233283973 demanda ley universitaria 8 de julio

1

Secretario:

Expediente N

Cuaderno: Principal

Escrito N 1

DEMANDA DE AMPARO

SEOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL DE LA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO; con domicilio legal sito en

; debidamente representada por su Rector, Dr. Orlando Velsquez

Benites, identificado con DNI N ; con domicilio real sito en ; su

Vicerrectora Acadmica, Dra. Vilma Mndez Gil, identificada con DNI

N , con domicilio real sito en ; y su Vicerrectora Administrativa,

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori, identificada con DNI N , con

domicilio real sito en ; sealando domicilio procesal en

I. LEGITIMIDAD PROCESAL

Conforme establece el artculo 39 del Cdigo Procesal Constitucional

(de ahora en adelante, CPConst.), el afectado es la persona legitimada

para interponer el proceso de amparo. En mrito a dicha prescripcin,

los recurrentes, en condicin de rectores y vicerrectores hemos sido

elegidos en virtud a la Ley N. 23733 para el perodo correspondiente a

los aos , conforme se recauda con la acreditacin expedida por el

Comit Electoral que estableci nuestros nombramientos de eleccin

fruto de la Asamblea Universitaria y que consta en los recaudos del

ANEXO 1-A, as como los miembros del Consejo Universitario, Asamblea

Universitaria y Decano y Directores de Escuela.

En este sentido, solicitamos se nos tenga por personas legitimadas, toda

vez que el acto lesivo que motiva el presente proceso constitucional de

amparo supone una afectacin en su dimensin subjetiva de todos y

cada uno de los recurrentes, que planteamos la presente demanda;

pero, por otro lado, el presente amparo gira en torno a la tutela de la

2

dimensin objetiva que est en juego como son los principios

constitucionales que se ven menoscabados por accin de la nueva Ley

Universitaria, ad portas de entrar en vigencia, y que se explica infra.

II. ENTIDADES EMPLAZADAS

El presente proceso constitucional de amparo se dirige contra el

Congreso de la Repblica, el que ser notificado en su sede

institucional sito en Plaza Bolvar, Av. Abancay s/n - Lima, Per; as

como el Ministerio de Educacin, el que ser notificado en su

domicilio legal sito en Calle Del Comercio 193, San Borja - Lima, Per.

Asimismo, y en cumplimiento de lo que establece el artculo 7 del

Cdigo Procesal Constitucional, deber notificarse igualmente al

Procurador Pblico del Congreso de la Repblica, en su domicilio

sito en Jr. Azangaro N 468 - Oficina 617, Lima; as como tambin al

Procurador Pblico del Ministerio de Educacin, a quien deber

notificarse en Jr. Snchez Cerro 2150, Jess Mara, Lima.

III. PETITORIO

Se interpone PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO cuyos

fundamentos de hecho y de derecho precisaremos infra; y cuyas

pretensiones son las siguientes:

- PRETENSIN PRINCIPAL 1: que se inaplique, a nuestro caso

concreto, la Primera Disposicin Complementaria Transitoria de la

nueva Ley Universitaria, Ley N. 30220, publicada en el diario oficial

El Peruano el da 9 de julio de 2014, en el extremo en que dispone en

el dcimo prrafo lo siguiente: la designacin de las nuevas

autoridades debe realizarse antes de que concluya el perodo de

mandato de las autoridades vigentes; dicha norma, conforme

prescribe el artculo 55 inciso 3 del CPConst. deber disponer en el

contenido de la sentencia fundada que se restituya o restablezca a

los agraviados recurrentes el pleno goce de sus derechos

constitucionales, relacionados al derecho a ser elegido y a

3

mantenerse en el cargo; as como el derecho a que se mantenga

inclume el acceso a la funcin pblica. Esta pretensin principal,

conforme apreciar a lo largo de la presente demanda, constituye un

expreso agravio constitucional de una norma que es amenaza real,

cierta, objetiva e inminente; y que no requiere de ningn tipo de

reglamentacin a posteriori, dado que se trata de una norma

autoaplicativa; y como tal, conforme a la sana doctrina del TC, es

factible plantear amparo contra normas, si stas afectan derechos

fundamentales distintas a las normas heteroaplicativas.

- PRETENSIN PRINCIPAL 2: que se inaplique, a nuestro caso

concreto, la Sptima Disposicin Complementaria Transitoria de la

nueva Ley Universitaria, en el extremo en que ordena la extincin de

la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y su Consejo Nacional para

la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades (CONAFU); este

extremo conforme se apreciar a lo largo de nuestra demanda, afecta

la garanta institucional de la autonoma universitaria.

A continuacin, seor Juez, pasaremos a desarrollar el excurso del

presente postulatorio de tutela de los derechos fundamentales

mediante el proceso de amparo.

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO

4.1. Antecedentes del caso

Como es de conocimiento pblico, el sistema universitario en el

Per ha venido siendo desarrollado bajo el marco de una ley, la

N. 23733, que fue expedida en 1983, bajo el marco normativo

de la Constitucin de 1979.

Es obvio que dicha Ley, a la fecha constituye tcnicamente una

Ley pre-constitucional porque se expide bajo los principios y

contenidos que delineaba la antigua Constitucin de 1979.

4

Desde esa fecha, a la actualidad, se ha generado todo un sistema

universitario que, en lneas generales, se pueden explicitar en las

siguientes caractersticas:

1. Las Universidades han venido siendo desarrolladas por un

conjunto de autoridades acadmico-administrativas

conformadas por los Rectores y Vicerrectores, y en segundo

lugar, por la Asamblea Universitaria y el Consejo

Universitario.

2. Todo este rgimen fue impulsado bajo el marco y la

direccin de la Ley N. 23733.

Ya en el rgimen de la presidencia de Alberto Fujimori, se impuls,

con la Constitucin de 1993, un nuevo marco normativo que

estableci, entre otras cosas, los mismos principios

constitucionales, pero elev a rango constitucional una entidad

que no tena precedentes en la Constitucin de 1979. En efecto, la

Constitucin de 1993 explcitamente seal, en la clusula 18, que

La Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y

graduados. Participan en ella los representantes de los

promotores, de acuerdo a Ley. Este ltimo acpite, esto es, la

representacin de los promotores, desencaden, a la postre, una

poltica universitaria que impuls el Decreto Legislativo N. 882,

Ley de Promocin de la Inversin en Educacin, y es as como, a

partir de este sistema se han venido desarrollando, por mandato

constitucional y de sus leyes complementarias, a la par de

universidades pblicas, la promocin de universidades privadas

conforme as garantiza el segundo prrafo del artculo 18 de la

Constitucin.

A lo largo de los diversos gobiernos que hemos tenido, no cabe

duda que se han impulsado intermitentes proyectos para reformar

nuestro sistema universitario, y a tener un nuevo sistema

universitario acorde a los tiempos modernos. Es as como hemos

tenido diversos proyectos de ley, que se han venido discutiendo en

sede parlamentaria.

5

Es, en este contexto, que en el actual gobierno, se ha venido

impulsando un proyecto de Ley liderado por el seor congresista,

Daniel Mora Zevallos, y del cual recientemente ha sido finalmente

publicado como la nueva Ley Universitaria, publicada en el diario

oficial El Peruano el da 9 de julio de 2014.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se iniciar una serie de

modificaciones que si bien pueden ser entendidas bajo el marco de

metas lcitas; ello, sin embargo, est salpicado de gruesas

infracciones a la Constitucin por el fondo, lo que deber motivar

un anlisis a partir del presente proceso constitucional, en el cual

vuestro Despacho debe ejercer el control constitucional difuso que

le otorga nuestro modelo dual o paralelo que jurisdiccin

constitucional.

4.2. Situacin y anlisis actual de la nueva Ley Universitaria

Seor Juez, lo que a continuacin se esgrimir en el marco de la

Teora de la Argumentacin Jurdica, es poner en evidencia las

graves manifestaciones de inconstitucionalidad que acusa la norma

y que vamos a, secuencialmente, precisar tema por tema:

4.2.1. Inconstitucionalidad de la Primera Disposicin

Complementaria Transitoria de la nueva Ley

Universitaria, que dispone el cese de la Asamblea

Universitaria de las universidades pblicas y la

suspensin de todos los procesos de

nombramiento, ascenso y ratificacin del personal

docente y no docente hasta que asuman las

nuevas autoridades de gobierno

En este punto, seor Juez, y tal como explicaremos ms

adelante, consideramos que la Primera Disposicin


Universitaria afecta una serie de derechos

6

constitucionales y la garanta institucional de la

autonoma universitaria, al decretar el cese inmediato

de las funciones de los miembros de la Asamblea

Universitaria de nuestra Casa Superior de estudios, por

dos razones.

En primer lugar, deber tenerse en cuenta que las

actuales autoridades de nuestra Asamblea Universitaria,

que recurrimos en amparo, hemos sido elegidas para un

perodo determinado, decisin que ha sido adoptada

precisamente en ejercicio de la autonoma universitaria

(artculo 18 de la Constitucin), razn por la cual el

cese ordenado por la nueva Ley Universitaria supone

una injerencia arbitraria e injustificada, que desconoce

dicha garanta institucional, adems de una serie de

derechos fundamentales que explicitamos infra. De

hecho, seor Juez, y como indicaremos luego, nada

impeda que el legislador disponga que la eleccin de las

nuevas autoridades se realice al trmino del mandato

legal de nuestros cargos en la Asamblea Universitaria.

