecha expiración de los permisos de

construcción.

En agosto de 2015, la PROFEPA suspendió

provisionalmente los trabajos en el manglar

Tajamar debido a una denuncia por parte de la

ciudadanía (niños) que exigían la protección de la

flora y la fauna de la región. Sin embargo, ningún

inspector o miembro de la autoridad de la

dependencia realizó el procedimiento de

evaluación del daño ecológico y unos meses

después las denuncias quedaron ignoradas,

ejemplificando claramente lo que es la

discrecionalidad de los funcionarios públicos,

donde el comportamiento del personal de una

dependencia puede influir de manera directa en la

aplicación de las leyes.

Es importante mencionar que en 2007, entró en

vigor el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida

Silvestre, donde queda prohibida la remoción,

relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o

actividad que afecte la integralidad del flujo

hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona

de influencia; de su productividad natural; de la

capacidad de carga natural del ecosistema para los

proyectos turísticos; de las zonas de anidación,

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o

bien de las interacciones entre el manglar, los ríos,

la duna, la zona marítima adyacente y los corales,

o que provoque cambios en las características y

servicios ecológicos (DOF 2007).

Entonces, una vez que el ecosistema de manglar

de Tajamar fue destruido, los tres niveles de

gobierno, así como las dependencias responsables

en materia ambiental tienden a “pasarse la bolita”

en innumerables circunstancias y ésta no fue la

excepción. Por un lado, el gobernador de Quintana

Roo, quien es acusado por ordenar destruir el

manglar Tajamar se ha deslindado de las

acusaciones y por otro lado, hasta el ex presidente

de México, Felipe Calderón, se defiende con la

postura que su gobierno declaró en materia

ambiental la ley que prohíbe destruir el manglar. La

SEMARNAT defiende la legalidad de sus actos

debido a que los permisos fueron otorgados

previos al decreto del Artículo 60 TER de la Ley

General de Vida Silvestre (Vásquez 2016). Además,

el secretario actual de esta entidad, Rafael

Pacchiano Alemán mencionó a finales de enero

que por disposición judicial los trabajos en el

proyecto Malecón Tajamar quedaban suspendidos

en su totalidad. Por otro lado, FONATUR considera

que la zona no se puede considerar un manglar,

sino una zona impactada urbanamente (Enciso L. y

Águila 2016) y FONATUR declara haber dado

cumplimiento a los requerimientos ambientales

previstos por la Ley (Expansión 2016). Finalmente

la PROFEPA menciona que lo ocurrido no fue un

un ecocidio, ya que la zona no es considerada sitio

RAMSAR y que dicha área ya presentaba desde

2005 un proceso de fragmentación y reducción de

hábitat (Expansión 2016).

Considerando lo anterior, si analizamos la

definición de políticas públicas, las cuales son

aquellas decisiones y acciones de gobierno que se

toman para resolver un problema, situación o

cuestión pública; la manera en que este conflicto

debería atenderse es a través de discusiones y

debates que resulten en una aplicación correcta de

la normatividad ambiental para poder evitar o en

este caso, resolver el conflicto.

En conclusión, la gestión ambiental de un proyecto

tan complejo, el conflicto abordado en este ensayo

es un claro ejemplo de un manejo de una zona

costera donde los aspectos legales son ignorados

o utilizados de manera incorrecta y donde las

políticas públicas son ineficientes y hasta

inexistentes, donde las estancias responsables

tienden a evadir los problemas y a “limpiarse las

manos”.

Actualmente se están mencionando muchas

versiones del caso, lo cual pone en duda la

veracidad de los hechos, pero lo que si debe

quedar claro es que un conflicto de esta magnitud

pone en riesgo un ecosistema de gran importancia

ecológica, económica y social, que sirve como

pulmón en áreas urbanizadas y que sin duda debe

ser manejado por personas con el conocimiento, la

integridad y las capacidades necesarias para poder

conservar nuestros recursos naturales

DOF. 2007. “Diario Oficial de La Federación.” 82:25–46.

Enciso L, Angélica and Carlos Águila. 2016. “La Jornada.” Semarnat Mantuvo El Permiso a Tajamar Pese a Irregularidades,

January 25, 34. Retrieved (http://www.jornada.unam.mx/2016/01/25/sociedad/034n1soc).

Expansión, CNN. 2016. “CNN.” “No Hubo Ecocidio” En La Tala Del Tajamar, Dice La Profepa, January 28. Retrieved

(http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/28/no-hubo-ecocidio-en-la-tala-del-tajamar-dice-la-profepa).

Sanjurjo Rivera, Enrique and Stephanie Welsh Casas. 2005. “Una Descripción Del Valor de Los Bienes Y Servicios

Ambientales Prestados Por Los Manglares.” Gaceta Ecológica (74):55–68. Retrieved

(http://www.redalyc.org/pdf/539/53907405.pdf).

Vásquez, Jesús. 2016. “El Economista.” Contradice Semarnat Su Propio Fallo Sobre Tajamar, January 24. Retrieved

(http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/24/contradice-semarnat-su-propio-fallo-sobre-tajamar).

BIBLIOGRAFÍA

Por: María Esther Jiménez López

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción de

territorio cuyo fin es conservar la biodiversidad

representativa de los distintos ecosistemas para

asegurar el equilibrio y la continuidad de los

procesos evolutivos y ecológicos. Son el

instrumento de política ambiental con mayor

definición jurídica regulando sus actividades bajo

el marco normativo de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente. México

presenta una importante diversidad biológica

debido a su variedad de climas y posición

geográfica. Cuenta con 176 ANP´s de carácter

federal divididas en Nueve Regiones. Desde los

40´s se ha adherido a Convenciones

Internacionales que atienden la preservación del

equilibrio ecológico y protección al ambiente

donde directa o indirectamente están

contemplados los cetáceos, como la Comisión

Ballenera Internacional de la cual nuestro país es

miembro desde 1949.

Adicionalmente, existen dos Áreas de Refugio para

estas especies, una dirigida a la protección de la

vaquita en el Alto Golfo de California y la otra

destinada a proteger las grandes ballenas en

todas las zonas marinas del país mediante el

acuerdo establecido por Secretaria de Medio

Ambiente y Recursos Naturales el 24 de Mayo de

2002.

Las principales áreas son la costa de Pacífico de

Baja California Sur y del Golfo de California lugares

donde se observa la mayor diversidad de cetáceos,

éstas se traslapan con actividades antropogénicas

tanto del sector pesquero como turístico que

representan múltiples amenazas, tales como la

depredación de su alimento, colisiones con

embarcaciones, ruido antropogénico,

contaminación.

