INCONS

Sr. Juez

9% •1ç II 4

FN Lr) AL)ml iiL-iA1 N 7

AIU .

SIENIDO LAS . H OR, AS FIRMA DE LETRADO

L cAUSA AJNTEfl

A CASO FED

Laura Alonso, Federico Pined o, Patricia Bulirich, Sergio Bergman, por derecho propio, COn el patrocinio letrado do los Dres. Juan Ignacio

(T" 79, F° 788) y Leonardo Hugo Limanski (T° 113, F° 686), mantenjendo el dornicilio constituido en ci expediente carat-ulado "Alonso, Laura y otros c/EN - Consejo de la Magistratura s/amparo Ley 16.986", n° 33686/2015, a V.S. decimos q Lie:

1. OBJETO: Venin-ios on legal tiempo y forma a ampliar la dernanda

opOrtunamente presentacla, en razOn do las consideraciones de hecho y do derecho que expondremos a con till uacj Asimismo, venimos a formular recusaciOn contra ci Magistrado inlerviniente Dr. Esteban Furnari.

11. RECUSACION

Habiendose declarado la conexidad de las presentes actuacionos, remitjéi'idose al Juzgado Nacional do Primera Instancia en lo

Contencioso Federal n° 2, a cargo del Dr. Esteban Furnari, venirnos a recusar con

exprosiOn do causa a! Magistrado interviniente por las consideraciones que exponemos a COfl till Lldciófl.

Ello fundado on quo ci Magistrado on cuesljOn, Dr. Esteban Furnari, ha procedid() a excusarse de intervcnjr en causas on las que ci

denmndado fuera ci Estado Nacional - Consejo de la Magistratura, do la NaciOn

por razones do decoro y delicadeza. El Magistrado ha interpretado

sistemá licamente que encontrarse inscripto corno concursante en diversos

cuncursos quo se encuentran en trámite ante el Consejo de la Magistratura Constit-uye una causal válida para la excusaciOn (Vgr. causa "Rodriguez Varela Ignacio c/EN -Consejo do la Magistratura s/an-iparo icy 16.986, expediente n° 75855/2014" (resoluciOn de fecha 11/02/2015)).

Es decir quo es ci propio Magistrado interviniente quien

olorga sustento a la poticiOn, al haberse excusado en otras causas en las que se

encuen Ira demandado ci Consejo do la Magistratura. En tal sentido, consideramos

que deberia hacerlo también en la presente causa, por razones de delicadeza y

decoro y a fin de garanUzar la absoluta objetividad, neutralidad c imparcialidad. Subsid iariamcnte, venimos a forrnu lar recusación sin causa

del magistrado interviniente.

III. AMI'LTACION DE DEMANDA los cUscriptOs afliphcmflloS demancla en los teinhiflOS kj Lie

siguen. 1 . En primer lugar, ampliamos la demanda presentada,

en lo relativo a la legitimaciOn y a peticionar: a) la declaraciOn de

inconstitucionalidad del art. 20 do Ia ley 27145; y b) la declaraciOn do inconstitucionalidad de la Icy 26.854 per la cual so limitan las medidas cautelares

contra el Estado. 2. Respecto do nuestra legitirnaciOn, ratificamos su

sustento en la reciente doctnna jurisprudencial de la Corte Suprema surgida del

fallo "Cole gio Ptibiico de Abogados do l'ucumiin", on tanto Ic es asignada al

"simple ciudadano" la aptitud para impugnar aquellas normas 0 actos contraries a

"expresas disposiciones conshtucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobiorno". Frecisamente, la inamovilidad o estahilidad do los

jueces -aUn de los subrogantes o provisorios, come tiene dicho categOricamente la

Corte Interamericana do Dereclios 1-lumanos- es una explIcita disposiciOn que so

encuentra en ci articulo 110 de la ConstituciOn v sit ttnico objelo es garantizar la independencia do los jueces en araS de la division do poderes republicana y la proteccion del ciudadano. Son idénticas las palabras empleadas por la Corte en ci

inencionado caso "Colegio de Ahogados de Tucumán" que en el caso "Iribarren" (1999) y otros: entre las "expresas disposiciones conslitucionales que hacen a la

esencia do la forma republicana", y para cuya defensa judicial Sc encuentra

habilitado cualquier ciudadano, se encuentra con toda claridad -para la propia Cone- la inamovilidad e independencia de los magistrados.

