[2015] mónica iglesias vázquez: "lo social y lo político en chile: itinerario de un desencuentro...

8/10/2019 [2015] Mnica Iglesias Vzquez: "Lo social y lo poltico en Chile: Itinerario de un desencuentro terico y prctico" (I

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Mnica Iglesias V., Lo social y lo poltico en Chile: Itinerario de un desencuentro terico y prctico /The social and politics in Chile: theoretical and practical disagreement, Revista Izquierdas, nmero 22,

enero 2015, ISSN 0718-5049, Santiago de Chile, pp. 227-250

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Lo social y lo poltico en Chile: Itinerario de un desencuentroterico y prctico

The social and politics in Chile: theoretical and practical disagreement

Mnica Iglesias Vzquez*

Resumen

En este artculo sostenemos que el origen de la escisin entre losocial y lo poltico que se aprecia en la actualidad debe rastrearse enel modelo de transicin a la democracia, que legitim, en esencia, elmodelo de sociedad que la Dictadura trat de imponer a sangre yfuego, buscando revertir las transformaciones econmicas, sociales ypolticas que trat de implementar el Gobierno de la Unidad Populary, muy especialmente, las experiencias de poder popular, quecuestionaban precisamente aquella escisin.

Palabras clave: poder popular, dictadura, transicin a la democracia,lo social, lo poltico.

Abstract

We argue that the origin of the split between the social and thepolitical that is seen today must be traced in the model of transition todemocracy, that legitimized, in essence, the model of society that thedictatorship tried to impose blood and fire, seeking to reverse theeconomic, social and political transformations that the UnidadPopular Government tried to implement and, in particular, the

experiences of popular power, questioning precisely that division.

Keywords: popular power, dictatorship, transition to democracy, thesocial, the political.

* Espaola. Licenciada en Sociologa por la Universidad de Barcelona, Maestra en EstudiosLatinoamericanos por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico y candidata a doctora por elmismo programa de estudios. Correo:[email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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En Chile, los movimientos sociales existen poco, porque

los partidos existen mucho y tienden a dominarlos.(Moulian 2008: 170)

Cuando en agosto de 2012 la entonces dirigente estudiantil, Camila Vallejo, critic alos diputados que haban votado a favor de una reforma tributaria regresiva, mientrasdecan apoyar al movimiento social, Pepe Auth, diputado del Partido por laDemocracia (PPD) asever: Yo no sigo instrucciones de nadie.1Cuando el diputadoGabriel Boric decidi marcharcon los estudiantes, el pasado 8 de mayo, ausentndose

de la Cmara, fue sancionado por esa institucin por haber abandonado sus funcioneslegislativas sin una causa justificante. En su respuesta, el diputado seal: No esextrao que algunos se escandalicen con la asistencia a una marcha, pues durante msde veinte aos el abismo entre lo social y lo poltico lo ha hecho, para ellos,inimaginable.2 Ambos hechos confirman una apreciacin generalizada en el Chileactual: la poltica se ha autonomizado de las luchas sociales. Pero cundo y cmo seextrem y legitim esa escisin?

Sin lugar a dudas, la Dictadura provoc un ensanchamiento de la distancia queha existido histricamente entre lo social y lo poltico, debido a las prohibiciones,exclusiones y desapariciones mltiples que produjo, sin perjuicio de que conanterioridad al golpe de Estado se verificaran marginaciones de ciertos grupos socialesrespecto de la participacin y representacin polticas. Los militares desgarraron eltejido social, proceso que se vali de la anatemizacin de la poltica, e instauraron unmodo de produccin de actores polticos escindidos de lo social-popular. Lastransformaciones econmicas y polticas y el rgimen de terror que impuso Pinochet,destinado a disciplinar la sociedad, destruyeron la matriz sociopoltica clsica yacabaron con la forma tradicional de hacer poltica. Aun as, emergieron en esecontexto, en condiciones de autonomizacin forzada, organizaciones y movilizacionescon gran protagonismo de los sectores populares, para enfrentar los efectos msperversos del sistema de exclusin econmica, social y poltica; sin embargo, lasorganizaciones sociales no fueron capaces de restaurar la vieja forma de articulacincon los partidos polticos, ni de instaurar una nueva. Las dificultades de la vinculacinsocio-poltica en aquel periodo fueron consideradas por algunos socilogos ehistoriadores sociales (Bao 1985; De la Maza y Garcs 1985, entre otros).

Ms incomprensible ha resultado el hecho de que el retorno de la democraciapolt ica no trajera aparejado un fortalecimiento de los movimientos sociales. El sent ido

1La Segunda, 9 de agosto de 2012, p. 16.2Misiva publicada en www.elmostrador.cl, 13 de mayo de 2014. Cabe sealar que, posteriormente, serevis la decisin y se resolvi que la participacin en marchas ciudadanas [] son causa justificante

de una inasistencia (Acuerdo N 75-2014, de 2 de julio de 2014).


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comn y el discurso concertacionistahacan prever, efectivamente, el reencuentro desectores sociales y polticos (Garretn 1986a: 17): Lo lgico era suponer que el

actual proceso poltico se apoyara en la fuerza del pueblo movilizado (Crdenas1991: 3). Por el contrario, los Gobiernos de la Concertacin de Partidos por laDemocracia evidenciaron, progresivamente, su profundo vaciamiento social; y lainstitucionalidad democrtica se mostr como la cscara vaca que haba presagiado

el politlogo Norbert Lechner (1987: 259). Tras el asombro inicial, algunos autoreselaboraron trabajos que dan cuenta de la transmutacin de la poltica en una actividadcarente de sentido histrico, ensimismada y fetichizada, y de la prdida de centralidadde los movimientos sociales: Digmoslo de una vez. Lo que ms llama la atencin enlos ltimos aos es la ausencia de conflictividad en la sociedad; tanto que parece quelos movimientos sociales hubieran desaparecido (Espinoza 2000: 207).3 En esesentido, se ha hablado de un segundo disciplinamiento del mundo social (Guerrero

2006), que favoreci la desarticulacin de los movimientos sociales que durante laDictadura haban desempeado un papel relevante. Sin embargo, compartimos con Dela Maza la tesis de que contrariamente a la imagen corriente, el diseo de la transicinpolt ica chilena de fines de los aos ochenta contemplaba como prerrequisito ladesactivacin de los movimientos sociales antidictadu ra que la haban hecho posible (1999: 377). Aquel diseo busc dotar de cientificidadla separacin entre democraciapolt ica y democratizacin social, just ificando la sujecin y la postergacin de lasegunda; de esa manera se aval la elitizacin de la poltica y la subordinacin y/ocriminalizacin de lo social.4

3Algunos estudios han sealado cmo, de manera concomitante, la lgica mercantilista coloniz laesfera pblica y trastoc la naturaleza de la poltica, al convertir el vnculo de los ciudadanos con elgobierno en una relacin entre clientes y proveedores de servicios. Por esa va se habra producido ladesvalorizacin de la participacin poltica, equiparndola con un acto de consumo (Streeck, 2012).Para un anlisis de los efectos de esa contaminacin de la actividad poltica en el caso chileno, vaseLechner (1994) y Moulian (1997).4Las nociones de lo social y la poltica han sido construidas por las ciencias sociales como dosesferas en sentido figurado y real y lgicas de accin social diferenciadas. Lo social se refiere a lared de relaciones que ar ticula a los distintos actores sociales, configurando un entramado de prcticas yde significados que construyen y transforman los propios marcos materiales desde los que se erigen. Encontraposicin, la poltica alude a una esfera particular de relaciones, actividades e instituciones, pormedio de las cuales los individuos y los grupos intervienen en los asuntos pblicos, articulando,negociando, implementando y haciendo valer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad y, por ende,valorando el orden social e imaginando otros rdenes posibles. Desde esta perspectiva slo lo que

sucede en esta esfera es poltico, mientras que las prcticas sociales que no se insertan en ella sondefinidas como apolticas o no-polticas y, por lo tanto, carentes de legitimidad para, o incapaces de,

proponer una configuracin distin ta de la sociedad.A su vez, una veta del pensamiento filosfico propone la distincin entre lo poltico y la

poltica,para cuestionar precisamente la reduccin de la funcin poltica a una esfera diferenciada yaltamente institucionalizada. De manera muy somera, la diferencia puede ser formulada as: Lo

poltico posee un carcter sustantivo y una funcin insti tuyente, mientras que la poltica supone unalgica instrumental de administracin de lo instituido (Retamozo 2009: 79). La diferenciacin entre lo

poltico y la poltica permite cuestionar, por un lado, la autonoma de la poltica y, por otro, ladespolitizacin de todas las prcticas sociales que se sitan fuera de la esfera poltica. Si bien esta


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En este artculo sostenemos que la ruptura entre lo social y lo poltico que seaprecia en la actualidad, no se debe exclusiva o principalmente a factores acaecidos

durante la posdictadura o a una suerte de traicin de los lderes polticos quecapitalizaron los designios de democratizacin de los sectores populares. Por lo tanto,tampoco es correcto hablar de flaqueza o pusilanimidad de los partidos de laConcertacin. La raz de esa escisin se encuentra en el propsito explcito de laDictadura de reconfigurar la sociedad para volver a la poltica de los consensos entrelites, que durante la Unidad Popular (UP) se vio en peligro y, ms claramente, en elcompromiso que asumi la Concertacin con aquel modelo, legitimando la escisinsobre la base de consideraciones de realismo poltico. Para desarrollar esta hiptesis,dividimos el argumento en tres momentos: 1) Los grmenes de poder popular quedurante la UP tensaron la escisin entre lo social y lo poltico, ensayando formas deorganizacin que desdibujaban la separacin; 2) El proyecto societal y la prctica

polt ica y econmica de la Dictadura que forzla desarticulacin socio-poltica; 3) Laconsumacin de la transicin pactada a la democracia que subsumi y legitim elmodelo dictatorial. Por ltimo, apuntamos algunas consideraciones a propsito de lanecesidad de religar lo social y lo poltico, superando la concepcin estrecha de lapolt ica y recuperndola para los proyectos de transformacin radical de la sociedad.

