cien días vistos por cinep/ppp - abril de de 2011/ no 72

No. 72 | Abril - Julio 2011 | | www.cinep.org.co |44

No. 72 | Abril - Julio 2011 || www.cinep.org.co | | www.cinep.org.co | 1

Contenido

Consejo EditorialMauricio García Durán S.J.

Teófilo VásquezAna María RestrepoLucía Camargo Rojas

Colaboran en este númeroDiego QuirogaVíctor Barrera

Dagoberto Muñoz Fernando SarmientoAlejandro Angulo S.J.

Vera SamudioMartha Cecilia GarcíaAna María Restrepo

Juana YunisMargareth FigueroaLucía Camargo Rojas

Coordinación EditorialLucía Camargo Rojas

[email protected]

Diseño y edición fotográficaMargareth FigueroaLucía Camargo Rojas

DiagramaciónNatalie Galindo

Margareth Figueroa

Ilustración y diseño de portadaFelipe Camargo Rojas

[email protected]

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz(CINEP/PPP)Carrera 5a. No. 33A-08Tel: 2456181web: www.cinep.org.coe-mail: [email protected]á D.C., ColombiaAbril - Julio 2011

Editorial Ley de víctimas: ¿Un paso hacia la paz? .................................... 2Por Mauricio García Durán S.J.

Seguridad y política ¿Qué tan nuevas son las bandas criminales? ............................ 3Por Diego Quiroga

Futuro incierto para “bacrimpolítica” en elecciones ................. 8Por Víctor Barrera

Del paraíso al infierno ............................................................... 12Por Dagoberto Muñoz Erazo

PazLas herencias de Uribe, trabas para la paz de Santos ............... 15Por Fernando Sarmiento Santander

Termómetro de Paz ................................................................... 18Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa

Derechos HumanosCavilaciones sobre derechos humanos ..................................... 25Por Alejandro Angulo Novoa S.J.

Auto 092 en aprietos ................................................................. 28Por Vera Samudio

Movimientos SocialesQuítate de la vía Perico... .......................................................... 32Por Martha Cecilia García

ConstituciónLa Constitución en re-construcción ........................................... 37Por Ana María Restrepo

InternacionalEl despertar del pueblo árabe ................................................... 41Por Juana Yunis


Editorial

Ley de víctimas:¿Un paso hacia la paz?

Por Mauricio García Durán S.J.*

El pasado 13 de abril se hicieron públi-cas las conclusiones de la primera gran encuesta nacional sobre las percepcio-

nes de paz y derechos humanos en nuestro país. Los resultados parecerían indicar que la opinión pública colombiana comienza a inclinarse otra vez hacia la paz, luego del res-paldo que dio durante los años de Uribe Vélez a una solución que ponía el én-fasis en la derrota militar de la insurgencia. Llama la atención que el 88% de los colombianos considere que seguimos en una situación de conflicto armado, ante la cual se hace poco (el 82% de la población conside-ra que no hace nada concreto a favor de la paz). Por tanto, la construcción de la paz deman-daría una respuesta que va más allá de la mera confrontación militar de guerrillas, paramilitares y bandas criminales. Se requiere, entre otras cosas, responder a las demandas de sectores afec-tados por el conflicto, como puede verse en la alta opinión favorable (97%) a que las vícti-mas reclamen sus derechos.

Los resultados de esta encuesta nos re-miten a uno de los retos que enfrenta la ad-ministración Santos con relación al tema de la paz y que consiste en revisar hasta dónde la ley sobre reparación a víctimas de la vio-lencia en Colombia y de restitución de tierras, próxima a aprobarse en el Congreso, resuelve los requerimientos de una clara política de atención a las víctimas como condición para consolidar una paz justa y sostenible.

Si bien el proyecto de ley es muestra del ambiente positivo que existe hoy en Colom-bia para el reconocimiento de la tragedia que están viviendo muchos colombianos a causa de la guerra, es menester tener presente al-gunos elementos indispensables en el cami-no hacia la superación de la impunidad y en

“Llama la atención que el 88% de los co-lombianos considere que seguimos en una situación de conflicto armado, ante el cual se hace poco (el 82% de la población con-sidera que no hace

nada concreto a favor de la paz”.

el restablecimiento de los derechos de las víctimas que, creemos, no han sido lo sufi-cientemente recogidos por el legislativo.

Por supuesto, los debates planteados por las organizaciones de víctimas son múl-tiples; cada uno de ellos válido en sus argu-mentos y fundamentación. Sin embargo, dos llaman particularmente la atención: por un

lado, la falta de espacios de participación para las vícti-mas, tanto en la construcción y debate del proyecto como en la implementación, seguimien-to y evaluación de la ley. Y, de otro, un desconocimiento del legislativo de algunos elemen-tos que la Corte Constitucional considera fundamentales en el desarrollo de la atención a víctimas de la violencia, como la situación de vulnerabilidad

de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado (Auto 092 de 2008) y una adecuada atención psicosocial a víctimas de la violen-cia (sentencia T-045 de 2010) que aunque son enunciados superficialmente, no parecen verse reflejados en el proyecto.

El que ni la voz de las víctimas esté sien-do escuchada en los debates del Congreso, ni las palabras de la Corte Constitucional estén siendo recogidas en el articulado, puede ser una señal poco halagüeña del devenir de esta iniciativa de ley. Eso no significa que deban desconocerse los pasos adelantados en el reconocimiento de algunos derechos de las víctimas, pero es importante mantener las alarmas encendidas durante el proceso de implementación de esta nueva normatividad, tal y como lo ha hecho la Corte Constitucional con respecto a los autos mencionados.

La voluntad de paz del actual gobierno encontrará un gran test en su capacidad para implementar la ley de forma que sea una so-lución real a las demandas de las víctimas, en

contraste con la pobre respuesta del anterior gobierno a las necesidades de atención de la población desplazada. Una adecuada imple-mentación de estas políticas concretaría las esperanzas de algunos sectores en que la ac-tual administración realmente se diferencie de la precedente. Esto es algo que está por verse y dependerá, en gran medida, de que el gobierno muestre la voluntad para hacerlas realidad, aún a costa de enfrentarse a los po-derosos intereses de quienes se oponen a que se ejecuten.

“El que ni la voz de las víctimas esté siendo escuchada en los deba-tes del Congreso, ni las palabras de la Corte Constitucional estén siendo recogidas en el artículado, puede ser una señal poco halagueña del devenir

de esta iniciativa de ley ”.

*Mauricio García Durán S.J. Director General

CINEP/ Programa por la Paz


¿Qué tan nuevas son las bandas criminales?

Impacto que han tenido los grupos neoparamiliares a nivel regional y análisis de las limitaciones del Estado colombiano a la hora de afrontar este viejo fenómeno violento revestido con nuevos matices.

Por Diego Quiroga*

“ La trágica desaparición de dos estudiantes universitarios de Bogotá en el departamento de Córdoba en enero del año en curso es una triste muestra de que todo lo anunciado por empresarios, ganaderos, políticos y militares acerca del triunfo de la se-guridad democrática –ahora también llamada prosperidad democrática– no

ha sido tan exitoso ”.

En los últimos meses, la violencia ha vuel-to a ser tema de la agenda nacional. Esta vez no sólo se ha abordado la guerra

contra las Farc, sino la lucha contra un ene-migo que muchos daban por terminado, aun-que se le denomine de manera distinta: las bandas criminales. La trágica desaparición de dos estudiantes universitarios de Bogotá en el departamento de Córdoba en enero del año en curso es una triste muestra de que todo lo anunciado por empresarios, ganade-ros, políticos y militares acerca del triunfo de la seguridad democrática –ahora también lla-mada prosperidad democrática– no ha sido tan exitoso, por lo menos no para los campe-sinos víctimas del despojo de tierras, las or-ganizaciones sociales y la oposición política a nivel regional y local (Ver Gráficos No. 1 y 2).

Este artículo tiene como principales objetivos presentar el impacto de los grupos llamados neoparamilitares contra la pobla-ción civil a nivel regional, que se ha venido in-crementando después del fin del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y plantear unos puntos a tener en cuenta para analizar las limitaciones del Estado colombiano a la hora de afrontar este viejo fenómeno violento revestido con nue-vos matices.

Las bandas criminales, como “Los Rastrojos”, son un viejo fenómeno violento revestido con nuevos matices.

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Gráfico 1

D i n á M i C a D e L C o n f L i C t o a r M a D o e n C o L o M B i a

Hechos de infracciones al DiHGrupos Paramilitares. Años 1990-2010

Gráfico 2

D i n á M i C a D e L C o n f L i C t o a r M a D o e n C o L o M B i a

Asesinatos PolíticosGrupos Paramilitares. Años 1990-2010

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1990 19901995 19952000 20002005 20052010 2010

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Seguridad y política



Balance regional de la pre-sencia neoparamilitar

Los grupos neoparamilitares no han renun-ciado a mantener sus históricos nichos de vio-lencia contrainsurgente: el Caribe colombiano y el Magdalena Medio son una triste muestra de ello. El fenómeno continúa cobrando un alto número de víctimas en la Costa pacífica, a la vez que en el nororiente del país el pano-rama no mejora. Mientras persiste la guerra contra las Farc, las bases de las AUC han ve-nido consolidando su presencia en gran parte del territorio nacional1 , y su influencia parece extenderse más allá de la economía del narco-tráfico. En síntesis, las “bandas criminales” se ubican de la siguiente manera:

En el suroccidente del país, compuesto por los departamentos de Caquetá, Putuma-yo, Cauca y sur del Huila, en donde las Farc aún conservan un innegable nivel de influen-cia, el balance después de la desmoviliza-ción de los Bloques Libertadores del Sur, los Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquíes, Héroes de Florencia y Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, no es alentador. La continuidad e incremento de los cultivos ilícitos han incentivado la disputa o las alianzas entre antiguos enemigos con el fin de dominar las fases de la cadena produc-tiva de la coca (Vásquez, 2009, 141).

En el departamento de Nariño se reor-ganizaron algunos de los primeros grupos, principalmente en los municipios de Cum-bitara, Policarpa y Sotomayor tras la apari-

ción de las Autodefensas Campesinas Nueva Generación, al mando de John Jairo García, alias “nene”, y la inserción del grupo arma-do del cartel del norte del Valle conocido como “Los Rastrojos”. Actualmente se ubi-can, principalmente, entre los municipios de Barbacoas y Tumaco. Las últimas inda-gaciones acerca de la Organización Nueva Generación indicarían que ésta vendería su poder y dominio al grupo de alias Jabón (Verdad Abierta.com, 2010).

Las comunidades más afectadas han sido sin duda la etnia Awá2 y las comunida-des negras (Ver Tablas 2 y 3) que han teni-do que adaptarse o desplazarse ante la llegada de los acto-res armados. La dis-puta político-militar actualmente se libra entre los frentes 29 en Nariño; 32 y la Columna Móvil Francisco Matallana en el departamento de Putumayo, y los Frentes 6 y 8 de las Farc en el departamento del Cau-ca contra “Los Rastrojos”, quienes también ejercen influencia sobre la ciudad de Cali y el sur del Valle del Cauca.

Llama la atención el alto número de víc-timas totales en el departamento del Cauca, seguido por Nariño, donde aún hay un fuerte accionar de las Farc (Ver Tabla No. 1). Lo an-terior indica que persisten las acciones anti-subversivas en las zonas de mayor presencia guerrillera. En el último año “Los Rastrojos” han logrado establecer su hegemonía. Su éxi-to se debe, en gran parte, a que han evitado la confrontación directa con las Farc a cambio de librar la guerra a través de la victimización de la población civil.

El balance de la desmovilización de grupos como el Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bo-lívar, en el suroccidente del país, no es alentador.

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Fuente: Sistema de Información General CINEP/PPP.

En el nororiente del país, el neoparami-litarismo se ha reacomodado respondiendo tanto a viejos como nuevos contextos. Desde mediados de los años ochenta se considera al municipio de Puerto Boyacá como la cuna del paramilitarismo en Colombia, proceso en el cual confluyeron élites locales, fuer-za pública y narcotráfico (Medina, 1990). De manera tardía, hacia finales de los años noventa, producto de la conformación de las AUC se crearon nuevos grupos parami-litares que entraron a disputar la histórica hegemonía del ELN y las Farc, quienes desde finales de los años setenta hacían presencia

en la en la región.Sin haberse

dado por concluidas las ceremonias de entregas de armas, en la región del Ca-tatumbo, Norte de Santander, en el año

2006 se dio a conocer el grupo paramilitar denominado Águilas Negras. Para el 2007 se le sumó la presencia de las Autodefensas Gaitanistas, las Águilas Doradas y “Los Ras-trojos” (MAPP-OEA, 2007, 9). El principal ob-jetivo de estos grupos ha sido continuar con el control del contrabando de gasolina, las ru-tas para el tráfico de droga, e incluso una gran variedad de productos del sector servicios provenientes de la vecina República Boliva-riana de Venezuela. Tanto en Santander como en Norte de Santander el número de víctimas civiles ha aumentado vertiginosamente en los últimos años (Ver Tabla No. 2).

Alias “Cuchillo”, recientemente dado de baja, y Jesús Pirabán Garnica, “Jorge Pirata”, se desmovilizaron el 11 de abril de 2006, a través de acuerdos que tuvieron lugar por

“ La continuidad e incremento de los cultivos ilícitos han incentivado la dis-puta o las alianzas entre antiguos ene-migos con el fin de dominar las fases de la cadena productiva de la coca ”.

Tabla No. 1

n Ú M e r o D e V Í C t i M a S C i V i L e S P o r G r U P o S P a r a M i L i ta r e S

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CaQUetá 17 13 18 3 1 11 2 2 3 1 0

CaUCa 128 180 164 48 37 30 25 39 102 93 31

HUiLa 18 9 19 102 33 38 4 2 4 11 0

nariÑo 67 71 29 21 16 26 35 60 64 66 91

PUtUMaYo 18 16 11 5 40 38 16 0 1 4 3

SantanDer 100 340 161 263 126 77 134 171 221 300 115




país. En ese sentido, ya sea por coerción o cohesión la presencia de un actor dominan-te terminó por resolver las disputas sobre diversos negocios a favor de las AUC, claro está, a costa de un gran número de víctimas (Ver Gráfico No. 1).

Sin embargo, tras la pérdida de influen-cia de los jefes paramilitares, producto de su reclusión y posterior extradición, la región se convirtió en el principal eje de la disputa de los grupos locales, ya que éstos continuaron regulando, de manera descentralizada, nego-cios como el chance, el paga diario3 , el con-

trabando, el control de los cen-tros de expendio de narcóticos y la prostitución. La experiencia previa de los desmovilizados, narcos y disidentes del proceso de paz en el control de econo-mías ilegales abrió una ventana de oportunidad para los profe-sionales de la violencia en “paro”.

Las regiones más afectadas por estos grupos son: la alta Gua-jira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú y San Jorge en Córdoba, el Magdalena Medio y el medio Atrato en el departa-mento del Chocó (Ver al respecto Mapa No. 1 y Tabla No. 1). Su ac-cionar se concentró en el asesi-nato selectivo, por encima inclu-so de las amenazas reportadas, pero cabe anotar que el recurso de las masacres no desapareció aun después del proceso de paz (Ver Mapa No 1 sobre masacres neoparamilitares).

fuera de las negociaciones que la cúpula paramilitar adelan-taba en Santa Fe de Ralito (El País, 2006, A10). Actualmente el Ejército Revolucionario Popu-lar Antisubversivo de Colombia (ERPAC) ejerce su dominio en el oriente del Meta, Vichada y Casanare (Human Rights Watch, 2010, 38), antiguas zonas de in-fluencia del Bloque Centauros (Ver Tabla No. 2).

Por su parte, en el Caribe colombiano, después de que los grupos paramilitares aseguraran un importante nivel de influen-cia en la política local y regional que llegó a impactar a la rama legislativa (por no mencionar a la Fiscalía, el DAS, entre otras insti-tuciones estatales) a nivel central, las acciones paramilitares cum-plirían con su función de control en la región, lo que condujo a un progresivo debilitamiento de la capacidad bélica de las guerrillas. Para el año 2003, la disputa entre los actores armados se resolvió a favor de los grupos paramilitares: Chengue, El Salado, Pi-vijay, Pechelín, María Angola, Bahía Portete, y muchas otras masacres cumplirían con su función intimidatoria frente las comunidades (Ver al respecto los casos emblemáticos del Grupo de Memoria Histórica sobre El Salado, 2009 y Bahía Portete, 2010).

Aunque las AUC proyectaban un man-do unificado que nunca lograron consoli-dar, aprovecharon la experiencia de grupos delincuenciales locales para mejorar su in-formación sobre las zonas de expansión y consolidar su inserción en muchas zonas del


tabla no. 2


Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

araUCa 9 12 45 108 97 76 17 3 11 4 0CaSanare 11 19 6 16 27 6 1 2 0 5 0GUaViare 0 4 3 50 45 12 4 0 0 7 1Meta 28 45 148 204 92 125 71 26 32 43 15norte De SantanDer 130 140 104 315 80 17 11 18 31 104 109SantanDer 100 340 161 263 126 77 134 171 221 300 115

Tabla No. 3


Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

atLántiCo 7 10 23 102 66 71 12 12 15 12 5

BoLÍVar 145 157 59 201 105 35 24 67 34 12 20

CeSar 115 86 36 102 49 21 17 83 113 12 2

CÓrDoBa 27 48 16 85 59 12 7 72 100 12 117

La GUaJira 19 5 47 26 31 21 7 15 25 12 9

MaGDaLena 68 64 46 301 45 43 4 24 11 12 8

SUCre 49 12 23 41 29 18 12 18 8 12 11



Actualmente la disputa tanto por el con-trol de los mercados legales como ilegales se libra así: “Los Rastrojos”, “Los Paisas” (El Heraldo, 2009, 3A), el “Frente Antisubversi-vo Wayuú” y las “Águilas Negras” hacen pre-sencia en los municipios del norte y el occi-dente de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Guajira; en Barranquilla se encuentran Los Paisas y las Águilas Negras; en el depar-tamento de Bolívar se han venido armando nuevos grupos sobre el Golfo de Morrosqui-llo y Los Paisas se localizan en los principa-les municipios del centro del departamento. Finalmente, en Córdoba todos los grupos mencionados se encuentran disputando los recursos de más de quince años de monopo-lio paramilitar.

Desafíos del gobierno central: discontinuidades entre el po-der central y el poder regional

Sin duda, el mayor logro de Uribe fue dejar sin piso el discurso contrainsurgente de las AUC, que justificaba su existencia ante la in-capacidad del Estado de defender el derecho a la propiedad ante el asedio guerrillero. Pero llama la atención que el fenómeno neo para-militar4 siga floreciendo en regiones donde hace años no hay guerrilla ni tampoco un número importante de cultivos ilícitos. Sin duda, los grupos rearmados se encuentran estrechamente vinculados a varios eslabones de la cadena productiva de la coca –ya sea en la promoción y compra de la hoja o de la Pasta de PVC, su conversión en cocaína, o su exportación a nivel internacional– y han ase-gurado la continuidad del negocio que a san-

gre y fuego consolidó cada uno de los grupos confederados de las extintas AUC. Pero, a la vez, las amenazas y acciones contra la opo-sición política y las organizaciones sociales a nivel regional continúan, lo que da muestras de que sus intereses van mucho más allá de una guerra por la depredación de recursos. Pretender que este fenómeno implicó una ruptura con el modelo paramilitar que acce-dió a desmovilizarse es un craso error.

La lectura moral del fenómeno que ha-cen tanto académicos como políticos no deja de llamar la atención: ya sea por buscar des-proveer al paramilitarismo de su “discurso político” o de cubrirle la espalda a la política de seguridad (o prosperidad) democrática, lo cierto es que lo cierto es que aislar lo políti-co de lo económico al analizar este fenómeno oculta la complejidad del mismo, y evidencia que hacer tal separación va más allá de un asunto meramente metodológico y trasciende al campo político. Luchar contra esta lectura maniquea que termina definiendo el horizon-te de la política contra estos grupos es uno de los primeros retos con los que se encuentra el gobierno de Santos.

La búsqueda de control de la política lo-cal en lo que se ha bautizado por los medios de comunicación como “bacrimpolítica” (Ver “Futuro incierto para ‘Bacrimpolítica’ en elec-ciones” en esta misma edición) ya deja mucho que desear de dicha denominación. Sin duda, los miembros de estos grupos requieren ase-

gurar un margen de influencia sobre la políti-ca local para tener acceso a los flujos de infor-mación de las entidades de control, conocer de cerca a las organizaciones de víctimas que reclaman la restitución de bienes, saber de antemano operativos de la fuerza pública, y mantener a raya a la oposición política. La “Bacrimpolítica” muestra que hay más conti-nuidades que rupturas con el modelo parami-litar anterior.

Una muestra del nivel de influencia del legado de las AUC en las regiones ha sido la reciente decisión del Ministerio del Interior y de Justicia de trasladar a la cárcel de Máxi-ma seguridad de Cómbita en Boyacá a alre-dedor de 1100 personas5 incriminadas en es-tos nuevos grupos, ante la imposibilidad de contrarrestar sus acciones desde las cárce-les en distintas regiones del país. Dejar úni-camente en manos de la policía el combate a estos grupos indica una lectura superficial

El Ministerio del Interior y de Justicia se ha negado a trasladar a la cárcel de Máxima seguridad de Cómbi-ta, en Boyacá, a alrededor de 1100 personas incriminadas en estos grupos neoparamilitares.

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Los grupos rearmados se encuentran vinculados a varios eslabones de la cadena productiva de la coca y han asegurado la continuidad del negocio.