Y en segundo lugar, consideramos que la norma

cuestionada vulnera nuestro derecho al debido proceso,

toda vez que las causas y el procedimiento a seguir

para que se disponga nuestra remocin como

autoridades de la Asamblea Universitaria, se encuentran

previstas explcitamente en la Ley N. 23733, Ley

Universitaria (al amparo de la cual fuimos elegidos) y en

el Estatuto de nuestra Universidad. En ese sentido, en

la medida en que nuestro cese ha sido ordenado por un

ente externo a nuestra propia Universidad (el

demandado Congreso de la Republica), estimamos que

tal proceder supone una injerencia que vulnera la

autonoma universitaria, toda vez que los nicos

legitimados para decidir el cese o la suspensin de las

autoridades actuales son los miembros de la propia

7

comunidad universitaria, segn lo que establece la Ley

N. 23733 y los Estatutos de nuestra universidad.

4.2.2. Inconstitucionalidad de la Sptima Disposicin


Universitaria, que ordena la extincin de la

Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y su

Consejo Nacional para la Autorizacin de

Funcionamiento de Universidades (CONAFU)

Con relacin a esta norma, seor Juez, y sin perjuicio

de lo que ms adelante se esgrimir, consideramos que,

a partir de su configuracin normativa, la entrada en

funcionamiento de la denominada Superintendencia

Nacional de Educacin Universitaria (SUNEDU), al estar

adscrita al Ministerio de Educacin, supone una

vulneracin manifiesta de la garanta institucional de la

autonoma universitaria, pues hace depender la gestin

del sistema universitario de un sector del Poder

Ejecutivo.

As pues, a pesar de que el SUNEDU goza formalmente

de autonoma tcnica, funcional, econmica,

presupuestal y administrativa (artculo 12 de la Ley),

su dependencia del Ministerio de Educacin la convierte

en un ente propenso al manejo poltico del titular del

Ejecutivo, con las interferencias que ello podra

acarrear.

Al respecto, se deber tener en cuenta que, en la STC

N. 0017-2008-PI (Caso Filiales Universitarias), el

Tribunal Constitucional cuestion la imparcialidad

objetiva de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)

como ente rector del sistema universitario en nuestro

pas, dado que sus miembros eran parte del propio

crculo universitario (fundamento 105). Sin embargo, en

8

el caso del SUNEDU, esta situacin resultar peor, pues

este rgano carecera de independencia subjetiva y

objetiva, toda vez que su sometimiento al Ejecutivo

resta imparcialidad a las decisiones que vaya a adoptar

y sobre todo a su labor de supervisin de las

universidades pblicas y privadas.

De esta forma, es claro que la nueva Ley Universitaria

supone un cambio radical desde el antiguo modelo en el

que la gestin del sistema universitario era uno

bsicamente auto-regulatorio (la ANR y el CONAFU),

con lo cual se respetaba la autonoma universitaria;

mutando hacia un modelo intervencionista

(representado por un rgano como la SUNEDU que

depende del Ejecutivo) que afecta manifiestamente la

autonoma universitaria.

Sobre ello, consideramos que un modelo alternativo

igualmente eficaz, pero respetuoso de la autonoma

universitaria, hubiera sido recomponer la conformacin

de la ANR para asegurar la representatividad de las

universidades pblicas y privadas en dicho organismo.

En definitiva, y como tambin se ver infra,

consideramos que es vital recordar que, en la STC

0037-2009-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha avalado

el criterio doctrinal segn el cual la autonoma

universitaria es una categora a travs de la cual se

intenta que las universidades estn configuradas de una

determinada manera, que suponga el rechazo de un

intervencionismo estatal que siempre se ha considerado

negativo para la enseanza superior.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

9

5.1. Dimensin subjetiva de los derechos fundamentales de

contenido constitucional (artculo 5 inciso y 38 del Cdigo

Procesal Constitucional)

5.1.1. El derecho a la participacin en la vida poltica,

social y cultural de la Nacin (artculo 2 inciso 17

de la Constitucin)

De conformidad con el artculo 2, inciso 17 de la Constitucin,

toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o

asociada, en la vida poltica, econmica, social y cultural de la

Nacin. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de

eleccin, de remocin o revocacin de autoridades, de iniciativa

legislativa y de referndum.

En el mbito supranacional, el derecho a la participacin poltica

se encuentra reconocido en el artculo 23.1.a) de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto seala que todos

los ciudadanos tienen el derecho de participar en la direccin de

los asuntos pblicos, directamente o por medio de representantes

libremente elegidos.

Sobre el contenido constitucionalmente protegido de este derecho,

el Tribunal Constitucional ha sealado que, adems de ser l

mismo un derecho autnomo, es, a su vez, una garanta

institucional, en la medida en que promueve el ejercicio de otros

derechos fundamentales, ya en forma individual, ya en forma

asociada1. Desde esta perspectiva, bien puede argumentarse

que, a travs de su ejercicio, se promueven tambin otras

libertades ciudadanas como las de expresin, de asociacin, de

reunin, etc.

Pero, adems de ello, el derecho a la participacin tiene una

ntima relacin con el principio democrtico, el cual es un rasgo

prevalente en nuestra Constitucin, ya que dicho principio se 1 STC N. 0905-2001-AA/TC, fundamento 5.

10

materializa a travs de la participacin directa, individual o

colectiva, de la persona como titular de una suma de derechos de

dimensin tanto subjetiva como institucional () as como en su

participacin asociada, a travs de organizaciones orientadas a

canalizar el pluralismo poltico, y mediante la participacin

poltica indirecta de la ciudadana; es decir, a travs de sus

representantes libremente elegidos2.

Los derechos de participacin poltica, sin embargo, no se limitan

al reducido mbito de los cargos de eleccin popular o de los

derechos que se ejercen a travs de organizaciones polticas. En

efecto, dentro de su contenido normativo, tambin cabe incluir la

participacin en mbitos como el social o cultural, o como en el

caso que nos ocupa, en el mbito de la comunidad universitaria, al

interior de la cual sus autoridades tambin son electas y rige el

derecho a elegir y ser elegido representante. En otras palabras,

los derechos de participacin tienen lugar en todo mbito en el

cual rija una autntica democracia. As tambin lo ha reconocido la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirma que

la participacin poltica puede incluir amplias y diversas

actividades que las personas realizan individualmente u

organizadas, con el propsito de intervenir en la designacin de

quienes gobernarn un Estado o se encargarn de la direccin de

los asuntos pblicos, as como influir en la formacin de la poltica

estatal a travs de mecanismos de participacin directa3.

5.1.1.1. El derecho de acceso a la funcin pblica

Ahora bien, ntimamente relacionado con el derecho a la

participacin, se encuentra el derecho de acceso a la

funcin pblica, reconocido en el artculo 23.1.c) de la

Convencin Americana sobre Derechos Humanos, que

establece el derecho de todo ciudadano de tener acceso,

2 STC N. 00030-2005-AI/TC, fundamento 23.

3 Caso Castaeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, prrafo 146.

11

en condiciones generales de igualdad, a las funciones

pblicas de su pas.

Como ha enfatizado el Tribunal Constitucional, este

derecho consiste en la facultad que tienen todas las

personas para acceder o intervenir en la gestin de la cosa

pblica, es decir, en el ejercicio de una funcin pblica,

cuyo contenido incluye los siguientes elementos: a)

Acceder o ingresar a la funcin pblica, b) Ejercerla

plenamente, c) Ascender en la funcin pblica y d)

Condiciones iguales de acceso4.

Como se aprecia, el derecho a la funcin pblica no slo

comprende el acceso, sino tambin el ejercicio pleno y sin

perturbacin de la funcin para la cual se ha sido elegido o

designado, toda vez que el menoscabo, restriccin o

limitacin ilegtima del pleno desenvolvimiento de la

funcin pblica o del ascenso en la misma, pueden

conducir a una afectacin del bien protegido por este

derecho, de modo tal que la participacin en la funcin

pblica tiene que ser entendida como un bien cuya

concretizacin debe desarrollarse en toda su magnitud, es

decir, con todas las implicancias que su pleno desarrollo lo

exija. Ello se debe a que los derechos fundamentales

deben ser comprendidos como mandatos de optimizacin,

lo cual significa, precisamente, que su contenido protegido

alcanza a todos los aspectos que contribuyen a un mayor

grado de realizacin del bien jurdico que protege5.

Cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha

diferenciado que el concepto funcin pblica comprende

dos tipos de funcin: la funcin pblica representativa y la

funcin pblica no representativa, la primera de las cuales

4 STC N. 00025-2005-PI y 00026-2005-PI/TC (acumulados), fundamento 43.


12

est formada por funciones de representacin poltica, y la

segunda alude a la funcin pblica profesionalizada:

La funcin pblica representativa a la que se

designa especficamente como cargo- ya se

encuentra comprendida en nuestro ordenamiento

de alguna forma en el derecho a ser elegido (art.

31, Const.), es decir, en el denominado derecho

de sufragio pasivo. No obstante, ello no es bice

para que el derecho de acceso a la funcin pblica

comprenda tambin este tipo de funcin pblica.

