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D e s o b r e v i v i e n t e s a d e f e n s o r a s A

de sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia

en México, Honduras y Guatemala

En la defensa de la paz, la justicia y la igualdad

L a I n i c i a t i v a d e l a s M u j e r e s P r e m i o N o b e lB

una cálida bienvenidaEste informe no habría sido posible sin la admirable y valiente labor de muchas mujeres en México, Honduras y Guatemala que enfrentan la violencia y amenazas diariamente. Lo dedicamos a ellas.

Quisiéramos además agradecer a los comités anfitriones por habernos dado una cálida bienvenida en sus países, haber facilitado nuestra visita y haber compar-tido su vasto conocimiento sobre los problemas que enfrentan las mujeres en la región; así como por haber contribuido tanto con su árduo trabajo y planificación cuidadosa a fin de asegurar que nuestra visita tuviera la mayor repercusión posible.

Asimismo, reconocemos con gratitud la redacción y análisis de Laura Carlsen, quien escribió este informe y nos ayudó tan elocuentemente a compartir las

experiencias de la delegación y las mujeres con quienes nos reunimos.

Agradecemos a las siguientes entidades y personas por su generoso apoyo a esta delegación:• MDG3 Fund and Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)

del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos

• Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega

• ONU Mujeres, Sección para América Latina y el Caribe

Cynda Collins ArsenaultSarah CavanaughLauren EmbreyJeddah Mali

Sara VetterKay WilemonNancy and Emily Word Trea Yip

Concepto y diseño: Green Communication Design inc. www.greencom.ca Traducción: Vida CuadraFotografía Ilse Ivania Velasquez, página 37: Fundación de Antropología Forense de Guatemala

D e s o b r e v i v i e n t e s a d e f e n s o r a s 1

índice

Carta de las laureadas con el Premio Nobel de la Paz Jody Williams y Rigoberta Menchú Tum

capítulo uno: IntroducciónTestimonio de la violencia contra la mujer

capítulo dos: HallazgosLa violencia contra la mujer alcanza dimensiones de crisis

capítulo tres: En defensa de las defensorasMéxico, Honduras y Guatemala: países de alto riesgopara mujeres y defensoras de los derechos de la mujer

capítulo cuatro: Causas del aumento de la violencia contra la mujer

capítulo cinco: Llamado a poner fin a la violencia contra la mujer en México, Honduras y Guatemala

capítulo seis: Creando la esperanza y construyendo la paz

capítulo siete: Un llamado urgente a la comunidad internacional

capítulo ocho: Lo que puedes hacer

capítulo nueve: Notas finales

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“Lo que realmente necesitamos hacer para cambiar las cosas es enfrentar las causas profundas de estos problemas como el machismo, sexismo, misoginia y sistemas patriarcales”, exclamó una de las decenas de defensoras de los

derechos humanos que conocimos durante la visita de nuestra delegación a México, Honduras y Guatemala.

Lamentablemente, en los citados países estos conceptos se manifiestan realmente en los cuerpos de las mujeres a tal punto que los niveles de violencia contra la mujer en México, Honduras y Guatemala han alcanzado dimensiones de crisis.

Durante los diez días que nuestra delegación estuvo en la región, escuchamos el testimonio de más de 200 mujeres directamente afectadas por la crisis. Muchas de ellas se encuentran en primera línea protegiendo los derechos de las mujeres e indígenas, defendiendo su tierra y el medio ambiente, e informando sobre la lucha diaria de las más vulnerables y privadas de voz. Ellas nos contaron un sinnúmero de relatos de mujeres asesinadas, violaciones y otras formas de violencia sexual, desapariciones y detenciones arbitrarias.

Los relatos de las mujeres fueron consistentes en los tres países. También fue común la triste realidad de que los gobiernos de los tres países están defraudando constantemente a las mujeres. La gran mayoría de los delitos contra las mujeres nunca se investigan y mucho menos se enjuicia a los responsables. Las mujeres tienen que valerse por sí mismas al enfrentar la discriminación, el estigma, las amenazas y los ataques cuando se oponen a la militarización, a los megaproyectos y a la delincuencia organizada –o inclusive cuando realizan su vida diaria.

Carta de las laureadas con el Premio Nobel de la Paz Jody Williams & Rigoberta Menchú Tum

Una de las mujeres que conocimos en Honduras, con los ojos inflamados, recién había sido golpeada por los policías. ¿Su delito? La venta de comida en el mercado. Cabe señalar, que a pesar de saber que su vida corría peligro, se armó de valor para hablar ante la prensa sobre lo que le había ocurrido. Al día siguiente cuando salíamos de Honduras, se nos informó que una de sus compañeras vendedoras había sido detenida y golpeada brutalmente. El mensaje era claro: “¡Esto es lo que les pasa por hablar!”

La guerra contra el narcotráfico en México, Honduras y Guatemala se ha convertido en una guerra contra las mujeres. La política de seguridad se ha centrado en la militarización, que ha agravado la situación de corrupción generalizada, impunidad y abuso por parte de las fuerzas armadas, y el deterioro del Estado de derecho. En muchas regiones, se ha llevado a una crisis de inseguridad donde nadie está a salvo. Los índices de homicidio están entre los más altos del mundo; Ciudad Juárez, México y San Pedro Sula, Honduras hoy en día son los lugares con más asesinatos per cápita en el mundo.

Nosotras dos hemos trabajado durante décadas en esta región, señalando el sufrimiento y las violaciones de derechos humanos que la gente está soportando a medida que el poder y las armas ganan la partida. En medio del horror y la tragedia, nos ha asombrado siempre la fortaleza y la resistencia que tienen las mujeres, y la claridad de su mensaje: “No a la militarización. Sí a los derechos y a la democracia.” Como una mujer dijo: “Nos desperta-mos como víctimas, pero vamos a dormir como sobrevivientes.” Es su entereza la que sustenta nuestro compromiso para amplificar las voces de las mujeres y aumentar la protección de las defensoras de derechos humanos.

Este informe está dedicado a las innumerables defensoras que se negaron a guardar silencio y como consecuencia perdieron la vida. Muchísimas mujeres han sido víctimas de la violencia. Sin embargo, su coraje y decisión conti-núan en sus madres, hermanas, amigas, compañeras de trabajo e hijas que llevan a cabo la lucha. Sus voces forman los mensajes y relatos de este informe.

Mientras escuchábamos los relatos de las mujeres, oímos vez tras vez la petición de que pusiéramos nuestras voces, redes, habilidades y poder para apoyar la labor de ellas. Cuando los gobiernos no cumplen con su obliga-ción de proteger, debemos asumir de manera colectiva la responsabilidad de luchar por los derechos humanos y la justicia. Las mujeres son objeto de ataques, y en este sentido es esencial contar con el apoyo y la solidaridad internacional a fin de crear la voluntad política necesaria para lograr el cambio. Esperamos que este informe sirva de inspiración para unirse a nosotras en nuestros esfuerzos por llevar la paz, la justicia y la igualdad a las mujeres de México, Honduras y Guatemala.

L a I n i c i a t i v a d e l a s M u j e r e s P r e m i o N o b e l4

El objetivo del viaje fue recabar evidencias del impacto de la escalada de violencia sobre las mujeres y los derechos de la mujer en la región, evaluar la función y respuesta de los gobier-nos, así como reconocer y valorar a las organizaciones y los distintos modos de apoyo y alianzas que las mujeres cons-truyen para protegerse a sí mismas y a sus comunidades. La experiencia conjunta de las laureadas con el Premio Nobel de la Paz, JASS y activistas de larga trayectoria en la delegación brindó una base sólida para analizar la situación de violencia y violación de derechos humanos en estos tres países.

La delegación optó por visitar México, Honduras y Guatemala debido a que estos países están viviendo un aumento alar-mante de violencia contra la mujer en los últimos años; hay evidencias de una negligencia de los gobiernos en cumplir con su deber de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas de su participación directa en actos de violencia. Aunque en la actualidad estos países no están involucrados en una guerra abierta, el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en dichos países ha afectado gravemente a la sociedad civil, y ha generado un aumento en la violencia y la violación de los derechos humanos con repercusiones particulares en la vida y los derechos de las mujeres.

La delegación contó con las amplias iniciativas de organización y las relaciones con diversas defensoras de derechos humanos que han sido establecidas por el equipo de JASS Mesoamérica. Esta plataforma de confianza nos permitió recopilar información de primera mano de las defen-soras de derechos humanos de primera línea que corren un gran riesgo debido a su trabajo. Además, estos intercam-bios permitieron que la visita de la delegación contribuyera también al fortalecimiento de las alianzas que son tan importantes para la seguridad y la sobrevivencia de la mujer.

Durante el transcurso de diez días, recopilamos evidencia y escuchamos testimonios de más de 200 mujeres sobrevi-vientes de la violencia y defensoras de derechos humanos de organizaciones que han trabajado para combatir la violencia durante décadas. Algunas de ellas viajaron desde pueblos lejanos, con todo el riesgo que esto implicaba,y con especiales medidas de seguridad, para dar testimonio de sus luchas por primera vez en un foro internacional. Cabe destacar que las redes y protocolos de protección que se han establecido durante los últimos años por los comités anfitrio-nes con el apoyo de JASS, aseguraron que estas valientes mujeres pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus comunidades y que se continúe monitoreando su situación.

Nos reunimos también con varios funcionarios y funcionarias gubernamentales y representantes de organizaciones inter-nacionales. La delegación se reunió con muchos funcionarios de alto nivel del gobierno y dirigentes de organizaciones internacionales. Agradecemos la oportunidad de entablar un diálogo sobre la violencia contra la mujer con el presidente Porfirio Lobo de Honduras, el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, la procuradora general de México Marisela Morales, la fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz y muchos otros miembros de los gabinetes y funcionarios que compartieron su tiempo y experiencia.

La valentía de las mujeres que conocimos nos brindó una oportunidad sin precedentes de compaginar el elemento humano de la experiencia personal narrada cara a cara con estudios, estadísticas y declaraciones de los gobiernos. Comprobamos que la distinción entre sobrevivientes y defen-soras se borra ya que muchas de las sobrevivientes de la violencia asumen el papel de defensoras.

capítulo unoDel 21 al 31 de enero, una misión de investigación de los derechos de la mujer viajó a México, Honduras y Guatemala. La delegación fue organizada por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, Asociadas por lo Justo (JASS) y prominentes organizaciones nacionales que formaron los comités anfitriones en cada país (ver la lista completa de organizaciones integrantes de los comités en la página 42); fue encabezada por las laureadas con el Premio Nobel de la Paz Jody Williams (EE.UU. 1997) y Rigoberta Menchú Tum (Guatemala 1992).

IntroducciónTestimonio de la violencia contra la mujer


Cada vez más las mujeres son víctimas de la violencia que se deriva de la discriminación que sufren en la sociedad. Son consideradas como objeto de manipulación y someti-das a formas específicas de violencia de género que son particularmente crueles y degradantes.