“ Pretender que este fenómeno im-plicó una ruptura con el modelo para-militar que accedió a desmovilizarse es un craso error. Aislar lo político de lo económico al analizar este fenóme-no oculta la complejidad del mismo, y evidencia que hacer tal separación va más allá de un asunto meramente metodológico y trasciende al campo

político ”.



referencias

notas

• El País, 2006, “’Héroes’ de las AUC dejaron las armas”. en El País, Cali, 12 de abril • Granada, Restrepo y Tobón, 2009, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para

la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano” en Jorge Restrepo y David Aponte editores, Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, pp 468-483. Disponible en: http://www.cerac.org.co/libro/10_Neopara-militarismo_en_Colombia.pdf

• De la Hoz, Alexandra y Ferro, Gerardo, 2009, “Zar prende las alarmas: Enilse López, ¿la única con chance?” en El Heraldo.com.co, Bogotá, enero 22. Disponible en: http://www.anticorrupcion.gov.co/noticias/2009/enero/090122b.asp

• Human Rights Watch, 2010, Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia. Disponible en: http://www.hrw.org/node/88065

• Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 2010, V Informe sobre Narcoparamilitares en 2010. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/attachments/586_V%20Informe%202010%20INDEPAZ%2015-03-2011.pdf

• MAPP-OEA, 2007, Octavo informe trimestral del Secretario general al Consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/OCTAVO-INFORME-TRIMESTRAL-DEL

• Medina, Carlos, 1990, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá, Editorial Documentos periodísticos, Bogotá.

• Vásquez, Teófilo, 2009, “El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado” en Revista Controversia, No. 192, CINEP/PPP. Bogotá.

• Verdad abierta.com, 2008, “El vuelo de las Águilas Negras (Semana)” en Verdadabierta.com, Bogotá, agosto 26. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/50-rearmados/170-el-vuelo-de-las-aguilas-negras-

1 Según Indepaz, los grupos narcoparamilitares hacen presencia en 360 municipios (Indepaz, 2010).2 Tan sólo en el año 2009 se registraron 2 masacres, con 15 y 12 víctimas respectivamente, contra esta

comunidad indígena, que ha quedado en medio de la disputa entre las Farc, la fuerza pública y las mal llamadas “bandas criminales”.

3 Préstamo inmediato de dinero con la condición de pagar intereses diarios.4 Granada, Restrepo y Tobón (2009, 495-497) proponen que si bien hay continuidad con el modelo

paramilitar de las AUC también hay nuevas dinámicas propias de una nueva etapa de la violencia en Colombia.

5 Intervención del Ministro del interior y de Justicia Germán Vargas Lleras en panel Los desafíos del Estado frente a las Bandas Criminales, organizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, el 1 de abril del 2011.

*Diego QuirogaJoven investigador del equipo ODECOFI

del CINEP/PPP

del fenómeno, como si se tratara de simples estructuras criminales.

Queda en evidencia que una cosa es la política del Estado a nivel central y otra su acción a través de la burocracia y la interme-diación política local y regional que cobija a cada una de las ramas del poder público. Tal escenario muestra que las aparentes buenas intenciones en términos de política de resti-tución de tierras y víctimas por parte del go-bierno (intenciones que aún están por verse después del proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior), tienen un panorama poco alentador al aplicar dichas decisiones en el ámbito local. El nuevo “embrujo progre-sista” santista debe ser leído con objetividad, pues si bien el estilo del actual mandatario difiere mucho del estirpe gamonalista del uri-bato, no hay que olvidar la habilidad camaleó-nica de Santos –exministro de conservadores, liberales y de Uribe–.

Para finalizar, es importante señalar que el paramilitarismo que se ha venido reconfi-gurando en las regiones de Colombia, aunque está lejos de querer optar por imponerse a nivel nacional, tiene en el escenario local un lugar seguro de reproducción. Permanecer en las regiones le permite ejercer dominio, sea alto o bajo, sobre la política, la economía y las comunidades, con pocos riesgos, pues no constituye una amenaza para el Estado cen-tral y, al contrario, se convertía en un aliado estratégico para apuntalar apoyos políticos en el nivel central. Este es el escenario que aún está por estudiarse a profundidad.

El paramilitarismo que se ha venido reconfiguran-do en las regiones de Colombia, aunque está lejos de querer optar por imponerse a nivel nacional, tiene en el escenario local y regional un lugar seguro de reproducción.

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Rompecabezas es un espacio radial de opinión pública, análisis, reflexión ydiscusión que con diferentes géneros periodísticos, voces y puntos de vista,

enriquece las miradas sobre el país que construimos a diario.

Escúchenos en Bogotá todos los lunes de 6 a 7 p.m. por Javieriana Estéreo 91.9 FM y 1430 AM. Si está en Pasto puede escucharnos a través de Ecos de Pasto (740 AM) el domingo de 6 a 7pm; en Tierralta, Córdoba a través de la emisora Sergio Restrepo (105.0) los lunes de 7 a 8 am y en San Gil, Santander a través de la

emisora La Cometa el jueves de 9 a 10 pm.


Futuro incierto para“bacrimpolítica” en elecciones

Reflexión sobre el papel que podrían desempeñar las denominadas bandas criminales en las elecciones de octubre a partir de un análisis de lo que fue la influencia paramilitar en los espacios políticos regionales y nacionales.

Por Víctor Barrera*

Las elecciones de octubre probablemente sean un laboratorio en el que las bandas criminales probarán nuevos mecanismos de infiltración en la institucionalidad política colombiana.

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esAlgunas organizaciones advierten una nueva etapa de infiltración de los grupos armados ilegales en la ins-

titucionalidad política del país a través del fenómeno que los medios de comunicación han denominado como el capítulo de la “ba-crimpolítica”. De cara a esta nueva realidad es necesario reflexionar sobre lo que fue la influencia paramilitar en los espacios po-líticos regionales y nacionales para de ahí

extraer algunos elementos de análisis que permitan vislumbrar de mejor forma cuál sería el papel que las denominadas bandas criminales podrían desempeñar en las elec-ciones de octubre.

Balance de la parapolítica

Hace un poco más de cuatro años que estalló el escándalo de la parapolítica luego que Mi-

guel Alfonso de La Espriella, presionado por Salvatore Mancuso, hiciera público la exis-tencia del pacto de Ralito (El Tiempo, 2006), y todavía hoy se siguen conociendo resulta-dos judiciales que permiten clarificar, cada vez mejor, la influencia política que alcanza-ron los grupos paramilitares en varias regio-nes del país. Las condenas de Mario Uribe, ex senador antioqueño, y de Enilse López, alias “La Gata”, así como los avances en el caso que se adelanta en contra de Luís Alberto Gil, miembro del partido Convergencia Ciu-dadana, y la reapertura de otros como el del ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana Juan José Chaux o el del cacique liberal antioqueño César Pérez, a quien se le investiga por su participación en la masacre de Segovia (1988), ratifican el compromiso que han asumido las entidades judiciales por reconstruir lo sucedido y cas-tigar a los responsables.

Aunque las cifras de congresistas invo-lucrados en la parapolítica ilustran el nivel de influencia que alcanzó el paramilitarismo en el orden nacional (Ver tabla), los estima-dos que se manejan sobre el número de polí-ticos y funcionarios locales que colaboraron con el grupo armado son indicadores mucho más acertados sobre el grado de control político que logró en los niveles local y re-gional. En octubre de 2007, cuando apenas se iniciaban muchas de las investigaciones sobre parapolítica, un artículo de prensa estimaba que, tan sólo en la Costa Caribe, durante los comicios de 2002 y de 2006, los paramilitares contribuyeron en la elección de 221 alcaldes, 4000 concejales y 9 gober-nadores (El Heraldo, 2007).



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A pesar del debate político y jurídico que ha suscitado la parapolítica en estos cuatros años, las interpretaciones del fenó-meno siguen siendo ambiguas y pocas ve-ces se reconocen las transformaciones his-tóricas que favorecieron su expresión y los condicionamientos estructurales dentro de los que actuaron políticos y agentes arma-dos. Así, la naturaleza de la parapolítica ha estado más referida a factores coyunturales donde prima una mirada moralista. Esta vi-sión ignora que, lejos de ser una convergen-cia natural, la parapolítica es producto de un sinnúmero de transacciones e incesantes negociaciones en las que los contextos re-gionales influyeron sobre la interacción en-tre políticos y paramilitares.

Dos claves en la lectu-ra de la parapolítica

La manifestación y evolución de la parapolí-tica debe comprenderse como una combina-ción de dos factores: (1) las transformacio-nes estructurales del Estado colombiano y las tensiones territoriales propias de su proceso de formación, y (2) las decisiones estratégi-cas de agentes armados y políticos dentro de un escenario de confrontación armada.

El primer factor explica cómo durante las últimas cuatro décadas nuestro país ha presenciado un progresivo desequilibrio en el balance de poder entre el centro político nacional y las regiones que le otorgó un ma-yor margen de maniobra a estas últimas al transformar los mecanismos de intermedia-ción, fomentando la participación en política de los grupos armados.

Aunque tradicionalmente fueron los partidos políticos liberal y conservador, en tanto confederaciones de redes de poder re-gional y local, la forma institucional que co-nectó el centro y las regiones durante gran parte de nuestra vida republicana, para fina-les de 1970 este mecanismo de intermedia-ción bipartidista dio muestras de inviabili-dad. Transformaciones como la nueva base económica agroexportadora (vocación mine-ra y cocalera) que asumió el país y el ascen-so de políticos profesionales con una fuerte raigambre regional y local en detrimento de las figuras nacionales más “civilistas” y “de-mocráticas” explican este hecho. Así, según Francisco Gutiérrez y Paula Zuluaga:

Fuente: Datos Corporación Nuevo Arco Iris y Prensa. * Se tienen en cuenta todos los congresistas vinculados a procesos judiciales relacionados con la parapo-

lítica sin distinguir por estado del proceso.** Otros movimientos: Movimiento Nacional Progresista; MORAL; Alas-Equipo Colombia; Movimiento

Popular Unido; Partido Acción Social; Movimiento Huila Nuevo

De izquierda a derecha: Mario Uribe, ex senador antioqueño, Enilse López, alias “La Gata”, Luis Alberto

Gil, Convergencia Ciudadana, Juan José Chaux, ex gobernador del Cauca y César Pérez, partido liberal.


Congresistas implicados en la parapolítica*

P E r í o d o 2 0 0 2 - 2 0 0 6

Cargo Partido político número procesados

total procesados

Senado

Convergencia Ciudadana 1

Convergencia Popular 2 5

Partido Liberal 2

Cámara de Representantes

Cambio radical 5

Partido Liberal 4

Partido Conservador 1 13

Movimiento Popular Unido 1

Convergencia Popular Cívica 1

Movimiento integración Popular 1

total congresistas procesados 18

P E r í o d o 2 0 0 6 - 2 0 1 0

Cargo Partido político número procesados

total procesados

Senado

Partido de la U 8

Cambio radical 8



Colombia democrática 4

alas-equipo Colombia 3

Colombia Viva 4

Partido Liberal 5

Cámara de Representantes

Partido de la U 4

Partido Liberal 8

apertura Liberal 6


Cambio radical 4


Colombia democrática 2

otros movimientos** 6

total congresistas procesados 82



“Al volverse Colombia un país minero y cocalero, se produjo una fractura entre las regiones andinas densamente pobladas y los nuevos centros de producción minera y co-calera […] que generó de ese modo un nue-vo modelo de dominio indirecto en el que ya no hay correas de transmisión [como lo eran los partidos políticos tradicionales], sino una coordinación por parte del centro de dife-rentes alianzas regionales involucradas en la distribución de rentas a través de redes de agentes políticos, privados e ilegales” (2010).

Para entender el segundo factor que influyó en la manifestación y evolución de la parapolítica es necesario comprender, como sostienen María del Pilar Castillo y Boris Sa-lazar, que toda guerra territorial contempla no sólo el plano militar, sino también la lucha entre bandos opuestos que buscan controlar la población, generar arreglos sociales favora-bles a sus proyectos de expansión y construir relaciones de poder que garanticen su conso-lidación (Castillo y Salazar, 2007, 76). En esta vía, la parapolítica es una consecuencia de la evolución de una confrontación armada de larga data que ha terminado por convertirse en un elemento fundamental del proceso de configuración de algunas regiones del país donde los paramilitares no sólo buscaban la captura de rentas y recursos, sino también la puesta en marcha de un nuevo proyecto so-cial y su reconocimiento político a través de una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que les permitiera insertarse en la sociedad colombiana.

Los acuerdos parapolíticos: contexto y dinámicas de interacción

Gran parte de los acuerdos parapolíticos se dieron bajo el marco de la expansión y con-solidación de las AUC y como reacción a los diálogos de paz con la guerrilla. Lo anterior, sumado a un sistema de partidos atomiza-dos que favorecía enormemente el poder individual de los políticos, sirvió de base para que políticos y paramilitares conver-gieran en varias regiones del país. A esto se le añade que aunque la reforma política de 2003 pretendió generar un sistema de incentivos que buscó reagrupar los movimientos polí-ticos en pocas pero sólidas organizacio-nes políticas, fomentó la creación de grupos altamente criminalizados como Colombia Viva, Colombia Democrática o Convergencia Ciudadana.

Con todo, lo que aquí se quiere destacar es que el contexto político y militar en el que tuvieron lugar estas relaciones hizo que los acuerdos entre paramilitares y políticos se facilitaran pues tanto los márgenes de incer-tidumbre como los riesgos eran menores.

En ese sentido, el nivel de organización que alcanzaron los bloques y frentes para-militares –que aunque funcionaban bajo una estructura federada contaban con cabezas visibles y responsables– su discurso políti-co, su énfasis en la lucha contrainsurgente, y el proceso de negociación que iniciaron con el gobierno de Álvaro Uribe, no sólo los ubi-có en una posición mucho menos ambigua frente a la legalidad, sino que también les dio una suerte de matiz político que, suma-do al poder de facto que ejercían en varias regiones del país, llevaron a que fueran con-

cebidos por algunos sectores políticos como actores legítimos que debían ser tenidos en cuenta (parapolítica).

La “bacrimpolítica”: ¿nuevo contexto, nuevas interacciones?

Con base en la experiencia de la parapolítica algunos medios de comunicación vaticinan la repetición de esta historia para las próximas elecciones locales y departamentales de oc-tubre. La reciente captura de Bladimir Lon-doño, alcalde del municipio de San José de Uré (Córdoba), sindicado de haber desviado 8.000 millones de pesos del sector salud que fueron a parar a las arcas de una banda cri-minal, ha sido calificada como el inicio de la “bacrimpolítica” (Semana, 2011). Ante este hecho las agencias y organismos de control del Estado prendieron las alarmas y recono-cieron la existencia del fenómeno. Aunque el ministro del interior, Germán Vargas Lleras, dijo que eran 64 los municipios que podían resultar afectados, el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, es menos conservador

y estima que pue-den ser un poco más de 300 (El Heraldo, 2011).

Sin embargo, a pesar de que se reco-noce la existencia de

este riesgo, poco se ha dicho sobre las posibi-lidades y el margen de maniobra con el que cuentan estas organizaciones para vincularse con la política institucional. Factores como el nuevo contexto político nacional, las caracte-rísticas organizacionales de estas estructuras armadas y los intereses que tendrían los po-líticos en aliarse con ellas llevan a pensar que aunque las denominadas “Bacrim” se harán sentir en la próximas elecciones, su influen-cia será mucho menor que la que tuvo el pa-ramilitarismo o, por lo menos, tendrá carac-terísticas diferentes.

En primer lugar, a pesar de que aún existen factores estructurales que hacen de muchas regiones entornos favorables para que prosperen ofertas de seguridad y pro-tección alternativas a las del Estado –más cuando algunas elites regionales estarían dispuestas a frenar a sangre y fuego los in-tentos reformistas que abandera el gobier-no de Juan Manuel Santos– la calificación que éste ha hecho de estas organizaciones

La nueva base económica agroexportadora (vocación minera y cocalera) que asumió el país contribuyó a dar mayor margen de maniobra a las regiones.

Gran parte de los acuerdos parapolíticos se dieron bajo el marco de la expansión de las AUC y como reacción a los diálogos con la guerrilla.

“ El contexto político y militar en el que tuvieron lugar estas relaciones hizo que los acuerdos entre paramili-

tares y políticos se facilitaran”.


como meras expresiones del crimen orga-nizado (El Universal, 2011, febrero 7) mina sus posibilidades de presentarse como gru-pos que poseen alguna legitimidad y las sume en una posición mucho más confron-tacional y menos ambigua frente a la legali-dad de la que tuvo el paramilitarismo tipo AUC. El descrédito y la condena desde el nivel central, exacerbados luego del crimen de los dos estudiantes de la Universidad de Los Andes que “nacionalizó” el problema de seguridad de muchas regiones, se traduce en una reducción del margen de maniobra que estos grupos armados puedan tener en la política local y regional.

En segundo lugar, estos grupos se ca-racterizan por no tener muchas cabezas visibles y sí frecuentes relevos de sus ca-becillas, y por una estructura mucho más proclive a la descentralización del mando.

Estos factores probablemente puedan afec-tar el márgen de maniobra que las “Bacrim” tendrían para negociar pues los políticos no estarían dispuestos a entablar acuerdos du-raderos con actores armados que no cuen-tan con la capacidad de garantizar el cum-plimiento de los pactos.

Por último, y en relación con lo anterior, habría que preguntarse si la clase política

estaría interesada en pactar con estas orga-nizaciones. No sólo porque los riesgos de ser judicializados son mayores, tal y como lo han demostrado los procesos relacionados con la parapolítica, sino también porque en esta nueva etapa los políticos regionales están más interesados en mantener la vigencia de los órdenes sociales que conformaron en el pasado y en asegurar su permanencia en el poder, que en fomentar nuevos órdenes a tra-vés del uso de las armas.

Mirados en conjunto, estos tres factores permiten considerar que aunque se mantie-nen los incentivos para que converjan sec-tores políticos y organización armada, los costos de transacción, esto es, los riesgos

Bladimir Londoño, alcalde del municipio de San José de Uré (Córdoba), sindicado de haber des-viado 8.000 millones de pesos del sector salud.

asociados a establecer una relación de in-tercambio entre ambos, resultan mucho más altos que los que caracterizaron los acuerdos parapolíticos. Por ello, se puede prever que la naturaleza de los mismos se transforme ha-cia nuevos acuerdos más efímeros y contin-gentes guiados por una lógica instrumental, por ejemplo, al buscar la exclusión violenta de oponentes o individuos “incómodos”.

A pesar de las dificultades menciona-das, las elecciones de octubre deben consi-derarse como un laboratorio en el que estas organizaciones armadas probarán nuevos mecanismos de infiltración de la institucio-nalidad política y buscarán aprender de esa experiencia para intentar fortalecerse políti-camente en un futuro no muy lejano.

“ La reciente captura de Bladimir Londoño, alcalde del municipio de San José de Uré (Córdoba), sindicado de haber desviado 8.000 millones de pe-sos del sector salud que fueron a parar a las arcas de una banda criminal, ha sido calificada como el inicio de la ‘ba-

crimpolítica’ ”.

Santos ha calificado a las “Bacrim” como meras expresiones del crimen organizado.

referencias• Castillo, María del Pilar y Salazar, Boris, 2007, “Alianzas y política: un juego entre agentes civiles y armados” en Lecturas de Economía, No. 67, Universidad

de Antioquia, Medellín, julio-diciembre, pp. 71-98. Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2021/1670

• El Heraldo, 2011, “Las bacrim, en guerra por los votos para las elecciones” en El Heraldo, Barranquilla, marzo 31. Disponjble en: http://www.elheraldo.co/nacional/las-bacrim-en-guerra-por-los-votos-para-las-elecciones-9809

• El Heraldo, 2007, “Paramilitarismo en la Costa: ¿una contrarreforma política?” en El Heraldo, Barranquilla, octubre 7, 4A. Disponible en: http://www.elheraldo.co/local/paramilitarismo-en-la-costa-una-contrarreforma-politica

• El Tiempo, 2006, “ 40 congresistas firmaron compromiso político con Autodefensas, reconoce Miguel de la Espriella” en El Tiempo, noviembre 25. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3340795

• El Universal, 2011, “Asesinados estudiantes de Uniandes en playa de Córdoba” en El Universal, enero 12. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/asesinados-estudiantes-de-uniandes-en-playa-de-c%C3%B3rdoba-3829

• El Universal, 2011, “’Las Bacrim no son grupos armados ilegales’: Presidente Santos” en El Universal, Cartagena, febrero 7. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/%E2%80%9Clas-bacrim-no-son-grupos-armados-ilegales%E2%80%9D-presidente-santos-8057

• Gutiérrez, Francisco y Zuluaga, Paula, 2011, “Hacia un país minero: retos para el sistema político y el Estado” en Razón Pública, Bogotá, febrero 20. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1817:hacia-un-pais-minero-retos-para-el-sistema-politico-y-el-estado-1&catid=26:recomendados&Itemid=356

• Semana.com, 2011, “¿Comienza el capítulo de la ‘bacrimpolítica’?” en Semana.com, Bogotá, marzo 30. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/comienza-capitulo-bacrimpolitica/154222.aspx

• Revista Semana, 2008, “Baby-parapolíticos” en Revista Semana, Bogotá, agosto 16. Disponible en: http://semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=114552

*Víctor BarreraInvestigador junior del equipo ODECOFI

del CINEP/PPP



Del paraísoal infierno

En Puerto Tejada, Cauca, la tasa de homicidios y la inseguridad han aumentado por causa del pandillismo. Recorrido de un periodista de Reporteros de Colombia por la región.

Por Dagoberto Muñoz erazo*

“¡Mami, mami, mataron a Arma-do, mataron a mi hermanito!”… Esta vez la dura novedad es traída por

Lucía, la pequeña hija de Rosa Helena Gonzá-lez y quien, a pesar de sus escasos doce años, ya sabe que este tipo de noticia se ha repetido cinco veces en su familia. El hecho sucedió el 30 de enero de 2010 en Puerto Tejada, un pe-queño municipio de 50.000 habitantes asen-tado en el norte del departamento del Cauca, a 15 minutos de la ciudad de Cali y a unos 90 de Popayán, la capital del departamento.