Otro amenaza importante es la pérdida de la

biodiversidad (1) debido a, los desarrollos

turísticos y urbanos1, y una de las estrategias para

su mitigación a través del turismo enfocado hacia

la naturaleza motivando a los pobladores a

proteger la vida silvestre y ecosistemas locales,

generando atracción de visitantes y beneficio

económico a la comunidad (2) como es el caso de

la ballena gris del Pacífico Oriental (Eschrichtius

robustus) especie valorada a nivel mundial por su

importancia como mamífero carismático (figura 1).

Importancia de las Áreas Naturales Protegidas en las zonas de Observación de Ballena Gris

32©

Por ello el principal objetivo del presente ensayo es

analizar la importancia de las ANP´s en zonas de

observación de ballenas en términos de

conservación de las especies.

El esfuerzo por conservar ambientes marinos ha

aumentado ejemplo de esto es el establecimiento

de reservas marinas como una parte necesaria e

integral de las políticas más amplias de Manejo de

Zonas Costeras. Su prioridad es proporcionar

protección a especies objetivo como los cetáceos

que son especies ecológicas indicadoras y su

protección garantiza la salud del resto de los

componentes clave del ecosistema marino1 y son

sensibles a la disponibilidad de refugios

estacionales adecuados para aparearse y parir,

zonas de alimentación. Identificar estas áreas

clave proporciona herramientas para las acciones

de conservación y manejo adecuado.

En la costa occidente existen tres zonas

importantes en la reproducción de la ballena gris al

norte Laguna Ojo de Liebre y Laguna San Ignacio

(LSI) que se ubican dentro de la Reserva de la

Biosfera del Vizcaíno, al sur Bahía Magdalena. La

LSI se mantiene prácticamente inalterada por la

intervención humana, fue objeto de varios

decretos como zonas de refugio para ballenas y

y ballenatos y Patrimonio Mundial Cultural y

Natural de la Humanidad por la ONU. Actualmente

operan 25 embarcaciones menores de seis

permisos autorizados con siete zonas de

embarque, 16 embarcaciones simultáneas (una

persona de la localidad se encarga de monitorear

que este número no se exceda) y dos

embarcaciones mayores fondeadas1. Cuenta con

infraestructura no invasiva al ambiente (albergues

y restaurantes) para promover actividades

enfocadas a la conservación y preservación del

lugar explotando otros recursos. Dicha actividad

en 1994 generó 1.6 millones de dólares2 y en el

2006 la cifra mejoro en un 70% con mejores

beneficios sociales e involucramiento de la

comunidad con la ANP.

El complejo Lagunar de Bahía Magdalena no está

incluido dentro de una ANP por lo que sus

actividades turísticas y ganancias económicas son

diferentes a LSI. Se analizó el valor económico del

avistamiento de ballenas a través de un marco

costo-beneficio y se concluyó que los ingresos que

obtienen las comunidades locales fue significativa

pero no maximizada la zona no ofertar otras

actividades recreacionales. Se propuso estructurar

los precios de dos niveles uno para los mexicanos

y otro para los extranjeros o compartir los costos

de la publicidad y diversificar los productos del

avistamiento de cetáceos, para atraer ecoturistas

de alto nivel adquisitivo. Sin embargo, hasta la

fecha nada sucede, la comunidad no tienen la

infraestructura para un turismo de alto nivel,

existe desorganización entre los lugareños aunado

a problemas internos entre las cooperativas y la

sub-renta de los permisos, es decir solo unos

cuantos obtienen beneficios de la actividad

turística de observación de ballenas y los precios

no están bajo ningún reglamento aunado a la falta

de vigilancia para la aplicación de las normas de

observación de ballenas.

Figura 1. Observación de ballena gris en las lagunas costeras de Ojo de Liebre y

San Ignacio en Baja California Sur (Fuente: Periódico avance).

Conclusión.

Se puede decir que la presencia de un ANP dentro

de las zonas donde se lleva a cabo la observación

de ballenas tiene diversas ventajas que pueden ser

en términos de conservación de la especies ya que,

si éstas zonas pertenecen a una ANP las

autoridades a cargo crean un vínculo con las

comunidades para el desarrollo de estrategias que

ayuden al desarrollo de las comunidades y la

conservación de las especies. Ejemplo de ellos fue

la creación de Área Marina Protegida que ayudo a

propiciar la promulgación y aplicación de leyes

para vigilar tráfico de embarcaciones, aparejos y

redes de pesca utilizadas no sólo en la laguna sino

en todas a las que pertenecen al Vizcaíno. Así

como atención en temas de contaminación y

degradación ambiental de las áreas terrestres

circundantes y el cierre por completo al turismo a

hábitats sensibles de la especie.

En términos económicos es una actividad que

genera ganancias (figura 2) si se tienen

organización entre los locatarios y trabajo en

conjunto con las autoridades.

Como el llegar a acuerdos entre autoridades y

comunidad, ejemplo de ello fue asegurar que la

actividad fuera exclusiva de los pobladores a partir

de 1991 como parte de la compensación por la

prohibición de pesca en la LSI durante la

temporada invernal1.

Dentro de este marco se observa un gran desafío

en todos aquellos países donde el avistamiento de

cetáceos recién se comienza, y es el cómo

involucrar a operadores externos sin que acaparen

el control como ocurre en Bahía Madalena. Esto es

posible mediante un sistema de permisos

efectivos y/o de manejo a través de AMPs, ya que

entonces las limitaciones y restricciones pueden

ser aplicadas a los permisos que se expiden.

Por lo cual LSI es tomada como ejemplo a nivel

mundial, la forma en que realizan la observación

de ballenas colabora en aumentar la conciencia

ambiental de los pobladores locales,

organizaciones e instituciones. Como sucedió en la

década de 1990 la Corporación Mitsubishi cabildeó

al gobierno mexicano ampliar sus actividades

relacionadas con la sal al área de las lagunas del

norte hábitat protegido de la Ballena gris, pero un

grupo de ayuda internacional se unió al Grupo de

los Cien de México para proteger las lagunas y al

ecotourismo local. En marzo de 2000 la campaña

fue exitosa, demostrando que el apoyo para la

Ballena gris se había consolidado en México y que

la designación del AMP era mucho más que un

simple papel. Lo que nos lleva a ver el sentido de

pertenencia que la población tienen hacia sus

recursos e involucrarse con su región que se

encuentra incluida en una ANP y a su vez las ANP´s

involucren a los pobladores como ocurre en

Laguna San Ignacio.

Red en Política Pública

Diagrama de Red en Política Pública

1-Gowdy, JM. 1997. The value of biodiversity: markets, society, and ecosystems. Land Economics 73 (1):25-41.