La escisin tensada

Luchar, crear, poder popularfue una de las consignas ms coreadas durante elperodo de la Unidad Popular. No se trat slo de un eslogan en una pancarta o un gritoen una manifestacin; encarn prcticas concretas y proyectos de transformacinradical de las relaciones sociales imperantes que, hacia el ocaso de aquellos mil das,pusieron en entredicho el propio Gobierno de Salvador Allende y constituyeron unaprofunda preocupacin para los dueos de Chile5, ms aun que la va chilena alsocialismo, porque la derecha entendi que el principal peligro que amenaza el ordensocial y la propiedad privada de los medios de produccin se sita precisamente en estaRevolucin desde abajo

6en gestacin (Gaudichaud 2004: 49).El triunfo electoral de la UP el 4 de septiembre de 1970 signific el arribo al

Gobierno de una coalicin de partidos de izquierda; sin embargo, como recordaba amenudo Allende (1973a: 3): Los trabajadores de Chile han conquistado el Gobierno;no han conquistado el poder. La idea de poder popular estaba presente en elprograma de la UP; no obstante, su formulacin guardaba una gran vaguedad,

distincin analtica nos parece til, para efectos de este artculo lo poltico y la poltica deben serconsiderados como sinnimos, con el propsito de no desviar la atencin de la escisin que nos interesarastrear.5 Expresin que empleara, sin embozo, en las postrimeras del siglo XIX, Eduardo Matte, polticoliberal e integrante de una de las familias ms acaudaladas del pas: Los dueos de Chile somos

nosotros, los dueos del capital y del suelo; lo dems es masa influenciable y vendible; ella no pesa nicomo opinin ni como prestigio(citado en Carmona 2002: 116).6El concepto de Revolucin desde abajo ha sido empleado, entre otros, por Winn (2004).


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limitndose a sealar el propsito de llevar a cabo los cambios de fondo que lasituacin nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos

dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capasmedias de la ciudad y del campo (1970: 12).7 Se consideraba necesaria la toma ensus manos (Ibd.) del poder por parte del pueblo, pero para ello se preveannicamente las formas y los espacios definidos por el Gobierno, dentro de los cauceslegales. De esa manera, la toma del poderconsista esencialmente en la incorporacinprogresiva de los sectores populares a los dist intos niveles de la administracin delEstado, empezando por la entrada a la gestin de las empresas del rea de PropiedadSocial (APS), es decir, del sector nacionalizado de la economa, constituido a partir dela recuperacin de empresas estratgicas del gran capital monoplico, extranjero ynacional; y en su participacin activa en la vida poltica y social del pas a travs deorganizaciones sindicales, cooperativas y Juntas de Vecinos. 8 Es decir, el proyecto

polt ico de la UP buscaba alterar las relaciones de poder pero actuando desde elestado sobre la sociedad (Garcs 2004). Es por eso que los sectores popularesaparecen como meros espectadores y sectores de apoyo del proceso(Harnecker 2003),pero no como actores del mismo. Con todo, a medida que se desarrollaban lascontradicciones que contena la UP y su proyecto cuya singularidad consista, enparte, en pretender superar la dicotoma reforma/revolucin (lvarez 2010: 237),los sectores populares radicalizaron las formas de accin previstas y ensayaron modosefectivos de poder popular que tendan a superar la tradicional divisin entregobernados y gobernantes: se trat de los cordones industriales y de los comandoscomunales.9El Pliego del Pueblo, dado a conocer en octubre de 1972, desarrollaba yconcretaba las propuestas de poder popular apenas esbozadas en el programa de

gobierno de la UP, buscando establecer otra forma de relacin con las instituciones:

Nadie tiene derecho y menos an en nuestro nombre, a actuar sinconsultarnos. Ningn problema es tan complicado ni urgente comopara que no pueda ser entendido y discutido por nosotros. Ningnfuncionario puede olvidar que su primera responsabilidad es con elpueblo y que est por lo tanto obligado a someterse a su controlorganizado (1973: 230-231).

7Lo destacado en cursivas es mo.8 Ms adelante tambin por intermedio de las Juntas de Abastecimiento y Control de precios (JAP),creadas para establecer el control popular de la distribucin de alimentos, constituyendo un contrapesoa la estrategia de acaparamiento y desabastecimiento implementada por la derecha.9 Los cordones industriales consistieron en la organizacin y articulacin de los trabajadores de unsector de industrias para tomar el control de la produccin en sus manos y hacer frente as, de maneradirecta, a los problemas derivados del boicot empresarial y del desabastecimiento intencional. Loscomandos comunales fueron rganos de coordinacin y toma de decisiones de las distintasorganizaciones populares (de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, profesionales y tcnicos)

presentes en una comuna, destinadas a garan tizar el abastecimiento, la seguridad y el transpor te, entreotros.


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La creacin de los cordones industriales se engarza con la aeja tradicin deaccin directa de una parte del movimiento popular chileno expresada, por ejemplo,

en la creacin de mancomunales y sociedades de resistencia entre fines del siglo XIX yprincipios del XX y, ms recientemente, con la prctica de la tomaocupacin desitios, de fundos, de universidades que los sectores populares haban venidodesplegando al menos desde finales de los cincuenta y que se haba intensificado apartir de 1970: as, en 1971 se registraron cerca de mil trecientas tomas de tierra,mientras que en 1967 se haban contabilizado nueve (Marn 1973: 59)10; por otra parte,a principios de 1973 haba unas 250 empresas incorporadas a la APS, por la presin delos trabajadores, frente a las 91 consideradas originalmente por la UP (Cavallo y otros2013: 32).

La autoorganizacin de los trabajadores desafiaba, en la prctica, el controlobrero ejercido por la Central nica de Trabajadores (CUT);11 y, en un primer

momento, los cordones industriales recibieron la desaprobacin del Gobierno,especialmente del Partido Comunista (PC), porque implicaban una suerte deparalelismo sindical. En efecto, su aparicin signific la crisis de los organismos demediacin y direccin histricos del movimiento obrero, es decir, la CUT y lospart idos trabajadores (Gaudichaud 2004: 35). De hecho, su surgimiento, y ms tardeel de los comandos comunales, alent la discusin acerca del poder dual.Especialmente para el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), laconformacin de estas instancias de control obrero-popular estaba en la base de lacreacin de un poder alternativo al del Estado burgus del que, en ocasiones, seexclua al Gobierno, que pese a sus contradicciones era reconocido como nuestroGobierno (Illanes 2002: 161). Esta posicin contradeca la revolucin dentro de la

legalidadimpulsada por la UP y la concepcin misma de gobierno popular segn lacual el pueblo ser el que gobernar directamente, sin intermediarios, como habadicho Allende (citado en lvarez 2010: 233).

Frente a las dificultades del Gobierno para llevar a cabo su programa, lascontradicciones internas, el excesivo centralismo, la rigidez de los partidos polticos yla burocratizacin de la CUT, una parte significativa de los sectores populares dieronforma a una instancia propiay directa, con predominio de mecanismos democrticos,para hacer frente a los problemas que los acuciaban. En los hechos estaban resolviendoel dilema que enredaba y maniataba a la UP: al asumir por s mismos la construccindel poder popular, los trabajadores estaban en proceso de creacin del instrumentocolectivo que permite conducir las amplias masas del pas (Santos 1973: 4). Sin

embargo, esa solucin pasaba necesariamente por desconocer la Constitucin liberal de1925 ysobrepasarla institucionalidad burguesa emanada de ella. Y, efectivamente, elpropio proyecto de transicin pacficade la Unidad Popular se vio desbordado por

10 Tambin se increment significativamente, aunque en menor proporcin, el nmero de huelgas: desetecientas en 1967 a dos mil en 1971 (Marn 1973: 59).11 Y el propio modelo sindical diseado en el Cdigo del Trabajo de 1931, que restringa laorganizacin obrera por rama de produccin o profesin y separaba polticamente a los trabajadoresocupados de los desocupados.