Rosa Helena es una mujer de raza ne-gra, de unos 55 años de edad, pero por el sufrimiento que ha padecido aparenta tener muchos más. Aunque su ropa es vieja, luce muy limpia para esta ocasión. Lleva una blu-sa blanca y una falda floreada que llega unos quince centímetros abajo de sus rodillas y calza chanclas adelgazadas por el uso, que

se quita y pone nerviosamente. Al recordar su historia no oculta una que otra lágrima y, aunque hay tristeza en su rostro, se marca una leve sonrisa al recordar que, cuando lle-gó al municipio hace 47 años, esta tierra era

un paraíso donde daba gusto vivir y pensar en procrear una familia. Era una tierra donde nadie se metía con nadie, donde nadie robaba y mucho menos mataba.

Ever Vásquez Peña, ex Secretario de Go-bierno del municipio, nativo y conocedor de la historia del lugar, sostiene que hasta el final de la década de los sesenta Puerto Tejada fue un municipio rico, un paraíso, uno de los prin-cipales productores y exportadores de cacao.

“Podemos decir, aunque suene raro, que Puerto Tejada fue damnificado por la re-volución cubana,” cuenta Vásquez. “Cuba era el principal proveedor de azúcar de Estados Unidos. Con el embargo económico a la isla, el país norteamericano se quedó sin este im-portante material y se dio a la tarea de bus-car tierras fértiles para la caña, y las encon-tró en esta región. Entonces el campesinado del norte del Cauca empezó a ser despojado de sus terrenos. Aparecieron los primeros ingenios azucareros, la tierra se fue quedan-do en manos de unos cuantos industriales y una gran cantidad de trabajadores de la Cos-ta Pacífica y de Nariño se asentaron en los barrios de oriente”.

Llegó la violencia

La primera vez que doña Rosa Helena escu-chó la trágica noticia de la muerte de un ser querido fue hace más de una década, cuan-do su pequeña hija Martha, de cinco años, se encontraba jugando en la calle y murió en medio de una de las balaceras entre pandillas rivales que se vivían, y aún se viven, en algu-nos barrios de Puerto Tejada. Según Vázquez Peña, al año siguiente (2000), los parami-litares llegaron al municipio y empezaron a

A finales de los noventa Puerto Tejada empezó a ser invadido por pandillas, en su mayoría procedentes de barrios periféricos. La primera pandilla conocida fue la de los ‘Mechas’.

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Ever Vásquez Peña - ex secretario de gobierno de Puerto Tejada

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matar a los pandilleros. Ese año, la señora González fue sorprendida por la noticia de la muerte de otro de sus hijos, Orlinso, un joven de 18 que trabajaba como carguero en un camión ladrillero. En 2005 el turno fue para Harby, de 16, quien fue encontrado muerto en el sector El Escape, al oriente del munici-pio. Algunas fuentes afirman que estos ase-sinatos, como otros tantos, se dieron por no cumplir los toques de queda impuestos por los paramilitares.

de la década de los noventa, alcanzó alguna notoriedad con hechos que regaron la semilla de lo que ahora se vive en el municipio. Hoy todos los barrios de Puerto Tejada están per-meados por este problema.

La cuarta vez que Rosa Helena perdió un hijo ocurrió hace cuatro años. Yimmy, de 19, fue asesinado cuando cobraba una suma de dinero en la salida del municipio de Padilla y hace solo doce meses, por quinta vez, le noti-ficaron que habían acabado con la vida de su hijo Armando, de 30. Aunque esta madre sien-te miedo de aventurarse a señalar culpables de la muerte de sus familiares, quienes cono-cen de cerca la historia, como Julián Valleci-lla, ex concejal del municipio, apuntan como una de las causas el que los muchachos no quisieran vincularse a estos grupos juveniles.

“Yo no paraba de llorar”, confiesa Rosa Helena. “Ya no salgo de la casa. Siento mu-cho miedo. Tengo otro hijo1, de 16, y me tocó enviarlo donde un hermano, en el departa-mento de Nariño, pues no quiero que le pase lo mismo. Mataron a la mitad de mi familia: de mis doce hijos, hoy sólo vivo con dos pe-queños y mi marido. La plata no alcanza y mi ranchito está a punto de caerse”. La señora González continúa esperando la ayuda del gobierno, pues, según ella, sigue sin conocer lo que es verdad, justicia y reparación.

Pandillismo

Julián Vallecilla, ex concejal del municipio y residente en un barrio del oriente, se queja de los problemas que enfrenta la gente para transitar entre los diferentes barrios de ese sector, el más azotado por el pandillismo. “Hoy hay muchos niños de once y doce años que pertenecen a pandillas y ya no sienten respeto por personas mayores ni autorida-des. En algunos sectores, quienes no se invo-lucran con estos grupos no pueden salir de su casa porque si lo hacen son asesinados. El caso más aberrante es el de algunas niñas de trece y catorce años que viven la misma situa

Rosa Helena González, habitante de Puerto Teja-da, ha sufrido la muerte de cinco de sus hijos.

“Mis muchachos eran muy trabajado-res”, afirma Rosa Helena con estoicismo. “Les gustaban las fiestas y la rumba pero trabaja-ban para darse sus gustos. Puedo decir que crié a mis hijos enseñándoles el valor del tra-bajo. Colaboraban con los gastos de la casa y nunca estuvieron de vagos”.

A finales de los noventa el municipio empezó a ser invadido por pandillas, en su mayoría procedentes de barrios periféricos. Los pobladores, cansados de tanto robo, atra-co y asesinato, comenzaron a pedir acciones de justicia por mano propia, llamada por la gente “limpieza social”. Así, según Ever Vás-quez Peña, entre los años 2000 y 2005 fueron asesinados más de 1.500 jóvenes a manos de grupos que operaban al margen de la ley, su-puestamente paramilitares, con el apoyo eco-nómico de algunos comerciantes. Después de cumplido este propósito, los mismos intere-ses comerciales y políticos que facilitaron el ingreso y accionar de los grupos armados, propiciaron su salida de Puerto Tejada.

La primera pandilla conocida fue la de los ‘Mechas’ que, de acuerdo con Vásquez, surgió de causas sociales como padres ausen-tes, hacinamiento y falta de inversión estatal en las comunidades marginales y, a finales

“ Mis muchachos eran muy traba-jadores”, afirma rosa Helena con es-toicismo. “Les gustaban las fiestas y la rumba pero trabajaban para darse sus gustos. Puedo decir que crié a mis hi-jos enseñándoles el valor del trabajo. Colaboraban con los gastos de la casa

y nunca estuvieron de vagos ”.

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Actualmente todos los barrios de Puerto Tejada están permeados por el problema del pandillismo.

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*Dagoberto Muñoz ErazoPeriodista del proyecto Medios,Violencias y Paz del CINEP/PPP.

ción, pero que a esa edad ya son madres de uno o dos niños, en su mayoría producto de violaciones de muchachos pandilleros”.

Larry Fabián Castillo, actual director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Puerto Tejada, cree que pertenecer a una pan-dilla ha llegado a tener tintes psicosociales pues los niños consideran que quienes están cometiendo los delitos son héroes a los que deben seguir, porque los están protegiendo de la inseguridad que hay en el barrio. A esta situación se le llama el fenómeno Robín Hood.

Según Ever Vásquez, este fenómeno ayu-da a explicar el hecho de que ex alcaldes, se-cretarios, médicos, profesores y otros profe-sionales o trabajadores tienen hoy familiares dentro de las pandillas. A la vez estos jóvenes, de barrios menos marginales, se involucran en los grupos porque está de moda y, además, encuentran dinero para satisfacer sus gustos. En parte por esta situación, el pandillismo no ha sido enfrentado de forma drástica. A esto se le añaden factores como las altas tasas de natalidad, falta de inversión social, particu-larmente en temas de niñez, y padres permi-sivos con sus hijos, que, de acuerdo con Tania Mulato, miembro de la Fundación Nace una Nueva Esperanza, contribuyen a acrecentar el pandillismo en Puerto Tejada.

Las cifras demuestran cómo el problema se ha recrudecido. De acuerdo con el Observa-torio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanita-rio de la Vicepresidencia de la República, en 2010, la tasa de homicidios en Puerto Tejada (115,73), estaba por encima del promedio del departamento del Cauca (43,75) y mucho más del promedio nacional (33,97), por cada 100.000 habitantes, tendencia que se ha man-tenido en la última década.

Julián Vallecilla, ex concejal del municipio, se queja de los problemas que enfrenta la gente

para transitar entre los diferentes barrios.

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El actual alcalde, Elver Marino Montaño, habla de un máximo de trece bandas delic-tivas. Según él, “se aumentó el pie de fuerza y se está ganando la guerra a las pandillas”. Pero habitantes consultados manifiestan que el número que más se acerca a la realidad es 36, y puede estar aumentando. Incluso, para José Ferney Vargas, funcionario de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uafroc) de Puerto Tejada, aumentar el pie de fuerza no es la solución sino que se debería hacer in-versión social en educación, salud, vivienda y fomentar una cultura por la vida.

Lo paradójico es que, después de lo sucedido en el pasado a raíz de la incursión

“Larry Fabián Castillo, actual direc-tor del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Puerto Tejada, cree que pertenecer a una pandilla ha llegado a tener tintes psicosociales pues los niños consideran que quienes están cometiendo los delitos son héroes a los que deben seguir, porque los es-tán protegiendo de la inseguridad que

hay en el barrio ”.

paramilitar entre los años 2000 y 2005 y del hastío de sangre que vivió y vive el municipio, al escuchar los corrillos callejeros y al hablar con los pobladores sobre una posible solución al problema de violencia e inseguridad, se vuelve a escuchar algo que podría sonar im-pensable: “Necesitamos una limpieza social”.

“Cambiémonos de barrio”

Lucía se acerca y acaricia el cabello de su madre, que llora al recordar los tiempos en que todos sus hijos estaban vivos, cuando todos trabajaban y contribuían a los gastos del hogar, cuando sobraba la comida y ha-cían fiestas. Ahora solo hay necesidades, tristeza, ropa vieja y su casa a punto de caer. Lucía sigue al lado de su madre y con una sonrisa infantil le hace la que, según ella, es la mejor propuesta:

“No llore, mami. Cambiémonos de ba-rrio. Yo voy a estudiar, voy a ser doctora y voy a sacarlos adelante a usted, a mi papá y a mis hermanitos. Cambiémonos de barrio y verá que todo va a cambiar”.

José Ferney Vargas, funcionario de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uafroc) de Puerto Tejada, considera que aumentar el pie de fuerza

no es la solución.

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notas1 Días antes de la publicación de esta crónica, el autor viajó al municipio de Puerto Tejada y se encontró con una trágica noticia: Francisco, el hijo de 16 años que la señora Rosa Helena envió donde un hermano en el departamento de Nariño, para que no corriera la misma suerte de los otros cinco, regresó a Puerto Tejada y el pasado 11 de abril fue asesinado en circunstancias que aún son motivo de investigación.

Este reportaje se hizo en el marco de la red de periodistas Reporteros de Colombia y se publicó en el diario El País de Cali, disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/mujer-en-puerto-tejada-ha-sepultado-mitad-sus-hijos



Paz

Las herencias de Uribe, trabas para la paz de Santos

Una opinión pública escéptica a un posible proceso de paz, las bandas criminales, la parapolítica y el desplaza-miento forzado, despojo de tierras y aniquilamiento de organizaciones sociales y líderes, son las herencias po-líticas de Uribe que, sin duda, tendrán que ser tenidas en cuenta por el gobierno Santos a la hora de un posible

diálogo de paz con las guerrillas.

Por fernando Sarmiento Santander*

Los hechos dados durante los primeros meses del período de Santos (2010-2014) abrieron en la opinión pública

nuevas expectativas frente a la negociación con las dos guerrillas aún existentes en el país (FARC y ELN). Diez años atrás esta posi-bilidad se había visto frustrada en El Caguán y hace veinte, las negociaciones con el M-19, EPL, PRT y Quintín Lame alentaron la espe-ranza nacional.

En agosto de 2010, el electorado na-cional puso como sucesor en la presidencia a Juan Manuel Santos, uno de los personajes más representativos de la política de segu-ridad democrática de Uribe Vélez. Para sor-presa de la opinión, tras ocho años de estar cerrada la puerta de un posible diálogo, el nuevo presidente manifestó en su discurso de posesión voluntad de negociar con las guerrillas, aunque sujeta a estrictas condi-ciones1: renuncia a las armas, al secuestro, a la extorsión y a la intimidación. Es decir, bá-sicamente su desmovilización inmediata. Esa posibilidad que parece haber abierto Santos ha reactivado el debate de opinión en torno a la paz y alertado a la clase política, econó-mica y social respecto a sus repercusiones en Colombia.

“La posibilidad de un diálogo de paz que parece haber abierto Santos ha reactivado el debate de opinión

en torno a la paz y alertado a la clase política, económica y social respecto a sus repercusiones en Colombia”.

Entre 2002-2010, durante Uribe Vélez, el país experimentó una de las facetas más radicales en la relación guerra y política, al estar el Gobierno más decidido a aniquilar o doblegar a las guerrillas. Ni siquiera la po-lítica de Guerra Integral, durante el período Gaviria (1990-1994), fue tan sostenida. La política de seguridad democrática ha sido calificada por sus críticos (nacionales e in-ternacionales) como política militarista. La inversión en Fuerzas Armadas da cuenta del énfasis militar, que durante esos ocho años llegó a ser de los más altos en América Lati-na2. Pareciera ésta una faceta sacada de entre las ideas del ideólogo militar de finales del Siglo XIX, Clausewitz:

“Cuanto más intensos y poderosos sean los motivos y las tensiones que justifiquen la

guerra, más estrecha relación guardará ésta con su concepción abstracta. Cuanto más encaminada se halle en la destrucción del

enemigo, tanto más coincidirán el propósito militar y el objetivo político, y la guerra apa-recerá más como puramente militar y menos

como política” (No. 25).El escenario actual cambia el tono y da

cabida a la negociación. Pero antes de darle vuelo a expectativas optimistas a esta posibi-lidad de diálogo con la insurgencia armada, se requiere poner en consideración algunos aspectos de la política establecidos durante los dos períodos presidenciales anteriores.


Paz

Es decir, las posibilidades para que el go-bierno Santos pueda avanzar en un proceso de negociación están sujetas a las condicio-nes políticas creadas durante Uribe Vélez. En otras palabras, el modo como esta adminis-tración resuelva las herencias políticas deja-das por su antecesor abrirá o no posibilida-des para la paz.

La primera herencia política es una amplia opinión pública escép-tica a que se lleve a cabo un proce-so de paz con la insurgencia. Uribe Vélez logró conformar un amplio conjunto social que respaldaba su política de guerra contra las guerri-llas, casi que un odio visceral contra las Farc. En este sentido acentuó su desprestigio ante la opinión, dados los secuestros y acciones terroris-tas, enfatizó el fracaso en El Caguán, dando a entender que la vía nego-ciada no era la salida, y sostuvo el convencimiento de que el triunfo militar era un hecho: “el fin del fin”. Tal margen de opinión juega hoy día un papel fundamental en los costos políticos que le puede representar a Santos dar pasos hacia una negocia-ción. Puede interpretarse, como de hecho ha sucedido, de debilidad o de cesión de terreno que ya se había conquistado3.

Una segunda herencia política es la reconfiguración del paramilitarismo en lo que se han denominado las “Bacrim” (ban-das criminales). “La herencia que nos deja el presidente Uribe son las Bacrim”, en palabras del expresidente Andrés Pastrana (El Nuevo Siglo, 2011, 5 de febrero). Tal es el resulta-do de un proceso fallido de desmovilización y sometimiento a la justicia de los paramili-tares en el marco de la Ley de Justicia y Paz. El tratamiento que el Gobierno dé al fenóme-no de las “Bacrim” va a determinar en buena

parte que la insurgencia se mueva o no hacia un proceso de desmovilización y desarme. Obviamente la existencia de estas bandas, como de otro tipo de amenazas semejantes, incrementarían una muy posible sensación de zozobra entre los guerrilleros dispuestos a la desmovilización. Hasta ahora el Gobierno ha manifestado que las “Bacrim” deben so-

meterse a la justicia, para lo cual estarían dis-puestos a “interlocutar”. Este mensaje no deja de tener un halo de ambigüedad frente a gru-pos conformados por paramilitares desmovi-lizados que reincidieron en la delincuencia4.

Una tercera herencia es la parapolíti-ca. Este factor resulta determinante para un proceso de negociación, pues es de suyo que uno de los puntos de la agenda será el mar-gen de participación política de ex guerrille-ros, en tanto es uno de los mecanismos que

permitirá la disputa del poder en la arena de la democracia. La parapolítica, o los parapolí-ticos, son un escollo, una traba al proceso de inserción de la insurgencia a la política civil, por decirlo de algún modo, no tanto porque la parapolítica haga su ejercicio electoral –tramposo o no– sino porque su ejercicio lo sigan operando a través de la amenaza de las

armas a la vida de líderes u opositores políticos en general. Esta situación sos-tiene el cierre al margen de oposición política, acentuado durante Uribe Vélez. La restricción a la democracia es parte de la herencia recibida por Santos. En el campo político, a mayores posibilidades de oposición, esto es, oportunidad de jugar con otras ideas, mayores posibili-dades de lograr la paz (en política esto no es una paradoja).

Por otro lado, no hay que olvidar que los hechos de desplazamiento for-zado, despojo de tierras y aniquilamien-

to de la organización social y de sus líderes, además de responder a intereses económi-cos, se fraguaron en lógicas políticas de con-trol territorial. Así, el modo como se resuel-va el tema de las víctimas será un indicador sustancial de si existen o no condiciones para una paz duradera. El tema central, en este caso, es el de la restitución a los campesinos de los millones de hectáreas despojadas y de los bienes muebles e inmuebles, en el caso del desplazamiento urbano, acompañada de condiciones de seguridad para el retorno y la permanencia en los lugares de origen. De darse un proceso en este sentido tendrá re-percusiones en la esfera política y social que, además de exigir sanar los odios, requerirá de maduración política frente al juego de oposición de las ideas y los programas polí-ticos.

Al menos una breve retrospectiva histó-rica puede ayudar a determinar este tipo de condicionamientos, y a ubicar los distintos

La primera herencia política de Uribe es una amplia opinión pública escéptica a que se lleve a cabo un proceso de paz con la insurgencia.

Imagen de an54.com

“el tratamiento que el Gobierno Santos dé al fenómeno de las ‘Ba-

crim’ (la segunda herencia de Uribe), va a determinar en buena parte que la insurgencia se mueva o no hacia

un proceso de desmovilización y desarme”.

Imagen de elsalmonurbano.blogspot.com

“La restricción a la demo-cracia es parte de la herencia

recibida por Santos. en el cam-po político, a mayores posibi-lidades de oposición, esto es,

oportunidad de jugar con otras ideas, mayores posibilidades

de lograr la paz”.


Paz

escenarios para avanzar o no en negociacio-nes con las guerrillas. No se trata de la simple voluntad de las partes sino de factores polí-ticos que escapan al control de los actores. No es fácil para Santos jugar en el escenario de la negociación arrastrando las herencias mencionadas aquí –y seguramente otras que se tendrían que incluir–. Mucho menos cuando, hasta el momento, el gobierno no ha planteado una política de paz que establezca el debate abierto ante la opinión, apenas han sido sugerencias y tanteos ambiguos y no un marco institucional que abra reales posibili-dades para la negociación con las guerrillas, que parta de los condicionamientos políticos existentes.

El actual gobierno deberá tener en cuen-ta que ninguna negociación arrojará resulta-dos inmediatos y favorables a la paz mien-tras se sostenga al menos una de estas tres herencias; sería una negociación en el vacío. Superar las trabas para la paz que imponen las herencias de Uribe Vélez, requerirá de una gran habilidad política e institucional del go-bierno Santos: ganar la opinión pública para que apoye la gestión de la paz sin que haga mella a su imagen como gobernante; poner en cintura a las Bacrim, reos ausentes de la Ley de Justicia y Paz; romper la restricción democrática, cumpliendo y haciendo cum-plir las promesas de respeto a la oposición

*Fernando Sarmiento SantanderCoordinador del equipo Inicitivas de Paz

del CINEP/PPP

referencias• Andrés Felipe Arias, 2011, “Cero diálogo” en El Colombiano, Medellín, 12 de febrero. Disponible en:http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cero_dialogo/cero_dialogo.aspÁrea de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Línea de Investigación Tierra y Conflicto, 2009, El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual, Bogotá.• Clausewitz, Carl Von, 1832, De la Guerra. Disponible en: http://biblioteca.sivec.espe.edu.ec/upload/de_la_guerra_clausewitz.pdf• El Colombiano, 2011, “6 meses: ¿avance o retroceso?” en El Colombiano, Medellín, 5 de febrero.Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/6/6_meses_%C2%BFavance_o_retroce-so/6_meses_%C2%BFavance_o_retroceso.asp• El Espectador.com, 2008, “Gasto militar en Colombia, el más grande del continente” en El Espectador.com, Bogotá, 15 de abril.Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-gasto-militar-colombia-el-mas-alto-del-continente• El Nuevo Siglo, 2011, “Pastrana: Bacrim son herencia de Uribe” en El Nuevo Siglo, Bogotá, 5 de febrero. Disponible en:http://elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/29781-pastrana-bacrim-son-herencia-de-uribe.html#comment-8365• El Nuevo Siglo, 2011, “Santos: interlocución sólo para sometimiento de Bacrim” en El Nuevo Siglo, Bogotá, 12 de febrero. Disponible en: http://elnuevosiglo.com.co/nacion/orden-publico/30232-santos-interlocucion-solo-para-sometimiento-de-bacrim.html• Presidencia.gov.co, 2010, “Discurso de posesión del Presidente Juan Manuel Santos Calderón” en presiden-cia.gov.co, Bogotá, 7 de agosto.Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx

1 Discurso de posesión del Presidente Juan Ma-nuel Santos Calderón:“A los grupos armados ilegales que invocan ra-zones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la re-nuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. No es la exigen-cia caprichosa de un gobernante de turno. ¡Es el clamor de una Nación! Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo ac-tos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, segui-remos enfrentando a todos los violentos, sin ex-cepción, con todo lo que esté a nuestro alcance” (Presidencia.gov.co, 2010)

2 “La Contraloría General reveló que el gasto mi-litar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en promedio el 4,7 por ciento del PIB, cifra muy por encima del promedio del continente, que en el mismo periodo de tiempo se ubicó en 1,6 por ciento”. Fragmento de noticia titulada “Gasto mi-litar en Colombia, el más alto del continente” y publicada en El Espectador.com el 15 de abril de 2008.