Como ejemplos tpicos de l se encuentran los

cargos polticos desde las ms altas

magistraturas, como las de congresista o la de

Presidente de la Repblica, hasta las de alcalde o

regidor de las municipalidades. En el caso de la

funcin pblica no representativa, son ejemplos

tpicos los servidores pblicos de la

administracin, estatal, regional, o municipal, y

desde luego, los de los poderes del Estado y, en

general, de toda entidad pblica. Tanto la funcin

pblica representativa como la no representativa

deben ser interpretados de la manera ms amplia

posible6.

De otro lado, y en esta misma direccin, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha precisado, en

jurisprudencia que resulta vinculante, que la garanta de

proteccin del derecho de acceso a la funcin pblica

abarca tanto el acceso como la permanencia en

condiciones de igualdad y no discriminacin respecto a los

procedimientos de suspensin y destitucin7; concluyendo

as que el acceso en condiciones de igualdad constituira


7 Caso Chocrn Chocrn Vs. Venezuela. Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1

de julio de 2011. Serie C No. 227, prrafo 135.

13

una garanta insuficiente si no est acompaado por la

proteccin efectiva de la permanencia en aquello a lo que

se accede8. En definitiva, para la Corte IDH, la igualdad

de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo

garantizan la libertad frente a toda injerencia o presin

poltica9.

5.1.2. El derecho a elegir y ser elegido (artculo 31 de la

Constitucin)

De conformidad con el artculo 31 primer prrafo de la

Constitucin, todos los ciudadanos tienen el derecho de ser

elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo

con las condiciones y procedimientos determinados por ley

orgnica.

Este derecho iufundamental tambin se encuentra reconocido en

el artculo 23.1.b) de la Convencin Americana sobre Derechos

Humanos, en cuanto establece que todo ciudadano tiene el

derecho de votar y ser elegidos en elecciones peridicas

autnticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto

secreto que garantice la libre expresin de la voluntad de los

electores.

Desde la ptica del derecho al sufragio, puede afirmarse que el

artculo 31 de nuestra Constitucin recoge derecho al sufragio en

sus dos acepciones: una dimensin activa (el derecho a elegir) y

una dimensin pasiva (el derecho a ser elegido).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

interpretado que la participacin poltica mediante el ejercicio del

derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan

postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que

8 Caso Revern Trujillo Vs. Venezuela. Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30

de junio de 2009. Serie C No. 197, prrafo 138. 9 Caso Chocrn Chocrn Vs. Venezuela, cit., prrafo 135.

14

puedan ocupar los cargos pblicos sujetos a eleccin si logran

obtener la cantidad de votos necesarios para ello10. De este

modo, segn la Corte, el derecho al voto es uno de los elementos

esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas

en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen

el derecho a la participacin poltica, ya que este derecho implica

que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir

libremente y en condiciones de igualdad a quienes los

representarn en la toma de decisiones de los asuntos pblicos11.

Pero, adems de ello, la Corte IDH ha manifestado que, en el

desarrollo de la participacin poltica representativa, los elegidos

ejercen su funcin por mandato o designacin y en representacin

de una colectividad. As pues, esta dualidad recae tanto en el

derecho del individuo que ejerce el mandato o designacin

(participacin directa) como en el derecho de la colectividad a ser

representada. En este sentido, la violacin del primero repercute

en la vulneracin del otro derecho12.

5.1.3. El derecho al debido proceso

De conformidad con el artculo 139 inciso 3 de la Constitucin, es

principio y derecho de la funcin jurisdiccional [l]a observancia

del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Por su parte, el

artculo 37 del Cdigo Procesal Constitucional establece, en su

inciso 16, que el proceso de amparo procede en defensa del

derecho [d]e tutela procesal efectiva.

Sin embargo, el derecho al debido proceso, y los derechos que

ste incluye como parte de su contenido normativo, pueden ser

invocados, y por tanto garantizados, no slo en el marco de los

10

Caso Castaeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, prrafo 148. 11

Caso Castaeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, cit., prrafo 147. 12

Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, prrafo 115.

15

procesos judiciales, sino tambin en el mbito de los

procedimientos administrativos.

As, por debido procedimiento administrativo, hay que entender

el respeto por parte de la administracin pblica o privada de

todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el

mbito de la jurisdiccin comn o especializada y a los que se

refiere el artculo 139 de la Constitucin del Estado (juez natural,

juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)13.

As lo ha entendido, por lo dems, el Tribunal Constitucional,

cuando explica por qu el debido proceso se extiendo tambin al

mbito administrativo no-jurisdiccional: el fundamento principal

por el que se habla de debido procedimiento administrativo

encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdiccin como

la administracin estn indiscutiblemente vinculadas a la

Constitucin Poltica del Estado, de modo que si sta resuelve

asuntos de inters para los administrados, y lo hace a travs de

procedimientos internos, no existe razn alguna para desconocer

las categoras invocables ante el rgano jurisdiccional14.

Esta recepcin plena de las garantas judiciales del debido

proceso, en el mbito administrativo, goza de pleno respaldo en el

mbito supranacional, si tenemos en cuenta que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ya ha dejado claramente

establecido que si bien el artculo 8 de la Convencin Americana

se titula garantas judiciales, su aplicacin no se limita a los

recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de

requisitos que deben observarse en las instancias procesales15.

En tal entendimiento, todos los rganos que ejerzan funciones de

naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen

el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno

a las garantas del debido proceso establecidas en el artculo 8 de

13

STC N. 03480-2012-AA/TC, fundamento 6. 14

STC N. 08495-2006-AA/TC. 15

Corte IDH: Caso Tribunal Constitucional vs. Per, sentencia de 31 de enero de 2001.

16

la Convencin Americana, ello debido a que las sanciones

administrativas, disciplinarias o de naturaleza anloga son, como

las penales, una expresin del poder punitivo del Estado y que

tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de stas16. Dicho de

otra manera: no puede la administracin dictar actos

administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la

garanta del debido proceso, por cuanto es un derecho humano

el obtener todas las garantas que permitan alcanzar decisiones

justas, no estando la administracin excluida de cumplir con este

deber17.

Es claro, por otro lado, el ntimo vnculo que conecta al debido

procedimiento administrativo, con el principio de legalidad en el

mbito de tales procedimientos. As, por ejemplo, el Tribunal

Constitucional lo define como una autntica garanta

constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y

un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado

Social y Democrtico de Derecho18.

As pues, el principio de legalidad en el mbito administrativo-

sancionador tiene como contenido constitucional (y por ende,

susceptible de ser protegido a travs del amparo), el cumplimiento

escrupuloso de todas las normas que regulan o disean el

procedimiento administrativo, cuya desviacin supone siempre, y

en todos los casos, una arbitrariedad que afecta en igual medida el

debido procedimiento administrativo19.

Finalmente, es menester agregar que, segn la interpretacin del

Tribunal Constitucional, el principio de legalidad en el Estado

constitucional no significa simple y llanamente la ejecucin y el

cumplimiento de lo que establece una ley, sino tambin, y

16

Corte IDH: Caso Lpez Mendoza vs. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 2011. 17

Corte IDH: Caso Baena Ricardo y otros vs. Panam, sentencia de 2 de febrero de 2001. 18

STC N. 06343-2007-PA/TC, fundamento 6. 19

STC N. 05719-2005-AA/TC; asimismo, STC N. 02192-2004-AA/TC; sobre el principio de interdiccin

de la arbitrariedad, vase la STC N. 0090-2004-PA/TC.

17

principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de

principios y valores constitucionales20.

5.1.4. Cmo afecta la nueva Ley Universitaria los

derechos de los recurrentes a la participacin

poltica, a elegir y ser elegido, al acceso a la

funcin pblica y al debido proceso?

Luego de haber realizado esta completa revisin normativa y

jurisprudencial sobre los derechos iusfundamentales invocados en

nuestra demanda, toca ahora verificar de qu modo tales derechos

son vulnerados por la nueva Ley Universitaria, cuya inaplicacin al

caso concreto estamos solicitando en el presente amparo.

Al respecto, debemos recordar que la Primera Disposicin

Complementaria y Transitoria de la nueva Ley Universitaria,

dispone en su parte pertinente lo siguiente:

PRIMERA.- Proceso de adecuacin del gobierno de la universidad

pblica

A la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la

asamblea universitaria de las universidades pblicas.

Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento,

ascenso y ratificacin del personal docente y no docente hasta que

asuman las nuevas autoridades de gobierno.

()

La designacin de las nuevas autoridades debe realizarse

antes de que concluya el perodo de mandato de las

universidades vigentes ().

En relacin a ello, debemos manifestar que los recurrentes

formamos parte, en la actualidad, de la Asamblea Universitaria de

la Universidad Nacional de Trujillo, en nuestras calidades de

Rector, Vicerrectora Acadmica y Vicerrectora Administrativa de

20

STC N. 03741-2004-AA/TC, fundamento 15.

18

dicha Casa Superior de estudios, conforme acreditamos con las

resoluciones que se adjuntan a la presente demanda.