Tanto los gobiernos como los agentes no estatales están cometiendo sistemáticamente los delitos contra las mujeres –y rara vez los responsables comparecen ante la justicia. Esto hecho crea un ambiente de permisividad ante las agre-siones en contra de las mujeres. Comprobamos que los tres gobiernos mantienen políticas y prácticas que van en contra de los derechos humanos en general, y niegan los derechos de la mujer. Frecuentemente sus instituciones y fuerzas de seguridad actúan en favor de los intereses políticos y de los intereses económicos de las empresas del sector privado en lugar del bien público, socavan la seguridad pública y bloquean el acceso a la justicia. La falta de una perspectiva de género agudiza la discriminación en todos los niveles de gobierno. Esto crea aún mayores obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia y favorece que sean atacadas cuando defienden sus derechos y buscan justicia.

Comprobamos que los gobiernos de los tres países son directamente responsables de la falta de protección de las mujeres y a las defensoras de derechos humanos, y de la perpetración de los delitos contra la mujer. Su incumplimiento viola derechos humanos fundamentales y contraviene sus obligaciones y da cuenta de una falta subyacente de voluntad política en todos los niveles de gobierno.

La erradicación de la violencia generalizada contra la mujer es una prioridad fundamental no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos

humanos ya que demuestra el incumplimiento de los gobiernos con respecto a dos obligaciones fundamentales: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y eliminar la discriminación.

Aunque todos los funcionarios gubernamentales estuvieron de acuerdo en la urgencia de los problemas y describieron la variedad de estructuras, programas y leyes destinados a combatir la violencia contra la mujer en sus países, la dele-gación está muy preocupada por la falta general de medidas eficaces para poner fin a estas tendencias alarmantes, y la participación directa de funcionarios locales y estatales en los ataques contra las defensoras, así como por el encu-brimiento de los criminales responsables. Constatamos que aunque existen importantes avances como la Ley de Violencia Doméstica y las tipificaciones de violencia sexual en el Código Penal, Honduras, en particular, carece de unas herramientas legales necesarias y el compromiso institucional para abordar el problema, mientras que México y Guatemala tienen varios instrumentos, pero no dispone de una aplicación efectiva.

Los funcionarios de gobierno con quienes hablamos atribuyeron el clima de violencia contra las mujeres a la delincuencia organizada y minimizaron la responsabili-dad del gobierno. La delegación encontró a menudo un enorme brecha entre la lectura de los gobiernos sobre la situación y la descripción de las mujeres en cuanto a su realidad vivida. A pesar de que es evidente el papel de los gobiernos en el aumento de la violencia, muchos funciona-rios presentaron reformas jurídicas e institucionales como prueba del progreso.

capítulo dosLa delegación constató que la incidencia de feminicidios (asesinato selectivo de mujeres por razón de su género), violencia sexual, violación, desaparición forzada, así como ataques y detención arbitraria de las mujeres y las defensoras de los derechos humanos en México, Honduras, y Guatemala ha alcanzado dimensiones de crisis.

HallazgosLa violencia contra la mujer alcanza proporciones de crisis


UN AUMENTO ALARMANTE DE FEMINICIDIOS • En Honduras, 512 mujeres fueron asesinadas en

2011. Durante el régimen golpista, a partir de junio de 2009 y durante el régimen post golpista encabezado por Porfirio Lobo, se ha presentado un incremento en los feminicidios, a menudo con la complicidad o la participación directa de funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad. Los feminicidios aumentaron 257 por ciento entre 2002 y 2010. De acuerdo a los informes de la ONU, Honduras tiene ahora la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo. Como promedio, una mujer es asesinada cada 17 horas.

• En México, los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la cual ha dejado más de 50.000 muertes, 250.000 desplazados y miles sometidos a desaparición forzada.

• El estado fronterizo mexicano de Chihuahua tiene una tasa de homicidios de mujeres de 34,73 por 100.000—15 veces más alta que la tasa mundial. Los feminicidios en Chihuahua (donde el feminicidio siste-mático se detectó en Ciudad Juárez en 1993) aumentó 1.000 por ciento entre 2007 y 2010.

• 685 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en 2010, en comparación con 213 en 2000.

AUSENCIA DE JUSTICIA• Incumplimiento. Más del 95 por ciento de los delitos

nunca son sancionados en los tres países visitados. La mayoría ni siquiera son investigados por las autoridades.

• Discriminación. Según los testimonios recogidos por la delegación, los tribunales discriminan a las mujeres cotidianamente y acosan con frecuencia a las mujeres que interponen denuncias o peticiones para que se haga justicia. Los niveles de discriminación y la falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas y afrodescendientes es aún más extrema.

• Criminalización. El uso de falsas acusaciones penales contra las defensoras de derechos humanos se ha

convertido en una táctica común para atacar a las mujeres que se organizan en sus comunidades.

• Impunidad. 200.000 personas fueron asesinadas y miles de mujeres violadas durante el genocidio en Guatemala en la década de los años ochenta; cientos de miembros de la oposición política fueron asesinados o desaparecidos durante la guerra sucia mexicana de ese período; y cientos de personas han sido asesinadas durante y después del golpe de Estado en Honduras en 2009. Muy pocos de estos casos se han llevado a juicio.

datos

“Creo que todos, pero especialmente

los mexicanos y mexicanas, debe-

mos acercarnos más, escucharnos

más, entendernos más, apoyarnos

más y unirnos más – no solo para

poder combatir y derrotar un sistema

caduco, militarizado y usurpado por el

crimen organizado, sino para construir

un nuevo sistema… y creo que este

espacio puede ser un principio para

empezar ese caminar hacia un hori-

zonte de justicia, equidad y dignidad

con todos aquellos y aquellas que lo

decidan empezar.”

Martha Ojeda, Coalición pro Justicia en las Maquiladoras, México


La Procuradora General de México, Marisela Morales, expuso una serie de reformas y declaró que México está “más seguro, más justo y más próspero” un día después que la delegación escuchó testimonios de mujeres que manifes-taron el deterioro de la justicia y la seguridad en todo el país. Los funcionarios públicos presentaron las actuales políticas de seguridad como el único medio para combatir al crimen organizado y se refirieron a las violaciones de los derechos humanos como meros efectos secundarios.

En México, las mujeres informaron que el gobierno se esfuerza por “simular” el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer en lugar de hacer verdaderos cambios. Por ejemplo en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno de México culpable de no proteger a las mujeres y de no juzgar los casos de feminicidio, a partir de la valiente lucha de los familiares de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, y Claudia Ivette González. En respuesta, el gobierno mexicano creó orga-nismos especializados, pronunció discursos y reformó las leyes sin resolver los asesinatos o detener los delitos contra la mujer.

En México, Honduras y Guatemala, los funcionarios de gobierno reconocieron serios problemas con sus sistemas de justicia, incluidas la corrupción, la falta de capacitación e infraestructura para llevar a cabo investigaciones y la falta de coordinación y capacidad entre los gobiernos locales, estata-les y federal. Algunos funcionarios de gobierno se refirieron a grandes inversiones en programas destinados a abordar estas cuestiones, muchos financiados con la ayuda de los Estados Unidos. Sin embargo, comprobamos que no hay un verdadero progreso y varias defensoras de los derechos humanos señalaron que sin cambios estructurales y voluntad política, las reformas no podrían tener éxito a pesar de las grandes inversiones.

La falta de acceso a la justicia provocada por las tasas de enjuiciamiento muy bajas (en los tres países, solamente

alrededor del 2% de los delitos son juzgados) es peor para las mujeres, quienes reportan haber sido discriminadas en el sistema judicial. Las mujeres en condición de pobreza y las mujeres de pueblos originarios se enfrentan a numerosas formas de discriminación.

“La mayoría de nosotras no sabemos leer y escribir en la lengua dominante, el español. Por esta razón nos tratan como seres inferiores y se burlan. Soldados y policías nos agreden sexualmente, y muchas veces callamos estos actos…” Celiflora Gallardo, Guerrero, México

“La comunidad LBGT es la más afectada por crímenes de odio. Vivimos bajo el temor de ser asesinadas en cualquier momento… y son los encargados de nuestra seguridad —los policías— los que violan nuestros derechos.” Victoria, activista transexual, Honduras

Las denuncias oficiales contra las fuerzas armadas de México en cuanto a violaciones de los derechos humanos han aumentado 900 por ciento desde que el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de soldados para combatir en la guerra contra el narcotráfico en 2006. La violencia sexual se emplea cotidianamente para amedrentar y someter a las mujeres. En 2010, el Ejército fue declarado culpable de las violaciones sexuales cometidas contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, tras llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la falta de un proceso adecuado en México; no obstante, los responsables siguen en la impunidad y la política de militarización de la seguridad no ha cambiado.

Las mujeres hondureñas denuncian que constantemente se ven expuestas a violaciones y palizas propinadas por las fuerzas policiales. En Guatemala, documentamos relatos de mujeres que sufrieron la violencia y abusos sexuales a manos de las fuerzas de seguridad durante las campañas genocidas de los años ochenta, y ahora se vuelve a vivir esta situación con las prácticas del gobierno y la empresa privada en su afán de reprimir la resistencia de la comunidad que se opone al desplazamiento y a los proyectos mineros destructivos para el medio ambiente y otros megaproyectos.

La ola de violencia en México y Centroamérica tiene profundas raíces económicas, sociales y políticas. En los tres países el derramamiento de sangre va acompañado de las formas silenciosas de violencia como el hambre, la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo. Éstas afectan más a las muje-res debido a la discriminación y al hecho que con frecuencia las mujeres son las principales encargadas de cuidar a sus familias.

Además de estas causas sociales y económicas, identificamos tres factores que se combinan para generar altos niveles de violencia contra la mujer: la violencia de estado en el contexto de la ampliación de la presencia militar y policial; sistemas de justicia corruptos y disfuncionales; y la persecución contra las defensoras de derechos humanos.

“Llegan por ordenes de los empresarios, llegan soldados por orde-nes de ellos, soldados y anti-motines para desalojarnos. Hay incontables

mujeres que han sido violadas... Otra vez nos trae el recuerdo de lo que ya vivimos, es como si retrocediéramos

todos estos años.”

Mujer indígena, Guatemala


La historia y el actual contexto político y social en cada país contribuyen a la violencia. En México, la guerra contra las drogas ha desatado la violencia en todo el país al basarse en un modelo policiaco/militar de confrontación con los cárteles de narcotraficantes. Unas 60.000 personas han muerto por causas relacionadas con la violencia entre 2007 y 2011, y han aumentado las violaciones de derechos humanos. Los aspectos de género de esta crisis son en gran parte invisi-bles. Aunque las mujeres son una minoría de las víctimas de ataques mortales, Estas valientes defensoras de derechos humanos se han convertido en objetivo de los ataques, y no cuentan con muchos medios de protección o de apoyo a su alcance. Al mismo tiempo, la violencia de género se ha incrementado vertiginosamente al amparo de una sociedad sumida en la violencia y carente de capacidad institu-cional, sensibilidad —o voluntad política— para abordar este problema.