3 “Seis meses son pocos para evaluar una gestión presidencial, pero constituyen un buen tiempo para reflexionar en torno a la necesidad de avan-zar en esa seguridad y confianza que habíamos re-cuperado y sentimos que empezamos a perder”. Fragmento de noticia titulada “6 meses: ¿avance o retroceso?” y publicada en El Colombiano el 5 de febrero de 2011. “Así de simple. Con las Farc no debe haber diálo-go. A esos criminales lo único que les procede es el peso y la presión de la Fuerza Pública legítima hasta que sean inclinados, derrotados y someti-dos a la justicia”. Columna de Andrés Felipe Airas titulada “Cero diálogo” publicada el 12 de febrero de 2011 en El Colombiano.

4 “No hay negociación, hay interlocución para ver en qué términos y en qué condiciones se realiza ese sometimiento a la justicia por parte de estas bandas criminales’ afirmó desde Montería (Cór-doba) el Jefe de Estado”. Fragmento de noticia titulada “Santos: interlocución sólo para someti-miento de Bacrim” y publicada el 12 de febrero de 2011 en El Nuevo Siglo.

notaspolítica; resolver el problema de las víctimas, devolver sus tierras y establecer las garantías para que los campesinos permanezcan en sus territorios.

Y no sólo eso. También habría que crear condiciones para que, en el mediano plazo, las guerrillas estén dispuestas a dar cumpli-miento a lo requerido con tanto énfasis por Santos. La primera de éstas es la disponibi-lidad a la negociación por parte del gobierno y no simplemente exigir la desmovilización. Tal disposición debe asumir que se trata de negociar con actores que operan en lógica de guerra, de la que el gobierno también es partícipe; guerra que enmarca y sostiene eventos como el secuestro, la extorsión, la in-timidación y el narcotráfico. Esas son las con-diciones impuestas por la guerra, justamente las que se requieren superar en un proceso de negociación.

“el actual gobierno deberá tener en cuenta que ninguna negociación

arrojará resultados inmediatos y favorables a la paz mientras se

sostenga al menos una de estas tres herencias: sería una negociación en

el vacío”.


Paz

Termómetro de PazEl gobierno Santos ha declarado en varias ocasiones que tiene la llave para abrir la puerta de la paz con losgrupos armados. ¿Entramos en una época más proclive a la paz? Cien días entrevistó a cinco analistas de

distintas corrientes de pensamiento para medir si, según los expertos, nos acercamos o nos alejamos a unaposibilidad real en materia de diálogo.

Por Lucía Camargo rojas y Margareth Figueroa*

5

6

43

1

Alfredo RangelAnalista de conflicto

Carlos Lozano GuillénDirector

Semanario Voz

María Victoria LlorenteDirectora

Fundación Ideas para la Paz

Álvaro Leyva DuránMiembro del partido

conservador

Carlos Medina GallegoProfesor asociado

Universidad Nacional de Colombia

¿Nota algún cambio en materia de paz y negociación con los grupos armados, especialmente con las gue-rrillas, en gobierno Santos con respecto a gobierno Uribe?

¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está pro-moviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, es-pecialmente con las guerrillas?

Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras re-formas considera usted necesarias para “aclimatar” un posible diálogo con los grupos armados?

¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?

¿Considera usted que luego de ocho años de segu-ridad democrática nos encontramos en un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Po-líticas? ¿Qué implicaciones tiene eso en las condi-ciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?

¿Cree que la opinión pública ha cambiado su per-cepción acerca de un posible diálogo con los grupos armados en este último año? ¿Cree que la opinión pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados?

2


Paz

Alfredo Rangel: Creo que en política de paz hay más continuidad que cambio entre Uribe y Santos. Considero que ha sido una política de Estado que ha permanecido intacta. Los dos mandatarios han deja-do la puerta de los diálogos abierta para la guerrilla y han exigido las mismas condiciones para que los diálogos se ejecuten: cese unilateral de hostilidades, declaración inequívoca de su voluntad de abandonar la lucha armada, cese del secuestro y abandono del narcotráfico.

Carlos Lozano Guillén: No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental Santos continúa la línea de guerra de la seguridad democrática. Su lenguaje es más prudente, a la vez que anuncia que tiene en la mano la llave de la paz para abrir la puerta cuando lo con-sidere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atri-buible al Estado, cuya naturaleza violenta es evidente. La salida política negociada exige gestos recíprocos y voluntad de ambas partes. No es suficiente que el presidente tenga una actitud más decente que la de su predecesor, tiene que romper las ataduras a las presiones uribistas y militaristas y la herencia de los últimos ocho años.

Álvaro Leyva Durán: Hay un cambio fundamental. En la adminis-tración Uribe se negó el conflicto interno, mientras que el gobierno Santos no lo ha hecho. Incluso, José Obdulio Gaviria escribió un libro dedicado a demostrar que en Colombia no había conflicto interno. Al negarlo, se evitó la aplicación del DIH y eso trajo todas las consecuen-cias propias de una confrontación sin reglas de juego como, por ejem-plo, que se haya cometido tanta barbaridad so pretexto de que lo que había era exclusivamente terrorismo y delincuencia común.

En cambio en el actual gobierno hay un mayor respeto por los derechos humanos y una intención de aplicar el DIH en la medida de lo posible, hechos que denotan la existencia de un conflicto interno.

Eso implica que ya se están abriendo espacios a una solución distin-ta a la de las armas y, por lo tanto, que hay una puerta abier-

ta antes inexistente. Ojalá se pueda hacer uso de ella. De hecho, para mí, desde que Uribe no gobierna todos los

días son una posibilidad de diálogo.

Carlos Medina: Santos ha sido cuidadoso en el manejo del tema de la paz. Sabe que tiene que tomar distancia de la postura radical del ex presidente Uribe sin erosionar el nivel de legiti-midad con el que llegó al poder. Es consciente de

que tiene detrás de sí importantes sectores de la oposición de la extrema derecha que aspiran a que

no se produzcan diálogos con la guerrilla y a que se mantenga la estrategia de guerra que fue implemen-

taba a través de la política de la seguridad democrática. Pero creo que podría estar interesado en un proceso de

paz si encuentra que hay voluntad explícita de los grupos insurgentes, en particular de

la guerrilla de las Farc, para adelantar un diálogo que pueda llevarse a fe-

liz término y que no genere falsas expectativas que posteriormente

tenga que pagar políticamente cuando, imagino, aspire a la reelección. Por esa razón con-sidero que va a ser cauteloso y que va ir creando los consen-

sos y los acuerdos internos en el bloque de la Unidad Nacional

que le permitan tomar decisiones al respecto de un posible proceso de

paz.

María Victoria Llorente: No hay cambios fundamenta-les en términos de las condiciones. Se mantiene el dis-curso de Uribe en cuanto a que la guerrilla tiene que mostrar hechos. En eso Santos mantiene la misma lógica. Pero sí ha habido un cambio muy impor-tante porque se ha des-radicalizado el ambien-te. Además, hay una diferencia grande, y es que el presidente aclaró que si va a haber un tema de la paz, que yo todavía no lo veo muy claro, lo manejará él. Es decir, será una gestión exclusi-va del presidente, distinto a como se manejó en el gobierno anterior. Eso permitirá no generarle ruido a los procesos, ni tantos intereses y perso-nas con agendas propias que puedan interferir en cualquier eventualidad.

1¿Nota algún

cambio en materia depaz y negociación con los grupos armados, especial-

mente con las guerrillas, en gobierno Santos conrespecto a gobierno

Uribe?


Paz

2¿Cree que la ley de

víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno

Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los

grupos armados, especial-mente con las guerrillas?

Alfredo Rangel: La ley de víctimas es una iniciativa del Estado colombiano para reparar el daño que los grupos armados irregula-res han realizado contra la población civil. Esa ley de víctimas es una iniciativa que, a nivel internacional, no tiene ningún antecedente en la historia de los conflictos armados internos de las últimas décadas. Que se ejecute es independiente de la posibilidad de realizar diálogos con las guerrillas.

Carlos Lozano Guillén: La ley de víctimas y la ley de tie-rras son parte de las reformas que generan condiciones de salida política del conflicto, pero a pesar de ser pa-sos positivos, son insuficientes. La ley de tierras elude lo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier solución al problema de la tierra pasa por “tocar” la tenencia y la concentración de su propiedad. La existencia del latifundio es una deuda histórica del capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley de tierras con todo lo importante que significa quitarle las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que fueron víctimas del despojo. Por su parte, la ley de víctimas afronta varios obstáculos que le impiden lograr sus objetivos: la falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la au-sencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, y la ley de sostenibilidad fiscal.

Álvaro Leyva Durán: No creo que esa haya sido la intención en el diseño. La ley de víctimas tiene que ver con el proceso de Uribe en torno a las llamadas fuerzas paramilitares y se desprende de la de Justicia y Paz. De tal manera que no corresponde a una visión di-rigida a la solución con la guerrilla. Por su parte, la ley de tierras es

una necesidad sentida con o sin guerrilla, con o sin paramilitares: devolver las tierras a

sus dueños. En ese sentido, tampo-co obedece directamente a una

política dirigida en el logro de la paz. Esto no significa

que no sea un instrumen-to útil, porque en el fon-do está aproximándose a una de los puntos neu-rálgicos del conflicto: te-nencia y uso de la tierra.

De tal manera que si no fue diseñada con el pro-

pósito de lograr caminos hacia la paz no deja de ser un

tema central que habrá que te-nerse en cuenta en el momento de

una posible negociación.

Carlos Medina: La ley de víctimas y la de tierras no contribuyen a aclimatar el proceso de paz con las guerrillas. Por el contrario, van a ser tomadas por los grupos armados como una razón más para de-sarrollar sus guerras o como una bandera para adelantar procesos de paz que busquen la mayor integralidad de las leyes y una profundidad de las mismas en la atención a las víctimas y a la distribución de la

propiedad de la tierra en el país.Estas dos leyes son un proceso de ajuste y de legitimación de

dos fenómenos que se produjeron en el desarrollo de la guerra paramilitar en los últimos años. La política de

restitución de tierras apenas devolverá dos millones de hectáreas de las 10 millones que fueron expro-piadas a campesinos y medianos propietarios. Es-tos terrenos, además, van a ser difíciles de ocupar porque van a contar con presiones de sus ex pro-pietarios, que las adquirieron por la vía del testa-

ferrato cualificado y de la guerra. Así, esta ley no va a resolver ningún problema en materia de tierras y

va a demandar a futuro una reforma agraria integral, que sigue siendo bandera de los grupos insurgentes tan-

to de las Farc como el ELN. Por otro lado, aunque la ley de víctimas también busca en un proceso de reparación de la pobla-

ción que fue víctima de la violencia, tiene una gran discusión sobre los topes económicos y fiscales con que se puede llegar a la reparación, sobre la fecha a partir de la cual se reconoce la condición de víctima y sobre la misma condición de víctima que aún debe ser clarificada.

En ese sentido, frente a los actores armados estas leyes no re-suelven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, de alguna manera sanan una situación ante la opinión pública.

María Victoria Llorente: La ley de víctimas no se puede entender como una ley para hacer la paz con los grupos armados. Se hace por-que este país tiene una enorme canti-dad de víctimas con las que el país tiene una deuda muy grande. Creo que esa es una iniciativa de justicia social que pasa por encima de la agenda de paz con los gru-pos armados. Esa iniciativa no necesariamente afecta la negocia-ción con los grupos. Es más, no veo al país muy inclinado a aceptar que el gobierno se siente a ne-gociar una ley de víctimas con las Farc.

“Frente a los actores armados estas leyes no resuel-ven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, de alguna manera sanan una situación ante la opinión

pública”.


Paz

“La obligación del estado es lograr la paz y no mantenerse en pie de guerra. Y para lograrla hay que lanzarse y buscarla y allanar los caminos. Esperar a que se den las condiciones subjetivas y

objetivas es un quimera ”.

3Además de la ley de víc-

timas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para “aclima-tar” un posible diálogo

con los gruposarmados?

Alfredo Rangel: La oferta que ha hecho el gobierno es suficiente. Si la guerrilla está decidida a dejar las armas optará por la paz.

Carlos Lozano Guillén: Se re-quieren reformas políticas impor-tantes, incluyendo el estatuto de la oposición, es decir, las plenas garantías para que los partidos actúen en el escenario político en igualdad de condiciones. Otras refor-mas indispensables para lograr el Esta-do Social de Derecho son la participación ciudadana y la concertación, letra muerta en la carta política de 1991.

Álvaro Leyva Durán: No creo que para poder solucionar el conflicto sea necesario “aclimatar”. La solución debe ser

de carácter político con o sin secuestros y con o sin ley dirigida a favorecer a las víctimas. Pienso que es casi

una equivocación pretender que para llegar a la paz hay que crear un ambiente distinto de la guerra. Lo que hay que hacer, si uno quiere, es buscar la paz. ¿Cómo? Las circunstancias lo señalan. ¿Difícil? Difi-cilísimo pero esa es la obligación del Estado: lograr

la paz y no mantenerse en pie de guerra. Y para lo-grarla hay que lanzarse y buscarla y allanar los cami-

nos. Esperar a que se den las condiciones subjetivas y objetivas es una quimera. Pretender que para hablar de

paz se requiera que no haya confrontación ni guerra es un contrasentido, por-que precisamente de lo que se trata es de crear escena-rios que eviten esa confrontación y esa guerra.

Carlos Medina: No sé qué tipo de reformas podrían darse para que se facilite un proceso, pero tendrían que ser el resultado de pro-cesos de diálogo amplio de las comunidades afectadas, de la sociedad civil y en general de la sociedad colombiana con el gobierno nacional. En ese caso el gobierno debería hacer explícita su voluntad política de recoger las inquietudes de la población, actores armados y otros sectores de la sociedad para llegar a acuerdos consensuados.

María Victoria Llorente: En esas negociaciones hay dos agendas. Una es la de las reformas y la otra es la de los intereses individuales de quienes se están desmovilizando. Entonces, en esa agenda públi-ca hay varias consideraciones que no son solamente la de las refor-mas que el país requiere y los reclamos históricos de la guerrilla sino qué está dispuesta la sociedad a aceptar como agenda. Y eso pasa, obviamente, por qué tan legítimos son esos grupos para la sociedad. Actualmente en el ámbito nacional las Farc presentan una crisis de le-gitimidad. Entonces esa es una pregunta que no es fácil de responder ni yo veo muy claro cuál sería esa agenda que el país aceptaría. Quizás el gobierno tendría que empeñarse en tratar de dilucidar cuál sería la agenda posible.


Carlos Lozano Guillén: No tienen alternativa. Pero es indispensable que sea un verdadero diálogo en donde ambas partes aseguren el pleno conoci-miento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a través de acciones iniciales como la disminución de la intensidad del conflicto y acuerdos humanitarios. El diálogo debe ser útil, constructivo y sin condiciones. El gobier-no no debe exigir que el diálogo esté precedido de la desmovilización y otros inamovibles ni in-sistir en que es la paz de los vencidos.

Álvaro Leyva Durán: Estoy absolutamente convencido de que eso es así. Lo que pasa es que hay que buscar las con-

diciones y no anticiparlas. Naturalmente cada momento de la guerra lleva a una condición diferente a la que

pudo haberse dado para adelantar unos diálogos hace un año. Lo que sí creo es que sin diálogo no hay paz. Y no veo cómo se pueda entrar a conversar si no se lanza uno a buscar el mecanismo para hacer-

lo. Por lo tanto, las circunstancias tienen que ver con el modo y los lugares. Llega un momento en que con

una vocación de decisión desde el Estado, se buscarán los instrumentos propicios. Por eso hay que conversar. Si no hay

una primera conversación todo lo demás es especulación.

Carlos Medina: Las Farc y el ELN han hecho explícito su interés de marchar hacia un proceso de paz que de una solu-

ción política del conflicto armado. Sin embargo, como investigador, me preocupa identificar

si esa voluntad explícita es real o si, por el contrario, constituye una herramienta

de la lucha política pero no una salida al conflicto. Las fuerzas insurgentes deben tomar la decisión explícita, en su interior, de marchar hacia un proceso de paz que comprometa realmente a la organización

en la transformación de sus formas hacia la lucha institucional y democrática en un

abandono de la lucha armada y de la guerra. Creo que ese proceso no se ha dado al interior

de las organizaciones y que, por el contrario, toda-vía tienen en alta estima la vía armada como instrumento

de la confrontación política. Por lo tanto, creo que ellos mantendrán durante muchos años el discurso de la solución política negociada sin que hayan tomado la decisión del abandono de las armas y que esos procesos de paz tendrían unas características específicas.

María Victoria Llorente: La lógica de que sentarse a negociar a cualquier precio se perdió después del Ca-guán. Aquí no volverá a haber ese escenario para la guerrilla. Ni el escenario de las negociaciones que se hicieron con las guerrillas a principios de los 90 en los que se dio favorabilidad jurídica y políti-ca. El problema es cómo lograr encontrar unos incentivos políticos y jurídicos adecuados, o que sean aceptables para estos grupos y para el país, y una agenda política de interés para las Farc. Me parece que es muy difícil pero no imposible. Soy una convencida de que esa sigue siendo la salida por la cual tenemos que trabajar pero sin romanticis-mos, porque esto no es solamente una cosa de voluntades.

4¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condi-

ciones? ¿Por qué?

Paz

Alfredo Rangel: Por lo pronto no hay ningún hecho que dé a enten-der que las Farc y el ELN estén dispuestos a aceptar las con-diciones que pide el gobier-no para poder asumir ese diálogo. Esta actitud de los grupos guerrilleros no es promisoria en el corto plazo. Mientras no se conven-zan de que su debilitamiento es irreversible –y que además va a au-mentar a medida que pase el tiempo– van a insistir en el camino de la fuerza y eso les va a restar posibilidades de llegar a una negociación fructífera.

Ahora el CINEP/ Programa por la Paz ofrece a los investigadores, estudiosos o interesados en temáticas de las Ciencias Sociales un archivo digital de prensa que recopila información sobre política, gobierno, derechos humanos, nar-cotráfico y sociedad y cultura.

Quienes se suscriben al archivo pueden realizar búsquedas avanzadas por temas, lugares y periodos de tiempo y además, hacer análisis comparativos de 10 publicaciones colombianas recopiladas desde 1994 hasta la fecha.

Para información general del sistema, costos y subscripciones comuníquese con el Sistema de Información General del CINEP, en el correo electrónico [email protected].


5¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad

democrática nos encontramos en un nuevo escenario del equi-

librio de Fuerzas Militares y Políticas? ¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones

de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?

Álvaro Leyva Durán: No creo que haya un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y políticas. Aquí lo que hay es un re-greso a la guerra de guerrillas clásica. Mientras que hay unos acomo-damientos y unos desgastes. Esa es la guerra de baja intensidad de la

que se hablaba antiguamente y que causa muertes, desorden, vio-laciones de los derechos y el tránsito de los guerrilleros

y los alzados por todo el territorio nacional. Ese desgaste no implica que se termine

el conflicto. Puede que se esté en otra fase, pero es el mismo conflicto y hay que re-

solverlo no importa en qué fase se esté. Incluso, ciertos logros que se exhiben como avances en seguridad tienen implicaciones en la manera como la guerrilla continúa. Por ejemplo, si hoy las guerrillas secuestran menos

es porque tienen otros ingresos por el narcotráfico que, para mí, hoy es el nú-

cleo esencial del problema. El día en que realmente se logre un diálogo real y se to-

que el tema del narcotráfico se cambiaría la correlación ya no de fuerzas sino de argumen-

tos y discursos de toda esta confrontación armada.

Carlos Medina: No. Creo que no hay un equilibrio de fuerzas milita-res y políticas sino una ventaja significativa del establecimiento,

del gobierno y del Estado colombiano sobre la insurgencia y sobre otras fuerzas como resultado de los logros al-

canzados por la política de seguridad democrática que aunque tiene todos los cuestionamientos del

mundo, alcanzó éxitos significativos. Nadie va a desconocer que esta política fue una estrate-gia relativamente exitosa en la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitaris-mo. Pero también generó nuevos fenómenos

como la reingeniería de la guerrilla para poder enfrentar la nueva estrategia militar, el poscon-

flicto paramilitar que se manifiesta a través de las bandas criminales y el surgimiento de un modelo

neoparamilitar que se extiende por todo el país y que tiene mucha fuerza en las zonas donde el paramilitarismo

fue muy fuerte. En ese sentido, creo que habrá necesidad de que se tomen en consi-

deración esas circunstancias específicas del orden público para poder garan-tizar una atmósfera de diálogo en la cual las comunidades hagan explícita ma-nifestación de las presiones que tienen de estos nuevos grupos. Además, creo es que es necesario construir un mapa de riesgos en términos de los grupos y bandas criminales y del neoparamilitarismo que esté articulado al mapa po-lítico nacional pero también al mapa de consolidación de los procesos de paz que se puedan ir construyendo. Áreas muy importantes del país deben contar con especial atención por parte de las instituciones de derechos humanos, los organismos internacionales y las brigadas de paz que ayuden a construir una atmósfera democrática de seguridad, de convivencia y de bienestar en las regiones para que sean centro de atención y desarrollo de procesos de paz.

María Victoria Llorente: Hoy en día las Fuerzas milita-res y de Policía sí están mucho mejor preparadas que hace quince años. Hay una ventaja muy grande e irreversible. El problema es que independiente de esa superioridad militar, que es absoluta y evidente, las Farc todavía tienen mucha capacidad de daño en muchas zonas del país. Pese al conti-nuo asedio al que la organización está sometida, mantiene todavía una línea de mando que no es menor. Creería que si se termina de descomponer al secretariado la organización se dispersaría y probablemente se generaría un problema criminal grande.