2 -Gössling, S. 1999. Ecotourism: a means to safeguard biodiversity and ecosystem functions?. Ecological Economics 29:

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3 Hooker, S. K., & Gerber, L. R. (2004). Marine Reserves as a Tool for Ecosystem-Based Management: The Potential

Importanceof Megafauna. BioScience, 54(1), 27. http://doi.org/10.1641/0006-3568(2004)054[0027:MRAATF]2.0.CO;2.

4 Brock, RJ, E Kenchington y A Martínez Arroyo. 2012. Directrices científicas para la creación de redes de áreas marinas

protegidas en un contexto de cambio climático, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, Canadá, 2012.

5 Gardea, O Manuel. 2014. Aprovechamiento no extractivo de mamíferos marinos: Ballena gris en áreas Naturales

Protegidas vs no protegidas. Memorias de taller Áreas Naturales Protegidas y los mamíferos marinos. Universidad

Autónoma de Baja California Sur. Octubre 10, 2014.

6 Dedina, S & Young EH. 1995. Conservation and development in the gray whale (Eschrichtius robustus) lagoons of Baja

California Sur, Mexico. Report to the U.S. Marine Mammal Commission. Contract No. T10155592.

7 Agersted, PR. 2006. Evaluating ecotourism in México's biosphere reserves: whale watching activities in the world heritage

site of Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México 1994-2002. MSc Thesis, University of British Columbia.

8 Hoyt E & M Íñiguez. 2008. Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina. WDCS IFAW Global fundation.

REFERENCIAS

Por: Katerine Palacio Ayala

Los manglares constituyen un ecosistema

irremplazable y único, que alberga a una increíble

biodiversidad por lo que se los considera como una

de las cinco unidades ecológicas más productivas

del mundo, con niveles de productividad primaria

que superan la de muchos sistemas agrícolas

(Minambiente, 2002). En Colombia los manglares

ocupan una superficie aproximada de 380.634 ha,

de las cuales 292.726 ha se encuentran en el

litoral Pacífico y 87.908 ha en el Caribe (INVEMAR,

2004). Específicamente en Antioquia, en el golfo

de Urabá, se tiene la zona más extensa de

manglares del caribe, los cuales son motivo de

atención, debido no solo a su importancia

ecológica, sino también a las amenazas que

presenta enmarcadas en la degradación ecológica

que enfrenta, pese a esfuerzos aunados por parte

del Ministerio de Ambiente, la gobernación de

Antioquia, universidades, ONG´S, entre otros.

Dentro de los problemas encontrados para los

manglares del Golfo de Urabá, en Antioquia, se

tienen la erosión costera, minería ilegal, obras de

infraestructura vial, deforestación, entre otros (los

cuales provocaron que, desde enero de 2002 y

hasta junio de 2004 se ejecutara el proyecto

“Manejo Sostenible y Restauración de los

Manglares por Comunidades Locales del Caribe de

Colombia”) (INVEMAR, 2004) es precisamente el

tema de deforestación el problema central en el

que hará énfasis el presente escrito; debido a que

desde la localidad en la que resido (Turbo,

Antioquia, ubicado en el Golfo de Urabá, Caribe

Colombiano) son evidentes los estragos y

consecuencias que las actividades antrópicas han

hecho a este ecosistema que le presta múltiples

beneficios al hombre.

Este artículo busca discutir las razones por las

cuales, los manglares no han podido entrar a la

agenda política local, (aun cuando se han

adelantado acciones desde todas las escalas de

gobierno), debido a que no se evidencia una

disminución significativa del problema de

deforestación y deterioro de este importante

ecosistema. Primero se hablará del origen del

problema, seguido de algunas acciones llevadas a

cabo para reducirlo y finalmente una reflexión

Soluciones y manejo administrativo = Degradación del manglar

37©

sobre las responsabilidades de cada actor

involucrado en esta problemática.

El Instituto de Investigaciones marinas y costeras

“José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) en el

2004, afirmó que la deforestación del manglar se

asocia al déficit hídrico, la expansión de la zona

urbana, y adicional a ello se tiene la demanda por

esta madera para la producción de carbón y la

construcción de obras de infraestructura. Pese los

muchos beneficios que prestan los manglares

(protección a gran cantidad de organismos en sus

troncos, reduce el impacto de las mareas, previene

inundaciones, provee materia prima, captura

dióxido de Carbono) (Minambiente, 2002), entre

otros, los logros en su preservación no han sido

muchos.

Turbo en Antioquia (Colombia), posee el 90% de los

manglares del Golfo (CORPOURABA, 2013), siendo

los más conservados los ubicados en el Delta del

Rio Atrato (Chocó), sin embargo, los datos de las

investigaciones realizadas durante la Expedición

Estuarina Golfo de Urabá en el marco del proyecto

Expedición Antioquia, 2013, descubrieron en

detalle que los manglares presentan una

degradación ecológica, evidenciaron basuras, tala,

construcciones y huellas; afirman además que

esto se asocia con el aumento de la población, la

expansión de la zona agrícola y ganadera, la

situación de pobreza de las comunidades las que

han permitido que el problema cobre mayor fuerza

con el pasar de los años como lo manifiesta el

periódico el Mundo en su artículo Manglares en

Riesgo, publicado en 2013.

Las instituciones como la Corporación Autónoma

para el Desarrollo Sostenible de Urabá

(CORPOURABA) y la Universidad de Antioquia,

mediante convenios, asociaciones e

investigaciones desarrolladas en la región de

Urabá, han facilitado el conocimiento actual y real

de las condiciones a las que se enfrentan el

ecosistema de manglar. Información que como

deja ver un artículo publicado por el reconocido

investigador Juan Felipe Blanco Libreros, profesor

del Instituto de Biología y coordinador del Grupo

Ecología Lótica: Islas, Costas y Estuarios (ELICE),

de la Universidad de Antioquia (Colombia), es de

mucho interés para la comunidad internacional

(Blanco, 2015); pero que conociendo la

importancia del ecosistema para las comunidades

locales, no se han efectuado operaciones

realmente significativas para entender de forma

integral el problema, realizar una respectiva

definición, convocar a los actores claves e iniciar un

proceso de política pública que no solo permita la

preservación del manglar sino también la

realización de actividades económicas de forma

sostenible.

A lo largo de los años, se han emprendido muchos

acciones y campañas de reforestación, se han

propuesto alternativas distintas a la explotación

del manglar, no siendo suficientes para disminuir

este problema creciente. Se han establecido

vedas, decomisos y controles, no obstante el

problema de la deforestación y la protección de

ecosistemas no ha superado el filtro de pasar de

una agenda sistémica, a ser objeto de la agenda

política, en el municipio de Turbo.