El nuevo estándar do legitimaciOn dispuesto por la Cone, sin dudas engarza con una premisa sostenida per el Alto Tribunal en ci caso

"Rizzo" (2013), segUn la cual "do acuerdo la forma republicana representativa de

gobierno que estable('e nuestra ConstituciOn, el poder se divide en ties departamentos con diferentes funciones formas do elecciOn pero cuya legitimidad democrática es idéntica" ("Rizzo", considerando 60). Ello obliga a revisar las reglas tradicionales en materia de legilimaciOn, precisamcnle sustentadas en hi -

aparente- menor legitirnidad democrática del Poder Judicial frente a los órganos politicos. La equipardciOn quo se sostiene en relaciOn u dicha legitimidad, ha

determinddo ci ensanchamiento de hi legitimaciOn inaugurada en "Colegio de Abogados do Tucurnân".

Teniendo on cuenta que los trihunales inferiores de la NaciOn so encuentran obligados moralmente a conlormar sus decisiones a las

sentencias do hi Corte, por el valor v la autoridad institucional que aquellas ostentan (conf. "Pastorino", Fallos 25:368; "Santin Jacinto", Fallos 212:59.315:2386 y

"Jáuregui", LA LEY, 1993-A, 375, entre muchos otros), solicitamos a S.S que do

acuerdo con los precedentes "iriharren" (1999) y "Colegio do Ahogados de

Tucumän" (2015) tenga sin ms por acreditada nuestra legitimaciOn para

cuestionar La RcsolnciOn 180/15 del Consejo do la Magistratura y Ia ley 27.145, a nibas aniqu i1itorias de la indepenclencia judicial.

3. Ratilicamos asnmsmo nuestra legilirnaciOn en tanto nuestra calidad dc "pane" en actuaciones quo se encuentran en trámite por ante los tribunales del Poder Judicial do la Nacián, cuya dehida integraciOn -do acuerdo con los pnincipios v garantias coils Utucionales- se encuenira seriarnente compromet- ida v alectacla niodiante la icy 27.415. En esto sentido, insislimos ante

S.S quo nuestra legitimacion para accionar en ci caso resulta justificada tainbién

desde la porspectiva clásica de lo quo significa tin derecho subjetivo o afcctaciOn

concreta, especial y directa a los ofectos do tener por configurado un caso o

controversia en los términos del artIculo 116 do la ConstituciOn y el art. 2 de la ley 27.

En sunia, ci sistenia de designacion de jueces subrogantes ostablecido en ci al-ticuIc) 20 de la Icy 27.145 nos afecta on nuestra

Orhita individual dosde una doble perspectiva: corno ciudadanos, pites aniquila la

independencia judicial y deiorma la forma republicana do gohierno; y como justiciables quo Sofl1OS parte en causas judiciaies, pues on forma especial y concreta

pone on sono e inminente poligro la garantla do juez natural en la integraciOn de los tribunaios quo habr'in do intervenir on aquelias causas.

Sobre la inniinencia do tal peligro, téngase presente

que en ci punto 6° do la Res. 180/15, ci Consejo de la Magistratura dispuso oficiar

a todas las cmaras nacionalos y federaies dol pals a fin de que informen las

subrogancias existontes en sus respectivos fueros, ello con ci propOsito evidonte de

extender hi facuitad ejercida por la Res. 180/15 al Jimbito do todo el Poder Judicial

do la NaciOn, ratificando o haciendo cesar a su entera discreciOn las designaciones

do jueces subrogantes. Elio importa haber dado principio de ejecuciOn al

avasallamiento absoluto de la independencia y de la garantia de juez natural en la totalidad del Poder Judicial, y en cuyos cliversos fueros los suscriptos revestimos distintamente la calidad de parte accionante, queretlantes, denunciantes,

denunciados y terceros intervinientes en calidad de amicus curiae.

