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[2 Feb 2012]

GUATEMALA Common Core Document

INFORME BÁSICO COMÚN DEL ESTADO DE GUATEMALA A LOS ÓRGANOS DE TRATADOS DE CARÁCTER

CONVENCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

C O P R E D E H COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 2011

2

ÍNDICE

PÁGINA I. INTRODUCCIÓN 6

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO 7

A. Características demográficas, económicas, sociales y

culturales del Estado 9

A.1 Indicadores demográficos 9 A.2 Indicadores sociales, económicos y culturales 13 A.3 Indicadores sobre el sistema político 36 A.4 Indicadores sobre la delincuencia y la administración de

justicia 45

B. Estructura constitucional, jurídica y política del Estado 65

III. MARCO GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

70

A. Aceptación de las normas internacionales de derechos

humanos 70

A.1 Instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala

71

i. Principales instrumentos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

71

ii. Defensa y promoción de los derechos humanos 72 iii. Contra el racismo y la discriminación 72 iv. Derechos de la mujer 73 v. Derechos de la niñez 74 vi. Contra la esclavitud, servidumbre y trabajo

forzoso 75

vii. Administración de justicia 75 viii. Prohibición absoluta de la tortura; garantía de

protección de la integridad de personas privadas de libertad

76

ix. Discapacidad 76 x. Pueblos indígenas 77 xi. Empleo y libertad de asociación 77 xii. Progreso y desarrollo social 77 xiii. Bienestar y salud 78 xiv. Migrantes y trata de personas 78 xv. Refugiados, nacionalidad, apátridas y asilo 78 xvi. Ambiente 79 xvii. Personas desaparecidas 80 xviii. Derecho internacional humanitario 81 A.2 Otros instrumentos ratificados por Guatemala 82 xix. Seguridad, terrorismo y delincuencia

transnacional 82

xx. Desarme, uso, comercio y control de armas y municiones

83

xxi. Instrumentos varios 84 xxii. Otras declaraciones y resoluciones 85 A.3 Instrumentos internacionales en materia de derechos

humanos aún no ratificados por el Estado de Guatemala 85

3

B. Marco jurídico de protección de los derechos humanos a nivel nacional

87

C. Marco de la promoción de los derechos humanos a nivel

nacional 94

D. Proceso de presentación de informes a nivel nacional 96 E. Seguimiento dado a las observaciones finales de los órganos

de tratados de derechos humanos 99

IV. ANEXO ESTADÍSTICO 101

4

SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTE INFORME

BANGUAT Banco de Guatemala CC Corte de Constitucionalidad

CENADOJ Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CGC Contraloría General de Cuentas

CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

CODISRA Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala

COGUADIH Comisión Guatemalteca para la Promoción del Derecho Internacional Humanitario

CONALFA Comité Nacional de Alfabetización

CONAPREVI Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres

CONAPREVI Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar

COPREDEH Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida

ENEI Encuesta Nacional de Empelo e Ingresos FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FODIGUA Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FONAPAZ Fondo Nacional para la Paz

GANA Gran Alianza Nacional IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal INE Instituto Nacional de Estadística

LIDER Libertad Democrática Renovada MINEDUC Ministerio de Educación

MP Ministerio Público MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OEA Organización de Estados Americanos

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

OJ Organismo Judicial ONG Organización no gubernamental OPS Organización Panamericana de la Salud PAN Partido de Avanzada Nacional PDH Procurador de los Derechos Humanos PEA Población económicamente activa PET Población en edad de trabajar PIB Producto interno bruto PNC Policía Nacional Civil

PNUD Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo PP Partido Patriota

RENAP Registro Nacional de las Personas SEPAZ Secretaría de la Paz

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

5

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida TGW Radio Nacional de Guatemala TSE Tribunal Supremo Electoral UNE Unidad Nacional de la Esperanza

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

6

INFORME BÁSICO COMÚN DEL ESTADO DE GUATEMALA

A LOS ÓRGANOS DE TRATADOS DE CARÁCTER CONVENCIONAL

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

(Nueva versión revisada, 2011)

I. INTRODUCCIÓN

1. La Compilación de Directrices Relativas a la Forma y el Contenido de los Informes

que deben presentar los Estados Partes en los Tratados Internacionales de Derechos

Humanos (Organización de las Naciones Unidos, Secretario General, 2009) establece que

los Estados tienen la obligación de mantener sus documentos básicos comunes al día y

“deben procurar actualizar la información que figura en el documento básico común cada

vez que presenten un documento específico para un tratado.” El Estado de Guatemala

presentó su primer documento básico común en octubre de 1994 y a partir de ese momento

no ha sido actualizado.

2. Como es de suponer, durante los casi dieciséis años que han transcurrido desde

entonces, la situación del país ha sufrido importantes cambios que es necesario reflejar en

un nuevo documento que permita a los diversos órganos de las Naciones Unidas, una

perspectiva más renovada y realista sobre las actuales condiciones y características de la

sociedad guatemalteca. Esta necesidad se justifica aún más cuando a lo largo de este

período se produjo el final del conflicto armado interno, la firma de los Acuerdos de Paz y

el proceso de su implementación, todo lo cual ha significado importantes cambios en la

vida social y política del país, así como en la manera en que el Estado concibe los derechos

humanos.

3. El presente documento se ha elaborado con el objeto de cumplir con los

compromisos internacionales adquiridos en esta materia, así como con la firme decisión de

mejorar el desempeño del Estado guatemalteco en cuanto a la calidad y actualidad de la

información que provee a los diferentes órganos de derechos humanos del Sistema de

Naciones Unidas.

7

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO

4. La República de Guatemala se encuentra ubicada en el istmo de Centroamérica. Su

territorio comparte fronteras por el Norte y el Oeste con México; por el Este con Belice

(frontera sobre la que existe un diferendo aún sin resolver), el Océano Atlántico y las

repúblicas de Honduras y El Salvador; y al Sur con el Océano Pacífico. Las coordenadas

geográficas del área central de su ciudad capital se ubican aproximadamente en 14o37'

latitud Norte y 90o32' longitud Oeste, situándose el país en la zona horaria UT-6:00.

5. De acuerdo con la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística –

INE- para el año 2010 su territorio albergaría 14 millones 361 mil 666 habitantes, lo que le

convierte en el país más poblado del istmo. Tiene una extensión territorial total de

108,889.2 km2 y se encuentra dividido en veintidós (22) unidades político-administrativas

denominadas departamentos y estos, a su vez, en 333 municipios. (Ver Anexos, Cuadro 1,

Tamaño de la población total por departamento en los últimos censos nacionales de

población y proyección para el 2010)

6. Guatemala dispone de 1,687 kilómetros de fronteras terrestres y 402 de litoral

marino. A través de estos frentes exteriores se producen a diario múltiples relaciones

económicas, sociales, políticas y culturales, incluyendo diversas modalidades de flujos y

tráficos lícitos e ilícitos que condicionan la vida de las poblaciones que viven y trabajan en

sus márgenes, y cuyos efectos se proyectan sobre la totalidad del país y de la región.

7. Precisamente, su ubicación en el istmo de Centroamérica confiere a Guatemala una

significación especial. Se trata de la franja de tierra que separa las masas oceánicas del

Atlántico y del Pacífico y que, a la vez, une a modo de puente natural las grandes masas

continentales de Norte y Sudamérica. Es, por tanto, una encrucijada natural, de gran

importancia ecológica, a la que los procesos históricos, políticos, económicos y

demográficos han convertido en un mosaico de pueblos y culturas con diferencias y

8

asimetrías tan importantes que han terminado por condicionar una situación altamente

conflictiva.

8. La sociedad guatemalteca actual acumula todo tipo de profundas divisiones y

dualidades que pueden remontarse hasta la conquista española del siglo XVI, pasando por

las dictaduras que dominaron el escenario político de la mayor parte del siglo XX y el

Conflicto Armado Interno (1960-1996). A lo largo de todo ese tiempo se configuró un largo

proceso de colonización, explotación y discriminación racial y, desde el siglo XIX, se

configuró un Estado ‘nacional’ altamente autoritario y excluyente. Estas características han

dejado amplia huella en la sociedad actual.

9. En las últimas décadas, la firma de los Acuerdos de Paz (1996) abrió las puertas

para la construcción de un Estado multilingüe y pluricultural, sentando así las bases para la

construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, la posibilidad de este

nuevo proyecto de nación se ha visto condicionada, de forma determinante, por una

estructura de poder que ni el Conflicto Armado Interno ni los Acuerdos de Paz fueron

capaces de transformar.

10. En la actualidad, el Estado de Guatemala arrastra rasgos heredados de la época

colonial entre los que destacan, por ejemplo, el racismo y la discriminación de que es

objeto la población indígena, la histórica dependencia económica de las actividades

agrícolas o la enorme brecha de desigualdad existente entre la élite dominante y los sectores

populares, que constituyen la gran mayoría de la población. Junto a estos rasgos existen

iniciativas de modernización en los ámbitos político y económico, con una democracia

esencialmente electoral que ha construido un débil andamiaje institucional infiltrado por el

crimen organizado y los poderes paralelos y una estructura económica cuyos sectores más

punteros intentan incorporarse a las más modernas expresiones del capitalismo

internacional y la globalización, pero cuyas bases siguen contribuyendo a la concentración

de la riqueza en muy pocas manos, lo cual limita las posibilidades de desarrollo económico

del país, incrementa la asimetría de poder y mina el desarrollo político democrático y el

Estado de derecho.

9

A. Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado

A.1 Indicadores demográficos

11. De conformidad con los datos del último censo realizado por el INE en 2002, en

dicho año Guatemala tenía una población total de 11 millones 237 mil 196 habitantes

(11,237,196), lo cual equivale a una densidad poblacional de 103 habitantes por kilómetro

cuadrado. Según las proyecciones realizadas por la misma fuente, la tasa de crecimiento de

la población entre 1970 y 2008 ha sido, en promedio, del 2.4 por lo que para 2010 la

densidad poblacional se habría incrementado hasta los 132 habitantes por kilómetro

cuadrado. (Ver Anexos, Cuadros 2 y 3, Tasa de crecimiento demográfico anual de la

población, 1970-2008 y Evolución de la densidad de población, 1880-2010)

12. En 2002, el departamento de Guatemala, que alberga la capital del país (ciudad de

Guatemala), concentraba el 22% de la población total, lo que elevaba la densidad de

población en el departamento a 1,196 habitantes por km2 (Instituto Nacional de Estadística,

2002, págs. 15 y 16). El país presenta una distribución de población marcadamente desigual

debido, en buena medida, a que la ciudad capital1 concentra la mayor parte de la actividad

económica, política y administrativa y allí se dispone de mejor acceso a los servicios

básicos y mayores oportunidades laborales, lo cual provoca que el 38.8% de la población

urbana total del país resida allí (poco más de dos millones de personas). Los departamentos

que siguen al de Guatemala, en cuanto a cantidad de habitantes, apenas si alcanzan una

tercera parte de la población que alberga este último y registran una densidad de población

mucho menor. En su orden le siguen:

• Huehuetenango con el 7.5% del total de habitantes del país;

• San Marcos con 7.1%;

1 En Guatemala no se encuentra legalmente definida un área metropolitana, pero ésta existe de hecho. La

ciudad capital ha crecido tanto que ha desbordado los límites del municipio de Guatemala extendiéndose hacia algunos de los municipios vecinos, al punto en que resulta difícil distinguir en dónde termina o empieza cada uno. Para efectos de los cálculos relacionados con Ciudad de Guatemala, entendida como resultado de un proceso de metropolización y no en función exclusiva de sus límites municipales, se han agregado también los datos correspondientes a los siguientes municipios: Mixco, Villacanales, San Miguel Petapa, Amatitlán, Santa Catarina Pinula, Chinautla, San José Pinula y Villanueva.

10

• Alta Verapaz con el 6.9%;

• Quiché con 5.8%; y,

• Quetzaltenango con un 5.6%.

Con excepción de Quetzaltenango, ninguno de los otros cuatro departamentos alcanza el

25% de población urbana y salvo San Marcos, todos los demás tienen mayoría de población

indígena (Instituto Nacional de Estadística, 2002, pág. 18).

13. Las cifras del censo de 2002 refieren que, ese año, el 51.1% de la población total del

país eran mujeres (5 millones 740 mil 357 habitantes), el 53.9% población rural (6 millones

52 mil 361 habitantes) y el 41% población indígena (4 millones 610 mil 440). (Ver Anexos,

Cuadro 4, Distribución de población por departamento, sexo, lengua materna, área urbana y

rural. Censo 2002)

14. Del total de población indígena el 95.7% pertenece a la etnia maya, en tanto el 4.3%

restante está constituido por indígenas de las etnias xinca y garífuna. La mayor parte de la

población indígena del país se encuentra asentada en el área rural (65.7% de la población

indígena total), más pobre y menos dotada de servicios básicos, con lo cual se reproduce la

situación de exclusión y marginalidad en la que se encuentra. En relación con la población

total del país, la población indígena urbana tan sólo representa el 12.5%, en tanto los

habitantes urbanos no indígenas equivalen a un 33.5%.

15. Una excepción a lo anterior, lo constituye la etnia garífuna cuya población es en un

87% urbana, en tanto en el otro extremo se encuentran los indígenas xinka cuyo porcentaje

de población urbana no alcanza el 20%.

16. La población maya está conformada por 21 grupos étnicos distintos que, en

conjunto, representan el 39% de la población total del país. Los cuatro grupos

predominantes, en función de la cantidad de personas que los integran, son: K’iche’,

Q’eqchí’, Kaqchikel y Mam, los cuales sumaban un total de 3 millones 573 mil 104

personas, según el censo de 2002. (Ver Anexos Cuadro 5, Población maya por sexo según

pertenencia étnica. Censo 2002)

11

17. La estructura etaria de la población guatemalteca en la actualidad, reproduce la

imagen de las pirámides poblacionales más clásicas: una amplia base conformada por

población joven que se va adelgazando paulatinamente y de forma más acentuada a partir

de los treinta años, culminando con una parte superior muy estrecha, casi inexistente a

partir de los 75 años. Sin embargo, de conformidad con las proyecciones poblacionales, la

sociedad está experimentando una lenta transición demográfica provocada por varios

factores: (Ver Anexos, Cuadro 6, Tasa de crecimiento poblacional [porcentaje], esperanza

de vida [en años], tasa global de fecundidad [número de hijos por mujer] y tasa bruta de

natalidad [tasa por mil habitantes], 1960-2020)

• Una tasa de fecundidad y una tasa bruta de natalidad con tendencia

decreciente. Si entre 2000 y 2005 la tasa de fecundidad era de 4.6 hijos por

mujer, entre 2005 y 2010 ésta había descendido a 4.15 y se prevé que entre

2010 y 2015 bajará hasta 3.71 hijos por mujer. Lo anterior se refleja en la

tasa bruta de natalidad que en los períodos ya mencionadas pasará de 35.8 a

33.28 y, finalmente a 30.5 nacidos vivos por mil habitantes.

• Una creciente esperanza de vida. Está previsto que entre 2000 y 2020 la

población experimente un incremento de 3.6 años en la esperanza de vida.

Así, de 68.91 años en promedio, registrados en el año 2000 para hombres y

mujeres, se estima que veinte años después se alcanzarán hasta los 72.5 años.

Como suele suceder, al analizar este factor por sexo, las mujeres registran

una mayor esperanza de vida que la de los hombres; para las primeras se

prevé que en 2020 este indicador alcance los 76.1 años, a diferencia de los

72.5 que registran en 2000, en tanto los hombres pasarán de los 65.5 años en

2000 a los 69.1 dos décadas más tarde;

• Una decreciente tasa de mortalidad infantil. Si al empezar la segunda mitad

del siglo XX Guatemala registraba una de las más alarmantes tasas de

mortalidad infantil del continente, con cifras que alcanzaban hasta los 202

niños menores de cinco años muertos por cada mil habitantes (1960),

cuarenta años después (2000) la tasa de mortalidad infantil se había reducido

12

a casi una cuarta parte (53 niños por cada mil habitantes) y siete años

después (2007) su tendencia seguía siendo decreciente hasta ubicarse en los

39 niños por cada mil habitantes, lo cual se corresponde con los países del

mundo con tasas medias de mortalidad infantil, en tanto las menores tasas de

mortalidad infantil se ubican entre los 2.9 y los 4.9 niños por cada mil

habitantes (predominante en países europeos) y las más altas entre los 92.7 y

los 160.3 (principalmente en países de África subsahariana). (Ver Anexos,

Cuadro 7, Tasa de mortalidad infantil [<1año], tasa de mortalidad en <5 años

y tasa de mortalidad materna, 1960-2007)

18. Este paulatino cambio en la estructura de edad de la población puede observarse

claramente en los Gráficos 1, 2 y 3 incluidos en los Anexos, en los cuales se aprecia cómo

la tradicional pirámide de población va adquiriendo con los años la forma de barril que hoy

es propia de los países que han atravesado una transición demográfica como la descrita.

19. Hoy por hoy, el análisis más detallado de la estructura de edad de la población del

país muestra una sociedad eminentemente joven: en 2010 el 69.7% del total de la población

era menor de 30 años, el 41.6% menor de quince y el 15% menor de cinco años. En el otro

extremo de la pirámide se encuentra un pequeño grupo de mayores de 60 años que

representa sólo un 6.4% de la población total y que, dada la esperanza de vida, se hallan

concentrados básicamente en el grupo comprendido entre los 60 y los 64 años (2% de la

población total). (Ver Anexos, Cuadro 8, Población total según grupos quinquenales de

edad, 2005-2050)

20. Los datos anteriores arrojan como resultado que en 2010 la tasa de dependencia

fuera del 46%, es decir, que por cada 100 guatemaltecos en edad de trabajar, había 46 que

eran potencialmente dependientes de ellos en términos económicos por encontrarse en

edades económicamente inactivas (menos de 15 y más de 65 años). De estos 46

dependientes, 42 eran niños y niñas menores de quince años; y cuatro, personas adultas por

encima de los 65. Sin embargo, los cambios demográficos que las proyecciones de

población prevén para los próximos años apuntan a que en el 2050 la tasa de dependencia

13

se reducirá al 32%, distribuido de modo tal que nueve serán niños y niñas y 23 adultos

mayores.2

21. En el anterior comportamiento resulta determinante la tendencia de las estadísticas

de nacimientos y fallecimientos a lo largo de los últimos años. Mientras el número de

alumbramientos se ha reducido de forma acentuada (casi 40 mil niños y niñas menos

nacidos en 2008, en relación con 1999), el de defunciones se ha mantenido casi estable o ha

crecido a un ritmo mucho más lento en el mismo período; en 2008 se registraron cinco mil

94 fallecimientos más que diez años atrás. (Ver Gráfico 4, Tendencia de los nacimientos y

defunciones, 1999-2008; Cuadro 9, Nacimientos por año de ocurrencia según departamento

de residencia de la madre, 1999-2008; y, Cuadro 10, Defunciones por año de ocurrencia

según departamento de residencia del difunto(a), 1999-2008)

A.2 Indicadores sociales, económicos y culturales

22. De conformidad con los datos del censo de 2002, la mayor parte de los hogares

guatemaltecos se caracterizan por tener jefatura masculina (77%), con jefes de familia

adultos jóvenes y de mediana edad (79.8% con edades entre los 20 y los 59 años) y que han

cursado sólo estudios primarios o no tienen ninguna educación formal (79.2% del total). En

2000, el tamaño promedio de los hogares era de 5.2 miembros3 con un número de 2.7 hijos

en promedio. La jefatura de hogar femenina ha crecido cerca de cuatro puntos porcentuales

entre los censos de 1994 y el de 2002; en este mismo período la cantidad de hogares a cargo

de adolescentes se ha reducido 0.4%, representando sólo el uno por ciento del total y el

nivel educativo de los jefes y jefas de hogar tiende a elevarse, de modo que si en 1994 sólo

el 15.6% de ellos había tenido acceso a la educación media y superior, en 2002 este

porcentaje se había elevado cinco puntos hasta llegar a representar el 20.6%. (Ver Anexos,

Cuadro 11, Jefes(as) de hogar según sexo. Censos de población de 1994 y 2002; Cuadro 12,

Jefes(as) de hogar según grupos de edad. Censos de población de 1994 y 2002; y, Cuadro

13, Jefes(as) de hogar según escolaridad. Censos de población de 1994 y 2002)

2 Elaboración propia con datos del INE. 3 Este cálculo incluye a los parientes, las empleadas domésticas y los huéspedes. (UNICEF, 2011, pág.117)

14

23. En términos económicos, la sociedad guatemalteca sigue presentando grandes

desigualdades y contrastes, a pesar de que a lo largo de los últimos años se han realizado

esfuerzos que han permitido reducir los niveles de pobreza general y los niveles de pobreza

extrema aunque no en la misma proporción. De acuerdo con datos recogidos por la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (comisión regional de las

Naciones Unidas), a lo largo de diecisiete años, en 1989 la pobreza afectaba al 69.4% del

total de la población guatemalteca y de este porcentaje, el 42% se encontraba en situación

de indigencia o pobreza extrema; nueve años después, en 1998, ambos indicadores se

habían reducido en poco más de nueve puntos porcentuales, en promedio. Según los

últimos datos, en 2006, la tendencia a la baja se mantuvo aunque su ritmo se atenuó, de

modo tal que la pobreza se redujo en 6.3 puntos porcentuales y aún más lentamente lo hizo

la pobreza extrema que lo hizo en 2.5 puntos, lo cual significa que el 54.8% de la población

total seguía en condición de pobreza y de ésta el 29.1 estaba compuesta por pobres

extremos. (Ver Anexos, Cuadro 14, Proporción de la población en pobreza y en indigencia

como porcentaje de la población total. Por área. 1989-2006)

24. Por su parte, los datos aportados por el INE, aunque no permiten la misma

valoración a lo largo del tiempo, refieren una mejor situación con base en los datos

aportados para los años 2000 y 2006 y refuerzan la idea de que el porcentaje de población

que se encuentra afectada por la pobreza muestra una tendencia sostenida hacia la baja y, en

la misma dirección pero de manera menos acentuada, también lo hace la población en

condiciones de pobreza extrema. De conformidad con esta información, en 2000 el 56.1%

de la población se encontraba bajo la línea de pobreza, lo cual se habría reducido hasta el

50.9% seis años después. Este importante decremento no tiene un reflejo igual en la

disminución de la pobreza extrema que en los mismos años apenas si ha variado en 0.5

puntos porcentuales hasta ubicarse en el 15.2%, cifra muy por debajo del 29.1% apuntado

por CEPAL. (Ver Anexos, Cuadro 15, Proporción de la población en pobreza y pobreza

extrema como porcentaje de la población total. Por área, 2000-2006)

15

25. En Guatemala la pobreza y la pobreza extrema son mayoritariamente rurales

llegando a afectar en dicho entorno al 70.5% de la población y reduciéndose hasta el 16.3%

en el área metropolitana, la más urbana de todo el país. En 2006 la población pobre era

mayoritariamente femenina (51.5% mujeres y 48.5% hombres) e indígena (56.2%) y la

pobreza afectaba sobre todo a los hogares de jefatura masculina (82.6%). Adicionalmente,

la pobreza afectaba en mayor cuantía a la población más joven (el 48.9% de los habitantes

del país son personas pobres comprendidas entre los 0 y los 14 años), conforme la edad

aumenta, el porcentaje de población pobre se reduce sustancialmente, sólo el 3.8% de la

población total está constituida por adultos mayores de 65 años, en situación de pobreza.

(Ver Anexos, Cuadro 16, Características demográficas de la población por niveles de

pobreza. Distribución. En porcentajes, 2006)

26. La pobreza también puede analizarse por la incidencia que tiene sobre la población

en función de variables específicas como el sexo, la pertenencia étnica o la edad. El 74.8%

de toda la población indígena del país es pobre y, de este porcentaje, el 27.2% son pobres

extremos, esto significa que tan sólo uno de cada cuatro indígenas se libran de la pobreza.

Lo anterior contrasta con los datos de la población ladina o no indígena, en este caso, seis

de cada diez son personas “no pobres” y de estos, sólo el 7.7% son pobres extremos. Por su

parte, los hogares con jefatura femenina son más exitosos en el esfuerzo por mantener a sus

miembros lejos de la pobreza que aquellos que tienen a la cabeza a un hombre. Mientras un

69.2% de los hogares con jefatura femenina son “no pobres”, este porcentaje se reduce al

57.3% cuando la jefatura del hogar la ejerce un hombre y, en tanto, del 30.8% de hogares

pobres bajo responsabilidad de una mujer, sólo se encuentran en pobreza extrema un 5.5%,

del 43.7% de hogares pobres a cargo de un hombre, el 11.4% sufren de extrema pobreza.

En términos de edad, los más jóvenes son las víctimas mayoritarias de la pobreza, seis de

cada diez niños y niñas menores de 14 años son pobres, mientras que entre la población

mayor de 15 años esta proporción se reduce a cuatro de cada diez. (Ver Anexos, Cuadro 17,

Características demográficas de la población por niveles de pobreza. Incidencia. En

porcentaje, 2006)

16

27. Por lo tanto, en Guatemala se tienen más probabilidades de ser pobre o

extremadamente pobre si se es un hombre, indígena, comprendido entre los 0 y los 14 años

de edad y se vive en un hogar con jefatura masculina, en el área rural del país.

28. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 elaborado por el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- para Guatemala, entre los no

pobres “un 10% de la población, 1.3 millones de personas, subsiste con niveles de consumo

cercanos a la línea de pobreza y (entre los pobres) otro 8%, un millón de personas (en

condición de pobreza general), vive en riesgo de caer bajo la línea de pobreza extrema. Sin

las remesas,4 la pobreza general del país sería 3% mayor y la pobreza extrema 4% más

alta, o sea, medio millón de personas no son pobres extremos y más de 400 mil no son

pobres en general, gracias a las remesas familiares” (PNUD, 2008, Vol. II pág. 31).

29. Junto a la pobreza, la creciente desigualdad es uno de los rasgos más preocupantes

de la sociedad guatemalteca. La tendencia registrada por el coeficiente de Gini durante los

últimos años, así como el análisis de los ingresos por quintiles de población permiten

observar cómo los cambios positivos en la reducción de la pobreza no han sido suficientes

para mejorar la brecha de desigualdad prevaleciente. En 1998 el coeficiente de Gini relativo

a la distribución de los ingresos familiares a nivel nacional era de 0.560, con mayores

niveles de desigualdad en el área urbana (0.530) que en la rural (0.510). En 2002 la

situación había mejorado levemente al reducirse el coeficiente nacional hasta el 0.543, pero

esta mejora no logró marcar una tendencia continuada y en 2006 se había revertido, e

incluso había empeorado en relación con el coeficiente registrado en 1998 llegando a

alcanzar 0.585 en todo el territorio, 0.547 en el área urbana y 0.526 en el rural. (Ver Cuadro

18, Coeficiente de Gini. Razón, 1995-2007)

4 “Las remesas familiares son la cuenta en la que se registran los ingresos y egresos de los recursos

financieros, proporcionados sin contrapartida, que los trabajadores guatemaltecos emigrantes residentes en el exterior envían a residentes en Guatemala y viceversa. El Banco de Guatemala registra las remesas en forma neta, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos”. En 2007 el “volumen financiero de las remesas era equivalente al 12% del PIB total del país, es decir, comparable con el presupuesto de ingresos tributarios del Gobierno central. La magnitud de estos recursos es diez veces superior a la inversión extranjera y cuadriplica el ingreso de exportaciones de los productos tradicionales”. (PNUD, 2008, Vol. I pág. 321 y Vol. II pág. 196).

17

30. El comportamiento del coeficiente de Gini se explica a partir de los datos relativos a

los ingresos cuando estos se analizan en función de los diferentes quintiles de población,

todo lo cual es producto del modelo económico adoptado a principios de los años ochenta y

de los sucesivos programas de ajuste estructural aplicados sobre la economía del país, cuyo

fracaso se hace patente al constatar que no sólo no promovieron la actividad económica y el

crecimiento del PIB como prometían, sino que incluso incrementaron las brechas de

desigualdad social y económica. Entre 1998 y 2006, con escasas variaciones, el quintil de

población de mayores ingresos concentraba alrededor del 60% de estos, mientras el quintil

de menores ingresos no superó nunca el 3.7% de los mismos, con una leve mejora en 2002

y un mayor nivel de concentración en 2006, año durante el cual el quintil 5 llegó a recibir el

62.8% de los ingresos totales del país y el del quintil 1 se redujo al 2.8%. (Ver Anexos,

Cuadro 19, Ingresos por quintiles de población. Porcentaje del total de ingresos, 1995-

2007)

31. A pesar de la grave crisis económica y financiera mundial de los últimos años, entre

2005 y 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un promedio anual de 3.4%,

sufriendo un grave deterioro en 2009, año durante el cual el crecimiento cayó al 0.58%,

empezando a dar visos de recuperación al año siguiente al incrementarse hasta el 2.6%. El

PIB total del país, a precios constantes del 2000, fue de 23 mil 253 millones de dólares, “si

se toma en cuenta el valor total del PIB, Guatemala continúa representando la economía

más grande de Centroamérica. No sucede lo mismo al considerar el PIB per cápita, en

cuyo caso Guatemala (US$ 2,250.00) queda detrás de Costa Rica (US$ 4,980.00) y El

Salvador (US$ 2,680.00)”. De hecho, según datos preliminares de la CEPAL, el PIB per

cápita de 2008, a precios constantes de 2000 (1,700.17 US$/habitante) habría sufrido un

importante deterioro y se ubicaría a niveles muy cercanos a los de 1999 (1,698.17

US$/habitante), luego de haber alcanzado su punto más alto en 2005 (1,720.40

US$/habitante). (Ver Anexos, Cuadro 20, Producto Interno Bruto (PIB) y PIB por

habitante. A precios constantes del 2000. 1999-2008 y Cuadro 21, Tasa de crecimiento

anual del PIB. En porcentaje. 2005-2010)

18

32. De acuerdo con el PNUD “un pequeño grupo de empresas, menos del 10%, percibe

el equivalente a dos quintos del PIB como ganancia neta. Un gran grupo de pequeñas

empresas familiares –el 90% de ellas, que emplean a más de la mitad de la Población

Ocupada de forma independiente- obtiene solamente alrededor de un quinto del PIB como

ingresos. Entre estos dos extremos están los denominados ‘asalariados’, quienes

representan alrededor del 35% de los ocupados y reciben casi la totalidad del resto”

(PNUD, 2008, Vol. II, pág. 29).

33. La composición del consumo de los hogares ha permanecido prácticamente sin

cambios en el período comprendido entre 2000 y 2006. La alimentación es el principal

componente de consumo y representa alrededor de dos quintas partes del total (39.4% en

2006), a éste le siguen los gastos en vivienda que se acercan a la cuarta parte del total del

consumo de las familias (24.7% en 2006). Sin embargo, el consumo de los hogares en dos

de los rubros más importantes para el desarrollo humano como son la educación y la salud

apenas si asciende al 8.6% (PNUD, 2008, Volumen II, pág. 169).

34. Sin embargo, los patrones de consumo y el peso relativo que tiene cada rubro para

los hogares varía de manera sustancial dependiendo del estrato socioeconómico al que

pertenezcan. Por ejemplo, para la población más pobre, la del estrato socioeconómico bajo

extremo, la alimentación llega a representar el 56.9% de su gasto, mientras que para los

hogares del estrato más alto, sólo significa una cuarta parte de su consumo (24.4%). En el

caso de la vivienda, la escasa inversión pública y protección estatal en este rubro obliga a

que toda la población, sin importar su condición económica, deba asumir este gasto pero

con resultados muy diferentes. Un porcentaje similar de gasto, en relación con ingresos

muy dispares provoca grandes desigualdades. Mientras el estrato más alto dedica alrededor

del 30% de su gasto a procurarse una vivienda, lo cual le permite el acceso a las soluciones

habitacionales de mejor calidad, el 22% del gasto de las familias correspondiente al estrato

bajo extremo apenas si es suficiente para procurarse un sitio en el cual habitar bajo las

peores condiciones de hacinamiento y precariedad.

19

35. En los rubros de educación y salud el estrato socioeconómico al que se pertenece se

refleja en patrones de consumo claramente diferenciados. En el caso de la educación, el

consumo de los hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos medio y alto (8.2 y

7% respectivamente) llega a cuadruplicar el de los estratos más pobres, que apenas si

alcanzan el 2% en el caso del bajo extremo y el 3.8% en el bajo. (Ver Anexos, Cuadro 22,

Composición del consumo de los hogares, en porcentajes, 2000-2006)

36. El consumo de los hogares en ciertos rubros como la salud y la educación, está

estrechamente vinculado al gasto social del Estado y habitualmente esta relación es

inversamente proporcional. A mayor gasto público, mayor cobertura y mejor calidad del

servicio y, por lo tanto, menor necesidad de que las familias destinen sus propios recursos a

satisfacer estas necesidades. De acuerdo con datos de la CEPAL, entre 1990 y 2007 el gasto

público social como porcentaje del PIB se habría incrementado en 3.5 puntos porcentuales

(desde el 3.9 hasta el 7.4%), habiendo alcanzado su punto más alto en 2006, año durante el

cual llegó a representar el 7.8% de éste, sin haber descendido por debajo del 7% desde el

2001.

37. En 2007, el gasto social del Estado de Guatemala, como porcentaje del PIB, era el

menor de Centroamérica (7.4%). En todos los casos, los otros países de la región, con

economías más pequeñas que la guatemalteca, dedicaban aproximadamente entre cuatro y

diez puntos porcentuales más al gasto social prioritario, en los extremos se encuentran El

Salvador con el 11.1% y Costa Rica con el 17.2%. (Ver Anexos, Cuadro 23, Gasto público

social como porcentaje del Producto Interno Bruto y comparación con algunos países de

Centroamérica y el Caribe, 1990-2007)

38. Si se mide el gasto social prioritario como porcentaje del gasto público total, es

posible observar cómo éste se ha ido incrementando paulatinamente, entre 1990 y 2006 ha

pasado de 30 a 54.2%. Durante el período analizado, todos los sectores de destino muestran

una tendencia sostenida al alza, siendo ésta mucho más acentuada en el caso del gasto en

vivienda, cuyo incremento es muy superior a todos los demás sectores (15.8 puntos

porcentuales de incremento en 16 años). Sin embargo, los montos más importantes de gasto

20

los recibe el sector educativo (21.1%), seguido por el gasto en vivienda (16.7%), salud

(8.6%) y seguridad social (7.76%). De acuerdo con datos aportados por el PNUD (PNUD,

2008, Vol. I, pág. 342), entre 1996 y 2006, “el gasto público en educación aumentó de 1.7

a 3.0% del PIB. Esto significó una elevación del gasto per cápita de (…) 86%. El gasto

público en salud se acrecentó de 0.9 a 1.8% del PIB en el mismo período. Esto equivale a

un aumento del gasto per cápita de (…) 101%.” (Ver Anexos, Cuadro 24, Gasto social

prioritario del Gobierno Central. Por sectores de destino y como porcentajes del PIB, 2001-

2007; y, Cuadro 25, Gasto social como porcentaje del gasto público, 1990-2006)

39. La situación de inequidad y pobreza que afecta a la mayoría de la población del país

limita seriamente su acceso a los bienes que les permitan satisfacer sus necesidades básicas

y les coloca en una posición de marginalidad y exclusión de oportunidades y derechos. De

acuerdo con datos de 2005 aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación –FAO-, al menos dos millones de personas se encontrarían

bajo el nivel mínimo de ingesta de alimentos, lo cual implica que el 16% de los habitantes

del país está subalimentado.

40. Esta situación se agrava cuando se observan más de cerca las condiciones de grupos

especialmente vulnerables de población como la infancia. Según los últimos datos del

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, en 2002, el 49.3% de la población

infantil comprendida entre los 3 y los 59 meses de edad padecía de desnutrición crónica.

Una vez más, este grave problema afectaba de manera más acuciante a la población rural

(55.5%), a la indígena (69.5%) y a aquella que no había tenido ningún acceso a la

educación (65.6%). De conformidad con la misma fuente, estos datos ubicarían al país con

la peor tasa de desnutrición infantil de todo el continente americano y con la sexta cifra más

grave a nivel mundial.5 (Ver Anexos, Cuadro 26, Datos absolutos y relativos sobre

población de Guatemala por debajo del nivel mínimo de ingesta de alimentos

5 Declaraciones brindadas por el representante de UNICEF para Guatemala, Manuel Manrique a Europa

Press en abril de 2008 y recogidas por ELMUNDO.es http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/03/solidaridad/1207218919.html.