Es necesario que las comunidades se involucren

más en la proposición y puesta en marcha de

soluciones ante sus problemáticas, dado que son

las instituciones quienes presentan los

argumentos con los cuales se puede solicitar

programas, recursos y reuniones estratégicas, y

no se puede dejar en manos ni de la

administración ni de estas toda la responsabilidad

y tareas que competen a un mayor número de

actores en el logro de un objetivo común. Aunque

sobre las responsabilidades de cada actor

involucrado en esta problemática.

El Instituto de Investigaciones marinas y costeras

“José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) en el

2004, afirmó que la deforestación del manglar se

asocia al déficit hídrico, la expansión de la zona

urbana, y adicional a ello se tiene la demanda por

esta madera para la producción de carbón y la

construcción de obras de infraestructura. Pese los

muchos beneficios que prestan los manglares

(protección a gran cantidad de organismos en sus

troncos, reduce el impacto de las mareas, previene

inundaciones, provee materia prima, captura

dióxido de Carbono) (Minambiente, 2002), entre

otros, los logros en su preservación no han sido

muchos.

Turbo en Antioquia (Colombia), posee el 90% de los

manglares del Golfo (CORPOURABA, 2013), siendo

los más conservados los ubicados en el Delta del

Rio Atrato (Chocó), sin embargo, los datos de las

investigaciones realizadas durante la Expedición

Estuarina Golfo de Urabá en el marco del proyecto

Expedición Antioquia, 2013, descubrieron en

detalle que los manglares presentan una

degradación ecológica, evidenciaron basuras, tala,

construcciones y huellas; afirman además que

esto se asocia con el aumento de la población, la

expansión de la zona agrícola y ganadera, la

situación de pobreza de las comunidades las que

han permitido que el problema cobre mayor fuerza

con el pasar de los años como lo manifiesta el

periódico el Mundo en su artículo Manglares en

Riesgo, publicado en 2013.

Las instituciones como la Corporación Autónoma

para el Desarrollo Sostenible de Urabá

(CORPOURABA) y la Universidad de Antioquia,

mediante convenios, asociaciones e

investigaciones desarrolladas en la región de

Urabá, han facilitado el conocimiento actual y real

de las condiciones a las que se enfrentan el

ecosistema de manglar. Información que como

deja ver un artículo publicado por el reconocido

investigador Juan Felipe Blanco Libreros, profesor

del Instituto de Biología y coordinador del Grupo

Ecología Lótica: Islas, Costas y Estuarios (ELICE),

de la Universidad de Antioquia (Colombia), es de

mucho interés para la comunidad internacional

(Blanco, 2015); pero que conociendo la

importancia del ecosistema para las comunidades

locales, no se han efectuado operaciones

realmente significativas para entender de forma

integral el problema, realizar una respectiva

definición, convocar a los actores claves e iniciar un

proceso de política pública que no solo permita la

preservación del manglar sino también la

realización de actividades económicas de forma

sostenible.

A lo largo de los años, se han emprendido muchos

acciones y campañas de reforestación, se han

propuesto alternativas distintas a la explotación

del manglar, no siendo suficientes para disminuir

este problema creciente. Se han establecido

vedas, decomisos y controles, no obstante el

problema de la deforestación y la protección de

ecosistemas no ha superado el filtro de pasar de

una agenda sistémica, a ser objeto de la agenda

política, en el municipio de Turbo.

Es necesario que las comunidades se involucren

más en la proposición y puesta en marcha de

soluciones ante sus problemáticas, dado que son

las instituciones quienes presentan los

argumentos con los cuales se puede solicitar

programas, recursos y reuniones estratégicas, y

no se puede dejar en manos ni de la

administración ni de estas toda la responsabilidad

y tareas que competen a un mayor número de

actores en el logro de un objetivo común. Aunque

esfuerzos pasados no hayan resuelto o logrado

cambios significativos frente al problema, es

importante lograr una mayor apropiación y

protagonismo en la propuesta de acciones

factibles que propendan la resolución de dicho

conflicto costero. Es hora de hacer uso y activar

ese poder que comunidad social se tiene

(amparado por las leyes nacionales), para evitar

que - como se prevé en algunos años- con el nivel

de deterioro de este ecosistema tan importante,

pierda su capacidad de resiliencia, pierda su

estructura y no tenga el funcionamiento que hoy

día tiene.

Finalmente, iniciar una verdadera gestión integral

en las zonas costeras, implica hacer uso de todas

las herramientas (legales, de financiación,

recursos humanos) además de tomar como

evidencias las investigaciones presentadas por las

instituciones académicas, involucrando a todos los

actores en la toma de decisiones para la solución

de un problema que es de competencia mundial,

pero de primera mano local. Que la

responsabilidad en los problemas sociales debe

ser compartida, donde las comunidades que son

las directas afectadas promuevan acciones que

pongan en evidencia las necesidades que

presentan. Aunque existan distintas

problemáticas ambientales y sea un tema de

conocimiento mundial, no se traduce en un foco de

interés por parte de administrativos y tomadores

de decisiones por lo que se ratifica la importancia

de conforme a lo estipulado en las leyes

nacionales, se emprendan estrategias reales por

parte de cada actor para reducir un problema tan

evidente como la deforestación en un ecosistema

tan importante como los manglares.

pH Erick A. Rodriguez

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2002. Manglares.

Recuperado de

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=412:plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicio

s-ecosistematicos-14

INVEMAR. 2004. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. Capítulo 6. Estado De Los Estuarios

Y Manglares En Colombia. Colombia.

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Urabá. 2013.

Recuperado de http://www.corpouraba.gov.co/u-de-y-corpouraba-realizan-foro-sobre-manglares-en-el-golfo-de-uraba

Zuluaga, S (18 de Febrero de 2013). Manglares de Urabá en Riesgo. Periódico el Mundo, pp 2.

Blanco, J. (15 de Julio de 2015). ¿Final u oportunidad para los manglares de Urabà? Universidad de Antioquia Noticias.

BIBLIOGRAFÍA

Por: Lilia Alonso Lozano

Los niveles de producción de minerales metálicos

y no metálicos colocan al estado de Sinaloa en el

primer lugar nacional de actividad minera y el único

productor de molibdeno, grafito amorfo y

wollastonita (Secretaría de Economía, 2014). La

contaminación tóxica proveniente de actividades

mineras es muy frecuente ya que requieren del

uso de químicos para la extracción de los

minerales ocasionando contaminación por

remanente, que de hecho, en ocasiones son

abandonados en la zona por la empresa o los

arrojan a ríos y mares dañando los recursos

naturales. Otro problema es que los compuestos

no son transportados ni utilizados de manera

adecuada. Un ejemplo de esto es lo que vivió el

municipio de Cananea, Sonora en el 2014, debido a

la falta de precaución por parte de la mina

Buenavista de Cobre, donde se develó una fuga de

sulfato de cobre acidulado.