Alfredo Rangel: Después de ocho años de seguridad democrática la correlación de fuerzas ha cambiado a favor del Estado y en contra de la guerrilla, situación que en este nuevo gobierno va a continuar. Eso coloca en manos del gobierno la posibilidad de realizar un diálogo en sus condiciones y no en las de la guerrilla. Así que la única posibilidad que tienen los grupos armados es aceptar las condiciones puestas por el gobierno (en una agenda muy recortada con respecto a la del Caguán). Además, la guerrilla deberá aco-plarse a la exigencia del gobierno a abrir compromisos de verdad, justicia y repa-ración que son ineludibles.

Carlos Lozano Guillén: Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen siendo las mismas y, como no se modificaron, el conflicto persiste. Lo que sí es evidente es que el marco del con-flicto cambió porque ahora la iniciativa o la ofensiva la tiene el Go-bierno. En ese sentido, la seguridad democráti-ca le propinó duros golpes a la guerrilla, a pesar de que no logró su objetivo declarado de aplastarla.

Paz

“Después de ocho años de seguridad democrática

la correlación de fuerzas ha cambiado a favor del Estado y en contra de la guerrilla, situa-

ción que en ese gobierno va a continuar. Eso coloca en manos del gobierno la posibilidad de realizar un diálogo en sus condiciones y no en las

de la guerrila ”.


6¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción acerca de un posible diálogo con los grupos armados en este último año? ¿Cree que la opinión pública está lista

para ver un diálogo de paz con los grupos

armados?

Álvaro Leyva Durán: Parte del problema nacional es que aquí se pone el termómetro a la opinión pública para establecer lo que hay que hacer, mientras que hay unas obli-gaciones de carácter moral y de certeza inte-lectual, en la medida en que uno tenga la se-guridad de que se acerca al bien común, que tienen que estar más allá del termómetro de la opinión. Un hecho importante y lleno de jugosas noticias hace cambiar a la opinión pública, que es básicamente coyuntural. De tal manera que si se inician unas conversa-ciones secretas, por ejemplo, y llega un día en que aparecen todos los secuestrados, la opi-

nión pública cambiaría de postura por-que se le dio una buena noticia.

Carlos Medina: La opinión pública no

ha cambiado su percepción por-que está atada a los medios de comunicación y sectores po-líticos que son

absolutamente contrarios a los

procesos paz. La opinión pública es

el ciudadano común y corriente que se construye

sobre el principio de la presión informativa de los medios y que no se ha

movido de la lógica de aversión a las Farc y a un posible proceso de paz. Creo que todavía pesan mucho los ocho años del gobierno del presidente Uribe en materia de opinión ciu-dadana frente al problema de los procesos de paz. En ese sentido, hoy la opinión ciudadana no vería con buenos ojos un proceso de diá-logo. Para lograrlo, habría que hacer una pe-dagogía de medios muy fuerte que retomara el entusiasmo de la ciudadanía hacia un pro-ceso de paz. Hay que educar a la opinión ciu-dadana, al ciudadano de a pie que todavía no está preparado para encontrarse con eso.

María Victo-ria Llorente: Creo que hay dos niveles en cuanto a un posible cambio de opinión. Uno es el nivel de los líderes de opinión. Ahí se está empezando a hablar mucho de la negociación como una posible salida. Pero ese cambio no se da en la opinión pública ge-neral. No hay nada que odien más los colom-bianos que las Farc. En ese sentido, ha habido un cambio en los líderes de opinión que no se refleja en la opinión generalizada. No creo que la opinión pública esté lista para ver un diálogo de paz. Hay que hacer una tarea de preparación en la que los líderes de opinión ayuden a empezar a generar la conciencia. Todavía está en el ambiente el modo uribista de catalogar a esas organizaciones y eso hay que superarlo.

Alfredo Rangel: La opinión pública acep-taría hoy diálogos de paz siempre y cuando la guerrilla de pruebas indudables de que tiene la intención de abandonar la lucha armada y dejar la violencia para atacar a la sociedad civil y al Estado. Si diera ese paso creo que la opinión pública acogería con beneplácito la posibilidad de un diálogo de paz.

Carlos Lozano Guillén: Creo que sí. De hecho, hay sectores del establecimiento que se muestran proclives a los diálogos de paz pues son conscientes del fracaso de la segu-ridad democrática y reconocen la recompo-sición de las guerrillas, quienes han asi-milado los golpes y aún tienen capacidad política y militar. Estos hechos contradi-cen la supuesta crea-ción de un “Estado de opinión” beli-cista que se pro-mueve a través de encuestas de dudosa calidad científica.

“no creo que la opinión pública esté lista para ver un diálogo de paz. Hay que hacer una tarea de preparación en la que los líderes de opinión ayuden a empezar a generar

conciencia. todavía está en el ambiente el morbo uribista de catalogar a esas organizaciones y eso hay que superarlo”.

Paz

*Lucía Camargo Rojas yMargareth Figueroa

Equipo de Comunicación del CINEP/PPP


Derechos Humanos

Cavilaciones sobre Derechos Humanos

El director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP hace un recuento de los asesinatos a líderes por el tema de restitución de tierras y las amenazas que están en curso. Panorama desolador

sobre la suerte de la ley de tierras y la reparación a las víctimas.

Por alejandro angulo, S.J*

Sabía usted que... ¿… el 24 de noviembre de 2010 Óscar

Maussa, líder de la Cooperativa de Trabaja-dores Agropecuarios de Blanquicet (Cootra-groblan), fue asesinado en la vereda Cañito (San Juan Nepomuceno, Bolívar). Óscar y otros miembros de Cootragroblan adelanta-ban acciones de reclamación de tierras. He-cho que se relaciona con el desplazamiento forzoso que sufrieron, entre 1996 y 1998, 12 familias socias de la misma cooperativa, jun-to con numerosos hogares del corregimiento de Blanquicet (Turbo, Antioquia). Los grupos paramilitares “Águilas Negras” y “Autodefen-sas Gaitanistas” se encargaron de sacarlos de la región con el fin de apropiarse de sus tierras...

… el 30 de octubre de 2010 Elizabeth Silva Aguilar, líder y presidenta de la junta de acción comunal del asentamiento humano Villas de Girardot, Bucaramanga, fue asesi-nada por paramilitares. Era dirigente del Polo Democrático Alternativo. En el terreno de Villas de Girardot, que seis meses atrás era considerado como una reserva forestal y de protección para el medio ambiente de la ciu-dad y su área metropolitana, se asentaron de-cenas de familias desplazadas. El 22 de junio de 2010 fueron asesinados tres integrantes de la Coordinación Nacional de Desplazados, sede Bucaramanga. La prensa local reportó el crimen como un “encuentro entre bandas”…

…el 11 de octubre de 2010 fue asesina-da Ana María Moreno, representante legal del

Foto: Oriol Segón

“... el mismo día un grupo armado asesinó a José omar Salazar, a su es-posa deisy y a su hijo de 16 años de edad, quienes eran desplazados del departamento del Cauca. La familia

había recibido la tierra de manos del incoder ”.

Consejo Comunitario Local de Astí (Acandí, Chocó) y miembro de la Junta Directiva del Consejo Mayor. Tenía marido y diez hijos. Ese mismo día se recibió una llamada telefónica en el Consejo, se escuchó el sonido de una motosierra y una voz que amenazaba con picar a los representantes legales negros de Acandí (Chocó). El resultado neto de las ame-nazas fue el desplazamiento de tres familias. Los demás hogares de los corregimientos ale-daños están a la expectativa de la respuesta por parte del Estado a fin de saber si perma-necen o también se tienen que desplazar…

…el mismo día un grupo armado ase-sinó a José Omar Salazar, a su esposa Deisy y a su hijo de 16 años de edad, quienes eran desplazados del departamento del Cauca. La familia había recibido la tierra de manos del Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) hacía

dos años, en la finca Pinares, vereda El Retiro, inspección de policía Albán (El Cairo, Norte del Valle)…

…el 27 de septiembre de 2010 un grupo armado asesinó a tiros al líder de comunida-des desplazadas de Saravena, Édgar Bohor-quez Palma, e hirieron a su hijo Edwin Eduar-do de cuatro años de edad. Bohórquez, quien había recibido amenazas de muerte, presidía la Asociación de Desplazados Unidos del Sa-rare (Arauca)…


Derechos Humanos

Se enteró, además, de que¿…el 28 de agosto de 2010 se encontra-

ron los cadáveres del concejal Ramiro Inam-puez, líder indígena de Guachucal (Nariño) y de su esposa María Elena Galindez. Las víctimas se hallaban desaparecidas desde el 26 de agosto. Inampuez, conocido como el “Taita Ramiro”, fue gobernador del Resguar-do Guachucal, se había postulado al Senado por el Movimiento Alianza Social Indígena y se estaba preparando para negociar con el Gobierno Nacional la tenencia de tierras para los cabildos en esta región…

ramiro imapuezLíder indígena asesinado

en agosto de 2010Im

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… el 21 de septiembre de 2010 Her-nando Pérez, líder de la Asociación de Vícti-mas para la Restitución de Tierras y Bienes de Urabá, fue asesinado por paramilitares (Águilas Negras) en el corregimiento El To-tumo (Turbo, Antioquia). Pérez pretendía la restitución de tierras que les habían sido robadas, en el año 1994, por el paramilitar Carlos Ardila. Pérez es el séptimo homicidio en ese latrocinio…

…el 17 de septiembre de 2010 Sara Ro-

dríguez, líder de la invasión Torre de Molinos y desplazada por la violencia del departa-mento de Arauca desde hacía tres años, fue asesinada por un paramilitar cuando salía de su residencia, hacia las 8:20 a.m. Rodríguez había dado a conocer a la Fiscalía que estaba amenazada. Tenía tres hijos: uno de 19, otro 14 y otro de cinco años…

…el 19 de agosto de 2010, Beto Ufo, di-rigente campesino de la organización de des-plazados Nueva Florida (Cauca), fue asesina-do. Aunque Ufo tenía medidas de protección desapareció desde el 17 de agosto. La última vez se lo vio salir de una finca ocupada por 10 familias desplazadas. Eran horas de la ma-ñana e iba a realizar sus labores agrícolas…

…el mismo día, los miembros de la sub-directiva de la Asociación Agraria de Santan-der (Asogras), seccional Sabana de Torres,

fueron amenazados, mediante un panfleto, por paramilitares de la Autodefensa Central Independiente del Sur de Bolívar…

… el 22 de julio de 2010 Alex Gonzáles y una persona que lo acompañaba fueron asesinados en la vereda El Tamboral, Consejo Comunitario de Mindala, municipio de Suá-rez (Cauca). Gonzáles buscaba evitar el des-alojo de un pedazo del territorio del Consejo Comunitario en La Toma (Suárez). Varias fa-milias iban a ser desplazadas del lugar por-que se había aprobado que el terreno fuera usado para explotación minera.…

…el 17 de julio de 2010 Jair Murillo, un activista afrocolombiano, miembro de la Fun-dación Integral Pacífico Nariñense (Fipan) y líder de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), fue asesinado por paramilitares. Murillo estaba coordinando la movilización de organizaciones de despla-zados para participar en una marcha hacia Bogotá. A fines de mayo, las Águilas Negras señalaron a Fipan como una de las 16 orga-nizaciones afrocolombianas “objetivos mili-tares”…

…el 3 de julio 2010 Rigoberto Ramírez Hernández fue asesinado en el corregimien-to La Gabarra, municipio de Tibú. Eran las 6:30 pm y se encontraba en la puerta de su residencia, ubicada en un humilde rancho del

“alex Gonzáles buscaba evitar el desalojo de un pedazo del territorio del Consejo Comunitario en La toma (Suárez). Varias familias iba a ser des-

plazadas del lugar porque se había aprobado que el terreno fuera usado

para explotación minera ”.

barrio La Divina Pastora, comuna 9. El hom-bre no tenía un oficio fijo y recibía el subsidio que el gobierno le otorgaba por su situación de desplazamiento. Según un familiar, Rigo-berto tenía problemas por una parcela que adquirió en el corregimiento de Carmen de Tonchalá, donde había sembrado hortalizas para vender. En varias oportunidades perso-nas de la región lo amenazaron con enviarle a los paramilitares con el fin de quitarle sus predios?

…el 22 de diciembre de 2010 el líder campesino Rigoberto González Moreno fue amenazado de muerte. Gonzáles hace parte de un grupo de defensores de derechos hu-manos que ha sido víctima de hostigamiento permanente por parte de algunos militares y paramilitares…

…el 12 de noviembre de 2010, en el caserío Llano Rico (Carmen del Darién), un paramilitar se acercó a Guillermo Díaz, in-tegrante del consejo menor comunitario y habitante de la Zona Humanitaria “Argenito Diaz”, para intimidarlo y advertirle “puede que esté rodeado de Ejército, pero cuando le toca, le toca”. El 21 de noviembre, el mayor Pérez, comandante de tareas de la brigada 15 con sede en Riosucio, Chocó, se comunicó con el campesino Guillermo Díaz y le notifi-có: “solo se le va a acompañar cuando vaya a reuniones y a trabajos comunitarios a Llano Rico, nada más, a otras vueltas, nada”…

…el 25 de octubre de 2010, en el barrio Obrero, paramilitares en motocicleta hirie-ron a bala a Fernando Enamorado, miembro de la junta directiva de la Asociación de Víc-

Hernando PérezLíder de la

Asociación de Víctimas por la Restitución de

tierras


Derechos Humanos

Carlos Julio DelgadoDirigente campesino acusado y detenido

arbitrariamente en 2010

…el 25 de octubre de 2010 funcionarios del DAS detuvieron por dos días al dirigente campesino, Carlos Julio Delgado, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aquen-que y miembro de la Asociación de Herman-dades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aheramigua, (Santa Rosa del Sur, Bolívar). El campesino fue acusado de haber secuestra-do y extorsionado en Bucaramanga, ciudad en donde él nunca había estado en su vida…

Sin lugar a dudas

No es, entonces, lícitopreguntarse …¿

*Alejandro Angulo, S.J.Director del Banco de Datos de

Derechos Humanos y Violencia Políticadel CINEP/PPP

referencias• CINEP/PPP, Noche y niebla, No 42, julio-diciem-bre de 2010.

La guerra colombiana ha dejado, mal contados, 2.682 cadáveres de promedio anual durante los últimos 31 años, para un total aproximado de 83.150 muertos en combate o por homicidio cobarde y a sangre fría.

Foto: Oriol Segón

timas para la Restitución de Tierras y Bienes en Urabá, Asovirestibi (Chocó). El líder ade-lantaba un proceso de reclamación de 70 hec-táreas en el corregimiento Pueblo Nuevo de Necoclí. Los terrenos habían sido usurpados por paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las AUC y hoy están en manos de algunos terratenientes. Por este caso, Fernando Ena-morado había denunciado amenazas y solici-tado protección de las autoridades…

…el 20 de septiembre de 2010 parami-litares amenazaron al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Camilo Daza (Cúcuta, Norte de Santander) quien debió salir del lugar para salvarse. Las amenazas llegaron cinco días después del asesinato de Sara Rodríguez (líder de la invasión Torre de Molinos)…

…el 12 de septiembre 2010, cerca de 20 familias habitantes del corregimiento Santafé de Ralito, fueron amenazadas por paramilita-res quienes las acusaron, sin más, de hechos de los cuales nunca fueron partícipes y les ad-virtieron que podrían salir ‘perjudicadas’. El abuso originó el desplazamiento forzado de las familias?

…la guerra colombiana es una guerra ci-vil, porque se mantiene dentro de los límites del país y dentro de las regiones agrícolas…

…es una lucha social agraria porque lo que está en disputa es la posesión de la tierra…

…ha sido negada como guerra, por la mitad de los colombianos…

…tres quintas partes de la población no participan directamente en la matanza…

…es una contienda sangrienta de ricos armados contra pobres inermes, que ha deja-do, mal contados, 2.682 cadáveres de prome-dio anual, durante los últimos 31 años, para un total aproximado de 83.150 muertos en combate o por homicidio cobarde y a sangre fría perpetrado por todos los pistoleros de distinto pelaje que están rapándose los enor-mes recursos del país…

…el narcotráfico ha servido, entre otras cosas, para aceitar esa guerra, gracias a que muchos de nuestros dirigentes y sus compin-ches creyeron que se podían lucrar con ese negocio triple de cocaína, rifles y personas…

…ese conflicto social armado y ese nar-cotráfico han puesto en jaque la eficacia y la confiabilidad del Ejército y la Policía, han acorralado y vencido a sectores amplios del sistema de justicia y han impregnado todas las capas de la política y de la economía…

…ese sistema de fechorías impunes está rindiendo jugosos dividendos a pequeños grupos del país, conectados con poderosos grupos del mundo, todos los cuales se valen de las debilidades de nuestras estructuras políticas para entrar a saco en las riquezas mineras y agrícolas de Colombia y de los de-más países pobres…

…la transformación de esa rapiña de tie-rras hoy como ayer ha seguido cosechando víctimas.

… ¿Cuál será la suerte de los pueblos desplazados? ¿Cuál será la suerte de la Ley de Tierras? ¿Cuál será la reparación real a las víctimas? ¿Cuál será la sanción ejemplar a los ladrones de tierras y a sus mandantes? ¿Co-lombia será viable algún día?


Auto 092en aprietos

En 2008 la Corte Constitucional emitió el Auto 092 para reconocer a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y crear programas para responder a sus necesidades particulares. Un estudio del CINEP/PPP y otras organizaciones analiza qué tanto se han cumplido las órdenes de la entidad judicial en el Oriente Antioqueño y

concluye que las medidas no se están ejecutando de manera satisfactoria.

Por Vera Samudio*

En el año 2004, tras recibir numerosas tutelas de personas víctimas de despla-zamiento forzado, la Corte Constitucio-

nal reconoció la situación de vulnerabilidad en la que miles de familias colombianas se encontraban luego de ser expulsadas de sus territorios de manera violenta. Mediante la Sentencia T-025, esta alta Corporación de-claró un estado de cosas inconstitucional, y demandó la necesidad de crear unas políticas públicas adecuadas a la problemática. Esta sentencia proporcionó a las víctimas de des-plazamiento en el país una esperanza para el mejoramiento de sus vidas y, además, ha sido periódicamente revisada por la Corte, entidad que de manera paulatina ha expedi-do diversos autos de seguimiento que procu-ran mantener una óptica diferencial capaz de atender cada uno de los problemas de quie-nes han padecido este flagelo.

Mediante la expedición del Auto 092 de 2008 la Corte Constitucional no sólo re-conoció que las mujeres víctimas de despla-zamiento forzado tienen dificultades parti-culares sino que, además, ordenó la creación de dos presunciones constitucionales y la implementación de 13 programas para cu-

brir tales afectaciones. A partir de este pro-nunciamiento se creó la Mesa Nacional de seguimiento al Auto 092, constituida por

organizaciones sociales y de víctimas que no tardaron en realizar diversos ejercicios de seguimiento. Adicionalmente, mujeres y líderes de las regiones se encargaron de efectuar balances sobre las implicaciones y los efectos positivos de tales órdenes para la vida de las víctimas y sus familias. Sin em-bargo, con el paso del tiempo fue evidente que las medidas no se estaban ejecutando de manera satisfactoria. La realidad mos-traba que pese a la intencionalidad de la Corte, Acción Social, como responsable de la implementación de estas disposiciones, no

respondía con la altura que merecía la pro-blemática y, en ese sentido, el entusiasmo fue disminuyendo.

En este contexto, el CINEP/ Programa por la Paz, junto con el Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Oriente y 10 asociaciones de víctimas del Oriente An-tioqueño1, se dieron a la tarea de hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de este Auto en la región2, con el fin de enterar a la Corte sobre la realidad que viven las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en sus propias comunidades, en relación a cuatro

El entusiasmo de las mujeres fue disminuyendo cuando fue evidente que las medidas proporcionadas por el Auto 092 no se estaban implementando debidamente ni respondían a la altura de la problemática.

“ Se trata de uno de los asuntos más sensibles para las mujeres, quie-nes históricamente han debido sufrir dificultades para que sus bienes les sean reconocidos como propios”.

Derechos Humanos


temas de los que la entidad judicial incluyó en su pronunciamiento y que por conside-rarse sensibles en el territorio merecían una atención especial:

En primer lugar, la existencia de obstá-culos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retor-no y reubicación. Se trata de uno de los asun-tos más sensibles para las mujeres, quienes históricamente han debido sufrir dificultades para que sus bienes les sean reconocidos como propios. De acuerdo con la Corte esta situación se agrava de manera sustancial cuando son víctimas de desplazamiento for-zado. En segundo lugar, la presencia de fun-cionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o que son abiertamen-te hostiles e insensibles a su situación. En otras palabras, las dificultades que enfrentan diariamente las víctimas para acceder al sis-tema de atención del Estado, entre otras co-sas, por la displicencia con la que son trata-das por los funcionarios que perciben en esta población cargas adicionales y molestias en su quehacer laboral. En tercer lugar, la exis-tencia de problemas específicos con el tipo de acompañamiento psicosocial que imple-menta el Estado y del cual se espera, además de una atención de calidad, un esfuerzo por la reconstrucción del tejido social violentado por la guerra.

Por último, el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por actores ar-mados o de otro tipo de amenazas en un con-texto de guerra que no cesa, y que mantiene expuestas a las familias víctimas de desplaza-miento forzado.

Para realizar el seguimiento, se imple-mentaron 501 encuestas que permitieran inferir la percepción de la población sobre su situación actual y sobre la efectividad del gobierno nacional a la hora de implementar los programas. Además, las asesoras psi-cosociales del equipo del CINEP/Programa por la Paz, entrevistaron a varias mujeres en situación de desplazamiento. A partir de la recolección de esta información, fue posible conocer cómo perciben las mujeres víctimas su situación fáctica en estos campos y cómo evalúan el desempeño del gobierno en rela-ción al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.