21

(subalimentación), 1990-2005; y, Cuadro 27, Indicadores de desnutrición en la niñez según

área geográfica, región, categoría étnica y nivel de educación. En porcentajes, 1987-2002)

41. Las malas condiciones alimentarias de una importante parte de la población hacen

que ésta se encuentre en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los más importantes

factores de riesgo e indicadores de morbilidad que se registran en el país. En el Cuadro 28,

contenido en los Anexos, es posible observar el comportamiento de enfermedades como el

cólera, el dengue, la malaria, las enfermedades parasitarias, la tuberculosis y el SIDA,

consideradas las de mayor incidencia en el perfil epidemiológico del país. El cuadro incluye

datos para los trece años comprendidos entre 1995 y 2007, ambos inclusive.

42. En 1995 se presentó el número más alto de casos de cólera (7,970) que se haya

registrado en el período de análisis, sin embargo, posteriormente la tendencia se hace

acusadamente decreciente hasta llegar a un solo caso en 2002 y a partir de 2003 no se ha

reportado ni un caso más. No sucede lo mismo en cuanto al dengue, cuyo comportamiento

a lo largo de los años es mucho más variable, sin una tendencia claramente definida y con

un promedio de 5 mil 379 casos en el lapso de tiempo referido. Por su parte, la malaria

refleja una incidencia sobre la población mucho mayor que el dengue, con un promedio de

32 mil 852 casos para el período. Sin embargo, el 2007 refleja una importante reducción en

el número de enfermos reportados llegando por primera vez a descender por debajo de los

20 mil casos anuales (15,382 en 2007). El índice de incidencia parasitaria anual (número de

casos bajo vigilancia por cada 1000 habitantes) evidencia una tendencia creciente a lo largo

del tiempo, de manera que la cifra de 1995 (2.3 casos/1000 habitantes) se ha multiplicado

por 16 hasta alcanzar una incidencia de 36.8 casos/1000 habitantes en 2007. En cuanto a la

tuberculosis, la tasa nacional de incidencia no ha superado nunca los 30 casos por cada 100

mil habitantes (en 1997) y ha mantenido un promedio de 25.7 enfermos/100 mil habitantes

a lo largo del período de análisis, este comportamiento puede considerarse moderado si se

compara con el de países como Suazilandia o Sudáfrica, con 1,155 y 940 casos por cada

100 mil habitantes, respectivamente, las tasas más altas del mundo (The Economist, 2009,

pág. 84).

22

43. Aunque en cualquiera de las enfermedades antes señaladas existe el riesgo de un

cierto porcentaje de subregistro, esto se agudiza particularmente cuando se trata del

síndrome de inmunodeficiencia adquirida –SIDA-, debido al estigma social que aún puede

significar para quienes lo padecen, así como a los prejuicios que existen al respecto y a

otras razones de índole cultural o educativa. Según señalan algunas fuentes, en relación con

el SIDA las cifras podrían estar reflejando alrededor de un 30% menos de los casos

realmente existentes. En 2006 la tasa nacional de incidencia de SIDA era de 7.4 casos por

cada 100 mil habitantes, frente a un promedio de 5.4 a lo largo de los años ya referidos y

con una relación hombre-mujer equivalente a 2.1 casos masculinos por cada uno de los

casos femeninos registrados en 2006. Esta relación se elevó hasta 4 a 1 en 2004 y 2005 y

registró su cifra más baja en 2003 con una razón de 1.8 a 1. El número de defunciones

oficialmente registradas como consecuencia del SIDA sólo está disponible para los años

comprendidos entre 2000 y 2004, ambos inclusive, durante los cuales se habrían producido

un total de 3 mil 43, siendo 2004 el año en que habría tenido lugar un mayor número de

muertes por esta causa (774).

44. Recientes proyecciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –

MSPAS- sobre la magnitud de la epidemia de SIDA apuntan que para el 2015 habrá 123

mil 480 adultos mayores de quince años viviendo con VIH, 12 mil 880 nuevas infecciones

y 3 mil 650 muertes se registrarán ese año por la misma causa. Según estas estimaciones, la

prevalencia de la enfermedad entre adultos entre 15 y 49 años será de 0.9% en 2005, 1.16%

en 2010 y alcanzará un porcentaje de 1.55 en 2015.

45. Entre las niñas y niños (0 a 14 años de edad) las cifras son mucho menores y sus

posibilidades de sobrevivencia mucho mayores que las de los adultos, siempre y cuando

puedan acceder a la atención médica y los medicamentos necesarios para un apropiado

tratamiento. Según la misma fuente, en 2015 habrá 4 mil 300 niños y niñas viviendo con

VIH, se registrarán 380 nuevas infecciones por el virus y morirán 138 infantes a causa del

SIDA. De conformidad con estos datos, tomando en consideración tanto los datos de los

adultos como los de la niñez, la única variable que muestra una tendencia a la baja es la

correspondiente al número de nuevas infecciones con VIH entre niños y niñas, si en 2005

23

se registraron 550 casos, en 2010 esta cifra descendió a 435 y cinco años después podrían

registrarse 55 hechos menos. (Ver Anexos, Cuadro 28, Proyecciones de casos de VIH y

SIDA, 2005-2015)

46. Este perfil epidemiológico arroja como resultado una tasa promedio estimada de

mortalidad por enfermedades transmisibles equivalente a 177.6 personas fallecidas por cada

100 mil habitantes durante el período comprendido entre 1995 y 2004. Luego de un período

de incrementos sostenidos, esta tasa registró en 1998 su cifra más alta (216.7 casos/100 mil

habitantes) después de lo cual empezó a experimentar una reducción consistente hasta

alcanzar en 2004 su cifra más baja (135.3 casos/100 mil habitantes). (Ver Anexos, Cuadro

29, Indicadores de morbilidad, mortalidad, factores de riesgo y transmisión de

enfermedades, 1995-2007)

47. El análisis de los datos relacionados con las diez principales causas de mortalidad

general registradas en 2009 a nivel nacional evidencia importantes diferencias en relación a

la tendencia registrada diez o veinte años atrás. A finales de los años ochenta y principios

de la década de los noventa las principales causas de muerte en el país estaban relacionadas

con enfermedades prevenibles, curables y transmisibles como las infecciones respiratorias

agudas, las infecciones gastrointestinales y otras de carácter infectocontagioso. Sin

embargo, las enfermedades que afectan a los adultos y adultos mayores han adquirido cada

vez mayor importancia, como consecuencia de los cambios que se han venido produciendo

en la estructura de la población, así como en los estilos de vida y hábitos de las personas,

además de los efectos provocados por el, cada vez más amplio, proceso de urbanización.

Esto se refleja en una acelerada tendencia al alza de enfermedades crónicas y degenerativas

como el cáncer, la diabetes o la hipertensión, por ejemplo, así como en otros problemas de

salud como las afecciones cardiacas o los accidentes cerebro vasculares. A todo ello, debe

agregarse la enorme y creciente incidencia que, en el caso de Guatemala, tienen las muertes

provocadas por diversas formas de violencia, entre las cuales destacan aquellas que se

producen como consecuencia del uso de armas de fuego.

24

48. Un informe publicado en 2008 por el PNUD, acerca del sistema de salud en

Guatemala (Moscoso, 2008, pág. 49), lo plantea en los siguientes términos: “la mortalidad

proporcional atribuible a enfermedades transmisibles ha descendido de 76 a 62% del total

de defunciones registradas; al contrario, las defunciones por enfermedades

cardiovasculares han aumentado en 61% y por tumores en 100% durante el mismo período

(1986-2004). En el año 1986 la mortalidad proporcional estaba caracterizada por causas

transmisibles. Hace 20 años la mortalidad proporcional en todos los departamentos del

país ocurría principalmente por causas transmisibles, posteriormente el comportamiento

se ha diferenciado”. De conformidad con datos del Ministerio de Salud Pública, durante el

año 2009 la principal causa de muerte, por número de casos registrados, fue la neumonía

con más de 6 mil víctimas mortales, seguida del infarto agudo al miocardio (2 mil 953) e

inmediatamente después del paro cardiaco (2 mil 222). En cuarto lugar se ubican las

muertes provocadas por el uso de armas de fuego, las cuales dejaron 2 mil 156 víctimas y

representaron poco más del 10% del total de las causas de mortalidad ese año. La diabetes

mellitus ocupa el séptimo lugar y en el siguiente puesto se ubican las muertes provocadas

como consecuencia de la diarrea. (Ver Anexos, Cuadro 30, Diez principales causas de

mortalidad general a nivel nacional, 2009)

49. A pesar de que el gasto del gobierno central en salud y asistencia social, como

porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto público, prácticamente no ha variado a lo

largo de los últimos años, las políticas públicas en favor de la reducción de las tasas de

mortalidad infantil y de menores de cinco años parecen estar logrando resultados positivos

que aparentemente se están consolidando. La tasa de mortalidad infantil era de 49.2 casos

por cada mil nacidos vivos en 1995 y se había reducido hasta 30.1 en 2007, lo cual aún

demanda de grandes esfuerzos e inversiones con el fin de reducirla a su mínima expresión.

En el período 2005-2010, el país que a nivel mundial registraba la menor tasa de mortalidad

infantil era Islandia con una incidencia de 2.9 casos/1000 nacidos vivos, en tanto en el otro

extremo se encontraba Sierra Leona con 160.3 casos/1000 nacidos vivos (The Economist,

2009, pág. 83).

25

50. En Guatemala, la mortalidad en menores de cinco años era de 58.7 casos por cada

mil nacidos vivos en 1997 y había logrado reducirse a su cifra más baja en 2006, año

durante el cual se registraron 41.2 casos. Desafortunadamente, no se han logrado resultados

similares en cuanto a la mortalidad materna cuya tasa no sólo es elevada, sino muestra una

tendencia hacia el alza de modo tal que en 2005 se registraban cifras superiores (148.8

casos/100 mil nacidos vivos) a las de ocho años atrás (94.9 casos/100 mil nacidos vivos).

51. La mortalidad materna es un fenómeno vinculado con multiplicidad de factores

entre los que pueden mencionarse: la pobreza, los bajos niveles educativos, la falta de

acceso a servicios de salud próximos y de calidad y la malnutrición, así como algunos otros

elementos de carácter religioso o cultural, como el machismo prevaleciente en la sociedad

guatemalteca, todos los cuales limitan o condicionan las oportunidades de las mujeres para

tener el número de hijos que quieren y cuándo los quieren. Un ejemplo de ello es el bajo

porcentaje de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que usan métodos

anticonceptivos o cuyas parejas usan este tipo de recursos. De acuerdo con los datos más

recientes disponibles, en 1995 sólo el 26.9% de las mujeres en edad de procrear o sus

parejas tomaban medidas para prevenir embarazos no deseados y aunque con una tendencia

hacia el alza, la cifra no superaba el 35% siete años después, en 2002. (Ver Anexos, Cuadro

31, Porcentaje de mujeres en edad de procrear [15 a 49 años] que usan anticonceptivos o

cuyas parejas usan anticonceptivos [tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos], 1995-

2002)

52. También resulta significativo el análisis acerca del tipo de métodos anticonceptivos

utilizados. Tal como puede observarse en el Gráfico 5, incluido en los Anexos, las mujeres

guatemaltecas usan métodos anticonceptivos inyectables con una frecuencia muy superior a

la de cualquier otro; en tanto un millón 334 mil 332 mujeres optan por este tipo de recurso,

sólo 342 mil 521 mujeres o sus parejas recurren al segundo método más utilizado, el

condón y de manera decreciente a la píldora, el método de la amenorrea y la lactancia u

otros menos significativos. Esta importante diferencia puede deberse a varias razones, por

una parte los anticonceptivos inyectables son un recurso cuyos efectos tienen una duración

prolongada que no demanda la disciplina de una ingesta cotidiana como la píldora o un uso

26

puntual y consentido por ambas partes como el condón y, por otra, es el anticonceptivo más

discreto a disposición de las mujeres, ya que pueden recurrir a él sin que necesariamente

sus parejas estén informadas al respecto, pudiendo ejercer así su derecho a decidir sobre su

cuerpo a pesar de los patrones machistas que pudieran querer impedírselos.

53. El limitado uso de métodos para el control de la natalidad también tiene su reflejo

en los datos relacionados con los abortos médicos realizados como proporción de los

nacidos vivos, sin embargo, no existen datos oficiales respecto a este indicador y la poca

información de que se dispone sólo refleja una pequeña proporción de la magnitud real del

fenómeno. Lo anterior se debe a que la legislación vigente en el país sólo permite abortar

legalmente si la vida de la madre se encuentra en peligro, por lo tanto, la mayor parte de los

embarazos no deseados son interrumpidos de forma clandestina. La poca información de

que se dispone acerca de este fenómeno obliga a recurrir a fuentes alternativas a las

oficiales; un informe publicado en 2006 por el Instituto Guttmacher (Instituto Guttmacher,

2006) sobre el aborto en Guatemala refleja la siguiente situación:

54. La relación existente entre el nivel educativo de la población y las condiciones de

salubridad que las personas se procuran a sí mismas está ampliamente demostrada; cuando

• La clandestinidad del aborto explica la falta de registros oficiales sobre la morbilidad y mortalidad por

aborto en Guatemala.

• El aborto inducido es altamente restringido y sólo se permite si la vida de la madre está en juego.

• Sin embargo, en realidad su práctica es muy común: unos 65,000 abortos ocurren al año en mujeres entre

15 y 49 años.

• Representa una tasa anual de 24 abortos por cada 1000 mujeres guatemaltecas en edad reproductiva.

• Un estudio realizado entre agosto 1993 – julio 1994 en seis hospitales de Guatemala encontró que del total

de mujeres tratadas por complicaciones relacionadas con el aborto durante ese período, cerca del 50% de

los casos tenía una alta probabilidad de haber sido inducido.

• Otro estudio realizado en el 2000 en el hospital de Coatepeque (ciudad del departamento occidental de

Quetzaltenango) mostró que el 10% del presupuesto hospitalario y el 30% del servicio de gineco-

obstetricia se destinaron a la atención de pacientes con complicaciones relativas al aborto.

• Un informe del 2005 realizado con 74 profesionales señaló la cifra de 27,000 mujeres atendidas por

complicaciones de aborto, de las cuales el 80% se debía a abortos inducidos.

• Otros estudios calculan que entre 10-33% de todas las muertes maternas que ocurren por año en

27

de las mujeres se trata, esto también determina el número de hijos que tienen e influye, de

manera decisiva, en la escolarización de los hijos y en la posibilidad de que estos

prolonguen sus años de escolaridad. Sin embargo, en Guatemala las mujeres siguen

teniendo menos posibilidades de acceso a la educación que los hombres de modo que

mientras la tasa de alfabetismo de los hombres comprendidos entre los 15 y los 24 años en

el 2010 alcanzaba al 89.3% del total, ésta era casi de 11 puntos porcentuales menos en el

caso de las mujeres (78.4%), aunque la brecha entre ambos sexos se ha venido reduciendo a

lo largo de los últimos cincuenta años. En 1970 la diferencia en la tasa de alfabetismo entre

hombres y mujeres comprendidos en el anterior rango etario era de casi 18 puntos, en 1980

esta diferencia se había reducido a 16 y diez años después era de 14 puntos, las

proyecciones señalan que esta tendencia se mantendrá y que en 2015 deberá ser de 10

puntos de diferencia. (Ver Anexos, Cuadro 32, Tasa de alfabetización de la población de 15

a 24 años de edad. En porcentajes, 1970-2015)

55. Durante los últimos años, el analfabetismo en el país ha sido objeto de actuaciones

específicas bajo la responsabilidad del Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA-,

gracias a lo cual ha logrado reducirse en poco más del 12% entre 1994 y 2004. En el último

año referido, poco más de una cuarta parte de la población de 15 años y más (26.28%) era

analfabeta, lo cual representa casi dos millones de personas, en comparación con el 38.75%

que lo era en 1994. (Ver Anexos, Cuadro 33, Comportamiento del analfabetismo en

Guatemala. Población total y porcentajes, 1994-2004)

56. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la

educación desde el nivel inicial hasta el básico (secundaria o media) es un derecho de la

población y es considerada obligatoria de conformidad con los límites de edad que fije la

ley, sin embargo, en la práctica los esfuerzos por conseguir la obligatoriedad en la

educación se han centrado hasta ahora en el nivel primario. Adicionalmente, se reconoce la

gratuidad de la educación proporcionada por el Estado y se estipula que el sistema

educativo deberá ser descentralizado y regionalizado con el objeto de responder a las

necesidades o características particulares de las poblaciones asentadas en las diferentes

zonas del país. Por último, se señala de manera expresa que en aquellas áreas de

28

predominante población indígena la educación deberá ser preferentemente bilingüe. Los

presupuestos del Estado contemplan las partidas presupuestarias correspondientes a la

financiación de un sistema público de educación a nivel nacional que incluyen los recursos

para los centros educativos y personal docente y administrativo para atender a la población

desde la edad preescolar hasta la universitaria. Desafortunadamente, dicho presupuesto ha

sido históricamente inferior a las necesidades reales de la población escolar a la que debe

atender debido a lo cual la calidad de la educación que se ofrece, así como su pertinencia

cultural y, en muchos casos también su cobertura, han resultado deficientes e insuficientes,

tal como puede apreciarse en los indicadores presentados a continuación.

57. El Cuadro 34, incluido en los Anexos, permite apreciar la evolución de los datos

relativos a la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria y secundaria en el país. La

información allí consignada es un reflejo del énfasis dado a la política pública de educación

en los últimos años, durante los cuales se decidió dar prioridad, como mecanismo de

focalización indispensable, a la cobertura y atención de la enseñanza primaria por encima

de cualquiera de los otros niveles. Por ejemplo, en el período comprendido entre 2004 y

2008 se planteó como estrategia de la política educativa nacional atender con carácter

preferente cada uno de los grados de primaria de manera consecutiva con el fin de lograr,

que la mayor cantidad posible de niños y niñas fuesen atendidos en el primer año de

primaria, que lo hicieran con las mejores condiciones que pudieran proveerse y que la

asistencia escolar fuera a más y el abandono escolar a menos. La idea era que al año

siguiente la atención prioritaria se pusiese en el siguiente año escolar y así sucesivamente.

Es de esperar que las estadísticas de los próximos años tiendan a reflejar, adicionalmente, el

resultado de los programas de transferencias condicionadas en efectivo que se han puesto

en marcha durante los últimos años, ya que uno de sus componentes esenciales es el

requisito de que los niños y niñas cuyas familias son beneficiarias del programa, asistan a la

escuela de manera regular.

58. De acuerdo con los datos disponibles, en 1970 la tasa neta de matriculación en

primaria apenas si representaba el 49% del total de la población en ese grupo de edad. Sin

embargo, en 1991 este dato se había incrementado hasta alcanzar el 63.6% y en los años

29

posteriores los datos muestran una mejora sostenida y paulatina al punto que llegados al

año 2000 la tasa ya representaba el 85.4% y en 2009 casi la totalidad de infantes en la edad

correspondiente se encontraban matriculados en primaria (98.68% del total de su edad). Sin

embargo, tal como sucede con muchos otros indicadores, los datos reflejan la

discriminación sufrida por las niñas ya que a lo largo de todos los años para los cuales se

presenta información es posible apreciar una menor tasa de matriculación femenina que

masculina, la cual varía entre los 8 puntos de diferencia en 1970 y los 3.4 en 2007. (Ver

Anexos, Cuadro 34, Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria y secundaria. En

porcentajes 1970-2007 y Cuadro 35, Tasa neta de matriculación. En porcentajes, 2001-

2009)

59. También es posible apreciar una tendencia de mejora sostenida en la tasa neta de

matriculación en la educación secundaria, aunque al comparar las cifras con las de la

educación primaria se evidencia un peor desempeño en este nivel educativo. En 1970 sólo

un 8.6% de la población en edad de cursar estos estudios se encontraba matriculada en el

sistema educativo, en el 2000 este porcentaje se había incrementado hasta llegar a significar

un poco más de la cuarta parte de la población a la que le correspondería estar matriculada

en este nivel, en el 2009 dicho porcentaje seguía mostrando mejoras y ya significaba el

40.25%. Una vez más, las niñas y adolescentes se beneficiaban en menor medida que los

niños y adolescentes del acceso a este nivel educativo; en promedio, a lo largo del período,

la tasa neta de matriculación en el caso de ellas es equivalente a 2.9 puntos porcentuales

menos que la de ellos.

60. Adicionalmente a los datos ya mencionados, el Ministerio de Educación –

MINEDUC- ofrece información sobre la tasa neta de matriculación para otros ciclos

educativos como el pre-primario6 y el diversificado.7 A partir de la primaria, la tendencia

6 La educación pre-primaria abarca a todos los niños y niñas comprendidos entre los 5 y los 6 años de edad

y los prepara para su ingreso a la educación primaria. 7 El ciclo diversificado comprende a la población entre los 16 y los 18 años. Se cursa después de la

educación secundaria denominada también ciclo básico. La educación en el ciclo diversificado se realiza en dos o tres años de estudios que preparan a los alumnos para los estudios universitarios (bachillerato) o les brinda una formación profesional de nivel medio (incluye carreras como secretariado, magisterio, contable, técnico informático, etc.).

30

general de la tasa neta de matriculación es inversamente proporcional al ciclo educativo,

cuanto más alto es éste último, menor es su tasa. En la pre-primaria y el ciclo diversificado

los datos evidencian una tendencia igual a la que ya se señalara para los otros ciclos de

educación (primaria y secundaria): las cifras mejoran paulatinamente con el paso de los

años, en la pre-primaria la tasa neta de matriculación representa el 57.09% de la población

comprendida entre los 5 y 6 años, 16 puntos porcentuales más que en 2001. Por su parte, en

el ciclo diversificado la tendencia de crecimiento es mucho más atenuada, los mejores datos

(2009) sólo han logrado alcanzar al 21.21% de la población de adolescentes en edad de

cursarlo, lo cual se ubica apenas 4.9 puntos porcentuales por encima de los datos de 2001

(16.36%). (Ver Anexos, Cuadro 35, Tasa neta de matriculación. En porcentajes, 2001-

2009)

61. Al igual que la tasa neta de matriculación, la tasa de asistencia escolar muestra una

tendencia sostenida hacia el alza. Mientras que el censo de 1981 mostraba un tasa promedio

de asistencia igual al 25.2% de la población en edad escolar, el censo de 2002 la ubicaba

poco más de siete puntos porcentuales por encima de la anterior (32.9%). No se dispone de

datos desagregados por niveles educativos ni para años más recientes, pero resulta

significativa la diferencia existente en 2002 entre el promedio de la tasa neta de

matriculación para todos los ciclos educativos y la de asistencia, mientras que la primera

alcanza al 43.88% de la población en edad escolar, la segunda (asistencia) se reduce en casi

once puntos porcentuales (32.9%). De conformidad con información recogida por el PNUD

(PNUD, 2008, Vol. II, pág. 118) acerca de las causas de inasistencia escolar, entre las

principales razones por las que niños, niñas y adolescentes dejaron de acudir a la escuela en

2006, independientemente del ciclo educativo en el que se hayan matriculado, se

encuentran: en primer lugar la falta de dinero para cubrir los gastos que la educación

representa (compra de libros y materiales educativos, uniformes, desplazamientos, etc.) a

pesar de la gratuidad de la matrícula y las mensualidades; en segundo término, la falta de

interés que les provocan los estudios, lo cual suele ser más bien un reflejo de la actitud

familiar frente a la actividad académica y no exclusivamente del estudiantado; en tercero, el

tener que hacerse cargo de los oficios de la casa (tareas del hogar, trabajo no remunerado);

y, en cuarto, la necesidad de trabajar (trabajo remunerado) para aportar un ingreso

31

económico más al hogar. A diferencia de los dos primeros elementos mencionados (la falta

de dinero y de interés), cuyo comportamiento no varía sustancialmente en función del sexo

de las personas, en los dos últimos se hace evidente la falta de equidad de género

persistente en el país. En relación con los oficios de la casa, por ejemplo, conforme el nivel

educativo va aumentando y por lo tanto, la edad de la población escolarizada también, son

muchas más las mujeres que los hombres que deben abandonar los estudios, en el nivel

diversificado este factor afecta sólo al 0.5% de ellos, pero implica que 23.2% de ellas no

puedan seguir estudiando. En el mismo nivel educativo, son el 38.4% de los hombres los

que dejan los estudios para incorporarse a actividades laborales remuneradas, mientras que

sólo el 10.5% de las mujeres dejan la escuela por esta razón. (Ver Anexos, Cuadro 36,

Evolución de la asistencia escolar por sexo, censos de 1981, 1994 y 2002. Calculado sobre

población de 7 años y más de edad)

62. Efectivamente, uno de los grandes retos que enfrenta el sistema educativo es la

superación del abandono escolar y de las causas que lo provocan. La tasa de deserción

escolar registrada por el MINEDUC en todos los niveles educativos tiende a estabilizarse a

partir del 2002 aproximadamente, en los años subsiguientes registra pequeñas variaciones

al alza o la baja sin que pueda leerse una tendencia clara en ninguno de los casos. La

educación primaria, por ejemplo, registraba en el 2000 una tasa de deserción equivalente al

10.40% siendo ésta la mayor cifra recogida en el período 2000-2009, la más baja es la de

2007 en la que se redujo hasta el 5.49%, para volver a subir levemente en 2009 y alcanzar

el 5.51%. En la educación secundaria fue 2005 el año en el que se registró la menor tasa de

deserción (5.26%) en tanto el momento de la más alta coincide con el de la educación

primaria (año 2000) con una tasa de 14.42% y se termina el período con un porcentaje de

8.22. (Ver Anexos, Cuadro 37, Tasa de deserción escolar en la enseñanza primaria y

secundaria. En porcentajes, 2000-2009)

63. De conformidad con un documento publicado en noviembre 2002 por la

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI-

(Espíndola & León, 2002, pág. 9), en el 2000 la deserción escolar en América Latina era

mucho más alta entre los adolescentes que cursaban la educación secundaria que entre los

32

niños y niñas de primaria, de manera particularmente acentuada en el primer año de la

enseñanza media. Sin embargo, en el caso de Guatemala, Bolivia, Brasil y otros cuatro

países más, señala que entre el 40 y el 70% de los niños y niñas de áreas urbanas dejan de

asistir a la escuela antes de completar el ciclo primario. También recoge la idea de que el

abandono escolar era entonces más pronunciado en las zonas rurales que en las urbanas, así

como entre los hogares de menores ingresos. Dicho informe señala que en Guatemala, en el

año 2000, la tasa global de deserción de los adolescentes entre 15 y 19 años de edad

alcanzaba el 47% y entre las razones más frecuentes para la deserción escolar apunta, la

incorporación al trabajo remunerado, el embarazo precoz, la repetición derivada de las

inasistencias, el bajo rendimiento y el elevado retraso en la escolaridad.

64. Entre 2000 y 2009 la tasa de reprobación en la enseñanza primaria y secundaria

acusa una moderada y sostenida tendencia a la baja en todos los niveles educativos. En la

primaria el período inicia con un porcentaje de reprobación de 17.77% del total de alumnos

evaluados al final del ciclo escolar y va disminuyendo unas décimas porcentuales cada año

hasta registrar su cifra más baja en 2008 (12.98%) para volver a subir levemente en 2009 y

terminar el período con un 13.60% de alumnos reprobados. En el nivel de educación básica

los porcentajes son casi dos veces y media más que los de la primaria a lo largo de todo el

lapso de tiempo analizado, pero su reducción es mucho más acelerada que en ésta última ya

que si en 2000 la secundaria registraba un 46.03% de reprobación, en 2009, este porcentaje

había alcanzado su nivel más bajo reduciéndose poco más de 14 puntos hasta llegar al

31.63%, en el mismo período la tasa de reprobación de la educación primaria sólo se redujo

4.17 puntos porcentuales. De acuerdo con algunos parámetros internacionales, se considera

una buena tasa de reprobación en primaria aquella que no supera el 9% del total de alumnos

que han cursado determinado grado. (Ver Anexos, Cuadro 38, Tasa de reprobación en

enseñanza primaria y secundaria. En porcentajes, 2000-2009)

65. Coeficiente maestro-alumno en las escuelas financiadas con fondos públicos. (Ver

Anexos, Cuadro 39, Alumnos inscritos, personal docente y promedio alumno-docente,

2008-2009)

33

66. Según los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI-,

realizada en 2010 por el INE, en Guatemala la población en edad de trabajar –PET-8 estaba

constituida por el 73.5% de la población total. De ésta, 5 millones 769 mil 262 personas

conformaban la población económicamente activa –PEA-, es decir, el 40% de todos los

habitantes del país. De ese porcentaje, el 38.5% era población ocupada en tanto el 1.5%

restante era población desocupada. El 59.65% de la PEA es población subocupada y

solamente el restante 36.94% de la PEA es población plenamente ocupada. La tasa de

ocupación bruta, es decir, la población ocupada en relación con el total de población en

edad de trabajar equivale al 52.4%. La tasa de ocupación global es del 96.5%. (Ver Anexos,

Gráfico 6, Composición de la población en función de variables económicas, 2010)

67. La mayor parte de la PEA del país es población urbana, el 21.7% son personas que

residen en el área urbana metropolitana, en el resto de áreas urbanas del país se ubica un

30.5% de la PEA y el 47.8% restante en el área rural. En términos de género casi dos

terceras partes de la PEA son hombres (63.7%) y el 36.3% restantes, mujeres y en relación

con la edad, el 13% son niños y niñas que trabajan y un 5.2% adultos mayores (Instituto

Nacional de Estadística, 2010, diapositivas 16-18).

68. Más que el desempleo, los dos principales problemas laborales del país son el

subempleo y el empleo informal. De hecho, las cifras oficiales de desempleo abierto

corresponden a las de un país en pleno empleo, tal como puede observarse en el Cuadro 40,

incluido en los Anexos. De acuerdo con la ENEI, a partir de 2002 la población desocupada

no ha llegado a significar más del 3.5% de la población total, cifra que corresponde al

último año reportado habiendo registrado su dato más bajo en 2007 cuando se redujo

incluso por debajo del tres por ciento (2.47%). La población ocupada asalariada (en

relación de dependencia) ha crecido de forma sostenida desde el 2002 hasta llegar a

significar el 51.17% de la población ocupada en 2010, lo cual implica que la cantidad de

trabajadores autónomos o independientes se ha reducido en una proporción semejante.

Según el PNUD, “el desempleo impacta en mayor medida a los trabajadores rurales, no

8 En las estadísticas oficiales de Guatemala, se cuenta dentro de la PET a todas las personas de diez años y

más.

34

indígenas, con educación secundaria y muy jóvenes (especialmente entre 18 y 25 años) y a

las mujeres. […] Guatemala cuenta con una baja tasa de desempleo. Esta tasa es,

actualmente, la menor de Centroamérica” (PNUD, 2008. Vol. I, pág. 114). (Ver Anexos,

Cuadro 40, Principales indicadores laborales 2002-2010; y, Cuadro 41, Tasas de desempleo

y de subempleo para diferentes grupos demográficos, 1989-2006)

69. De acuerdo con el INE, el subempleo visible alude a los ocupados que trabajan

menos de 40 horas a la semana y tienen deseos de trabajar más y también comprende a los

que trabajan 40 horas o más a la semana y cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo

de la rama de actividad económica a la que pertenecen. En 2010 el subempleo visible

afectaba a dos de cada diez guatemaltecos (21.03%), cifra superior a la de ocho años atrás

cuando afectaba 1.5 de cada diez (14.97%), “el subempleo recae con mayor peso sobre los

mismos grupos que cargan con el grueso del desempleo: trabajadores urbanos, no

indígenas, con educación secundaria, jóvenes de 18 a 25 años y mujeres” (PNUD, 2008,

Vol. I, pág. 115). Los subempleados visibles son sobre todo trabajadores asalariados en

relación de dependencia, seguidos de trabajadores independientes o autónomos. En

términos de actividades económicas los más afectados son quienes se encuentran

vinculados al sector terciario (comercio y servicios) y a la agricultura, por encima de

quienes trabajan en la industria. (Ver Anexos, Cuadro 42, Características del mercado de

trabajo de la población de 10 años y más de edad, 2006)

70. Tal como se mencionó con anterioridad, por encima del desempleo, uno de los

mayores problemas que enfrenta la población ocupada del país es la calidad del empleo ya

que, un alto porcentaje de los trabajadores y trabajadoras se encuentra en situación de

informalidad lo cual significa que no están cubiertos por el Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social (IGSS) y por lo tanto, no disfrutan de los beneficios que éste provee y que

consisten básicamente en la atención médico-hospitalaria frente a accidentes y

enfermedades para el trabajador y sus dependientes,9 la atención materno-infantil vinculada

al embarazo y el parto y las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia (viudedad). La

9 Los hijos de trabajadores y trabajadoras que cotizan al IGSS sólo tienen derecho a atención médica hasta

los 5 años de edad.

35

información disponible para 2006 evidencia que bajo la categoría de trabajadores ocupados

informales la mayoría son mujeres, rurales, indígenas, comprendidas entre los 10 y los 17

años de edad, sin ninguna escolaridad y en situación de extrema pobreza. En 2000 la

informalidad afectaba al 83.6% de la población ocupada y apuntaba una leve tendencia a la

baja con el paso de los años, lo cual hacía que en 2006 el dato se hubiera reducido poco

menos de dos puntos porcentuales (81.8%). Otro indicador de informalidad que permite

valorar la precaria situación del trabajo en el país es la cantidad de trabajadores ocupados

sin contrato, la cual afectaba al 82.7% de la población total del país en 2006 (PNUD, 2008,

Vol. II, pág. 125). Adicionalmente, los datos del INE revelan que en 2006 el 61.4% de la

población ocupada dependiente recibía un salario inferior al costo de la canasta básica de

alimentos, en un 87% de los casos el salario no le permite a los trabajadores cubrir el valor

de la canasta básica vital y el 50.1% cobraba mensualmente un salario inferior al mínimo

oficial. En todos estos casos, se trataba mayormente de población femenina, indígena, rural

e informal. Por ramas de actividad estas personas se encontraban en un mayor porcentaje

vinculadas al sector agrícola o de los servicios sociales y de salud y eran jornaleras o

empleadas y empleados domésticos (PNUD, 2008, Vol. II, pág. 128).

71. A pesar del proceso de urbanización que sufre el país, entre 1989 y 2006 el sector

agrícola seguía siendo el que más empleo generaba aunque su peso en relación con los

demás sectores productivos tiende a ir disminuyendo lentamente. En 1989 la agricultura

concentraba casi la mitad de la población ocupada del país (49.9%) y siete años después

(2006) la población que empleaba representaba una tercera parte de todas las personas

empleadas (33.22%); la población ocupada en la agricultura es mayoritariamente masculina

e indígena. El comercio, por su parte, tiene una importancia cada vez mayor en la

generación de empleo, en 2006 daba trabajo al 22.76% de la población ocupada cuando en

1989 sólo representaba el 13%. A diferencia de la agricultura, la población que trabaja en el

comercio es mayormente femenina, urbana y no indígena. Dada la limitada relevancia de la

industria en la estructura productiva del país, es comprensible que la población ocupada

vinculada laboralmente a este sector ocupe un tercer lugar en importancia, aunque su

participación tiende a crecer con el paso del tiempo, en 2006 la industria ocupaba al

15.87% de la población, mientras que años atrás (1989) representaba dos puntos

36

porcentuales menos (13.67%) y hasta el 2000 este indicador no había sufrido cambios de

importancia. El perfil del trabajador que demanda la industria es el de hombres y mujeres

prácticamente a partes iguales, mayoritariamente rural y no indígena. A estos sectores

productivos les seguían de manera menos significativa y en su orden, el de los servicios

sociales y de salud, la construcción, los servicios financieros y las comunicaciones. (Ver

Anexos, Cuadro 43, Población ocupada según rama de actividad. En miles de habitantes y

porcentajes, 1989-2006)

72. Las condiciones de precariedad del empleo en el país determinan de forma negativa

la organización de las trabajadoras y trabajadores ocupados, de hecho, el movimiento

sindical tiene una limitada capacidad de incidir sobre las decisiones políticas que pudieran

afectarles y su capacidad de interlocución con las instituciones del Estado es escasa, lo que

los coloca en una posición de debilidad frente al enorme poder de las organizaciones

empresariales. Los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Trabajo refieren que

en 2005 sólo el 1.5% de la población ocupada del país se encontraba afiliada a una

organización sindical (79,915 trabajadores). “Sin embargo, su único problema no es su

conformación numérica, o sus características socioculturales, sino la baja

representatividad y la debilidad que las organizaciones de trabajadores tienen frente a la

concentración de poder de los grandes empresarios” (PNUD, 2008, Vol. II, págs. 39 y

129). El perfil predominante del trabajador sindicalizado sería el de un hombre, urbano, no

indígena, con estudios secundarios, entre los 36 y los 64 años de edad y vinculado a

empresas grandes, con más de 50 empleados.