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la dinmica de movilizacin que alcanzaron diversos grupos y movimientos sociales debase (Garcs 2004). Esos desbordes fueron considerados inaceptables por el

Gobierno (Gaudichaud 2004: 9).Sin embargo, la accin de los cordones industriales fue definitoria en la crisisde octubre de 1972, cuando los dueos de camiones se declararon en paro, agravandolos ya apremiantes problemas de desabastecimiento y procurando el colapso de laeconoma. En esa ocasin, los trabajadores tomaron la iniciativa frente al Gobierno ylos partidos polticos, que se mostraron vacilantes, y organizados en sus lugares detrabajo se hicieron cargo de las tareas de produccin y distribucin, evitando laparalizacin del pas. A poco andar, la potencia creadora de los cordones industrialesfue reconocida tanto por el PC y la CUT, como por el propio Allende (1973a: 8): Ladinmica social lleva a crear los centros de poder de los trabajadores; lo que se hallamado el Poder Popular. Eso s, siempre y cuando estuviera vinculado este poder

popular al Gobierno, sin que sea antagnico con el rgimen institucional (Allende1973b: 11). En definitiva, la exigencia era, a la vieja usanza, castrar la radicalidad ypotencialidad popular para fijarla a los amarres inst itucionales que el Gobierno habaacordado respetar. Slo as se entienden las medidas destinadas a forzar la restitucinde las empresas tomadas por los trabajadores a sus dueos o la ley de control dearmas12 que, en los hechos, permita el allanamiento y cerco de las industrias mscombativas mucho antes del golpe de Estado. De esa manera, el poder popular quedabaprisionero de los lmites de la poltica parlamentaria y estatal (Lwy 2004: 12).

La UP, boicoteada por la centro-derecha y por los intereses capitalistasextranjeros desde su nacimiento, fue entrampndose en sus propias definiciones deprincipios: el respeto a una institucionalidad y a una legalidad que conspiraba contra

las transformaciones radicales que buscaba realizar. Las dificultades programticasagudizaron las diferencias internas, evidenciando tensiones entre los partidos polticos,que fueron resumidas en las consignas consolidar para avanzar hegemonizada por elPC y el propio presidentey avanzar sin transar defendida, principalmente, por unsector significativo del Partido Socialista (PS) y por el MIR, ste ltimo desde fuera dela coalicin gobernante. Pero ms que de dos bloques homogneos, asistimos acontradicciones internas y radicalizaciones en casi todos los partidos polticos de laUP, con excepcin del PC. Y frente a las diferencias manifestadas a nivel de lasestructuras partidarias destaca la relativa ausencia de sectarismo que se presenta enlas bases(Santos 1973: 4), al mostrarse los trabajadores, en sus espacios de trabajo yde vida, ms dispuestos a la colaboracin y a la resolucin de los problemas concretos

que a las disputas ideolgicas. En ese sentido, los cordones industriales ejemplificancmo ciertas fracciones del movimiento social se encontraron a menudo en desfasecon sus direcciones polticas histricas (Gaudichaud 2004: 16), traducindose ello enuna tensin entre su identidad de clase y su pertinencia partidaria (Ibd: 47; Garcs2004). No obstante, a pesar de sus discrepancias tambin con respecto al lugar tericoy prctico que deban ocupar los cordones industriales y los comandos comunales, los

12Ley 17.798, promulgada en octubre de 1972.


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partidos de la UP habran manifestado una tendencia unnime a canalizar esasformas de organizacin y control obrero y popular (Gaudichaud 2004: 48).

Con todo, es imprescindible sealar que los partidos polticos tuvieron un pesosignificativo en la creacin y organizacin de los cordones industriales y los comandoscomunales; los historiadores que han estudiado este periodo han puesto de manifiestoque el PS y el MAPU (Movimiento de Accin Popular Unitaria) tenan mayorascendiente en los primeros, mientras que la influencia del MIR considerado supadre ideolgico (Leiva 2004)era significativa en los segundos (Winn 2004: 322).No obstante, la naturaleza y la dinmica de estas formas de autoorganizacin excedanlas definiciones partidistas y controvertan el modo de relacin histrico entremovimiento social y partido poltico, al diluir la diferencia entre ambasconfiguraciones y asumir de manera directay unidala gestin de la sociedad. Por eso,cordones industriales y comandos comunales fueron embriones de una sociedad

comunista; contenan el germen de un tipo de relaciones sociales distinto delcapitalista, basado en la participacin activa de toda la comunidad para decidircolectivamente sobre su destino. Todo ello a pesar de las contradicciones que asimismocontenan y que se refieren, a nuestro juicio, precisamente a la dbil consideracinterica de la necesidad de superar la escisin entre lo social y lo poltico, como quedade manifiesto en la siguiente declaracin, extrada de la carta que la CoordinadoraProvincial de cordones industriales dirigiera a Allende, pocos das antes del golpe deEstado:

Por lo tanto le exigimos a usted, compaero Presidente, que se pongaa la cabeza de este verdadero Ejrcito sin armas, pero poderoso encuanto a conciencia, decisin, que los partidos proletarios pongan delado sus divergencias y se conviertan en verdadera vanguardia de estamasa organizada, pero sin direccin (2004: 457).

As pues, si bien es cierto que en los cordones industriales y comandoscomunales se anudan las luchas sociales de trabajadores, pobladores, estudiantes, etc.en sus lugares de trabajo y de residencia, con la lucha de los partidos que sereivindicaban su instrumento poltico, es decir, la unidad de lo social y lo poltico,contra la poltica parlamentaria, de los acuerdos por arriba, tambin lo que es que lainercia de la vieja relacin de direccin y conduccin de la vanguardia sobre la masaimpregnaba tanto a los dirigentes polticos como a los militantes sociales. A pesar delas tensiones, es justo decir que aquellas dinmicas de poder popular expresan un

campo de conflicto y bsqueda de nuevas formas de hacer poltica desde losmovimientos sociales populares (Garcs 2004). Esa bsqueda estaba orientada a lasuperacin de las formas exclusivamente representativas y delegativas de hacerpolt ica (Luis Cruz citado en Gaudichaud 2004: 35) y, por lo tanto, tenda a romper laestricta disociacin entre lo social y lo poltico, como dos campos de accin conlgicas, formas y actores claramente diferenciados. La escisin fue tensada ytendencialmente superada. Lo amenazante para los grupos econmicamentepoderosos y para la lite gobernante era esa radicalidad prctica, y no la capacidad


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militar de ese Ejrcito sin armas, por ms que la coartada de la derecha fuera laexistencia de grupos de choque con entrenamiento paramilitar, dispuestos a instaurar la

dictadura del proletariado. Pero el poder popular no tuvo tiempo de desplegarse yfortalecerse; el golpe de Estado barri con esas experiencias.

La escisin forzada

Con la Dictadura cvico-militar se cancelaron las institucionesy lasformasquehasta ese momento haban constituido la democracia chilena; tambin se viol elcontenidoque haba inspirado y encarnado las luchas democratizadoras en el pasado:los logros contradictorios pero progresistas de participacin poltica, equidadeconmica y justicia social. Tanto en los hechos clausura del Congreso, disolucin delos partidos polticos de izquierda, de la CUT y de otras organizaciones populares,

destruccin de los registros electorales, etc., como en el discurso, los militares seencargaron de poner de manifiesto su propsito de despolitizar la sociedad chilena ydesideologizarla al identificar ideologa con marxismo. La derecha junto con laDemocracia Cristiana instig y aplaudi el golpe de Estado, y consider oportuna laprescindencia de los partidos polt icos justo cuando el proyecto democrticoalcanzaba su naturaleza y entraba en su fase revolucionaria (Illanes 2002: 156); y ensintona con el mandato militar, el Partido Nacional se declar en receso poltico y ,poco despus, se autodisolvi (Valdivia 2006: 29-35).

La Dictadura vena, una vez ms, a sacrificar la democracia para salvar elcapitalismo (Vasconi 1991: 47). Pero para ello era necesario formatearla concienciahistrica de los chilenos y dar forma a una nueva sociedad, o de otra manera: cambiar

la mentalidad de los chilenos, como estableci la Declaracin de Principios delGobierno de Chile, de 11 de marzo de 1974. se es uno de los primeros documentosoficiales que da cuenta de la pretensin refundadora y totalitaria de la recininaugurada empresa. All est formulada la clave, a nuestro parecer, del diseoinstitucional ideado por la Dictadura, que a la postre fue acatado y perfeccionado por laConcertacin. Esa clave es la descentralizacin funcional:

La nueva institucionalidad que hoy se est creando distinguir entreel poder poltico y el poder social, separando claramente sus

titulares y su forma de ejercicio. El poder poltico o facultad dedecidir en los asuntos de inters general para la nacin, constituyepropiamente la funcin de gobernar al pas. El poder social, encambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de lasociedad para desarrollarse con legtima autonoma hacia la obtencinde sus fines especficos.