AUn más: este nuismo proceso judicial so encuentra

sornetido eventualniente al conocimiento y decisiOn de magistrados subrogantes del fuero contencioso adniinistrativo federal, amenazados en su independencia por la ilegitirna facultad quo se ha arrogado el Consejo de la Magistratura

mediante la ResoiuciOn 180/15 y par el mecanismo harto-cliscrecional de

designaciOn do subrogantes estblecido en la ley 27.145. Que independencia

puede toner un juez subrogante para conocer en esta causa on que se dernanda al Consejo de la Magistratura, cuanclo su permanencia depende precisamente de la

voluntad dc 6 o 7 consejeros? Do acuerdo con todo Ia anterior, los suscriptos

ostentarnos legitimacion desde cualquier angulo en que esta puede analizarse: la

tradicional anclada on la categoria de derecho subjetivo, par nuestra calidad de

litigantes, y la reciente quo acuerda a cualquier ciudadanc) Ia protecciOn dc la

forma re1iublicana Y la independencia judicial. 4. En relaciOn a la inconstitucionalidad del artIculo 2° de

la reciente Icy 27.145 sabre subrogancias, ciihe precisar quo esa disposiciOn

estihlece: "El Consejo do In Macistratitra iIt'sigiiara siibroantes por inhn/oria absolitta de

Los inieinbros pn'seii It's. La k'signacioii so reali:ara con tin JilL': 0 JUCZfl do igiial

coinpetencia do In inisinit jiirisdiccioii o con un ,nicn,bro do In usIa do conjueces

confeccionadt do acuerdo 1110 dispitesto en ci (irticUlo 30 do in presente toy".

Hay dos aspectos de dicha disposiciOn quo so encuentran en colisiOn manifiesta con la ConstituciOn Nacional, al poner en serio

peligro la independencia judicial mencionacta en ci articulo 114 y la garantia de

juez natural reconocida en ci art. 18. Uno do ellos es ci viriculado con la rnayorIa

necesaria para designar magisirados, y ci otTo la on'iisiOn de todo tipo do inecanisno objetivo para dichas designaciones, clejándolas libradas al completo

arbitrio del Consejo de in N!agistratiu'a. a. Mn)'oria necesaria para designar jueces.

1:1 art, 2° do la ley 27.145 establece que es suficiente para

designar a un juez suhrogante la mayoria absoluta de los miembros presentes on el plenario del Consejo do Ia Magistratura. Vale decir que, de acuerdo con esta

disposiciOn, un juez subroganie podrIa a ser designado por 4 (cuatro) consejeros sobre 7 (siete) quo son suficientes para sesionar con quOrum (conf. art. 90 icy

24.937). Supongamos: ci representante del. Poder Ejecutivo, rnás tres legisladores quc representen al ouicialisrno de turno en las cárnaras del Congreso de Ia NaciOn.

Ello contrasta ahiertarnente con el regimen general de la icy 24.937, de acuerdo con ci cual es necesaria la mayorIa absoluta del total de los

miembro del Consejo (esto es, 7 como minimo) para aprobar los concuisos y rernitir al Poder Ejecutivo las ternas vincuiantes de candidatos a magistrados.

Entonces, la posibilidad de que sean designadas personas para desempeñar la funciOn judicial con la sola voluntad del oficialismo

ignora una de las finalidades expilcitas de la reforma constitucional de 1994, cual

fuera la de despolitizar la designacion de magistrados. AsI lo precisó la Corte Suprema en ci caso "Rizzo", al sostener que "el segundo párrafo del articulo 114 debe

lizierpretarse coino parte tie un sistenia que liende, en pulabras del preánihulo, aflanzar In jiisticui flSegurnr los bt'ne/icios de 1(1 lil'ertad. Para lograr esos fines nuestra Cons!i!ución

Nacwiial garantiza in iiulepeiidencia tie los jueces cii fanto constituye uno de los pilares

bnsics del Estiulo Coiisf,Iijc',oiial Por eilo, ci imew ,nec.anis,no institucional tie

(lc'sigi/(ILiIz tic /III IgISlrntIos ill , tri'biiiiiih's nijeriores en grndo esia Corte, conteinpiado en In

i'Jriiia tie 1994, dej6 tie latlo ci sisteijiti tie natuiraleza exciusinaniente politico-pnrtidario

tie nbsoluiiii ilisCrc'Cu)!lnluintI i/lie t'stnbn cii Ciibei'ii del Pot/er Ejecutivo del Scinulo de In

I\Jació,i. Till o/)cion no puede 51110 t'tuleiitierse comno on 11101/c) de fortaiecer ci priulciplo tie jIule/ielldc'I!Ci(1 jilIliCifli, Cii ttiiito gum!! titi pfl'ViS fri or in Constituci6u Federal. En ëste seiziulo, 10) Iui 11(7(10 lucar controoers ins tzie In i,iserción del Grnsejo tie la Magistratura COIflO nuitoridad tie in Nncióu ha tenido porfinalidad priutcipal despolitizar parcialmente ci

pmcedi;iiieizto vigelite ilestle 1853 para hi designacióii de los jueces, priorizando en ci

proceso tie selc'ccióiz zion ponderaci6n con ci mayor grado tie objetividad tie la idoneidad

cieiz till/ca proJesioiuzl del ca,ululato, /'or sobre la discreciounlidad absoluta" (considerando 20'). En lérminos utilizados por In Corte, Ia reIornia consht-ucional se propuso "cievar ci uinbrai de garanthi de independeiicia judicial".