A.3 Indicadores sobre el sistema político

73. La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 140 define el

sistema político del Estado como republicano, democrático y representativo (Asamblea

Nacional Constituyente, 1985). En la cabeza del Organismo Ejecutivo se sitúan el

Presidente y el Vicepresidente, elegidos directamente por los ciudadanos en las elecciones

como binomios. Su mandato está limitado a un período improrrogable de cuatro años. El

Vicepresidente puede ser candidato para presidente después de pasar cuatro años fuera de

37

su cargo. El artículo 187 estipula que “la persona que haya desempeñado durante cualquier

tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya

ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en

ningún caso”.

74. El poder legislativo lo ejerce el Congreso de la República, que es un órgano

unicameral, compuesto por 158 diputados electos directamente mediante sufragio universal

y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un período de cuatro

años, pudiendo ser reelectos. Cada departamento del país constituye un distrito electoral,

con excepción del departamento de Guatemala; en este departamento, el municipio donde

se ubica la ciudad de Guatemala constituye el denominado “distrito central”, mientras que

los restantes municipios del departamento conforman el “distrito de Guatemala”. Por cada

distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de

diputados que corresponden a cada distrito en proporción a la población. Un número

equivalente al 25% de diputados distritales es electo directamente como diputados por lista

nacional.

75. Hay 25 partidos políticos inscritos legalmente para participar en las próximas

elecciones generales, que tendrán lugar en septiembre de 2011. El requisito para convertirse

en partido político, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es que cada agrupación

tenga representación en al menos 50 municipios y 12 departamentos; y, que cuente con un

número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón

electoral utilizado en las últimas elecciones generales y de estos, por lo menos la mitad

deben saber leer y escribir.

76. El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se encuentra actualmente en el

gobierno con Álvaro Colom Caballeros como Presidente de la República y Rafael Espada

como Vicepresidente, para el período de gobierno comprendido entre 2008 y 2012; el

Partido Patriota (PP) es el principal partido de la oposición y al cual las más recientes

encuestas realizadas hasta el momento (diario El Periódico, 28 de marzo de 2011) otorgan

mayores probabilidades de victoria en las próximas elecciones, con un 47.2% de intención

38

de voto. Desde el comienzo del actual régimen democrático (1986), ningún partido ha

logrado mantenerse en la Presidencia después de un mandato, es decir, los cuatro años que

dura el gobierno, lo que evidencia, junto con otros factores, la debilidad del sistema de

partidos políticos como organizaciones poco arraigadas entre la ciudadanía, que funcionan

sobre todo como vehículos electorales cuyo fin es conducir a un candidato a la Presidencia

y que resultan escasamente funcionales como instituciones de intermediación entre la

ciudadanía y el sistema político.

77. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población con

derecho a voto se está incrementando tanto en términos absolutos como relativos, esto

último, se debe a la reducción de la natalidad y al paulatino aumento de la esperanza de

vida, ambos factores combinados hacen que aumente el peso demográfico de los grupos

adultos. Así, en 2005 el 50% de la población contaba con 18 años o más de edad, mientras

que se estima que en 2015 la población adulta representará el 53.72% y en 2030 será el

61.98%. (Ver Anexos, Cuadro 44, Evolución de la población con derecho a voto [18 años o

más] según proyecciones demográficas del INE, 2005-2030)

78. El padrón electoral se ha incrementado a un ritmo variable y en la actualidad se

acerca a los seis millones y medio de personas. Los ritmos de incremento deben ser

considerados cuidadosamente, en función de los procesos de depuración del padrón que

tienen lugar regularmente y que eliminan a miles de ciudadanos cuyas inscripciones están

duplicadas o que han fallecido. Entre 1985 y 2007 el padrón creció un 117.5%. En

Guatemala la ley no permite votar a los ciudadanos extranjeros residentes en el país, a los

guatemaltecos residentes en el exterior, ni a los miembros del ejército ni de la policía en

servicio activo. (Ver Anexos, Cuadro 45, Evolución del padrón electoral de 1985 a 2007)

79. En las últimas elecciones generales (2007) hubo 147 quejas relacionadas con

presuntas irregularidades en el proceso de votación. Según información del Tribunal

Supremo Electoral, de las 147 quejas, 75 fueron recursos de nulidad, 28 recursos de

revisión y 26 acciones constitucionales de amparo. Además, hubo 17 quejas relacionadas

con denuncias varias (tales como, incidentes, revocatorias y reposiciones) y una acción de

39

inconstitucionalidad. Sin embargo, la información que el TSE pone a disposición pública

no permite conocer cuál fue el resultado de cada una de las quejas luego de tramitadas por

el órgano correspondiente. (Ver Anexos, Cuadro 46, Recursos y otras acciones interpuestas

durante el proceso electoral de 2007)

80. La legislatura 2008-2011 se conformó sobre la base de un fraccionamiento extremo

en cuanto al número de partidos con representación parlamentaria, fueron trece los distintos

grupos políticos que llevaron diputados al Congreso y con el paso del tiempo, diputados de

seis de ellos se han declarado independientes (sin agrupación política). La distribución de

escaños en el Congreso ha variado desde el comienzo de la legislatura, debido al fenómeno

del transfuguismo, que consiste en el abandono de numerosos diputados de las filas del

partido por el cual fueron electos, el cual dejan en función de razones de lo más diverso.

Muchos de ellos se afilian a otro partido político o se declaran independientes. En la

actualidad, no existe ninguna ley que regule el transfuguismo y la conformación de nuevas

bancadas independientes en el Congreso. A pesar del fenómeno ya señalado, a menos de un

año del final de la legislatura, la UNE ha logrado mantener el mayor número de escaños

(33), muy lejos de la mayoría absoluta, pero ha estado apoyada en el Congreso por un

acuerdo con la Gran Alianza Nacional (GANA), con sus 26 diputados, acuerdo que se

materializó finalmente con la conformación de la alianza UNE – GANA, como fórmula que

se postula candidata para las elecciones de 2011. En la oposición parlamentaria, los grupos

más grandes han sido el PP, con 26 diputados y Libertad Democrática Renovada –LÍDER-,

con 25 diputados que anteriormente formaban parte de la bancada oficial. (Ver Anexos,

Cuadro 47, Distribución de escaños legislativos por partido y grupo político. Sexta

legislatura, 2008-2011 y Gráfico 7, Distribución de escaños en el Congreso, junio 2010)

81. Los partidos que llegaron a la presidencia en anteriores elecciones han sufrido

procesos de descomposición y una acusada pérdida de fuerza electoral, pasando a tener una

representación testimonial, lo que evidencia la poca implantación que tienen entre la

población. Así, el Partido de Avanzada Nacional -PAN- que estuvo al frente de la

presidencia durante el período 1996-1999, consiguió apenas dos diputados en la última

legislatura; el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido de gobierno entre 2000 y

40

2003, obtuvo un exiguo número de escaños en la última legislatura (nueve diputados). Por

otra parte, el partido que representa a la exguerrilla, la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca –URNG-, tiene una muy escasa presencia en el arco parlamentario (dos

diputados). (Ver Anexos, Gráfico 7, Distribución de escaños en el Congreso, junio 2010)

82. En Guatemala, las marcadas desigualdades de género se evidencian también en los

cargos de dirección, en los cuales apenas si es perceptible la presencia femenina. Esto es

válido tanto en el sector público como en el privado, situación que también se refleja en el

sistema político. Así, de los 158 diputados sólo 20 son mujeres, lo que representa el 12.6%

de los representantes al Congreso. (Ver Anexos, Gráfico 8, Mujeres diputadas en el

Congreso de la República. Números absolutos, junio 2010) Este porcentaje está muy lejos

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo referente a Equidad de Género, los cuales

proponen la meta de, al menos, un 40% de mujeres como representantes en el Organismo

Legislativo en 2015. Tal inequidad es aún mayor en el ámbito político municipal: de los

3,690 cargos electos en 2007 para las corporaciones municipales, entre alcaldes, síndicos y

concejales, únicamente 242 candidatas electas (6.5%) fueron mujeres; y de los 332 alcaldes

electos, sólo seis, es decir el 1.8%, fueron mujeres.

83. Todos los procesos electorales habidos en el país tras la aprobación de la

Constitución Política de 1985 se han celebrado dentro de los plazos establecidos por la ley,

incluso cuando se produjo la momentánea interrupción del orden constitucional como

consecuencia del autogolpe de Estado fallido protagonizado por el entonces presidente

Jorge Serrano Elías, el 25 de mayo de 1993. En aquel momento el Congreso eligió a quien

en aquel momento fungía como Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León

Carpio, para que ejerciera la presidencia interina por el tiempo que restaba al mandato

presidencial de Serrano, hasta la celebración de los siguientes comicios, que se llevaron a

cabo en el tiempo previsto.

84. Pese a la poca confianza que, en general, la ciudadanía manifiesta hacia el sistema

político (véase Azpuru, 2010, pág. 166), en los últimos tres procesos electorales la

participación ciudadana en procesos electorales apunta una tendencia creciente y, por tanto,

41

un paulatino descenso del abstencionismo. Así, en la primera vuelta de las elecciones

generales de 2007, el abstencionismo en relación con el número de empadronados

disminuyó desde la cima del 53.2% de 1995 hasta un 39.53%. (Ver Anexos, Gráfico 9,

Participación y abstención electoral en primera vuelta. En porcentajes, procesos electorales

de 1985 a 2007 y Cuadro 48, Abstencionismo secundario en la primera y segunda vueltas

de las elecciones generales de 2007)

85. La revisión de los datos históricos de los procesos electorales permite observar que

el abstencionismo siempre se eleva en la segunda vuelta, momento en el cual se define cuál

será el binomio presidente-vicepresidente. Esto está relacionado con el hecho de que

durante la primera vuelta electoral, además del presidente y vicepresidente se eligen las

autoridades locales (alcaldes y corporaciones municipales) y los diputados al Congreso de

la República y la población suele estar más interesada en participar en este momento ya que

es entonces cuando se define la elección de las autoridades que les resultan más próximas.

Desde las elecciones de 1985, no ha habido candidato que gane con mayoría absoluta en la

primera vuelta electoral, por lo que ha sido necesario acudir siempre a la segunda. En las

elecciones de 2007, el número de votantes empadronados que no acudió a las urnas en la

primera vuelta representaba el 39.53% del padrón, pero la abstención superó la mitad del

padrón electoral (51.80%) durante la segunda ronda.

86. Los datos referidos hasta ahora aluden al abstencionismo secundario o

abstencionismo sobre padrón, y no al primario o real, es decir, al que se calcula sobre el

total de la población mayor de 18 años que, sin duda, eleva los porcentajes;

lamentablemente, no existen estimaciones a nivel nacional sobre la dimensión total del

abstencionismo primario, aunque algunos estudios han mostrado un abstencionismo

electoral notable, sobre todo en los municipios más rurales y con población más dispersa

por el territorio. Estimaciones propias, que comparan la proyección de la población con 18

años y más de edad en el año 2010 y el número de empadronados a mediados de ese año,

permiten concluir que más del 16% de la población adulta no acude a empadronarse y por

lo tanto no está habilitada para votar. (Ver Anexos, Gráfica 10, Participación y abstención

electoral en segunda vuelta. En porcentajes, procesos electorales de 1985 a 2007; y, Cuadro

42

49, Población adulta sin empadronar, en porcentajes. Estadísticas del padrón electoral por

departamento al 31 de agosto de 2010)

87. El análisis por distritos electorales no permite identificar un determinado

comportamiento en los niveles de participación sobre la base de criterios geográficos. Así,

los cinco distritos electorales en los que en 2007 se registró un mayor abstencionismo sobre

padrón (por encima del 44%) se encuentran dispersos por diferentes regiones del país, en

occidente (San Marcos, con 44.81%), oriente (Izabal, 45.82%), centro (distrito central,

47.27%), norte (Petén, 44.32%) y sur (Santa Rosa, 45.22%). Tampoco el abstencionismo

pareciera estar directamente relacionado con criterios étnico-territoriales: uno de los

departamentos donde la población es mayoritariamente indígena, Huehuetenango, tiene un

abstencionismo por encima del 40%, pero otros, también de mayoría indígena, como

Sololá, Chimaltenango y Alta Verapaz, presentan una abstención de 27, 31 y 33%,

respectivamente. Incluso la creencia de que en el ámbito urbano se acude más a votar que

en el rural se puede poner en cuestión: de hecho, el distrito central, que corresponde al

municipio de la ciudad capital, el área más urbanizada del país, es el que registró el mayor

índice de abstencionismo de entre todos los distritos electorales en la primera vuelta de las

elecciones presidenciales de 2007. (Ver Anexos, Cuadro 48, Abstencionismo secundario en

la primera y segunda vueltas de las elecciones generales de 2007)

88. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental durante los

procesos electorales como mecanismos privilegiados para que los partidos políticos hagan

llegar sus propuestas a la ciudadanía, por lo tanto, el acceso regulado y en condiciones de

igualdad al uso del tiempo de aire en los medios hablados y al espacio físico en los escritos

resulta fundamental durante las campañas electorales. En Guatemala prácticamente todos

los medios de comunicación son de propiedad privada, con excepción del diario oficial

(Diario de Centro América) y de una estación de radio pública –TGW-. En el país hay seis

diarios de circulación nacional: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora

(vespertino), Al Día y Nuestro Diario. Los de mayor tirada son Nuestro Diario, con una

impresión diaria de cerca de 250 mil ejemplares (Verified Audit Circulation, marzo 2011),

y Prensa Libre con una edición matutina de 130 mil ejemplares y 600 mil lectores diarios.

43

Los otros periódicos de tirada nacional no ofrecen información fácilmente accesible

respecto a sus lectores o número diario de ejemplares editados. Los otros medios de

comunicación, radio y televisión, son emisoras en manos de capital privado, con la

excepción de TGW, tal como ya se mencionó. Hasta el momento esta radio dispone de una

cobertura del 45% del territorio nacional pero tiene previsto que, tras una donación de

Taiwán (marzo de 2011), llegue al 100% del país. En el mundo de la televisión existen dos

noticiario de televisión abierta: Noti7 y Telecentro Trece y existen otros transmitidos en

canales de pago a través de cable, estos son Guatevisión y Hechos de Guatemala. Entre los

canales de televisión de pago destaca Guatevisión ya que su cobertura llega a todo el resto

de Centroamérica y a Norteamérica. El resto de emisoras de televisión emiten en abierto y

están en manos del grupo mexicano liderado por el empresario Ángel González. Entre éstas

se encuentran: TV Azteca Guatemala, Televisiete y Trececanal. Entre los noticiarios de

radio más conocidos están: Patrullaje Informativo y Radio Sonora. También existe un

número importante de radios comunitarias que generalmente tienen una cobertura muy

limitada a la localidad en la que se encuentran ubicadas y en muchas ocasiones son

gestionadas por ONG u organizaciones de carácter comunitario.

89. De conformidad con el artículo 220 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “el

Tribunal Supremo Electoral, conjuntamente con los fiscales de los partidos políticos,

durante las primeras dos semanas de convocado el proceso electoral deberá establecer en

cada evento electoral o procedimiento consultivo, para aplicarse por igual a cada

organización política o coalición participante, los tiempos máximos y horarios a contratar

para propaganda electoral en los medios de comunicación social, radiales y televisivos, así

como el espacio en los medios escritos. Los medios de comunicación no podrán negar a

ninguna organización política la contratación de tiempos y espacios para propaganda

dentro de los límites establecidos. Asimismo, deberán dar igual tratamiento a dichas

organizaciones, tanto respecto al precio o tarifa, como a la importancia de la ubicación

temporal o espacial de los mensajes publicitarios” (Asamblea Nacional Constituyente,

2007, pág. 33).

44

90. El creciente trabajo que desarrollan las ONG nacionales e internacionales en países

periféricos y con estados débiles e incapaces de satisfacer las necesidades básicas de su

población abarca desde los derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación,

hasta la investigación social o la difusión. Hay ámbitos en los cuales su actividad resulta

vital, dado que llegan a sitios y cubren necesidades que el Estado no alcanza a atender, pero

también se enfrentan a dificultades como la falta de coordinación entre las acciones del

Estado y las ONG, o entre ellas mismas lo cual puede conllevar la duplicación de esfuerzos

o la falta de impactos sensibles y perdurables. En 1996, año de la firma de los Acuerdos de

Paz, un informe de AID señalaba que “nadie sabe con certeza cuántas ONG existen en

Guatemala, y tampoco existe ningún acuerdo respecto a cómo definirlas. Sin embargo, ya

sea que se trate de cientos o de miles de organizaciones, las ONG, especialmente aquellas

involucradas en actividades de desarrollo, se perfilan como actores de creciente

importancia dentro del proceso de paz” (Management Systems International, 1996, pág.

12). El pronóstico de aquel documento era acertado en el sentido de que Guatemala se

convirtió en un país donde se prodigó la presencia de ONG tras la firma de los Acuerdos de

Paz, concentrándose especialmente en la ciudad capital y en los departamentos con fuerte

presencia indígena. En 2003, el Decreto 02-2003 creó la Ley de Organizaciones No

Gubernamentales para el Desarrollo, en cuyo artículo 2 se definen como las organizaciones

“constituidas con intereses culturales, educativos, deportivos, con servicio social, de

asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, sin fines de lucro”

que “tendrán patrimonio propio proveniente de recursos nacionales o internacionales, y

personalidad jurídica propia”. Actualmente, sigue sin conocerse el número exacto de ONG

que trabajan en el país; el Ministerio de Gobernación tiene la obligación de llevar un

registro de las mismas, si bien dicho registro no se encuentra accesible en la red.

A.4 Indicadores sobre la delincuencia y la administración de justicia

91. La inseguridad y la violencia son, con diferencia, los mayores problemas que pesan

sobre la sociedad guatemalteca en la actualidad, así como el mayor reto que haya

enfrentado jamás el sistema de administración de justicia del país. La dimensión del crimen

45

en sus diversas modalidades es de tal magnitud y complejidad que las medidas adoptadas

por los diferentes gobiernos a lo largo de los últimos años no han logrado frenar el

incremento en las cifras de violencia, ni mejorar los indicadores de desempeño de las

instituciones del Estado encargadas de la persecución penal y la impartición de justicia.

92. Entre 1999 y 2009 el número de homicidios registrados se ha incrementado un

121.7%. De 2 mil 655 víctimas de homicidio en 1999 se ha llegado a 6 mil 489 en 2009. En

este período de once años, el total de víctimas de muerte violenta no accidental asciende a

50 mil 946 personas. La violencia mortal provocada por el crimen durante los últimos años

se ha cobrado un promedio anual de víctimas (6,500 al año) mayor que las que año con año,

en promedio, tuvieron lugar durante el conflicto armado interno (4,166 al año). De

conformidad con la Organización Panamericana de la Salud –OPS- la ocurrencia de más de

10 homicidios por cada cien mil habitantes por año, constituye una epidemia. En 2009, en

Guatemala se registró una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes y desde 2005

la tasa no se ha reducido por debajo de 40, lo cual cuadruplica el índice establecido por

OPS. Un análisis más detallado permite observar que hay departamentos en los que la tasa

nacional casi se duplica, como es el caso de Chiquimula con 91 homicidios por cada 100

mil habitantes o el departamento de Guatemala con 87 a los cuales les siguen, con las tasas

más altas, los departamentos de Escuintla (77), Izabal (74), Petén (71) y Santa Rosa (71).

Existen pocos elementos en común entre estos seis departamentos: Chiquimula está en la

zona oriental del país, es fronterizo, tiene población eminentemente ladina (no indígena) y

en él, el narcotráfico tiene importante presencia, pero todas estas características también las

tiene Jutiapa, y allí la tasa de homicidios es sensiblemente menor (52). El departamento de

Guatemala presenta la mayor aglomeración urbana del país y altos índices de delincuencia

en general, así como una intensa actividad de organizaciones delincuenciales juveniles

(maras) en particular. Izabal y Petén cuentan con la menor densidad de población del país

pero con un progresivo incremento demográfico debido a la fuerte inmigración interior

hacia ambos departamentos; son territorios fronterizos donde existe escaso control

gubernamental y presencia de múltiples flujos ilegales (narcotráfico, tráfico de personas, de

madera,…). Escuintla y Santa Rosa, departamentos sureños y vecinos, son áreas de tránsito

cada vez más vinculadas a las dinámicas de la aglomeración urbana capitalina. (Ver

46

Anexos, Cuadro 50, Número de homicidios y tasa por cada 100 mil personas, 1995-2009;

y, Gráfico 12, Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1995-2006)

93. En el otro extremo, los seis departamentos con menor tasa de homicidios son:

Totonicapán (4), Quiché (9), Sololá (13), Alta Verapaz (15), Huehuetenango (17) y

Chimaltenango (19). Todos ellos tienen en común el hecho de ser departamentos

predominantemente indígenas y con altos índices de pobreza y déficit de inversión social.

Las anteriores cifras ponen en entredicho la extendida y simplista creencia de que existe

una relación casi automática y directamente proporcional entre pobreza y violencia cuando

en realidad se trata de un fenómeno multicausal y de enorme complejidad. (Ver Anexos,

Cuadro 51, Número de homicidios y tasa por cada 100 mil personas en los seis

departamentos con mayor y con menor tasa de homicidios, 2009)

94. Entre 1995 y 1998 las cifras de homicidios registrados en el país eran

sustancialmente menores a las de años más recientes lo cual resulta particularmente

llamativo si se toma en consideración que durante los primeros dos años de ese período

(1995 y 1996) el país todavía vivía un conflicto armado interno cuyo final llegaría hasta

diciembre de 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz. Inmediatamente después de la

suscripción de dichos acuerdos (1997) las cifras de muertes violentas se incrementaron

siguiendo la inercia de la tendencia de los años previos, pero durante los siguientes dos

años el impacto de esa violencia se logró reducir de manera importante hasta alcanzar su

punto más bajo en 1999 (26 homicidios por cada 100 mil habitantes). Lo anterior podría

deberse a la implementación de las reformas que los Acuerdos de Paz estipulaban en

relación con las fuerzas de seguridad; la disolución de la Policía Nacional y su reconversión

en Policía Nacional Civil y las iniciativas de fortalecimiento del sistema de justicia, puestas

en marcha con el apoyo de diversos países que colaboraron con el proceso de paz, así como

los cambios que ello conllevó pueden ser elementos que están en el origen del

comportamiento positivo de los datos durante ese período. Desafortunadamente, muchos de

los procesos iniciados durante esos primeros años post conflicto no lograron consolidarse e,

incluso, han sufrido importantes retrocesos entre los que pueden señalarse la conformación

y consolidación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, el fortalecimiento

47

local de organizaciones delincuenciales vinculadas con el crimen organizado a nivel

internacional y la expansión en número y presencia territorial de las pandillas juveniles

vinculadas con el crimen (maras). Muchas de estas expresiones criminales han llegado a

infiltrar gran parte de las instituciones del Estado garantizándose así la impunidad de sus

actos y la posibilidad de continuar e incrementar las ganancias vinculadas con sus

actividades criminales, lo cual conduce a un alarmante detrimento de la seguridad de la

ciudadanía, la democracia y el Estado de derecho. (Ver Anexos, Gráficos 11 y 12, Número

de homicidios registrados, 1995-2006; y, Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes,

1995-2006)

95. La creciente percepción de inseguridad experimentada por guatemaltecos y

guatemaltecas, su sensación de impotencia y su persistente reclamo por que las cosas

mejoren son comprensibles si se toma en consideración que cada día en el país mueren de

forma violenta y provocada un promedio de 17.8 personas, lo cual significa que cada 81

minutos una persona está siendo asesinada. Tal como ya se ha señalado con anterioridad,

esta es una situación resultante de un acelerado proceso de deterioro que se ha agudizado

particularmente a lo largo de los últimos siete años cuando luego de un período de corta

mejoría, en el que estos índices lograron reducirse hasta un promedio diario de 7.3

homicidios (1999), el proceso se revirtió para ubicarse en 2001 (8.8 casos diarios) al mismo

nivel que seis años atrás (8.9 casos diarios) y crecer acelerada y sostenidamente en los años

subsiguientes. (Ver Anexos, Cuadro 50, Número de homicidios y tasa por cada 100 mil

personas, 1995-2009)

96. Según datos proporcionados por el PNUD, Guatemala se encontraba en 2006 entre

los países más violentos del continente americano, tal como se observa en el Gráfico 13,

incluido en los Anexos. De hecho, “el ‘Triángulo Norte’ de Centroamérica (El Salvador,

Honduras y Guatemala) presenta niveles de violencia considerablemente superiores a

Colombia, el único país de la región que continúa viviendo un conflicto armado interno”

(PNUD, 2007, págs. 22 y 23). Mientras El Salvador se ubicaba como el país más violento

del continente con una tasa de homicidios de 59.9 casos por cada 100 mil habitantes,

seguido de Honduras con 59.6 y Guatemala con 44.2, Colombia tenía una tasa de 43. En

48

contraposición a estos, en otros países del continente como Chile, Estados Unidos o

Uruguay, por ejemplo, este indicador no alcanzaba siquiera los 6 casos por 100 mil

habitantes (sus indicadores equivalen a 1.9, 5.6 y 6.6, respectivamente). (Ver Anexos,

Gráfico 13, Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunos países de América,

2005)

97. “El mismo tipo de comparación internacional puede llevarse a cabo tomando como

unidad de análisis (las) ciudades. (…)Para el caso de las ciudades seleccionadas vemos

que la capital guatemalteca se posiciona (como la más violenta del continente) muy por

encima de ciudades consideradas muy violentas como Detroit (47 casos por cada 100 mil

habitantes) y Río de Janeiro (con 40.2). La ciudad de Guatemala es uno de los lugares más

violentos del continente (108 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2006). Es notable

el caso de Medellín que muestra una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de

29.4 en 2006, habiendo estado en un nivel de 220 hace tan poco como 2001. Este es un

ejemplo excelente de lo que se puede lograr cuando las autoridades abordan con mayor

responsabilidad y con enfoques más integrales la seguridad logrando promover

condiciones para mayor participación social.” (PNUD, 2007, págs. 22 y 23). A todo lo

anterior se suma el hecho de que, según datos del Observatorio Interamericano de

Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos –OEA-, en 2005 el

79.41% de los homicidios fueron cometidos utilizando armas de fuego (OEA, 2011) y, de

acuerdo con el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –IEPADES-, en 2008

ese porcentaje se había incrementado hasta el 82 (IEPADES, 2008, pág. 2). Esto obliga a

poner sobre la mesa otros de los grandes problemas que afronta la sociedad guatemalteca:

la falta de control sobre la tenencia, portación y uso legal de armas; la circulación,

portación y uso impune de armas de fuego ilegales, así como el tráfico de armas que se

produce dentro del territorio nacional para el consumo interno o cuyo destino es el

extranjero. Según esta última fuente, en Guatemala sólo el 1% de la población posee armas

de fuego legalmente registradas, por lo que la mayor parte de los actos criminales que

tienen lugar se cometen con armas que no se encuentran debidamente registradas lo que

hace aún más difícil dar con los responsables de los hechos. (Ver Anexos, Gráfico 14, Tasa

de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunas ciudades de América, 2006)

49

98. En abril de 2009, el Congreso de la República aprobó una nueva Ley de Armas y

Municiones, diez años después de que se presentara la primera propuesta para llevar a cabo

este indispensable proceso legislativo. Durante ese lapso, la cámara legislativa sucumbió

reiteradamente ante las presiones y amenazas ejercidas por intereses vinculados a las

empresas de comercialización de armas y municiones, a otros grupos relacionados con el

comercio ilegal de las mismas y a grupos criminales de diversa denominación. Entre los

elementos positivos y novedosos de la nueva ley está la creación de un registro de armas

más moderno, la creación del registro de la huella balística y un nuevo catálogo de penas

más severas para quienes infrinjan la ley.

99. Además de los homicidios, que constituyen la forma más extrema de violencia, en el

país también tienen lugar una serie de delitos que plantean una amenaza a la vida de las

personas, todos los cuales forman parte del fenómeno de la victimización. Tal como se

observa en el Cuadro 51, incluido en los Anexos, la Policía Nacional Civil reporta que en

2008 se denunciaron un total de 32 mil 20 hechos de este tipo, entre los que se incluyen:

lesiones (6,938), linchamientos (39), robos y asaltos (14,820), secuestros (213),

desapariciones (1,318) y violencia intrafamiliar (2,050), todo lo cual da como resultado que

en el país, por cada 100 mil habitantes se registren 234 hechos delictivos que han puesto en

riesgo la vida de las personas. Los hechos criminales que aquí se recogen son aquellos que

las víctimas han denunciado frente a las autoridades, pero dada la falta de confianza de la

ciudadanía en el sistema de justicia y especialmente en las fuerzas de seguridad, por su

poca eficacia en la persecución del delito, un alto porcentaje de los hechos criminales no se

denuncia, en particular los robos y asaltos, las lesiones y, de manera más acusada, los que

incluyen componentes sexuales o tienen lugar en el seno del hogar como la violencia

intrafamiliar y las violaciones, por ejemplo. Por lo tanto, debe asumirse que la magnitud del

fenómeno de la violencia es mucho mayor que lo que muestran las cifras oficiales, dando

por sentada la existencia de una cifra negra de criminalidad sobre la cual hay poco

estudiado. Uno de los escasos estudios que recogen algún cálculo al respecto señala, por

ejemplo, que en 2005 sólo el 20% de las lesiones se denunciaban frente a las autoridades y

que en conjunto, más del 50% de todos los delitos no se denunciaban. La única excepción

50

en esta generalizada tendencia era el robo de vehículos debido a que la denuncia es un

requisito imprescindible para cualquier reclamo ante las compañías aseguradoras

(POLSEC, 2005, p.5). (Ver Anexos, Cuadro 52, Victimización según tipo de hecho

delictivo. Frecuencia y tasa, 2008)

100. El análisis de la tasa de victimización en el ámbito departamental muestra que, una

vez más, el departamento de Guatemala registra la situación más grave con una tasa que

duplica con creces el promedio nacional, llegando a registrar 500 hechos delictivos por

cada 100 mil habitantes, seguido de Escuintla (359), Sacatepéquez (358), Zacapa (239),

Chiquimula (271) e Izabal (223). En todos los casos los delitos más frecuentes son los

robos y los asaltos, seguidos de los homicidios, las lesiones y la violencia intrafamiliar. En

el otro extremo, los departamentos con menores tasas de victimización son, de nuevo, los

que tienen una población mayoritariamente indígena. En ellos las tasas son sustancialmente

menores, tal es el caso de Totonicapán (51casos por cada 100 mil habitantes) en el que la

tasa de victimización es diez veces menor que la del departamento de Guatemala y a éste le

siguen Quiché (64), Sololá (74), Alta y Baja Verapaz (76 y 92 respectivamente). Al

comparar estos departamentos con los de mayores tasas, es posible comprobar cómo en

ellos la prevalencia de cierto tipo de delitos sobre otros se modifica de modo que aunque

los robos y asaltos siguen siendo los más frecuentes, en segundo término se encuentran los

delitos relacionados con la violencia intrafamiliar, por encima de las lesiones o los

homicidios. (Ver Anexos, Cuadro 52, Victimización según tipo de hecho delictivo.

Frecuencia y tasa, 2008)

101. La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-

96 del Congreso de la República), establece la obligatoriedad de que una serie de

instituciones del Estado (Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación,

Organismo Judicial y Policía Nacional Civil) utilicen un formulario único (Boleta Única de

Registro Estadístico de Violencia Intrafamiliar) para el registro estadístico de todos los

hechos de violencia intrafamiliar que les sean denunciados y que éstas sean puestas a

disposición del INE para que se puedan elaborar las estadísticas oficiales correspondientes.

En múltiples ocasiones, diversas organizaciones de mujeres han denunciado la falta de

51

colaboración de las instituciones en relación con esta obligación, así como la falta de

coordinación interinstitucional en la atención y el seguimiento de los casos denunciados,

todo lo cual hace que sea muy difícil tener una imagen real de la magnitud del fenómeno. A

pesar de ello, desde hace algunos años la Coordinadora Nacional para la Prevención de la

Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –CONAPREVI- y el INE vienen trabajando

conjuntamente con el objeto de generar estadísticas periódicas que permitan dimensionar el

fenómeno, como paso fundamental para su apropiada atención. A diferencia de lo apuntado

en el cuadro correspondiente a la tasa de victimización, que sólo recoge 2 mil 50 casos de

violencia intrafamiliar denunciados frente a la PNC durante 2008, el INE registra un total

de 23 mil 721 para el mismo año; de estos, el 90% son hechos ocurridos en contra de

mujeres. Estas cifras representan un incremento del 12% respecto del año anterior en el

cual hubo un total de 21 mil 153 denuncias, aunque la tendencia en relación con el sexo de

las víctimas es la misma en ambos períodos. Durante estos dos últimos años ha tenido lugar

un marcado incremento en el número de casos registrados, pero resulta muy difícil

establecer si esto se debe a que ha habido un importante repunte en el número de hechos de

violencia intrafamiliar, si se debe a que ha aumentado la cantidad de denuncias o si la razón

para ello es que se han mejora sustancialmente los sistemas de registro, pero probablemente

sea una combinación de todos los factores. El Gráfico 15, incluido en los Anexos, muestra

cómo durante 2005 y 2006 los casos registrados eran poco más de 8 mil y representaban

menos de una tercera parte de los conocidos durante los dos años siguientes y también

permite apreciar que en 2003 y 2004 su proporción respecto a los últimos años era todavía

mucho menor (alrededor de 4 mil 500 y 7 mil casos, respectivamente). (Ver Anexos,

Gráfico 15, Casos de violencia intrafamiliar por sexo, según año de registro. Frecuencias

2003-2008; y, Cuadro 53, Población víctima de violencia intrafamiliar por sexo, relación

con el agresor, grupo étnico, edad y etnicidad. Frecuencias, 2008)

102. De acuerdo con esta misma fuente, durante 2008 en un 73.8% de los casos fueron

los esposos, esposas o convivientes los responsables de las agresiones, en un 10% fueron

los ex cónyuges o ex convivientes y en porcentajes menores los padres o las madres, los

hermanos y hermanas y los hijos e hijas quienes protagonizaron la agresión. Por grupos de

edad, es la población femenina comprendida entre los 20 y los 29 años quienes más

52

agresiones sufre, en ellas recae el 40% del total de las agresiones a mujeres y el 35.5% del

total de los hechos de violencia intrafamiliar registrados y, conforme la edad aumenta la

cantidad de agresiones disminuye progresivamente. Es particularmente llamativo el peso

relativamente bajo que tienen los hechos de violencia intrafamiliar registrados, sufridos por

niños y niñas menores de catorce años lo cual podría ser fiel reflejo de la realidad o, por

otra parte, podría evidenciar el grado de indefensión del que son objeto, en tanto su edad, el

desconocimiento de sus derechos y sus condiciones de vida determinan su imposibilidad de

acceso a mecanismos eficaces para denunciar.