Nuestra eleccin como autoridades de dicho rgano de gobierno

ha sido efectuada segn los requisitos y el procedimiento que

estableca la derogada Ley N. 23733. En efecto, segn el artculo

29 inciso b) de la mencionada Ley, una de las atribuciones de la

Asamblea Universitaria era aqulla de [e]legir al Rector, al o a los

Vice-rectores y declarar la vacancia en sus cargos.

En tal sentido, la nueva Ley Universitaria desconoce los derechos

que ha generado su predecesora Ley, y ello supone afectar el

ncleo duro del contenido esencial de los recurrentes que hemos

sido elegidos en el marco de una ley predeterminada; y si bien lex

posteriori deroga lex anteriori, ello no debe significar que la nueva

ley desconozca la eleccin de las autoridades recurrentes; pues en

todo caso, debi establecerse un perodo de transicin hasta que

culminen las autoridades elegidas respetando su mandato. Podr

apreciar vuestro Despacho que, con la nueva Ley, hay una actitud

invasiva en desconocer a los Rectores y Vicerrectores actuales y

prepotentemente destituirlos sin respetar lo que dice la Ley N.

23733.

En tal sentido, siendo que la derogada Ley N. 23733 sigue

surtiendo efecto en relacin al mandato de las autoridades de la

Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rectores y

Vicerrectores; tanto como los Decanos de las Facultades

respectivas; tales efectos deban ser respetados por la nueva Ley

Universitaria; argumento ste que tiene sustento en la clusula

103 de la Constitucin, que literalmente dispone que: la ley,

desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las

relaciones y situaciones jurdicas existentes, y no tiene fuerza ni

efectos retroactivos.

19

1.2. Dimensin objetiva de la Constitucin y que involucra el

presente proceso de amparo

1.2.1. El derecho a la seguridad jurdica (artculos 2,

inciso 24, literales a y d; y 139 inciso 3 de la

Constitucin)

El derecho a la seguridad jurdica, que se deriva del artculo 2

inciso 24 pargrafos a y d, as como del artculo 139 inciso 3 de

la Constitucin; garantiza e informa a todo el ordenamiento

jurdico y consolida la interdiccin de la arbitrariedad, pues

permite afirmar la predictibilidad de las conductas (en especial, las

de los poderes pblicos) frente a los supuestos previamente

determinados por el Derecho.

En ese sentido, no slo supone la absoluta pasividad de los

poderes pblicos en tanto no se presenten los supuestos legales

que les permitan incidir en la esfera jurdica de los ciudadanos,

sino que exige de ellos la inmediata intervencin ante las ilegales

perturbaciones de las situaciones jurdicas, mediante la

predecible reaccin, sea para garantizar la permanencia del

statu quo (porque as el Derecho lo tena preestablecido) o, en su

caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si tal fue el

sentido de la previsin legal. As tambin lo tiene entendido el

propio Tribunal Constitucional, cuando afirma

El principio de la seguridad jurdica forma parte

consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La

predecibilidad de las conductas (en especial, las de los

poderes pblicos) frente a los supuestos previamente

determinados por el Derecho, es la garanta que informa a

todo el ordenamiento jurdico y que consolida la interdiccin

de la arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal

Constitucional espaol, la seguridad jurdica supone la

expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cul

ha de ser la actuacin del poder en aplicacin del Derecho

20

(STCE 36/1991, FJ 5). El principio in comento no slo

supone la absoluta pasividad de los poderes pblicos, en

tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan

incidir en la realidad jurdica de los ciudadanos, sino que

exige de ellos la inmediata intervencin ante las ilegales

perturbaciones de las situaciones jurdicas, mediante la

predecible reaccin, sea para garantizar la permanencia del

statu quo, porque as el Derecho lo tena preestablecido, o,

en su caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si

tal fue el sentido de la previsin legal21.

Por otro lado, para la doctrina, la seguridad jurdica se concretiza

en dos exigencias objetivas: una de correccin estructural

(formulacin adecuada de las normas del ordenamiento jurdico),

otra de correccin funcional (cumplimiento del Derecho por sus

destinatarios y especialmente por los rganos de aplicacin); y

una exigencia subjetiva, encarnada por la certeza del Derecho,

entendida como la proyeccin en las situaciones personales de las

garantas estructurales y funcionales antes mencionadas22.

A los efectos del presente caso, queremos destacar la denominada

exigencia subjetiva de certeza del Derecho, que conlleva la

posibilidad de que las personas (naturales y jurdicas, pblicas y

privadas) puedan saber con claridad y de antemano aquello que le

est mandado, permitido o prohibido, de cara a efectuar un

adecuado proyecto de vida. De este modo, el ordenamiento

jurdico permite a los ciudadanos organizar su conducta presente y

programar expectativas para su actuacin jurdica futura bajo

pautas razonables de previsibilidad23.

1.2.2. La garanta institucional: la autonoma

universitaria (artculo 18 de la Constitucin)

21

STC N. 0016-2002-AI/TC, fundamento 3; en el mismo sentido, STC N. 01601-2012-PA/TC. 22

PREZ LUO, Antonio-Enrique: Seguridad jurdica, en GARZN VALDS, Ernesto y Francisco LAPORTA (editores): El derecho y la justicia, 2 edicin, Trotta, Madrid, 2000, p. 483. 23

PREZ LUO, Antonio-Enrique: op. cit., p. 484.

21

1.2.2.1. Nocin de garanta institucional

Desde un punto de vista terico, la categora de garanta

institucional, de origen alemn (principalmente, en la

obra de Carl Schmitt24), fue creada para designar a la

proteccin constitucional conferida a determinadas

instituciones que, si bien no eran esenciales o centrales,

s eran necesarias para la organizacin poltico-

administrativa del Estado; en ese sentido, se erigen como

una garanta frente al legislador, y ms concretamente,

contra la supresin, vaciamiento o desfiguracin

sustancial de su imagen maestra (Leit-Bild). Por otro

lado, si bien en un primer momento el objeto de

proteccin de las garantas institucionales eran ciertas

instituciones pblicas, luego dicha proteccin se extendi

a determinados institutos (principalmente, de Derecho

privado) y a algunas instituciones sociales25.

Existe toda una amplia construccin terica en torno a las

diferencias que existen entre garanta institucional y

derechos fundamentales: as pues, mientras el derecho

fundamental es un elemento pre-jurdico, la garanta

institucional se entiende que obedece a un rgimen

jurdico extraconstitucional; asimismo, mientras que el

titular del derecho fundamental es el individuo o persona,

y goza de proteccin jurisdiccional, la garanta

institucional lo titulariza la propia institucin, y carece en

principio de proteccin jurisdiccional26.

24

SCHMITT, Carl: Teora de la Constitucin, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 25

Voz Garantas institucionales, en ARAGN REYES, Manuel (Coordinador): Temas bsicos de Derecho Constitucional, Tomo III, Tribunal Constitucional y Derechos Fundamentales, 1 edicin, 2001, Civitas,

Madrid, p. 110. 26

Voz Garantas institucionales, en ARAGN REYES, Manuel (Coordinador): op. cit., p. 110. Ms adelante, sin embargo, la relacin entre garantas institucionales y derechos fundamentales pas a ser una de

mutua influencia, para luego entrar en una lgica de comprensin institucional de los derechos fundamentales, principalmente a raz de las teoras de Peter Hberle y Konrad Hesse.

22

Sobre la nocin de garanta institucional, el Tribunal

Constitucional ha sealado que consiste en una frmula

constitucional destinada a asegurar una especial

proteccin a una institucin jurdica. A pesar de no

tratarse de un derecho fundamental en sentido autntico,

obtiene una proteccin calificada y superior frente a la

ley. La Constitucin puede instituir una garanta

institucional para que, de manera efectiva, el Estado

concrete a travs de la ley un mandato de defensa y

resguardo27.

As pues, la garanta institucional salvaguarda

determinados contenidos objetivos de la Norma

Fundamental, mantenindolos intangibles respecto del

legislador as como de los poderes pblicos, lo cual cobra

mayor importancia en el caso de garantas institucionales

(como la autonoma universitaria) que la Constitucin

enlaza con determinados derechos fundamentales (en

nuestro caso, la libertad de ctedra, la libertad de

enseanza y la libertad de conciencia)28.

En la jurisprudencia constitucional, se ha entendido que

son garantas institucionales, por ejemplo, la autonoma

universitaria, la autonoma municipal, y la independencia

jurisdiccional29.

1.2.2.2. La posicin del Tribunal Constitucional

peruano respecto a la autonoma

27


STC N. 04232-2004-AA/TC, fundamento 24. Por ello, el TC insiste en que existe una clara conexin entre

la proteccin de la autonoma universitaria y la proteccin de una multiplicidad de derechos fundamentales:

una promocin de la educacin que condiga con el desarrollo integral de la persona exigido por la Constitucin, requiere que el Estado garantice la libertad de enseanza (artculo 13), la libertad de conciencia

(artculo 14) y la libertad de ctedra (artculo 18 de la Constitucin). El fundamento de tales libertades

supone una autonoma en sentido general que garantice que la formacin en conocimientos y espritu tenga

lugar en un ambiente libre de todo tipo de injerencias ilegtimas, particularmente de aquellas provenientes del

poder pblico, sean estas de carcter confesional, acadmico o ideolgico [SSTC N.os 0005-2004-PI, fundamento 8; 4232-2004-PA, fundamento 27; y 0017-2008-PI, fundamento 178]. 29

STC N. 0025-2006-AI/TC, fundamento 11.