Los militares asumieron la plenitud del poder polt ico y no estipularon plazospara devolverlo a los civiles porque, a su parecer, la meta de reconstruir moral,institucional y materialmente al pas, requiere de una accin profunda y prolongada.Con respecto al poder social, se impusieron la tarea de asegurar la independencia y


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despolitizacin de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Conello se estableca que el poder polt ico deba descansar en una lite tcnico-militar

desgajada de los grupos sociales (bajos y medios); y que las organizaciones sociales(de existir) deban abocarse a asuntos al margen de la poltica. La escisin entre losocial y lo poltico, o la poltica, implicaba tambin la reduccin de la poltica a loestatal por lo dems, una formulacin clsica y, lo que es ms novedoso, unaconcepcin no conflictivade la misma, esto es, se presupone que la actividad polticaal autonomizarse de la sociedad exorciza la posibilidad del antagonismo entre interesesdistintos; as, la poltica queda restringida a la mejor administracin de lo dado, de loinstituido (Retamozo 2009: 81) por parte de un gobierno impersonal que se arrogala potestad de decidir sobre la procura del bien comn y de la justicia, por encimade todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando el juego de lasinfluencias.13

Las trasformaciones introducidas por los militares alteraron la forma dearticulacin de los distintos actores socio-polticos. La persecucin y represin decualquier forma de expresin poltica, quebr la columna vertebral de la sociedadchilena, esto es, la forma clsica de relacin entre la sociedad y el Estado o lapolt ica (Garretn 1987c). De manera ms concreta esa relacin se habacaracterizado, a juicio del socilogo chileno, por el hecho de que los actores sociales seconstituan en estrecha vinculacin con la estructura poltica, que inclua partidos dealcance nacional que representaban de izquierda a derecha el espectro poltico-ideolgico. De esa vinculacin dependa el alcance y significacin de lasorganizaciones sociales, hecho que redundaba a su vez en una escasa autonoma ymayor dependencia de las mismas con respecto de los partidos polticos. Todo ello

determinaba que hacer poltica en Chile consista en organizar una base socialvinculndola a la estructura partidaria y presionar sobre el Estado (Garretn 1982).Resulta entonces que el fin de la Unidad Popular es tambin el fin de un modohistrico de hacer poltica (Garcs 2004), porque durante la Dictadura, a pesar delos esfuerzos por restaurar la vieja forma de relacin entre los movimientos sociales ylos partidos polticos, ello no fue posible, como tampoco la instauracin de un nuevomodo de vinculacin; ms bien se profundiz la escisin.

Si aceptamos que aqulla haya sido la forma prioritaria de constitucin deactores socio-polticos durante el perodo predictatorial, lo cual habra impedido suautonoma,14 tanto en sus formas como en sus fines, debemos conceder tambin quedurante la Dictadura la dependencia fue segada de tajo. Al cercenar el estamento

intermedio (la estructura poltico-partidaria), que funcionaba como correa detransmisinde los actores sociales hacia el Estado y viceversa, la base social queddescolgada, incapaz ya de dirigirse al Estado por los canales y formas tradicionales,

13 Todas las citas de este prrafo, salvo que se indique lo contrario, provienen de la Declaracin dePrincipios del Gobierno de Chile.14 Lo cual no significa que los movimientos sociales estuvieran absolutamente controlados por los

part idos polt icos, como hemos puesto de manifies to en el apartado anterior. Por otra parte, laautonoma siempre es relativa, implica una relacin de la cual uno no puede abstraerse completamente.


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desarticulada y atomizada; y el Estado, en una posicin ambigua, dado el poco pesoterico que le otorgaba el modelo neoliberal implementado a partir de 1975 15 y, en

contraposicin, el gran poder concentracionar io (Calveiro 2008) y terrorista quedespleg a lo largo de los 17 aos que dur la Dictadura. As, la base social fuesometida a una autonomizacin forzada y se vio obligada a actuar por s misma, sinestructuras mediadoras y sin posibilidad de interlocucin con el Estado: Precisamenteen las peores condiciones, parecen darse elementos que apuntan a la construccin deactores populares autnomos que si bien inicialmente reproducen en una nueva arena lavinculacin poltico partidista, poco a poco adquieren dinmicas propias (Garretn1987c: 10-11). Frente a la tensa y dificultosa independencia que las experiencias depoder popular trataron de cultivar durante la UP, la autonoma de los actores socialesprovino de un proceso contrarrevolucionario, de la represin y de la fragmentacinsocial. Por ello Garretn se preguntaba:

Se trata de un proceso de organizacin social transitorio en quepredominan los aspectos defensivos de la organizacin frente a unmundo que se rechaza y la rechaza? Estn condenadas a morircuando lo poltico reaparezca y en un futuro democrtico? (1987c:11).16

Paradjicamente, la consideracin de la mayor autonoma de los actoressociales no supona atribuirles un carcter poltico, porque lo poltico siguiinterpretndose, desde esta perspectiva, en un sentido clsico y restringido, como lopartidario y lo estatal, como una esfera especfica separada de lo social.

Frente a los movimientos sociales que haban tenido mayor presencia en lasociedad chilena obrero, campesino y estudiantil con anterioridad al golpe deEstado, que fueron significativamente afectados por la represin, la reestructuracineconmica y el reordenamiento jurdico-poltico implementado por Pinochet,emergieron durante la Dictadura formas de organizacin y de protesta, sobre todo enlas poblaciones marginales, que llamaron la atencin de polticos y acadmicos. Lospobladores crearon y apoyaron un amplio abanico de organizaciones vinculadas con lasobrevivencia, con la defensa de los derechos humanos, con la educacin popular, etc.Las organizaciones econmicas populares como se conoce a la variedad de iniciativaspopulares para enfrentar el desempleo, el hambre, la escasez de vivienda, laenfermedad, el cuidado de los nios, etc.proliferaron durante la Dictadura como unarespuesta propia de los sectores ms afectados por la contrarrevolucin para hacer

frente por s mismos, de manera autogestionaria, asociativa y democrtica, a suscarencias y necesidades concretas.17 Experiencias populares que desarrollaron la

15Que fue contestado, sin embargo, en los hechos, con polticas activas en favor de la reestructuracincapitalista. Contrar iamente a la imagen de un Estado arbitro, con poca injerencia, lo que tenemos esun Estado neoliberal, basado en el principio de subsidiaridad.16Lo destacado en cursivas es mo.17Segn el economista Luis Razeto, en marzo de 1984 haba 702 organizaciones econmicas popularescatastradas y, en julio de 1985, 1103 (1990: 15).


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sabidura, la cultura y las habilidades de los pobladores. De hecho, algunos autoresreconocieron en ellas el germen de relaciones sociales distintas, basadas en la

solidaridad (Razeto 1987). Sin embargo, esta opinin fue absolutamente marginal; lasociologa hegemnica hizo hincapi en el carcter defensivo, de rechazo (por lo tanto,negativo) de dichas iniciativas y en la ausencia de proyecto poltico.

De otra parte, las protestas nacionales que estallaron en 1983 y que, conaltibajos, se sucedieron hasta 1986, contaron con gran protagonismo de los sectorespopulares. En estas movilizaciones destac la participacin de los pobladores, cuyasluchas haban gozado de repercusin poltica y de inters terico al menos desde losaos sesenta (Garcs 2002), pero que no haban sido ledas propiamente en clave demovimiento social sino comosujetos marginaleso, en el mejor de los casos, comouna fraccin de la clase obrera.18Esa discusin fue abordada en los ochenta y tom enconsideracin el potencial democratizador de las protestas y de la movilizacin social,

con vistas a la salida de la Dictadura. En trminos generales, la sociologa concluyque las protestas y las formas de organizacin de los pobladores no constituanmovimientos sociales, sino formas desviadas de accin social, caracterizadas, de unlado, por la anomia y el retraimiento y, de otro, por la violencia.19 Con ello, lasociologa no slo zanjaba un debate acadmico sino que negaba legitimidad a lasmovilizaciones populares regatendoles el carcter poltico. Cabe recordar que, enaquel momento, se desarrollaba una disputa a nivel de las estructuras partidarias entreuna posible salida negociada a la Dictadura (que inclua un acuerdo con los militares ycon la derecha poltica) y una salida insurreccional de la misma, que se apoyaba en elfortalecimiento de las organizaciones sociopolticas y en el enfrentamiento con laDictadura. Esa discrepancia se zanj, en los hechos, a favor de la primera opcin.