En Honduras, el golpe de Estado de junio de 2009 define el actual contexto político, social y económico. Muchas orga-nizaciones de mujeres no reconocen al gobierno de Porfirio Lobo, quien llegó al poder mediante elecciones organizadas por el régimen golpista. En este sentido, las mujeres infor-man que desde el golpe, los logros en materia de derechos humanos y los avances en materia de legislación y políticas públicas favorables a los derechos de las mujeres logradas gracias al trabajo del movimiento feminista han sido sistemá-ticamente eliminados. Las mujeres y organizaciones que se oponen a las políticas del gobierno o rechazan los nuevos proyectos de desarrollo destinados a la transferencia de tierras y recursos a los inversionistas internacionales enfren-tan una fuerte represión. Con la legitimidad del gobierno puesta en tela de juicio y una sociedad dividida, tanto el crimen organizado como la delincuencia común han aumen-tado considerablemente, así como las violaciones de los derechos humanos.

En Guatemala, el aumento vertiginoso de feminicidios demuestra que la paz no es solamente el cese de la guerra. La falta de justicia respecto a los delitos cometidos durante los años ochenta ha dejado a las víctimas sin compensación y a los culpables en el poder. La debilidad de las institucio-nes y los nuevos factores del conflicto han generado un clima de peligro para las mujeres. Las defensoras de los dere-chos humanos, especialmente las mujeres indígenas que defienden sus derechos a la tierra y los recursos naturales enfrentan amenazas y ataques. Las inversiones extranje-ras en minería y otros megaproyectos que han desplazado a las comunidades de los pueblos originarios han sido un punto central de la violencia contra las mujeres activistas de la comunidad.

“La mujer tiene más miedo, ahora para matarla es más fácil…

Después del golpe hemos retrocedido como

40 años en los derechos humanos que las mujeres tenían.”

Martha Velázquez, Movimiento de Mujeres, Choloma, Honduras

capítulo tresEn defensa de las defensorasMéxico, Honduras y Guatemala: países con alto riesgo para mujeres y defensoras de los derechos de la mujer

D e s o b r e v i v i e n t e s a d e f e n s o r a s 11D e s o b r e v i v i e n t e s a d e f e n s o r a s 11


Las defensoras de derechos humanos están en primera línea, defendiendo los valores democráticos y constru-yendo la paz. Son organizadoras sindicales que trabajan por los derechos laborales; mujeres indígenas monolingües, madres que exigen justicia para sus familiares asesina-dos o desaparecidos; activistas comunitarias en defensa de la tierra, el agua y la vida; mujeres que combaten la reacción adversa hacia los derechos sexuales y reproduc-tivos; integrantes de la comunidad LGBT, y miembros de movimientos y organizaciones por la paz y la justicia.

Cada defensora que es asesinada o agredida, o se ve forzada a exiliarse o a dejar el trabajo debido a las amenazas, es una esperanza menos para todas nosotras a vivir en un mundo sin violencia e injusticia.

Defensoras de los derechos humanos en peligro1. En 2010 y 2011, 24 defensoras de los derechos

humanos fueron asesinadas en la región (14 en México, 2 en Guatemala y 7 en Honduras).

2. Como promedio, hay por lo menos un ataque diario contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala. Ochenta y tres por ciento son activistas que trabajan para proteger sus tierras y recursos naturales.

3. Las defensoras de derechos humanos frecuentemente son objeto de detenciones ilegales, persecuciones, malos tratos crueles e inhumanos, violaciones, campañas de difamación, criminalización, robos, inti-midaciones, asesinatos, amenazas contra ellas y sus familias, y destrucción y allanamiento de morada.

4. En una encuesta entre defensoras de derechos humanos en México, el 55 por ciento respondió que el gobierno (nacional, estatal y local) y sus fuerzas de seguridad fueron responsables de los actos de violencia y amenazas de violencia.

5. Las actuales medidas de protección para las defensoras no tienen una perspectiva de género.

Acciones para defender a las defensoras de derechos humanos:1. Reconocimiento de las defensoras de derechos

humanos, incluidas las declaraciones públicas en apoyo a las defensoras. Respuestas inmediatas y efectivas ante las amenazas en su contra.

2. Pedir y aplicar medidas cautelares efectivas para las defensoras de derechos humanos que corren riesgo. Las medidas cautelares a menudo no se conceden o no se implementan cuando son necesa-rias, y cuando se aplican no son eficaces y adecuadas ya que no modifican la situación del riesgo. Las medidas preventivas deben comprender: a) investiga-ciones exhaustivas de los ataques y enjuiciamiento de los responsables de los ataques o de la discriminación contra las defensoras, incluidos los funcionarios públi-cos si se justifica según el caso; b) apoyo psicosocial; c) campañas de educación pública con los medios de difusión y particularmente en las comunidades afectadas por los ataques a las defensoras.

3. Vigilancia internacional para implementar las medidas cautelares. La comunidad internacional debe monitorear los casos y juzgar los resultados, no las palabras, mediante el empleo de mecanismos y sistemas específicos. El seguimiento por parte de organizaciones internacionales de derechos huma-nos requiere criterios para evaluar las acciones del gobierno a fin de proteger a las mujeres activistas y prevenir el acoso y los ataques.

4. Liberación de todas las mujeres que se encuentran en las cárceles como presas políticas y suspen-sión de las órdenes de detención contra las defensoras de derechos humanos.

5. Poner fin a la práctica de presentar acusaciones criminales injustificadas relacionadas con su labor, contra las activistas e impartir instrucciones claras a la policía con miras a detener los ataques violentos contra las protestas, reuniones políticas, grupos de derechos humanos y periodistas.

6. Garantizar que las organizaciones que trabajan para proteger y defender a las defensoras de los derechos humanos y a las activistas por la paz y la democracia tengan un presupuesto adecuado para llevar a cabo su trabajo. Rechazar la persecución de las organizaciones a través de leyes que retienen los fondos recibidos por los donantes, como en Honduras.

7. Apoyar directamente a las organizaciones de mujeres y a las defensoras de derechos humanos. Aunque garantizar los derechos es responsabilidad del gobierno, es esencial fortalecer a las organizaciones y las redes de defensoras de derechos humanos para asegurar su protección inmediata y efectiva.

Acciones para defender a las defensoras de derechos humanos


Convertirse en una defensora de derechos humanos en estos países significa correr riesgos y enfrentar la violencia. Y para muchas mujeres, implica también romper las cadenas y los estereotipos interiorizados, ya que las normas sociales y de la comunidad les enseñan que ellas no valen casi nada o no tienen derecho a participar. La toma de decisiones tan simples como qué puntada usar en una blusa se convierte en un acto de autoafirmación.

Para muchas mujeres que presentaron testimonio ante nuestra delegación, así como para las que hablaron en los foros de mujeres fue una experiencia nueva y de empodera-miento, que les permitió ver que hay también otras mujeres que enfrentan la violencia y luchan por una vida mejor. La delegación trabajó en estrecha colaboración con los comi-tés anfitriones en cada país para organizar lugares seguros donde las voces de las mujeres fueran escuchadas. En los cinco foros realizados en los tres países recopilamos las palabras de las mujeres que no aparecen en los medios de comunicación, que son calladas por las normas culturales y el machismo en sus familias y comunidades, y que son igno-radas o maltratadas por las autoridades. Ellas atestiguaron y describieron las violaciones de derechos humanos sufridas en su propia vida y en la de sus seres queridos. Hablaron de las cadenas del pasado y sus sueños de un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos.

Si bien aún queda mucho trabajo por hacer para crear los enlaces que necesitamos para una acción eficaz, estos actos de hablar en voz alta, de soltar lágrimas desafiantes, de dar testimonio de los males silenciosos y de rebeliones de carác-ter personal y colectivo, inspiraron a todas nosotras. Los foros también produjeron una extraordinaria visión de las amena-zas, de lo que las mujeres están haciendo por la defensa de los derechos humanos en el día a día y los recursos que están construyendo para transformar esa realidad.

El estado de los derechos de la mujer y la seguridad afecta directamente a más de la mitad de la población. Asimismo, es un barómetro para saber cómo se ocupan los países de los derechos humanos en general. Nuestras conclusiones muestran que a menos que todas las instancias de gobierno y la sociedad, junto con los agentes internacionales, se comprometan inmediatamente en la búsqueda de solucio-nes en estos países, la crisis de la violencia contra la mujer cobrará muchas vidas más y conducirá a un grave deterioro del Estado de derecho y de los derechos humanos funda-mentales para todos.

Es hora de actuar.

“El huipil significa mucho – portar un huipil y hacer un huipil

es una manera de ser una misma, de sentirse plena.

Cuando una mujer indígena crea un huipil, toma la decisión

de cómo hacerlo, qué quiere hacer, qué quiere contar

con las figuras que pone.”

Reina Rivera, mixteca, Metlatónoc, Guerrero, México

Tejido de palabras y sueños


a. una ampliación de la presencia militar y policial en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, y el aumento de los desplazamientos para la explotación de los recursos naturales y los megaproyectos han dado lugar a abusos, agresiones y violación de los derechos humanos de las mujeres;

b. sistemas de justicia corruptos, discriminatorios e ineptos; y

c. ataques dirigidos a las defensoras de derechos humanos y el uso indebido del sistema judicial para perseguirlas y a sus organizaciones.

Lo más preocupante es que encontramos pruebas claras de que estos factores no son accidentales. Corresponden al uso táctico de la violencia, y en particular de la violencia contra las mujeres y las defensoras, por parte de los gobiernos, los poderes de facto entre ellos el crimen organizado, para ejer-cer el control mediante el miedo, la intimidación y, en casos extremos pero demasiado frecuentes, el asesinato.

a. Militarización y abuso por parte del ejército y la policía

“La guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres.” Jody Williams, Premio Nobel de la Paz

Aunque el trabajo de la policía es de garantizar la seguridad pública y el de las fuerzas armadas defender la soberanía nacional, muchos defensores de los derechos humanos y las mujeres afectadas por la violencia identificaron estas fuerzas como un factor significativo en cuanto al aumento de la violencia en sus comunidades, y en particular por la violencia contra las mujeres. La militarización y el incremento de las fuerzas de seguridad pública están afectando de manera desproporcionada a las mujeres, y las defensoras

de derechos humanos están siendo directamente atacadas por estas instituciones en los tres países. Esto se da en el marco de instituciones gubernamentales débiles o corruptas y políticas represivas.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” −una estrategia de seguridad que define las operaciones de cárteles de narco-traficantes como la principal amenaza a la nación y se centra en detener el tráfico de y capturar o matar a los criminales, caracterizando como enemigos de la sociedad a quienes son señalados como parte de la delincuencia organizada− ha llevado a la militarización generalizada en la región. Durante los últimos años en Mesoamérica, los gobiernos han enviado soldados a realizar tareas de seguridad pública que normal-mente estarían reservadas para las fuerzas policiales.