/\simismo, en ci caso "Rizzo" (2013), expresO que "la

concepcion de los constiturentes quo aprobaron ci texto sancionado fue mantener

C,11 ci Consejo un equilibrio entre sectores do distinto origen sin que exista predoimnio do uno sobre otros. Es decir que ningt'tn sector cuente con una cantidad ile n'presen Lan Los quo IC permita ejercer una accion hegemOnica respecto

del conjunto controlar por Si niismo al cuerpo. Sc concluye tamhiOn que con la

conformaciOn del Consejo de la Magistratura In ConstituciOn persigue como

principal objetivo fortalecer la independencia judicial. Para ello, se ha buscado

reducir la gravilaciOn politico-parlidaria en la designaciOn de los jueces, previendo una integraci6n equiiibrada respeclo iii poder que ostentan, por un lado, el sector

politico y, por ci otro, el estamento técnico. Esto es, que los representantes de los

6rganos politicos resultantes de la elecciói-i pojular no puedan ejercer acciones

hegemOnicas predominar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados de los académicos cientificos, ni viceversa" (considerando 25°).

Dc ello surge que Ia aplicacion del art-iculo 2° de Ia icy 27.145 permite la posibilidad de que cuatro o cinco miembros del oficialismo o gobierno politico (2 diputados, 2 senadores v el representante del Ejecutivo) ejerzan una hegemonia y determine n por Si rnisn-tos la cobertura de cargos vacantes en los trihunales, ostenlando ese poder a su vez para postergar indefinidamente la designaciOn de los titulares.

Como conclusion, ci articulo 2° de la icy 27.145, en tanto deciara que es suficiente la rnayorfa absoluta de los mien-tbros presentes del plenario del Consejo de la Magistrat-ura para designar jueces subrogantes, es inconstjtucjonai y contrarjo a los ails. 18 y 114 de la ConstjtucjOn Nacional.

h. Ilegitirnidad de las facultades discrecionales otorgadas al Consejo de la Magistratura

El art. 2° dc la ley 27.145 viola asintisnio la ConstituciOn al establecer que "La (lesignaciOn se realizará con on juez 0 jueza de igual cornpetencia de La iiiisma jurisdicciOti o con on miembro de la lista de conjuc'ces confeccjonad de acuerdo a In dispuesto en ci articulo 30 de là presente Icy".

La norma conirasta ahiertai-nente con ci anterior sislema estabiccido on ci Articulo 31 dci Reglamento para la Justicia NJacional (DecreIc) Ley 1285/58), de acuerd() con so modi1icacjn por ley 26.371 -el cual la ley 27.145 deroga-, y es inconstitucional pues reemplaza on sistenia de

designacion OBJETIVO por uno que Ic concede absoluta DISCRECIONALIDAD a!

Consejo de la Magist'ratura para designar a los subrogantes, al eliminarse las

ünicas dos pautas objetivas que tenia ci regimen anterior para asegurar Ia garantia de juez natural: a) ci orden de prelaciOn v h) ci sorten.

En ci Sist("I'la anterior, his vacancias en las cimaras de apelaciones v en los lrihunalt's ories se tntegraban por sorteo entre 105 dcms nuembros I1e aquélias, luego dcl 111151110 .1110(10, con Los jueces de la otra Cdrnara (la cmara afIn por la ma len)' v, por "1161110 ta inbkii por sorleo, con los jucces de primera instancia quc dependan de Ia Ci Diii ra quc dehc integrarse".

Para los tribunai(Is de Piiiera instancia, de acuerdo con la ley 26.855, se des ha till 511 i)rOga nte Lit! acuerdo al siguienite orden i) Con on juez de igual competencia de la misma jurIsdicciOii, tenienclo preiaciOn ci juez

de la nominacion, inmediata sigLIieIlte en a1ueIlos lugares donde tengan asiento

nias .Ie Ufl jUzgad() d€ igual competencia; ii) Por sorteo, entre una lista de Conjuec'e confec cionada por ci Poder ljecutivci nauonai.