23

universitaria: un derecho fundamental

o una garanta institucional

En doctrina, es conocido el debate en torno a si la

autonoma universitaria califica como un derecho

fundamental o como una garanta institucional, polmica

dentro de la cual se brindan importantes y muy atendibles

argumentos en ambos frentes.

As por ejemplo, un sector de la comunidad jurdica

plantea que la autonoma universitaria es un derecho

fundamental, ya que slo as dicha autonoma tendra un

contenido esencial que el legislador en ningn caso podra

desconocer (libertad de configuracin que sera ms

amplia si se la considerara como una garanta

institucional)30. Pero, adems, se recuerda que la

categora de derecho pblico subjetivo fundamental ha

mostrado siempre una mayor capacidad de resistencia,

tanto a las intromisiones del legislador como a los

conflictos con otros derechos fundamentales y garantas

institucionales31; y, finalmente, se aduce que al ser un

derecho fundamental, la autonoma universitaria podra

ser defendida en un recurso de amparo, que cada

Universidad podra interponer a tal efecto32.

Para otros autores, en cambio, es errado sostener que la

autonoma universitaria sea un derecho fundamental,

pues resulta difcil concebir como derecho fundamental

una regla de organizacin de corporaciones que en una

gran parte son personas jurdicas de Derecho pblico33.

Al mismo tiempo, se seala con acierto que la autonoma 30

SOUVIRN MORENILLA, J.M: La autonoma universitaria: las previsiones constitucionales y su desarrollo normativo, en LUXAN, J.M. de (editor): Poltica y reforma universitaria, Barcelona, 1998. 31

TORRES MURO, Ignacio: La autonoma universitaria. Aspectos constitucionales, CEPC, Madrid, 2005, p.

42. 32

TORRES MURO, Ignacio: op. cit., 43. 33

DEZ-PICAZO, Luis Mara, voto particular recado en la STC 26/1987, de 27 de febrero, del Tribunal

Constitucional espaol.

24

universitaria no debe calificarse como un derecho

fundamental por la indeterminacin de sus sujetos y de

su objeto o contenido esencial y por la muy remota e

indirecta conexin con la dignidad de la persona y su libre

desarrollo de esta forma de la organizacin

administrativa34. Ello explica, a su vez, por qu en uno

de los pocos tribunales del mundo que han reconocido a

la autonoma universitaria como derecho fundamental, se

est abriendo paso una tendencia a revisar dicha

conceptualizacin35.

En el caso peruano, de conformidad con el artculo 18 de

la Constitucin, Cada universidad es autnoma en su

rgimen normativo, de gobierno, acadmico,

administrativo y econmico. Las universidades se rigen

por sus propios estatutos en el marco de la Constitucin y

de las leyes.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional peruano ha

conceptualizado desde siempre que la autonoma

universitaria, en tanto que apunta a una totalidad tuitiva,

constituye una autntica garanta institucional. As pues,

para el supremo intrprete de la Constitucin, la

autonoma universitaria se encuentra configurada en

nuestra Constitucin como una garanta institucional

destinada a proteger la autonoma normativa, de

gobierno, acadmica, administrativa y econmica de una

determinada institucin, la universidad, siempre y cuando

se realice dentro del marco que la Constitucin y la ley

establecen (artculo 18)36.

As entendida, como garanta institucional, la autonoma

universitaria est constituida por un conjunto de 34

GARCA ROCA, Javier: El concepto actual de autonoma local segn el bloque de la constitucionalidad, en Revista de Estudios de la Administracin Local y Autonmica, N. 282 (2000), p. 39, nota 38. 35

TORRES MURO, Ignacio: op. cit., p. 46. 36


25

potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurdico

se ha otorgado a la universidad, con el fin de evitar

cualquier tipo de intervencin de entes extraos en su

seno. Con ello se consagra como pendn la libertad

acadmica, ante los posibles37, lo cual vale tanto para las

universidades privadas, as como para las universidades

pblicas38.

A partir de all, la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional ha definido a la autonoma universitaria

como el grado de autogobierno necesario para que sean

eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de

enseanza superior con respecto a su labor acadmica,

normas, gestin y actividades conexas39. Es decir, para

el supremo intrprete de la Constitucin, la autonoma

universitaria es una autntica garanta institucional, ya

que la Universidad constituye un espacio de las

libertades que no puede ser desfigurada por el legislador

ordinario dada esa dimensin constitucional que le

confiere la Carta Fundamental40; con lo cual, a travs de

la proteccin que dispensa esta garanta institucional, se

pretende proteger la autodeterminacin en el desarrollo

de las actividades y funciones derivadas de los fines

institucionales de los centros universitarios41, o tambin

la facultad de autorregulacin que tienen todas las

universidades ya sea en el mbito normativo, de

gobierno, acadmico, administrativo y econmico42. As

pues, en la medida en que la funcin institucional de la

educacin universitaria se alcanza sobre la base la

autodeterminacin de los contenidos culturales, cientficos

37


STC N. 0019-2011-AI/TC, fundamento 8. 39





26

y tcnicos coactados stos, la finalidad de la universidad

peligra43.

Con mayor nfasis an, el Tribunal ha sostenido que a

travs de esta categora se intenta que las universidades

estn configuradas de una determinada manera, que

suponga el rechazo de un intervencionismo estatal que

siempre se ha considerado negativo para la enseanza

superior44, de suerte que aquella garanta comprende el

conjunto de potestades que dentro de nuestro

ordenamiento jurdico se ha otorgado a la universidad,

con el fin de evitar cualquier tipo de intervencin de entes

extraos en su seno. Con ello se consagra como pendn

la libertad acadmica, ante los posibles embates del poder

poltico45.

A su vez, esta garanta institucional despliega una serie

de contenidos o dimensiones, que son las siguientes46:

a) Rgimen normativo

Implica la potestad autodeterminativa para la

creacin de normas internas (estatuto y

reglamentos) destinados a regular, per se, la

institucin universitaria.

b) Rgimen de gobierno

Implica la potestad autodeterminativa para

estructurar, organizar y conducir, per se, la

institucin universitaria. Es formalmente

dependiente del rgimen normativo.

c) Rgimen acadmico

43





27

Implica la potestad autodeterminativa para fijar el

marco del proceso de enseanza-aprendizaje

dentro de la institucin universitaria.

Ello comporta el sealamiento de los planes de

estudios, programas de investigacin, formas de

ingreso y egreso de la institucin, etc. Es

formalmente dependiente del rgimen normativo y

es la expresin ms acabada de la razn de ser de

la actividad universitaria.

d) Rgimen administrativo


establecer los principios, tcnicas y prcticas de

sistemas de gestin, tendientes a facilitar la

consecucin de los fines de la institucin

universitaria.

e) Rgimen econmico


administrar y disponer del patrimonio institucional;

as como para fijar los criterios de generacin y

aplicacin de los recursos financieros.

As pues, la autonoma universitaria se ver vulnerada

cada vez que el legislador, al regular aspectos relativos a

su funcin, amenaza o afecta desproporcionadamente la

misin que la Constitucin ha otorgado a las

universidades47. Y es que, si bien no se niega que el

legislador ordinario puede implementar una serie de

polticas pblicas en el mbito universitario, ello no

significa que pueda hacerlo afectando o dejando sin

contenido a la autonoma universitaria, precisamente

porque sta es una garanta institucional que opera frente

a los actos de cualquier poder pblico.

47


28

Finalmente, particular relevancia merece, para el caso

concreto, el denominado autogobierno de la

universidad, entendido cono la capacidad que tiene la

Universidad para elegir libremente a sus rganos de

direccin, y exigir el respeto para las decisiones de estos

en las materias propias de aqul48.

1.2.3. La garanta de la cosa juzgada constitucional

De conformidad con el artculo 82 del Cdigo Procesal

Constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional

recadas en el proceso de inconstitucionalidad que queden

firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que

vinculan a todos los poderes pblicos y producen efectos

generales desde el da siguiente a la fecha de su

publicacin.

En lo que concierne al efecto vinculante de la sentencia

hacia los rganos pblicos, la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional ha reconocido que dicho efecto alcanza no

slo al fallo, sino tambin a las consideraciones expuestas

en la sentencia como fundamento de la decisin. En

efecto, en palabras del TC:

() las sentencias dictadas por el Tribunal

Constitucional vinculan, en el marco de un

proceso de inconstitucionalidad, no solo respecto

al decisum o fallo de la sentencia sino

tambin respecto a los argumentos ratio

decidendi que constituyen su fundamentacin. Y

es que, a diferencia de los obiter dicta que

pueden ser considerados como criterios

auxiliares o complementarios, la ratio decidendi

constituye, finalmente, la plasmacin o

concrecin de la actividad interpretativa del 48

TORRES MURO, Ignacio: op. cit., p. 73.

29

Tribunal Constitucional y, dada su estrecha

vinculacin con el decisum, adquiere tambin, al

igual que ste, fuerza vinculante para los

tribunales y jueces ordinarios, tanto si se declara

la inconstitucionalidad de la norma como si, por

el fondo, se la desestima49.