La delegación interrogó a los presidentes Lobo y Pérez Molina y a las autoridades mexicanas sobre este tema, y ellos respondieron que los cárteles de la droga se han extendido tanto y vuelto tan perjudiciales que han tenido que≈usar a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad y, en algunos casos, recuperar los territorios de manos de la delincuencia organizada. Autoridades de los tres países agre-garon que sus propias fuerzas policiales son notoriamente débiles y corruptas, por lo cual han tenido que recurrir a la participación de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Estados Unidos promueve activamente la estrategia mediante la ayuda de la seguridad regional bajo la Iniciativa de Mérida (México) y la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por su sigla en inglés).

El gobierno mexicano ha desplegado más de 45.000 soldados en su propio país, lo que ha dado lugar a un enorme aumento en los homicidios relacionados con la guerra contra el narcotráfico. La presencia militar ha llevado a numerosos abusos contra la población civil, incluida la violencia sexual.

capítulo cuatroEn las conversaciones entabladas con las organizaciones de mujeres, se identificaron los siguientes factores que inciden en el aumento de la violencia contra las mujeres en estos países:

Detrás de la violencia: Las causas del aumento de la violencia contra la mujer


En el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida hace 35 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la investigación y el juzgamiento de los delitos militares cometidos contra civiles en tribunales militares viola las normas internacionales. Por ello, ordenó a México reformar el fuero militar. Este mismo señalamiento lo repitió la Corte Interamericana en los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Campesinos Ecologistas. Y aun cuando la Suprema Corte de México confirmó el carácter obligatorio de dichas sentencias el 13 de junio de 2011 el ejército sigue investigando y juzgando con sus propias instituciones los abusos militares. Tal situación ha provocado que numerosas víctimas acudan de nuevo a la Suprema Corte.

Los funcionarios gubernamentales afirmaron que su respuesta al aumento de las violaciones de derechos huma-nos se centra en dar cursos de capacitación sobre derechos humanos a sus fuerzas de seguridad. No obstante, los testimonios de las mujeres sobre innumerables violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía demuestran que las medidas no son suficientes y subyace un desprecio profundo hacia los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y también se cometen violaciones deliberadas con el fin de castigar o controlar a ciertas personas y poblaciones. Aunado a ello, la capacita-ción siempre resulta insuficiente cuando existen incentivos institucionales para los abusos, como los relacionados con la prevaleciente impunidad.

La guerra contra el narcotráfico en México ha cobrado numerosas víctimas en la población, por lo menos 50.000 muertos y su número sigue en aumento.

“En muchos territorios en donde la estrategia de seguridad del gobierno federal se ha ejecutado con mayor fuerza, las situaciones violentas y las condiciones de vida se agravaron, las violencias se escalaron y se diversificaron. La vulnerabi-lidad ha aumentado, colocando en una alarmante situación de riesgo particularmente a algunos grupos sociales como jóvenes, niñas, niños, mujeres, familias, comunidades indígenas y migrantes.” Dolores González, Serapaz, México

En Guatemala, las unidades militares han regresado al altiplano y otras zonas predominantemente indígenas, después de la retirada tras el conflicto armado. Para las comunidades indígenas que vivieron la violencia genocida a manos de las fuerzas militares en los años ochenta, el regreso es una situación traumática y amedrentadora. Las mujeres presentaron testimonios y pruebas de muchos casos donde el ejército y la presencia de fuerzas de seguridad privada están vinculados con los actos de reprimir las protes-tas locales que se oponen a las la explotación de recursos naturales que perturban y desplazan a las comunidades para explotar los recursos naturales.

In Honduras, the military moved into the streets to fight citi-zen opposition to the coup d’etat on June 28, 2009. Although the nation supposedly returned to civilian rule following the election of November 2009, state institutions are in shambles and former military leaders—including many implicated in the coup—hold major positions of power. The armed forces have been deployed across the country with the stated purpose of confronting organized crime, which has burgeoned since the coup. But they have frequently played a role in supporting prominent businessmen, large landowners and investors against local communities, particularly in Bajo Aguan and other land conflicts, and continuing to attack members of the citizen opposition.

Our findings show that the presence of the army in cities and communities is more often the cause of violence against women than a solution. Although the violence of organized crime and common criminals is very real, women reported that the presence of the army has not made them feel safer and constitutes a threat in itself. In many cases we documen-ted, women’s accounts and the surrounding circumstances pointed to the systematic use of violence by the armed forces to intimidate or punish women and their communities, along with widespread institutional efforts to deny any legal respon-sibility for the crimes.

Las mujeres enfrentan la violencia bajo la bota

“Mi primera experiencia con los soldados ocurrió cuando yo tenía sólo doce años de edad. Entraron en la comunidad y nos robaron la cosecha. Nos robaron nuestros animales y nos obligaron a hacer tortillas para ellos. Nadie lo informó, porque nadie sabía dónde denunciar. Hubo mujeres que fueron violadas por los soldados y nunca se supo.” Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa

En el estado mexicano de Guerrero, las comunidades indígenas están acostumbradas a los abusos cometi-dos por los militares. Desde la ocupación del ejército en los años sesenta con el fin de acabar con los movimientos guerrilleros y la oposición política, hasta la presencia de hoy en día con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, la repercusión en las mujeres ha sido una violencia desenfrenada, abuso y miedo, marcado por la impunidad.

La ley de la fuerza prevalece sobre el Estado de derecho en los territorios ocupados militarmente, sobre todo para las mujeres que enfrentan varias formas de discriminación.

Obtilia, quien ha sido una defensora de los derechos humanos durante años y sufrió agresiones y amenazas

contra su vida, añade: “Muchas mujeres no saben hablar español, sólo su idioma. Una mujer fue violada por los soldados y la ayudamos a denunciarlo, pero muchas de ellas no se deciden por miedo, porque los soldados portan armas.”

En México, la región más militarizada es la frontera entre Estados Unidos y México, donde las drogas ilícitas atraviesan la frontera y entran al mercado de los Estados Unidos. Muchas mujeres de la frontera informaron que las condiciones son idénticas a una zona de guerra, y es un problema muy preocupante sobre todo para las mujeres.

“Mi región es un lugar donde el pueblo entero y sobre todo las mujeres viven a cada segundo balaceras, granadazos, bazucasos, bloqueos y enfren-tamientos de crimen organizado. Donde pueblos enteros son desplazados por la violencia y reempla-zados por bases militares. Donde militares catean viviendas de facto imponiendo la ley marcial y milita-res estadunidenses violentan la soberanía nacional. En donde el libre mercado de mercancías, drogas, armas y lavado de dinero es el comercio más renta-ble y formidable...” Martha Ojeda, Coalición pro Justicia en las Maquiladoras, Tamaulipas, frontera México-Estados Unidos

La dirigente indígena lenca Bertha Cáceres ha visto personalmente los efectos de la militarización, ya

que ha sido sometida a constantes amenazas contra ella y su familia. Bertha describió la situación de los territorios en conflicto en Honduras, donde el ejército sirve para obligar al cumplimiento de la transferen-cia de tierras de pequeños productores a grandes promotores inmobiliarios.

“Estamos viendo un proceso de militarización, también las agencias de seguridad privadas que llegan a nuestras regiones, y la proliferación de tiendas de armas... Están reclutando a nuestros jóvenes porque es la única manera de conseguir un trabajo sin tener que migrar. Hay acoso, amenazas de muerte y abuso sexual a mujeres integrantes de la organización... Con total impunidad ellos abusan de las mujeres, especialmente mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes.” Bertha Cáceres, directora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), occidente de Honduras

“Con el golpe de estado, la represión se agravó. Estamos amenazadas todo el tiempo, he recibido una amenaza de muerte de los miembros de las fuerzas armadas. Tomo medidas de precaución como los demás de la comunidad, debido a la persecución que hemos sufrido.” Esly Vanegas de la Coalición de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), detenida y puesta en libertad después de que la organización se movilizó para exigir su libertad, sigue siendo hostigada y vigilada.



En Honduras, los militares fueron enviados a las calles para reprimir la oposición ciudadana al golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Aunque presuntamente la nación volvió a un gobierno civil tras la elección de noviembre de 2009, las instituciones estatales se encuentran en un estado caótico, y los antiguos jefes militares —incluidos muchos implicados en el golpe— ostentan cargos de poder estratégicos. Las fuerzas armadas se han desplegado en todo el país con la excusa declarada de hacer frente al crimen organizado, que ha crecido a un ritmo acelerado desde el golpe. Sin embargo, las citadas fuerzas han desempeñado con frecuencia una función de apoyo a empresarios prominentes, grandes terratenientes e inversionistas, y en contra de las comuni-dades locales, particularmente en la zona del Bajo Aguán y otros conflictos de tierras, así como los continuos ataques a miembros de la oposición ciudadana.

Nuestras conclusiones muestran que la presencia del ejército en las ciudades y comunidades, lejos de ser una solución para erradicar la violencia hacia las mujeres, es un factor de riesgo. Aunque la violencia del crimen organizado y la delincuencia común es un hecho real, las mujeres informaron que la presencia del ejército, policías y fuerzas de seguridad privada no las hace sentirse más seguras y constituye por sí sola una grave amenaza. En muchos casos que documenta-mos, las narraciones de las mujeres y las circunstancias del entorno apuntaron al uso sistemático de la violencia utilizada por las fuerzas armadas con el fin de intimidar o castigar a las mujeres y sus comunidades, así como los esfuerzos institucionales en general por negar responsabilidad jurídica alguna por los crímenes.

Cuando hablan de “militarización” a menudo se refiere no solo a la presencia de las Fuerzas Armadas en sus comu-nidades y territorios, sino también de la policia, que ha sido responsable de abusos serios en los tres países.

En los tres países, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia organizada ha difuminado la línea entre la policía y el ejército.

El Centro de Estudios de la Mujer–Honduras (CEM-H) informa que el incremento del gasto militar es paralelo al aumento de feminicidios. En este sentido, a medida que se incrementa el gasto militar, aumentan también los feminici-dios a un ritmo aún mayor que el aumento acelerado de la tasa de homicidios. Entre 2006 y 2011 el presupuesto militar se incrementó de 63 millones de dólares a 175 millones.

El militarismo extiende la cultura de violencia y crea más acceso a las armas, lo que aumenta la violencia doméstica contra las mujeres. El CEM-H informa que el 81 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos con armas de fuego en la actualidad, frente a sólo 55 por ciento en 2003.

La extensión de las operaciones militares en Honduras ha sido activamente fomentada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, el cual ha ampliado su presencia militar en el país. Desde el golpe de Estado, el Pentágono ha gastado más de 53 millones de dólares en trabajo contratado en Honduras, gran parte de esa suma para ampliar sus instala-ciones militares en la base aérea de Soto Cano (Palmerola), y construir dos nuevas bases navales a pesar de una disposición constitucional que prohíbe el establecimiento permanente de bases militares extranjeras.

Hemos escuchado testimonios de mujeres con respecto a dos períodos distintos de los abusos militares: la guerra sucia de los años 70 a los 80 contra la oposición política en México y el genocidio durante el conflicto armado en Guatemala, y el período actual en los tres países. Los crímenes del pasado que nunca han sido llevados ante la justicia fueron citados a menudo como factores que contribuyen a los abusos en la actualidad.