Li 1ev 27.145 elimina en ambos casos (cárnaras y juzgados) ci sorteo V establece como alternativa discrecional del Consejo designar a un jue/ Lit' ia misnia competencia v jurisdiccion o a un juez de la lista de

conjueces corthccionada por ci Ejecutivo, con to cual aniquila la garantia de juez

natural v permite que una ocasional mnavorIa oficialista on el Consejo de la

N'lagistratura coloque a personas determinadas a cargo de determinadas causas jud ic i ales.

Esa posibilidad es deita y concreta, pues la ley establece que es sulicicnte la mavoria absoluta de los presentes para designar a un subrogantc. Y cilo alecta de rnanera sustanciai, concreta y directa nuestros dereclios; p01' ejelTnplo i'especto dc la integraciOn de los tribunales con competencia pena l, v electoral.

La chininaci6n de toda pauta objetiva V abstracta de seiecciOn de subi'ogeintcs (que son fres: ci sorteo, ci orden de preiaciOn y Ia

se1eccin por merlin) resii ha par ticukirmente sugestiva v peligrosa para la

indcl.undencia judicial. Sc posibihiLiria en ci Poder Judicial la maniobra

consumada poi' ci oticiahismo en ci Nhinistenio Püblico Fiscal de la Nación, a través

de la ['rocu radora General, Dna. .'\Iejand ra Gus CarbO, en cuanto ha designado

como subi'ogai.tes en las 16 fiscalias nuevas creadas por las ley complementaria al

nuevo COdigo Procesal de la .Nación, a iiscales de cualquier fuero y jurisdicciOn

del pais, eligiendolo.s arhitrariamente y en algunos casos de aciierdo con su cei'cania politicci al colectivo oticiIist "Justicici Legitima" s•' a su representante fundanieiita I en ci Niinisterio PU bike, que es la mencionada Gus CarbO.

En tales condiciories, al posibilitar que ci oficialismo

en C Ejccutivo y con simple mavonia en ci Senado v en ci Consejo de la

Niagistratura determine con total hibertad his personas que habi'in de cubrir

provisoriainente las vacantes en 10 ti'ibunales federales, la 1ev entraña un ataque

dii'ecto a la i.ndepcndcncia judicial v at sistcma repubiicano de gobierno.

Como conclusion ci art. 2 ile la ley 27.145 es

inconstilucional pues conculca la garantia de juez natural de la causa (art. 18 CN).

IV. PI..ANTEA INCONSTITUCIONALIDAD DE

LA LEY 26.854

Este plantco so efccftia aiin a pesar do La letra expresa

de la Ley 26.854 quo exciuve a las acciones tie amparo, toda vez que su confuso

texto no permite apreciar con claridad cuâies han sido los alcances de las

excepciones establecidas en ci arLiculo 19°.

Para ci hipotetico supuesto que S.S. entienda aplicable sus disposiciones, SO platitea la inconstitucionalidad do la norma v SO

solicita quo a la medida can tolar solicitdda no to scan aplicables dichos art-Iculos.

Al respecto ca be precisar quo resulta

inconstitucional, en ci presente caso, ci OXCCSO reglamcntari() dispuesto en cuanto a los requisitos exigibles en la norma para Conceder una medida cautelar, porque

ello produce en los hechos una iirnitaciOn irrazonable a la faculiad do los jueces

para poder evainar en cada caso concrcto si corresponde o no otorgarlas. Sobre La

base de ello cabe señalar quo la aplicaciOn dogmática del principio recogido en la

norma do que las medidas cautehires no podran COulcidir con ci objeto tie la

demanda principal (art. 3, inc. 4) dobe ceder, on ci presente caso, en que un

examen profundo do la sit uaciOn planleada dojaria desprotogido a quien acude a reivindicar su derecho. En efecto ci mecan ismo establecido en la norma importa

una lesiOn del derecho constitucional a là 1uteli judicial eloctiva (conf. art. 18 do la

Conslilucion Nic:iona1, arts. XVIII v XXIV do la DcclaraciOn Americana do los Derechos y Deberes dcl 1 lumbro, art. 8 do la DechiraciOn Universal do Derechos

Hunianos, arts. $ y 251 do là ConvcnciOn Americana sobre Derechos Humanos, arts. 2 inc. ap, a v b v 14 inc. I, del Pacto lnk'rnacional de Derechos Civiles y Politicos, FalIos:327:522), so viola la division do poderos v ci derecho at debido

proceso formal v sustancial, on cuanto desconoco las facultades ordenatorias e instructorias propias do la funciOn judicial.