103. Finalmente, respecto al fenómeno de la violencia intrafamiliar, la Encuesta de Salud

Materno-Infantil 2008/2009 llevada a cabo por el INE, revela que un 45.2% de las mujeres

entrevistadas (muestra considerada representativas de la realidad del país) serían víctimas

de violencia intrafamiliar y habrían sufrido alguno de los tres tipos de agresión acerca de

las cuales se preguntó: verbal, física o sexual, en tanto un 7% de ellas habría sufrido

violencia de los tres tipos. El mayor porcentaje de las mujeres agredidas se encuentran en el

área urbana (48.8%) y son mujeres no indígenas (47%). El tipo de violencia más

frecuentemente sufrida por las mujeres es la verbal, seguida de la física y por última la

sexual. (Ver Anexos, Cuadro 54, Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar según tipo de

agresión por área y etnicidad. En porcentajes sobre el total de mujeres entrevistadas, 2009)

104. Más allá de la violencia intrafamiliar, a lo largo de 2010 el Ministerio Público –MP-

registró un total de 9 mil 516 delitos sexuales y de ellos el 83.4% fueron cometidos en

contra de mujeres. Por rangos de edad, la mayor parte de este tipo de hechos se producen en

contra de la población comprendida entre los 0 y los 14 años, la tendencia se reduce en

edades entre los 15 y los 25 años para luego volver a elevarse entre las mujeres mayores de

26. Entre los diversos delitos sexuales el más frecuente es la violación (57.6% de los casos),

seguida de las agresiones sexuales (32.7%) y la violación agravada (8.7%). En el año 2005

la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala presentó un recurso de

inconstitucionalidad contra el artículo 200 del Código Penal que establecía que las personas

que hubieran cometido los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos y rapto podían

librarse de la pena establecida en dicho instrumento legal si contraían matrimonio con la

53

víctima, siempre y cuando ésta fuera mayor de 12 años. En noviembre de ese año la Corte

de Constitucionalidad publicó la orden de suspensión provisional de dicho artículo, gracias

a lo cual se procedió a eliminar esta medida considerada un precepto legal que violaba los

derechos humanos y la dignidad de las víctimas de delitos sexuales. (Ver Anexos, Cuadro

55, Delitos sexuales por sexo de las víctimas, 2010; Cuadro 56, Delitos sexuales por rango

de edad de las víctimas, 2010; Cuadro 57, Delitos sexuales por tipo de hecho, 2010)

105. De conformidad con lo establecido por el Reglamento Interno de la Dirección

General del Sistema Penitenciario (decreto gubernativo 607-88), esta dependencia del

Ministerio de Gobernación es un cuerpo de seguridad de carácter civil encargado de la

reclusión, readaptación y rehabilitación social de las personas privadas de libertad, tanto en

los centros de detención preventiva como en los de cumplimiento de condena (Ministerio

de Gobernación, 2011). El Sistema Penitenciario tiene a su cargo un total de 20 prisiones

con capacidad para 6 mil 610 reclusos y reclusas (6 mil 222 hombres y 388 mujeres) pero

albergaba hasta noviembre de 2010 a 11 mil 144 reos y reas, datos que reflejan una

sobrepoblación de 68.6% y que implican una situación de hacinamiento cotidiano que

genera tensiones y sirve de caldo de cultivo para la violencia (Procurador de los Derechos

Humanos, 2010, págs. 61 y 62). Otro informe de la misma institución refiere que hasta

finales de 2010 las cárceles albergaban a 10 mil 490 personas privadas de libertad y de

éstas, 4 mil 618 se encontraban cumpliendo condena y 5 mil 872 estaban recluidas en

calidad de prisión preventiva.

106. Más allá de las sobrepoblación, la situación de las cárceles del país es uno los

aspectos relacionados con el sistema de seguridad y justicia que mayores dificultades

genera a las autoridades encargadas del tema y también a la ciudadanía, en tanto se ha

convertido en punto de convergencia de miembros de maras y de organizaciones

delincuenciales vinculadas con el crimen organizado que continúan delinquiendo desde la

prisión. En diferentes momentos, las autoridades encargadas del tema han intentado poner

en marcha medidas de la más diversa índole con el objeto de intentar frenar las actividades

delictivas promovidas desde el interior de las prisiones pero hasta la fecha éstas no sólo han

resultado inefectivas, sino que han conducido incluso, en ciertos momentos, a la violación

54

de los derechos de los privados de libertad, llegando en el pasado reciente a hacerse uso de

la violencia para la ejecución extrajudicial de reos.

107. Entre los principales problemas que el Sistema Penitenciario enfrenta se encuentran:

limitado presupuesto; instalaciones carcelarias inapropiadas e insuficientes; escaso personal

(hay un total de dos mil 200 guardias en todo el Sistema Penitenciario), mal remunerado y

poco capacitado para la apropiada atención de la población reclusa; abusos permanentes y

hechos de violencia entre los propios presos, de estos al personal penitenciario y viceversa;

grandes dosis de corrupción e impunidad; irregularidades en la asignación de los presos a

los centros carcelarios que les corresponden (reos cumpliendo condenas en centros de

detención preventiva, por ejemplo); existencia de actos de tortura, así como de penas y

tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los reos; motines y actos de coacción de los

reos hacia las autoridades (con la toma de rehenes, por ejemplo); tráfico de drogas y objetos

prohibidos como teléfonos celulares, armas, municiones, computadoras, etc. en el interior

de las cárceles; y, promoción y ejecución de actos delictivos desde el interior de las cárceles

en contra de la ciudadanía, en particular actos de extorsión.

108. La información más detallada en relación con la población reclusa es difícilmente

accesible, ya sea porque las autoridades responsables del tema no la tienen trabajada con el

nivel de desagregación que este informe requeriría o porque no se encuentra lo

suficientemente actualizada y estandarizada como para resultar fiable, de allí que se deba

recurrir a fuentes alternativas para tratar de apuntar algunos datos que permitan acercarse a

la situación objetiva de las condiciones carcelarias del país. El Informe Anual

Circunstanciado del PDH, con base en información de prensa (diario Siglo Veintiuno)

retrataba así la situación de las personas que se encontraban recluidas y sin condena hacia

mayo de 2010: “En las cárceles del país hay 9,815 reos, de los cuales 5,452, equivalente al

56%, no tienen condena. En el caso de las mujeres la desproporción es mayor: hay 670

privadas de libertad, de las cuales 449 (67%) no han sido sentenciadas. Los datos los

proporciona la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) que reporta, en el

caso de los hombres, 4,363 reclusos con condena, equivalente al 44%, y 221 féminas

sentenciadas, lo cual equivale al 33%”. Adicionalmente apunta el gasto que el Estado

55

realiza por cada reo, el cual equivaldría en el mismo año a aproximadamente dos mil 700

dólares anuales per cápita (Procurador de los Derechos Humanos, 2010, págs. 66 y 67).

109. En los últimos años el Estado ha llevado a cabo una serie de acciones con el objeto

de recuperar el control sobre las cárceles. Para ello ha implementado una política que, entre

otras, involucra las siguientes medidas: aprobación de una ley que da vida al mecanismo

nacional de prevención de la tortura en cualquier lugar de detención; instalación de aparatos

bloqueadores de señales telefónicas con el objeto de impedir la comunicación de los reos

con sus cómplices en el exterior; mantener separados a reos de maras rivales; el traslado de

reos de alta peligrosidad a instalaciones militares; registros más exhaustivos a las visitas; y,

la realización periódica de requisas de objetos cuya posesión no está autorizada en las

prisiones. Sin embargo, estas acciones se ven permanentemente obstaculizadas por

presiones y actos de coacción por parte de los detenidos. Una de las medidas de presión que

utilizan son los motines, que generalmente implican la toma de rehenes a cambio de cuya

liberación los reos solicitan que el gobierno dé marcha atrás con todas o algunas de las

medidas adoptadas. Durante 2010 tuvieron lugar al menos cuatro motines. A estos actos de

presión se han sumado las amenazas y los atentados directos en contra de los funcionarios

del Sistema Penitenciario, los cuales han llegado a extremos tales que durante este mismo

año han tenido como consecuencia la muerte de al menos 14 miembros del personal de

prisiones y la provocación de graves heridas a otros cuatro. Entre las víctimas de este tipo

de hechos se encontraban: el director de un centro carcelario, la jefa de personal de la

prisión preventiva de la ciudad capital y su esposo, y varios guardias penitenciarios

(Procurador de los Derechos Humanos, 2010, págs. 65 y 66).

110. De conformidad con información del Ministerio de Gobernación, la situación

generalizada de violencia que impera dentro de las cárceles también provocó la muerte

violenta de un total de 25 personas dentro de la población reclusa, muchos de ellos a

consecuencia de los golpes y las fracturas recibidas dentro de los centros, los cuales fueron

presuntamente provocados por los propios reos (Procurador de los Derechos Humanos,

2010, pág. 67).

56

111. La información más reciente disponible en relación con la población penitenciaria,

por delito y duración de la pena, es la provista por el Ministerio Público, correspondiente a

2009 en los casos de condenas de veinte años y más de duración. Tal como puede

observarse en el Cuadro 57, incluido en los Anexos, en ese año hubo 114 personas

condenadas, 50 de ellas por el delito de asesinato, 40 por homicidio, 21 por plagio o

secuestro y 3 por parricidio. Por la duración de la pena, 62 personas fueron condenadas a

una pena de entre veinte y 29 años de prisión, diecinueve a penas de entre 30 y 39, 15

deberán cumplir entre 40 y 49 años de cárcel y los 18 restantes estarán privados de libertad

por más de 50 años. (Ver Anexos, Cuadro 58, Personas condenadas según delitos, por años

de condena, 2009)

112. En Guatemala la pena de muerte es legal. Está contemplada en el Artículo 18 de la

Constitución Política que también establece bajo qué circunstancias no podrá imponerse y a

su vez contempla que sólo se ejecutará después de agotarse todos los recursos por parte del

reo condenado a ella; también la contempla el Código Penal en diversas partes de su

articulado. Sin embargo, en la ley existe un vacío importante en tanto no se especifica qué

persona o autoridad debe ser quien conozca y decida sobre el recurso de gracia o indulto.

Lo anterior ha implicado que desde el año 2000 no se haya aplicado a nadie, a pesar de

haber alrededor de 40 personas condenadas a la pena capital. Los reos condenados a morir

han vivido durante años en una especie de limbo jurídico, pues pese a que tienen derecho a

plantear el recurso de conmuta de pena no ha existido un procedimiento para conocerlo, ni

una autoridad responsable para resolverlo. La Comisión de Derechos Humanos recomendó

a Guatemala que el Congreso debía legislar para enmendar este vacío legal y resolver el

problema con el objeto de darle certeza jurídica a dicho procedimiento. En la práctica, la

pena capital quedó en suspenso. En febrero de 2008 el Congreso aprobó una ley que volvió

a facultar al Presidente de la República para decidir sobre la vida y la muerte, pero desde la

presidencia se decidió vetarla, al considerar que esta forma de castigo entra en

contradicción con el derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos

internacionales firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de

Derechos Humanos. Esta posición se había mantenido hasta octubre de 2010 cuando el

Congreso volvió a considerar la ambigua situación y aprobó la restitución del indulto como

57

una potestad del Presidente, sin embargo, los diputados decidieron que el decreto entrará en

vigor hasta el 15 de enero de 2012, fecha en que deberá tomar posesión un nuevo gobierno

al cual le tocará la difícil tarea de resolver sobre el destino de todos los reos condenados a

la máxima pena, quienes desde hace más de diez años esperan en el corredor de la muerte.

113. Entre 1982 y 2000 se ha ejecutado a un total de diecinueve personas condenadas a

muerte. Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo a través del método de inyección letal

con una combinación de dormicum, cloruro de potasio y pentotal. En 1982 hubo 4

ejecuciones, el año siguiente es en el que mayor número de personas murieron ejecutadas

(11) y luego hubo dos más en 1996 y las últimas dos en 2000.

114. A pesar del acelerado incremento de la población carcelaria y, en algunos casos, del

endurecimiento de las penas para ciertos delitos, la situación de violencia e inseguridad que

vive el país no hace más que empeorar, lo cual llevó al gobierno de Guatemala a solicitar a

la ONU la conformación e instalación en el país de una Comisión Internacional contra la

Impunidad (CICIG), la cual después de una necesaria etapa de negociaciones tanto dentro

del país como con las autoridades de la ONU, finalmente se aprobó y empezó a operar en

2007. En la parte introductoria de su tercer informe anual de actividades, la CICIG hace un

breve diagnóstico de la situación del sistema de justicia del país en el cual señala que: “En

Guatemala, algunos casos no entran o no avanzan en el sistema de justicia por las

debilidades técnicas en el manejo de la investigación y la persecución penal. Se afronta un

índice de 99.75% de impunidad. Otros casos se paralizan por la permeabilidad de las

influencias políticas, económicas o de otra índole, así como por la infiltración misma del

crimen organizado en las instituciones estatales. Existen estructuras paralelas de

inteligencia y grupos ilegales que operan bajo el amparo de personas inmersas en las

estructuras del Estado infiltradas a todo nivel, operando en el Gobierno mismo, en fuerzas

de seguridad y a partir de sus ilícitos, generan impunidad a través de sus vínculos con el

Estado o sus agentes, sean directos o indirectos. Aún después de la firma del Acuerdo de

Paz Firme y Duradera (1996), los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad

no fueron desmantelados y continuaron operando en la impunidad; su actividad delictiva

que originalmente respondía a intereses del Estado, evolucionó para satisfacer sus propios

58

intereses de enriquecimiento ilícito hasta convertirse en estructuras de crimen organizado,

logrando una simbiosis con grupos transnacionales de delincuencia organizada. Hoy en

día, estos grupos han diversificado su ámbito de actividad y han sido capaces de extender

su poder de infiltración. Durante el conflicto armado interno, tenían el control de ciertos

ámbitos, como puertos, aeropuertos, puestos fronterizos y otros; y en la actualidad se han

desarrollado de tal manera que cuentan con redes de profesionales que incluyen jueces,

abogados y periodistas inmersos tanto en el sector público como en el privado, quienes

abogan y operan para que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, hoy convertidos en

grupos de delincuencia organizada, continúen en la impunidad (CICIG, 2010, pág. 4).

115. El referido documento de la CICIG explica que para calcular el índice de impunidad

se utilizaron los siguientes datos y procedimiento: “Cifra de impunidad del 2009 obtenida

por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de una muestra de 600 mil

casos, de los cuales 300 mil fueron denunciados y registrados por el Organismos Judicial,

de los cuales sólo se dieron 11 mil acusaciones formales. Desde 2008, hay 2,173 casos sin

resolver, lo que equivale a 3 sentencias por mes, por cada uno de los 143 juzgados de

sentencia de Guatemala. De los 50,000 delitos denunciados, sólo se producen 429

sentencias por mes” (CICIG, ibídem)

116. Las cifras proporcionadas por el Organismo Judicial refieren que a lo largo de 2009

los órganos jurisdiccionales del ramo penal recibieron un total de 346 mil 455 casos para

ser atendidos por sus distintas instancias, en ese mismo año dichos órganos emitieron un

total de 679 mil 967 resoluciones judiciales que incluyen decretos, autos y sentencias. Bajo

el título de “casos ingresados”, se agrupan no sólo las denuncias sino también otras

gestiones como requerimientos realizados por el Ministerio Público, querellas de distinto

tipo, procedimientos para proporcionar medidas de seguridad a personas que las requieren,

etc. Si el análisis se limita al total de denuncias recibidas (99,283) y sentencias emitidas

(19,412), es posible observar que sólo el 19.6% de las denuncias presentadas obtuvieron

una sentencia a lo largo del período analizado. Sin embargo, es necesario considerar que los

procesos judiciales no suelen resolverse en tiempos tan cortos y que, por lo tanto, es

probable que muchas de dichas sentencias se refieran a casos provenientes de años previos

59

y que un buen número de las denuncias presentadas vayan a ser objeto de resolución

judicial a lo largo de los próximos años. (Ver Anexos, Cuadro 61, Casos ingresados en los

órganos jurisdiccionales del ramo penal y resoluciones judiciales, 2009)

117. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial –

CENADOJ-, del Organismo Judicial –OJ– , durante los últimos seis años el número total de

jueces que hay en el país se ha mantenido más o menos estable. En 2005, el sistema judicial

contaba con un total de 737 jueces, con lo cual la tasa de juzgadores por cada 100 mil

habitantes se ubicaba en 5.8; entre ellos los más numerosos eran los jueces de paz (438

entre titulares y suplentes) que representaban casi el 60% del total, en segundo lugar se

encontraban los jueces de los tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra

el ambiente quienes totalizaban 132 (18% del total) y, en tercer lugar, los de primera

instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente (47 en total, lo que equivale a

6.4% del total). (Ver Anexos, Cuadro 59, Número de jueces por cada 100 mil habitantes

por órganos jurisdiccionales, 2005-2009; y, Cuadro 60, Número de jueces por órganos

jurisdiccionales y sexo, 2010)

118. En 2006 el número total de jueces se redujo en un 9.2% respecto al año anterior y

fue hasta 2009 cuando volvió a alcanzar valores similares a los de 2005 para luego elevarse

a 751 en el 2010. A lo largo de los últimos seis años el número total de jueces se ha

incrementado un 1.9%, pero debido a que el crecimiento poblacional es más acelerado, la

tasa de jueces por cada 100 mil habitantes no ha hecho más que descender a lo largo del

tiempo ubicándose en 2010 en 5.2 si se calcula sobre la base de las proyecciones de

población del INE. Al igual que años atrás, en 2010 los jueces de paz eran el grupo más

numeroso (411) aunque su proporción en relación con el total ha disminuido al compararlo

con 2005 y ahora representa el 54.7%; el segundo lugar en número lo ocupan los jueces de

los tribunales de sentencia penal (130, igual al 17.3%) y en el tercer puesto se encuentran

los jueces de los juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el

ambiente (64, equivalente al 8.5% del total). En función del sexo de los juzgadores, los

hombres son mucho más numerosos que las juezas, representan dos tercios del total de

jueces del país (481, equivalentes al 64% del total) mientras que ellas apenas si superan una

60

tercera parte del total (270 juezas, igual al 34%). (Ver Anexos, Cuadro 60, Número de

jueces por órganos jurisdiccionales y sexo, 2010)

119. Según el Informe de Evaluación de los Sistemas Judiciales Europeos de 2010

realizado por la Comisión para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa, en dicho

continente el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes era de 20.6 en 2008 (Consejo

de Europa, 2010, pág. 120). En comparación con países más cercanos a su entorno, se

aprecia que de toda Centroamérica, Guatemala tenía en 2006 la tasa más baja de jueces por

cada 100 mil habitantes (6.1, según esta fuente), mientras que la de El Salvador era de 9.6;

la de Honduras de 8.4; la de Nicaragua de 7.1; la de Costa Rica de 18, la más alta de la

región; y la de Panamá de 7.8 (Programa Estado de la Nación, 2008, págs. 478, 480, 481,

483, 485 y 487).

120. En 2010 el Ministerio Público contaba con 23 fiscalías distritales distribuidas en los

22 departamentos del país, además de 33 fiscalías municipales en igual número de

municipios, de modo que hay más de una representación del MP en cada departamento. En

su estructura organizativa, la institución también cuenta con fiscalías de sección que son los

órganos encargados de ejercer la acción penal en temas o áreas específicas, estas oficinas se

especializan en conocer casos en función de la materia y no necesariamente de la

jurisdicción territorial en donde se produjeron. En 2010 el MP contaba con quince fiscalías

de sección entre las cuales se incluían, por ejemplo: la fiscalía contra el crimen organizado,

la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos, la de delitos administrativos, la

fiscalía contra la corrupción, la de narcoactividad y la de derechos humanos, entre otras.

121. Los datos aportados por el Informe del Estado de la Región apuntan que en 2006 el

país contaba con una tasa de 6.8 fiscales por cada 100 mil habitantes, lo cual la coloca con

un índice intermedio en relación con los otros países de Centroamérica. En este caso es

Panamá quien tiene las cifras más bajas con apenas 2.3 fiscales por cada 100 mil habitantes

y, una vez más, Costa Rica cuenta con los mejores índices ya que su tasa de fiscales es de

7.7, la mejor entre los siete países de la subregión (Programa Estado de la Nación, ibídem).

61

122. En el marco de las negociaciones de paz y la reestructuración del Estado que se

derivó de este proceso, en Guatemala se aprueba un nuevo Código Procesal Penal en 1992

y entra en vigencia en julio de 1994. En ese mismo año la Corte Suprema de Justicia

aprueba un decreto para regular el Servicio de Defensa Penal que queda bajo la tutela de

dicha Corte. Es en 1997 cuando el Congreso de la República aprueba el Acuerdo

Legislativo 129-97 que establece la Ley del Servicio Público Penal que separa la función de

la defensa pública de su dependencia institucional del Organismo Judicial y le otorga

autonomía funcional e independencia técnica. Dicho Acuerdo entra en vigencia en julio de

1998 y a partir de allí nace el Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP-. Hasta 2008 el

Instituto llevaba sus registros estadísticos clasificando los casos en función del bien jurídico

tutelado y no del delito o la falta cometida. A partir de 2009 los datos empezaron a

consignarse a partir del delito o la falta cometida, de allí que los cuadros que se incluyen en

los Anexos deben, necesariamente analizarse en función de la información disponible.

123. El perfil de la persona atendida por el Instituto es el de un hombre, adulto, no

indígena y soltero. Entre 2005 y 2009 el Instituto atendió un total de 181 mil 367 casos de

los cuales 169 mil 605 (93%) implicaron la defensa de personas adultas y el 7% restante de

adolescentes (11 mil 762). A lo largo de este período la proporción entre adultos y

adolescentes que han requerido el apoyo del Instituto se ha mantenido sin mayores

variaciones. En relación con el grupo étnico, el 95% de las personas atendidas han sido no

indígenas (171 mil 827) en tanto la población indígena que ha recibido la asesoría de los

letrados públicos ha sido sólo el 5% del total de casos; pero las cifras permiten observar

cómo a lo largo de los años esta proporción ha variado desde el 3.8% de indígenas

atendidos en 2005 al 7.2% que recibieron apoyo en 2009. Por género, en el 81% de los

casos se ha atendido a hombres y en el 19% restante a mujeres; los datos revelan que a

partir de 2007 la proporción de mujeres atendidas se incrementó de manera sustancial, lo

que se debe a que a finales de ese año el Instituto puso a funcionar un programa de

asistencia legal gratuita a las mujeres víctimas y a sus familiares, lo cual no implica

necesariamente disponer de un abogado defensor en un proceso penal, pero sí de apoyo

letrado frente a diferente tipo de delitos de los cuales las mujeres son víctimas habituales.

Es así como la proporción de mujeres atendidas a lo largo de los años prácticamente se ha

62

cuadruplicado con creces: si en 2005 se atendía a un 6.8% de mujeres, en 2009 se atendió

en 29.4%. (Ver Anexos, Cuadro 62, Casos penales y asesorías atendidas por el Instituto de

la Defensa Pública Penal a escala nacional según edad, sexo y grupo étnico, 2005-2009)

124. Desafortunadamente no se cuenta con información desagregada por edad, grupo

étnico o género relativa a las personas procesadas por los órganos jurisdiccionales del

Organismo Judicial ya que eso permitiría establecer si las proporciones entre los procesados

y los defendidos por el IDPP comparten la misma tendencia o hay divergencias importantes

que pudieran apuntar algún tipo de discriminación.

125. Uno de los elementos determinantes para la mejora de la seguridad ciudadana es el

presupuesto del gasto público destinado a la lucha contra la inseguridad y la impunidad, así

como lo invertido en justicia, pero más allá de ello también lo son la priorización del gasto

y el uso apropiado que se da a los recursos destinados para estos fines.

Desafortunadamente, el Ministerio de Gobernación, responsable de las políticas de

seguridad, así como de su ejecución, a lo largo de las últimas décadas ha sido objeto de

numerosos y reiterados escándalos de corrupción vinculados, por ejemplo, con la compra

de armas, municiones, equipamiento (uniformes, chalecos antibalas, etc.), servicios de

logística (servicio de alimentación para el sistema penitenciario) y contrataciones diversas

que han minado las posibilidades de lucha del Estado en contra del crimen. En muchos

casos ministros, viceministros y directores generales de la PNC han sido acusados,

procesados e incluso condenados por este tipo de delitos.

126. Los datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas revelan que entre

2005 y 2009 la proporción del gasto público dedicado a la seguridad, incluida la PNC, se ha

incrementado un 0.7%, en tanto el del Organismo Judicial –OJ- ha permanecido sin

variación alguna durante este período. La información disponible revela que, sobre la base

de la ejecución del presupuesto general de ingresos del Estado, se destina un 5.5% del gasto

público al Ministerio de Gobernación, lo cual significa alrededor de 330 millones de US

dólares anuales (en 2009) que incluyen el presupuesto destinado a la PNC, el del Sistema

Penitenciario y todas las demás obligaciones y responsabilidades asignadas a dicha cartera

ministerial. El presupuesto dedicado a la PNC es el mayor de los que contempla el

63

Ministerio, ya que por sí mismo representaba el 3.9% del gasto público en 2005 hasta llegar

a alcanzar el 4.2% en 2009, alrededor de 251 de los 330 millones de US dólares referidos

anteriormente. (Ver Anexos, Cuadro 63, Proporción del gasto público en seguridad, Policía

Nacional y Organismo Judicial, 2005-2009)

127. Como ya se mencionó, el gasto público destinado al Organismo Judicial se ha

mantenido estable como proporción del gasto total del gobierno central. Como el monto

total del gasto público ha crecido año con año, a lo largo del período en cuestión (2005-

2009), el monto absoluto recibido por el OJ ha pasado de alrededor de 92 a

aproximadamente 137 millones de US dólares.

128. En 2009 el Ministerio de Gobernación emitió dos resoluciones a través de las cuales

clasifica como información reservada la relacionada con la cantidad de efectivos de policía

asignados en cada uno de los municipios del país, así como la referida al despliegue de auto

patrullas o armamento en posesión de la PNC, como medida de protección que se

argumenta necesaria para garantizar la seguridad de sus miembros. Adicionalmente,

también se declaró bajo reserva parcial la información relativa a los contratos

administrativos que especifiquen las características del armamento e insumos defensivos

destinados a este cuerpo de seguridad. Sin embargo, es posible disponer de datos globales

acerca del número de efectivos en el ámbito nacional. De conformidad con el informe de

Desarrollo Humano 2010 del PNUD (PNUD, 2010, pág. 238), en ese año había un total de

19 mil 902 agentes para todo el país; de ese total 17 mil 902 (89%) eran hombres y sólo 2

mil 322 mujeres (11%); cuenta además con mil 217 inspectores, mil cuatro oficiales, 93

comisarios y 7 directores lo que da un total de 22 mil 223 miembros. En cuanto a su

composición étnica, el 84% de las personas que integran la institución son ladinas y el resto

pertenecen a diferentes etnias indígenas. Tal como recoge este documento de PNUD “el

Informe de la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las

actividades de su Oficina en Guatemala proporciona una valoración reciente sobre la PNC

[en el que, entre otras cosas, señala:] La PNC no es capaz de ofrecer una respuesta

institucional que corresponda a los retos significativos que se derivan de la alarmante

situación de inseguridad. Contó con un número insuficiente de policías activos, equivalente

a un policía por 619 habitantes y 5002 puestos vacantes durante 2009”. El mismo informe

64

también apunta que para la institución “persisten importantes desafíos, incluyendo procesos

internos de depuración, un mejoramiento tangible de las instalaciones policiales y la

adecuación salarial. Al respecto, es necesario implementar protocolos de actuación

comunes, coordinados con las autoridades del sistema de justicia y desarrollar indicadores

para evaluar la eficacia de las operaciones policiales”.

129. Si se toma en consideración que debido a diversos motivos, alrededor del 3.5% de

los policías se encuentra inactivos (vacaciones, permisos, bajas por enfermedad, etc.) y otro

15% trabaja en despachos, comisarías y oficinas cumpliendo labores administrativas, se

tiene como resultado que patrullando las calles queda el 81.5% de la fuerza total (alrededor

de 16 mil 220 agentes) que no se encuentra en servicio de manera simultánea ya que se les

divide en tres turnos para efectos de los descansos que les corresponden.

130. Desde el Ministerio de Gobernación se ha estimado que para responder

satisfactoriamente a la necesidad de seguridad del país se requerirían, como mínimo, 60 mil

agentes en total para lo cual también sería imprescindible un sustancial incremento en el

presupuesto de la institución. Con el número de agentes con que contaba el cuerpo en el

2010 la tasa de policías por cada 100 mil habitantes se ubicaba en 177.3 efectivos, lo cual

se considera una tasa baja si se compara con estándares internacionales en la materia. En

2006 Guatemala tenía una tasa de 155 policías por cada 100 mil habitantes, mientras en el

resto de Centroamérica los datos eran los siguientes: El Salvador 234, Honduras 144,

Nicaragua 143 (la menor tasa de la región), Costa Rica 228 y Panamá 496 (la tasa más alta)

(Programa Estado de la Nación, óp.cit.).

131. La magnitud del fenómeno de la violencia y la poca efectividad gubernamental para

su combate han dado origen a la aparición y multiplicación del número de empresas

privadas de seguridad, a tal punto que en 2010 se aseguraba que el número de agentes de

seguridad privada superaba con creces a los de la PNC (Noticias de Guatemala, 2010). No

existen datos fidedignos respecto al número total de agentes privados de seguridad debido,

por una parte, a la falta de registros actualizados y, por otra, a la ilegalidad bajo la cual

funcionan un número importante de éstas. Es así como los datos más conservadores refieren

una cantidad aproximada de 36 mil guardias privados pertenecientes a 148 empresas

65

registradas en el Ministerio de Gobernación, pero hay quienes elevan ese número hasta los

100 ó los 150 mil, incluyendo los agentes legalmente registrados y los ilegales. El

Ministerio de Gobernación refiere que hay 70 empresas más en proceso de legalización. La

Unidad de Control de Entidades Privadas de la PNC asegura que entre todas las empresas

registradas suman 60 mil agentes, pero la Cámara de Seguridad de Guatemala (agrupación

gremial) calcula que la cifra ascendería hasta los 80 mil, como mínimo(Sandoval, 2010). El

último Informe de Desarrollo Humano publicado por PNUD señala que son “106 mil 700,

la cifra más alta en Centroamérica” a lo cual agrega que “esto implica de hecho una cesión

de gran parte de la función pública de seguridad a manos de empresas particulares, sobre

las cuales no existe un control efectivo ni un marco jurídico adecuado que regule su

funcionamieto y asegure su complementariedad y subordinación a las fuerzas civiles de

seguridad pública” (PNUD, 2010, pág. 239).

132. La existencia de agrupaciones de este tipo, que funcionan de manera irregular

significa que en el país hay grupos de personas organizadas y armadas que venden sus

servicios con escaso o nulo control sobre ellos, por lo que desde diversos sectores sociales y

políticos se reclama desde hace algún tiempo la emisión de una nueva ley (iniciativa

legislativa 2846, Ley de Servicios de Seguridad e Investigación Privada) que regule de

manera más estricta la proliferación de este tipo de actividad, la cual se encuentra detenida

en el Congreso de la República desde hace aproximadamente diez años debido a “a las

constantes oposiciones que durante los últimos diez años han efectuados los empresarios

de este servicio –militares en situación de retiro, en su mayoría- y aquellos vinculados con

la venta de armas y municiones” (PNUD, ibídem).

B. Estructura constitucional, jurídica y política del Estado (Franco, 2011 y

Asamblea Nacional Constituyente, 1985)

133. El derecho guatemalteco está constituido por todo el ordenamiento jurídico vigente

y es la fuente de éste. La costumbre cumple una función supletoria y sólo puede darse por

válida cuando los textos contienen lagunas, pero no se admite la costumbre que se opone a

la ley. Aunque en el país existe un importante porcentaje de población indígena, que

reclama la validez del derecho consuetudinario, algunas veces denominado derecho maya,

66

todavía vigente en las prácticas comunitarias de muchos lugares, el Estado no le reconoce

ninguna validez. La jurisprudencia también cumple una función supletoria, complementa la

legislación. Para que la jurisprudencia adquiera carácter de obligatoriedad son necesarios

cinco fallos continuos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en la misma dirección o

tres sentencias uniformes de la Corte de Constitucionalidad.

134. El sistema jurídico guatemalteco considera la Constitución como su ley suprema y

la validez de cualquier otra norma dependerá de su conformidad con ésta, las leyes que

violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. La Constitución de

Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 y fue

reformada por primera y única vez hasta ahora tras un referéndum en 1993. Existen otras

cuatro normas cuyos efectos son iguales a los de la Constitución y que fueron promulgadas

también por alguna de las últimas dos Asambleas Constituyentes (las de 1965 y 1985);

éstas son: La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley

Electoral y de Partidos Políticos (Decretos 1-86 y 1-85, Asamblea de 1985,

respectivamente), la Ley de Orden Público y la Ley de Emisión del Pensamiento (Decretos

7 y 9 de la Asamblea de 1965, respectivamente). En materia de derechos humanos los

tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el

derecho interno. En la jerarquía jurídica, por debajo de la Constitución se encuentran las

leyes emitidas por el Congreso de la República o leyes ordinarias. Las leyes

constitucionales tienen supremacía sobre las ordinarias y para ser reformadas requieren de

la mayoría calificada de la cámara de representantes (el voto de las dos terceras partes del

total de diputados al Congreso), previo dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Un

escalón más abajo en la jerarquía jurídica se encuentran las disposiciones emitidas por el

Organismo Ejecutivo y las disposiciones reglamentarias, las cuales en ningún caso deberán

entrar en conflicto con las normas que les son superiores. Por último, en la base de la

pirámide están las normas individualizadas que incluyen las sentencias judiciales y las

resoluciones administrativas.

135. Las leyes ordinarias son normas generales y abstractas que, como ya se dijo,

emanan del Congreso. Entre las principales se encuentran la Ley del Organismo Judicial,

que regula lo relativo a la interpretación, vigencia y validez de las normas, así como la

67

organización y funcionamiento de los tribunales. El Código Penal que tipifica los delitos y

las penas correspondientes. El Código Civil que contempla lo relativo a la persona, la

familia, los derechos reales y las obligaciones. El Código de Comercio que se encarga de

regular la actividad de los comerciantes, los negocios jurídicos y las materias mercantiles.

El Código de Trabajo regula las relaciones entre patronos y asalariados y contiene tanto la

parte sustantiva como la procesal. En materia procesal rigen los códigos de ámbitos como

el procesal civil y mercantil, y el procesal penal.

136. La Constitución establece que en toda sentencia los jueces observarán el principio

de que la ésta prevalece sobre toda ley o disposición de rango inferior. Esta es una

consagración del valor normativo de la Constitución y debe ser entendido como un

principio regulador que obliga a los jueces a realizar una interpretación teleológica de las

normas constitucionales para asegurar una interpretación conforme a los principios y fines

de un Estado social y democrático de Derecho.

137. De conformidad con lo que reza la Constitución, Guatemala es un Estado de

Derecho que se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la

realización del bien común. Se reconoce como deber del Estado garantizar los habitantes

del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la

persona. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo y la

soberanía reside en el pueblo.

138. Guatemala no se define a sí mismo como un Estado multiétnico y pruricultural, pero

la Constitución reconoce que su población se encuentra conformada por diversos grupos

étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya a quienes la

Constitución reconoce el derecho a sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de

organización, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, sus idiomas y dialectos.

139. Para el cumplimiento de sus funciones el Estado se organiza en tres poderes

independientes: el Organismo Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De acuerdo con la ley,

la subordinación entre estos está prohibida. El Ejecutivo lo integran el presidente, como

jefe del Estado, el vicepresidente, los ministros y los viceministros. El presidente y el

vicepresidente son elegidos mediante sufragio universal para un período improrrogable de

68

cuatro años y para ser electos para dichos cargos se requiere de mayoría absoluta, si no la

obtuviesen, se procede a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que hayan

obtenido el mayor número de votos en la primera ronda. Entre las principales atribuciones

del presidente se encuentran: coordinar, en Consejo de Ministros, la política de desarrollo

del país y presentar al Congreso de la República el presupuesto general de ingresos y gastos

del Estado; dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y

denunciar tratados y convenios internacionales; proveer la defensa y seguridad de la nación

para lo cual ejerce el mando de las Fuerzas Armadas y de toda la fuerza pública; y, nombrar

y cesar los ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y embajadores.

140. El poder de legislar recae sobre el Congreso de la República, compuesto por

diputados electos por el sistema de distritos electorales y un 25% a través de lista nacional,

para un período prorrogable de cuatro años. Las más importantes atribuciones que

corresponden al Congreso son: decretar, derogar y reformar las leyes; aprobar, modificar o

rechazar el presupuesto general de ingresos y gastos del Estado; decretar impuestos;

declarar la guerra; decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos; efectuar las

operaciones relativas a la deuda externa y aprobar antes de su ratificación los tratados

internacionales que afecten a las leyes o a la soberanía nacional.