En los tres países, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia organizada ha difuminado la línea entre la policía y el ejército.

Muchas mujeres declararon que los oficiales de policía abusan y atacan a las mujeres en sus pueblos y vecinda-rios. Se planteó el problema como grave y generalizado particularmente en Honduras.

“Ha habido un incremento en el gasto militar y al mismo tiempo un aumento de feminicidios. Debería ser todo lo contrario en teoría: más gastos, más

seguridad. Sin embargo, la ‘seguridad ciudadana’ en todo Centroamérica ha significado más muertes para

las mujeres.”

Suyapa Martínez, Centro de Estudios de la Mujer, Honduras


Los militares llegaron a las comunidades indígenas a principios de la década de 1980 con el propósito de aniquilar la resistencia maya que se oponía a la dictadura, represión y desplazamiento. El resultado fue una campaña genocida de asesinatos y tortura, así como de violación y esclavitud sexual de las mujeres en las zonas principalmente mayas.

Durante décadas, las voces de las víctimas que sobrevivieron fueron silenciadas por su propia vergüenza y dolor, o por un sistema jurídico y político que se negaba a reconocer la existencia de esos delitos. Incluso la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue incapaz de descubrir las dimensiones de la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado, así que, hasta que las organizaciones de derechos de la mujer convocaron a una audiencia extraordinaria del Tribunal de Conciencia en marzo de 2012 fue que las mujeres comenzaron a comparecer.

Nuestra delegación escuchó las palabras y vio las lágrimas de las mujeres que sufrieron hace tres décadas, así como de las mujeres que son víctimas de una nueva oleada de militarización en la actua-lidad. Ellas manifestaron que la intención de hoy en día es más sutil: para forzar a las comunidades a desplazarse fuera de las zonas donde los minerales y otro tipo de recursos son codiciados. Pero los métodos son muy semejantes: violación, asesinato, encarcelamiento, división y acoso.

“Quiero compartir lo que hemos sufrido en la guerra que tuvo su máxima expresión en 1982. No tengo miedo o vergüenza de narrar mi sufrimiento, porque lo mismo les ocurrió a tantas mujeres en mi país... Yo soy del Valle del Polochic y lo que me pasó a mí, les pasó a muchas hermanas también, la manera de como fuimos perseguidas y maltratadas, el dolor que todavía sentimos, y todo por defender a nuestra Madre Tierra y pedir un poco de respeto.

Se podría decir que tengo suerte de estar hablando con ustedes, ya que muchas hermanas no sobrevivieron, y fueron torturadas por mucho tiempo. Yo fui víctima de un secuestro, y de tortura. Los soldados pasaron sobre mi cuerpo; jugaron con mi cuerpo, y no sólo conmigo. Y esto no se ha detenido, nuestros cuerpos todavía se usan para ser sometidos a torturas y dividir a nuestras comunidades.” Mujer indígena, Polochic, Guatemala

La militarización en Guatemala y la violencia en los cuerpos de las mujeres: ayer y hoy


Cuando miembros de la delegación cuestionaron al presidente Lobo, él admitió que hay un grave problema de corrupción en la policía y que el gobierno está en el proceso de seleccionar el personal y “modernizar” las fuerzas. La embajadora de Estados Unidos Lisa Kubiskie expresó a la delegación que su gobierno financia programas de capacita-ción para la policía. No obstante, no se encontraron pruebas de que el gobierno de Honduras o de su aliado, EE.UU., estén investigando o llevando a juicio delitos cometidos por agentes estatales. Afirmaron que sus programas tendrán resultados en el largo plazo, mientras los niveles de violencia ya son insoportables. Algunos funcionarios gubernamenta-les admitieron que enfrentar el problema de la corrupción policial y judicial con grandes gastos en capacitación no está funcionando, pero no presentaron alternativas.

Las organizaciones de mujeres hondureñas argumentaron que estos programas son una pérdida de dinero mientras no exista la voluntad política de hacer cambios profundos en la fuerza policial y poner fin a la tolerancia de la conducta crimi-nal hacia las mujeres y ataques contra las organizaciones de base. Hasta el momento, no se han llevado a cabo esfuerzos para enjuiciar a policías por asalto y violencia sexual durante el golpe de Estado.

En México, la violenta represión de una protesta pacífica en San Salvador Atenco, Estado de México, ofrece un claro ejemplo de la violencia contra la mujer y el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir y silenciar a las mujeres activis-tas. El 4 de mayo de 2006, la policía disolvió violentamente

una protesta, en la cual mataron a dos jóvenes y detuvieron a decenas de hombres y mujeres. Las mujeres fueron tortu-radas sexualmente y violadas por policías en la camioneta de la patrulla, y luego llevadas a la cárcel. Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México y ahora el presunto presidente electo, ordenó la incursión policial y posteriormente bloqueó el proceso penal contra los agentes culpables. Debido a la falta de justicia en México, el caso de las mujeres violadas por la policía en Atenco se encuen-tra actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claudia Hernández, quien fue agredida por los policías, nos describió el trauma psicológico permanente que sufre, agravado por el hecho de saber que los violadores no han sido castigados por el crimen.

Las mujeres que se reunieron con la delegación en la Ciudad de México presentaron relatos aterradores de violencia poli-cial contra las mujeres y la negativa absoluta del estado para enjuiciarlos. En noviembre de 2009, unos 50 agentes de la policía allanaron la casa de Margarita Martínez, defensora de derechos humanos quien trabaja en las comunidades indí-genas de Chiapas. Detuvieron a la familia a punta de pistola, sin ninguna orden judicial ni explicaciones. Después que ella presentó una denuncia, la persecución se agravó. El 24 de febrero de 2010, Margarita fue privada de la libertar y objeto de tortura, incluida, tortura sexual. Ahora se encuentra bajo custodia de protección, pero los guardias que se le asigna-ron, han permitido que las amenazas continúen. El estado se niega a investigar y enjuiciar a los agentes ni a los autores intelectuales del crimen.

Nenetzin Rojas, cuya madre Eva Alarcón fue desaparecida de manera forzada el 7 de diciembre de 2011 en una emboscada que incluyó la policía local estatal y al Ejército en el estado de Guerrero, nos dijo que a pesar de que 28 agentes de la policía fueron detenidos, todos excepto uno fueron puestos en liber-tad. Eva Alarcón trabajó con la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y fue desaparecida junto con Marcial Bautista. La hija de Bautista la acompañó, y las dos jóvenes rompieron a llorar durante la declaración.

“Tengo 21 años y estoy cansada de ver tanta violencia. Todos niños no quieren que ver tanta muerte que he visto yo. Mamá, ¿estás escuchando? Tienes que ser muy valiente. Mamá no voy a dejar de luchar hasta lograr tu liberación.”

En Honduras y en Guatemala particularmente, el uso creciente de agentes de seguridad privada presenta nuevas amenazas para las mujeres. En Guatemala en 2010, se estimaba que había 28.000 agentes de seguridad privada registrados legales, y 50.000 no registrados, lo cual sobre-pasa la cifra de la policía. En Honduras, recibimos informes sobre el uso de la fuerza de seguridad privada al servicio de los grandes terratenientes para acosar y agredir a mujeres

“Nos damos cuenta de la aplicación torcida de la ley. No es con cursos,

ampliando la currícula, o capacitación de policías – eso jamás va a cambiar esta podredumbre. Se han gastado

millones en ayuda extranjera en estos programas y el resultado es triste y lamentable. Tenemos que deshacer por completo esta policía y construir

algo nuevo.”

Gilda Rivera, Centro de Derechos de la Mujer, Tegucigalpa, Honduras


y hombres que defienden sus tierras, particularmente en el Bajo Aguan. Honduras tiene el segundo mayor número de guardias de seguridad privada en América Central, según la Encuesta sobre Armas Pequeñas de 2011, con por lo menos 60.000 agentes de seguridad privada en más de 630 empre-sas de seguridad. Hay pocos mecanismos de rendición de cuentas por los delitos que cometen estas fuerzas.

b. Sistemas de justicia corruptos y disfuncionales

La delegación comprobó que un elemento clave que posibilita y perpetúa la violencia contra las mujeres es la falta de un sistema judicial imparcial y operativo, así como un firme Estado de derecho en los países. Cuando los crímenes quedan impunes de manera rutinaria y sistemática, los agen-tes armados (entre ellos el crimen organizado, delincuentes comunes y agentes estatales), saben que pueden seguir actuando sin responder a las autoridades por la violencia, delitos y violaciones a derechos humanos perpetrados.

Las mujeres entrevistadas dieron varias explicaciones del por qué sus sistemas de justicia no funcionan. En Honduras y Guatemala, los años de dictaduras y conflictos dejaron a las instituciones endebles. El proceso para construir la paz en Guatemala nunca se encaminó al proceso de consolidación de la paz necesario a fin de asegurar prácticas e instituciones sólidas.

El gobierno guatemalteco normalmente no investiga ni persigue a los asesinos de mujeres. El año pasado, sólo el 12% de los casos fueron llevados a juicio y sólo 28 casos dieron lugar a sentencia. El ministerio público guatemalteco recibió más de 40,000 denuncias de violencia contra las mujeres en 2010. De las denuncias registradas por el Departamento Judicial, sólo el 1% dio lugar a sentencia. La dimensión del problema es aún mayor, ya que los ataques contra las mujeres en el hogar se registran simplemente como “violencia intrafa-miliar”, aunque el 96% de las víctimas son mujeres y niñas.

En México las instituciones democráticas y judiciales son endebles y no cumplen con sus obligaciones; esto es el resul-tado de 71 años de gobierno autoritario de un solo partido (1929-2000), y la persistencia de la corrupción sistemática y la práctica del gobierno en atender los intereses de los que ostentan el poder político y económico. El sistema de justicia deja el 98 por ciento de los crímenes sin resolver y sin castigo.

El resultado es que en los tres países los sistemas de justicia juzgan con éxito solamente una fracción de los delitos come-tidos, tomando en cuenta los que no se reportan debido a la falta de fe en el sistema, los que nunca son investigados por las autoridades, y los que se descartan de los tribunales por falta de evidencia o fallas en el procedimiento. La violencia contra las mujeres, las violaciones de derechos humanos y las amena-zas a defensoras de los derechos humanos con frecuencia no son investigadas. Son escasas las sentencias efectivas, la reparación del daño causado, o programas de prevención. Esto anima a los cárteles de la drogas y a individuos, en complicidad con las autoridades, a emplear la violencia contra las mujeres y las defensoras como un medio de control. Asimismo, no hay suficiente recursos para responder a las violaciones de los derechos humanos, agravadas por el notable aumento de las denuncias desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico.