En el caso que nos convoca, debemos precisar que la

nueva Ley Universitaria (en el extremo en que se crea la

denominada Superintendencia Nacional de Educacin

Universitaria SUNEDU), ha sido emitida en seguimiento

de una sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional,

que sugiri precisamente la creacin de un ente de tales

caractersticas. En efecto, en la STC N. 0017-2008-

AI/TC, el Tribunal Constitucional, adems de declarar

fundada la demanda de inconstitucionalidad que haba

sido planteada, declar un estado de cosa inconstitucional

en el sistema universitario peruano, y como consecuencia

de ello, dispuso lo siguiente en su fallo:

4. Declarar () la existencia de un estado de cosas

inconstitucional de carcter estructural en el sistema

educativo universitario. Dicho estado solo puede ser

reparado en un sentido mnimo con las decisiones

adoptadas en esta sentencia, motivo por el cual es

obligacin del Estado adoptar de inmediato

respetando los criterios expuestos en esta

49

STC N. 0006-2006-PC/TC, fundamento 41. Ntese que, para el Tribunal Constitucional, la vinculacin a

las razones fundamentales de la sentencia de inconstitucionalidad, opera lo mismo cuando sta es estimatoria

o desestimatoria (ello, en contraste a lo que establece el artculo 81 del Cdigo Procesal Constitucional, que

predica efectos generales slo respecto de sentencias fundadas). En otro lugar, y con la misma determinacin,

el Tribunal Constitucional expresa: las sentencias no slo comprenden el fallo (o parte dispositiva), sino que lo ms trascendente en un Tribunal que suele identificarse como supremo intrprete de la Constitucin (art. 1. de la LOTC), son precisamente las interpretaciones que se ubican en la parte de la justificacin del fallo. Como se ha observado, dentro de la motivacin hay que ubicar la denominada ratio decidendi -o hilo lgico del razonamiento de los jueces- , que comprende en los sistemas del common law tanto el principio de

derecho como el hecho relevante considerado por el Juez (holding), como tambin las denominadas obiter

dicta o razones subsidiarias. Son las razones decisivas para el caso las que vinculan, mas no las

consideraciones tangenciales o de aggiornamento (obiter dicta) [STC N. 4119-2005-PA/TC, fundamento 12; y tambin, STC N. 0024-2003-AI/TC].

30

sentencia las medidas institucionales necesarias

(legislativas, administrativas, econmicas, etc.) para

reformar el sistema de la educacin universitaria en

el pas, de forma tal que quede garantizado el

derecho fundamental de acceso a una educacin

universitaria de calidad, reconocido por la

Constitucin. Entre dichas medidas deber,

obligatoriamente, disponerse las siguientes:

()

b) La creacin de una Superintendencia altamente

especializada, objetivamente imparcial, y

supervisada eficientemente por el Estado, que

cuente, entre otras, con las siguientes

competencias:

(i) Evaluar a todas las universidades del pas, y sus

respectivas filiales, adoptando las medidas

necesarias para, cuando sea necesario, elevar su

nivel de calidad educativa.

(ii) Evaluar a todas las universidades y filiales

ratificadas o autorizadas por el CONAFU, adoptando

las medidas necesarias para, cuando sea necesario,

elevar su nivel de calidad educativa. Esta

evaluacin, de conformidad con el fundamento

jurdico 216, supra, deber incluir a las filiales

universitarias cuyo funcionamiento haya sido

autorizado judicialmente. En caso de que, en un

tiempo razonable, estas entidades no alcancen el

grado necesario de calidad educativa, deber

procederse a su clausura y disolucin. En este

supuesto, el Estado deber adoptar las medidas

necesarias para proteger los derechos de los

alumnos, profesores y trabajadores que resulten

afectados.

(iii) Garantizar que el examen de admisin a las

universidades cumpla con adecuados niveles de

31

exigibilidad y rigurosidad intelectual, tomando en

cuenta que, de acuerdo al artculo 13 2 c. del Pacto

Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y

Culturales, la enseanza superior universitaria debe

hacerse accesible a todos, sobre la base de la

capacidad de cada uno.

El ejercicio de estas competencias de evaluacin

externa no deber dar lugar en ningn caso a

violacin de la autonoma universitaria, por lo

que no podrn incidir en el ideario o visin de

la universidad o en la libertad de ctedra de

sus docentes, o en su organizacin estructural

y administrativa (nfasis agregado)50.

As pues, como podemos apreciar, el propio Tribunal

Constitucional, a travs de esta sentencia, propuso al

Congreso de la Repblica la creacin de una

Superintendencia para asegurar la calidad educativa en

nuestro sistema universitario; pero, a rengln seguido,

dispuso expresamente que las competencias de dicha

futura Superintendencia no poda dar lugar a una

vulneracin de la autonoma universitaria, por lo que no

podrn incidir en el ideario o visin de la universidad o

en la libertad de ctedra de sus docentes, o en su

organizacin estructural y administrativa.

Es decir, al ser consciente de que la creacin de una

Superintendencia en el mbito universitario supona una

restriccin importante de la autonoma universitaria, el

Tribunal Constitucional se cuid de prever que su

funcionamiento no poda afectar la organizacin

estructural y administrativa de las Universidades que

iban a estar bajo su supervisin.

50

STC N. 00017-2008-AI/TC, punto resolutivo 4.b).

32

Sin embargo, la nueva Ley Universitaria hace

precisamente lo contrario, pues so pretexto de

implementar la denominada SUNEDU, ordena el cese de

las Asambleas Universitarias de las universidades

pblicas, lo que supone una clara afectacin de la

organizacin estructural y administrativa de nuestra

Universidad, en claro desacato a lo ordenado por el

Tribunal Constitucional en su STC N. 0017-2008-PI/TC

(caso Filiales Universitarias).

Por todo ello, consideramos que la nueva Ley

Universitaria, al realizar un seguimiento imperfecto y

distorsionado de la exhortacin formulada por el TC en su

STC N. 0017-2008-PI/TC, ha violado la cosa juzgada

constitucional que emana de dicha decisin (artculo 82

del Cdigo Procesal Constitucional).

1.2.4. Cmo afecta la nueva Ley Universitaria los

principios de seguridad jurdica, la garanta

institucional, y la cosa juzgada constitucional, en

perjuicio de los recurrentes?

En el presente acpite es necesario precisar, seor Juez,

un pequeo excurso conceptual para la procedencia del

amparo. En efecto, presupuesto ontolgico y jurdico

procesal es que exista un acto lesivo, dimanante de

alguna autoridad, funcionario o persona. Y en este marco

terico, el acto lesivo proviene de la nueva Ley

Universitaria, por lo que el sujeto activo que ha

desencadenado el agravio constitucional en estos

extremos son la acotada Ley expresada en los rubros

arriba enunciados.

a) La seguridad jurdica se ha visto menoscabada

porque si bien una nueva Ley Universitaria presupone

el mandato soberano del legislador de cambiar un

33

orden de cosas antiguos por uno nuevo; ello no debe

suponer en esta actividad legtima afectar el ncleo

duro de la predictibilidad y predecibilidad que subyace

en un sistema jurdico a travs de la seguridad

jurdica; estos aspectos ya han sido sealados en la

parte pertinente de la presente demanda; pero cabe

especificar que la seguridad jurdica se ve afectada a

travs del desplazamiento de una serie de

incertidumbres como son el otorgamiento de los

grados y ttulos por parte de las autoridades

predeterminadas por la Ley N. 23733.

b) En lo que atae a la garanta institucional, ella se

ve afectada a travs de un quiebre de la autonoma

universitaria por las intromisiones que supone el

descabezamiento de sus autoridades universitarias

legtimamente constituidas, y como consecuencia de

ello una hipertrofia de las atribuciones y competencias

de las autoridades constituidas que se ven

desplazadas por un nuevo rgano rector hoy

denominado SUNEDU, y cuya transicin de

implementacin debi ser pacfica, esto es, esperar

que culminen cada universidad pblica con el perodo

de mandato de sus Rectores y Vicerrectores y as

convocar a las nuevas elecciones como proclama la

novsima Ley.

c) Finalmente, la nueva Ley Universitaria, en un afn

presuntamente legtimo de reordenar lo que el

Tribunal Constitucional declar como un estado de

cosas inconstitucional, ha desnaturalizado y

tergiversado el fallo conforme se ha podido apreciar

en las glosas ut supra sealadas. En efecto, se est

cambiando un rgano como es la ANR por otro que va

a tener un centro de gravitacin del poder desde el

Ejecutivo, y ello en estricto mancilla la garanta

34

institucional expresada en la autonoma universitaria

que le es inherente a cada universidad como a su ente

colectivo organizado como es la ANR.

1.3. La interpretacin de la nueva Ley Universitaria a la luz de la

interpretacin constitucional (derechos pblicos

subjetivos)

Por otro lado se debe destacar, seor Juez, que el presente

proceso de amparo gira en torno a una relacin bilateral o

sinalagmtica conflictiva entre las Universidades Pblicas versus el

Ejecutivo. En consecuencia, trtase de lo que George Jellinek

denomin derechos pblicos subjetivos, entendindose por tal a

esa relacin conflictiva entre una persona natural o jurdica

(incluyendo las de Derecho Pblico interno), versus el Estado, en

tanto que aqullas tratan de afirmar la titularidad de ciertos

derechos fundamentales (como los que estn aqu en juego);

frente al Estado que pretende desconocerlos a travs de una

injerencia normativa (la flamante Ley Universitaria).