Adomás, en ci presento caso, ello resulta do la obligacion dispuesta en la norma con rolacion a la necesidad de exigir do manera obligatoria nfl informe previo (art. 4), cuando so trata do una cuestiOn do derecho v no do hecho (circuns1incia quo -en Sn caso- permitiria considerar alguna circunstancia particular coii ieIici('n a là apiicaci()jj do là nOrmativa cuestionada y, on consecuencia, hi necesidad do c nsiderar ci correspond iento infurmc).

Cabe arrihar ci igual juicio do incoiishtiicionaiidad Con reiacion a la contjaci i1e1ci cxic,ihic (ait. 1(), inc. 1), en cuanto oxc!uvc la cauciOn jLiratoria, porquc do implica uii avance irrazonable sobre las facultades propias tie la funciOn judicial.

La ComisiOn Enterainericana do Derechos Hurnanos

do la Or',anizaciOn do los Estados Americanos ha sostenido que el derecho a la

tutela judicial etectiva impidc' quo Cl acceso a La justicia se convierta on un

desagradable jUeg() do cnnlusioncs on detrrniento do los particulares. Por ello las

gcirantias a la tutola judicial elecliva V a! debido proceso imponen una interprelClcion mas justa \ beneficiosa en el examen do los requisitos do admisiOn a

la jusliCia, al pulito quo por ci principio pro actione, hay que extremar las

posihilidades do interpretacion en el scnhdo rnás favorable al acceso a La

jurisdicciOn (CCAFed., Sala IV, in re: "Bejarano Nicanor Norberto", del 30-10-01).

También se ha señaiado que la medida cautciar podra resultar, en ciertos casos, un

olemonto impresci.ndible, Va quesu desConoCimiento podrIa lievar a la im[x)s ibilidad do diciiir Una sentencia üffl en situacioucs do urgencia (CCAFed.,

Sala I V, in re: "Rio Negro S,R.L.", del 22-09-98 y Sala II, in re: "Grimberg, Marcelo Pablo", del 25-06-02).

Asimisino, V respecto a los ilmites impuestos a la

contracan tela, v at('n to quo so ha s()licjtado v ofrecido caucion juratoria, se solicita quo e.sta so tenga pr suliciento garantia. En este Contexto, entendernos, V cISl lo

solicilam( s. que sea solo ci Juez quiefl estirne cual es la contracautela que resulta

md icada 11,11-a ci caso coiicroto.

Pirticu larrnente grave resu ha lo dispuesto por

articulo 13 inc. 3 do la l..,ov 26.85.4, quo otorga efecto susponsivo al eventual recurso

do apelacion interpuesto por ci EN. Esta norma pretende vaciar de contenido la

oportuna decisiOn cautelar convirtiendola en letra vacia y amquiiando ci

fundamento nusiuo do las medictas cautelares (Conf. "FARGOSI ALEJANDRO

EDUARI)() c/ EN-PEN-", JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FL.DERAL 6, 10 de julio de 2013).

V. PLANTEAMOS CASO FEDERAL

En caso dc que no fuera acogida nuestra pretensiOn,

se acudira ante los estrados de la Corte federal por encontrarse comprometida en

ci caso La aplicaciOn do nornias do indudable carcter federal y jerarquia

cons ti tucional, asI como ci respeto de derechos y garantIas cons tituci onales

(derecho do defensa, dehido proce.so y juez natural art. 18 C.N, independencia

judicial, art. 114 CN, inamovilidad do los jueces, art. 110 CN).

Por lo expuesto a S.S solicito: 1) I'revio a todo trámite, se tenga por for mulada la

recusaciOn con causa, y decline el magistrado de continuar entendiendo en la presente causa;

2) Se tenga por ampiiida la demanda y pase a resolver la medida cautelar planLeada;

3) En defecto de lo anterior, se dicte una medida precautelar hasta tanto la den'tandada produzca ci informe previsto en la icy 26.854.

4) Se declare la ulconsUtucionalidad de Ia ley 27.145

PRO VEE UCONFORMIDAD SERA TICIA

U

( C( Aw

31I JMA