Este ensayo pretende estudiar los impactos a nivel

social y ambiental del derrame de sulfato de cobre

acidulado provocado por la Mina Buenavista del

Cobre en Sonora; para ello, se determinarán las

causas que generaron la contaminación, sus

consecuencias y las soluciones brindadas por el

gobierno, finalmente se expondrán las

conclusiones.

La mina Buenavista del Cobre subsidiaria del

Grupo México, es una mina de cobre a cielo abierto

que se encuentra en Cananea, Sonora. En los siete

municipios que conforman la región del Río Sonora

se tiene un registro de 322 pozos y norias, para

suministrar el agua para la población así como

para actividades de ganadería y agricultura

(nueces, maíz, alfalfa, cacahuate, ajos, caña, chile)

(Lammers, 2014). De acuerdo con el Registro

Público de Derechos de Agua (Redpa), la minera

posee 14 títulos de concesión, que amparan 93

pozos para extraer más de 44 millones de metro

cúbicos cada año. Sin embargo, de manera

cuestionada, la empresa adquirió 30 pozos más

que provenían de uso agrícola, pecuario y múltiple

de diferentes ejidos. Los pozos son perforados a

gran profundidad, provocando que los pozos en

terrenos vecinos terminen secándose (Méndez y

Sánchez, 2015). Este es uno de los tantos

El caso de la Minera Buenavista del Cobre

42©

problemas que generaba la mina y tenía que

enfrentar el medio ambiente y la población, y de

hecho no se sabe con certeza cuánta agua gastaba

por la falta de vigilancia en los pozos y su

extracción, Méndez y Sánchez (2015), mencionan

una estimación de entre dos mil y 10 mil litros de

agua por segundo.

El 6 de agosto del 2014, fueron derramados 40 mil

metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre

acidulado, viajando 7.6 km por el Arroyo Tinajas,

municipio Cananea, Sonora y, posteriormente el

afluente a los ríos Bacanuchi por 64 km, río Sonora

190 km hasta llegar a la Presa El Molinito, la cual

surte de agua a Hermosillo (SEMARNAT, 2014). El

derrame afectó siete municipios:

Arizpe,Banamichi, Baviácora, Huépac, Aconchi,

Ures y San Felipe de Jesús, y una población de

24,048 habitantes (COFEPRIS, 2014).

De acuerdo al Dictamen Técnico de Comisión

Nacional del Agua, la causa del percance

demuestra que: “El derrame se ocasionó por la

falla en el amarre de un tubo de polietileno

(tubificación) en una de las piletas de lixiviados y

por la falta de una válvula en la pileta de demasías,

imputable a la empresa” (SEMARNAT, 2014).

Aunado a lo anterior, no se contaba con una

represa de almacenamiento para jales (solución

formada por ácidos, metales y contaminantes, que

resultan de procesos de extracción mineral)

(Lammers, 2014). Esto demuestra tres cosas:

1. La falta de compromiso de la empresa hacia el

medio ambiente, infaliblemente no hubo una

apropiada ingeniería ambiental ni

2. Tampoco supervisión por parte de los actores

del gobierno como SEMARNAT (Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales) y

PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente).

3. Además la población no fue consultada sobre la

problemática y quedó excluida ante la toma de

decisiones. Al tratarse de un problema público

supone incluir soluciones que conlleven a la

participación social y reformas distributivas en

relación con el riesgo ambiental, sin embargo no

fue así.

Los impactos más próximos fueron a nivel

ambiental y social ya que se afectó la economía de

la región, se restringió el acceso a agua de río,

pozos y norias, las actividades de pesca,

agricultura y cesaron, la flora y fauna murió al paso

de los lixiviados, el sector hotelero se vio afectado

ante la falta de turismo. En cuanto a la salud,

fueron registrados problemas de dermatitis por

contacto con el agua y gastroenteritis por

ingestión del agua. Así mismo, Lammers (2014),

menciona que una comisión especial de la Cámara

de Diputados reportó:

Fueron vulneradas cerca de treinta leyes de

conservación ecológica y ambiental. Así como los

Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral

para América del Norte, y las 46 NOM expedidas

en SEMARNAT en Materia de Cuidado de Aguas

Residuales, Prevención de Contaminación de

Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales, así como de

Control de Residuos Peligrosos (p.29).

a Comisión Presidencial creó el Fideicomiso Río

Sonora con el objetivo de proporcionar los medios

de pago para llevar a cabo las medidas de

remediación, reparación y/o compensación de los

daños al ambiente y salud causados por el

derrame, así como mecanismos de pago para

cubrir afectaciones materiales. La cantidad a pagar

por parte de Grupo México era de dos mil millones

de pesos, incluida una aportación inicial de $500

millones (SEMARNAT, 2015). Dentro de las

acciones que se establecieron fueron: fortalecer el

abasto de agua en los municipios afectados

mediante pozos, pipas, platas potabilizadoras,

tinacos, entre otros; brindar atención médica las

24 horas y establecer un seguimiento

epidemiológico; monitoreo de sustancias tóxicas

en los ríos y aguas. Esto se realizó con ayuda de

diversos actores como SAGARPA, COFEPRIS,

CONAGUA, Secretaría de Salud.

Tras un año y medio del desastre, aún quedan

muchas preguntas sin contestar. En realidad no se

ha dado una evaluación de seguimiento, la

población no sabe hasta cuándo podrán utilizar el

agua y por lo tanto cuándo se reestablecerá la vida

y la economía en los municipios afectados; qué tan

lejos han llegado y llegarán las consecuencias en

cuanto a la salud y daño a la flora y fauna local; cuál

es la cantidad exacta de residuos tóxicos vertidos y

cuáles fueron; tampoco se les ha terminado de

pagar el fideicomiso que la minera estaba

comprometida a pagar.

Alfie (2015), menciona que ante inequidades de

protección ambiental, los gobiernos deben de

optar por cinco principios de justicia ambiental:

garantizar el derecho a protección ambiental (no lo

hubo); prevenir el daño antes de que éste ocurra

(no había represa de almacenamiento para jales,

además que utilizaban una zona que no estaba

completada su construcción); disminuir el rango de

carga ambiental a los contaminadores (utilizaban

sustancias tóxicas); establecer pruebas de no

discriminación y redireccionalizar las inequidades

existentes.