141. El Organismo Judicial se encuentra integrado por la Corte Suprema de Justicia,

como su órgano superior, las cortes de apelaciones, los juzgados de primera instancia y los

juzgados de paz. La única potestad de los tribunales es la de juzgar y promover la ejecución

de lo juzgado. En el ejercicio del poder jurisdiccional el poder judicial es independiente,

como lo son los magistrados y jueces entre sí y frente a otras autoridades. Los trece

magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por el Congreso de la República a

partir de una nómina de candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada

por los representantes de las universidades del país, el Colegio de Abogados y el propio

Organismo Judicial. Ellos, así como todos los magistrados de cualquier categoría y los

jueces de primera instancia durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos o

vueltos a nombrar, según corresponda. Los jueces son nombrados por la Corte Suprema de

Justicia. De acuerdo con la Ley del OJ, los procedimientos de interpretación que deben

aplicarse son los siguientes: gramatical, que atiende al sentido propio de sus palabras;

69

sistemático, que hace referencia al contexto; auténtica, cuando prevalecen las definiciones

dadas por el legislador y remite al fin a la equidad y los principios generales de Derecho.

142. Con la intención de fortalecer el Estado de Derecho, la Constitución de 1985 creó

tres instituciones: la Corte de Constitucionalidad –CC-, el Tribunal Supremo Electoral –

TSE- y el Procurador de los Derechos Humanos –PDH-. La Corte de Constitucionalidad

tiene como función esencial la defensa del orden constitucional y le corresponde el control

constitucional de las leyes, así como conocer todos los procesos de amparo. El TSE tiene a

su cargo la convocatoria, organización y fiscalización de los procesos electorales. Por su

parte, el Procurador de los Derechos Humanos es un delegado del Congreso de la

República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tiene

como principales atribuciones las de investigar y denunciar los comportamientos lesivos a

los intereses de las personas y las violaciones a los derechos humanos, así como supervisar

la administración pública y para el efecto puede actuar de oficio o a instancia de parte. Para

cumplir con sus atribuciones puede emitir censura privada o pública y promover las

acciones judiciales y/o administrativas que considere necesarias. El PDH es una institución

unipersonal electa por el Congreso de la República por un período de cinco años que

pueden ser prorrogables.

143. El organismo encargado del control y fiscalización de los ingresos y gastos del

Estado y las municipalidades es la Contraloría General de Cuentas –CGC-. La institución

también tiene a su cargo fiscalizar cualquier entidad que reciba fondos públicos. Además de

todas las instituciones ya descritas, la Constitución también contempla la existencia del

Ministerio Público –MP- como institución auxiliar de la administración pública y de los

tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto

cumplimiento de las leyes del país. El jefe del MP será el Fiscal General y a él le

corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Es nombrado por el Presidente por un

período de cuatro años, a partir de una nómina de seis candidatos propuestos por una

comisión de postulación integrada por miembros de la Corte Suprema de Justicia, las

universidades del país y el Colegio de Abogados y Notarios.

70

144. La Constitución reconoce tanto los derechos individuales como los derechos

sociales y los civiles y políticos. Entre los primeros se encuentran el derecho a la vida, la

integridad física, la seguridad, la igualdad y la libertad. A su vez consagra la libertad de

pensamiento, religión, asociación y libre desplazamiento. Entre las garantías procesales

establece el principio de legalidad, el de presunción de inocencia, el derecho a un proceso

justo, el recurso de exhibición personal y el proceso de amparo; también prevé el derecho

de asilo, de petición de reunión y la manifestación y la inviolabilidad de la correspondencia

y la vivienda. Entre los derechos reconoce el de la educación, la cultura, la salud y el

trabajo. Finalmente, se encuentra consagrado el derecho de elegir y ser electo.

III. MARCO GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS

A. Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

145. En el presente apartado se incluye la información relativa a todos los instrumentos

internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala, correspondientes tanto al

sistema universal como al sistema interamericano. En la medida en que la información

disponible lo permite se acompaña en cada caso el detalle de las fechas de suscripción,

adhesión, depósito, publicación y entrada en vigor en el país de cada una de las normas, así

como el número del decreto y la fecha en que fue aprobada por el Congreso de la

República. Más allá de los instrumentos generales como la Carta de las Naciones Unidas o

la Carta de la OEA, el resto de instrumentos se encuentran organizados temáticamente para

su más fácil distinción. Por último se incorpora la lista de aquellos instrumentos

internacionales en materia de derechos humanos aún no ratificados por el Estado de

Guatemala. La información que ahora se adjunta proviene de un cuidadoso proceso de

sistematización realizado por la Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de

Protección de los Derechos Humanos de la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación

de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (Procurador de los Derechos

Humanos, 2011).

A.1 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA

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No. Instrumentos Ratificados Datos Relevantes INSTRUMENTOS GENERALES 1 Carta de las Naciones Unidas Firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, ratificada el 21 de

noviembre de 1945. 2 Carta de la OEA Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires

en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993.

3 Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Cartagena de Indias)

Fecha de suscripción: 5 de diciembre de 1985. Decreto del Congreso Nº: 6-2001, del 28 de febrero de 2001. Ratificada el 1 de octubre de 2001. Fecha de depósito: 1 de octubre de 2001 - OEA.

i. PRINCIPALES INSTRUMENTOS SOBRE DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 4 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en

su resolución 217 A (III), Nueva York, 10 de diciembre 1,948 5 Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del hombre Aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.

6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Fecha de suscripción: 19 de diciembre de 1966. Decreto del Congreso: 69-87, del 30 de septiembre de 1987. Fecha de adhesión: 6 de abril de 1988. Fecha de depósito: 19 de mayo de 1988 - ONU. Fecha de publicación: 8 de agosto de 1988. Vigente en Guatemala desde 19 de Agosto de 1988.

7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Fecha de suscripción: 19 de diciembre de 1966. Decreto del Congreso número: 9-92, del 19 de febrero de 1992. Fecha de adhesión: 1 de mayo de 1992 Fecha de depósito: 5 de mayo de 1992 - ONU. Fecha de publicación: 11 de septiembre de 1992. Vigente en Guatemala desde el 5 de agosto 1992

8 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966 Fecha de suscripción: 19 de diciembre de 1966. Decreto del Congreso número: 11-96, del 14 de marzo de 1996. Fecha de adhesión: 19 de junio de 2000 Fecha de depósito: 28 de noviembre 2000 - ONU Fecha de publicación: 3 de enero de 2001.

9 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Fecha de suscripción: 22 de noviembre de 1969. Decreto del congreso número: 6-78, del 30 de marzo de 1978. Ratificación: 27 de abril de 1978. Fecha de depósito: 25 de mayo de 1978 - OEA. Fecha de publicación: 13 de julio de 1978.

10 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"

Fecha de suscripción: 17 de noviembre de 1988. 127-96, del 27 de noviembre de 1996. Ratificación: 30 de mayo de 2000. Fecha de depósito: 5 de octubre de 2000 - OEA. Fecha de publicación: 11 de octubre de 2001.

11 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, Paris 2005

Ratificada el 25 de octubre de 2006.

12 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, Paris 2003

Ratificada el 25 de octubre de 2006.

13 Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación

Abierta a la firma por la Asamblea General en su resolución 630 (VII), de 16 de diciembre de 1952 Fecha de suscripción: 1 de abril de 1953. Decreto del Congreso: 11 del 5 de septiembre de 1955. Ratificación: 9 de septiembre de 1955. Fecha de depósito: 7 de mayo de 1957 - ONU. Fecha de publicación: 20 de septiembre de 1957.

14 Declaración de Principios sobre Libertad de

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Expresión OEA

ii. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

15 Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Oficina en Guatemala.

Suscripción: 10 de enero 2005 en Nueva York. Decreto del Congreso de la República, Nº40-2005 del 31 de mayo de 2005. El Primer periodo concluyó el 10 de enero de 2008 (se renovó por un periodo de 3 años, hasta el 2011).

16 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos)

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144 de 8 de marzo de 1999.

17 Proclamación de Teherán (Defensores de Derechos Humanos)

Proclamada en Irán, Teherán, 13 de mayo de 1968.

18 Declaración y Programa de Acción de Viena Proclamada por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en Viena, Austria, 1993.

iii. CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN

19 Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII)]

20 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Fecha de suscripción: 21 de diciembre de 1965. Decreto ley número: 105-82, del 30 de noviembre de 1982. Fecha de ratificación: 30 de noviembre de 1982. Fecha de depósito: 18 de enero de 1983 - ONU. Fecha de publicación: 6 de enero de 1984. Entró en vigencia en Guatemala el 17 de Febrero de 1983. El Estado de Guatemala no ha aceptado la competencia del Comité establecida en el artículo 14. (Presentación de quejas ante el Comité CERD).

21 Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30/11/1973. Aprobada por el Congreso de la República -Decreto Nº 39-2005. Instrumento de Adhesión firmado el 31 de mayo de 2005. Fecha de Publicación: 8 de julio de 2005 en el Diario de Centroamérica. En vigor para Guatemala: 15 de julio de 2005.

22 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Decreto Ley número: 112-82, del 20 de diciembre de 1982. Fecha de ratificación: 21 de diciembre de 1982. Fecha de depósito: 4 de febrero de 1983 - ONU. Fecha de publicación: 10 de marzo de 1983.

23 Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Adoptado el 10 de diciembre de 1962 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Decreto ley: 112-82, del 20 de diciembre de 1982. Ratificación: 21 de diciembre de 1982. Fecha de depósito: 4 de febrero de 1983 - ONU. Fecha de publicación: 10 de marzo de 1983.

24 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones

Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de nov. 1981 en Resolución 36/55

25 Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el

Proclamada el 28 de noviembre de 1978 en la vigésima reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París

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apartheid y la incitación a la guerra

26 Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales Aprobada por la Conferencia General de las Naciones Unidas, para la Educación, Ciencia y la Cultura el 27 de noviembre de 1978

27 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992

28 Declaración de las Instituciones Nacionales para la conferencia de Durban

Proclamada por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia -Durban, África del Sur en Septiembre 2001.

iv. DERECHOS DE LA MUJER

29 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre de 1967

30 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 Decreto ley Nº: 49-82, del 29/06/1982. Ratificación: 8 de julio de 1982. Fecha de depósito: 12 de agosto de 1982 - ONU. Fecha de publicación: 6 de septiembre de 1982.

31 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2000 Decreto ley número: 59-2001, del 22 de noviembre de 2001 Ratificación: 30 de abril de 2002 Fecha de depósito: 9 de mayo de 2002 En vigor a partir de: 8 de agosto 2002 Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2002

32 Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recomendación del Comité para realizar la enmienda.

Fecha de suscripción: 22 de mayo de 1995 Decreto ley número: 67-97, del 6 de agosto de 1997 Ratificación: 5 de diciembre de 1997 Fecha de depósito: 3 de junio de 1999 En vigor desde: 3 de junio de 1999 Fecha de publicación: 20 de enero de 1999.

33 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Para)

Fecha de suscripción: 6 de septiembre de 1994. Decreto del Congreso Nº: 69-94, del 15 de diciembre de 1994. Ratificación: 4 de enero de 1995. Fecha de depósito: 4 de abril de 1995 - OEA. Fecha de publicación: 11 de enero de 1996.

34 Convención sobre los derechos políticos de la mujer Abierta la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de 1952 Fecha de suscripción: 31 de marzo de 1953. Decreto del Congreso: 1307, del 26 de agosto de 1959. Ratificación: 18 septiembre de 1959. Fecha de depósito: 7 de octubre de 1959 - ONU. Fecha de publicación: 16 de octubre de 1959.

35 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución aprobada por la Asamblea General 3318 de 14 de diciembre de 1974

36 Convenio número 100, relativo a la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor

Adoptado el 29 de junio de 1951 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su trigésima cuarta reunión Fecha de suscripción: 29 de junio de 1951. Decreto del Congreso Nº: 1454, del 8 de junio de 1961. Ratificación: 22 de junio de 1961. Fecha de depósito: 2 de agosto de 1961 - OIT. Fecha de publicación: 21 de septiembre 1961.

37 Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos políticos a la Mujer

Fecha de suscripción: 2 de mayo de 1948. Decreto legislativo: 805, del 9 de mayo de 1951. ratificación: 17 de mayo de 1951 Fecha de publicación: 28 de mayo de 1951.

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(Reserva en el artículo 8, 3er. Párrafo). La reserva fue retirada con el decreto 23-90 del 25 de abril de 1990, ratificada el 6 de agosto de 1990.

38 Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer.

Fecha de suscripción: 2 de mayo de 1948. Decreto legislativo Nº: 805, del 9 de mayo de 1951. Ratificación: 17 de mayo de 1951. Fecha de depósito: 7 de septiembre de 1951 Fecha de publicación: 28 de mayo de 1951.

v. DERECHOS DE LA NIÑEZ

39 Declaración de los Derechos del Niño Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959

40 Convención sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 Fecha de suscripción: 26 de enero de 1990. Decreto del Congreso número: 27-90, del 10 de mayo de 1990. Ratificación: 22 de mayo de 1990. Fecha de depósito: 6 de junio de 1990 - ONU. Fecha de publicación: 25 de febrero de 1991. Vigente en Guatemala desde el 06 de julio de 1990, de acuerdo al Art. 49

41 Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño

Fecha de suscripción: 12 de diciembre de 1995. Decreto del Congreso número: 77-2001, del 13 de diciembre de 2001. Fecha de adhesión: 10 de junio 2002. Fecha de depósito: 26 de diciembre 2002 - ONU. Fecha de publicación: 8 de julio de 2003.

42 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados

Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. Firma: el 7 Sep 2000. Decreto del Congreso número: 1-2000, del 23 de enero de 2002. Fecha depósito: 9 de mayo de 2002 - ONU. Entró en vigor en Guatemala el 9 de junio, de 2002, de acuerdo al Art. 49. Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2002.

43 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 Firma: 7 de diciembre de 2000. Decreto del Congreso Nº: 76-2001, del 11 de diciembre de 2001. Ratificación: 30 de abril de 2002. Fecha de depósito: 9 de mayo de 2002. En vigor a partir del: 8 de junio de 2002. Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2002.

44 Convenio 182, sobre las Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la acción Inmediata para su Eliminación.

Fecha de suscripción: 1 de junio de 1999. Decreto del Congreso Nº: 27-2001, del 23 de julio 2001. Ratificación: 21 de agosto de 2001. Fecha de depósito: 11 de octubre de 2001 - OIT. En vigor a partir del: 11 de octubre de 2002. Fecha de publicación: 17 de octubre de 2002.

45 Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarías

Fecha Ratificación: 13 de septiembre de 1995. Fecha de Depósito: 2 de mayo de 1996

46 Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

Fecha de suscripción: 29 de mayo de 1993. Decreto del Congreso número: 50-2002, del 13 de agosto de 2002 (declarado inconstitucional sentencia del 13 de agosto de 2003 CC). Fecha de ratificación: 17 de octubre de 2002. Fecha de depósito: 26 de noviembre de 2002. PAISES BAJOS Fecha de publicación: 4 de marzo de 2003. Decreto 77-2007 Ley de Adopciones

47 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 1763 A (XVII), de 7 de noviembre de 1962. Fecha de suscripción: 10 de diciembre de 1962. Decreto ley Nº: 99-82, del 15 de noviembre de 1982. Fecha de adhesión: 17 de diciembre de 1982. Fecha de depósito: 18 de enero de 1983 - ONU.

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Fecha de publicación: 23 de febrero de 1983.

48 Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965

vi. CONTRA LA ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE Y TRABAJO FORZOSO

49 Convención sobre la Esclavitud Fecha de suscripción: 25 de septiembre de 1926. Decreto Ley Nº: 110-83, del 16 de septiembre de 1983. Declarada la adhesión: 16 de septiembre de 1983. Depósito de la adhesión:11 de noviembre 1983 - ONU Fecha de publicación: 7 de diciembre de 1983

50 Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 794 (VIII), de 23 de octubre de 1953 Fecha de suscripción: 7 de diciembre de 1953. Decreto ley: 110-83, del 16 de septiembre de 1983. Declarado la adhesión: 16 de septiembre de 1983. Fecha de depósito: 11 de noviembre 1983 -ONU. Fecha de publicación: 7 de febrero de 1984.

51 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956 Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 1956 Decreto ley Nº: 111-83, del 16 de septiembre de 1983. Ratificación: 16 de septiembre de 1983 Fecha de depósito: 11 de noviembre 1983 - ONU. Fecha de publicación: 8 de diciembre de 1983.

52 Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso

Adoptado el 25 de junio de 1957 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su cuadragésima reunión Fecha de suscripción: 25 de junio de 1957. Decreto del Congreso: 1321, del 7 de octubre de 1959. Fecha de ratificación: 10 de noviembre de 1959. Fecha de depósito: 9 de diciembre 1959 - OIT. Fecha de publicación: 19 de diciembre de 1959.

vii. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

53 Principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas 2008

Resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

54 Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Resolución Adoptada por la Asamblea General - 55/89 Anexo, del 4 de diciembre de 2000.

55 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Resolución Adoptada por la Asamblea General, 34/169, de 17 de diciembre de 1979.

56 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990

57 Directrices sobre la Función de los Fiscales Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) en septiembre de 1990.

58 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)

Resolución adoptada y proclamada por la Asamblea General - 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

59 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing")

Resolución adoptada por la Asamblea General - 40/33, de 28 de noviembre de 1985.

60 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

76

61 Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.

Adoptada en la ciudad de Managua, Nicaragua el 9 de Junio de 1993. Decreto del Congreso No: 43-2005 del 13 de julio de 2005. Fecha de Publicación: 12 de agosto de 2005.

62 Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI

Aprobada en Viena el 15 de abril de 2000, por el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente - A/CONF.187/4/Rev.3

63 Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (10-12-1992)

Decreto 78-2007 del 13 de diciembre de 2007.

viii. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE LA TORTURA; GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

64 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 3452 (XXX) del 9 de diciembre de 1975.

65 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 Decreto del Congreso número: 52-89, del 12 de octubre de 1989. Fecha de adhesión: 23 de noviembre de 1989. Fecha de depósito: 5 de enero de 1990 - ONU. Fecha de publicación: 26 de abril de 1990.

66 Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Resolución 57/199 del 18 de diciembre de 2002. Decreto 53-2007 del 7 de noviembre de 2007 Depositado el 9 de junio de 2008 – ONU Mecanismo Nacional de Prevención denominado Oficina Nacional de Prevención creado mediante Decreto 40-2010 del Congreso de la República.

67 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Fecha de suscripción: 9 de diciembre de 1985. Decreto del Congreso número: 64-86, del 11 de noviembre de 1986. Ratificación: 10 diciembre de 1986 Fecha de depósito: 29 de enero de 1987 - OEA. Fecha de publicación: 24 de febrero de 1987.

69 (sic.)

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en Ginebra en 1955. Aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

70 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Resolución adoptada por la Asamblea General, 43/173, de 9 de diciembre de 1988.

71 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad

Resolución adoptada por la Asamblea General 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

ix. DISCAPACIDAD

72 Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (Nueva York, 13 de diciembre de 2006)

Decreto 59-2008 del Congreso de la República de Guatemala Fecha de depósito: 7 de abril de 2009, vigente a partir del 7 de mayo de 2009, según el artículo 45 de la Convención. Publicado en el Diario Oficial el 18 de mayo de 2009.

73 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (Nueva York, 13 de diciembre de 2006)

Fecha de depósito 7 de abril de 2009; vigente a partir del 7 de mayo de 2009 Publicado en el Diario Oficial el 18 de mayo de 2009.

74 Declaración de los Derechos del Retrasado Mental Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971

75 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Fecha de suscripción: 7 de junio de 1999. Decreto ley Nº: 26-2001 del 17 de julio de 2001. Ratificación: 8 de agosto de 2002 Fecha de depósito: 28 de enero de 2003 - OEA. Entrada en vigor: 13 de agosto de 1995

76 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

Resolución Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1993.

77 Declaración de los Derechos de los Impedidos Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 3279 de 10 de

77

diciembre de 1974

x. PUEBLOS INDÍGENAS

78 Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes

Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su septuagésima sexta reunión Fecha de suscripción: 7 de julio de 1989. Decreto del Congreso número: 9-96, del 5 de marzo de 1996. Ratificación: 10 de abril de 1996. Fecha de depósito: 5 de junio de 1996 - OIT. En vigor a partir del: 5 de junio de 1997. Fecha de publicación: 24 de junio de 1997.

79 Acuerdo por el que se establece el Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas de América Latina y el Caribe Concertado en Madrid el 24 de julio de 1992

Fecha de suscripción: 24 de julio de 1992 Decreto de aprobación: 51-95, del 14 de julio 1995 Ratificación: 30 de mayo 2000 En vigor a partir del: 28 de noviembre de 2000 Fecha de Depósito: 28 de noviembre 2000 – ONU

xi. EMPLEO Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

80 Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación

Adoptado el 9 de julio de 1948 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su trigésima primera reunión. Fecha de suscripción: 9 de julio de 1948. Decreto legislativo Nº: 843, del 7 de noviembre de 1951. Ratificación: 28 de enero de 1952. Fecha de depósito: 13 de febrero de 1952 - OIT. Fecha de publicación: 11 de febrero de 1952.

81 Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva

Adoptado el 1 de julio de 1949 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su trigésima segunda reunión. Fecha de suscripción: 1 de julio de 1949. Decreto legislativo Nº: 843, del 7 de noviembre de 1951. Ratificación: 28 de enero de 1952. Fecha de depósito: 13 de febrero de 1952 - OIT. Fecha de publicación: 12 de febrero de 1952.

82 Convenio 22 sobre la política del empleo. Adoptado el 9 de julio de 1964 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su cuadragésima octava reunión. Fecha de suscripción: 9 de julio de 1964. Decreto del Congreso Nº: 41-88, del 4 de agosto de 1988. Ratificación: 19 de agosto de 1988. Depósito: 12 de septiembre 1988 - OIT Fecha de publicación: 19 de octubre de 1988.

83 Convenio 163 sobre el bienestar de la gente de mar, 1987

Deposito de ratificación: 3 de noviembre de 2008

xii. PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL

84 Declaración del Milenio Haga clic aquí para ir al sitio Web de las metas del milenio

Resolución 55/2, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de septiembre de 2000.

85 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 2542 (XXIV) de 11 de diciembre de 1969

86 Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 3384 (XXX), de 10 de noviembre de 1975

87 Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 39/11, de 12 noviembre de 1984

88 Declaración sobre el derecho al desarrollo Resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986, adoptada por la Asamblea General.

89 Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial

Proclamada por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO- Roma, el 13 de noviembre de 1996.

xiii. BIENESTAR Y SALUD

78

90 Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA

Resolución de la Asamblea General A/RES/S-26/2, del 27 de junio de 2001

91 Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud –OMS- para el Control del Tabaco.

Hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003. Fecha de suscripción: 25 de septiembre de 2003 Decreto Legislativo Nº: 47-2005 del 14 de julio 2005.

xiv. MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS 92 Convención internacional sobre la protección de los

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2000. Decreto del Congreso número: 61-97, del 23 de julio de 1997. Ratificación: 7 de marzo de 2003. Fecha de depósito: 14 de marzo de 2003, ONU. En vigor a partir de: 1 de julio de 2003 Fecha de publicación: 4 de julio de 2003.

93 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Convención de Palermo)

Fecha de suscripción: 15 de noviembre de 2000 Decreto de aprobación: 36-2003, del 19 de 2003 Fecha de adhesión: 4 de febrero de 2004 En vigor a partir del: 1 de mayo de 2004 Fecha de publicación: 21 de mayo de 2004

94 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Convención de Palermo)

Fecha de suscripción: 15 de noviembre de 2000 Decreto de aprobación: 36-2003, del 19 de 2003 Fecha de adhesión: 4 de febrero de 2004 En vigor a partir del: 1 de mayo de 2004 Fecha de publicación: 5 mayo de 2004

95 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950. Aprobado mediante decreto 40-2007 del 26 de noviembre de 2007. Publicado en el diario oficial el 19 de octubre de 2007. Depósitado el 13 de diciembre de 2007 En vigor desde el 13 de marzo de 2008.

96 Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Convención de Palermo)

Aprobada en Nueva York, 31 mayo 2001 Deposito de instrumento de ratificación 1 de abril de 2004

97 Protocolo final del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

Abierto a la firma en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950. Aprobado mediante decreto 40-2007 del 26 de noviembre de 2007. Publicado en el diario oficial el 19 de octubre de 2007. Depositado el 13 de diciembre de 2007 En vigor desde el 13 de marzo de 2008.

xv. REFUGIADOS, NACIONALIDAD, APÁTRIDAS Y ASILO

98 Convención para reducir los casos de apatrida Adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y nuevamente en 1961, en cumplimiento de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1954. Fecha de suscripción: 30 de agosto de 1961 Decreto de aprobación: 100-2000, del 19 de diciembre de 2000 Fecha de adhesión: 20 de marzo de 2001 En vigor a partir del: 23 de agosto de 2001 Fecha de publicación: 20 de agosto de 2001

99 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas Adoptada el 28 de septiembre de 1954 por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 526 A (XVII), de 26 abril de 1954 Fecha de suscripción: 28 de septiembre de 1954 Decreto de aprobación: 5-96, del 20 de febrero 1996 Ratificación: 29 de junio de 2000 En vigor a partir del: 26 de febrero de 2001 Fecha de publicación: 26 junio de 2003

79

100 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados Adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), de 14 de diciembre de 1950. Fecha de suscripción: 28 de julio de 1951. Decreto ley Nº: 34-83, del 29/03/1983. Fecha de adhesión: 29 de marzo de 1983. Fecha de depósito: 22 de septiembre 1983 -ONU. Fecha de publicación: 25 de noviembre de 1983.

101 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados Del Protocolo tomaron nota con aprobación el Consejo Económico y Social en su resolución 1186 (XLI), de 18 de noviembre de 1966, y la Asamblea General en su resolución 2198 (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Fecha de suscripción: 31 de enero de 1967. Decreto ley Nº: 34-83, del 29 de marzo de 1983. Fecha de adhesión: 29 de marzo de 1983. Fecha de depósito: 22 de septiembre 1983 -ONU. Fecha de publicación: 25 de noviembre de 1983.

102 Convención Sobre el Asilo Territorial. OEA Fecha de suscripción: 28 de marzo de 1954. Decreto ley Nº:13-83, del 24 de febrero de 1983. Ratificación: 28 de febrero de 1983. Fecha de depósito: 13 de mayo de 1983 Fecha de publicación:13 de mayo de 1983

103 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. OEA Fecha de suscripción: 26 de diciembre de 1933. Decreto del Congreso: 2130, del 25 de marzo de 1936. Ratificación: 6 de abril de 1936. Fecha de depósito: 17 de julio de 1936 - Fecha de publicación: 19 de mayo de 1936.

104 Convención Sobre el Derecho de Asilo. OEA Fecha de suscripción: 20 de febrero de 1928. Decreto legislativo: 1716, del 18 de mayo de 1931. Ratificación: 20 de mayo de 1931. Fecha de depósito: 28 de septiembre de 1931, ONU. Fecha de publicación: 11 de junio de 1931.

105 Convención Sobre el Asilo Político OEA Fecha de suscripción: 26 de diciembre de 1933. Decreto Nº: 2068, de 22/04/1935. Ratificación: 28 de abril de 1935. Fecha de depósito: 3 de julio de 1935 Fecha de publicación: 20 de junio de 1935.

106 Convención Sobre Asilo Diplomático OEA Fecha de suscripción: 28 de marzo de 1954. Decreto ley: 16-83, del 24 de febrero de 1983. Ratificación: 3 de marzo de 1983. Fecha depósito: 13 de mayo de 1983 Fecha de publicación:16 de junio de 1983

107 Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985.

108 Declaración sobre el Asilo territorial Adoptada por la Asamblea General en su resolución 2312 (XXII), del 14 de diciembre de 1967.

xvi. AMBIENTE

109 Tratado Sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y Otras Armas de Destrucción en Masa, en los fondos Marinos y Oceánicos y su subsuelo

Fecha de suscripción: 11 de febrero de 1971. Decreto ley Nº: 13-94, del 26 de enero de 1994. Ratificación: 28 de marzo de 1994 Fecha de depósito: 1 de abril de 1996 - ONU. Entrada en vigor: 1 de abril de 1996.

110 Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles.

Fecha de suscripción: 10 de diciembre de 1976. Decreto ley Nº: 77-87, de 12/Nov/1987 Ratificación: 20 de enero de 1984. Fecha de depósito: 21 de marzo de 1988 - ONU. Entrada en vigor: 21 de marzo de 1988.

80

111 Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono.

Fecha de suscripción: 22de marzo de 1985. Decreto ley número: 39-87, del 8 de julio de 1987. Ratificación: 20 de julio de 1987 Fecha de depósito: 11 de septiembre 1987 - ONU Entrada en vigor: 22 de septiembre de 1988

112 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Suscripción: 16 de septiembre de 1987 Decreto ley número: 34-89, del 14de junio de 1989. Ratificación: 11 de julio de 1989 Fecha de depósito: 7 de noviembre 1989 - ONU. Entrada en vigor: 5 de febrero de 1990

113 Enmiendas del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Decreto ley número: 17-2001, del 12de junio de 2001. Ratificación: 15 de octubre de 2001 Ratificación de las enmiendas de Londres 1990, Copenhagen 1992, Montreal 1997, y Beijin 1999: 21 de enero de 2002 - ONU

114 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Fecha de suscripción: 23 de marzo de 1989. Decreto ley número: 3-95 del 25 enero de1995. Ratificación: 25 abril de 1995 Fecha de depósito: 15 de mayo de 1995 - ONU. Entrada en vigor: 13 de agosto de 1995

115 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Fecha de suscripción: 13 de junio de 1992. Decreto ley número: 15-95, del 28 marzo de1985. Ratificación: 3 de agosto de 1995 Fecha de depósito: 15 de diciembre 1995 - ONU. Entrada en vigor: 15 de marzo de 1996

116 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Fecha de suscripción: 10 de julio de 1998. Decreto ley número: 23-99 del 12 de mayo 1999. Fecha de ratificación: 7 de julio de 1999 Fecha de depósito: 5 de octubre de 1999 - ONU.

117 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fecha de suscripción: 13 de junio de 1992. Decreto ley número: 5-95, del 21 de febrero de1985. Ratificación: 14 de junio de 1995 Fecha de depósito: 10 de julio de 1995 - ONU. Entrada en vigor: 8 octubre de 1995

118 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Fecha de ratificación: 28 de octubre de 2004 Depósito – ONU Entrada en vigor: 26 de enero de 2005

119 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestres. CITES

Fecha de suscripción: 3 de marzo de 1973. Decreto ley número: 63-79, del 2 de octubre de 1979. Ratificación: 11 de octubre de 1979 En vigor desde 5 de febrero de 1980

120 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África.

Fecha de suscripción: 17 de junio de 1994. Decreto ley número: 13-98, del 25 de febrero de 1998. Ratificación: 4 de mayo de 1998 Fecha de depósito: 10 de septiembre 1998-ONU. Entrada en vigor: 9 de diciembre de 1998

121 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 2001

Firmada el 29 de enero de 2002 Depósito de instrumento de Ratificación: 30 de julio de 2008.

122 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001

Ratificado mediante decreto 63-2007 Pendiente depósito de ratificación. (junio 2009)

xvii. PERSONAS DESAPARECIDAS

68 (sic.)

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Fecha de suscripción: 24 de junio de 1994. Decreto del Congreso Nº: 18-96, del 28 de marzo de 1996. Ratificación: 27 de julio de 1999. Fecha de depósito: 25 de febrero de 2000 - OEA. Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2001.

123 Convención sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas.

Fecha de suscripción: 6 de abril de 1950. Decreto ley número: 842, del 7 de noviembre de 1951. Ratificación: 25 de mayo de 1951 Fecha de depósito: 25 de diciembre 1951 - ONU.

81

Entrada en vigor: 24 de enero de 1952 Vencimiento: 23 enero 1957

124 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992

125 Protocolo para prorrogar el período de vigencia de la Convención sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas

Fecha de suscripción: 16 de enero de 1957. Decreto ley número: 1456, del 8 de junio de 1951. Ratificación: 22 de junio de 1961 Fecha de depósito: 8 de agosto de 1961 - ONU. Plazo de vencimiento: 24 enero de 1967

126 Protocolo para una nueva prórroga del período de vigencia de la Convención sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas

Fecha de suscripción: 15 de enero de 1967. Decreto ley número: 1721, del 7 de noviembre de 1967. Ratificación: 9 de febrero de 1968 Fecha de depósito: 12 de marzo de 1968 - ONU. Entrada en vigor y plazo de vencimiento: 12 de marzo de 1968 (5 años)

xviii. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

127 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I)

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949 Fecha de suscripción: 12 de agosto de 1949. Decreto legislativo: 881, del 16 de abril de 1952. Ratificación: 21 de abril de 1952. Fecha de depósito: 14 de mayo de 1952 - ONU. Fecha de publicación: 3 de septiembre de 1952.

128 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II)

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949 Fecha de suscripción: 12 de agosto de 1949. Decreto legislativo: 881, del 16 de abril de 1952. Ratificación: 21 de abril de 1952. Fecha depósito: 14 de mayo de 1952 - Fecha de publicación: 3 de septiembre de 1952.

129 Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III)

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949 Fecha de suscripción: 12 de agosto de 1949. Decreto legislativo: 881, 16 de abril de 1952. Ratificación: 21 de abril de 1952. Fecha de depósito: 14 de mayo de 1952 - ONU. Fecha de publicación: 1 y 2 de septiembre de 1952.

130 Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. Fecha de suscripción: 12 de agosto de 1949. Decreto legislativo: 881, del 16 de abril de 1952. Ratificación: 21 de abril de 1952. Fecha de depósito: 14 de mayo de 1952 - ONU. Fecha de publicación: 2 y 3 de septiembre de 1952.

131 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)

Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. Fecha de suscripción: 8 de junio de 1977. Decreto del Congreso número: 21-87, del 23 de abril de 1987. Fecha de adhesión: 21 de septiembre de 1987. Fecha de depósito: 19 de octubre de 1987 - ONU. Publicación: 6 de septiembre de 1988.

82

132 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados. Fecha de suscripción: 8 de junio de 1977. Decreto del Congreso número: 21-87, del 23 de abril de 1987. Fecha de adhesión: 21 de septiembre de 1987. Fecha de depósito: 19 de octubre de 1987 - ONU. Fecha de publicación: 6 de septiembre de 1988.

133 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III) (8-12-2005)

Decreto 57-2007 del Congreso de la República, del 13 de noviembre de 2007

134 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto Armado y reglamento para la aplicación de la Convención. La Haya, 14 de mayo de 1954

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Guatemala se adhirió el 02 de octubre de 2005.

135 Protocolo a la Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. La Haya, 14 de mayo de 1954.

UNESCO. Guatemala depósito el instrumento de ratificación el 19 de mayo de 1994

136 Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. La Haya, 26 de marzo de 1999.

UNESCO. Guatemala depósito el instrumento de ratificación el 04 de febrero 2005

A.2 OTROS INSTRUMENTOS RATIFICADOS POR GUATEMALA

No. Instrumento Situación

xix. SEGURIDAD, TERRORISMO Y DELINCUENCIA TRANSNACI ONAL

137 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York 15 noviembre de 2000. (Convención de Palermo)

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/RES/55/25 Fecha de suscripción: 12 de diciembre de 2000. Decreto ley Nº: 36-2003, del 19 de agosto de 2003. Ratificación: 18 septiembre de 2003 Fecha de depósito: 25 de septiembre 2003 - ONU Entrada en vigor: 25 de octubre de 2003.

138 Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes.

Fecha de suscripción: 17 de diciembre de 1979. Decreto ley número: 118-82, del 30 de diciembre de 1982. Fecha de ratificación: 30 de diciembre de 1982. Fecha de depósito: 11 de marzo de 1983 - ONU. Fecha de publicación: 10 de junio de 1983. Según el texto del MINEX termino su vigencia en 2002.

139 Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

Fecha de suscripción: 12 de enero de 1998. Decreto ley Nº: 70-2001, del 29 de noviembre de 2001. Ratificación: 30 de enero de 2002. Fecha de depósito: 12 de febrero de 2002 - ONU. Entrada en vigor: 14 de marzo de 2002. Existe reserva en el artículo 2 numeral 2 inciso a del Convenio.

140 Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.

Decreto ley Nº: 70-2001, del 29 de noviembre de 2001. Ratificación: 30 de enero de 2002

141 Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973

Fecha de suscripción: 21 de diciembre de 1974. Decreto ley número: 103-82. Ratificación: 29 de noviembre 1982 Fecha de publicación: 4 de marzo de 1983.