18Efectivamente los estudios de principios de los setenta ponen de manifiesto tanto la dificultad deencasillar a los pobladores en un mismo estrato social, dada la heterogeneidad del mundo poblacional,como el predominio obrero entre esos sectores, definidos como marginales (Espinoza 1988: 336-337).En las poblaciones callampa coexista una proporcin significativa de personas formalmente ocupadasen la industria, con otros sectores sin ocupacin formal o con trabajos temporales y espordicos. Esoshallazgos pusieron en entredicho los presupuestos de la teora de la marginalidad. Con todo, ladiscusin terica al respecto fue especialmente intensa por sus implicaciones polticas: entender a los

pobladores como parte de la clase obrera, significaba incorporarlos a las directrices del movimientoobrero y de sus representantes sindicales y polticos; en cambio, validar la especificidad de los

pobladores supona otorgarles un estatus poltico propio y reconocer la diversidad del mundo popular y,

por ende, descentrar la lucha polt ica del movimiento obrero en su formulacin ms cerrada.19Una temprana crtica de este razonamiento puede encontrarse en Salazar (1986). En este sentido, laafirmacin de Moulian del epgrafe que encabeza este artculo puede ser matizada: efectivamente larelacin entre partido poltico y movimiento social ha estado atravesada histricamente por tensiones ycontradicciones, y la cultura poltica chilena ha tendido a darle preeminencia a la poltica entendidacomo una actividad esencialmente representativa (funcin que cumplen los partidos); sin embargo, estamisma concepcin ha influido en las ciencias sociales y en la manera como se han estudiado losmovimientos sociales, redundado en una dificultad para visibilizar y poner en valor las muchas yvariadas luchas sociopolticas que han estado presentes en la historia chilena. Los partidos polticos hantendido a dominar a los movimientos sociales, pero stos han existido ms de lo que suele reconocerse.


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Curiosamente se reeditaban las diferencias tcticas que emergieron durante la UP; estavez se demostraron, adems, estratgicas.20

La escisin legitimada

Las siete modernizaciones21 anunciadas por Pinochet en 1979 constituan elprograma esencialdel neoliberalismo que los Chicago Boysbuscaban implementar enChile. En 1980 el dictador hizo aprobar una nueva Constitucin que dibujaba la futurainstitucionalidad poltica yaspecto fundamental en ese momentofijaba los plazos dela entrega del poder poltico, que se prevea, en el mejor de los casos, para 1990. Laoposicin a la Dictadura cuestion la legitimidad de la carta magna, negando suvalidez por haberse refrendado en un plebiscito carente de garantas democrticas,

mientras imperaba la represin poltica y la violacin sistemtica de los derechoshumanos. Sin embargo, a poco andar, el itinerario esbozado all oper como un mapacon el cual una parte de la oposicin decidi orientarse. De manera explcita, a partirde 1984, el sector ms conservador de la oposicin, aquel que haba saludado el golpede Estado, retom la cercana con los militares al reconocer la legitimidad de factodela Constitucin (Godoy 1999: 90): La nica ventaja que l [Pinochet] tiene sobre mes que esa Constitucin est rigiendo. Es un hecho, y lo acato(Aylwin 1984: 10-11).Por eso, el democratacristiano recomend eludir deliberadamente el tema de lalegitimidad [] hagamos un esfuerzo en buscar coincidencias para llevar al pas a lanormalidad democrtica (Ibd.). Pero lo que se presentaba como una posibilidad desalida del rgimen, en realidad era su aceptacin.

La fase de institucionalizacin de la Dictadura, formalizada con aquellas dosiniciativas polticas, acab con las esperanzas de una pronta retirada de los militares.En el mbito de las ciencias sociales y polticas, la nocin de democraciase constituyen la preocupacin principal y, tambin, en un ideal prctico, orientador de las luchaspolt icas (Flisfisch 1987: 154). As, la transicin a la democraciaadquiri categorade programa de estudios y, sobre todo, de programa poltico. En ese contexto, eltrabajo de los politlogos Guillermo ODonnell y Philippe C. Schmitter, Transicionesdesde un gobierno autoritario (Buenos Aires, Paids, 1988), se convirti en elvademcum de los polticos y cientficos sociales chilenos, en la rbita de larenovacin socialista y de la Democracia Cristiana. De acuerdo con aquellos autores, latransicin se refiere exclusivamente a la democracia poltica, es decir, al cambio de

rgimen, dejando pendientes para una etapa posterior los problemas de

20 Resulta ilustrativa, a este respecto, la dicotoma que construye Joan Garcs para explicar lasdiferencias tcticas que se habran expresado en la UP: la va insurreccional versus la va polti ca.

A pesar de reconocer lo problemtico de la formulacin, identifica la primera con la construccin delpoder popular, en cuanto configuracin de un poder dual, y la poltica como la transformacin desde

y con las herramientasde las propias instituciones del Estado (1974, cap. 7).21Se trata de reformas que afectaban a siete reas bsicas: poltica laboral, seguridad social, educacin,salud, descentralizacin regional, agricultura y aparato judicial.


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democratizacin social, referidos a los cambios sociales tendientes a la mayorigualdad de oportunidades y a la participacin social (Garretn 1993: 3), que se

verifican durante la consolidacin democrtica (Ibd.: 4). Algo as como unademocratizacin en dos pasos: primero la restauracin del sistema poltico liberal,despus la transformacin socioeconmica y del propio marco institucional dictatorial,desde su interior. ODonnell reconocer, aos despus, el sesgo formal de su enfoque,excusndose en que en esa poca (segundo quinquenio del 80) el logro de unademocracia poltica apareca tan inmensamente importante que quisimos concentrarnosen los factores y procesos polticos y sociales que podan conducir con la mayorceleridad a ella(2004: 18). Un rgimen democrtico, as entendido, nada t iene que vercon el modelo econmico y social; de ah que el padre de la transitologa afirme:

Es posible la democracia sin un mnimo bienestar social? Yo creo

que es posible y la experiencia de Amrica Latina lo estdemostrando. Tenemos regmenes democrticos que coexisten congrados tremendos de desigualdad y autoritarismo social, as como conEstados que funcionan de manera poco democrtica. Lo que tenemoses un rgimen democrtico, nada ms y nada menos (O'Donnell 2001:7).

Desde esta perspectiva, los transitlogos chilenos debieron definir cules eranlos problemas fundamentales que la oposicin deba resolver, a saber: qu actorespolticoso no polticos, pero con un rol poltico en esa coyuntura iban a jugar unpapel relevante en la transicin; qumodalidades de accin polticadeban privilegiar,cules subordinar y cules descartar, y qu acontecimientos constituiran los hitos

polt icos que marcaban el camino de la transic in. Con base en lo anterior,concluyeron que los partidos polticos, las fuerzas armadas y la Iglesia seran losactores privilegiados; que deban combinar la movilizacin social con la negociacinpolt ica, con fuerte preeminencia de la segunda; y que las fechas que estableca lapropia Constitucin pinochetista definiran la hoja de ruta. En definitiva: Una salidaa la chilena, un pacto en las alturas, sin pueblo, para retornar y hacer posible el viejo

Estado en forma y una democracia restringida o, mejor an, con realismo poltico(Garcs 2012: 23).

La sociologa transicional22 se interes en las movilizaciones sociopolticas

desde el punto de vista de su capacidad para contribuir a la recuperacin democrtica.De acuerdo con las premisas referidas ms arriba, no cualquier movilizacin en

cualquier momento es funcional a un proceso de transicin poltica (Garretn 1986a:

22 La expresin hace alusin, precisamente, a los socilogos que se dedicaron a lainvestigacin/construccin de la transicin pactada. Se trata de una sociologa con un fuerte

predominio de la ciencia poltica preocupada, como hemos sealado anteriormente, por el cambio dergimen. Entre los transitlogos ms destacados se encuentran Jos Joaqun Brunner, ngel Flisfisch,Enrique Correa, Eugenio Tironi y Manuel Antonio Garretn. Coincidimos con Toms Moulian en queM. A. Garretn, el menos odo, es el ms importante desde el punto de vista del anli sis, porque no sequeda en la pura transicin (2008: 163).


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7). De ah que fuera necesario realzar unas y anatemizar otras. Entre las luchas que nose consideraban convenientes se encontraban aquellas que se insertan en procesos

defensivos o de autoafirmacin de identidad, las que se ubican en la dimensinrevolucionaria y las que apuntan a la democratizacin global, segn las propiascaracterizaciones de Garretn. Cabe hacer notar que la mayora de las movilizaciones yprotestas que haban tenido lugar entraban dentro de alguna de estas categoras:

Tanto el largo ciclo de las protestas que, pese a haber despertado yreorganizado la sociedad, termin desgastado, como lasmovilizaciones de 1986, acusaron el mismo defecto: no se insertaronen un diseo y propuesta de cambio y transicin coherente y unitariode las fuerzas polticas que la dirigan (Garretn 1987a: 8).