Cuando estamos ante este supuesto, no cabe duda que si existe

un margen de duda en el mbito de la aplicacin normativa de la

Constitucin, el juez debe aplicar el principio a nivel procesal de

pro actione a favor de los recurrentes (ubicado en el artculo III

del Ttulo Preliminar del CPConst.) y a nivel sustantivo aplicar el

estndar hermenutico pro homine o favor libertatis; estos

extremos debern tenerse presentes, debindose aclarar que la

frmula pro actione es para la admisin de la demanda, y los

segundos, para la sentencia que deber ser declarada estimativa.

1.3.1. Interpretacin de los derechos fundamentales

a) Principio pro homine

Unos de los principios bsicos de interpretacin de los

derechos fundamentales es el principio pro homine,

35

tambin denominado regla de la preferencia. Con

arreglo a l, se busca que, ante eventuales diferentes

interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar

por aqulla que conduzca a una mejor proteccin de

los derechos fundamentales, descartando as las que

restrinjan o limiten su ejercicio.

Como ha establecido el Tribunal Constitucional, el

principio pro homine impone que, en lugar de asumir

la interpretacin restrictiva, se tenga que, por el

contrario, optar por la tesis que posibilite que el

particular pueda ejercer su derecho ()51.

b) Su interpretacin conforme a los tratados

internacionales e interpretacin de

convencionalidad

Conforme a lo que establece la Cuarta Disposicin

Final y Transitoria de la Constitucin y el artculo V del

Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Constitucional, los

derechos fundamentales reconocidos en nuestra

Constitucin deben ser obligatoriamente interpretados

de conformidad con los tratados y los convenios

internacionales sobre derechos humanos ratificados

por el Per y en concordancia con las decisiones

adoptadas por los tribunales internacionales sobre

derechos humanos constituidos segn tratados de los

que el Per es parte.

En tal sentido, como ha enfatizado el Tribunal

Constitucional, el ejercicio interpretativo que realice

todo rgano jurisdiccional del Estado (o que

desempee funciones materialmente jurisdiccionales),

para determinar el contenido constitucionalmente

protegido de los derechos fundamentales, debe estar 51


36

obligatoriamente informado por las disposiciones de

los tratados internacionales de derechos humanos y

por la interpretacin de las mismas realizada por los

tribunales internacionales sobre derechos humanos a

travs de sus decisiones52.

c) Su interpretacin conforme a la jurisprudencia

de los tribunales internacionales: la cosa juzgada

convencional

Finalmente, como ha sido sealado profusamente en la

doctrina, las fuentes del derecho internacional se

influyen recprocamente. As, stas, a su vez, influyen

y son influidas por las fuentes domsticas. La

interpretacin de las normas internacionales tambin

puede beneficiarse de la jurisprudencia que se genere

sobre el punto en los pases parte del sistema, puesto

que la aplicacin de normas domsticas a casos

particulares tambin puede dar alcance y contenido

ms precisos a las normas de derechos humanos.

Mirando esto desde otro ngulo, el juez nacional, al

interpretar una norma de derechos humanos nacional,

tambin debe tener en consideracin las normas

internacionales y la jurisprudencia internacional.

En el plano de la interpretacin de los derechos

fundamentales llevada a cabo por los tribunales

internacionales, el Tribunal Constitucional ha sido claro

en sealar que la relacin entre stos no alude a

una relacin de jerarquizacin formalizada [entre los

tribunales internacionales de derechos humanos y los

tribunales internos], sino a una relacin de

cooperacin en la interpretacin pro homine de los

derechos fundamentales. No puede olvidarse que el

artculo 29.b de la Convencin proscribe a todo 52

STC N. 05854-2005-PA/TC, fundamento 28.

37

tribunal, incluyendo a la propia Corte, limitar el goce

y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda

estar reconocido de acuerdo con las leyes de

cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra

convencin en que sea parte uno de dichos Estados53.

En reciente jurisprudencia, el TC ha sido concluyente

en sealar que los derechos reconocidos en los

tratados sobre derechos humanos y su respectiva

interpretacin por los tribunales internacionales, son,

por as decirlo, un punto de partida, un referente

mnimo indispensable, en cuyo desarrollo se

encuentra expedita la facultad de los Estados de

ampliar su mbito normativo, sea sumando derechos

nuevos inspirados en la dignidad humana, o

acompaando a los ya previstos de manifestaciones

que impliquen una garanta adicional en su eficacia,

esto es, en la proyeccin del derecho jurdicamente

reconocido a la realidad concreta54.

Adicional a ello, y en este rubro, resulta pertinente

invocar la cosa juzgada convencional, que ha venido

siendo esgrimida a nivel de la literatura moderna por

el profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en su reciente

voto a la sentencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, en el caso Gelman Vs. Uruguay55.

En este sentido, conforme se habr apreciado, la Corte

Interamericana ha decantado jurisprudencialmente un

derecho fundamental que es convencional, relacionado

al derecho de acceso a la funcin pblica, que se ve

53

STC N. 02730-2006-AA/TC. 54


Vid., con todo, a FERRER MAC-GREGOR, Eduardo: Panormica del Derecho procesal constitucional y

convencional, Marcial Pons, Mxico-Madrid, 2013; HERRERAS CUEVSA, Ignacio Francisco: Control de

convencionalidad y efectos de las sentencias, 2 edicin, Ubijus, Mxico, 2012; FLORES NAVARRO, Sergio

y ROJAS RIVERA, Victorino: Control de convencionalidad, Novum, Mxico, 2013; y URIBE ARZATE,

Enrique: Problemas actuales de los Tribunales Constitucionales y el control de convencionalidad, El Derecho

- Porra, Mxico, 2012.

38

menoscabado con la entrada en vigor de la nueva Ley

Universitaria.

1.3.2. Aplicacin del test de razonabilidad en la nueva Ley

Universitaria

La Primera Disposicin Complementaria Transitoria de la nueva

Ley Universitaria, dispone lo siguiente:

PRIMERA.- Proceso de adecuacin del gobierno de la universidad

pblica

A la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la

asamblea universitaria de las universidades pblicas.

Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento,

ascenso y ratificacin del personal docente y no docente hasta que

asuman las nuevas autoridades de gobierno.

A tal efecto, a los diez (10) das calendario de la entrada en

vigencia de la presente Ley, se conforma en cada universidad un

Comit Electoral Universitario Transitorio y Autnomo, integrado

por tres docentes principales, dos docentes asociados y un

docente auxiliar, todos a tiempo completo y dedicacin exclusiva,

que sean los ms antiguos en sus respectivas categoras, y por

tres estudiantes, uno por cada facultad de las tres con mayor

nmero de alumnos, quienes hayan aprobado como mnimo cinco

semestres acadmicos y ocupen el primer lugar en el promedio

ponderado de su facultad.

La abstencin total o parcial de los representantes estudiantiles en

el Comit Electoral Universitario no impide su instalacin y

funcionamiento. La antigedad de los docentes se determina en

funcin al tiempo de servicios efectivo en dicha categora en la

universidad; en caso de empate se optar por los de mayor edad.

El Comit Electoral Universitario se instala teniendo como

Presidente al docente principal elegido ms antiguo; dicho Comit

convoca, conduce y proclama los resultados del proceso electoral

conducente a elegir a los miembros de la asamblea estatutaria en

un plazo mximo de veinticinco (25) das calendario.

La Asamblea estatutaria est conformada por 36 miembros: 12

profesores principales, 8 profesores asociados, 4 profesores

39

auxiliares y 12 estudiantes. Estos ltimos deben cumplir los

requisitos sealados en la presente Ley para los representantes

para la Asamblea universitaria.

La eleccin se realiza mediante voto universal obligatorio y

secreto de cada una de las categoras de los profesores indicados

y por los estudiantes regulares.

La Asamblea estatutaria se instala inmediatamente despus de

concluida la eleccin de sus miembros por convocatoria del

presidente del comit electoral universitario, y presidida por el

docente principal ms antiguo.

La Asamblea estatutaria redacta y aprueba el estatuto de la

Universidad, en un plazo de cincuenta y cinco (55) das

calendario.

A la fecha de aprobacin de los nuevos estatutos, la asamblea

universitaria establece el cronograma de eleccin de las nuevas

autoridades y el plazo para su designacin en reemplazo de las

autoridades vigentes. El referido cronograma debe incluir las

fechas de la convocatoria a nuevas elecciones, de realizacin del

proceso electoral, y de designacin de las nuevas autoridades.

La designacin de las nuevas autoridades debe realizarse

antes de que concluya el perodo de mandato de las

universidades vigentes.

Aprobado el estatuto de la universidad y el referido cronograma,

la asamblea estatutaria asume transitoriamente las funciones de

la Asamblea universitaria hasta la eleccin de las nuevas

autoridades. El proceso de eleccin de nuevas autoridades es

realizado por el Comit Electoral constituido conforme a lo

establecido por la presente ley, y comprende la eleccin de rector,

vicerrector y decanos, reconstituyndose as la Asamblea

Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad.