Los resultados

Se destacan dos hallazgos importantes den-tro de este estudio. De un lado, las mujeres

afirmaron que el Estado no ha cumplido con las obligaciones impuestas por la Corte en los temas tratados. En primer lugar, la ma-yoría señalaron desconocer la existencia de los programas que implementa el gobierno. En cambio, quienes aseguraron haber escu-chado por algún medio sobre proyectos que perseguían fines similares, sólo admitieron tener conocimiento de algunos procesos re-lacionados con la atención psicosocial y so-bre el mejoramiento de la capacidad de los funcionarios para atenderlas. Sin embargo, no los identificaron como resultado de la eje-cución de los programas exigidos por la enti-dad judicial, sino como producto de acciones localizadas por las administraciones munici-pales y la intervención de proyectos de orga-nizaciones no gubernamentales.

De otro lado, y lo que resulta más preocu-pante, las mujeres víctimas de desplazamiento forzado confirman que, para los cuatro temas indagados, la situación que planteó en 2008 la Corte Constitucional en términos de vulne-ración de derechos actualmente sigue vivién-dose con inclemencia en estos municipios del Oriente Antioqueño, a pesar de que ya han pa-sado casi tres años de la creación del Auto 092.

Las mujeres víctimas de desplazamiento tienen obstáculos en el acceso a la propiedad de la tie-rra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno.

Las mujeres afirmaron que el Estado no ha cumplido con las obligaciones impuestas por la Corte en cuanto al acceso a la tierra, el acompañamiento psicosocial y el reclutamiento de sus hijos.

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Derechos Humanos

Así, para el caso de tierras, el 54% de mujeres afirmaron que no poseían terrenos antes de que ocurriera el hecho violento. Mientras que del 43% que consideraron ser titulares de predios, sólo un 25% asegura-ron haber sido beneficiadas por las medidas de protección de tierras abandonadas por el desplazamiento. Estos datos no sólo evi-dencian cómo las mujeres históricamente no han tenido un acceso adecuado a tierras sino cómo las que sí han sido titulares ac-tualmente se encuentran desprotegidas en sus derechos.

En cambio, las mujeres encuestadas di-vidieron sus apreciaciones en relación a la capacidad de los funcionarios públicos para brindar una adecuada atención a las víc-timas. El 50% consideró que el trato de los funcionarios es satisfactorio, el 17% se siente medianamente satisfecho y el 33% está com-pletamente insatisfecho. Así, aunque en un principio se perciben algunas mejorías al res-pecto, una vez se examinan los datos en cada unidad local, se hace evidente que los aportes a las cifras positivas vienen de pocos munici-pios, por lo que no se trata de una evaluación que comprometa proporcionalmente al grue-so de los funcionarios. Por eso se le preguntó a las organizaciones de víctimas participan-tes del estudio sobre estas variaciones. Las colectividades explicaron que la apreciación de las mujeres no se enfoca en analizar pro-gramas específicos que tiendan a un me-joramiento sino más bien, a la personali-dad y el carisma que proyectan algunos funcionarios y que las víctimas perciben satisfactoriamente.

Un panorama similar se presenta al analizar la información sobre acompañamiento y atención psico-social. Mientras que el 98% de la población consultada reconoce la presencia de afecta-ciones psicosociales como consecuencia de la guerra, el 78% de quienes dicen conocer

El 98% de la población consultada en el estudio del CINEP/PPP junto con otras organizaciones, reconoce la presencia de afectaciones psicosociales como consecuencia de la guerra.

programas de este tipo en su comunidad (38% del total) se muestra satisfecho. Aquí también se evidencian grandes variaciones entre los municipios estudiados. Sin embar-go, en este caso son más nítidos los factores intervinientes en estos porcentajes. Algunas acciones puntuales en salud mental con enfo-ques psicologistas, que han sido financiadas desde las administraciones municipales, y la presencia de organizaciones no gubernamen-tales que hacen este tipo de acompañamien-to, permean la percepción de las mujeres permitiendo que se constituyan tales datos.

Con todo lo anterior, notando que se trata de acciones no gene-ralizables, con con-tenidos y niveles de cobertura dispares y que no atienden los criterios mínimos exigidos por la Cor-te para cada uno de

estos programas, es posible señalar que no hay una respuesta del gobierno atinada a las necesidades de las mujeres víctimas de la po-blación desplazada.

El último tema analizado durante este estudio merece atención aparte. Se trata

del riesgo que corren los hijos e hijas de ser reclutados de manera forzada. En este caso, el 12 % de las mujeres señalaron co-nocer casos de reclutamientos en su co-munidad y el 20% siente temor de que ese hecho pueda ocurrirle a sus niños. Los da-tos evidencian la existencia de un conflicto armado vigente y causante de nuevos des-plazamientos, situación que ha sido negada por la administración Uribe y desdibujada con el no reconocimiento de los grupos pa-ramilitares existentes, denominados por el actual gobierno Santos como Bacrim (ver artículo “¿Qué tan nuevas son las ban-das criminales?”en esta misma edición).

Reflexiones

Es posible señalar, entonces, que las órdenes emitidas por la Corte Constitucional para re-solver las problemáticas planteadas en cada uno de los temas analizados, aún no han sido cumplidas en el Oriente Antioqueño. Al pa-recer, actualmente las mujeres víctimas de desplazamiento forzado reciben del gobierno una serie de acciones poco coherentes entre sí, desarticuladas, disímiles en el territorio y que, en algunos casos, activan nuevas formas de victimización.

“ Los hijos e hijas de las mujeres corren el riesgo de ser reclutados de manera forzada. El 12 % de las en-cuestadas señalaron conocer casos de reclutamientos en su comunidad y el 20% siente temor de que ese hecho

pueda ocurrirle a sus niños ”.

“ no hay una respuesta del gobier-no atinada a las necesidades de las mujeres víctimas de la población des-

plazada ”.

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Derechos Humanos

*Vera SamudioMiembro del equipo Reconciliación y reconstrucción de subjetividades del

CINEP/PPP

referencias• CINEP/PPP, 2011, Informe de seguimiento al

cumplimiento del Auto 092 de 2008 – Oriente Antioqueño. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20de%20Seguimiento%20al%20Auto%20092%20de%202008.pdf

• Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. Dispo-nible en: http://www.observatoriogenero.org/DDV/Auto092.pdf

• Corte Constitucional, Sentencia T025 de 2004. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm

notas1 Asociaciones participantes: 1)Asociación de Víctimas Renovando Huellas del municipio de San Vicente; 2) Asociación de Víctimas de San Rafael (ASOVIS); 3) Asociación de Víctimas de la Violencia del Municipio de Cocorná (AVVIC); 4)Asociación de Víctimas del Municipio de Gra-nada (ASOVIDA) y Asociación de desplazados por la Violencia del Municipio de Granada; 5) Asociación De Víctimas Caminos de Esperan-za del municipio de Argelia; 6) Asociación de Víctimas de La Violencia del Carmen de Viboral: Volviendo a vivir en la Esperanza por la Paz y la Verdad; 7) Asociación por el restablecimiento de la dignidad de las Víctimas del Municipio de El Santuario (ARPADIVISA); 8) Asociación de Víctimas de la Violencia del Municipio de La Unión Revivir una Nueva Esperanza; 9) Soñando por nuestro pueblo: Asociación de Víctimas del Municipio de Nariño y 10) Asociación de vícti-mas por la Paz y la Esperanza de Sonsón.

2 Este estudio se realizó en el marco del Proyecto “Reconciliación y Subjetividades” desarrollado por el CINEP/ Programa por la Paz y fue finan-ciado por la Unión Europea, Intermón Oxfam, Oxfam Novib y Broederlijk Denle en los munici-pios del Oriente Antioqueño: San Vicente, San Rafael, Cocorná, Granada, Argelia, Cármen de Viboral (Vereda La Esperanza), el Santuario, la Unión, Nariño y Sonsón.

Desde este reconocimiento del estado de las cosas, se hace urgente plantear la nece-sidad de hacer una revisión integral de las po-líticas implementadas para la atención a las mujeres víctimas de desplazamiento, de tal suerte que sea posible construir un camino que permita el goce efectivo de sus derechos. Si se realizara un análisis profundo de las ac-ciones que ha desarrollado el Estado desde el reconocimiento de las realidades que vive diariamente esta población se podría ser más efectivo en la creación e implementación de mejores políticas públicas.

Frente a los temas planteados y los re-sultados obtenidos, urge crear mecanismos diferenciados en los planes de reubicación y retorno en los que se comprenda cómo estas mujeres están rehaciendo sus vidas y la de sus familias por lo que deben tener garantía de que el fruto de sus esfuerzos de hoy podrá ser mantenido a futuro. También se hace eviden-te la necesidad de que el sistema de atención que se implemente desde el Estado cuente con funcionarios con una preparación espe-

“ Desde este reconocimiento del estado de las cosas, se hace urgente plantear la necesidad de hacer una revisión integral de las políticas im-plementadas para la atención a las mujeres víctimas de desplazamiento, de tal suerte que sea posible cons-truir un camino que permita el goce

efectivo de sus derechos ”.

cializada, gran compromiso humano y una ca-pacitación idónea para desempeñar su cargo.

Adicionalmente, es necesario compren-der que las afectaciones psicosociales causa-das por la guerra no se solucionan con inter-venciones psicológicas puntuales y aisladas. El resquebrajamiento de las redes sociales, comunitarias y familiares exige un proceso de acompañamiento que comprenda accio-nes de reconstrucción del tejido social, en un marco de realización de los derechos a la ver-dad, la justicia y la reparación integral.

Por último, la implementación de me-didas efectivas de no repetición, centradas en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares hoy existentes y en una debida observación por parte de la fuerza pública de las normas internacionales de Derechos Hu-manos y del Derecho Internacional Humani-tario disminuiría significativamente el riesgo de reclutamiento de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado.

El análisis crítico de cada una de las po-líticas impuestas, el reconocimiento de los equívocos previos y la escucha permanente a las propuestas de las víctimas, son elementos indispensables para un encausamiento de la obligación del Estado por atender, proteger y reparar integralmente a las víctimas del con-flicto armado colombiano. Solo un enfoque comprensivo e integral en la concepción de la atención a las mujeres víctimas, enmarca-do en la realización plena de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral puede forjar caminos seguros para alcanzar una paz duradera.


Quítatede la vía Perico…

Una mirada a algunas luchas emprendidas por pueblos indígenas que han puesto en cuestión los modos de explotación de los recursos naturales promovidos por planes nacionales de desarrollo. Las locomotoras que definirán el rumbo del país parecen desconocer cómo el sector minero energético ha arrasado territorios y

culturas indígenas.

Por Martha Cecilia García*

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esRegresa el tren como ícono del creci-

miento económico, gracias al recurso metafórico del proyecto de Plan Nacio-

nal de Desarrollo del actual gobierno que nos habla de cinco locomotoras que definirán el rumbo de la economía del país en los próxi-mos años. El cine sobre la conquista del leja-no oeste norteamericano alabó, como ningu-no, el ferrocarril como indicio de la llegada de la civilización y la modernidad a unas tierras de nadie, habitadas por aguerridos indígenas y plagadas de oro, donde se desplegó una fe-roz disputa por su apropiación. Fiebre del oro y ferrocarril corrieron parejas en una historia contada a retazos en la que la idea de progre-so encubrió tanto la aniquilación de pueblos indígenas como su lucha por no permitirlo.

En el último decenio hemos padecido en el país, no solo fiebre de oro, sino fiebre de convertir la extracción de recursos naturales en la vía hacia el desarrollo1, ofertando las “ventajas naturales” en el mercado interna-cional, tal como lo expresó el Plan de desa-rrollo minero, planteado por el gobierno de Uribe Vélez en 2006 (Ministerio de Minas y Energía, 2006). En ese documento se esta-blecieron estrategias tales como “invitar a los inversionistas extranjeros a entrar más agre-sivamente al país” (Beltrán, 2006) y mejorar la competitividad, para convertir a Colombia en uno de los tres destinos latinoamericanos de preferencia de las inversiones mineras in-

ternacionales, lo que implica cubrir el 75% del territorio con exploración geológica y mejorar la infraestructura de transporte para la exportación de productos mineros y la co-nectividad regional, nacional e internacional.

Por los cuatro puntos cardinales, y junto a esta fiebre de desarrollo minero-energético que ha venido acompañada de historias de arrasamiento, ocurrieron estelas de movili-zaciones sociales que tuvieron fuerza para poner en cuestión los modos de explotación de los recursos naturales –como el agua, los hidrocarburos y diversos minerales– y la mercantilización de la naturaleza. Estas pro-testas buscaron evidenciar la existencia de

concepciones contrapuestas alrededor de la relación entre seres humanos y naturaleza, y demandar del sistema judicial la defensa de derechos económicos, sociales, culturales y colectivos consagrados en la Constitución Nacional de 1991.

La armonía del mundo azul U’wa contra “la energía que el mundo necesita”

La lucha del pueblo U’wa (Arenas, 2004 y Serje, 2003), la gente que sí sabe hablar, can-ta sus mitos y preserva la armonía del mundo

“Quítate de la vía Perico, fíjate que ahí viene el tren…y luego no vayas a decir que no te lo advirtieron…si yo llego a saber que Perico era sordo, paro el tren, y no mato a Perico...” Ismael Rivera

Las locomotoras que definirán el rumbo de Colombia parecen desconocer cómo el sector minero energé-tico ha arrasado territorios y culturas indígenas en los cuatro puntos cardinales del país.

Movimientos Sociales


“ El argumento central de los U’wa para oponerse a la exploración y ex-plotación de hidrocarburos es que proteger la Madre Tierra y lo que ella contiene le da sentido a sus vidas, y sacarle la sangre (el petróleo) es ma-tarla y quedarse sin donde vivir ”.

azul contra la búsqueda “de la energía que el mundo necesita”2 emprendida por la Oxy, en sus territorios tradicionales, se inició en 1995 y aún no termina. El argumento central de los U’wa para oponerse a la exploración y explotación de hidrocarburos es que pro-teger la Madre Tierra y lo que ella contiene le da sentido a sus vidas, y sacarle la sangre (el petróleo) es ma-tarla y quedarse sin donde vivir. La Oxy, por su parte, planteó que su proyecto era la última opción que tenía este pueblo in-dígena para sobrevi-vir porque generaría empleo y bienestar. Su alegato es una muestra de la idea dominante de que la mo-dernización –a través de la industrialización, la venta de la fuerza laboral y el vínculo direc-to con el mercado–, es la única fuerza capaz de destruir las supersticiones y relaciones ar-caicas, sin importar el costo social, cultural y político, como lo señala Arturo Escobar3.

Durante más de una década intervinie-ron en este conflicto organismos de control, las altas cortes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, universidades nacio-nales y extranjeras. Los temas debatidos se

referían a la consulta previa, la pervivencia de los pueblos indígenas y el respeto a su autono-mía. En agosto de 1999, el gobierno entregó a los U’wa la resolución del Incora por la cual se ampliaba el resguardo y pocos meses después otorgó a la Oxy una nueva licencia ambiental para iniciar exploraciones en Gibraltar 1, que está a menos de 700 metros del territorio in-

dígena. Aunque en 2001, el gobierno in-formó pesaroso que no había encontrado petróleo sino gas, en 2003 Ecopetrol dio a conocer que el Blo-que Samoré puede contener 2.500 mi-llones de barriles de petróleo, lo que si-

guió haciendo del territorio indígena un lugar muy atractivo para la explotación.

En noviembre de 1999, la comunidad ocupó de forma pacífica los terrenos de Gi-braltar para impedir el inicio de la explora-ción, y en enero del 2000 fue desalojada por el Ejército. Diez años más tarde, en octubre de 2009, la Asociación de Autoridades Tra-dicionales y Cabildos U’wa convocó una mo-vilización en Cubará, Boyacá, para reafirmar su oposición a toda explotación de cualquier recurso natural y exigir que no se violen sus

territorios ancestrales a través de la explota-ción de gas en el pozo Gibraltar 3, por parte de Ecopetrol y de dos megaproyectos que el Gobierno pretende implementar allí: la construcción de una carretera binacional que comunicará Colombia con Venezuela y atra-vesará el corazón del Resguardo indígena, y la propuesta de impulsar el ecoturismo en el Parque Nacional del Cocuy, iniciativa que desembocará en la invasión e irrespeto a sus sitios sagrados.

El canto a la unidad Grancolombiana contra los Wayúu

Los indígenas Wayúu han tenido que vérselas no con la explotación de petróleo sino con la “Siembra petrolera”4 y el canto a la unidad Grancolombiana: el Gasoducto Transcaribe-ño Antonio Ricaurte, proyecto adelantado por las petroleras estatales Petróleos de Ve-nezuela (PDVSA) y Ecopetrol, tras el compro-miso hecho, en julio de 2006, por los presi-dentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez de construirlo en dos años, con una inversión de

En octubre de 2009 la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa convocó una movilización en Cubará, Boyacá, para reafirmar su oposición a toda explotación de cualquier recurso natural.

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En julio de 2006 los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe se comprometieron a construir en dos años el Gasoducto Antonio Ricaurte.

En la noche del 26 de marzo de 2011, una explo-sión, en una finca ubicada a 7 km de la frontera con Venezuela, destruyó un tramo del gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

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300 millones de dólares. La petrolera vene-zolana prometió a las 33 comunidades indí-genas Wayúu afectadas una inversión social y ambiental equivalente al 10% del costo to-tal de la obra, que incluía reparación de vías, construcción de escuelas, centros de salud, acueductos rurales, proyectos agrícolas y ga-naderos, y tendido de fibra óptica para am-pliar y facilitar las comunicaciones entre los pueblos fronterizos.

En enero de 2007, los indígenas blo-quearon, durante cinco días, las obras de construcción del gasoducto binacional en Manaure y Maicao, y lo volvieron a hacer en septiembre del mismo año. En ambas ocasio-nes adujeron irregularidades en el proceso de concertación con los pobladores e incumpli-miento de la inversión social prometida. En la segunda movilización, anunciaron que im-pedirían la terminación de las obras si no les entregaban el 70% de los dineros acordados como indemnización por la afectación de su territorio. Pero el progreso no da tregua: el 12 de octubre de 2007 los presidentes de Vene-zuela, Colombia y Ecuador asistieron a la fies-ta de inauguración del gasoducto en Ballenas.

Pocos días después, indígenas Wayuú permanecieron una semana ante la Defen-soría del Pueblo en Riohacha y luego se to-maron las dependencias en protesta por el incumplimiento de la entrega del 50% de los ochocientos millones pactados entre PDVSA y las comunidades indígenas. Hubo nuevas promesas de atender los pactos y nuevos in-cumplimientos. En la noche del 26 de marzo de 2011, una explosión, en una finca ubicada a 7 km de la frontera con Venezuela, destruyó un tramo del gasoducto Transcaribeño. El ga-soducto Antonio Ricaurte en átomos volando.

Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kamkuamo defienden el Corazón del Universo

Para las comunidades indígenas Arhuaco, Ko-gui, Wiwa y Kamkuamo que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta el cerro Jukulwa es el

La licencia ambiental que se le otorgó a Brisa S.A generó daños daños incalculables a los ecosistemas de la zona, y destruyó el cerro Jukulwa, sitio sagrado para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los indígenas de la Sierra Nevada han marchado en varias oportunidades en contra del Puerto Multipro-pósito Brisa y la represa del Río Ranchería, que atentan contra su cultura y medio ambiente.

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“ en la segunda movilización los indígenas anunciaron que impedi-rían la terminación de las obras si no les entregaban el 70% de los dineros acordados como indemnización por la

afectación de su territorio ”.

lugar “donde consultamos a las Madres y Pa-dres Espirituales, es la base que sostiene los cerros de la Sierra, es la base del agua y de todos los animales que conocemos, por eso Mulkwaba dijo que no la podemos tocar, no se puede destruir, porque allí está lo que da la vida; todo lo que existe depende de este Sitio, es el principio del orden…es el Corazón del Mundo, allí está el oído, allí está la vista5 …” (Mamos Mayores, 2009).

A Jukulwa se le abrió un boquete que lo partió en dos para dar paso a las obras de construcción del Puerto Multipropósito Bri-sa, en Dibulla, que ampliará la infraestructura

portuaria del país y promoverá el transpor-te intermodal de carga para responder a los requerimientos del TLC6. Impulso al desa-rrollo alabado por las élites guajiras. El otor-gamiento en 2006 de la licencia ambiental a Brisa S.A. omitió el procedimiento de consul-ta previa con los cuatro pueblos, la construc-ción del puerto se inició violando las condi-ciones ambientales pactadas, generó daños incalculables a los ecosistemas de la zona, destruyó un sitio sagrado para los indígenas y les impidió el libre acceso al lugar.

En abril de 2007, 400 indígenas de la Sierra Nevada llegaron a Mingueo para la-



mentar la destrucción de Jukulwa, y protestar por el impacto del puerto sobre su territorio, cultura y medio ambiente y por no haber sido tenidos en cuenta para iniciar la obra. Volvie-ron a marchar un año después por idénticas razones, fueron agredidos por la policía y el gerente de Brisa manifestó su incon-formidad con los rei-terados reclamos y protestas indígenas, cuando el Ministe-rio del Interior ha-bía certificado que en esa propiedad no existían sitios de pa-gamento.

El 25 de julio de 2007, 300 indíge-nas de la Sierra marcharon desde Riohacha para protestar contra otro megaproyecto rea-lizado en sus territorios ancestrales: la repre-sa del río Ranchería ubicada en San Juan del Cesar. Esta obra, además de atentar contra el equilibrio ecológico de la región lo hizo con-tra su cultura al destruir otro de sus lugares sagrados, el cerro Sekumukui que fue volado con explosivos plásticos en abril del 2007 para dar paso a la construcción de la represa planteada como un proyecto bandera del go-bierno de Uribe Vélez para dotar de agua a los acueductos municipales de la región, irrigar 18.536 hectáreas y producir 7 megavatios de energía eléctrica. Pero las autoridades indí-genas de la Sierra Nevada denunciaron que el agua de esta represa se utilizará para generar cultivos de palma africana y otras actividades asociadas al TLC (Consejo Territorial de Ca-bildos, 2007).