Frente a esa lgica de accin, Garretn contrapona otra: La instrumental,racional, orientada hacia el uso de la institucionalidad y la concertacin en torno ametas precisas (1987d: 17). Coexistan, pues, dos orientaciones disociadas,encarnadas por actores distintos, que eran la expresin palmaria de la ruptura de lamatriz socio-poltica clsica: una propiamente racional; la otra, simblico-expresiva.Y agregaba: La primera queda entregada a cpulas y organizaciones polticas que nologran convocar movilizaciones amplias. La segunda a sectores motivados y activadosque no saben cmo transformar una fuerza socialen fuerza poltica (Ibd.: 17-18).23Pero lo cierto es que las negociaciones y concertaciones en el nivel de las cpulas yde las lites tienden a reemplazar las movilizaciones sociales durante la transicindemocrtica y los procesos de consolidacin (Garretn 1996). Ante esa realidad, unade las preocupaciones del socilogo era, precisamente, evitar la polarizacin y eldesborde institucionalque podan propiciar los grupos no funcionales a la transicinpolt ica poniendo en aprietos los pactos entre lites (Garretn 1986a: 17).24

En efecto, esta diversidad de oposiciones, que se relaciona con lamultidimensionalidad de las luchas contra la Dictadura, planteaba un difcil desafo alos grupos de la oposicin que entendan la transicin en un sentido exclusivamenteformal, pues segn el socilogo en parte, la aceleracin de un proceso de transicindepende de la capacidad de los componentes de la oposicin de aislar y priorizar ladimensin de transicin poltica en relacin a las otras (Garretn 1986a: 2-3).25 Eseproceso se precipit, ciertamente, despus del fracaso de la Operacin Siglo XX, elatentado contra Pinochet protagonizado por el Frente Patritico Manuel Rodrguez, trasel cual Garretn se apresur a sealar: Es irreal pensar que podr haber una transicinpor la va de la sublevacin o insurreccin (1986b), porque no hay otra salida que nosea con negociacin, impuesta, forzada, pero negociaci n al fin(1987a: 12). Adems

23Lo destacado en cursivas es mo.24Se actualizaba, as, el problema de los desbordes institucionales y de la conduccin poltica. Lasfallas en la conduccin poltica por parte de la Unidad Popular, es una de las hiptesis aceptadas tanto

por la derecha como por los par tidos de ese conglomerado desde una perspectiva partidista y elitistasobre la responsabilidad que le habra cabido a sta en el advenimiento del golpe de Estado.25Lo destacado en cursivas es mo.


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de las organizaciones poltico-militares, otros sectores planteaban dificultades a laplena aceptacin de la negociacin, por ejemplo, aquellos que seguan insistiendo a

menudo en temas del futuro que dicen relacin con los modelos econmicos o sociales,que slo empantanan un acuerdo que debe excluir todo contenido que no sea el cmose resuelve el problema de quin y cmo gobierna la sociedad (Ibd.: 13). En esesentido, las acciones de los pobladores 26eran vistas, por la transitologa, incluso comouna amenaza para la futura democracia:

Los pobladores, en efecto, son vistos como un foco de demandaseconmico-sociales que pueden arrastrar en cualquier momento aestallidos de violencia, lo que desde un punto de vista democrtico sera doblemente disfuncional: de una parte, la violencia de los

pobladoresestimula en la sociedad las demandas autoritarias, lo quebloquea la transicin; y de otra, est la posibil idad de que ella se hagaincontenible con el fin del autoritarismo, lo que va en contra de laconsolidacin del nuevo rgimen democrtico. Qu hacer con lospobladores, por lo tanto, se ha transformado en una de las grandespreocupaciones de la clase poltica chilena (Tironi 1990: 181).27

Pero excluir, desdear y subordinar a los movimientos sociales no significabaprescindir completamente de ellos, sino incorporarlos de manera dependiente ysubordinada a la estrategia poltica diseada por las cpulas polticas y losintelectuales asociados. Para los tericos de la transicin, la relacin entremovilizacin popular y negociacin poltica adquiere un carcter crucial y definitorioen toda estrategia opositora (Garretn 1987b: 9). La negociacin con los militares

podra realizarse desde una mejor posicin si haba detrsun fuerte movimiento socialque presionara y amenazara incluso con radicalizar la protesta, pero que fuera enltima instancia controlable por los dirigentes polticos. El reto entonces estribaba ensaber combinar los elementos de movilizacin y presin social, negociacin yconcertacin y presin de instancias mediadoras o arbitrales(Garretn 1986a: 5). Y esque, a su juicio, slo esa combinacin es capaz de producir un fenmeno de transicinpolt ica. Para ello, las movilizaciones y protestas sociales populares son importantes,igual que otras figuras como la descomposicin interna del rgimen o la intervencinde actores mediadores por encima o por fuera de la Dictadura y de la oposicin, comobien pueden ser la Iglesia u organizaciones internacionales. Pero las movilizacionespor s mismas no constituyen una estrategia de transicin, pueden coadyuvar a una va

insurreccional, o a una negociada, en cuyo caso requerirn de la conduccinpoltica.La condicin que sobresale es la escisin esencial que se produce entre los dostipos de procesos el de movilizacin y el de negociacin/concertaciny los gruposque los llevan a cabo, lo que redunda en que los sectores que se movilizaron en lalucha contra la Dictadura fueran a la postre subordinados a los tiempos y prioridades

26Sobre el protagonismo de los pobladores en la lucha antidictatorial ver: Iglesias (2011).27Lo destacado en cursivas es mo.


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definidos por las cpulas polticas. La manera de justificar este disciplinamiento de losmovimientos sociales es apelando a un imperativo tctico: El xito de la unidad y la

predominancia del factor poltico-partidario, tiene como contraparte, quizs inevitable,el decaimiento del movimiento propiamente social, lo cual tambin tendr efectos en elcarcter del primer gobierno democrtico(Garretn 1993: 11).

El argumento transitolgico se sustenta nuevamente en la escisin entre losocial y lo poltico, porque las movilizaciones sociales de tipo expresivo-simblico ode corte instrumental-reivindicativo son concebidas como carentes de proyecto, y encambio la movilizacin propiamente poltica (Garretn 1986a: 7) se presenta comola nica que se gua por metas y mtodos referidos al trmino y cambio del rgimenmilitar(Ibd.). Por lo tanto, es sta la nica que tiene una estrategia, a la cual se debensujetar las otras. Lo social carece de dimensin poltica; por poltica se entiende lanegociacin cupular; la poltica debe disciplinar lo social.

En relacin al orden social, el fin de la fase de movilizacin social,marcado por el fracaso del intento populista de la Demanda deChile formulada por la Asamblea de la Civilidad, radicdefinitivamente en los partidos polticos la conduccin de laoposicin. Las organizaciones sociales reconocieron la primaca de lopoltico, pasando a apoyar la nueva estrategia poltico-electoral denaturaleza eminentemente conciliadora en el plano social (Boeninger1997: 370).

Una vez acatado el derrotero electoral propuesto por Pinochet, el plebiscito de1988 se presentaba como la fecha clave para la oposicin, y se era un escenario apto

para los partidos, no para los movimientos socia les (Tironi 1987: 17), as pues, eranecesario reconocer la transicin como un momento poltico, que requiere de una(momentnea) desarticulacin entre lo poltico y lo social (ibd.). Esa desarticulacinno fue momentnea; como hemos tratado de resear hasta aqu, forma parte del modelode sociedad diseado por la dictadura, que acat la Concertacin de Partidos por laDemocracia.28 De esa manera, estamos ante una izquierda que ha neoliberalizado lasociedad chilena y al neoliberalizarla en democracia le ha aumentado la legitimidad alneoliberalismo (Moulian 2008: 173); y ms an, ha dotado de legitimidad terica y

28 Cabe sealar que la coalicin es, sustancialmente, una concertacin poltico-partidista, aunqueinicialmente tambin se sustentara en organizaciones sociales y amplias mayoras ciudadanas. En este

sentido, la exclusin del PC de la Concertacin fue advertida como un riesgo de desestabilizacin, en lamedida en que plantea el problema del posible resurgimi ento de las tendencias ms radicalizadas yexige repensar las formas de canalizar o integrar lo que se ha llamado cultura comunista, claramente

minoritaria, pero an significativa (Garretn 1990: 14). Desde esta perspectiva, la recienteincorporacin del PC a la Nueva Mayora puede ser leda como el cierre del compromiso de la cpula

poltica-part idista con la transicin pactada; mantenerlo fuera de los acuerdos de Gobierno suponemarginar a un actor que puede desde la lucha socio-poltica dificultar la gobernabilidad. Por eso, paralos transitlogos, el regreso pleno de los comunistas a la arena democrtica no es una amenaza. Al

revs, es un signo positivo para una sociedad que necesita institucionalizar sus conflictos (Tironi2013).