“Esta impunidad que ha existido durante tantos años es lo que ha dado lugar a esta violencia que estamos viviendo. Estas mismas personas se han unido a los grupos de narcotrafican-tes...” Tita Radilla, defensora de derechos humanos, cuyo padre Rosendo Radilla fue sometido a desaparición forzada en un retén del ejército hace 35 años en Guerrero, México

La mayoría de quienes reclaman justicia, buscan a sus seres queridos, exigen castigos a los culpables o denuncian violaciones de derechos humanos, son mujeres son mujeres. Son las madres, esposas, hijas que están emergiendo como el nuevo grupo de defensoras aunque a menudo no son reconocidas como tales. Estas mujeres enfrentan indiferen-cia, discriminación, mentiras, encubrimiento y complicidad, y hostilidad abierta en el sistema de justicia. En muchos casos son tratadas como criminales por insistir en la reso-lución de los delitos relacionados con sus seres queridos y son “re-victimizadas” por el maltrato que sufren por parte del propio sistema judicial.

“La CIDH manifiesta una gran preocupación ante el hecho de que la mayoría de los actos de violencia

contra las mujeres quedan en la impu-nidad, perpetuando la aceptación

social de este fenómeno, y reitera la necesidad de mejorar la respuesta judicial de los Estados para cumplir plenamente con su obligación de

debida diligencia.”

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las

Américas” 2007


Escuchamos numerosos testimonios de personas y organizaciones que denunciaron abusos cometidos por el ejército y que han sido objeto de amenazas y actos de intimidación como resultado. Varias defensoras de derechos humanos que protestaban contra la presencia y abuso militar han sido asesinadas o sus familias han sufrido ataques, y sus casos siguen sin ningún avance con respecto a la detención y el enjuiciamiento de los responsables.

“Ya han pasado dos años, dos meses y seis días desde la desaparición de mi hijo, y todo lo que tenemos son palabras y papeles... Son las familias que tienen que exigir que se encuentren a sus hijos, y al hacer esto, nos enfrentamos a todo tipo de riesgos: la pérdida de nuestros hogares y perte-nencias, la incertidumbre angustiosa de no saber dónde están, el dolor interminable, el despertar sabiendo que no es una pesadilla, que es verdad el hecho de su ausencia y que la impunidad es verdad también.” Araceli Rodríguez Nava, cuyo hijo Luis Ángel, un agente de la policía federal, fue desaparecido en Michoacán México en 2009. La policía ha dado versiones contradictorias y se ha negado a investigar a fondo el caso.

Asimismo, el sistema discrimina sistemáticamente por motivos de sexo, clase, etnia y edad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado sentencias contra México afirmando que el gobierno mexicano y sus funcio-narios discriminan sistemáticamente a las mujeres, lo cual propicia la violencia contra ellas. Esta discriminación se intensifica contra las mujeres indígenas, jóvenes, migrantes, mujeres pobres y lesbianas y las mujeres que reclaman justi-cia. Además, hay frecuentes ataques contra las mujeres que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las muje-res. Los grupos conservadores atacan a quienes promueven el derecho a elegir y defienden a las mujeres que se encuen-tran en la cárcel por motivos de aborto, y las que defienden

la diversidad sexual. La discriminación no sólo existe en las leyes y normas, sino también en las prácticas de los funcio-narios gubernamentales que ocasionan la desigualdad en el acceso a la justicia.

La impunidad de los crímenes del pasado contribuye a la violencia actual en los tres países. Muchas organizaciones de mujeres en Honduras denunciaron que la falta de juzga-miento por los delitos cometidos durante el golpe de Estado ha socavado las ya instituciones endebles. Los delincuentes son puestos en libertad y la impunidad para falta de justi-cia por los crímenes del pasado pone en tela de juicio la legitimidad del actual gobierno.

La delegación escuchó numerosos testimonios de mujeres que sufrieron esclavitud sexual en Guatemala durante los años ochenta, así como los crímenes de la guerra sucia en México durante el mismo período; y siguen exigiendo justicia.

c. Ataques contra las defensoras de derechos humanos

“... Las amenazas de muerte explícitas contra las defensoras de derechos humanos son una de las principales formas de violencia en la región, con más de la mitad procedentes de América Latina, la mayoría de ellos (27) desde México.” Segundo informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, 2011

El trabajo titulado, “Defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico 2010-2011”, señala que , la mitad de las defensoras que participaron en la encuesta informaron haber sufrido la violencia como consecuencia directa de su trabajo.

La violencia contra las mujeres y las defensoras de los derechos humanos casi siempre muestra características específicas de género. El setenta y seis por ciento de las defensoras de derechos humanos encuestadas identificaron aspectos específicos de género en los casos de violencia que están definidos por el tipo de violencia, incluida la violen-cia sexual; la manera en la cual la violencia se lleva a cabo; los autores; las causas y consecuencias. Las defensoras encuestadas respondieron que el gobierno (nacional, estatal y local) y sus fuerzas de seguridad fueron los responsables de la violencia y las amenazas de violencia en el 55 por ciento de los casos.

“En este contexto de violencia y ante la negación del Estado a proporcionar medidas de protección, defensoras y defen-sores de los derechos humanos enfrentan graves riesgos y están amenazados constantemente. Varios defensores y sus familiares han sido asesinados en el estado de Chihuahua. La demanda de justicia ha traído consecuencias devastadoras e

“Es como negar el Holocausto. Ellos quieren negar que hubo genocidio;

quieren negar las masacres, que hubo violencia sexual contra las mujeres. Es muy grave porque lo que ocurrió

permanece completamente invisible.”

Maya Alvarado, Ciudad de Guatemala


irreparables para los que documentan los abusos y presentan las denuncias públicas.” Alma Gómez, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua, México

Mujeres y hombres del frente de resistencia en Honduras han sido objeto de violencia por su actividad política, 61 asesinados en 2010 y 59 en 2011. Se estima que desde el golpe de Estado se han efectuado entre 4.000 y 6.000 detenciones ilegales en Honduras, y las defensoras de derechos humanos ocupan un lugar prominente entre estas personas detenidas ilegalmente.

Varias defensoras de derechos humanos en Honduras denunciaron que ellas y sus organizaciones son perseguidas por medio de leyes antiterrorismo y antinarcóticos que se aplican con el fin de cortar su financiamiento.

En Guatemala, las defensoras de derechos humanos han sido objeto de detenciones ilegales, persecuciones, maltra-tos crueles e inhumanos, violaciones, robos, intimidaciones, asesinatos, amenazas, así como allanamiento de morada y destrucción. Los datos recientes indican que Guatemala ocupa el séptimo lugar en el mundo en términos de muertes violentas con el aumento de ataques selectivos contra las mujeres.

En contraste alarmante a la falta de procedimientos judiciales efectivos en los casos de violaciones de derechos humanos y ataques contra las defensoras de derechos humanos, ha habido un incremento en el uso del sistema de justicia para tratar a las activistas y defensoras como delincuentes con el fin de reprimir su actividad.

“Después de la consulta (sobre minería) en 2007, fueron capturados 17 compañeros nuestros, entre ellos las autori-dades comunitarias y campesinas que sólo defendían un derecho. La respuesta del Estado guatemalteco es la crimi-nalización. Actualmente, hay tres personas encarceladas y el Ministerio Público no da razón por que están detenidos…” Mujer indígena, Guatemala

Además de la criminalización de los y las activistas contra la actividad minera, escuchamos también el testimonio de mujeres guatemaltecas que han sido acusadas con varios cargos, incluido el terrorismo, presentados en su contra por ex oficiales militares y sus familias, al parecer por los crímenes cometidos por las fuerzas guerrilleras en la década de 1980. Según el análisis de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), los cargos parecen estar destinados a disuadir los procesos jurídicos contra los militares y hostigar a mujeres y hombres por su actual labor de los derechos humanos. Una defensora, Sandra Morán, puso de manifiesto que había sido acusada de delitos que no pudo haber cometido porque era tan solo una niña. Los medios de comunicación sensacionalistas suelen amplificar las acusaciones.

Otra fuente de violencia contra la mujer y la violación de los derechos fundamentales se deriva de las políticas y las leyes conservadoras en el sentido de hacer marcha atrás en los avances logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Una de las primeras decisiones que el gobierno tomó después del golpe de Estado de 2009 en Honduras, fue la prohibición de la píldora del día después. Este fue un mensaje claro a las Feministas en Resistencia y a otras organizaciones de mujeres de oposición para hacerles saber que se reprimirían a sus miembros, así como sus causas pro derechos y pro elección. En México, las leyes estatales contra el aborto han ocasionado a las mujeres cumplir sentencias en la prisión por motivos de aborto.

Las defensoras de los derechos humanos en esta región del mundo se encuentran en una situación de doble filo. Enfrentan amenazas y violencia contra ellas, y sin embargo no pueden recurrir al Estado por protección, ya que a menudo son los agentes estatales quienes las amenazan. Muchas mujeres informaron que las medidas cautelares son inefica-ces o contraproducentes. El miedo limita su trabajo. Hemos recibido muchas denuncias de las defensoras de derechos de la mujer, particularmente en la región fronteriza de México y Honduras, que han tenido que abandonar sus países y su trabajo para garantizar su seguridad y la de sus familias.

“Nosotras mujeres de la comunidad, no somos criminales, somos mujeres humildes. Sólo estamos defendiendo nuestras tierras, porque vivimos de nuestras tierras, defendemos nues-

tros ríos, defendemos nuestras casas. Nuestra lucha es para vivir bien en

nuestras comunidades, y no es lo que las empresas dicen al acusarnos.”

Crisanta Pérez, Mam, San Miguel Ixtahuacán, quien es una de las ocho mujeres que tenían

órdenes de detención por oponerse a las operaciones mineras en sus tierras.

Las acusaciones se retiraron recientemente debido a la presión pública


Recomendaciones generales1. Reconocimiento y protección efectiva de mujeres

activistas y defensores de derechos humanos, incluidas las medidas preventivas adecuadas y la implementa-ción efectiva, plena investigación y juzgamiento de los casos sobre ataques contra las mujeres, declaraciones públicas de apoyo y respuestas inmediatas ante las amenazas. Debido al racismo y a la discriminación, reco-mendamos especial atención para las mujeres indígenas y miembros de la comunidad LGBT quienes se enfrentan a mayores obstáculos y peligros cuando se investigan y denuncian las violaciones de derechos humanos.

2. Elaborar y/o aplicar protocolos para la investigación de los delitos de violencia de género y trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones y las iniciativas de las defensoras de los derechos humanos en casos específicos, mantener un diálogo permanente con los organismos pertinentes para una respuesta rápida.

3. Desarrollar e implementar nuevas políticas nacionales e internacionales en materia de seguridad y protección pública en lugar de hacer hincapié en el control policial y militar de la población; abordar los problemas sociales profundos de la pobreza, desigualdad, déficits de salud y de educación y desigualdad de género y discrimina-ción; y que los derechos humanos sean el eje central. Estos deben incorporar una perspectiva de género, y un análisis de las amenazas a los hombres y mujeres, y del impacto de las medidas destinadas a prevenir amenazas, proteger a las mujeres y remediar los daños.

4. Poner en marcha campañas nacionales para eliminar la corrupción y fomentar una cultura ciudadana de toleran-cia cero a la corrupción, la cual obstaculiza seriamente el buen funcionamiento del sistema de justicia.