83

142 Convención Interamericana contra la Corrupción Fecha de suscripción: 23 de marzo de 1996. Decreto ley Nº: 15-2001 del 10 de mayo de 2001. Ratificación: 12 junio de 2001 Fecha de depósito: 3 de julio de 2001 - OEA. Entrada en vigor: 2 de agosto de 2001

143 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América

Fecha de suscripción: 15 de diciembre de 1995. Decreto ley Nº: 118-97 del 25 de noviembre de 1997. Ratificación: 21 de junio de 1999 Fecha de depósito: 28 de octubre de 1999 - OEA. Entrada en vigor: 28 de octubre de 1999

144 Convención Interamericana contra el Terrorismo Fecha de ratificación: 31 de agosto de 2005. Decreto Legislativo Nº 57-2005.

xx. DESARME, USO, COMERCIO Y CONTROL DE ARMAS Y MUN ICIONES 145 Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del

Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (y sus Protocolos I, II, y III).

Fecha de suscripción: 10 de octubre de 1980. Decreto ley Nº: 62-83, del 6/06/1983 Ratificación: 6 de junio de 1983 Fecha de depósito: 21 de julio de 1983 - ONU. Entrada en vigor: 21 de enero de 1984. Deposito de ratificación de enmienda el 13 de febrero de 2009

146 Protocolo adicional a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, "Protocolo sobre armas láser cegadoras (Protocolo IV)".

Fecha de suscripción: 13 de octubre de 1995. Decreto ley Nº: 21-2001, del 13 de junio de 2001. Ratificación: 10 de junio de 2002 Fecha de depósito: 30 de agosto de 2002 - ONU. Entrada en vigor: 28 de febrero de 2003.

147 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados.

Fecha de suscripción: 3 de mayo de 1996. Decreto ley Nº: 20-2001, del 15 de mayo de 2001. Ratificación: 23 de julio de 2001 Fecha de depósito: 29 de octubre de 2001 - ONU. Entrada en vigor: 29 de abril de 2002.

148 Enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Ginebra, 21 de diciembre de 2001

Decreto 39-2007 del 26 de septiembre de 2007 Publicado en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2007 Fecha de depósito: 13 de Febrero 2009 - ONU Vigente en Guatemala a partir del 13 de Agosto de 2009.

149 Protocolo sobre los restos explosivos de guerra a la Convención sobre Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo V) 2003

Decreto 54-2007 del 7 de noviembre de 2007. Depositado el 28 de febrero de 2008 - ONU

150 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.

Fecha de suscripción: 14 enero de 1993. Decreto ley Nº: 54-2000, del 2/05/2001 Ratificación: 3 de diciembre de 2002 Fecha de depósito: 12 de febrero de 2003 - ONU. Entrada en vigor: 14 marzo de abril de 2003.

151 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

Fecha de suscripción: 3 de diciembre de 1997. Decreto ley número: 79-98, del 13 de agosto de 1998. Ratificación: 7 de enero de 1999 Fecha de depósito: 26 de marzo de 1999 - ONU. Entrada en vigor: 1 de octubre de 1999

152 Convención Interamericana sobre la Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales

Fecha de suscripción: 7 de junio de 1999. Decreto ley Nº: 84-2000 de 28 de noviembre de 2000. ratificación: 9 de enero de 2001 Fecha de depósito: 3 de julio de 2001 - OEA. Entrada en vigor: 21 noviembre de 2002

153 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en

84

su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 Fecha de suscripción: 22 de junio de 1949. Decreto legislativo: 704, del 30 de noviembre de 1949. Fecha de ratificación: 13 de diciembre de 1949. Fecha de depósito: 13 de enero de 1950 - ONU. Fecha de publicación: 6 de enero de 1950.

154 Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de1996. Firmado el 20 de septiembre de 1999

155 Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco)

Ratificado el 6 de febrero de 1970. Primera enmienda ratificada el 21 de agosto de 1998 Segunda enmienda ratificada el 26 de noviembre de 2003

xxi. INSTRUMENTOS VARIOS

156 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. (Existe reserva) La República de Guatemala confirma formalmente las reservas I y III formuladas por ella al suscribir la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, relativas respectivamente, a que Guatemala no acepta ninguna disposición de la Convención que pueda perjudicar sus derechos y reclamación sobre el territorio de Belice y a que aplicará la disposición contenida en el artículo 38 de la misma sólo en los casos que considere que lo hace de interés nacional; Respecto a la reserva II, formulada en la misma oportunidad y relativa a que la República de Guatemala no aplicará los artículos 11, 12, 25 y 66 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados por ser contrarios a la Constitución. Diario de Centroamérica del 27 de agosto de 1998.

Fecha de suscripción: 23 de mayo de 1969. Decreto ley número: 55-96, del 26 de junio de 1996. Ratificación: 14 de mayo de 1997. Fecha de depósito: 21 de julio de 1997 - ONU. Entrada en vigor: 21 de julio de 1997.

157 Acuerdo para la importación de objetos de carácter educativo, científico y cultural y sus anexos, y el Protocolo Adicional

Fecha de suscripción: 22 de noviembre de 1950 Decreto del Congreso número: 1369, del 14 de junio de 1970. Ratificación: 20de junio de 1960. Fecha de depósito: 8 de julio de 1960, UNESCO. Fecha de publicación: 4 de julio de 2003.

158 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

Adoptado en Ginebra el 20/12/1996. Decreto ley Nº: 13-2002 del 3 de abril de 2002. Ratificación: 10 de junio de 2002 Fecha de depósito: 8 de octubre de 2002 - OMPI. Entrada en vigor: 8 de enero de 2003

159 Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Guatemala y el Reino de España

Suscrito en la ciudad de Madrid, España, el 23 de Marzo de 1996. Decreto No: 44-2005 Fecha de Emisión: 13 de julio de 2005 Fecha de Publicación: 12 de agosto de 2005

160 Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero.

Fecha de suscripción: 26 de diciembre de 1956. Decreto legislativo Nº: 1157, del 29 de marzo de 1957. Ratificación: 2 de abril de 1957. Fecha de depósito: 25 de abril de 1957 - ONU. Fecha de publicación: 12 de abril de 1957.

161 Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1994. Fecha de depósito: 23 de septiembre de 2008

162 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado (Nueva York, 8 de diciembre de 2005)

Fecha de deposito: 11 de noviembre de 2008

163 Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura Adoptado por la Conferencia Mundial de la FAO en Roma, noviembre de 2001. Resolución 3/2001. En

Fecha de suscripción: 29 de junio de 2004. Depósito de ratificación: 1 de febrero de 2006

85

vigor desde el 29 de junio de 2004.

164 Convención internacional para la protección de los artistas ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Fecha de suscripción: 26 de octubre de 1961. Decreto del Congreso número: 37-76, del 18 de agosto de 1976. Fecha de Ratificación: 7 de septiembre 1976 - ONU. Depositado el 14 de octubre de 1976.

165 Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas 1971.

Fecha de suscripción: 26 de octubre de 1961. Decreto ley Nº: 36-76 del 18 de agosto de 1976. Fecha de ratificación: 7 de septiembre 1976 -ONU. Entrada en vigor: 4 de noviembre de 1976 Depositado el 14 de octubre de 1976.

166 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos

167 Declaración de Doha Declaración ministerial (DOHA, 2001)

xxii. OTRAS DECLARACIONES Y RESOLUCIONES

168 Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional

Proclamada por la Conferencia General de la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 14.ª reunión, celebrada el 4 de noviembre de 1966

169 Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (Derecho de libre determinación)

Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960.- Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, titulada “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”

170 El derecho a la verdad Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas - E/CN.4/2005/L.84, del 14 Abril de 2005.

171 Constitución de la OMS Guatemala firmó el 22 Julio de 1946, Depositó el 26 de Agosto de 1949 A

A.3 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DER ECHOS HUMANOS AÚN NO RATIFICADOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA

No. Instrumento Situación 1 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Adoptado en Roma el 17 de julio de 1998.

En el Congreso de la República desde el año 2002. 2 Convención sobre municiones en racimo de Dublín

del 30 de mayo de 2008. El Estado de Guatemala firmó el 30 de mayo de 2008 En proceso de ratificación (junio 2009)

3 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte

Adoptado en Asunción, Paraguay, el 6 de agosto de 1990

4 Convención internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas (Nueva York, 20 de diciembre de 2006)

5 Enmienda al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Aprobada el 15 de enero de 1992 en la Decimocuarta Reunión de los Estados Partes, celebrada el 15 de enero de 1992

6 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968

7 Enmiendas al párrafo 7 del artículo 17 y al párrafo 5 del artículo 18 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Aprobadas por la Conferencia de los Estados Partes el 8 de septiembre de 1992.

8 Convención internacional contra el apartheid en los deportes.

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1985.

9 Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 10 de diciembre de 2008)

Abierto para firma en Nueva York a partir del 24 de septiembre de 2009

86

10 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989. .

11 Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

12 Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia.

Concertada en Ginebra el 13 de noviembre de 1979. .

13 Protocolo de la Convención sobre la contaminación atmosférica a larga distancia, de 1979, sobre reducción de las emisiones de azufre o sus flujos transfronterizos en al menos 30 por ciento.

Concertado en Helsinki el 8 de julio de 1985.

14 Protocolo de la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia de 1979, relativo a la lucha contra las emisiones de óxido de nitrógeno o sus flujos transfronterizos.

Concertado en Sofía el 31 de octubre de 1988.

15 Protocolo de la Convención de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo a la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles o sus flujos transfronterizos.

Concertado en Ginebra el 18 de noviembre de 1991.

16 Protocolo a la Convención de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia relativo a la reducción ulterior de emisiones de azufre.

Concertado en Oslo el 14 de junio de 1994.

17 Protocolo a la Convención de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia relativo a los metales pesados.

Adoptado en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998.

18 Protocolo a la Convención de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia relativo a los contaminantes orgánicos persistentes.

Adoptado en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998.

19 Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, concertado en Basilea el 22 de marzo de 1989.

Aprobado en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.

20 Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación 1999

21 Convención sobre la evaluación de los efectos en el medio ambiente en un contexto transfronterizo. 1991

Concertada en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991. .

22 Convención sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales 1992

Concertada en Helsinki el 17 de marzo de 1992.

23 Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales. 1992

Concertada en Helsinki el 17 de marzo de 1992.

24 Convención sobre el acceso a la información y la participación del público en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales. 1998

Adoptada en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998.

25 Enmienda a la Convención sobre el acceso a la información y la participación del público en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales. 2005

26 Convenio para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 1998

Adoptado en Rótterdam, Holanda, el 10 de septiembre de 1998.

27 Acuerdo sobre la creación de un Instituto Abierto ala firma en Nueva York, el 28 de octubre de 1996.

87

Internacional de Vacunas. 1996

28 Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.

Concertada en Viena el 23 de agosto de 1978.

29 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

Concertada en Viena el 21 de marzo de 1986.

30 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores

31 Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores

32 Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París, Declaración anexa relativa al Artículo XVII y resolución relativa al Artículo XI. París, 24 de julio de 1971. Y sus protocolos I y II (revisión de la Convención de 1952, Paris)

(sic.) Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología relativo a la sede del Centro y enmiendas a los artículos 6 y 7 (1996)

Madrid, 13 de septiembre de 1983

33 Protocolo del Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología relativo a la sede del Centro,

2007

34 Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 2006 Guatemala firmó el 14 de julio de 2006.

Fuente: Procurador de los Derechos Humanos

B. Marco jurídico de protección de los derechos humanos a nivel nacional

146. En Guatemala, los derechos humanos están reconocidos por la Constitución,

garantizados por las leyes y protegidos por el derecho internacional. Tal como ya se

mencionó con anterioridad, de conformidad con el articulado constitucional los tratados y

convenios internacionales en materia de derechos humanos se convierten en ley y tienen

preeminencia sobre el derecho interno. De no haber en el derecho interno del país una ley

que pueda aplicarse para determinados derechos, pero un instrumento internacional a ese

respecto ha sido aprobado, entonces se podrá aplicar de forma directa (artículo 46).

147. La Constitución Política se considera garantista y una importante parte de su

contenido está dedicada al desarrollo de los derechos humanos. Establece que el fin

supremo del Estado es la realización del bien común y que se organiza para proteger a la

persona y su familia (artículo 1), que es deber del Estado garantizar a todos sus habitantes

la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona

(artículo 2) y, el artículo 44 consagra no sólo que el interés social prevalece sobre el interés

particular, sino que además recoge que “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones

gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los

88

derechos que la Constitución garantiza” (Asamblea Nacional Constituyente, 1985). Su

título II está específicamente referido a los derechos humanos (artículos 3 al 139) y se

encuentra subdividido en los capítulos siguientes:

a. Capítulo I: referido a los derechos individuales (artículos 3 a 46)

b. Capítulo II: integrado por diez secciones distintas, todas referidas a los

derechos sociales,

i. Sección primera: familia (artículos 47 a 56)

ii. Sección segunda: cultura (artículos 57 a 65)

iii. Sección tercera: comunidades indígenas (artículos 66 a 70)

iv. Sección cuarta: educación (artículos 71 a 81)

v. Sección quinta: universidades (artículos 82 a 90)

vi. Sección sexta: deporte (artículos 91 y 92)

vii. Sección séptima: salud, seguridad y asistencia social (artículos 93 a

100)

viii. Sección octava: trabajo (artículos 1010 a 106)

ix. Sección novena: trabajadores del Estado (artículos 107 a 117)

x. Sección décima: régimen económico y social (artículos 118 a 134)

c. Capítulo III: deberes y derechos cívicos y políticos (artículos 135 a 137)

d. Capítulo IV: limitación a los derechos constitucionales (artículos 138 a 139)

Adicionalmente, su Título VI aborda las garantías constitucionales y defensa del orden

constitucional a lo largo de los artículos 263 a 276 y se divide en los capítulos siguientes:

a. Capítulo I: exhibición personal (artículos 263 y 264)

89

b. Capítulo II: amparo (artículo 265)

c. Capítulo III: inconstitucionalidad de las leyes (artículos 266 y 267)

d. Capítulo IV: Corte de Constitucionalidad (artículos 268 a 272)

e. Capítulo V: Comisión y Procurador de los Derechos Humanos (artículos 273

a 275)

f. Capítulo VI. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

(artículo 276)

148. La Carta Magna también establece que la acción para enjuiciar a los infractores de

los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución

ni formalidad alguna. Y añade en el Artículo 46 que “es legítima la resistencia del pueblo

para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”

(Misión Internacional de Verificación, 2010, págs. 23 y 24).

149. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- de la Organización de

Estados Americanos, resumía en estos términos los principales contenidos constitucionales

en materia de derechos humanos: entre los derechos individuales se hallan el derecho a la

vida; el derecho a la libertad e igualdad de todos los seres humanos; el derecho a la libertad

de acción; se proscriben las detenciones ilegales o arbitrarias; los detenidos deben ser

puestos a disposición del Juez competente dentro del plazo de 6 horas, no pudiendo quedar

sujetos a ninguna otra autoridad; toda persona detenida deberá ser inmediatamente

notificada de las causas de su detención, de la autoridad que la dispuso y del sitio donde

permanecerá, debiendo informarse de tales circunstancias a la persona que éste designe por

el medio más rápido; se contempla el derecho de todo detenido de ser asistido por un

defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias judiciales y policiales, no

pudiendo ser obligado a declarar sino ante el Juez dentro de un plazo que no exceda de 24

horas; los interrogatorios extrajudiciales carecen de valor probatorio; nadie podrá ser

conducido a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y

públicamente designados a este efecto, bajo responsabilidad de quienes violen esta norma;

90

las personas capturadas por faltas o infracciones no deben permanecer detenidas si su

identidad puede ser establecida mediante documentación, por testimonio de persona

conocida, o de la propia autoridad; y, establece que nadie puede ser condenado ni privado

de sus derechos, sin haber sido citado, oído, y vencido en proceso legal ante Juez o

Tribunal competente y preestablecido.

150. La Constitución Política de Guatemala proscribe, asimismo, los tribunales

especiales o secretos y los procedimientos que no estén preestablecidos legalmente;

consigna igualmente el principio de presunción de inocencia, de publicidad del proceso, de

no retroactividad de la ley, de que no hay delito ni pena sin ley anterior y de que no hay

prisión por deudas. En cuanto a la pena de muerte, establece que no podrá imponerse con

fundamento en presunciones, ni a las mujeres, ni a los mayores de 60 años, ni a los reos de

delitos políticos y comunes conexos con los políticos, así como tampoco a los reos cuya

extradición haya sido concedida bajo esa condición. Establece también que el Congreso de

la República podrá abolir la Pena de Muerte.

151. En relación con el sistema penitenciario, establece que éste debe de tender a la

readaptación social, a la reeducación de los reclusos, y cumplir con las normas mínimas que

proscriben la discriminación, los tratos crueles, las torturas físicas y morales, los trabajos

incompatibles con el estado físico, y las acciones denigrantes. Asimismo preceptúa que las

penas deben cumplirse en los centros penales oficiales y que los reclusos tienen derecho a

comunicarse con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso, médico, y, con el

representante diplomático de su nacionalidad. En lo que se refiere a los menores de edad,

dispone su inimputabilidad y un tratamiento, cuando transgredan la ley, orientado hacia una

educación integral debiendo ser atendidos por instituciones y personal especializado, no

pudiendo ser recluidos, por ningún motivo, en centros penales o de detención para adultos.

152. Prescribe la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Reconoce la

libertad de locomoción y el derecho de toda persona de entrar, permanecer, transitar, y salir

del territorio de Guatemala o de cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones

que las que establece la ley. Queda proscrita la expatriación o la denegatoria de ingreso al

91

territorio nacional de ciudadanos guatemaltecos, y asimismo la denegatoria de pasaporte u

otros documentos de identificación.

153. Se reconoce el derecho de asilo. Se establece, de acuerdo con el principio de "non

refoulement", que no se acordará la expulsión de un refugiado político con destino al país

que lo persigue. Se contempla el derecho de petición mediante el cual los habitantes de

Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad

en materia administrativa, fiscal o política. Igualmente se consagra el libre acceso a los

tribunales y dependencias del Estado, la publicidad de los actos administrativos y el libre

acceso a los archivos y registros estatales. Asimismo el derecho de reunión y manifestación

pacífica, el derecho de libre asociación, la libertad de emisión del pensamiento sin censura

ni licencia previa por cualesquiera medios de difusión. También la libertad de religión y de

cultos sin más límites que el respeto del orden público y de los otros credos.

154. La propiedad privada se garantiza como un derecho inherente a la persona humana,

de la cual puede disponerse libremente de acuerdo con la ley. Se reconoce, sin embargo,

que la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio

social, o interés público debidamente comprobados. Los expropiados serán debidamente

indemnizados con el pago del justiprecio que se fijará tomando como base el valor actual

del bien materia de expropiación. Queda prohibida la confiscación o imposición de multas

confiscatorias de bienes. Se reconoce igualmente el derecho de autor y el derecho de

invención. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo.

155. Merece destacar igualmente, dentro del Título II, Capítulo Segundo, Sección

Tercera, el tratamiento que se confiere a los derechos del indígena y a las comunidades

indígenas a quienes se reconoce el derecho a su identidad cultural de acuerdo a sus valores;

su lengua y sus costumbres; declarándose que el Estado reconoce, respeta y promueve sus

formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje

indígena, idiomas y dialectos; protegiendo sus tierras cooperativas y comunales y su

patrimonio familiar; garantizando que se mantendrá ese mismo sistema; contemplando

programas especiales de promoción y desarrollo y asimismo, medidas para evitar trato

discriminatorio en el pago de sus salarios cuando laboren fuera de sus comunidades.

92

Igualmente se contempla la promulgación de una ley específica que regulará todo lo

relativo a la protección y defensa de tales derechos.

156. En el Capítulo Cuarto se consideran las "Limitaciones a los Derechos

Constitucionales" y la suspensión de tales derechos y garantías en casos excepcionales,

estableciendo que, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de

actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, puede cesar la plena

vigencia de algunos de los derechos contemplados en la Constitución, precisando que los

únicos derechos que pueden ser suspendidos son el derecho de libertad de acción, el

derecho a no ser detenido sino por orden judicial, el derecho a la libertad de circulación y

residencia, el derecho de reunión y manifestación, el derecho de libertad de expresión, el

derecho de portar armas, y el derecho de huelga de los trabajadores del Estado.

157. Los derechos a la nacionalidad y a la ciudadanía se encuentran protegidos en el

Título III. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Se

reconoce asimismo el derecho de nacionalización. La ciudadanía se adquiere con la

mayoría de edad a los dieciocho años, y puede ser suspendida o perderse y recobrarse de

conformidad con lo establecido por la ley.

158. Dentro de las Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional se

consagra en primer término el Recurso de Exhibición Personal, o de Habeas Corpus, el cual

puede ser interpuesto por quien se encuentre ilegalmente detenido o cohibido de cualquier

modo del goce de su libertad individual, o sufriere vejámenes aun cuando su detención

fuera fundada en la ley. Si no se localizase a la persona en cuyo favor se interpuso, el

Tribunal deberá ordenar la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Se contempla,

igualmente, el Recurso de Amparo para proteger a las personas amenazadas en sus

derechos o para restaurar imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido10.

159. Además de las leyes constitucionales ya referidas con anterioridad, dentro del

régimen jurídico de Guatemala hay otra serie de leyes ordinarias que en mayor o menor

medida también se relacionan con la observancia de los derechos humanos, entre ellas cabe

10 Los párrafos 148 a 158 se han obtenido del resumen del contenido de la Constitución realizado por la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe de País, 1985 sobre Guatemala.

93

mencionar: el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Trabajo, la Ley del

Organismo Judicial; y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la

República y del Procurador de los Derechos Humanos, entre otras.

160. Por otra parte, la adopción de normas internacionales de derechos humanos, ha dado

lugar a desarrollar procesos de homologación y armonización de dichas normas respecto de

la legislación interna vigente. En ese sentido se han aprobado otras leyes nacionales tales

como: la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 02-04 del 7 de

enero de 2004), acorde con la Convención de los Derechos del Niño la cual se fundamenta

en el interés superior del niño; la Ley del Régimen Penitenciario (Decreto 33-06 del 5 de

octubre de 2005), que incorpora principios y normas internacionales relacionadas con las

personas privadas de libertad y particularmente de la Convención contra la Tortura y otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A su vez, en congruencia con el

Convenio de la Haya, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de

Adopción Internacional, se aprobó en diciembre de 2007 la ley Nacional de Adopciones.

161. También se han reformado leyes nacionales ya existentes con el objeto de

adecuarlas a la normativa internacional, tal es el caso del Código Penal en los siguientes

ámbitos: a) tipificación del delito de trata de personas, de conformidad con lo establecido

en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los

Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, por Tierra, Mar y Aire; y, para Prevenir,

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Tal medida se

fortaleció con la adopción de una Política Nacional Contra la Trata de Personas y un Plan

de Acción (para el período 2007-2017); b) tipificación del delito de discriminación racial,

de acuerdo con los Acuerdos de Paz y la Convención para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación Racial.

162. Finalmente, se han aprobado una serie de políticas y planes nacionales cuya puesta

en práctica deberá tener efecto sobre el ejercicio de los derechos humanos, tales como: la

Política Nacional de Derechos Humanos y su Plan de Acción Nacional; la Política Nacional

de Educación en Derechos Humanos; la Política para la Prevención de la Violencia Juvenil;

la Política Pública contra la Trata de Personas y de Protección Integral de las Víctimas; la

94

Política Pública para la Convivencia Pacífica y la Eliminación del Racismo y la

Discriminación Racial; y, la Política Nacional de Promoción de Equidad de las Mujeres

Guatemaltecas, entre otras.

C. Marco de la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

163. En términos de promoción de los derechos humanos, el Estado de Guatemala ha ido

desarrollando esfuerzos que a la fecha permiten contar con: a) creación en 1985 de la figura

del Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman); creación en 1992 de la Comisión

Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos

(COPREDEH), con la finalidad de contar con un mecanismo nacional desde el Ejecutivo

para el seguimiento de la temática.

164. Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la institucionalidad

nacional en derechos humanos ha sido el lograr una mayor sensibilidad y conciencia en

relación con la importancia de respetar, promover y hacer efectivos tales derechos desde el

propio Estado. Lo anterior ha dado lugar a que se hayan instalado unidades, secciones o

grupos de trabajo especializados en derechos humanos en instancias o dependencias del

Estados que tienen competencia en la materia, entre las que se pueden mencionar: la

Unidad de Derechos Humanos dentro del Ministerio de la Defensa Nacional; la Unidad de

Derechos Humanos en la Procuraduría General de la Nación; la Unidad de Defensores de

Derechos Humanos, Periodistas y Jueces dentro de la Comisión Presidencial de Derechos

Humanos; las Unidades de Derechos Humanos, Violencia Intrafamiliar, Género y

Defensorías Indígenas dentro de la estructura del Instituto de la Defensa Pública Penal; la

Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la

Fiscalía de sección de delitos contra activistas de derechos humanos y la Unidad Especial

de Trata y Adopciones Irregulares dentro del Ministerio Público.

165. Por recomendación específica de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para

los Derechos Humanos en Guatemala se creó la Instancia de Análisis de Ataques contra

Defensores de Derechos Humanos en Guatemala dentro de la instancia encargada de la

investigación criminal de la PNC; también existen dentro de esta misma institución las

siguientes unidades: la Oficina de Derechos Humanos dentro de la División de

95

Investigación Criminal, en apoyo directo a la Unidad de Delitos contra Activistas de

Derechos Humanos del MP; la Unidad de Derechos Humanos y de Atención a la Víctima y

la División de Multiculturalidad que funciona dentro de la Subdirección General de

Prevención del Delito.

166. Para la protección de grupos particularmente vulnerables existen instancias como la

Secretaría de Seguridad Alimentaria –SESAN-, la Secretaría Presidencial de la Mujer –

SEPREM-; la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar –

COMAPREVI-; la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los

Pueblos Indígenas en Guatemala –CODISRA-; el Consejo Nacional de Adopciones; la

Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia; el Consejo Nacional de los Migrantes y

el Consejo de Cohesión Social, para la coordinación de medidas de atención hacia los

grupos económica y socialmente más vulnerables.

167. Asimismo, existen otras instancias vinculadas con el impulso y respeto a los

derechos humanos establecidas como parte de los compromisos derivados de los Acuerdos

de Paz, entre las que cabe citar: la Secretaría de la Paz -SEPAZ-, el Consejo Nacional de

los Acuerdos de Paz, la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-, el Plan Nacional de

Resarcimiento, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- y, el Fondo

Nacional para la Paz –FONAPAZ-.

168. En materia de Derecho Internacional Humanitario, se creó la Comisión

Guatemalteca para la Promoción del Derecho Internacional Humanitario –COGUADIH-,

como instancia multidisciplinaria e interinstitucional para asesorar al Gobierno en materia

de derecho internacional humanitario e impulsar normas nacionales e internacionales en la

materia.

169. Por otra parte, más allá de la actividad de promoción y protección de los derechos

humanos realizada desde las diversas instancias del Estado, la legislación nacional también

contempla la actividad que en la misma dirección se promueve desde organizaciones no

gubernamentales –ONG-. Desde la perspectiva meramente normativa no existen obstáculos

para la creación de este tipo de asociaciones u organizaciones de la sociedad civil. El

Código Civil y la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Decreto

96

02-2003) establecen las condiciones legales para llevarlo a cabo. Por su parte, el Código

Municipal regula lo relacionado con la organización de asociaciones o comités de vecinos.

Las ONG, de acuerdo con la ley que las regula y con el Código Municipal podrán

constituirse con no menos de siete personas y entre sus asociados pueden contar con hasta

un 25% de miembros extranjeros. El procedimiento de constitución de este tipo de

entidades se caracteriza por ser simple y gratuito y la ley estipula que estas organizaciones,

así como las asociaciones o comités de vecinos tienen el derecho de financiarse a partir de

su propio patrimonio, el cual puede provenir de recursos nacionales o internacionales

indistintamente. Ya el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito por la Unidad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- y el Gobierno, en 1994, como parte del

proceso de negociación de la paz, establecía el compromiso del Estado de proteger a todas

las personas u organizaciones que trabajaran en favor de la protección y promoción de los

derechos humanos, es decir, los defensores y defensoras de derechos humanos, algo que

también contemplan los convenios y tratados internacionales suscritos por el país a ese

respecto.

D. Proceso de presentación de informes a nivel nacional

170. Con fines de análisis y seguimiento de la situación de los derechos humanos, en el

país se elaboran diferente tipo de informes a este respecto, cuya responsabilidad recae en

instancias claramente diferenciadas. Por una parte se encuentra el informe que

obligatoriamente debe entregar el Procurador de los Derechos Humanos al Congreso de la

República a través de la respectiva Comisión de Derechos Humanos. De acuerdo con la ley,

este documento tiene que presentarse al pleno del Organismo Legislativo durante la

segunda quincena de enero de cada año y debe contener información circunstanciada de las

actividades que el PDH haya realizado a lo largo del año anterior a su presentación, así

como de la situación de los derechos humanos vigente en el país en el mismo período.

171. Por otra parte se encuentran los informes de situación que el Estado de Guatemala

debe presentar frente a los diversos órganos convencionales del sistema universal de

derechos humanos como parte de las responsabilidades adquiridas al suscribir o ratificar los

correspondientes tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos. En

97

estos informes periódicos el Estado se compromete a dar cuenta de la situación que impera

en el país respecto de los derechos que cada tratado contempla y cada comité supervisa.

Estos informes deben ser entregados con la periodicidad que cada comité establece. Estos

períodos son variables dependiendo del tratado de que se trate, pero suelen ser de entre dos

y cinco años. En el caso de Guatemala, la responsabilidad de elaborar estos informes, así

como de dar seguimiento a las recomendaciones o comentarios que cada comité haga a la

luz de los mismos, recae fundamentalmente en la Comisión Presidencial Coordinadora de

la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. Sin embargo, en el caso de la

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

la responsabilidad es de la SEPREM y cuando de la Convención Internacional sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se trata, el informe es elaborado

por la CODISRA.

172. Entendiendo que el proceso de preparación de un informe de estas características es

una extraordinaria oportunidad para realizar un exhaustivo examen de las medidas

adoptadas por el Estado para acercar la legislación nacional a los preceptos establecidos por

los tratados internacionales, así como de verificar los progresos logrados o los retrocesos

sufridos en el período comprendido entre uno y otro informe, el Estado de Guatemala ha

desarrollado un marco metodológico y un proceso claramente definido para el efecto.

173. El proceso metodológico que se sigue incluye las siguientes etapas: a) identificar el

tema central del informe; b) conocer o revisar el pacto o convención que corresponde al

tema, así como los lineamientos emitidos por el respectivo comité para la elaboración del

mismo, los informes previos presentados por el Estado y los comentarios o

recomendaciones hechas por el comité; c) elaborar el plan de trabajo para el desarrollo del

documento de informe; d) identificar los asuntos acerca de los cuales se requiere recoger

información; e) recopilar la información necesaria; f) sistematizar los datos recopilados y

descartar aquella información que no se ajuste a lo requerido; g) analizar la información

disponible; h) redactar las ideas principales y concluyentes del análisis; i) validar el análisis

realizado, es decir, el contenido del documento elaborado; j) incorporar los cambios que se

consideren pertinentes en función de la validación realizada; y, k) presentar el informe

elaborado frente a las instancias correspondientes.

98

174. Posiblemente una de las etapas más importantes durante el proceso sea la de

validación del contenido del documento ya que ésta se entiende como una oportunidad para

que el trabajo que se ha desarrollado sea conocido, evaluado y enriquecido por otras

personas, instituciones o instancias conocedoras del tema con el fin de generar debate,

concitar apoyos, mejorar la información que el informe contiene y depurar cualquier error o

mala interpretación que pudiera haberse incluido. Es más, este momento se entiende como

la ocasión de alentar el examen público y socializado de las políticas gubernamentales junto

a diversos actores gubernamentales y de sociedad civil.

175. El ejercicio de validación o consulta se lleva a cabo con todas las organizaciones,

instituciones y personas que siendo ajenas a COPREDEH han colaborado en la elaboración

del documento, básicamente aportando información y perspectivas de análisis y quienes,

por el dominio o conocimiento que tienen del mismo, están en capacidad de hacer aportes

valiosos al mismo. Con el fin de que dichas instancias tengan la oportunidad de examinar

las políticas públicas y los eventuales avances en materia de derechos humanos, se les

convoca a una o varias reuniones de trabajo o talleres en los cuales se discute en torno al

contenido del informe. Los insumos aportados por los participantes del proceso se

sistematizan y se incorporan al informe antes de ser remitido al Secretario General de

Naciones Unidas.

E. Seguimiento dado a las observaciones finales de los órganos de tratados de

derechos humanos

176. Hasta hace relativamente poco tiempo, todas las observaciones finales realizadas

por los órganos de tratados de derechos humanos al Estado de Guatemala eran recibidas

oficiosamente pero no eran objeto de un seguimiento sistemático. Lo anterior implicaba que

dichas observaciones surtían poco efecto sobre la situación de los derechos humanos

imperante en el país y sobre la normativa que a estos les es relativa.

177. En 2010, COPREDEH se dio a la tarea de sistematizar todas y cada una de las

recomendaciones realizadas al Estado desde la entrega y examen del primero hasta el

99

último de los informes remitidos por el país a Naciones Unidas, así como de las planteadas

por la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos –OACNUDH-.

178. Para el efecto, la Comisión alojó en su página web (www.copredeh.gob.gt) el

Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones hechas al Estado en Materia de Derechos

Humanos en el cual se han recogido todas ellas y se han ordenado en función de diversos

criterios. El Sistema es una herramienta diseñada para servir de guía para el cumplimiento

de las recomendaciones, así como para su divulgación e incidencia, en tanto el

cumplimiento de las mismas es un compromiso adquirido por el Estado.

179. Los criterios a partir de los cuales están organizadas las recomendaciones son los

siguientes: a) las que emanan de los órganos de tratados; b) las que devienen de ejercicios

de evaluación basados en la carta de Naciones Unidas, tales como los procedimientos

especiales o el Examen Periódico Universal; y, c) las que realiza la OACNUDH. En cada

uno de estos casos, las recomendaciones pueden ser consultadas en función del tema que

tratan, de su fecha de emisión y del nivel de implementación del que han sido objeto,

además de disponer de información técnica general que les es relativa.

180. Cuando las recomendaciones son recibidas por el Estado de Guatemala, además de

incluirlas en el Sistema de Seguimiento, se procede a comunicar a las diferentes

instituciones concernidas por éstas acerca de su contenido, con el objeto de que tomen

conciencia de la responsabilidad que les corresponde en su seguimiento y cumplimiento.

Posteriormente, desde COPREDEH se sigue el grado de avance que el Estado ha logrado

alcanzar en relación con cada una de ellas y dichos progresos se van consignando en el

apartado correspondiente dentro del Sistema con la intención de mantenerlo vigente y

actualizado.

181. Por último, la referencia a los avances que han tenido lugar en relación con cada una

de las recomendaciones se incluye en los siguientes informes periódicos que el Estado

prepara para los órganos de tratados con el fin de responder a lo recomendado.