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prctica, la escisin entre lo social y lo poltico, y la subordinacin de lo primero a losegundo. Los propios socilogos que legitimaron la escisin lo han reconocido:

Ello confiere a los actores polticos, en el gobierno y la oposicin,roles claves en la accin social subordinando, de esta manera, losprincipios de accin de otros actores a su propia lgica. A su vez, lastareas relacionadas con el proceso de consolidacin privilegiaron, alcomienzo, las necesidades y requerimientos del ajuste y estabilidadeconmicos desincentivando, as, la accin colectiva que se pensabapona en riesgo tales procesos. Como resultado, se produce un ciertogrado de desarticulacin y desactivacin de los movimientos sociales(Garretn 1996).

Frente a posiciones idealistas o ticas, la transitologa propuso optar por el

pragmatismo porque en poltica, a partir de la gran visin de lo que se quiere, hay quetransformar la hiptesis de probabilidad real de lo que se desea en diseo ycompromiso efectivo de accin, sin concesiones a lo que uno hubiera deseado enabstracto (Garretn 1987a: 2). Paradjicamente, el socilogosin que mediara acto decontricin habra acusado, recientemente, el predominio en la Concertacin de unalma:

[] pragmtica, que expresaba la postura de no entrar en lasdiscusiones, de evitar una desestabilizacin econmica, de tomar lascorrelaciones de fuerzas como algo dado, de emprender todas lastransformaciones posibles pero no avanzar sin negociar con la

derecha, de no alentar movilizaciones(Garretn 2012).

29

En definitiva, en la dcada de los ochenta, se ensayaron dos alternativas paraponer fin al rgimen dictatorial: una fomentaba la participacin popular y buscaba unasalida que permitiera no slo acabar con un modelo poltico tirnico sino tambinrevertir las transformaciones econmicas implementadas desde 1973; el otro apostabapor una negociacin con los militares y con la derecha poltica, que garantizara eltraspaso del Gobierno de manera ordenada, dejando intactos los aspectos econmico ysocial, sometindose a los plazos y formas fijados por la Constitucin de 1980, para locual deba someter y canalizar las protestas de los sectores populares. Por eso, latransicin se hace sin sujeto popular (Bao 2013). Esta opcin, que se conoce comotransicin poltica, legitimla escisin entre lo social y lo poltico.

Consideraciones finales

Cuando la Dictadura apenas insinuaba la magnitud de la contrarrevolucin quese propona llevar a cabo, Ruy Mauro Marini advirti que la justificacin ideolgica de

29Lo destacado en cursivas es mo.


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estos regmenes militares terroristas al revs de la que caracteriz al fascismo, no esel rechazo a la democracia representativa, sino la creacin de condiciones para que sta

opere con cierta estabilidad(Marini 1977: 4). La historia confirm, lamentablemente,la apreciacin del socilogo brasileo: la democracia poltica que retorn en losnoventa se convirti en la garanta de la gobernabilidad, ese eufemismo de ladominacin.

La magnitud de la transformacin socio-econmica que la reaccin cvico-militar implement no fue suficientemente considerada por un sector de la oposicin.No se advirti, tampoco, que el rediseo institucional de la Dictadura, sobre el quesupuestamente se pretenda actuar a posteriori, supona una construccin esencialmentedistinta de la democracia que haba operado con anterioridad al golpe de Estado. Lademocraciarecuperada estaba blindaba para que nunca ms se pretenda, en Chile,poner en prctica un proyecto polt ico de la naturaleza y alcances del representado por

Unidad Popular, segn lo formulara difanamente el Ejrcito de Chile (2004). De ahque no sea correcto hablar de enclaves autoritarios , como si se tratara de reductosautoritarios transpuestos en una estructura democrtica (Moulian 1997: 54). Y uno delos elementos cardinales, a nuestro parecer, de la normalidad democrtica queansiaba Aylwin, es la escisin entre lo social y lo poltico, que implica adems, lasubordinacin del movimiento social al partido poltico o, mejor an, su prescindencia,y la elitizacin y fetichizacin de la poltica, esto es, la autonomizacin aparente de laesfera poltica del mundo social, redundando en realidad en beneficio de los gruposeconmicamente poderosos. se era el modelo ideal imaginado en la Declaracin dePrincipios del Gobierno de Chile , que la sociologa transicional contribuy alegitimar: la transicin a la democracia es, en ese sentido, su mejor producto; y el

modelo de sociedad resultante, un engendro de aquella teora, constituyendo un casoparadigmtico de performatividad de la ciencia.La escisin entre la poltica y lo social no puede ser sino la fetichizacin de lo

polt ico, esto es, la ruptura y separacin entre el fundamentode algo y ese algo, queadquiere entonces vida propia y aparenta tener por s mismo unas cualidades que noobtiene sino de aquello que constituye su raz. As, la poltica aparece como una esferadistinta, escindida, autnoma del mundo social. A su vez, ello implica que el medioseconvirti en fin. La poltica, en cuanto mtodo y organizacin dimensin importantepero reducida, dio pie a una estructura burocrtica tan compleja y extendida quedesarroll lgicas de profesionalizacin, tecnificacin y especializacin, que se auto-reproducen y producen a los polticos profesionales; sos cuya existencia depende de

su ubicacin en alguno de los mltiples cargos vinculados a la va electoral. Una vezdentro de la estructura poltica la permanencia y ascenso exige gestionar nomodificarlas dinmicas administrativo-burocrticas.

Con ello no pretendemos sostener que con la transicin a la democracia nocambi nada. Efectivamente, la coyuntura de 1989/1990 constituye, sin lugar a dudas,un quiebre del rgimen poltico: de una Dictadura se transit a un rgimen polticodistinto, a una democracia poltica. Dentro de una misma fase econmicapatrn deacumulacin capitalista neoliberal es posible diferenciar dos perodos a nivel de la


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estructura poltica. De ah que la transicin poltica consistiera en una transicin de ladictadura neoliberal a la democracia neoliberal (Salazar 2007: 26). As las cosas no

hay contradiccin entre capita lismo y democracia; de hecho el capitalismo chileno yase ha reconciliado con ella(Tironi 1999: 80). Y la esferapolticaaparece guardandouna suerte de independencia de los actores sociales, pero sta es una imagendistorsionada, porque slo en parte la poltica es autnoma: se ha independizado delos proyectos populares de transformacin revolucionaria (e incluso reformista) de lasociedad, no as de los de las lites econmicas (Ruiz 2007). El divorciode la polticarespecto de lo social-popular esconde su matrimonio de conveniencia con lo social-elitista. En este sentido, la imagen deformada de la autonomizacin de la poltica seasemeja a la pretensin de neutralidad atribuida por el liberalismo poltico al Estado.

Pero, en ltimo trmino, esta fetichizacin de lo poltico respecto de losocial, y su escisin como la poltica , no puede deberse sino a la propia escisin

social. La va para su superacin es precisamente la reunificacin de los actores queproducen y reproducen la vida, dotndose de mecanismos de democracia participativa,para controlar en todo momento las condiciones de su existencia. Los partidos polticosreformistas y revolucionarios tradicionalmente procuraron la superacin de la escisinentre lo social y la poltica desde arriba hacia abajo, desde el Estado (sede de lapolt ica) hacia la sociedad, para producir una desconcentracin del poder, una auto-disolucin, o una socializacin de la poltica . La va se ha mostrado histricamenteinfructuosa. La otra ruta nace desde abajo, propugna la politizacin de lo social, y fueformulada histricamente como poder popular.

Recibido: 23 agosto 2014

Aceptado: 17 diciembre 2014

Bibliografa

Allende, Salvador. Palabras del Presidente de la Repblica, compaero SalvadorAllende Gossens, pronunciadas en la clausura del primer Congreso del PartidoFederado de la Unidad Popular. 24 de junio de 1973a, www.salvador-allende.cl/Discursos/1973/24_junio_1973.pdf.

. Palabras pronunciadas por el Presidente de la Repblica, compaero SalvadorAllende Gossens, en la sala de plenarios del edificio de la cultura GabrielaMistral, con motivo del plenario de federaciones, convocado por la Central


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247

nica de Trabajadores. 25 de julio de 1973b www.socialismo-chileno.org/allende/1973/25_julio_1973.pdf.

lvarez, Rolando. La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 enChile: la batalla electoral como va revolucionaria. OSAL28 (2010): 219-239.

Aylwin, Patricio.Hoy367 (1984) del 1 al 7 de agosto.

Bao, Rodrigo. Lo social y lo poltico, un dilema clave del movimiento popular.Santiago: Flacso, 1985.

. El golpe a la igualdad: cuarenta aos despus.Anales de la Universidad de Chile ,(2013): 43-57.

Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad.Santiago: Editorial Andrs Bello, 1997.

Calveiro, Pilar. Poder y desaparicin: los campos de concentracin en Argentina.Buenos Aires: Colihue, 2008.

Crdenas, Juan Pablo. Los Riesgos de la Apata.Anlisis392 (1991): 3.

Carmona, Ernesto.Los dueos de Chile . Santiago: La Huella, 2002.