La fiebre de los metales contra comu-nidades Emberá y afrodescendientes

Según indígenas y afrodescendientes Muriel Mining Corporation consiguió los permisos de las comunidades de manera inapropiada, pues com-pró a algunos dirigentes con comida, licor y dinero.

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“ El otorgamiento en 2006 de la li-cencia ambiental a Brisa S.A. omitió el procedimiento de consulta previa con los cuatro pueblos, la construcción del puerto se inició violando las condicio-nes ambientales pactadas, generó daños incalculables a los ecosistemas de la zona, destruyó un sitio sagrado para los indígenas y les impidió el li-

bre acceso al lugar ”.

Los Emberá Katío y la represa de Urrá

“Preguntamos a Karabí, nuestro Padre, qué delito hemos cometido los Embera para que debamos sufrir todo tipo de violencias y de atropellos por parte de la gente Kapunía, con sus obras de desarrollo, con sus armas de guerra o con sus propios jueces. En qué hemos ofendido a la Madre Tierra, para que después de una lucha de varios años y de soportar cinco meses de intemperie en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá, no podamos tener un día de reposo o dedicarnos a la reconstrucción de nuestro pueblo, sino que aparecen nuevos gavilanes dispuestos a abalanzarse sobre nosotros”.

Estos fragmentos de un comunicado de los Cabildos Mayores Emberá emitido el 29 de mayo de 2001 dan cuenta de parte de la lucha que inició esa comunidad en 1994 en una manifestación masiva en la que se despidieron del río que fue represado por la hidroeléctrica Urrá. Su mito de origen está en el agua y el pescado es su principal alimento. Hoy ese recurso está prácticamente extinto. El mensaje de los Cabildos salió a la luz luego de que las AUC secuestraran a ocho indígenas Embera y que las Farc asesinaran a diez campesinos dentro del resguardo y poco antes del secuestro y asesinato de Kimmy Pernía, lider que encabezó propuestas contra la hidroeléctrica.

Cuatro movilizaciones más realizaron los Emberá, entre 2004 y 2005 para exigir al gobierno cumplir los pactos que permitieron levantar la toma de Minambiente (1999 y 2000):

indemnizaciones, reubicación en tierras productivas y recuperación de la pesca. En enero de 2005, indígenas del país exigieron al gobierno cumplir la Sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional: respetar al pueblo Embera, defender su territorio y su cultura, amenazados por la construcción de la hidroeléctrica. Un mes después, los indígenas Embera del resguardo de Mistrató, Risaralda, mani-festaron públicamente su solidaridad con sus hermanos cordobeses, quienes desde dos meses atrás estaban en Bogotá protestando ante el gobierno nacional.

Kimy Pernía encabezó, durante 10 años, las protestas contra la hidroeléctrica de Urrá.

minera de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation. Según los Emberá, abrir las entrañas de Ellausakirandarra es liberar los espíritus malignos que los Jaibana han ex-pulsado, y poner en riesgo el bienestar físico y espiritual sus pueblos.

En 2005, Ingeo-minas y la goberna-ción de Antioquia concedieron a la Mu-riel nueve permisos para la exploración, explotación y co-mercialización, por 30 años, de diversos metales entre los municipios de Mu-rindó, Antioquia, y Carmen del Darién,

Chocó, dentro de territorios ocupados ances-tralmente por comunidades Embera y afro-descendientes. La Onic, la OIA, Aso-Orewa, organizaciones afros, campesinas y ONG de-nunciaron la presencia inconsulta de la mul-tinacional en la zona desde finales de 2004,

y señalaron que la explotación atenta contra sus territorios, la preservación de los eco-sistemas y la vida de las comunidades: “un pueblo sin agua, sin bosque, es un pueblo sin cultura, sin espíritu, es un pueblo destruido”. La empresa afirmó contar con el aval de la co-munidad del Carmen del Darién para iniciar la exploración, tras haber realizado el proce-so de consulta previa, en marzo de 2006 (las


El 4 de enero de 2009, más de 600 indíge-nas Emberá, de los resguardos de Uradá, Ji-guamiandó, Chageradó, Turriquitado y Río Murindó, y miembros de las comunidades negras del Consejo Mayor del Jiguamiandó, se reunieron en el cerro sagrado Ellausa-kirandarra (Careperro) y establecieron un asentamiento durante más de seis meses como estrategia de defensa territorial, para impedir la puesta en marcha del proyecto denominado Mandé Norte, de explotación


comunidades de Murindó no asistieron al proceso por lo cual éste se suspendió). Indí-genas y afrodescendientes afirmaron que la empresa consiguió los permisos de las comu-nidades de manera inapropiada, pues com-pró a algunos dirigentes con comida, licor y dinero.

Aunque en 2007, la Muriel Mi-ning Corporation ha-bía manifestado que no tenía ningún inte-rés en Careperro, en 2008, el Tribunal de los Pueblos, juzgó y condenó a esta multinacional por los proce-sos viciados de la consulta previa, atropello a los derechos territoriales de los pueblos indí-genas y comunidades afro colombianas.

* * *Las luchas a las cuales se ha referido este artículo, se han dado a favor de la vida, de la

sobrevivencia de algunos pueblos indígenas, han dejado en evidencia el desconocimiento de la voluntad de esos pueblos, el rechazo a sus saberes y a sus modos de relación con el mundo, que no es otra cosa que la negación del derecho a sus propias opciones cultu-rales y, con frecuencia, a la vida misma. Los

conflictos que deve-lan estas luchas han traído “a la luz el lado más oscuro de la modernidad, el te-rror, la opresión y la destrucción a la que han sido condenados

pueblos no europeos con el fin de pavimen-tar la vía hacia la modernidad occidental” (De Sousa Santos, 2001, 207).

La locomotora minero energética ruge estruendosamente en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Pero mientras el crecimiento económico desconozca la diversidad cultural del país, la travesía de esta locomotora por

los territorios ancestrales indígenas y afros continuará arrasando sus pobladores y la naturaleza y -como afirmó el Cric durante la movilización de febrero del 2010 al corazón del territorio de Juan Tama, el Páramo de Pis-no, cuando denunció los intereses de la mul-tinacional minera Anglo Gold Ashanti sobre estos territorios sagrados- no hay regalías ni promesas de inversión que compensen la destrucción social y ambiental o la ocupación del territorio de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y luego no vayas a decir que no te lo advirtieron…

referencias

notas

• Arenas, Luis Carlos 2004, “La lucha contra la explotación petrolera en Territorio U’wa: estudio de caso de una lucha local que se globalizó” en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Eds.), Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma.

• Beltrán, Harvey, 2006, “Gbno. Promueve sector minero con proyecto visión 2019” en Business News Americas, Santiago de Chile, mayo 29. Disponible en: http://www.bnamericas.com/news/mineria/Gbno,_promueve_sector_minero_con_proyecto_Vision_2019

• Cabildos Mayores Emberá Katío, 2001, La Corte Suprema de Justicia impide liquidar perjuicios a los indígenas Embera Katío por la construcción de la represa de Urrá y se rebela contra la Corte Constitucional (comunicado), Tierralta, mayo 29.

• Consejo Territorial de Cabildos, 2007, Posición Indígena Frente a los Megaproyectos que Afectan la Sierra Nevada de Santa Marta, marzo 25.• Coronil, Fernando, 2002, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Caracas, Nueva Sociedad. • Lander, Edgardo, Progreso, conocimiento, naturaleza y pobreza: la búsqueda de opciones a la cosmovisión liberal, s.f.• Mamos Mayores y Autoridades Tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2009, Mensaje de los Mamos Mayores y las autoridades tradicionales de la

Sierra Nevada de Santa Marta a los altos jueces de la República. • Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética, 2006, Plan nacional para el desarrollo minero, visión al año 2019. Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf• Serje, Margarita, 2003, “Ong, indios y petróleo: el caso U’wa a través de los mapas del territorio en disputa” en Boletín del Instituto de Estudios Andinos, vol. 32,

N° 1, Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima. Disponible en: http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/32(1)/101.pdf• De Sousa Santos, Boaventura, 2001, “El significado político y jurídico de la jurisdicción indígena”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, El

caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo II, Siglo del Hombre, Bogotá.

1 En 2010, el sector minero energético creció 12%, el sector agrícola alcanzó un crecimiento de 0%, después de dos años de decrecimiento, la brecha entre ricos y pobres aumentó y el nivel de indigencia marcó dos veces el promedio de América Latina.

2 “With its core oil and gas operations in the United States, Middle East and Latin America, Oxy is helping to meet the world’s energy needs”, es el lema de esta petroquímica, www.oxy.com.

3 Citado por Edgardo Lander en Progreso, conocimiento, naturaleza y pobreza: la búsqueda de opciones a la cosmovisión liberal, mimeo, s.f.4 El proyecto del gasoducto hace parte del Plan Siembra Petrolera 2005-2030, que ejecuta PDVSA. Fernando Coronil afirma que fue Arturo Uslar Pietri quien acuñó

a consigna “sembrar petróleo” y Acción Democrática la convirtió en principio rector de su programa económico, hacia 1946. La metáfora se refería a la conversión del dinero proveniente del petróleo en inversiones agrícolas e industriales productivas (Coronil, 2002, pág. 152).

5 “…Al destruir nuestros lugares sagrados se amenazan nuestras culturas, se atropellan nuestros derechos como pueblos indígenas y su realización sería otra terri-ble equivocación del hermano menor que alteraría irreversiblemente el equilibrio de las aguas y amenazaría la integridad de las culturas y la existencia misma de los indígenas de toda la Sierra Nevada” (Mamos Mayores, 2009).

6 En página web de Empresa Brisa S.A.

*Martha Cecilia GarcíaInvestigadora del proyecto

Movimientos Sociales del CINEP/PPP

“ No hay regalías ni promesas de inversión que compensen la destruc-ción social y ambiental o la ocupación del territorio de las comunidades indí-

genas y afrodescendientes ”.



Constitución

La Constituciónen re-construcción

Después de dos décadas de creación, la característica fundamental de la Constitución política de Colombia de 1991 es su reformitis. Análisis sobre cómo los continuos cambios en la Carta reflejan poca concordancia entre la

norma y el país político.

Por ana María restrepo*

A 20 años de la firma de la Constitución de 1991, los balances históricos apun-tan a una característica fundamental

de la Carta: la reformitis. No en vano, en los últimos días muchos han sido los proyectos de ley que han pasado a sanción presidencial (ver recuadro 1) y que no dejan de generar inquietud sobre los alcances de las faculta-des del presidente sobre la Carta y respecto al control que ejerce el Congreso sobre estos cambios.

Dos décadas de vigencia proporcionan un balance no muy positivo de la estabilidad de la Constitución de los colombianos. Esta característica puede generar dos posturas: o la Carta está poco sustentada en el siste-ma político del país o el sistema político co-lombiano sobrepasa todo lo que pueda decir

y reglamentar la Constitución. Las intencio-nes del país que reflexionó sobre la nueva carta (conformado en su mayoría por sec-tores más distantes de la vida política real como estudiantes y personajes públicos de la cultura, entre otros) tenían que ver con la reflexión sobre las necesidades del momen-to, pero éstas se quedaron en lo anecdótico de la lucha contra el narcotráfico, el asesina-to de cuatro candidatos presidenciales y en que esos fenómenos eran una muestra de la alarmante crisis general del Estado (García, 2011, 6; Novoa, 2011, 10-11; El Espectador, enero 30 2011, 10-11). Sin embargo ¿qué

tanto cambiaron esas condiciones con la nueva Carta?

Da la impresión de que el país político no estuvo involucrado muy directamente con la redacción del nuevo libro de las le-yes colombianas. En ese sentido, uno de los aspectos positivos consistió en que en su elaboración participaron muchos sectores ajenos y distantes de la política tradicional. Pero independientemente de si la Consti-tución fue hecha exclusivamente por abo-gados y otros sectores civiles, la pregunta sobre la efectividad de 20 años de la Carta

Dos décadas de vigencia proporcionan un balance no muy positivo de la estabilidad de la Constitución de los colombianos.“ Da la impresión de que el país po-

lítico no estuvo involucrado muy di-rectamente con la redacción del nue-vo libro de las leyes colombianas ”.

“ Pero independientemente de si la Constitución fue hecha exclusivamen-te por abogados y otros sectores civi-les, la pregunta sobre la efectividad de 20 años de la Carta tendría que pasar por cuestionarse sobre su conexión

con el sistema político ”.

El asesinato de cuatro candidatos presidenciales y la lucha del narcotráfico fueron algunas de necesidades que impulsaron la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991.

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Constitución

tendría que pasar por cuestionarse sobre su conexión con el sistema político. La re-formitis es un indicio de las condiciones de esta relación.

¿Es un problema cultural? ¿De autori-dad institucional? ¿De los aparatos institu-cionales? ¿Qué hacer con la sobreproducción legislativa? ¿Y con el incumplimiento? ¿El nú-mero de reformas es igual a la (in)coherencia de las políticas públicas? ¿Por qué creemos tan firmemente en que sólo lo que está en la Constitución tiene rango suficientemente im-portante? ¿La Constitución debe ser dinámi-ca y/o coyuntural?

Dice Juan Manuel Charry (2010, A6), que los colombianos sufrimos de un “feti-chismo constitucional” pues consideramos que la norma es la solución para cada pro-blema, o por lo menos eso se creemos, sin preguntarnos por cómo la inestabilidad del país puede ser un reflejo precisamente de los vaivenes legislativos que sobreproducen normas y no soluciones.

El problema no es si hay reformitis o simplemente si el Congreso tiene legitimi-dad para dinamizar una Constitución “viva”, el problema es que este fenómeno plantea un cuestionamiento sobre la eficiencia de la Carta del 91: si era necesaria y si estuvo bien

Juan Manuel Charry, experto constitucionalista.

Tomado de “Más de 20 reformas constitucionales pretenden cambiar la Carta Magna” en La República, noviembre 24 de 2010, p. 3.

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“ ¿es un problema cultural? ¿De autoridad institucional? ¿de los apa-ratos institucionales? ¿Qué hacer con la sobreproducción legislativa? ¿Y con el incumplimiento? ¿el número de re-formas es igual a la (in)coherencia de

las políticas públicas? ”.

recuadro 1: reformas Constitución gobierno Santos

No 19° de Senado 16 de 2010 Cámara “Derecho a la sostenibilidad fiscal”

No 17° de 2010 Senado 90 de 2010 Cámara

“Se adiciona el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia

No 18° de 2010 Senado “Por medio del cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política”

03 de Senado“Por el cual se modifica la Constitución Política de Colombia, título 7° de la Rama Ejecutiva, capítulo 1° del Presidente de la República, artículo 189”

10 de Senado “Figura de la reelección inmediata para Gobernadores y Alcaldes”.

05 de Senado “Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política”.

06 de Senado “Por el cual se reforma el artículo 99 de la Constitución Política”.

07 de Senado “Por medio del cual se reforma el artículo 231 de la Constitución”.

25 Cámara “Forma de elección del Fiscal General”

63 Cámara “Derecho fundamental a la Salud”

64 Cámara Elección de Alcaldes Locales.

69 Cámara “Reelección inmediata de Gobernadores y Alcaldes”

76 Cámara “Elección a Magistrados del Consejo Nacional Electoral”.

79 Cámara “Representación en el Congreso de Colombianos residentes en el exterior”.

81 Cámara “Derecho fundamental a no padecer de hambre”.

96 Cámara “Concepto no vinculante de los nombramientos de Embajadores y Cónsules”.


Constitución

determinada o si no ha sido más que un sa-ludo a la bandera porque no se pensó en los instrumentos para llevar a cabo los grandes proyectos de reforma.

La reelección de Álvaro Uribe, es un ejemplo de la reformitis que responde a las maquinarias: el ex presidente tuvo el poder

para cambiar la norma precisamente porque en nuestra historia política la constitución se arregla según la fuerza del momento. Todas las constituciones cambian cuando es nece-sario, pero es el país político el que ha deter-minado cuando ha ocurrido, así, en términos históricos y políticos, reelección o 20 proyec-tos de reforma actuales no son más que sín-tomas de la reformitis.

De este sistema político “tan abierto a los cambios”, surgen también asuntos posi-tivos reflejados en la carta constitucional: la visibilización de los derechos económicos, sociales y culturales, la representatividad ga-nada por las minorías y la creación de insti-tuciones que legitiman a los ciudadanos son

elementos destacables de la Carta del 91. En-tre estos factores, la tutela ha cobrado vital importancia porque se concibió como símbo-lo de la inclusión. Sin embargo, lo positivo tie-ne un lado oscuro: el sistema político sobre-pasa el ideal de la norma. La tutela es en este momento una de las cuestiones más críticas, por el nivel de responsabilidad que ha tenido que asumir el Estado, incluidos los prejuicios fiscales, y la congestión en los despachos ju-rídicos que desestabiliza el orden judicial (El Colombiano, 2011, 3A).

Una de las causas de este desorden administrativo judicial es que la Constitu-ción proporciona la solución pero no las herramientas para llevar a cabo el proceso: nunca se tuvo en cuenta la disponibilidad fiscal y tampoco la poca institucionalidad a nivel local y regional, de modo que la tutela se ha convertido en un arma de doble filo pues tanto como defiende los derechos, puede le-gitimar los abusos si el aparato es corrupto. El problema es que no hay institucionalidad que funcione homogéneamente de lo regio-nal a lo nacional porque dicha institucionali-dad está sujeta al juego político. Entonces, si la normatividad depende de la vida política no podrá producir sobre ella efectos inme-diatos y mucho menos directos. Por ejemplo, sabemos que en salud prácticamente nada funciona sin la tutela, hecho que se relacio-na con el problema institucional más que con la cultura de la sociedad civil que ha hecho

Los gobernantes locales y regionales, como Omar Diazgranados, gobernador de Magdalena, han bloqueado las intervenciones de las altas cortes cuando se trata de pronunciamientos o investiga-ciones sobre sus funciones.

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uso de este recurso. Asimismo, la tutela ha sido el instrumento por excelencia para que los gobernantes locales y regionales puedan bloquear las intervenciones de las altas cor-tes cuando se trata de pronunciamientos o investigaciones sobre sus funciones1. En últi-mas, el problema no es de la ciudadanía, pues la tutela es un mecanismo excepcional: si los ciudadanos no vieran vulnerados sus dere-chos, si el estado los garantizara, realmente no tendrían que usarla. La herramienta no se habría convertido en la norma.

La pregunta finalmente tiene que ver con la reformitis de la Carta Constitucional

de 1991, con cómo esta refleja nuestro sistema político y si es posible un cam-bio constitucional radical cuando no se transforma la cultu-ra política. De hecho, el historiador Fer-

nán González plantea que muchos de los cam-bios positivos de la Constitución se habrían podido llevar a cabo por medio de reformas puntuales a la Carta de 1886, como había sucedido en 1910 y 1936, por lo que no era necesario un nuevo proceso de Constituyen-te. No importaba si ya éramos una sociedad diferente a la del siglo XIX porque, tal como sucedió con la Constitución norteamericana, una enmienda que diera cuenta de la plura-lidad habría sido suficiente para cumplir con los cambios que se pedían. Así es que en estos 20 años se ha legitimado el papel de la Carta pero no se desconoce que funciona dentro de la larga tradición jurista colombiana, que tie-ne que ver con la creencia en las normas y en cómo funcionan por sí mismas2.

Larga o corta, la discusión por estos días no es por la extensión de la Carta, ni siquiera por su eficacia porque ésta depende de una pregunta que tal vez no se hizo y era la de los aparatos que la hicieran real. A 20 años, las cifras hablan de poco avance social (El Espectador, febrero 5 de 2011, 22), pero a 20 años podemos reconocer también que, ade-más de la tutela, uno de los grandes aportes a la cultura política real de los colombianos es la comprensión de que el país es mucho más que una lengua, una raza y una religión, idea que dominaba el siglo de las anteriores cartas políticas.

“ El problema no es si hay reformitis o simplemente si el Congreso tiene legiti-midad para dinamizar una Constitución “viva”, el problema es que este fenóme-no plantea un cuestionamiento sobre la

eficiencia de la Carta del 91... ”

“ Larga o corta, la discusión por es-tos días no es por la extensión de la Carta, ni siquiera por su eficacia por-que ésta depende de una pregunta que tal vez no se hizo y era la de los

aparatos que la hicieran real ”.La reelección de Álvaro Uribe, es un ejemplo de cómo en nuestra historia política la constitución se arregla según la fuerza del momento.

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Constitución

referencias

notas

• Charry, Juan Manuel, 2010, “Constitución sufre de reformitis” en El País, Cali, noviembre 22 de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/constitucion-colombiana-sufre-%E2%80%98reformitis%E2%80%99

• El Colombiano, 2011, “La tutela, 20 años” en El Colombiano, Medellín, febrero 22. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_tutela_20_anos_de_derechos_visibles/la_tu-tela_20_anos_de_derechos_visibles.asp

• El Espectador, 2011, “Los 20 años de la Constituyente” en El Espectador, Bogotá, febrero 5. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-249074-los-20-anos-de-constituyente

• El Espectador, 2011, “Memoria de una reforma” en El Espectador, Bogotá, enero 30. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-247774-memoria-de-una-reforma

• Forero, Álvaro, 2011, “Cómo defender al Estado?”, en El Espectador, Bogotá, abril 11.• García, Hugo, 2011, “Lo único que justificaría otra constituyente sería la paz definitiva” Entrevista a

Horacio Serpa en El Espectador, Bogotá, febrero 6. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-249142-unico-justificaria-otra-constituyente-seria-paz-definitiva

• Novoa, Armando, 2011, “Renovar el consenso democrático” en El Espectador, Bogotá, febrero 5. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-249056-renovar-el-consenso-democratico

• La República, 2010, “Más de 20 reformas constitucionales pretenden cambiar la Carta Magna” en La República, Bogotá, noviembre 24. Disponible en: http://www.larepublica.com.co/archivos/ASUNTOSLEGALES/2010-11-24/mas-de-20-reformas-constitu-cionales-pretenden-cambiar-la-carta-magna_115863.php

1 El ejemplo más cercano es el del gobernador de Magdalena, Omar Díazgranados, quién a través de una tutela, recuperó el cargo del que había sido suspendido por el presidente de la República, tras una investigación por corrupción.