Es de responsabilidad de las autoridades elegidas completar la

adecuacin de la universidad a las normas de la presente Ley y el

respectivo estatuto.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE participa y

garantiza la transparencia de los procesos electorales, a travs de

la asistencia tcnica a cada Comit Electoral Universitario.

Ahora bien, como quiera que la esencia del proceso constitucional

de amparo es la tutela de los derechos fundamentales de

40

contenido constitucional, resulta en el presente caso esgrimir un

criterio hermenutico de especial relevancia en la jurisdiccin

constitucional.

En efecto, en la Teora de la Interpretacin Constitucional, los

derechos fundamentales exigen, cuando se van a restringir, si

dicha restriccin resulta ser legtima para alcanzar los fines que

persigue la ley. En tal sentido, los jueces intrpretes, tienen hoy

una herramienta objetiva para verificar cualquier acto restrictivo

que suponga la afectacin o no de algn contenido esencial de un

derecho iusfundamental.

Nos corresponde, seor Juez, en este extremo, aplicar el test de

proporcionalidad a la Primera Disposicin Complementaria

Transitoria (DCT) de la nueva Ley Universitaria, que hemos citado

lneas arriba.

Surge, en consecuencia, la interrogante siguiente: la intervencin

del legislador en el derecho fundamental de acceso a la funcin

pblica, es imprescindible para su cometido de implementar una

nueva Ley Universitaria? O acaso, tal actitud es invasiva y

violatoria y, en consecuencia, dicha intervencin supone un

vaciamiento del contenido esencial del derecho a elegir, ser

elegido, y el derecho a mantenerse en el cargo dentro del perodo

para el que se fue elegido; y, por tanto, todo ello, resulta ser

inconstitucional?

Como se sabe, seor Juez, el test de razonabilidad, segn la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es un anlisis de

proporcionalidad que est directamente vinculado con el valor

superior justicia; constituye, por lo tanto, un parmetro

indispensable de constitucionalidad para determinar la actuacin

de los poderes pblicos, sobre todo cuando sta afecta el ejercicio

de los derechos fundamentales56.

56

STC N. 0050-2004-AI y otros (acumulados), fundamento 109.

41

Este test se compone, a su vez, de tres principios, que son los

principios de idoneidad o adecuacin; de necesidad; y de

proporcionalidad en sentido estricto. El propio TC los define con

estas palabras:

De acuerdo con el principio de idoneidad o adecuacin,

toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser

idnea para fomentar un objetivo constitucionalmente

legtimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad

constitucional del objetivo y, segundo, la idoneidad de la

medida sub examine. El principio de necesidad significa

que, para que una injerencia en los derechos fundamentales

sea necesaria, no debe existir ningn otro medio alternativo

que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar

el objetivo propuesto y que sea ms benigno con el derecho

afectado. Requiere analizar, de un lado, la idoneidad

equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el

menor grado en que ste intervenga en el derecho

fundamental. Por ltimo, de acuerdo con el principio de

proporcionalidad strictu sensu, para que una injerencia

en los derechos fundamentales sea legtima, el grado de

realizacin del objetivo de sta debe ser por lo menos

equivalente o proporcional al grado de afectacin del

derecho fundamental, comparndose dos intensidades o

grados: el de la realizacin del fin de la medida examinada y

el de la afectacin del derecho fundamental57.

1.3.3. Anlisis de los subprincipios de razonabilidad para

el presente caso

a) Subprincipio de idoneidad o de adecuacin

De acuerdo con este principio, toda injerencia en los

derechos fundamentales debe ser idnea o capaz para

fomentar un objetivo constitucionalmente legtimo. En 57

STC N. 0050-2004-AI/TC y otros (acumulados), fundamento 109 (nfasis aadido)

42

otros trminos, este subprincipio supone dos cosas:

primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y,

segundo, la idoneidad de la medida utilizada58.

En el presente caso:

- Existe la necesidad de reformar la Ley N. 23733,

Ley Universitaria, por otra norma moderna y a la

altura de los nuevos tiempos (objetivo

constitucionalmente legtimo)

- Pero ese objetivo, est significando la injerencia en

cada Universidad de destituir a sus autoridades

legtimamente constituidas. En consecuencia, para

conseguir el objetivo legtimo, se est utilizando un

medio gravoso. En palabras del TC, resulta

inidnea la medida utilizada.

b) Subprincipio de necesidad

Segn el subprincipio de necesidad, para que una

injerencia en los derechos fundamentales sea

necesaria, no debe existir ningn otro medio

alternativo que revista, por lo menos, la misma

idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que

sea ms benigno con el derecho afectado. Se trata de

una comparacin de la medida adoptada con los

medios alternativos disponibles, y en la cual se

analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor

del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de

intervencin en el derecho fundamental59.

En el caso concreto, nuevamente, se verifica en este

subprincipio que la injerencia de la Ley en destituir a

las autoridades recurrentes resulta no slo inidnea,

58



43

sino que puede haber otro medio alternativo. Y, este

medio que aqu esgrimimos, es el siguiente, y que

deber vuestro Juzgado tener en cuenta al momento

de disponer el fallo: que la Ley Universitaria no

requiere de la aplicacin de dictar medidas gravosas

de destituir a las autoridades, sino que stas

permanecern en sus cargos hasta que termine su

perodo o mandato; y a partir de all que se convoque

a nuevas elecciones con un plazo razonable previo, a

fin de que se elijan, en trminos democrticos y por

elecciones universales, a las nuevas autoridades.

Esta debi ser la opcin ms legtima o benigna que

alude este subprincipio.

c) Subprincipio de proporcionalidad

Finalmente, en atencin al subprincipio de

proporcionalidad, para que una injerencia en los

derechos fundamentales sea legtima, el grado de

realizacin del objetivo de intervencin debe ser, por

lo menos, equivalente o proporcional al grado de

afectacin del derecho fundamental. Se trata, por

tanto, de la comparacin de dos intensidades o

grados: la realizacin del fin de la medida examinada

y la afectacin del derecho fundamental60.

En cuanto corresponde al principio de proporcionalidad

strictu sensu, se debe analizar si la realizacin del fin

perseguido es proporcional a la intervencin del

legislador en el derecho fundamental a ser elegido y

que se respete el derecho a mantenerse en el cargo

para el que se fue elegido.

Sobre este extremo, se debe insistir en que el

contenido esencial del derecho a ser elegido, como ya 60


44

lo hemos sealado, se encentra reconocido en el

artculo 31 de nuestra Constitucin, el cual recoge el

derecho al sufragio en sus dos acepciones: una

dimensin activa (el derecho a elegir) y una

dimensin pasiva (el derecho a ser elegido).

La nueva Ley Universitaria no puede privar

arbitrariamente el derecho ciudadano a elegir y ser

elegido, reconocido en el artculo 31 de nuestra

Constitucin. Es decir, al destituirse a las autoridades

universitarias antes de que venza el plazo de su

mandato o cargo, s se afecta el contenido esencial del

derecho al cargo del funcionario pblico. Esta

intervencin no slo no es idnea, sino que, conforme

se ha analizado en el subprincipio de necesidad,

existen otras vas alternas menos gravosas o

invasivas.

1.3.4. Recapitulacin: el amparo como proceso

constitucional idneo frente a la interdiccin de la

arbitrariedad

A lo largo de la presente demanda, podr apreciar

vuestro Despacho que si bien la nueva Ley Universitaria

tiene objetivos legtimos, pues hace mucho tiempo debi

reformarse el sistema universitario con una nueva Ley;

sin embargo, se podr verificar, repetimos, que resulta

ser ciertamente invasiva y que el legislador no ha

necesitado de estos extremos para que la Ley que

mantenga inclume de vicio de inconstitucionalidad. En

efecto, es a todas luces arbitrario que, en el afn de

superar el estado de cosas inconstitucionales en el

sistema universitario, existe cierta prepotencia en dejar

sin efecto a las autoridades elegidas democrticas dentro

de su sistema universitario, por un lado; y por otro, dejar

sin efecto la ANR, conforme veremos luego.

45

2. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ASAMBLEA

NACIONAL DE RECTORES (ANR)

La Sptima Disposicin Complementaria Transitoria de la nueva

Ley Universitaria, prescribe lo siguiente:

Constityase el Grupo de Trabajo encargado de realizar el

cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de

personal y financiero de la Asamblea Nacional de Rectores

(ANR) y su Consejo Nacional para la Autorizacin de

Funcionamiento de Universidades (CONAFU), en el que

participarn:

a) Un representante del Ministerio de Educacin, que lo presidir

b) Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores

c) Un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales.

El Grupo de Trabajo antes sealado, se instalar en un plazo no

mayor a 10 (diez) das mediante resolucin ministerial del Sector

Educacin. Instalado el Grupo de Trabajo, tendr un plazo no

mayor de 90 (noventa) das para realizar el cierre presupuestal,

patrimonial, administrativo, de personal y financiero, luego de lo

cual se extinguir la Asamblea Nacional de Rectores y su

Consejo Nacional para la Autorizacin de Fu

233283973 demanda ley universitaria 8 de julio

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cdigo procesal constitucional

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