Cavallo, Ascanio, et al. Especial: Los 22 das que sacudieron a Chile. El Semanal/LaTercera, 8 de septiembre de 2013.

Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, Comando Provincial deAbastecimiento Directo y Frente nico de Trabajadores en Conflicto. Carta dela Coordinadora de Cordones al presidente Salvador Allende (5 de septiembrede 1973). Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre elmovimiento popular urbano, 1970-1973, ed. Frack Gaudichaud. Santiago: LOMEdiciones, 2004: 453-459.

De la Maza, Gonzalo (1999), Los movimientos sociales en la democratizacin deChile.El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa , ed. Paul W.Drake e Ivn Jaksic. Santiago: LOM Ediciones, 1999.

De la Maza, Gonzalo y Mario Garcs. La explosin de la mayoras. Protesta Nacional1983-1984. Santiago: ECO, 1985.

El Pliego del Pueblo.Marxismo y Revolucin1, julio-septiembre 1973: 229-240.

Ejrcito de Chile. Respuesta del Ejrcito de Chile al Informe Rettig .Documentos deLa Nacin, 18 de noviembre de 2004.

Espinoza, Vicente. Reivindicacin, conflicto y valores en los movimientos sociales dela segunda mitad del siglo XX.Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas ala segunda mitad del siglo XX ed. Mario Garcs y otros. Santiago: LOMEdiciones, 2000.

.Para una historia de los pobres de la ciudad. Santiago: Ediciones SUR, 1988.


22/24



248

Flisfisch, ngel.La poltica como compromiso democrtico. Santiago: Flacso, 1987.

Garcs, Joan E. El Estado y los problemas tcticos en el gobierno de Allende .Mxico:Siglo XXI, 1974

Garcs, Mario. Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Santiago: LOM Ediciones, 2002.

. Los movimientos sociales populares y la izquierda chilena en la Unidad Popular ysu respuesta frente al golpe de Estado de septiembre de 1973. 2004.www.archivochile.com/Ideas_Autores/garcesm/garcesm0004.pdf.

. El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en Amrica Latina y Chile.Santiago: LOM Ediciones, 2012.

Garretn, Manuel Antonio. La poltica ayer y hoy. Chantilly I - Chile 80 -Movimientos, Escenarios y Proyectos. 1982.www.blest.eu/doxa/garreton82.html.

. Seis proposiciones sobre redemocratizacin en Chile.Documento de Trabajo314, Flacso, septiembre 1986a.

. Y fue el ao decisivo.Apsi, del 15 al 28 de diciembre, 1986b.

. 1986-1987. Entre la frustracin y la esperanza. Balance y perspectivas de latransicin a la democracia.Documento de Trabajo 329, Flacso, enero 1987a,

. Las complejidades de la transicin invisible. Movilizaciones populares y rgimenmilitar en Chile. Documento de Trabajo 334, Flacso, abril 1987b.

. Poltica y sociedad en la marginacin e integracin del mundo popular. No tas paraun esquema de anlisis.Material de Discusin 95, Flacso, marzo 1987c.

. Reconstruccin y democracia. La doble problemtica del sistema polticochileno.Documento de Trabajo364, Flacso, diciembre 1987d.

. La democracia que se inaugura y sus condiciones socio-polticas. Convergencia17, enero-marzo 1990: 13-18.

. La redemocratizacin poltica en Chile: transicin, inauguracin y evolucin .Santiago: Flacso, 1993.

. Movimientos sociales y procesos de democratizacin. Un marco analtico (1).Excerpta 2, abril 1996.

. Entrevista: Hay que construir un nuevo sujeto poltico. Pgina 12, 31 dediciembre de 2012.

Gaudichaud, Frack. Pensar las alternativas y el socialismo en la Amrica Latina delsiglo XXI. Reflexiones y lecciones sobre la Unidad Popular, el poder populary elproceso revolucionario chileno.Ponencia a presentar en la II Conferencia


23/24



249

Internacional La obra de Carlos Marx y los desafos del siglo XXI. LaHabana, del 4 al 8 de mayo de 2004.

. Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popularurbano, 1970-1973. Santiago: LOM Ediciones, 2004.

Godoy, scar. La transicin chilena a la democracia: pactada. Estudios Pblicos 74(1999): 79-106.

Guerrero, Manuel. El conjuro de los movimientos sociales en el Chile neoliberal .Revista Venezolana de Economa y Ciencias Sociales 12/2 (2006):147-156.

Harnecker, Marta. Reflexiones sobre el gobierno de Allende: estudiar el pasado paraconstruir el futuro. 2003www.biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111026114216/allende.pdf.

Iglesias, Mnica. Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra ladictadura.Santiago: Radio Universidad de Chile, 2011.

Illanes, Mara Anglica.La batalla de la memoria. Ensayos histricos de nuestro siglo.Chile 1900-2000. Santiago: Planeta/Ariel, 2002.

Lechner, Norbert. La democratizacin en el contexto de una cultura po smoderna.Cultura poltica y democratizacin, comp. Nobert Lechner. Santiago:Flacso/Clacso/ICI, 1987: 253-262.

. Los nuevos perfiles de la poltica. Un bosquejo.Nueva Sociedad 130 (1994): 32-43.

Leiva, Sebastin. El MIR y los Comandos Comunales: poder popular y unificacin dela movilizacin social. Cyber Humanitatis30 (2004).

Lwy, Michael. Los actores olvidados de la Unidad Popular. Poder Popular yCordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973, ed. Frack Gaudichaud. Santiago: LOM Ediciones, 2004: 11-12.

Marn, Juan Carlos. Las tomas (1970-1972). Marxismo y Revolucin 1, julio-septiembre de 1973: 49-77.

Marini, Ruy Mauro. El viaje de Todman. xito en Chile, fracaso en Brasil . ElUniversal, 24 de agosto de 1977: 4.

Moulian, Toms. Chile Actual: Anatoma de un mito. Santiago: LOM Ediciones/Arcis,1997.

. Toms Moulian: itinerario de un intelectual chileno. Entrevista de Emir Sader,Juan Carlos Gmez Leyton y Horacio Tarcus . Crtica y Emancipacin: RevistaLatinoamericana de Ciencias Sociales1 (2008): 129-174.

O'Donnell, Guillermo. La consecucin de la democracia: una lucha en un procesoincesante que ha de saber ganarse (entrevista de Joaqun Tmara). DHIALDesarrollo Humano e Institucional de Amrica Lat ina17 (2001).


24/24



250

. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratizacin . BuenosAires: Paids, 2004.

Razeto, Luis. La economa de solidaridad en un proyecto de transformacin social.Proposiciones 14 (1987): 44-54.

.Las organizaciones econmicas populares 1973-1990. Santiago: PET, 1990.

Retamozo, Martn. Lo poltico y la poltica: los sujetos polticos, conformacin ydisputa por el orden social. Revista Mexicana de Ciencias Polticas y SocialesLI/206, (2009): 69-91.

Ruiz, Carlos. Actores sociales y transformacin de la estructura social. Revista deSociologa21 (2007): 209-233.

Salazar, Gabriel. De la generacin chilena del 68: Omnipotencia, anomia,

movimiento social?Proposiciones12 (1986): 96-116.. El viejo "pacto social" del librecambismo. Revista Central de Sociologa 2

(2007): 11-28.

Santos, Theotonio dos. Podemos triunfar? Chile Hoy58 (1973): 4.

Streeck, Wolfgang. Los ciudadanos como clientes. Consideraciones sobre la nuevapoltica de consumo.New Left Review76 (2012): 23-41.

Tironi, Eugenio. Marginalidad, movimientos sociales y democracia. Proposiciones14 (1987): 9-20.

.Autoritarismo, modernizacin y marginalidad. Santiago: Ediciones SUR, 1990.

. La irrupcin de las masas y el malestar de las elit es. Chile en el cambio de siglo .Santiago: Grijalbo, 1999.

. Los Comunistas.El Mercurio, 18 de junio de 2013.

Unidad Popular. Programa Bsico de Gobierno de la Unidad Popular. Santiago, 1970.

Valdivia, Vernica. Crnica de una muerte anunciada: La disolucin del PartidoNacional, 1973-1980. Su revolucin contra nuestra revolucin. Izquierdas yderechas en el Chile de Pinochet (1973-1981) , ed. Vernica Valdivia, Rolandolvarez y Julio Pinto. Santiago: LOM Ediciones, 2006: 15-47.

Vasconi, Toms Amadeo. Las Ciencias Sociales en Amrica del Sur y Chile, 1960-1990. Santiago: Centro de Investigaciones Sociales/Arcis, 1991.

Winn, Peter. Tejedores de la revolucin. Los trabajadores de Yarur y la va chilena alsocialismo . Santiago: LOM Ediciones, 2004.

[2015] mónica iglesias vázquez: "lo social y lo político en chile: itinerario de un desencuentro...

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