2 Esta condición resulta una ventaja también en la medida en que el sector judicial en Colombia es independiente del ejecutivo, lo que afirma el equilibrio de los poderes.

La conclusión es que tenemos un siste-ma político que no tiene mucho que ver con el constitucional. Sin embargo, no hay que cambiar la Carta para cambiar la realidad co-lombiana, hay que aplicarla eficientemente. Pero como es un círculo vicioso, sin los me-dios para su aplicación habría que ser más optimistas y pensar con Álvaro Forero Tas-cón que “la debilidad del estado colombiano es una constante histórica pero con ciclos de mayor debilitamiento y periodos de fortale-

cimiento. Estos últimos generalmente han coincidido con gobiernos que reformaron la Constitución, pues el criterio tradicional ha sostenido que el fortalecimiento estatal se hace por el camino de la modernización insti-tucional, por oposición a las políticas coyun-turales o personalistas que tienden a no per-durar en el tiempo” (2011, 29). En este punto habría que preguntarse por Santos, por Uribe y por los deslindes que en asuntos como la fusión ministerial separan los aportes de los

*Ana María RestrepoInvestigadora. Hace parte del equipo

Sistema de Información General- Archivo de Prensa del CINEP/PPP

dos al sistema y régimen político. Así mismo, los recientes destapes de corrupción permi-ten (positivamente) pensar en que las refor-mas pueden modernizar no sólo el sistema sino también la cultura de los colombianos y la exigencia de sus derechos.

La revista Controversia, de periodicidad semestral, agrupa artículos caracterizados por su rigor académico y por la originalidad de sus aportes a la construcción del co-nocimiento en las ciencias sociales colombianas. Además, busca presentar algunos debates teóricos y metodológicos frente temas económicos, sociales y culturales de

América Latina.

Controversia es una publicación indexada en Colciencias, calificada en categoría C y hace parte de un esfuerzo interinstitucional de cinco ONG colombianas: CINEP-

Programa por la Paz, Foro por Colombia, Escuela Nacional Sindical, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Región.

Para más información consultewww.cinep.org.co

o escriba a [email protected]


Internacional

El despertardel pueblo árabe

Las movilizaciones recientes que han sacudido al mundo árabe son producto del derrumbe del miedo de un pueblo indignado por décadas de opresión. Análisis de las revueltas exitosas de Túnez y Egipto y los retos que le

esperan a sociedades que están preguntándose por el significado de la democracia.

Por Juana Yunis*

La serie de suble-vaciones que ha incendiado al

Norte de África y al Medio Oriente desde diciembre de 2010 ha derrocado a los déspotas de Túnez y Egipto. Las calles de pueblos y ciuda-des de los reinos del mundo árabe (Ye-men, Oman, Bahrain, Arabia Saudita, Jor-dania y Marruecos) y las repúblicas domi-nadas por autócra-tas fieles al ‘Consen-so de Washington’, (Túnez y Egipto) o supuestos anti-colo-nialistas (Siria, Arge-lia y Libia), también se han visto inunda-das por manifestantes que exigen, o bien sus-tanciales reformas políticas y económicas, o la renuncia de sus mandatarios.

La caída de líderes autoritarios no ga-rantiza que en el mundo árabe se vayan a dar las transformaciones estructurales que darían lugar a sociedades más justas y li-bres. Pero las recientes revueltas populares ya se han constituido en un episodio profun-damente transformador, pues demuestran que, tras décadas de apabullamiento bajo la represión y la marginalización, el pueblo ára-be ya no tiene miedo y está volviendo a sen-tirse digno. Pero además del impacto en su psiquis, que ha despertado tras al menos 20

años de letargo casi total, esta ola de rebelión supone un histórico reto para unos ciudada-nos, movimientos sociales, partidos políticos e intelectuales que tienen que encontrar las maneras de construir sociedades más demo-cráticas, respetuosas de sus tradiciones cul-turales, y soberanas con respecto al sistema trasnacional liberal-capitalista.

En medio del ruido de la perenne premisa orientalista según la cual los ára-bes son incapaces de auto gobernarse sin caer en la bar-barie, resulta perti-nente entender las sublevaciones exito-sas de Túnez y Egip-to (ver recuadros), protagonizadas por miles de árabes co-munes y corrientes preocupados por la dignidad y la liber-tad que lograron estremecer sistemas políticos hasta hace poco aparentemente inamovibles.

Por qué y cómo: algunas conclusiones

Aunque las manifestaciones en el Norte de África comenzaron como protestas contra el desempleo que afecta particularmente a los jóvenes y las alzas en los precios de pro-ductos básicos como el azúcar (English.alja-zeera.net, 2011, enero 8), lo que está en el fondo de las manifestaciones que se regaron por el mundo árabe es la frustración genera-lizada con la falta de libertades individuales que caracteriza a sus sociedades y con sis-temas políticos profundamente corruptos y completamente cerrados a partidos disiden

Las recientes revueltas demuestran que, tras décadas de apabullamiento bajo la represión y la marginali-zación, el pueblo árabe ya no tiene miedo y está volviendo a sentirse digno.

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“ La serie de protestas que sucedie-ron a la inmolación de Mohammed Bouazizi empezaron a derrumbar una cortina de miedo que décadas de despotismo habían instalado ante los

ojos de sus pueblos”.


Internacional

tes y a la posibilidad de que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, caracte-rizados por presidencias vitalicias y apara-tos de seguridad supremamente represivos (Bamyeh, 2011). Estas son frustraciones especialmente fuertes entre los jóvenes que, aunque tengan una consciencia que podría llamarse anti-imperialista, están profunda-mente permeados por pilares de la cultura Occidental como la libertad de expresión y los derechos individuales.

El mundo árabe se ha visto conmocio-nado por revueltas populares en los últimos cuatro meses porque la serie de protestas que sucedieron a la inmolación de Moham-med Bouazizi (ver recuadro 1) empezaron a derrumbar una cortina de miedo que dé-cadas de despotismo habían instalado ante los ojos de sus pueblos. Bouazizi incendió a Túnez y la sublevación en este país incendió a otra gente del Norte de África y el Medio Oriente, porque demostró que un pueblo árabe podía rebelarse y exigir sus derechos.

Un segundo punto importante es el ‘cómo’ de las sublevaciones exitosas de los dos países en cuestión. Las movilizacio-nes en Túnez y Egipto alcanzaron un nivel masivo uno, porque fueron espontáneas y originalmente impulsadas no por partidos políticos de oposición, sino por jóvenes que las convocaron a través de las nuevas redes

sociales virtuales y otros ciudadanos comu-nes y corrientes. Dos, como muchos medios han resaltado, herramientas como Facebook y Twitter, los mensajes de texto de la tele-fonía celular y la existencia de una cadena de televisión satelital como Al Jazeera que decidió apoyar las revueltas (Lynch, 2011), fueron esenciales a la hora de organizar las marchas y de permitirle a millones de ára-bes, a la opinión pública internacional y a los propios manifestantes enterarse de lo que ha sucedido en al menos 12 países árabes y los territorios palestinos. Pero tan impor-tante como estos nuevos recursos de comu-nicación fue uno milenario: el aprovechar el encuentro de miles de musulmanes en los rezos de la tarde del viernes para potenciar la acción colectiva. No es fortuito que tanto Ben Ali como Mubarak hayan renunciado un viernes. Y tres, porque tanto en su versión inicial (no a la miseria y al desempleo) como en su versión más radical (“El pueblo quiere tumbar al sistema”), el llamado a movilizarse siempre tuvo una consigna concreta y clara, aunque los árabes muy bien sepan que los problemas de sus sociedades son muchos y muy de fondo.

Ahora bien, aunque las revueltas en Tú-nez y Egipto se percibieran como manifestacio-nes protagonizadas por la juventud, y no por actores políticos anteriormente constituidos,

La frustración por la falta de libertades individuales, sistemas políticos corruptos, permanencia de regíme-nes represivos y cerrados a partidos dicidentes es especialmente fuerte entre los jóvenes.

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El encuentro de miles de musulmanes en los rezos de la tarde del viernes fue aprovechado para potenciar la acción colectiva. Tanto Ben Ali como Mubarabak renunciaron ese día de la semana.

“ tan importante como estos nue-vos recursos de comunicación fue uno milenario: el aprovechar el encuentro de miles de musulmanes en los rezos de la tarde del viernes para potenciar

la acción colectiva ”.


Internacional

recuadro 1: Túnez: La inmolación que rompió el miedo

diciembre 17 de 2010

Luego de que una agente de policía le confiscara las pesas que usaba en el mercado y le propinara una cachetada, Mohamed Bouazizi, vendedor de frutas y verduras de 26 años, cubrió su cuerpo con tíner y se prendió fuego en el pueblo de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez. Ese mismo día, sus familiares y amigos salieron a la calle y difundi-eron la protesta a través de Facebook y Twitter. La cadena Al Jazeera dio a conocer estos videos a su poderosa audiencia en la región.

diciembre 24 de 2010 - enero 7 de 2011

El bloqueo a la conexión de Internet en varios pueblos por parte del presidente, Zine El Abidine Ben Ali, y el arresto y la violencia contra los manifestantes perpetrada por agentes estatales contribuyeron a que protestas similares a las de Sidi Bouzid se re-garan por el país, organizadas y/o diseminadas por actores sociales como el Sindicato General Tunecino y la Asociación Nacional de Abogados.

Enero 8 a 12 de 2011

Agentes especiales del aparato de seguridad estatal masacraron a más de 20 personas en los poblados de Kasserine y Thala. Las masacres, en las cuales el ejército se rehusó a participar, convirtieron las protestas masivas en un fenómeno nacional. En las calles, jóvenes y viejos, abogados, campesinos y mujeres, ya no se limitaban a vociferar con-tra el desempleo que azota a 30% de los jóvenes tunecinos y contra los altos precios del pan, sino que exigían la renuncia del presidente.

Enero 14 de 2011Ben Ali, fiel implementador de las políticas de liberalización económica dictadas por el FMI y el Banco Mundial, huyó del país tras 23 años en el poder. Pese a haber auspiciado a Ben Ali durante años, Nicolás Sarkozy impidió que éste aterrizase en Francia.

Enero - marzo de 2011

Dada la incesante presión de los manifestantes, en el gobierno de transición no per-manece ni un sólo ministro del antiguo régimen. El país se prepara para elegir una asamblea constituyente el 24 de julio del año en curso, mientras evidencia cómo su actual gobierno está compuesto por tecnócratas que constantemente están negoci-ando su poder con el Ejército, el Sindicato General Tunecino, un partido Islamista pro-gresista llamado Al Nahda (Renacer), y una serie de pequeños partidos de izquierda. Amenazando la transición se encuentran las élites empresariales que soportaban al antiguo régimen, mientras que vigilándola está una sociedad envuelta en una intensa discusión entre el ‘idealismo’ que clama por cambios radicales inmediatos y el ‘prag-matismo’ que privilegia la estabilidad política y económica.

Con información de english.aljazeera.net


Internacional

recuadro 2: egipto: ¡el pueblo quiere tumbar al sistema!

Enero 18 de 2011

Asma Mahfouz, cofundadora del colectivo juvenil egipcio ‘6 de Abril’, anunció en su cuenta de Facebook que se dirigía a la plaza de Tahir en el Cairo para protestar en nombre de cuatro jóvenes que se incendiaron a sí mismos frente al Parlamento. Na-die, salvo tres compañeros de lucha, acudió a la citaLuego, Asma colgó un video en Facebook en el que retaba a los egipcios a salir a la calle el 25 de enero, en protesta contra la fiesta nacional en honor a la Policía.

Enero 25 de 2011

Para sorpresa de los organizadores, miles de egipcios inundaron la plaza de Tahrir. El llamado había sido apropiado por varios bloggers, periodistas, activistas y grupos de jóvenes frustrados con la situación del país ya constituidos en Facebook. La consigna fundamental: exigencia de una vida con libertad y dignidad.

Enero 28 de 2011

Los jóvenes retaron a los egipcios a hacerse sentir en un ‘Día de la Ira’, el 28 de enero. Horas antes de la prevista manifestación, el gobierno egipcio bloqueó Internet y los mensajes de texto. Ese día marcharon jóvenes y viejos, musulmanes y cristianos, islamistas y feministas, gritando: ‘’¡El pueblo quiere tumbar al sistema!’’ La gente vitoreó a las tropas del Ejército cuando éstas aparecieron en las calles garantizando que no violentarían a quienes protestaban. En respuesta a la manifestación, Mubarak despidió a su gabinete pero declaró que no dejaría el poder. Durante las siguientes dos semanas, intentó disuadir a los manifestantes a través de paliativos económicos y políticos.

Febrero 1 a 9 de 2011En medio de la violenta respuesta del Estado, miles de egipcios del campo se unieron a los manifestantes de las ciudades. El 9 de febrero, varios sindicatos se unieron a la protesta y declararon un paro general a nivel nacional.

Febrero 11 de 2011

Mubarak exacerbó la ira de millones de egipcios que esperaban la renuncia del presi-dente al anunciar el 10 de febrero que no se iría hasta septiembre para salvar a Egipto del caos. Al día siguiente, el recién nombrado Vicepresidente anunció la renuncia de Mubarak, que llevaba dos de sus tres décadas en el poder siendo el segundo receptor de ayuda militar y financiera estadounidense en el mundo.

Marzo 19 de 2011

Luego de intensas discusiones y campañas, el 77% de 18 millones de egipcios que salieron a votar le dieron el ‘sí’ a un referendo que supone el fin de las presidencias eternas y da pie a unas elecciones parlamentarias en junio, parlamento que ha de elegir una Asamblea encargada de formular una nueva constitución y pondrá fin a la junta militar actualmente encargada del gobierno. Las mezquitas, cafés y plazas de los pueblos y las ciudades egipcias reverberan con el zumbido de ciudadanos que discu-ten si el referéndum realmente conllevará a un Egipto más democrático.

Con información de english.aljazeera.net


Política social

“ Quizás lo más importante de la personalidad de las sublevaciones re-cientes es que quienes las han prota-gonizado no han caído en los dogmas que occidente y muchos gobernantes y ciudadanos árabes han usado du-rante décadas para justificar la natu-raleza anti-democrática de los regí-

menes de la región ”.

el hecho de que hayan sido exitosas sí tiene que ver con que en ambos casos, organizacio-nes sociales y políticas ya existentes jugaron un papel fundamental en su diseminación, en ejercer la resistencia necesaria para aguan-tar la violencia del régimen y en no ceder al reformismo antes de lograr la caída de sus dictadores respectivos. Es decir, en Túnez, los sindicatos y las asociaciones de abogados a nivel nacional fueron in-dispensables para que las protestas no se quedaran en los pequeños pueblos del centro y el sur, y la movilización po-pular fue inmedia-tamente respaldada por todos los partidos de oposición – desde los islamistas hasta los co-munistas– (Bishara, 2011). En Egipto, aunque los Hermanos Musulmanes no auspiciaron el ‘Día de la Ira’ el 28 de enero, muchos testigos afirman que miles de egipcios que constitu-yen la base social de este partido estuvieron entre los más arduos defensores de Tahrir en los momentos de resistencia más dura, y el paro nacional decretado dos días antes de la caída de Mubarak fue decisivo para convencer a la clase media egipcia de que la revuelta te-nía que resolverse (Empire, 2011). En ambos países, la ruptura entre el aparato de segu-ridad controlado por el ejecutivo y los altos mandos del ejército, que decidieron no atacar a los manifestantes, fue determinante en el desarrollo de los acontecimientos (Kawakibi y Kodmani, 2011).

En tercer lugar, los sucesos de lo últi-mos cuatro meses han demostrado que, a pesar del diverso paisaje étnico, religioso y cultural que diferencia los distintos países del Norte de África y el Medio Oriente, la identificación como pueblo árabe, basada en el uso compartido de la lengua, sí tiene un gran peso. Las protestas de Túnez susci-taron réplicas no sólo porque los problemas

de la miseria y la represión son transversa-les, sino porque la gente sintió que ‘el pue-blo árabe’ del que hacen parte, había sido capaz de levantarse.

Quizás lo más importante de la perso-nalidad de las sublevaciones recientes es que quienes las han protagonizado no han caído en los dogmas que Occidente y muchos go-

bernantes y ciudada-nos árabes han usado durante décadas para justificar la naturale-za anti-democrática de los regímenes de la región. Los suce-sos de los últimos cuatro meses han demostrado que se equivocaban quienes

justificaban los estados policiales de Mubarak y Ben Ali aduciendo a que cualquier apertura del sistema político le abriría la puerta al fun-damentalismo islámico. Los actos de inmola-ción que se han presentado en Túnez, Egipto y otros países, y que encarnan la humillación que ha llevado a miles de árabes a la calle, no han tenido nada que ver con los extremistas islámicos. En Egipto, en donde los Hermanos Musulmanes, partido de oposición persegui-do durante las últimas cinco décadas, gozan de una poderosa base social, no se escuchó

‘El Islam es la solución’, sino ‘Túnez es la solu-ción’ (Parvaz, 2011).

El espíritu de Tahrir

Es verdad que los pueblos árabes han sido víctimas de la discriminación y el intervencio-nismo de Occidente desde los tiempos de Julio Cesar. También que los estados modernos ára-bes se inventaron cuando Francia e Inglaterra dibujaron un mapa para repartirse el botín del Imperio Otomano. Sí, Estados Unidos financió a grupos islamistas como Hamas en Palestina en su esfuerzo por hundir el nacionalismo ára-be laico, por el que se sentía amenazado. Y sí, mientras hablan de democracia y de derechos humanos, Estados Unidos y Europa han sido férreos aliados o socios económicos de varios gobiernos criminales en el mundo árabe.

Pero este es el momento en el que los árabes comunes y corrientes, los sectores so-ciales organizados e intelectuales y los políti-cos de oposición deben hacerse a sí mismos responsables de construir sociedades que se parezcan a lo que los egipcios han descrito como el “espíritu de Tahrir” (ver recuadro 2) que los cambió para siempre: muchas muje-res que participaron en la caída de Mubarak cuentan que en los días y noches que pasa-ron en Tahrir por primera vez se sintieron tratadas como iguales (Naib, 2011). Testigos

Muchas mujeres que participaron en la caída de Mubarak cuentan que en los días y noches que pasaron en la plaza de Tahrir, en el Cairo, por primera vez se sintieron tratadas como iguales.

“ el llamado a movilizarse siempre tuvo una consigna concreta y clara, aunque los árabes muy bien sepan que los problemas de sus sociedades

son muchos y muy de fondo ”.


Internacional

*Juana YunisMiembro del equipo Iniciativas de Paz

del CINEP/PPP

referencias• Bamyeh Mohammed, 2011, “The Tunisian Revolution: Initial reflections. Part 1” en Jadaliyya.com, Washington D.C, enero 17. Disponible en:

http://www.jadaliyya.com/pages/index/464/the-tunisian-revolution_initial-reflections_part-1-• Bishara, Marwan, 2011, “Three questions for Marwan Bishara” en Aljazeera.net, Doha, enero 16. Disponible en:

http://english.aljazeera.net/indepth/2011/01/20111157937219109.html• Empire, 2011, “Pax Americana” en English.aljazeera.net, Doha, febrero 8. Disponible en:

http://english.aljazeera.net/programmes/empire/2011/02/20112875931593543.html• English.aljazeera.net, 2011, “’Bring us sugar’” en English.aljazeera.net, Doha, enero 8. Disponible en:

http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2011/01/20111881741247678.html• Kawakibi, Salam y Kodmani, Bassma, 2011, “Le Monde Diplomatique. Informe Dipló II: Deseos y trampas de las revueltas árabes LOS EJÉRCITOS, EL PUEBLO Y LAS

AUTOCRACIAS” en Taringa.eu, Paris, marzo 20. Disponible en: http://www.taringa.eu/le-monde-diplomatique-informe-diplo-ii-deseos-y-trampas-de-las-revueltas-arabes-los-ejercitos-el-pue

• Lynch, Marc, 2011, “Tunisia and the New Arab Media Space” en Lynch.foreignpolicy.com, Washingtion D.C, enero 15. Disponible en: http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2011/01/15/tunisia_and_the_new_arab_media_space?wpisrc=obnetwork

• Naib, Fatma, 2011, “Women of the revolution” en English.aljazeera.net, Doha febrero 19. Disponible en: http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/2011217134411934738.html

• Parvaz, D., 2011, “Islamists ready for their close-up?” en English.aljazeera.net, Doha, marzo 10. Disponible en: http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/2011223113653846953.html

y televidentes recuerdan las estremecedoras escenas de musulmanes blindando iglesias con sus cuerpos y cristianos las mezquitas con los suyos para proteger al que oraba de los ataques de los matones del gobierno. Los jóvenes cibernéticos se refieren a las largas horas en la plaza en las que discutieron con viejos conservadores sobre el papel de la reli-gión en la sociedad como la única democracia que han conocido (Parvaz, 2011).

nes Revolucionarios de Egipto los que tienen que pensar qué alianzas pueden hacer en so-ciedades en las que los que tienen propuestas económicas que se distancian de los modelos económicos que sólo benefician al capital transnacional (los diversos grupos tribales y los mismos Hermanos Musulmanes en Egip-to) se alejan mucho del grito por la libertad de los individuos que los llevó a protagonizar las sublevaciones que han hecho temblar al Mundo Árabe.

El sentimiento de indignación generali-zada y una tradición cultural que no condena la ira ni el uso de la fuerza a la hora de luchar contra lo injusto ayudaron al pueblo árabe ha vencer el miedo. Ahora son los partidos Islamistas como Al Nahda y los Hermanos Musulmanes los tienen que demostrar que el Islam político no es incompatible con un sis-tema político democrático. Ahora son actores como la recién formada Coalición de de Jóve-

cien días vistos por cinep/ppp - abril de de 2011/ no 72

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