¿De qué sirve el Fideicomiso Sonora? El daño que

se causó es irreversible, además, pagar la multa

por parte de Grupo México sólo representa el

0.016%. Esta multa no es una cantidad

representativa a lo que ganan, y en sí, no se trata

de sólo dar un valor monetario para compensar las

consecuencias de malas decisiones. En todo caso,

se debería de legislar multas con cantidades que

realmente afecten a las empresas para que se

vean obligadas a velar por la seguridad de sus

empleados y del medio ambiente con tecnología

menos riesgosa. También es necesario realizar un

análisis de las inequidades sociales y ambientales,

tomando en cuenta los actores sociales, quienes

luchan por la compensación y remediación

ocasionada por los impactos mineros en su

territorio, así como combatir la falta de

supervisión, transparencia y corrupción.

Alfie, C.M. (2015). Conflictos socio-ambientales: la minería en Wirikuta y Cananea. El

Cotidiano, 191, 97-108.

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Cobre en el Río Bacanuchi, (afluente del Río Sonora).

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Recuperado de http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/fideicomiso-rio-sonora

BIBLIOGRAFÍA

Por: Lucia Amaro

La existencia de apoyos económicos al sector

pesquero, es de gran necesidad para familias que

dependen de esta actividad, sin embargo, tienen

un aspecto negativo, esto cuando tantos apoyos

propician que más sujetos se interesen por la

pesca hasta convertirla en excesiva, esto llega a

impactar el recurso marino no sólo en especies

como pescados, sino también a todo el

ecosistema marino ya que tanta extracción

perjudica la vida marina como la conocemos.

México es un país con una gran producción

pesquera, en el continente americano ocupa el 4to

lugar por su volumen de pesca: 1774 Toneladas

anuales. Al 2010, las especies que más se

exportan son en orden de importancia: sardina,

camarón y langostino y atún de aleta amarilla

(INEGI, 2009).

De acuerdo a la Dra. Norma Hernández del

CONACYT (2015):

México está entre los primeros 20 países en

producción pesquera, con alrededor de 1.4

millones de toneladas anuales que significan el

1.5% de la captura mundial. El sector aporta

alrededor del 0.7% del PIB nacional, y emplea cerca

del 1.3% de la población ocupada. casi dos tercios

de la producción proviene de cuatro estados:

Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California

Sur.

En el mismo artículo, menciona que México tiene

una oportunidad de crecimiento económico si

empieza a generar políticas públicas dirigidas a

añadir valor agregado a los productos pesqueros

ya que el producto se vendería a un mejor precio y

esto mejoraría la economía del país. El valor

agregado podría disminuir el esfuerzo pesquero y

mitigar los impactos negativos que podrían

ocasionar a la diversidad marina, como lo sería el

deterioro de la especie.

El objetivo del ensayo es analizar las malas

políticas pesqueras establecidas en México. Para

ello primero discutiré los apoyos que los

programas de pesca brindan a este sector y, por

otra parte, los impactos que esto ocasionan al

recurso y al medio ambiente.

Malas políticas provocan insostenibilidad en la pesca

46©

Año con año, se brindan cientos de apoyos a la

industria pesquera, en el portal de la SAGARPA,

salió un boletín donde informan que se ha

duplicado el número de beneficiarios del programa

PROPESCA, es un programa orientado al sector

social de la pesca, que busca una mayor

productividad de este sector. En el 2015,

exactamente nos dan el dato de que pasó de 3 mil

165 beneficiarios en 2014 a 27 mil 039 en 2015.

El Comisionado Mario Aguilar Sánchez, informa

que: “Con el PROPESCA se fortalece el respeto a

las vedas; se favorece la recuperación de los

volúmenes disponibles de las especies y se logra la

sustentabilidad en el manejo de los recursos

pesqueros, lo que constituye un paso enorme para

el sector”. (SAGARPA, 2015)

Según INEGI, en 2009 las especies que más se

pescan en México son: sardina, camarón, ostión,

mojarra y túnidos.

El camarón está entre las especies que más se

exporta, actualmente ha habido un notable

incremento en la producción de granjas

camaroneras debido a las divisas que se genera

por su exportación. Hace más de 50 años la

legislación mexicana la definió como “especies

reservadas”, lo que significa que su explotación

está reservada a grupo de ciudadanos

desprotegidos que se encuentran agrupados en

una cooperativa. Con datos de la FAO, entre 1976

a 1986, México fue el principal abastecedor del

crustáceo en los Estados Unidos, en los últimos

años los mercados internacionales incrementaron

su demanda (VanEys, S. 1897).

Una de las principales críticas de que es objeto la

actividad acuícola, es la de ser una actividad poco

sustentable, que ocasiona importantes impactos

ambientales (Naylor et al. 2000, Páez–Osuna

2001b; Rönnbäck 2001, González–Ocampo et al.

2006; Primavera 2006). Los impactos

principalmente señalados son los siguientes:

-Destrucción de bosques de manglar y marismas

(Naylor et al. 2000, DeWalt et al. 2002,

Páez–Osuna 2005, Rajitha et al. 2007).

-Contaminación de fuentes de agua para consumo

humano (Páez–Osuna 2001b).

E-utrofización de cuerpos de agua receptores de

las descargas (Feng et al. 2004, Gyllenhammar y

Hakanson 2005).

- Modificación o destrucción del hábitat de

animales acuáticos y terrestres (Naylor y Burke

2005; González–Ocampo et al. 2006, Shelton y

Rothbart 2006).

Por lo que se refiere a la pesca, ha dejado grandes

estragos ya sea por la forma de captura o por la

cantidad que se captura ya que se ha visto que

ecosistemas y hasta la misma especie han sido

afectadas por esto. Un claro ejemplo es la pesca de

arrastre, en donde las redes se tiran al mar y como

su nombre lo dice, lo van arrastrando capturando y

dañando todo a su paso, se han visto especies

como delfines y/o tortugas afectadas por esto y

eso causan grandes impactos en el medio.

Con respecto de la pesca, en Yucatán se puso de

“moda” el pepino de mar, esto porque los asiáticos

lo usan y son una gran demanda, lo que originó

que pescadores o misma gente de la zona fuera a

la captura de esta especie sin respetar tiempos de

veda y que sea una actividad sostenible, la pesca

de este recurso es legal, pero por la gran demanda

ya mencionada se volvió de cierta forma ilegal.

Después de la gran demanda, el pepino de mar

está al margen de la extinción esto nos refleja que

mientras más se demande un producto, más

propicio está a que deje de existir.

En conclusión, el hecho de que los apoyos hagan

reducir el producto es por la simple razón de que

cada vez somos más, mientras más gente, más

demanda y mientras más demanda, más

extracción del recurso. Lo que podría mitigar esto,

sería mejor administración en cuanto los

programas, hacerlos más sostenibles

.

Se ha visto que la pesca de pequeña escala es una

manera de maximizar los beneficios comunitarios

a largo plazo para hacer frente a las amenazas que

suponen una mala gestión (FAO, 2012)

No estoy en contra de los programas de esta talla,

pero sí en que sólo se busque un fin.