5. Definir jurídicamente en todas las entidades gubernamentales y juzgar con diligencia los feminici-dios. Proporcionar recursos adecuados y la adopción de protocolos para la investigación y el enjuiciamiento de feminicidios y los delitos de violencia sexual, aumen-tar la eficacia y reducir la ignorancia generalizada de los delitos de género y la discriminación sexual entre funcionarios gubernamentales e instituciones jurídicas.

6. Liberación de todas las mujeres presas políticas.

7. Cese a la criminalización de las defensoras de derechos humanos, incluidas las que participan en las luchas en defensa de los territorios y los recursos naturales.

8. Clasificar la desaparición forzada como delito, tomar medidas inmediatas para el regreso con vida de las personas desaparecidas, crear procuradores especiales para los casos de desapariciones forzadas, y fomentar el diálogo abierto y receptivo con las organizaciones de familiares de desaparecidos.

9. Suspender inmediatamente todos los actos de hostigamiento y violencia contra las personas (principal-mente mujeres) que buscan la justicia en los casos de desapariciones forzadas, asesinatos, violencia sexual y violaciones de derechos humanos.

Las siguientes recomendaciones orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres en México, Honduras y Guatemala se basan en amplias consultas con mujeres activistas y orga-nizaciones de mujeres en estos países, así como en la información recopilada de organismos internacionales, gobiernos y analistas políticos.

capítulo cincoLlamado a poner fin a la violencia contra las mujeres en México, Honduras y Guatemala


10. Apoyar las redes internacionales de las defensoras de derechos humanos a fin de intercambiar información y brindar solidaridad a las personas amenazadas.

11. Fortalecer los sistemas nacionales de datos para garantizar que se recopilen datos suficientes en los delitos de género, incluidos los feminicidios, y asegurar los recursos adecuados para normalizar la recopilación de datos en cada país y en toda la región.

AL GOBIERNO DE MÉXICO1. Enjuiciar los casos de violencia contra la mujer.

Investigar e imponer condenas a los que hayan sido declarados culpables de la violencia contra las muje-res. Dar prioridad a la resolución de una preselección de los casos principales en un plazo máximo de un año. Entre estos casos se citan: Marisela Escobedo, el encarcelamiento de Sergio Barraza y la resolución del asesinato de Marisela. Eva Alarcón, su liberación, y la captura y juicio de los responsables de su secuestro. La familia Reyes, incluido el enjuiciamiento de los seis asesinatos; protección de la familia. Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los casos de siete muje-res asesinadas en Ciudad Juárez, y que actualmente están siendo investigados por la Procuraduría General de la República, a saber: Perla Ivonne Aguirre Gutiérrez, Griselda Murua López, Brenda Ivonne Ponce Saénz, Idaly Juache Laguna, Mónica Janeth Alanis Esparza, Brenda Berenice Castillo García, Yanira Frayre, y los casos recientes de las mujeres periodistas.

2. Asegurar que se haga justicia en los casos de desapariciones forzadas. Elaborar un plan de acción que incluya la búsqueda inmediata de todas las perso-nas desaparecidas; crear una base de datos nacional de las personas víctimas de desaparición forzada con informes frecuentes del progreso; transferir los casos a la Procuraduría General de la República, y establecer un procurador especial para las personas desaparecidas; elaborar e implementar protocolos de investigación en los casos de desaparición forzada; crear un programa federal de atención para los familiares de las personas desaparecidas (salud, vivienda, empleo, educación), y divulgar la información genética de todos los cadáveres no identificados de mujeres y niñas depositados en las morgues para ayudar a identificarlas.

3. Investigar y enjuiciar a policías, militares y otros agentes gubernamentales acusados de abuso y violencia sexual, y compensar a las víctimas. Como prueba concreta del compromiso, realizar el juzgamiento inmediato de los policías identificados como culpables de la tortura sexual en el caso de Atenco.

4. Suprimir las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían la participación permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que constituyen una violación de las cláusulas sobre las leyes de derechos humanos. Cumplir el mandato respecto a que los delitos de índole militar contra civiles sean juzgados en tribunales civiles.

5. Coordinar la implementación de medidas cautelares y provisionales asignadas a las defensoras de derechos humanos que corren riesgos y asegurar la aplicación efectiva de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos huma-nos, con especial atención en las características del riesgo por razones de género para las defensoras de derechos humanos. Difundir información pública sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y explicar la razón por la cual las mujeres a quienes se les ha conce-dido medidas preventivas de protección —entre ellas Valentina Rosendo, Margarita González, Obtilia Eugenio y Norma Andrade— han sido atacadas reiteradamente, y cómo prevenir estos ataques.

6. Adoptar adecuados protocolos de investigación en los casos de violencia de género, trata de personas, tortura y violencia sexual de conformidad con las normas internacionales y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayudar a formular políticas públicas federales a fin de garantizar la incorporación de perspectivas de género y multiculturales; cese a la criminalización de las defensoras de derechos humanos, particularmente las que realizan labores de protesta pública; concluir lo antes posible las investigaciones de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

7. Garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos genere prácticas y procedimientos admi-nistrativos que sirvan de guía para futuros procesos del mismo tipo.

8. Desarrollar un plan para la protección de los derechos de la mujer en la Corte Suprema de Justicia y otros poderes judiciales, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en vista del reciente tratamiento penal de esos casos.

AL GOBIERNO DE HONDURAS1. Detener y revertir el desmantelamiento de las

reformas jurídicas orientadas a poner fin a la discri-minación contra la mujer y dar la máxima prioridad a la reforma de la legislación, incluidas las disposiciones


de la Ley de Familia y el Código Laboral que discriminan a la mujer. Este proceso debe incluir la anulación de las medidas adoptadas recientemente que representan un retroceso para las mujeres y organizaciones femi-nistas en términos de investigación y de la legislación, así como incluir que se garantice el acceso a la píldora anticonceptiva del día después y proporcionar una educación sexual integral en el sistema público escolar.

2. Detener inmediatamente la represión policial y militar contra las defensoras de derechos humanos, miembros de la oposición política, líderes campesi-nos e indígenas, periodistas y feministas. Reconocer los derechos de las mujeres a protestar contra los abusos de derechos humanos. Poner fin inmediatamente a la criminalización de la protesta, así como a la intimi-dación y al hostigamiento de defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Investigar exhaustivamente los casos de las defensoras que laboran por los de dere-chos humanos de las mujeres; asimismo, la mortalidad materna e incidentes en el Bajo Aguán, e iniciar las acciones judiciales pertinentes.

3. Asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean enjuiciadas y sancionadas. Las mujeres y las niñas que son sobrevivientes de estos crímenes deben contar con los medios inmediatos de reparación y protección. El acceso a la justicia debe aplicarse por igual a las mujeres pobres, rurales e indígenas y a las mujeres afrodescendientes. Y, se debe caracterizar el feminicidio en la ley y juzgarlo con rigor.

4. Adoptar públicamente compromisos claros y jurídicamente vinculantes para la transformación de la policía nacional. Esto se puede lograr mediante medidas eficaces para eliminar la corrupción, y aplicar la plena fuerza de la ley contra quienes cometan actos de corrupción. Enjuiciar la violencia contra las mujeres y las violaciones de sus derechos por los miembros de las fuerzas policiales.

5. Evitar el uso de los militares en tareas policiales y para intereses privados. Los actos de violencia contra las mujeres cometidos por las fuerzas militares, incluidos los crímenes cometidos bajo el régimen golpista como parte de la represión contra miembros de la oposición, deben ser juzgados en tribunales civiles y los respon-sables de estos delitos deben ser destituidos de sus cargos de gobierno.

6. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla

en inglés), que permite a las mujeres presentar casos ante el sistema internacional de derechos humanos, cuando el proceso judicial nacional fracasa, y propor-ciona instrumentos para defender los derechos de las mujeres.

7. Garantizar la libertad de expresión para todos los periodistas y comunicadores sociales, incluidas las mujeres, y poner fin inmediatamente a la impunidad de los asesinatos y hostigamientos de periodistas, para el caso, las continuas amenazas a Gilda Silvestrucchi.

8. Prestar atención a los llamados de las organizaciones de la sociedad civil para la partici-pación verdadera y efectiva en el desarrollo de la nueva ley minera, y detener de inmediato el acoso y las amenazas contra los miembros del Comité Ambiental del Valle Siria, y en cambio retirar sus cargos y poner en práctica las medidas cautelares. Asegurar el derecho a la consulta sobre las concesiones mineras y los mega-proyectos como se establece en el Convenio N º 169.

9. Respetar la separación de iglesia y Estado, especialmente en todo lo que tiene que ver con la educación que según la constitución de la republica debe ser laica.

AL GOBIERNO DE GUATEMALA1. Proteger y reconocer públicamente la labor de las

defensoras de derechos humanos que participan en luchas por la tierra y otras campañas. Apoyar los esfuerzos de defensores de derechos humanos como organizadores sindicales, campesinos, académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos, mujeres indí-genas, etc., y denunciar la violencia contra las mujeres que trabajan para poner fin a la violencia y ayudar a las víctimas.

2. Detener la práctica de la criminalización de defensoras y defensores que laboran por los dere-chos de mujeres y hombres. Desestimar los cargos contra defensores de los derechos de las mujeres en San Miguel Ixtahuacán y las acusaciones infundadas en contra de las mujeres activistas por crímenes durante el conflicto armado. El Procurador Especial para los Derechos Humanos debe intensificar los esfuerzos a fin de investigar y enjuiciar los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos.

3. Hacer cumplir la ley contra el feminicidio en todos los niveles y juzgar los crímenes contra mujeres y niñas.


4. Mantener y fortalecer los avances logrados en la protección y promoción de los derechos de la mujer, incluida la aplicación de las leyes y los acuerdos interna-cionales, así como el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales que trabajan por la igualdad de género (CONAPREVI, SEPREM, DEMI) y la base de datos sobre delitos contra la mujer.

5. Apoyar los esfuerzos para erradicar la impunidad y promover la justicia que actualmente se está llevando a cabo bajo la Fiscal General Claudia Paz y Paz, y brindar todos los recursos y el apoyo necesario para que lleve a cabo medidas eficaces. Garantizar la justicia, incluidas las reparaciones de estos actos, en casos de violación, tortura y asesinato cometi-dos por las fuerzas armadas durante el conflicto armado.

6. Garantizar el derecho de todas las mujeres a participar en las decisiones sobre políticas y medi-das que afectan sus vidas y territorios. Reconocer y respetar las consultas comunitarias sobre las conce-siones mineras y megaproyectos, contenidas en el Convenio 169, y asegurar que las actuales concesiones cumplan con todos los requisitos medioambientales y sociales. Detener los desalojos violentos y las expro-piaciones contra las comunidades y cumplir con las medidas cautelares determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particular-mente en favor de las 14 comunidades desalojadas en el Polochic.

7. Suspender las futuras concesiones mineras hasta que se implementen las regulaciones adecuadas y se hayan llevado a cabo las consultas comunitarias. Asegurarse que las actuales concesiones cumplan con todos los requisitos medioambientales y sociales.