100

IV. ANEXO ESTADÍSTICO

ÍNDICE DE CUADROS

Número Título Página A.1 Indicadores demográficos

1 Tamaño de la población por departamento en los últimos censos nacionales de población y proyección para el 2010

105

2 Tasa de crecimiento demográfico anual de la población, 1970-2008 106 3 Evolución de la densidad de población, 1880-2010 106 4 Distribución de población por departamento, sexo, lengua materna,

área urbana y rural. Censo de 2002 107-108

5 Población maya por sexo, según pertenencia étnica. Censo de 2002 109 6 Tasa de crecimiento poblacional (porcentaje), esperanza de vida (en

años), tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer) y tasa bruta de natalidad (tasa por mil habitantes), 1960-2020

110

7 Tasa de mortalidad infantil (<1 año), tasa de mortalidad en <5 años y tasa de mortalidad materna, 1960-2007

111

8 Población total según grupos quinquenales de edad, 2005-2050 115 9 Nacimientos por año de ocurrencia según departamento de

residencia de la madre, 1999-2008 117-118

10 Defunciones por año de ocurrencia según departamento de residencia del difunto(a), 1999-2008

119-120

A.2 Indicadores sociales, económicos y culturales 11 Jefes(as) de hogar según sexo. Censos de población de 1994 y 2002 120 12 Jefes(as) de hogar según grupos de edad. Censos de población de

1994 y 2002 120

13 Jefes(as) de hogar según escolaridad. Censos de población de 1994 y 2002

121

14 Proporción de población en pobreza y en indigencia como porcentaje de la población total. Por área, 1989-2006

121

15 Proporción de la población en pobreza y en pobreza extrema como porcentaje de la población total. Por área, 2000-2006

122

16 Características demográficas de la población por niveles de pobreza. Distribución. En porcentajes, 2006

122

17 Características demográficas de la población por niveles de pobreza. Incidencia. En porcentajes, 2006

123

18 Coeficiente de Gini. Razón, 1995-2007 123 19 Ingresos por quintiles de población. Porcentaje del total de ingresos,

1995-2007 124

20 Producto Interno Bruto (PIB) y PIB por habitante. A precios constantes del 2000. 1999-2008

125

21 Tasa de crecimiento anual del PIB. En porcentaje, 2005-2010 125 22 Composición del consumo de los hogares. En porcentaje, 2000- 126

101

2006 23 Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto y

comparación con algunos países de Centroamérica y el Caribe, 1990-2007

127

24 Gasto social prioritario del Gobierno Central. Por sectores de destino y como porcentajes del PIB, 2001-2007

127

25 Gasto social como porcentaje del gasto público, 1990-2006 128 26 Datos absolutos y relativos sobre población de Guatemala por

debajo del nivel mínimo de ingesta de alimentos (subalimentación), 1990-2005

128

27 Indicadores de desnutrición en la niñez según área geográfica, región, categoría étnica y nivel de educación. En porcentajes, 1987, 1995, 1998, 2002

129

28 Proyecciones de casos de VIH y SIDA, 2005-2015 130 29 Indicadores de morbilidad, mortalidad, factores de riesgo y

transmisión de enfermedades, 1995-2007 131

30 Diez principales causas de mortalidad general a nivel nacional, 2009 132 31 Porcentaje de mujeres en edad de procrear (15 a 49 años) que usan

anticonceptivos o cuyas parejas usan anticonceptivos (tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos), 1995-2002

132

32 Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años de edad. En porcentajes, 1970-2015

134

33 Comportamiento del analfabetismo en Guatemala. Población total y porcentajes, 1994-2004

134

34 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria y secundaria. En porcentajes, 1970-2007

135

35 Tasa neta de matriculación. En porcentajes, 2001-2009 136 36 Evolución de la asistencia escolar, por sexo, censos de 1981, 1994 y

2002. Calculado sobre población de 7 años y más de edad 136

37 Tasa de deserción escolar en la enseñanza primaria y secundaria. En porcentajes, 2000-2009

137

38 Tasa de reprobación en enseñanza primaria y secundaria. En porcentajes, 2000-2009

137

39 Alumnos inscritos, personal docente y promedio alumno-docente, 2008-2009

138

40 Principales indicadores laborales, 2002-2010 140 41 Tasas de desempleo y de subempleo para diferentes grupos

demográficos, 1989-2006 141

42 Características del mercado de trabajo de la población de 10 años y más de edad, 2006

142-143

43 Población ocupada según rama de actividad. En miles de habitantes y porcentajes, 1989-2006

144

A.3 Indicadores sobre el sistema político 44 Evolución de la población con derecho a voto (18 años o más) 144

102

según proyecciones demográficas del INE, 2005-2030 45 Evolución del padrón electoral de 1985 a 2007 145 46 Recursos y otras acciones interpuestas durante el proceso electoral

de 2007 145

47 Distribución de escaños legislativos por partido y grupo político. Sexta legislatura, 2008-2010

146

48 Abstencionismo secundario en la primera y segunda vueltas de las elecciones generales de 2007

149

49 Población adulta sin empadronar, en porcentajes. Estadísticas del padrón electoral por departamento al 31 de agosto de 2010

152

A.4 Indicadores sobre la delincuencia y la administración de justicia 50 Número de homicidios y tasa por cada 100 mil personas, 1995-2009 153 51 Número de homicidios y tasa por cada 100 mil personas en los seis

departamentos con mayor y con menor tasa de homicidios, 2009 154

52 Victimización según tipo de hecho delictivo. Frecuencia y tasa, 2008

159

53 Población víctima de violencia intrafamiliar por sexo, relación con el agresor, grupo étnico, edad y etnicidad. Frecuencias, 2008

161

54 Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar según tipo de agresión por área y etnicidad. En porcentajes sobre el total de mujeres entrevistadas, 2009

162

55 Delitos sexuales por sexo de las víctimas, 2010 162 56 Delitos sexuales por edad de las víctimas, 2010 163 57 Delitos sexuales por tipo de hecho, 2010 163 58 Personas condenadas según delitos, por años de condena, 2009 164 59 Número de jueces por cada 100 mil habitantes por órganos

jurisdiccionales, 2005-2009 165

60 Número de jueces por órganos jurisdiccionales y sexo, 2010 166 61 Casos ingresados en los órganos jurisdiccionales del ramo penal y

resoluciones judiciales, 2009 167

62 Casos penales y asesorías atendidas por el Instituto de la Defensa Pública Penal a escala nacional según edad, sexo y grupo étnico, 2005-2009

167

63 Proporción del gasto público en seguridad, Policía Nacional y Organismo Judicial. Ejecución del 2005 al 2009. En quetzales

168

103

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Número Título Página A.1 Indicadores demográficos

1 Pirámide de población por sexo y edad. Año 2000 112 2 Pirámide de población por sexo y edad. Año 2025 113 3 Pirámide de población por sexo y edad. Año 2050 114 4 Tendencia de los nacimientos y defunciones, 1999-2008 116 5 Principales métodos de planificación familiar en Guatemala, 2009 133 6 Composición de la población en función de variables económicas,

2010 139

7 Distribución de escaños en el Congreso, junio 2010 147 8 Mujeres diputadas en el Congreso de la República. Números

absolutos, junio 2010 148

9 Participación y abstención electoral en primera vuelta. En porcentajes, procesos electorales de 1985 a 2007

150

10 Participación y abstención electoral en segunda vuelta. En porcentajes, procesos electorales de 1985 a 2007

151

11 Número de homicidios registrados, 1995-2006 155 12 Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1995-2006 156 13 Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunos países

de América, 2005 157

14 Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunas ciudades de América, 2006

158

15 Casos de violencia intrafamiliar por sexo, según año de registro. Frecuencias, 2003-2008

160

104

A.1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS Cuadro 1

Tamaño de la población por departamento en los últimos censos nacionales de población y proyección para el 2010

DEPARTAMENTO 1981 1994 2002 2010

(proyección)

Total República 6,054,227 8,331,874 11,237,196 14,361,666

Guatemala 1,311,192 1,813,825 2,541,581 3,103,685

El Progreso 81,188 108,400 139,490 155,596

Sacatepéquez 121,127 180,647 248,019 310,037

Chimaltenango 230,059 314,813 446,133 595,769

Escuintla 334,666 386,534 538,746 685,830

Santa Rosa 194,168 246,698 301,370 340,381

Sololá 154,249 222,094 307,661 424,068

Totonicapán 204,419 272,094 339,254 461,838

Quetzaltenango 366,949 503,857 624,716 771,674

Suchitepéquez 237,554 307,187 403,945 504,267

Retalhuleu 150,923 188,764 241,411 297,385

San Marcos 472,326 645,418 794,951 995,742

Huehuetenango 431,343 634,374 846,544 1,114,389

Quiché 328,175 437,669 655,510 921,390

Baja Verapaz 115,602 155,480 215,915 264,019

Alta Verapaz 322,008 543,777 776,246 1,078,942

Petén 131,927 224,884 366,735 613,693

Izabal 194,618 253,153 314,306 403,256

Zacapa 115,712 157,008 200,167 218,510

Chiquimula 168,863 230,767 302,485 362,826

Jalapa 136,091 196,940 242,926 309,908

Jutiapa 251,068 307,491 389,085 428,462

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, censos de 1981, 1994, 2002 y proyecciones de población a partir del censo de 2002

105

Cuadro 2 Tasa de crecimiento demográfico anual de la población, 1970-2008

PERÌODO %

1970–1990 2.5

1990–2000 2.3

2000–2008 2.5

Fuente: www.unicef.org/spanish/infobycountry/guatemala_statistics.html#68

Cuadro 3 Evolución de la densidad de población, 1880-2010

AÑO DEL CENSO POBLACIÓN

CENSADA DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab./km2)

1880 1,224,602 11

1921 2,004,900 18

1950 2,790,868 26

1973 5,160,221 47 1994 8,331,874 77 2002 11,237,196 103 2010

(proyección) 14,361,666 (proyección)

132

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

106

Cuadro 4 Distribución de población por departamento,

sexo, lengua materna, área urbana y rural Censo de 2002

DEPARTAMENTO SEXO GRUPO ETNICO

POBLACIÓN URBANA

POBLACIÓN RURAL

Hombres Mujeres Indígena No

indígena Etnia

mayoritaria Total % Total %

Total República 5,496,839 5,740,357 4,610,440 6,626,756 Ladina 5,184,835 46.1 6,052,361 53.9

Guatemala 1,221,379 1,320,202 343,154 2,198,427 Ladina 2,186,669 86.0 354,912 14.0

El Progreso 69,058 70,432 1,250 138,240 Ladina 50,300 36.1 89,190 63.9

Sacatepéquez 122,258 125,761 104,802 143,217 Ladina 208,876 84.2 39,143 15.8

Chimaltenango 219,000 227,133 352,903 93,230 Maya 217,922 48.8 228,211 51.2

Escuintla 271,923 266,823 40,297 498,449 Ladina 256,972 47.7 281,774 52.3

Santa Rosa 150,190 151,180 8,373 292,997 Ladina 105,061 34.9 196,309 65.1

Sololá 152,132 155,529 296,710 10,951 Maya 150,134 48.8 157,527 51.2

Totonicapán 159,979 179,275 333,481 5,773 Maya 121,617 35.8 217,637 64.2

Quetzaltenango 300,325 324,391 338,055 286,661 Maya 344,858 55.2 279,858 44.8

Suchitepéquez 199,550 204,395 208,200 195,745 Maya 165,871 41.1 238,074 58.9

Retalhuleu 119,215 122,196 54,811 186,600 Ladina 87,749 36.3 153,662 63.7

San Marcos 392,368 402,583 248,639 546,312 Ladina 173,332 21.8 621,619 78.2

Huehuetenango 411,320 435,224 551,295 295,249 Maya 192,099 22.7 654,445 77.3

Quiché 317,096 338,414 581,996 73,514 Maya 161,591 24.7 493,919 75.3

Baja Verapaz 105,187 110,728 127,061 88,854 Maya 58,962 27.3 156,953 72.7

Alta Verapaz 387,219 389,027 720,741 55,505 Maya 163,012 21.0 613,234 79.0

Petén 187,228 179,507 113,462 253,273 Ladina 110,399 30.1 256,336 69.9

Izabal 156,559 157,747 73,151 241,155 Ladina 90,508 28.8 223,798 71.2

Zacapa 98,669 101,498 1,574 198,593 Ladina 77,935 38.9 122,232 61.1

Chiquimula 147,212 155,273 50,427 252,058 Ladina 78,631 26.0 223,854 74.0

107

Jalapa 118,584 124,342 46,766 196,160 Ladina 76,689 31.6 166,237 68.4

Jutiapa 190,388 198,697 13,292 375,793 Ladina 105,648 27.2 283,437 72.8

Fuente: INE, Censo Nacional XI de Población y VI de Habitación, 2002

108

Cuadro 5 Población maya por sexo, según pertenencia étnica

Censo de 2002

109

Cuadro 6 Tasa de crecimiento poblacional (porcentaje), esperanza de vida (en años),

tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer) y tasa bruta de natalidad (tasa por mil habitantes), 1960-2020

TASA

1960-1965

1965-1970

1970-1975

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

2010-2015

2015-2020

Crecimiento poblacional

2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.4

Esperanza de vida al nacer (ambos sexos)

47.03 50.12 53.86 56.16 58.29 60.93 63.57 66.34 68.91 70.16 71.40 72.50

Esperanza de vida (hombres)

46.20 49.00 52.40 54.43 56.11 58.31 60.51 62.87 65.50 66.73 67.90 69.10

Esperanza de vida (mujeres)

47.90 51.30 55.40 57.98 60.57 63.68 66.78 69.98 72.50 73.80 75.00 76.10

Tasa global de fecundidad

6.50 6.30 6.20 6.20 6.10 5.70 5.45 5.00 4.60 4.15 3.71

Tasa bruta de natalidad

38.90 37.34 35.80 33.28 30.50

Fuente: CELADE/CEPAL: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Revisión 2006.

Base de datos de población. Panorama de la Población Mundial.

Base de datos de población en: D. POB. N.U. División de Población de las Naciones Unidas. Disponible en: http://esa.un.org/unpp/.

110

Cuadro 7 Tasa de mortalidad infantil (< 1 año), tasa de mortalidad en < 5 años y

tasa de mortalidad materna, 1960-2007

AÑO TMI (por mil)

TM < 5 años (por mil)

Tasa de mortalidad materna

1960 136.0 202.0

1970 115.0 168.0

1980 97.0 139.0 1990 60.0 82.0 1995 49.0 64.0 ND 2000 39.0 53.0 153.0 2005 32.0 43.0 290.0 2007 29.2 39.0

Fuente: Child Mortality, en: UNICEF Statistics. Consultado en febrero 2009. www.childinfo.org. Mortalidad materna: OPS

111

Gráfico 1 Pirámide de población por sexo y edad

Año 2000

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones Mundiales de Población:

Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: Revisión 2003. http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/guatemala/indicadores.html

112


Año 2025



113


Año 2050



114

Cuadro 8 Población total según grupos quinquenales de edad, 2005-2050

Fuente: INE, Censo Nacional XI de Población y VI de Habitación,

115

Gráfico 4 Tendencia de los nacimientos y defunciones, 1999-2008

Fuente: elaboración propia con datos de las Estadísticas vitales INE, Guatemala.

116

Cuadro 9 Nacimientos por año de ocurrencia según departamento de residencia de la madre, 1999-2008

DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total República 409,034 425,410 415,338 387,287 375,092 383,704 374,066 368,399 366,128 369,769

Guatemala 67,418 66,313 74,486 62,402 65,236 64,514 64,186 64,022 62,099 63,519

El Progreso 4,617 4,617 4,440 4,009 3,747 3,909 3,640 3,896 3,774 3,819

Sacatepéquez 7,779 8,083 7,751 7,069 7,064 7,138 7,070 6,968 6,927 6,771

Chimaltenango 16,509 17,328 16,582 16,220 15,761 15,486 15,447 14,846 15,100 15,369

Escuintla 17,027 18,340 17,206 15,899 14,794 16,482 16,244 15,714 15,253 15,316

Santa Rosa 10,954 11,125 10,160 9,476 9,023 8,993 8,922 8,612 8,565 8,618

Sololá 12,215 12,853 11,714 11,366 11,163 11,276 11,015 10,724 10,910 10,426

Totonicapán 14,534 15,261 13,956 13,315 11,749 13,046 12,049 12,064 11,753 11,977

Quetzaltenango 23,426 23,502 23,088 22,716 22,115 21,678 19,833 18,272 17,942 18,422

Suchitepéquez 16,179 17,084 16,183 15,448 14,988 15,986 16,052 16,077 15,633 14,026

Retalhuleu 8,975 9,069 8,775 7,932 7,822 7,930 7,664 7,840 7,528 7,659

San Marcos 33,913 34,875 33,911 32,245 32,272 32,810 30,773 30,186 28,708 28,578

Huehuetenango 35,755 37,831 35,892 34,801 33,928 34,088 33,376 33,089 34,077 33,560

Quiché 30,247 32,175 31,374 30,111 29,097 28,852 27,943 27,839 27,666 28,734

Baja Verapaz 8,835 9,243 8,182 7,881 7,411 7,575 7,563 7,564 7,306 7,500

Alta Verapaz 30,719 34,191 32,910 32,024 31,024 31,388 30,923 31,030 32,632 35,745

Petén 15,817 16,041 15,136 14,411 13,721 14,078 13,366 13,707 13,806 14,053

Izabal 12,362 12,538 12,174 11,727 10,878 10,800 10,400 9,848 10,088 9,382

Zacapa 6,885 7,907 6,874 6,231 5,799 6,118 5,639 5,667 5,556 5,660

Chiquimula 10,760 12,191 11,485 11,662 11,001 10,624 11,042 10,544 10,721 10,371

Jalapa 9,886 10,610 9,487 7,206 4,719 8,909 8,805 8,401 8,901 8,849

Jutiapa 14,222 14,233 13,572 13,136 11,780 12,024 12,114 11,489 10,845 10,863

117

Extranjero 118 136

Ignorado 220 416

Fuente: Estadísticas vitales, INE Guatemala

118

Cuadro 10 Defunciones por año de ocurrencia según departamento de residencia del difunto(a), 1999-2008

DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total República 65,139 67,284 68,041 66,089 66,695 66,991 71,039 69,756 70,030 70,233

Guatemala 14,201 15,013 17,498 14,738 15,212 15,500 16,919 17,430 16,737 16,467

El Progreso 797 851 807 830 832 826 921 928 822 967

Sacatepéquez 1,383 1,530 1,588 1,487 1,492 1,521 1,554 1,503 1,533 1,540

Chimaltenango 2,622 2,742 2,562 2,755 2,549 2,636 2,595 2,705 2,709 2,557

Escuintla 3,589 3,902 3,486 3,630 3,742 3,847 4,099 3,900 3,930 3,887

Santa Rosa 1,935 1,966 1,699 1,860 1,877 1,823 1,874 1,865 1,860 2,003

Sololá 1,922 1,922 1,880 1,778 1,857 1,779 1,887 1,705 1,689 1,639

Totonicapán 2,603 2,552 2,500 2,341 2,169 2,394 2,386 2,249 2,401 2,128

Quetzaltenango 4,248 4,055 4,233 4,199 4,134 3,962 3,991 3,956 3,816 3,736

Suchitepéquez 2,524 2,853 2,564 2,778 2,793 2,710 2,913 2,818 2,782 2,694

Retalhuleu 1,595 1,700 1,737 1,725 1,717 1,573 1,627 1,587 1,623 1,488

San Marcos 4,453 4,321 4,671 4,689 4,795 4,793 5,127 4,938 4,644 4,620

Huehuetenango 3,869 4,038 3,798 3,888 4,225 3,817 3,955 3,975 4,049 3,896

Quiché 3,763 3,897 3,870 3,905 3,800 3,882 4,067 3,865 3,569 3,782

Baja Verapaz 1,311 1,266 1,146 1,142 1,232 1,187 1,230 1,233 1,170 1,258

Alta Verapaz 3,895 4,070 3,876 4,134 4,061 4,195 4,532 4,243 4,311 4,424

Petén 1,761 1,660 1,694 1,676 1,789 1,765 1,876 1,706 1,753 1,512

Izabal 1,712 1,812 1,687 1,815 2,013 1,975 1,995 1,895 1,772 1,781

Zacapa 1,244 1,385 1,138 1,240 1,281 1,220 1,403 1,264 1,349 1,313

Chiquimula 1,834 1,819 1,882 1,833 1,893 1,819 2,031 2,018 2,097 1,992

Jalapa 1,474 1,514 1,433 1,258 797 1,497 1,589 1,525 1,495 1,678

Jutiapa 2,404 2,416 2,292 2,388 2,435 2,270 2,468 2,448 2,283 2,373

119

Extranjero 108 224

Ignorado 1,528 2,274

Fuente: Estadísticas vitales, INE Guatemala.

A.2 INDICADORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

Cuadro 11 Jefes(as) de hogar según sexo

Censos de población de 1994 y 2002

SEXO CENSO DE 1994 CENSO DE 2002 Total % Total %

Total 1,591,823 100.0 2,200,608 100.0

Hombres 1,302,783 81.8 1,700,215 77.3

Mujeres 289,040 18.2 500,393 22.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2002

Cuadro 12 Jefes(as) de hogar según grupos de edad

Censos de población de 1994 y 2002

GRUPOS DE EDAD

CENSO DE 1994 CENSO DE 2002 Total % Total %

Total 1,591,823 100.0 2,200,608 100.0

10-14 1,588 0.1 801 0.1

15-19 21,030 1.3 20,889 0.9

20-39 707,518 44.4 909,707 41.3

40-59 577,530 36.3 846,359 38.5

60 y más 284,157 17.9 422,852 19.2


120

Cuadro 13

Jefes(as) de hogar según escolaridad Censos de población de 1994 y 2002

NIVEL DE

ESCOLARIDAD CENSO DE 1994 CENSO DE 2002 Total % Total %

Total 1,591,823 100.0 2,200,608 100.0

NINGUNO 642,471 40.4 733,473 33.3

PREPRIMARIA 2,160 0.1 5,456 0.2

PRIMARIA 698,379 43.9 1,010,064 45.9

MEDIA 183,019 11.5 329,227 15.0

SUPERIOR 65,794 4.1 122,388 5.6


Cuadro 14

Proporción de población en pobreza y en indigencia como porcentaje de la población total. Por área, 1989- 2006

DESAGREGACIÓN

Año 1989 Año 1998 Año 2002 Año 2006 Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia

Total República 69.4 42.0 61.1 31.6 60.2 30.9 54.8 29.1

Total Área Urbana 53.6 26.4 49.1 16 45.3 18.1 42.0 14.8

Área Metropolitana ND ND ND ND ND ND ND ND

Resto Área Urbana ND ND ND ND ND ND ND ND

Total Área Rural 77.7 50.2 69.0 41.8 68.0 37.6 66.5 42.2

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Publicaciones. Panorama social de

América Latina 2008. Anexo estadístico. Disponible en: www.cepal.org. Consultado en abril 2009

121

Cuadro 15 Proporción de la población en pobreza y en pobreza extrema como porcentaje de la población total. Por área, 2000-2006

DESAGREGACIÓN Año 2000 Año 2006

Pobreza Pobreza extrema

Pobreza Pobreza extrema

Total República 56.1 15.7 50.9 15.2

Total Área Urbana 27.1 2.8 30.0 5.3

Área Metropolitana 18.1 0.6 16.3 0.5

Resto Área Urbana ND ND ND ND

Total Área Rural 74.5 23.8 70.5 24.4

Fuente: PNUD, Informe nacional de desarrollo humano 2007/2008.

Guatemala: ¿Una economía al servicio de desarrollo humano? Guatemala, PNUD, 2008. Volumen II, página 145. Elaborada con datos de ENCOVI 2000 y 2006

Cuadro 16

Características demográficas de la población por niveles de pobreza. Distribución En porcentajes, 2006

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN TOTAL

NIVELES DE POBREZA No pobres Todos los

pobres Pobres extremos

Pobres no extremos

Total República Sexo

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hombre Mujeres

47.9 52.1

48.5 51.5

49.4 50.6

48.1 51.9

47.3 52.7

Grupo étnico Indígena No indígena

38.4 61.6

56.2 43.8

68.7 31.3

51.0 49.0

19.7 80.3

Jefatura del hogar Jefe hombre Jefa mujer

77.4 22.6

82.6 17.4

87.7 12.3

80.8 19.2

73.9 26.1

Grandes grupos de edad 0-14 15-64 65 y más

41.4 53.8 4.7

48.9 47.3 3.8

54.2 43.2 2.6

46.7 49.0 4.3

33.6 60.6 5.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006

122

Cuadro 17 Características demográficas de la población por niveles de pobreza. Incidencia

En porcentajes, 2006

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN TOTAL

NIVELES DE POBREZA No pobres Todos los

pobres Pobres extremos

Pobres no extremos

Total República Sexo

100.0 51.0 15.2 35.8 49.0

Hombre Mujeres

100.0 100.0

51.7 50.4

15.7 14.8

36.0 35.6

48.3 49.6


100.0 100.0

74.8 36.2

27.2 7.7

47.6 28.5

25.2 63.8

Jefatura del hogar Jefe hombre Jefa mujer

100.0 100.0

42.7 30.8

11.4 5.5

31.3 25.3

57.3 69.2

Grandes grupos de edad 0-14 15-64 65 y más

100.0 100.0 100.0

60.3 44.8 40.7

19.9 12.2 8.2

40.3 32.6 32.5

39.7 55.2 59.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006

Cuadro 18 Coeficiente de Gini Razón, 1995-2007

DESAGREGACIÓN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nacional ND ND ND 0.560 ND ND ND 0.543 ND ND ND 0.585 ND

Urbana ND ND ND 0.530 ND ND ND 0.524 ND ND ND 0.547 ND

Rural ND ND ND 0.510 ND ND ND 0.470 ND ND ND 0.526 ND

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. División de Estadísticas y Proyecciones Económicas.

Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares. http://www.eclac.cl/estadisticas.

123

Cuadro 19 Ingresos por quintiles de población

Porcentaje del total de ingresos, 1995-2007

DESAGREGACIÓN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

NACIONAL

QUINTIL 1 ND ND ND 3.68 ND ND ND 3.70 ND ND ND 2.82 ND





URBANA






RURAL






Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

http://www.eclac.cl/estadisticas.

124

Cuadro 20 Producto Interno Bruto (PIB) y PIB por habitante

A precios constantes del 2000 1999-2008

RUBRO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008/a

PIB (millones de $)

18,617.06 19,288.94 19,738.69 20,182.75 20,613.11 21.179.96 21.849.09 21,016.41 22,352.79 23,253.25

PIB por habitante (en $)

1,698.17 1,718.39 1,716.26 1,712.14 1,705.82 1,709.58 1,720.40 1,614.41 1,675.11 1,700.17

a/ Cifras preliminares


Sobre la base de datos en línea: www.eclac.cl/estadisticas.

Cuadro 21 Tasa de crecimiento anual del PIB

En porcentaje, 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.3 5.2 5.7 3.2 0.58 2.6

Fuente: BANGUAT: Banco de Guatemala.

125

Cuadro 22 Composición del consumo de los hogares

En porcentaje, 2000-2006

RUBRO Porcentaje del consumo total

Promedio anual per cápita (quetzales de 2006)

2000 2006 2000 2006

TOTAL 100.0 100.0 9,503.5 9,650.3

Alimentos 40.4 39.4 3,837.6 3,803.7

Vivienda 23.3 24.7 2,219.0 2,382.4

Educación 5.2 6.3 491.0 605.3

Salud 3.6 2.3 345.9 225.6

Equipamiento 4.0 5.6 377.7 543.2

Transporte y comunicación 6.2 6.1 590.5 589.9

Servicios legales y personales 1.8 1.6 174.2 152.7

Otros 15.4 14.0 1,467.7 1,347.6

Fuente: PNUD, Informe nacional de desarrollo humano 2007/2008. Guatemala: ¿Una economía al servicio de desarrollo humano? Guatemala, PNUD, 2008, volumen I. Página 337.

Elaborada con datos de ENCOVI 2000 y 2006

126

Cuadro 23 Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto y comparación con

algunos países de Centroamérica y el Caribe, 1990-2007

PAÍS 1990 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GUATEMALA 3.9 4.4 4.4 5.2 6.6 7.1 7.0 7.6 7.01 7.59 7.8 7.4

EL SALVADOR ND 5.3 5.9 6.8 9.2 10.7 11.1 10.5 10.7 11.6 11.6 11.1

HONDURAS 7.7 6.7 6.7 6.5 9.3 10.6 10.5 12.2 11.8 11.4 11.4 ND

COSTA RICA 16.1 15.2 16.7 17.0 17.3 18.7 18.5 18.3 17.6 17.1 16.7 17.2

NICARAGUA 7.0 6.9 6.6 6.5 8.6 7.7 8.5 10.2 10.3 11.2 11.1 11.6

REPÚBLICA DOMINICANA

4.7 6.8 6.9 7.0 7.3 7.5 7.9 6.9 7.5 8.12 8.8 9.0

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. División de Desarrollo Social.

Base de datos en línea: www.risalc.org:9090/gastoSocial/indicadores.

Cuadro 24 Gasto social prioritario del Gobierno Central

Por sectores de destino y como porcentajes del PIB, 2001-2007

RUBRO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 6.1 5.7 6.0 5.6 6.1 6.4 6.0 Salud y asistencia social 1.5 1.4 1.4 1.3 1.7 1.8 1.6 Educación, ciencia y cultura 3.0 2.8 3.0 2.8 2.9 3.0 2.9 Vivienda 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 Seguridad interna 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad

0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Ministerio Público 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 Ejército* 1.1 0.8 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4

*La clasificación sectorial corresponde a la definida en los Acuerdos de Paz, incluyendo al Ejército como un sector de referencia. Fuente: PNUD, Informe nacional de desarrollo humano 2007/2008.

Guatemala: ¿Una economía al servicio de desarrollo humano? Guatemala, PNUD, 2008, volumen II. Página 98. Elaborada con datos del Ministerio de Finanzas

127

Cuadro 25 Gasto social como porcentaje del gasto público, 1990-2006

DESAGREGACIÓN 1990-1991 1995-1996 2000-2001 2005-2006

Total 29.9 42.2 47.3 54.2

Educación 14.3 17.2 19.9 21.1

Salud 8.1 7.8 8.2 8.6

Seguridad Social 6.64 7.28 8.09 7.76

Vivienda 0.9 9.9 11.1 16.7


Panorama social de América Latina 2008. Anexo estadístico.

Cuadro 26 Datos absolutos y relativos sobre población de Guatemala por

debajo del nivel mínimo de ingesta de alimentos (subalimentación), 1990-2005

RUBRO 1990-1992

1993-1995

1994-1996

1995-1997

1996-1998

1997-1999

1998-2000

1999-2001

2000-2002

2001-2003

2002-2004

2003-2005

Millones de personas subalimentadas

1.3 1.5 1.8 1.7 2.5 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.0

Porcentaje de población total subalimentada

14 16 18 17 24 26 26 26 24 23 22 16

Fuente: FAOSTAT/FAO: Base Estadística/Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación. Dirección de Estadística. Disponible en: http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/

128

Cuadro 27 Indicadores de desnutrición en la niñez según área geográfica, región, categoría étnica y nivel de educación

En porcentajes, 1987, 1995, 1998, 2002

Fuente: UNICEF. “La niñez guatemalteca en cifras. Compendio estadístico sobre las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos”. Versión electrónica en:

http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/ninez_en_cifras/ninez_guatemalteca_en_cifras.htm

Desnutrición crónica o talla para la edad

Desnutrición global o peso para la edad ODM

1987 1995 1998 2002 1987 1995 1998 2002

Total 57.9 49.7 48.4 49.3 33.5 26.6 24.2 22.7

Área geográfica

Urbana 47.2 35.3 32.4 36.5 25.8 18.2 15.6 16.2

Rural 62.1 56.6 54.4 55.5 36.8 30.6 29.1 25.9

Región

Metropolitana 44.2 33.5 28.6 36.1 22.4 18.3 18.9 15.1

Norte 49.8 55.3 56.7 61.0 25.2 24.9 19.4 23.7

Nororiente 13.3 43.9 49.1 39.7 27.0 23.1 29.1 17.7

Suroriente 54.0 45.4 45.6 46.6 29.4 26.4 21.4 26.0

Central 67.4 45.7 45.5 42.1 39.3 27.0 21.7 21.7

Suroccidente 63.0 59.6 54.8 58.5 39.5 32.9 29.4 28.5

Noroccidente 67.7 69.9 69.2 68.3 46.0 34.9 33.4 31.5

Petén n.d. n.d. 46.2 46.1 n.d. n.d. 19.8 18.0

Categoría étnica

Indígena 71.7 67.8 67.3 69.5 40.6 34.6 33.6 30.4

Ladino 48.2 36.7 34.1 35.7 28.5 20.9 18.6 17.5

Nivel de educación

Sin educación 58.6 63.8 64.4 65.6 42.0 34.8 34.8 29.9

Primaria 56.3 48.0 44.5 46.4 30.0 24.6 22.4 21.6

Secundaria y más 30.2 14.7 12.7 18.6 15.8 9.9 6.5 8.5

129

Cuadro 28

Proyecciones de casos de VIH y SIDA, 2005-2015

CATEGORÍAS 2005 2010 2015

Adultos > de 15 años viviendo con VIH (en miles) Adultos > de 15 años con nuevas infecciones VIH (miles) Adultos > de 15 años con muertes a causa del SIDA (miles) Adultos (15 – 49), prevalencia VIH (%) Niños (0 -14) viviendo con VIH (miles) Niños (0 – 14) con nuevas infecciones VIH Niños (0 - 14) con muertes causadas por SIDA

54.87 7.35 3.46

0.9

2.7 550 109

81.56 9.74 1.55

1.16

3.83 435 103

123.48 12.88 3.65

1.55

4.3 380 138

Fuente: Proyecciones sobre la magnitud de la epidemia VIH/SIDA, 2005-2015, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS,

Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Consultado en: Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA, “Informe

Nacional sobre los progresos realizados en el seguimiento a la declaración sobre el VIH y SIDA – UNGASS”, MSPAS, Guatemala 2007

130

Cuadro 29 Indicadores de morbilidad, mortalidad, factores de riesgo y transmisión de enfermedades, 1995- 2007

RUBRO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Número de casos registrados de

CÓLERA 7,970 1,568 1,263 5,970 2,077 178 13 1 - - - - -

Número de casos registrados de

DENGUE 3,980 3,679 5,385 4,655 3,617 8,750 4,516 7,599 6,750 6,352 6,341 2,428 5,886

Número de casos registrados de MALARIA

24,178 20,229 32,099 46,765 43,065 39,914 35,264 35,540 31,127 - 39,571 31,093 15,382

Índice parasitaria anual / 1000

habitantes (bajo vigilancia)

2.3 1.9 3.2 15.8 13.4 18.5 16.3 15.2 9.6 - 11.6 - 36.8

Incidencia de tuberculosis (por 100 000 hab)

- - 30.1 28.3 25.4 25.5 20.6 24.2 22 26.9 26.5 27.8 -

Incidencia de tuberculosis

baciloscopia BK+ (por 100 000 hab)

- - 6.2 3.7 6.6 4.5 3.6 7.1 10.7 2.2 1.9 7.4 -

Tasa de incidencia de SIDA

(por 100 000 hab.) - - 6.2 3.7 6.6 4.5 3.6 7.1 10.7 2.2 1.9 7.4 -

Relación hombre – mujer de casos de

SIDA (razón) - - 3.1 2.4 2.1 2.1 - 2.1 1.8 4 4 2.1 -

Número de defunciones

registradas por SIDA - - - - - 459 493 686 631 774 - - -

Tasa estimada de mortalidad por enfermedades

transmisibles (por 100 000 hab.)

207 186.8 207.7 216.7 177.6 177.7 174.1 155 138.6 135.3 - - -

TMI (por 1000 nacidos vivos)

49.2 47.4 45.5 44.1 42.8 41.4 40 38.6 36.9 35.2 33.5 31.8 30.1

Mortalidad de menores de 5 años (por 1000 nacidos

vivos)

- - 58.7 56.7 54.6 52.6 50.5 48.5 46.7 44.8 43 41.2 -

Razón de mortalidad materna reportada (por 100 000 nacidos)

- - 94.9 100.8 98.1 153 - - - - 148.8 - -

Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS. Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas. Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud; Sistema de Información Técnica en Salud. Washington DC, 2007. Preparado por OPS/OMS – Guatemala.

131

Cuadro 30 Diez principales causas de mortalidad general a nivel nacional, 2009

NÚMERO DIAGNÓSTICO NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS

1 Neumonía organismo no especificado

6,488

2 Infarto agudo de miocardio

2,953

3 Paro cardíaco

2,222

4 Disparo de armas de fuego y no especificadas

2,156

5 Acc. Cerebrovascular encef.agudo, no espec.como hemorragia o isquémico

1,453

6 Insuficiencia cardíaca

1,347

7 Diabetes mellitus no especificada

1,294

8 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

1,203

9 Senilidad

1,136

10 Otras septicemias

1,049

Fuente: MSPAS. Defunciones reportadas por Área de Salud. Módulo SIGSA 2

Fuente primaria RENAP. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Cuadro 31 Porcentaje de mujeres en edad de procrear (15 a 49 años) que usan anticonceptivos o

cuyas parejas usan anticonceptivos (tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos), 1995-2002

1995 1999 2002

26.9 30.9 34.4

Fuente: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

132

Gráfico 5 Principales métodos de planificación familiar en Guatemala, 2009

1.334.332

342.521246.293

132.10716.093 9.225 4.080

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Inye

ctable

Condón

Píldor

a

MELA DIU

AQV

Otros

MELA: Método de amenorrea y lactancia.