Darles el apoyo está bien pero también deberían

de implementar técnicas para que las personas se

concienticen y hagan un mejor manejo de este

recurso, cambiar de paradigmas y hacer de la

pesca algo sostenible.

SAGARPA. (2015). Incrementan apoyo a trabajadores del sector pesquero con el programa PROPESCA 2015. Recuperado

de http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/guerrero/boletines/Paginas/2015B083.aspx

Hernández, Norma. (2015). Ecología Pesquera. Recuperado de http://www.cibnor.mx/es/investigacion/ecologia-pesquera

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Olmedo, Jorge. (2009). Peligran recursos pesqueros por la sobreexplotación: FAO. Recuperado de

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Martínez, Luis., Martínez, Marcel. & Cortez, Edilmar. (2009). Camaronicultura mexicana y mundial: ¿actividad sustentable o

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comunidad. Recuperado de

http://www.fao.org/docrep/016/ap408s/ap408s.pdf

BIBLIOGRAFÍA

Por: Rubén Ricardo Guzmán Reyna

Las playas son el elemento más importante de la

zona costera desde el punto de vista de la

industria turística, ya que son el soporte de la

actividad económica de muchas familias, y se

reconocen como la zona de distracción más eficaz

de las ciudades turísticas (Silva, et al, 2007).

México posee un extenso litoral, con más de 11 mil

kilómetros de costas, que de acuerdo con

estándares nacionales e internacionales, la calidad

ambiental de las playas es aceptable, ya que gran

parte de ellas se ubican en sitios vírgenes o con

poca influencia del hombre; sin embargo, su

condiciones son cambiante a lo largo del tiempo

(CONAGUA, 2007). La calidad del agua de las

playas es un factor primordial para garantizar la

protección de la salud de sus visitantes, por lo que

se considera que una playa posee un valor

agregado si cuenta con niveles aceptables de

calidad del agua. (CONAGUA, 2012). Actualmente,

las autoridades estatales de salud, siguiendo los

lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud y

en coordinación con ésta, realizan los muestreos y

análisis del agua en cada uno de los 17 estados

costeros de México.

El objetivo de este ensayo es realizar una

descripción de los beneficios que ha traído la

implementación del Programa de Playas Limpias

en México, describiendo en primer orden la

problemática que lo ocasiona, después se

describirán las acciones que se realizan y sus

beneficios para culminar con unas breves

conclusión

Considerando que en la mayor parte de las playas

recreativas de México existen factores que afectan

la calidad de agua, debido a una inadecuada

infraestructura de saneamiento y alcantarillado,

embarcaciones, actividades de comercio informal

y fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en

algunas temporadas del año, por lo que es

importante mantener una vigilancia de la calidad

del agua de mar, que permita con un enfoque

preventivo, alertar al usuario a tomar la decisión de

ingresar o no a una playa, dependiendo de los

niveles de enterococos y la temporalidad de estos

niveles en cada una de las playas sujetas a

vigilancia.(Cofepris, 2012).

Beneficios del programa de playas limpias en México

50©

Estudios en agua marina y playas indican que las

enfermedades de las mucosas, de la piel y

digestivas asociadas con los bañistas están

directamente relacionadas con los niveles de

contaminación fecal. La definición de los criterios

de calidad microbiológica de aguas costeras para

uso recreativo se basó en estudios evaluados por

la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de

estudios han identificado a los estreptococos y

enterococos fecales como los indicadores más

estrechamente relacionados con los efectos sobre

la salud en aguas costeras. (Cofepris, 2012).

Ante esta situación, en el año 2003 que se

estableció a nivel nacional el Programa de Playas

Limpias, en el que participan la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT), la Secretaría de Salud (SS) a través

de la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de

Marina (SEMAR), la Secretaría de Turismo

(SECTUR), la Comisión Nacional del Agua

(CONAGUA), así como gobiernos estatales y

municipales, y diversas organizaciones de la

sociedad civil, los cuales tienen como principal

objetivo la ejecución de acciones que permitan el

saneamiento de las playas y de las cuencas,

subcuencas, barrancas, acuíferos y cuerpos

receptores de agua asociados a las mismas y dar

cumplimiento conforme a las normas, principios y

objetivos que se establecen en la Ley de Aguas

Nacionales y su Reglamento, la Ley General de

Salud, la Ley General de Equilibrio Ecológico y

Protección al Ambiente y demás leyes federales,

estatales y municipales aplicables a las aguas de

zonas marinas (CONAGUA, 2012).

A lo largo del año 2003, se sistematizo y

homogenizo los monitoreos del agua de mar,

atendiéndose tres aspectos: monitoreo de la

a calidad bacteriológica del agua de mar para uso

recreativo; monitoreo de la calidad del agua de mar

costera y el monitoreo de la calidad en cuerpos de

agua y bienes nacionales asociados a las playas

mexicanas (CONAGUA, 2012).

De esta manera las diversas Instancias

Gubernamentales realizan las siguientes

actividades:

Las secretarias de salud estatales: Monitorea,

cuando menos una vez al mes, la calidad del agua

de las playas y transmite resultados al Comité de

Playas Limpias

Comité de Playas Limpias: Difunde la información

y señaliza las playas para que el usuario sepa si

está contaminada e instrumenta programas de

saneamiento cuando se requieren.

COFEPRIS: Evalúa los criterios de calidad del agua

y difunde información.

SEMARNAT: Difunde información y promueve la

certificación de playas como Playas Limpias.

http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas

-ambientales/programa-de-playas-limpias/result

ados-de-calidad-de-agua-de-mar

CONAGUA: Inspecciona y monitorea las descargas

de aguas residuales.

SEMAR: Vigila, monitorea, controla desechos y

apoya cuando se presentan derrames accidentales

de sustancias contaminantes. Imparte educación

ambiental

Gracias a ello, la calidad del agua de mar en las

playas ha mejorado desde el inicio de los

monitoreos (CONAGUA, 2007).

De esta forma, unos de los resultados por la

implementación del programa de playas limpies es

una mejora en la calidad ambiental, sanitaria, de

seguridad y de servicios en el destino turístico,

permitiendo con ello identificar y controlar

posibles riesgos e impactos ambientales,

permitiendo mejorar la imagen y competitividad

de las playas o destinos turísticos, colocándolos a

la vanguardia internacional.

Por lo que se puede concluir que las playas

turístico-recreativas son muy importantes a nivel

económico y social, para lo cual la implementación

del Programa de Playas Limpias en México, ha

permitido y generado sistemáticamente buenos

beneficios a la sociedad y rentabilidad asociados a

la calidad y certificación ambiental de las playas

recreativas, adquiriendo una importancia de

primer orden en mercados altamente

competitivos, pero sin dejar de considerar que este

programa únicamente toma como referencia a los

enterococos fecales como los indicadores para

relacionar sus efectos sobre la salud en aguas

costeras.