AQV: Anticonceptivo quirúrgico voluntario

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,

Sistema de Información Gerencial en Salud – SIGSA. 2009

133

Cuadro 32 Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años de edad

En porcentajes, 1970-2015

DESAGREGACIÓN 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015

AMBOS SEXOS 56.4 65.5 73.4 76.5 79.1 81.6 84.0 86

HOMBRES 65.1 73.8 80.5 83.1 85.4 87.5 89.3 90.9

MUJERES 47.5 57.0 66.2 69.7 72.7 75.6 78.4 80.9

Fuentes: Citado por el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) y por la CEPAL con datos de UNESCO-IEU. Base de datos en línea disponible en: www.uis.unesco.org/ev.php Consultado en marzo 2009

Cuadro 33 Comportamiento del analfabetismo en Guatemala

Población total y porcentajes, 1994-2004

AÑO POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POBLACIÓN ANALFABETA %

ANALFABETISMO

1994 4,665,682 1,807,952 38.75

2000 6,031,804 1,910,272 31.67

2004 7,009,208 1,842,166 26.28

Fuente: CONALFA: Comité Nacional de Alfabetización. Unidad de Informática y Estadística.

Datos elaborados sobre proyecciones de los censos de 1994 y 2002.

134

Cuadro 34 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria y secundaria

Porcentajes, 1970- 2007

AÑO AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria

1970 49 8.6 53.1 ND 44.8 ND

1991 63.6 ND 66.6/b ND 60.4/b ND

1999 82.2 23.6 85.9 25.4 78.5 21.7

2000 85.43 26.9 88.7 28.3 82.1 25.5

2001 86.3 30.2/a 89.2 31.4/a 83 29/a

2002 88.1 30.6 91 32.1 85.5 29.2

2003 89.7 32.2 93/a 33.6 87.9/a 30.8

2004 92.4 33.6 94.9 35 90 32.2

2005 93.5 35.4 95.7 36.7 91.3 34.1

2006 94.4 38.1/a 96.4 39.7/a 92.4 36.6/a

2007 95.0 ND 96.7 ND 93.3 ND

a/ Estimaciones del Instituto de Estadística de UNESCO b/ Estimación nacional

Fuente: Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) con base en datos de DENU: División de Estadísticas de las Naciones Unidas y UNESCO; Base de datos de indicadores de los Objetivos del Milenio

135

Cuadro 35 Tasa neta de matriculación

Porcentajes, 2001-2009

NIVEL/AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pre-primaria 41.09 41.67 43.94 45.2 46.97 48.14 48.21 49.03 57.09 Primaria 86.03 88.17 89.71 92.41 93.52 94.46 95.02 95.06 98.68 Básicos 29.12 28.20 29.69 31.33 33.23 34.71 36.36 27.22 40.25 Diversificado 16.36 17.49 18.22 17.53 19.04 19.98 20.67 20.07 21.21

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala –MINEDUC- . Anuario Estadístico 2009. Estadísticas históricas.

En: http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2009/main.html

Cuadro 36

Evolución de la asistencia escolar, por sexo, censos de 1981, 1994 y 2002 Calculado sobre población de 7 años y más de edad

ASISTENCIA ESCOLAR

y SEXO CENSO 1981 CENSO 1994 CENSO 2002 Total % Total % Total %

TOTAL 4,609,080 100 6,503,403 100 8,921,367 100

Hombres Mujeres

2,284,687 2,324,393

3,174,502 3,328,901

4,328,450 4,592,917

ASISTIÓ 1,159,981 25.2 1,684,692 25.9 2,931,489 32.9

Hombres Mujeres

623,085 536,896

928,029 756,663

1,518,966 1,412,523

NO ASISTIÓ 2,953,181 64.1 4,818,711 74.1 5,989,878 67.1

Hombres Mujeres

1,426,440 1,526,741

2,246,473 2,572,238

2,809,484 3,180,394

ASISTENCIA IGNORADA 495,918 10.7 - - - -

Hombres Mujeres

235,162 260,756

- -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Censo de 2002

136

Cuadro 37 Tasa de deserción escolar en la enseñanza primaria y secundaria

En porcentajes, 2000-2009

CICLO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PREPRIMARIA 18.04 11.32 11.70 6.57 7.94 5.22 6.97 6.29 6.50 7.82

PRIMARIA 10.40 7.02 7.71 5.03 7.01 6.16 5.63 5.49 5.72 5.51

BÁSICO 14.42 8.10 9.26 7.92 6.17 5.26 5.81 7.09 9.20 8.22

DIVERSIFICADO 14.40 6.36 13.52 9.02 5.36 4.87 7.32 7.10 8.39 6.46

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC, Guatemala.

En: http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2009/main.html

Cuadro 38

Tasa de reprobación en enseñanza primaria y secundaria En porcentajes, 2000-2009

CICLO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PREPRIMARIA 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRIMARIA 17.77 17.07 16.93 16.91 15.90 14.99 15.96 15.73 12.98 13.60

BÁSICO 46.03 43.74 42.06 42.07 41.99 41.40 41.66 41.15 32.75 31.63

DIVERSIFICADO 34.36 33.58 33.11 32.21 31.97 31.88 31.49 30.90 23.75 24.00

Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC, Guatemala.

Consultado en: http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2009/main.html

137

Cuadro 39 Alumnos inscritos, personal docente y promedio alumno–docente, 2008-2009

CICLO EDUCATIVO PROMEDIO ALUMNO – DOCENTE 2008 PROMEDIO ALUMNO – DOCENTE 2009

Total Urbano Rural Total Urbano Rural

NIVEL PREPRIMARIA 23.27 22.52 23.76 23.86 23.18 24.10

PRIMARIA 29.43 26.90 30.58 14.76 13.53 15.29

BÁSICO 17.77 17.66 18.04 3.67 5.25 2.30

DIVERSIFICADO 14.48 14.80 11.17 13.65 14.08 10.09

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación MINEDUC, Guatemala.

Consultado en: http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2008/main.html y http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2009/main.html

138

Gráfico 6 Composición de la población en función de variables económicas, 2010

Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. ENEI, octubre 2010. En: http://www.ine.gob.gt/ Presentación de resultados en power point, diapositiva 12.

139

Cuadro 40

Principales indicadores laborales, 2002-2010

Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. ENEI, octubre 2010. En: http://www.ine.gob.gt/ Presentación de resultados en power point, diapositiva 32.

140

Cuadro 41 Tasas de desempleo y de subempleo para diferentes grupos demográficos, 1989-2006

DESEMPLEO SUBEMPLEO 1989 2000 2006 1989 2000 2006 TOTAL 2.0 5.6 1.8 24.4 8.4 15.2 Sexo Hombre 1.6 4.3 1.5 23.2 6.9 13.9 Mujer 3.2 7.7 2.4 28.1 11.1 172 Área geográfica Urbana 3.4 6.6 2.6 26.7 10.6 16.6 Rural 1.1 4.8 0.9 23.0 6.7 13.6 Categoría étnica Indígena 0.5 5.0 0.8 19.4 6.5 11.3 No indígena 2.9 6.0 2.5 27.3 9.7 17.6 Nivel de escolaridad Ninguno 0.7 5.6 0.5 20.0 6.7 12.2 Primaria 1.8 4.7 1.4 26.6 7.4 14.3 Secundaria 6.1 7.6 4.0 29.1 11.5 19.4 Superior 2.1 7.0 2.1 23.7 15.4 17.1 Pobreza Pobre extremo 2.0 7.9 0.6 19.5 6.2 11.0 Pobre no extremo 1.3 4.1 1.7 25.4 6.4 15.2 No pobre 2.6 6.1 2.2 25.0 10.4 16.1 Grupo etario 10 a 7 años 2.1 5.2 2.1 27.0 7.0 15.0 18 a 24 años 4.2 6.6 3.9 30.9 8.8 18.9 25 a 35 años 1.9 5.4 1.6 24.8 9.5 15.6 36 a 64 años 0.9 5.1 0.9 21.0 8.4 14.1 65 años o más 0.8 6.4 0.3 11.0 6.4 7.0

Fuente: PNUD, Informe nacional de desarrollo humano 2007/2008.

Guatemala: ¿Una economía al servicio de desarrollo humano? Guatemala, PNUD, 2008, volumen I. Página 114. Elaborada con datos de ENSMI (1989) Y ENCOVI (2000 y 2006)

141

Cuadro 42

Características del mercado de trabajo de la población de 10 años y más de edad, 2006

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN OCUPADA

DESOCUPADOS SUBEMPLEADOS

VISIBLES PEA

PE INACTIVA

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO

TASA DE SUBEMPLEO VISIBLE

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.8 15.4

Sexo Hombres Mujeres

61.9 38.1

50.5 49.5

60.0 40.0

61.7 38.3

25.3 74.7

1.5 2.4

14.9 16.1

Área Urbana Rural

51.7 48.3

75.3 24.7

53.6 46.4

52.1 47.9

49.0 51.0

2.6 0.9

15.8 14.9


39.3 60.7

17.3 82.7

30.8 69.2

38.9 61.1

34.6 65.4

0.8 2.5

12.2 17.4

Alfabetismo Alfabeta Analfabeta

78.9 21.1

94.0 6.0

82.4 17.6

79.2 20.8

76.3 23.7

2.2 0.5

16.0 13.0

Posición en el hogar Jefe(a) del hogar Esposo(a) o cónyuge Hijo (a) Otro miembro

42.4 15.0 34.6 8.0

19.1 10.7 58.7 11.5

39.0 15.1 39.2 6.7

42.0 14.9 35.0 8.1

8.8 28.6 49.4 13.2

0.8 1.3 3.1 2.6

14.3 15.6 17.2 12.7

Posición ocupacional Empleados Jornaleros Domésticos(as) Empleadores Independientes No remunerados

36.9 8.9 3.2 3.5 28.6 18.8

-

34.8 11.3 3.3 1.9 30.8 18.0

36.9 8.9 3.2 3.5 28.6 18.8

- - -

Actividad económica Agricultura Industria Comercio y servicios

33.2 22.8 44.0

-

32.3 23.0 44.7

33.2 22.8 44.0

- - -

Sector económico Informal Formal

71.2 28.8

-

74.2 25.8

71.2 28.8

- - -

Pobreza Pobreza extrema Pobreza no extrema No pobre

12.4 33.3 54.3

4.1 30.8 65.1

10.6 34.6 54.9

12.2 33.3 54.5

14.0 34.8 51.2

0.6 1.7 2.2

13.3 15.9 15.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2006.

142

Nota: Según el glosario de la ENCOVI 2006, las categorías utilizadas tienen la siguiente definición:

o Persona ocupada no remunerada: persona que trabaja en una empresa, negocio, finca o explotación agropecuaria que es administrada o es propiedad de algún miembro del hogar y que no recibe remuneración por su trabajo.

o Población desocupada: población económicamente activa de 10 años y más de edad que buscó activamente trabajo en la semana de referencia de la encuesta.

o Población económicamente activa (PEA): todas las personas de 10 años y más que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica y las personas que estaban disponibles para trabajar y hacer gestiones para encontrar un trabajo. Se incluyen también las personas que durante la semana de referencia no buscaron trabajo activamente por razones de mercado pero estaban dispuestas a iniciar un trabajo de forma inmediata.

o Población ocupada: población económicamente activa de 10 años y más de edad que dijeron haber trabajado por lo menos 1 hora, durante la semana de referencia de la encuesta. No incluye a los que buscaron trabajo activamente en la semana anterior a la fecha de referencia de la encuesta pero trabajaron antes (cesantes) y a los que buscaron trabajo por primera vez.

o Población económicamente inactiva (PE Inactiva): conjunto de personas de 10 años y más, no clasificados como ocupados o como desocupados en la semana de referencia.

Además, en Guatemala la categoría de Subempleo Visible alude a los ocupados que trabajan menos de 40 horas a la semana y tienen deseos de trabajar más. Comprende también a los que trabajan 40 horas o más a la semana y cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo de la rama de actividad económica a la que pertenecen. El desempleo abierto es aquel que afecta a la persona que no trabajó durante la semana de referencia pese a que buscó activamente un empleo y estaba disponible para trabajar de inmediato.

Cuadro 43 Población ocupada según rama de actividad

En miles de habitantes y porcentajes, 1989-2006

143

AÑO TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS SOCIALES Y DE

SALUD OTROS

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

1989 2,839.90 1,417.00 49.90 388.2 13.67 114.2 4.02 374.5 13.19 72.5 2.55 38.1 1.34 416.9 14.68 18.4 0.65

2000 4,401.50 1,720.10 39.08 603.7 13.72 250.9 5.70 954.1 21.68 99 2.25 105.7 2.40 559.6 12.71 108.3 2.46

2006 5,365.80 1,782.50 33.22 851.3 15.87 352.7 6.57 1,221.20 22.76 160.4 2.99 175.3 3.27 674.6 12.57 148 2.76

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, Informe nacional de desarrollo humano 2007/2008.

Guatemala: ¿Una economía al servicio de desarrollo humano? Guatemala, PNUD, 2008, volumen II. Página 123.

Cuadro 44

Evolución de la población con derecho a voto (18 años o más) según proyecciones demográficas del INE, 2005-2030

AÑO POBLACIÒN TOTAL

DEL PAÍS

POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD

TOTAL % RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

2005 12,700,611 6,362,256 50.09%

2010 14,361,666 7,408.618 51.58%

2015 16,176,133 8,690,907 53,72%

2020 18,055,025 10,156,215 56.25%

2025 19,962,201 11,795,915 59.09%

2030 21,804,279 13,516,170 61.98%

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones del INE a partir del censo de 2002

Cuadro 45 Evolución del padrón electoral de 1985 a 2007

AÑO PADRÒN CRECIMIENTO PORCENTAJE

144

1985 2,753,572 - -

1990 3,204,955 451,383 16.39

1995 3,711,589 506,634 15.80

1999 4,458,744 747,155 20.13

2003 5,073,282 614,538 13.78

2007 5,990,029 916,747 18.07

Fuente: Informe Final de las Elecciones Generales 2007, Guatemala.

Misión de Observación Electoral UE, con base en datos del Tribunal Supremo Electoral

Cuadro 46 Recursos y otras acciones interpuestas durante el proceso electoral de 2007

NOMBRE NÚMERO

Recursos de nulidad 75

Recursos de revisión 28

Acciones constitucionales de amparo 26

Acciones de inconstitucionalidad 1

Otras: denuncias, incidentes, revocatorias y reposiciones

17

TOTAL 147

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

Página web oficial: www.tse.org.gt

Cuadro 47 Distribución de escaños legislativos por partido y grupo político

Sexta legislatura, 2008-2010

145

Siglas Nombre Número de diputados (as)

UNE Unidad Nacional de la Esperanza 33 PP Partido Patriota 26 GANA Gran Alianza Nacional 26 LIDER Libertad Democrática Renovada (independiente)* 25 BG Bancada Guatemala (independiente)* 14 FRG Frente Republicano Guatemalteco 9 Indep. Independientes* 6 PU Partido Unionista 6 UCN Unión del Cambio Nacional 4 CASA Centro de Acción Social 3 PAN Partido de Avanzada Nacional 2 URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 2 EG Encuentro por Guatemala 1 UD Unión Democrática 1 TOTAL 158

*Se consideran independientes aquellos diputados que habiendo abandonado el partido político por el que fueron electos, no se adscriben a ningún otro partido con representación parlamentaria y conforman lo que se denomina un “grupo político” en función de su ideología o de la afinidad de los intereses que defienden.

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en junio de 2010 en la página web oficial del Congreso de la República: http://www.congreso.gob.gt/gt/bancadas.asp

Gráfico 7 Distribución de escaños en el Congreso, junio 2010

146

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en junio de 2010 en http://www.congreso.gob.gt/gt/bancadas.asp

Gráfico 8 Mujeres diputadas en el Congreso de la República

GANA

BG

LIDER IND

PP

PU

UNE

CASA

UD

EG UCN

PAN

FRG URNG

147

Números absolutos, junio 2010

20

138

DIPUTADAS

DIPUTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web oficial del Congreso de la República

http://www.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp

Cuadro 48 Abstencionismo secundario en la primera y segunda vueltas de la elecciones generales de 2007

148

DISTRITO ELECTORAL

ABSTENCIONISMO EN PRIMERA VUELTA (%)

ABSTENCIONISMO EN SEGUNDA VUELTA (%)

Distrito Central 47.27 51.34

Depto. Guatemala 33.99 42.00

Sacatepéquez 27.23 45.45

Chimaltenango 31.52 46.72

El Progreso 36.73 52.17

Escuintla 39.03 52.02

Santa Rosa 45.22 55.37

Sololá 27.10 47.21

Totonicapán 41.42 59.52

Quetzaltenango 44.29 56.99

Suchitepéquez 35.28 49.76

Retalhuleu 42.20 52.12

San Marcos 44.81 60.93

Huehuetenango 40.38 60.92

Quiché 33.89 50.51

Baja Verapaz 37.90 50.63

Alta Verapaz 33.27 43.93

Petén 44.32 55.43

Izabal 45.82 54.02

Zacapa 37.05 48.82

Chiquimula 40.98 53.35

Jalapa 38.10 52.79

Jutiapa 41.77 56.81

TOTAL 39.53 51.80

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE

Gráfico 9 Participación y abstención electoral en primera vuelta

149

En porcentajes, procesos electorales de 1985 a 2007

30,8

69,2

43,6

56,453,2

46,8 46,3

53,7

42,1

57,9

39,53

60,47

0

10

20

30

40

50

60

70

Año1985

Año1990

Año1995

Año1999

Año2003

Año2007

Porcentaje deabstenciones

Porcentaje departicipación

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web oficial del TSE

http://www.tse.gob.gt

Gráfico 10 Participación y abstención electoral en segunda vuelta

150

En porcentajes, procesos electorales de 1985 a 2007

34,7

65,3

54,8

45,2

63,2

36,8

59,7

40,3

54,2

45,8

54,58

45,42

0

10

20

30

40

50

60

70

Año1985

Año1990

Año1995

Año1999

Año2003

Año2007

Porcentaje deabstenciones

Porcentaje departicipación

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web oficial del TSE

http://www.tse.gob.gt

Cuadro 49 Población adulta sin empadronar, en porcentajes

151

Estadísticas del padrón electoral por departamento al 31 de agosto de 2010

DEPARTAMENTO EMPADRONADOS

VIGENTES

PROYECCIÒN POBLACIÒN DE 18 AÑOS y MÀS (2010)

PORCENTAJE ESTIMADO DE POBLACIÒN ADULTA

SIN EMPADRONAR

Guatemala 1,516.305 ND ND

Sacatepéquez 137.453 ND ND

Chimaltenango 224.466 ND ND

El Progreso 86.941 ND ND

Escuintla 310.506 ND ND

Santa Rosa 185.197 ND ND

Sololá 161.453 ND ND

Totonicapán 156.117 ND ND

Quetzaltenango 369.353 ND ND

Suchitepéquez 229.378 ND ND

Retalhuleu 147.856 ND ND

San Marcos 429.035 ND ND

Huehuetenango 433.471 ND ND

Quiché 323.785 ND ND

Baja Verapaz 114.253 ND ND

Alta Verapaz 364.929 ND ND

Petén 198.245 ND ND

Izabal 158.516 ND ND

Zacapa 122.626 ND ND

Chiquimula 180.944 ND ND

Jalapa 129.212 ND ND

Jutiapa 235.401 ND ND

TOTAL 6,215.442 7,408.618 16.10%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE y proyecciones demográficas del INE

A.3 INDICADORES SOBRE LA DELINCUENCIA Y LA ADMINIS TRACIÓN DE JUSTICIA

152

Cuadro 50

Número de homicidios y tasa por cada 100,000 personas, 1995-2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Número de homicidios

3,260 3,619 3,998 3,310 2,655 2,904 3,230 3,631 4,237 4,507 5,338 5,885 5,781 6,289 6,489

Tasa de homicidios 38 40 43 34 26 28 30 32 37 38 44 45 43 46 46

Promedio diario de homicidios

8.9 9.9 10.9 9 7.3 7.9 8.8 9.9 11.6 12.3 14.6 16.1 15.8 17.2 17.8

Fuente: Elaboración propia con base en Informe de Desarrollo Humano 2009/2010, Guatemala, según datos de la PNC sobre la base de denuncias recibidas; Informe sobre la Violencia en Guatemala,

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD, Guatemala, diciembre 2007.

Cuadro 51 Número de homicidios y tasa por cada 100,000 personas

153

en los seis departamentos con mayor y con menor tasa de homicidios, 2009

Departamento Número de homicidios

Tasa de homicidios

Promedio diario de homicidios

TOTAL REPÚBLICA 6,489 46 17.8

MAYOR TASA DE HOMICIDIOS

Chiquimula 323 91 0.9

Guatemala 2,644 87 7.2

Escuintla 516 77 1.4

Izabal 291 74 0.8

Petén 420 71 1.2

Santa Rosa 239 71 0.7

MENOR TASA DE HOMICIDIOS

Totonicapán 18 4 0.0

Quiché 76 9 0.2

Sololá 52 13 0.1

Alta Verapaz 155 15 0.4

Huehuetenango 185 17 0.5

Chimaltenango 110 19 0.3

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2009/2010, Guatemala, según datos de la PNC sobre la base de denuncias recibidas, 2010.

Gráfico 11 Número de homicidios registrados, 1995-2006

154

Fuente: Informe sobre la Violencia en Guatemala, Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD, Guatemala, diciembre 2007 con base en datos de la PNC.

Gráfico 12 Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1995-2006

155

Fuente: Informe sobre la Violencia en Guatemala, Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD, Guatemala, diciembre 2007 con base en datos de homicidios de la PNC, proyecciones de crecimiento poblacional y datos de autodefinición étnica del Censo 2002 del INE.

Gráfico 13 Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunos países de América, 2005

156

Fuente: Informe sobre la Violencia en Guatemala, Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD, Guatemala, diciembre 2007.

Gráfico 14 Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunas ciudades de América, 2006

157

Fuente: Informe sobre la Violencia en Guatemala, Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD, Guatemala, diciembre 2007.

Cuadro 52 Victimización según tipo de hecho delictivo

158

Frecuencia y tasa, 2008

LUGAR

TIPO DE HECHO DELICTIVO

Homicidios

Lesionados

Lincham

ientos

Robos y asaltos

Violaciones

sexuales

Secuestros

Desaparecidos

Violencia

intrafam

iliar

Total

Tasa de

victimización (por

100,000 hab.)

Total país 6,275 6,938 39 14,802 385 213 1,318 2,050 32,020 234

DEPARTAMENTOS CON MAYOR TASA DE VICTIMIZACIÓN

Guatemala 2,.430 3,511 14 8,274 132 74 297 226 14,958 500

Escuintla 491 280 1 1,305 20 21 107 130 2,355 359

Sacatepéquez 115 107 1 702 24 7 36 72 1,064 358

Zacapa 169 184 0 196 6 0 34 36 625 293

Chiquimula 287 385 0 176 6 0 43 47 944 271

Izabal 332 219 0 223 2 1 44 33 854 223

DEPARTAMENTOS CON MENOR TASA DE VICTIMIZACIÓN

Totonicapán 23 39 0 61 9 1 12 76 221 51

Quiché 85 139 3 167 9 6 40 101 550 64

Sololá 43 54 2 71 6 13 12 92 293 74

Alta Verapaz 150 249 0 215 24 1 40 96 775 76

Baja Verapaz 45 55 0 77 3 0 16 35 231 92

San Marcos 196 161 1 281 9 13 53 230 944 99

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2009/2010, Guatemala, según datos de la PNC sobre la base de denuncias recibidas.

Gráfico 15 Casos de violencia intrafamiliar por sexo, según año de registro

159

Frecuencias, 2003-2008

Cuadro 53 Población víctima de violencia intrafamiliar por sexo, relación con el agresor, grupo étnico, edad y etnicidad

160

Frecuencias, 2008

SEXO Ambos sexos Hombres Mujeres

Por sexo Total país 23,721 2,290 21,431 Según relación con el agresor(a) Esposo(a) 10,337 746 9,591 Conviviente 7,151 462 6,689 Ex cónyuge (*) 2,570 238 2,332 Hijo(a) 553 142 411 Hijastro(a) 71 22 49 Padre/Madre 875 277 598 Nieto(a) 52 9 43 Suegro(a) 167 29 138 Hermano(a) 701 130 571 Otro pariente 1,244 235 1,009 Por grupos quinquenales 0 a 4 21 7 14 5 a 9 58 27 31 10 a 14 178 47 131 15 a 19 2,211 112 2,099 20 a 24 4,354 296 4,058 25 a 29 4,707 342 4,365 30 a 34 3,937 350 3,587 35 a 39 2,787 232 2,555 40 a 44 1,925 200 1,725 45 a 49 1,196 147 1,049 50 a 54 795 140 655 55 a 59 457 98 359 60 a 64 286 71 215 65 y más 486 190 296 Ignorado 323 31 292 Según grupo étnico Ladino(a) 14,279 1,455 12,824 Maya 6,555 603 5,952 Garífuna 24 2 22 Xinca 57 5 52 Otro 265 40 225 No Indica 1,834 132 1,702 Ignorado 707 53 654

(*) Incluye ex conviviente y ex esposo(a)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Estadísticas de Violencia Intrafamiliar.

Cuadro 54 Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar según tipo de agresión por área y etnicidad

161

En porcentajes sobre total de mujeres entrevistadas, 2009

TIPO DE AGRESIÓN Los tres tipos Alguno de los tres

Verbal Física Sexual

Total 42.2 24.5 8.9 7.0 45.2

Área

Urbana 46.9 27.2 10.1 8.7 48.8

Rural 38.4 22.3 8.0 5.7 42.3

Grupo étnico

Indígena 38.1 23.1 7.9 5.6 42.3

No indígena 44.7 25.3 9.6 7.9 47.0

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2009/2010, Guatemala, según datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno – Infantil 2008/2009

Cuadro 55 Delitos sexuales por sexo de las víctimas, 2010

Fuente: PDH, Informe estadístico sobre personas agraviadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con datos del MP.

Cuadro 56 Delitos sexuales por edad de las víctimas, 2010

Sexo No. de casos %

Femenino 7,933 83.36

Masculino 1,583 16.64

Total 9,516 100.00

162

Rango de edad No. de casos %

00 - 14 años 2,452 25.77

15 - 17 años 1,462 15.36

18 - 25 años 1,427 15.00

26 - 38 años 2,133 22.41

39 - 90 años 2,042 21.46

Total 9,516 100.00


Cuadro 57

Delitos sexuales por tipo de hecho, 2010

Tipo de delito No. de casos %

Violación 5,482 57.61

Agresión sexual 3,108 32.66

Violación agravada 825 8.67

Violación, agresión sexual 87 0.91

Violación agravada, agresión sexual 10 0.11

Violación, violación agravada 4 0.04

Total 9,516 100.00


Cuadro 58 Personas condenadas según delitos, por años de condena, 2009

163

Años de condena Total Delito

Asesinato Homicidio Plagio o secuestro

Parricidio

Total 114 50 40 21 3 20 a menos de 30 62 23 27 11 1 30 a menos de 40 19 8 8 2 1 40 a menos de 50 15 5 5 4 1 50 años 18 14 0 4 0

Fuente: Ministerio Público sobre la base de los informes de las fiscalías y elaborado por el Departamento de Planificación.

Cuadro 59 Número de jueces por cada 100,000 habitantes por órganos jurisdiccionales, 2005-2009

164

2005 Jueces/100,000 habitantes





Primera instancia (Ramo Mixto) Suplentes

18 0.14 18 0.14 21 0.16 16 0.12 17 0.12

Primera instancia (Ramo Mixto) Titulares

14 0.11 12 0.09 13 0.10 13 0.10 13 0.09

Primera instancia Penal, Narcoactividad y DCA

47 0.37 48 0.37 57 0.43 62 0.45 62 0.44

Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y DCA

132 1.04 130 1.00 126 0.94 128 0.94 129 0.92

Ejecución Penal 2 0.02 3 0.02 3 0.02 3 0.02 3 0.02

Primera Instancia de Familia 10 0.08 14 0.11 14 0.10 17 0.12 22 0.16

Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social

8 0.06 10 0.08 10 0.07 17 0.12 22 0.16

Primera Instancia Civil 11 0.09 11 0.08 11 0.08 12 0.09 12 0.09

Primera Instancia de lo Económico Coactivo

2 0.02 3 0.02 3 0.02 3 0.02 3 0.02

Primera Instancia de Cuentas

1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01

Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

11 0.09 12 0.09 13 0.10 14 0.10 16 0.11

Ejecución de la Niñez y Adolescencia

1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01

Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia

21 0.17 17 0.13 17 0.13 13 0.10 14 0.10

Primera Instancia Civil y de lo Económico Coactivo

21 0.17 20 0.15 18 0.13 19 0.14 21 0.15

Paz (titulares) 433 3.41 362 2.78 369 2.77 384 2.81 399 2.85

Paz (suplentes) 5 0.04 7 0.05 12 0.09 12 0.09 13 0.09

TOTAL 737 5.80 669 5.14 689 5.16 715 5.23 748 5.34

Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), 2010.

Cuadro 60 Número de jueces por órganos jurisdiccionales y sexo, 2010

166

Cuadro 61 Casos ingresados en los órganos jurisdiccionales del ramo penal y resoluciones judiciales, 2009

CASOS INGRESADOS 2009 RESOLUCIONES JUDICIALES 2009

Denuncias Prevención

judicial Requerimientos

MP Querellas

Procedimiento medidas de seguridad y corrección

TOTAL Decretos Autos Sentencias

TOTAL

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 99,283 28.7 174,527 50.4 69,193 19.8 3,447 0.99 5 0.01 346,455 464,402 68.3 196,153 28.9 19,412 2.9 679,967

Fuente: elaboración propia con datos del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial –CENADOJ-, Informador estadístico 16.

Cuadro 62

Casos penales y asesorías atendidas por el Instituto de la Defensa Pública Penal a escala nacional según edad, sexo y grupo étnico, 2005-2009

AÑO CASOS

ATENDIDOS POR AÑO

POR EDAD POR SEXO POR GRUPO ÉTNICO

Adultos Adolescentes Masculino Femenino No indígenas

Indígenas

2005 25,485 23,481 2,004 23,748 1,737 24,506 979

2006 27,086 25,498 1,588 25,190 1,896 26,299 787

2007 33,180 31,409 1,771 29,576 3,604 32,019 1,161

2008 46,021 43,197 2,824 33,389 12,632 42,989 3,032

2009 49,595 46,020 3,575 34,991 14,604 46,014 3,581

TOTAL 181,367 169,605 11,762 146,894 34,473 171,827 9,540

Fuente: Departamento de Estadística de la Unidad de Planificación, con base en información proporcionada por los Defensores Públicos.

Instituto de la Defensa Pública Penal, 2010

Cuadro 63

167

Proporción del gasto público en seguridad, Policía Nacional y Organismo Judicial, 2005-2009 En Quetzales*

DESCRIPCIÓN 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

PRESUPUESTO TOTAL ** 30,888,147,010 36,453,625,740 39,548,196,975 42,661,502,385 45,846,276,805 SEGURIDAD*** 1,473,958,123 4.8 1,725,070,675 4.7 1,791,070,303 4.5 2,339,743,929 5.5 2,511,459,557 5.5 POLICÍA NACIONAL CIVIL 1,191,344,616 3.9 1,320,046,837 3.6 1,320,046,837 3.3 1,649,635,533 3.9 1,911,578,447 4.2 ORGANISMO JUDICIAL 698,248,056 2.3 748,263,116 2.1 890,006,037 2.3 980,896,132 2.3 1,042,494,859 2.3

*El tipo de cambio entre el US$ y el Quetzal es de 7.57 quetzales por cada dólar **Corresponde la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y del Estado *** Incluye el presupuesto total del Ministerio de Gobernación, inclusive la PNC

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. Ministerio de Finanzas Públicas.

168

V. FUENTES CITADAS

1. Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala. Obtenido de www.un.org: lhttp://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GTM_constitucion_politica.pdf

2. Asamblea Nacional Constituyente. (enero de 2007). Ley Electoral y de Partidos Políticos. Obtenido de Congreso de la República: http://www.congreso.gob.gt/Pdf/Normativa/LeyElectoral.PDF

3. Azpuru, D. (2010). Cultura política de la democracia en Guatemala. Guatemala: ASIES.

4. CICIG. (2010). Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Obtenido de Informe del Tercer año de Labores: http://cicig.org/uploads/documents/tercer_anio_de_labores.pdf

5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1985). Informe de País, Guatemala. Obtenido de Organización de los Estados Americanos: http://www.cidh.org/countryrep/guatemala85sp/Cap.1.htm

6. Consejo de Europa. (2010). Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia -CEPEJ-. Obtenido de Informe de Evaluación de los Sistemas Judiciales Europeos: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ%282010%29Evaluation&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

7. Espíndola, E., & León, A. (Septiembre de 2002). La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional. Recuperado el 11 de noviembre de 2010, de Revista Iberoamericana de Educación número 30: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/800/80003003.pdf

8. Franco, Y. (2011). www.ESTUDERECHO.com. Obtenido de Derecho guatemalteco: http://www.estuderecho.com/documentos/intalderecho/000000997908dcc08.html

9. IEPADES. (13 de mayo de 2008). Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Obtenido de Comunicado sobre la reforma de la ley de armas y municiones: http://www.iepades.org/COMUNICADO_LAM.pdf

10. Instituto Guttmacher. (Octubre de 2006). Situación del aborto en Guatemala. Morbilidad por aborto en Guatemala: una visión de la comunidad. Recuperado el 5 de octubre de 2010, de www.guttmacher.org: www.guttmacher.org/pubs/2006/11/09/or_27.pdf

11. Instituto Nacional de Estadística. (2002). Características de la población y de los locales de habitación censados. Censos nacionales XI de población y VI de habitación. Guatemala: INE.

12. Instituto Nacional de Estadística. (octubre de 2010). Presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Obtenido de http://www.ine.gob.gt

13. Ministerio de Gobernación. (2011). Dirección General del Sistema Penitenciario.

169

Obtenido de http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=49

14. Misión Internacional de Verificación. (2010). El derecho a la alimentación en Guatemala. Informe final Misión Internacional de Verificación. Guatemala: Magna Terra.

15. Moscoso, V. (2008). El sistema de salud en Guatemala, 3: Retratos de muertes evitables. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala.

16. Noticias de Guatemala. (5 de abril de 2010). Noticias.com.gt. Obtenido de Agentes de seguridad privados superan en número a agentes de la PNC: http://noticias.com.gt/nacionales/20100405-agentes-seguridad-privada-superan-numero-agentes-pnc.html

17. OEA. (2011). Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana. Obtenido de Organización de los Estados Americanos: http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_estadistica_gtm.asp

18. Organización de las Naciones Unidos, Secretario General. (3 de junio de 2009). Compilación de Directrices Relativas a la Forma y el Contenido de los Informes que deben presentar los Estados Partes en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, HRI/GEN/2/Rev.6, versión en español . Ginebra, Suiza: ONU.

19. PNUD. (2008). Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo humano? Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Volúmenes I y II. Guatemala: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

20. PNUD. (2010). Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe nacional de desarrollo humano 2009/2010. Guatemala: PNUD.

21. PNUD. (diciembre de 2007). Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Obtenido de PNUD Guatemala: http://www.undp.org.gt/data/publicacion/Informe%20Estad%C3%ADstico%20de%20la%20Violencia%20en%20Guatemala%20final.pdf

22. POLSEC. (2005). Seguridad e Inseguridad en Guatemala. Obtenido de FLACSO los Andes: www.flacsoandes.org/.../07.%20Capítulo%204.%20%20Seguridad%20e%20inseguridad%20de%20Guatemala.pdf

23. Procurador de los Derechos Humanos. (2010). Informe Anual Circunstanciado. Guatemala: PDH.

24. Procurador de los Derechos Humanos. (2011). Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos Vigentes en Guatemala. Guatemala: PDH.

25. Programa Estado de la Nación. (2008). Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Obtenido de http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/centroamerica

170

26. Sandoval, M. (17 de abril de 2010). El hombre que está en la garita. elPeriódico .

27. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. (s/f). Política pública de protección integral a la niñez y la adolescencia. Guatemala: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y Movimiento social por los derechos de la nIñez y la juventud.

28. The Economist. (2009). El mundo en cifras 2009. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

29. UNICEF. (2011). La niñez guatemalteca en cifras. Compendio estadísticos sobre las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos. Recuperado el 10 de enero de 2011, de www.unicef.org.gt: http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/ninez_en_cifras/ninez_guatemalteca_en_cifras.htm

30. Verified Audit Circulation. (1 de abril de 2011). Verified. Obtenido de On Line Data and Reports: http://www.verifiedaudit.com/results.php?publication_name=Nuestro+Diario&type_of_report=circulation&publisher_name=&city=Guatemala&state=&type=&Circulation+Report2=Search

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