Por lo anterior se debe trabajar arduamente en

una mayor difusión de las actividades realizadas

por las distintas dependencias que forman parte

de programa de playas limpias.

En este sentido es importante que se difundan los

resultados de la evaluación de la calidad del agua

de las playas, señalizando in situ, aquellos lugares

que representen riesgos a la salud, así como la

difusión de los resultados a través de medios

masivos como el Internet, diarios locales,

repartición de folletos en los sitios de mayor

afluencia en las altas temporadas de visitas de

turistas, que contemple los resultados del

muestreo y una leyenda que permita alertar a la

población sobre el problema existente, asimismo,

recomiende no realizar actividades recreativas en

la playa.

Sin embargo es importante considerar que las

diferentes dependencias de gobierno relacionadas

en el tema (Todos los niveles) deben trabajar

arduamente bajo una coordinación constantes, ya

que parte de las problemática de la mala calidad

del agua en las playas no es ocasionado

únicamente por las poblaciones localizadas dentro

de la línea de costa, sino por todas y cada una de

las poblaciones que se localizan dentro de las

cuencas hidrológicas del país, por lo que se debe

realizara una colaboración en la búsqueda y

planteamiento de solución a la problemática de

manera holística.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2012). Lineamientos para determinar la calidad de agua de

mar para uso recreativo con contacto primario. Recuperado de

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BIBLIOGRAFÍA

Por: Paula Andrea Ruiz Ruiz

Colombia aparte de ser un país mega diverso en

fauna y flora, representa un lugar muy apetecible

para las empresas internacionales interesadas en

la explotación de recursos naturales no

renovables, ya que según investigaciones

realizadas, dicho país a nivel latinoamericano, se

cataloga como el territorio con las mayores

reservas de carbón (aproximadamente 16.992

millones de toneladas (Mt) y se encuentra ubicado

en el sexto lugar de exportaciones a nivel mundial),

siendo este el mineral que produce el porcentaje

más significativo de divisas y representa el

segundo recurso con mayor exportación nacional.

De esta forma, el carbón extraído agrupa el 47 % de

la actividad minera, generando empleo y

participando con el 1 % del producto interno bruto

(PIB), con un poco más de 3,4 billones de pesos

(Banco de la república, 2008; UPME, 2005). Por

este motivo la problemática económica, social y

ambiental que se vive desde la llegada de las

multinacionales, como lo es en este caso la minera

Drummond a explotar los recursos de la zona

nororiental de Colombia, abarcando los

departamentos de Magdalena y Cesar puntos

estratégicos para la extracción y el transporte de

carbón (Departamento Nacional de Planeación,

2008), demuestra la falta de criterio del gobierno

colombiano, en la toma de decisiones con respecto

a la explotación de recursos por parte de los

inversionistas internacionales.

Según el análisis realizado por la empresa

Colombiana Punto Medio, Gary Drummond,

adquirió en 1988 con Carbocol el contrato de

Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos

términos y condiciones le permiten actuar en los

departamentos donde se encuentra el área

geográfica con mayor proporción en producción y

exportaciones, de manera libre y según los

lineamientos estipulados directamente por la

multinacional en cuestión. De esta manera, el

conjunto de normas jurídicas y principios

generados para regular y aminorar los efectos

negativos que la actividad humana causa sobre el

medio ambiente, no pueden ser aplicadas de

manera adecuada ocasionando un desequilibrio

respecto al uso, explotación y aprovechamiento de

los recursos.

Conflictos socio ambientales generados por la extracción de carbón en el caribe Colombiano

54©

Es posible encontrar en las innumerables noticias

presentadas acerca de la carbonera en cuestión, el

enorme historial de irregularidades e infracciones

a las normas ambientales, como el artículo 2 de la

ley 23 de 1973, el cual contemplaba el daño

ambiental como todo lo que concierne a la lesión

del ambiente, y el articulo 42 de la ley 99 de 1993

regulando lo que se refiere a las tasas

contributivas y compensatorias; además se

percibe indiferencia hacia los conflictos por parte

de los funcionarios de la empresa demostrando un

notorio desprecio por el entorno social, los

derechos humanos y la legislación laboral, puesto

que en el contrato realizado con el gobierno de

Colombia las regalías se pagan por los volúmenes

que embarcan. De manera que todo el carbón que

se pierda en el proceso técnico, de transporte y de

embarque corre por cuenta del Estado.

Por lo anterior, se presenta el caso del carbón que

fue arrojado al mar el 13 de enero de 2013, el cual,

a parte de originar un impacto ambiental

significativo demostrado en estudios académicos,

correspondientes a la “evaluación ambiental del

impacto causado por la barcaza ts-115 en el área

de anclaje de puerto Drummond, Ciénaga

Magdalena, Caribe Colombiano” realizado por la

Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuyas

consecuencias son la generación de sulfuros por

reacción química con el agua, que da como

resultado un impacto representativo en las playas

donde los pobladores se benefician

económicamente con el turismo (INVEMAR,

2001), también representa una pérdida económica

para el Estado Colombiano.

Departamentos como el Cesar presentan

complicaciones a causa de las diversas

operaciones de minería a cielo abierto que se

adelantan sin un control oficial en la zona central

de dicho departamento. Presentando

problemática por la desertización y con ella, la

sequía en arroyos, el polvillo de carbón que

incrementa las enfermedades respiratorias de la

población en general como en el caso de los

pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón

los cuales desde 2010 requieren que la minera

Drummond, realice la reubicación de los mismos,

puesto que las condiciones en las que habitan

dichas comunidades disminuyen

considerablemente la calidad de vida de las

mismas, y así mismo el incumplimiento en las

normas de material particulado debido a que las

entidades reglamentarias no hacen cumplir la

norma a cabalidad.

En conclusión, la incapacidad de negociación del

Estado colombiano con las empresas

multinacionales es inminente; las amenazas

socio-ambientales se han demostrado,

comprobando los efectos perjudiciales del mal

manejo de los recursos no renovables por parte de

las mismas, por tal motivo, el estado colombiano

debe replantear las normas referentes a la

explotación de los recursos naturales y su valor

económico, con el propósito de que se hagan

cumplir por parte de las entidades ambientales

regulatorias, teniendo en cuenta principalmente,

las consecuencias que recaerán sobre las

comunidades afectadas y los diferentes servicios

ecosistémicos que perderán rentabilidad a causa

de dicha explotación.

Banco de la República. 2008. Apuntes sobre la economía del carbón. Revista del Banco de la República.

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