8. Poner fin a todas las formas de acoso, e investigar todos los desplazamientos de las comunidades locales en las zonas donde se han realizado conce-siones de minería, centrales hidroeléctricas y producción de agrocombustibles. Detener la expan-sión de la producción de agrocombustibles y centrales hidroeléctricas que desplazan a las comunidades loca-les. Explorar alternativas ecológicas, y otras como las comunidades de gestión ciudadana.

9. Abordar los conflictos agrarios y ambientales, tomando en consideración los derechos de los pueblos indígenas. Promulgar políticas de desarrollo rural, en consulta con las comunidades rurales locales, que inclu-yan una perspectiva de género y los derechos humanos.

10. Garantizar la justicia, incluidas las reparaciones, en casos de violación, tortura y asesinato cometidos por las fuerzas armadas durante el conflicto armado.

11. Implementar todos los puntos restantes en materia de seguridad y de justicia contenidos en los Acuerdos de Paz, incluida la reforma de las fuerzas policiales, del poder judicial, de la inteligencia civil, y las regulaciones pendientes de aplicar eficazmente esas medidas.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS1. Modificar el marco para la cooperación entre

Estados Unidos y la región a fin de poner de relieve los derechos humanos, la participación de la sociedad civil y el desarrollo en lugar de la policía y la intervención militar. Considerar alterna-tivas a la ayuda militar para México, lo cual refuerza la función peligrosa del ejército (Secretaría de la Defensa Nacional - SEDENA) y la marina (Secretaría de Marina - SEMAR) en la aplicación de la ley. Reorientar los actuales programas de ayuda antinarcóticos, entre ellos la Iniciativa Mérida y CARSI, y colaborar conjuntamente con los asociados gubernamentales y la sociedad civil para desarrollar un enfoque comunitario y con derechos que sea más seguro, así como con atención en las cuestiones de género y los derechos de la mujer.

2. Crear mecanismos de información pública y la rendición de cuentas en el presupuesto del Departamento de Defensa. En concreto, divulgar información detallada sobre ayuda de defensa a México, Honduras y Guatemala.

3. Suspender la ayuda militar a Honduras y exigir las investigaciones sobre los crímenes de Estado y violaciones de DDHH. Mantener restricciones a la ayuda militar a Guatemala, y suspender la ayuda militar a México hasta que se efectúen investigaciones a fondo y exhaustivas sobre los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

4. Asegurar que se pongan más recursos a disposición para llevar ante los tribunales de Estados Unidos los casos de empresas multinacionales que infrinjan las normas de derechos humanos en virtud de la ley Alien Tort Claims. La Alien Tort Claims Act (ATCA) es una ley federal aprobada en 1789 en Estados Unidos y que otorga competencia a los tribunales federales de ese país para entender de demandas de responsabilidad


civil interpuestas por extranjeros, ante violaciones del Derecho internacional. Esto garantizaría que dichas empresas sepan que tendrán que rendir cuentas por los abusos que se comentan durante el curso de sus operaciones y que se luchará contra la impunidad.

5. Apoyar a las defensoras de los derechos humanos al denunciar públicamente los actos de violencia contra las mujeres, y dar reconocimiento a la impor-tante labor que ellas realizan. Esto incluye la vigilancia sobre la seguridad de las defensoras por los derechos de la mujer que corren riesgo, reunirse con ellas, así como brindar recursos a las organizaciones para ampliar su trabajo y aumentar los niveles de protección para las defensoras de mujeres expuestas a riesgos.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE CANADÁ1. Revisión de los acuerdos comerciales y de inversión

extranjera a fin de incorporar el trabajo, los derechos de la mujer y la seguridad, y eliminar las cláusulas que han tenido impactos negativos sobre los dere-chos humanos y económicos.

2. Hacer cumplir la responsabilidad social empresarial y legislar las normas básicas de conducta para las empresas canadienses en el extranjero. El mandato del consejero sobre la responsabilidad social empre-sarial del sector extractivo se debe reforzar con el fin de incluir investigaciones y medidas punitivas para las empresas implicadas en las violaciones de derechos humanos. Canadá debe adoptar una legislación en la cual el gobierno retire el apoyo financiero y consu-lar a las empresas mineras que violen las normas de derechos humanos; y que dicha legislación permita a los demandantes que no son ciudadanos impugnar a cualquier entidad, incluidas las empresas mineras, en un tribunal federal. Esto incluye las violaciones de los principios establecidos en el Convenio Nº 169 de la OIT, el cual trata concretamente sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

3. Desarrollar estrategias que sean implementas por las misiones canadienses en el extranjero para garantizar una mayor protección de las defenso-ras de los derechos humanos. Una estrategia debe consistir en denuncias públicas de los actos de violencia contra la mujer, vigilancia de su situación al reunirse con ellas frecuentemente, respuestas inmediatas ante los ataques, observancia del juicio y el reconocimiento público de la importancia de su trabajo.

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, de Santa Cruz, Quiché, Guatemala, resumió la actual situación

y el valor de la solidaridad:

“La guerra no ha terminado a 15 años desde Los Acuerdos de Paz, porque

para nosotros no ha habido paz, simplemente se han cambiado las formas. Con el Acuerdo de Libre

Comercio, hay nuevas alianzas y llega gente y si son gringos o gringas tene-mos terror, porque pensamos que toda

la gente de EEUU es enemigo. Pero ahora entendemos que hay pueblos

que están en la lucha y por eso ahora pedimos que nuestra voz sea su voz.”


Las mujeres, desde Ciudad Juárez en la frontera Estados Unidos-México a San Pedro Sula, Honduras, se están organizando a fin de garantizar la seguridad de sus familias y de ellas mismas, buscar justicia y defender sus hogares. A menudo no son reconocidas como defensoras de los derechos humanos, tienen pocos aliados y muchos opositores —funcionarios gubernamentales que trabajan con la delincuencia organizada, o por intereses económicos para explotar recursos; la policía y las fuerzas militares; las organizaciones delictivas que buscan el control territorial; las empresas transnacionales que buscan acceso a los recur-sos naturales en sus territorios; miembros de sus propias organizaciones y comunidades, e incluso sus esposos o compañeros que tratan de mantenerlas en sociedades sumamente patriarcales. En muchos casos, trabajan en las organizaciones de mujeres o movimientos de base, pero en otros, son familiares de las víctimas de violencia quienes se han organizado para exigir justicia, y mediante su actividad de presionar al gobierno han asumido el papel de defensoras de los derechos humanos en la sociedad.

En México, Honduras y Guatemala, la delegación ha escuchado a cientos de mujeres organizadas en defensa de sus derechos, y de sus tierras y recursos. En muchos casos, las mujeres, particularmente mujeres indígenas y campesinas, que están en primera línea de la resistencia por oponerse a la usurpación de tierras y los megaproyectos, manifiestan que esta defensa de la tierra es el meollo de las luchas. Su función en la defensa de la tierra y su lugar en esto o, como ellas dicen, la defensa de la vida, las ha obligado a correr grandes riesgos.

En Guatemala, las comunidades indígenas están llevando a cabo las consultas comunitarias sobre minería y proyectos de desarrollo hidroeléctrico y petrolero. En las 55 consultas realizadas hasta la fecha, las comunidades rechazaron abru-madoramente estos proyectos de desarrollo en su territorio. El gobierno se niega a reconocer las consultas como vincu-lantes, aunque Guatemala firmó el Convenio 169 que obliga a reconocer que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir cómo y quién utiliza sus territorios.

Las mujeres desempeñan un papel esencial en la organización local al oponerse a los desalojos y a la conta-minación del medio ambiente. San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos de Guatemala es un buen ejemplo. La empresa canadiense Goldcorp opera la mina a cielo abierto Montana en dicho lugar. En los conflictos entre la empresa y los pobladores indígenas, las familias y las personas han sido atacadas y desalojadas, comuni-dades divididas, así como los y las manifestantes han sido amenazadas, encarceladas y en algunos caso asesinadas.

capítulo seisA pesar del aumento espeluznante de la violencia contra las mujeres en la región, y la falta de medidas gubernamentales efectivas para detenerla, la delegación pudo comprobar durante las visitas hechos que son motivo de esperanza y de acción.

Creando la esperanza y construyendo la paz


“Hay documentos históricos que reconocen el legado de nuestros ancestros, como han heredado la sabiduría necesaria para defender a la madre naturaleza que para nosotros es igual que defender la vida. El despojo de bienes naturales sigue siendo de capital transnacional, invaden el territorio del pueblo indí-gena y el gobierno nacional lo autoriza. Tienen ganancias del daño causado al planeta – daños irreversibles a la Madre Naturaleza.

La consulta comunitaria es un mecanismo de reivindicación para la defensa de los derechos de la Madre Naturaleza. Desde 2005 han habido 55 consultas comunitarias, que reflejan nuestro sentir sobre las propuestas de desarrollo de las mineras. Las regalías que pagan jamás compensaran los daños a la Madre Naturaleza. Las consultas son una manera de construir dialogo y consenso, de construir otras rela-ciones entre nosotros. Y para nosotras es nuestro espacio para dar nuestros pensamientos. La defensa del territorio es la defensa de cada espacio de la vida.” Mujer guatemalteca, dirigente mam

Muchas de las empresas mineras son canadienses. Con frecuencia escuchamos el mensaje acerca de la injusticia de las empresas extranjeras que llegan a sus comunidades sin su permiso, trastornan la vida y se aprovechan de sus recursos.

“Somos nativas de nuestras comunidades, allí vivieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres; allí nacimos y vivimos. Y la empresa quiere despojarnos de nuestras tierras. De nuestra manera de pensar, la empresa nos va a quitar todo lo que tenemos. En donde iremos nos a vivir? Que herencia deja-remos a nuestros hijos, a nuestros nietos?... No vamos a dejar que nos quiten nuestros derechos. Ellos son canadienses y nosotros somos miguelenses.” Crisanta Pérez, de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala

“La empresa ha llegado a engañar porque nosotras las mujeres no sabemos leer o escribir y de esta manera ha entrado el conflicto grande en nuestra comunidad. Pido al gobierno ya que están llegando al pedir, que retiren a la empresa que está en el pueblo. No nos avisaron que oro iban a sacar, están robando, son ladrones en nuestra comunidad.” Patrocinia Mejía Pérez, mam, Guatemala

Cuando miembros de la delegación preguntaron al presidente Pérez Molina, si su gobierno respetaría las consultas, él contestó que no eran vinculantes y que el gobierno tenía otro mecanismo para proporcio-nar información a las comunidades y para llegar a acuerdos. Las comunidades indígenas han instado al gobierno a respetar sus opiniones y sus propios medios de expresarlas.

Mujeres se organizan en la defensa de sus territorios: La consultas comunitarias de Guatemala


Las violaciones de los derechos sociales y económicos a condiciones de trabajo dignas, la salud, la educación, un entorno limpio y seguro, y un nivel de vida adecuado constituyen la raíz del aumento de la violencia. Las mujeres denunciaron la discriminación respecto a estos derechos y una clara negligencia de parte de los gobiernos. Los inte-reses empresariales presentan una grave amenaza a estos derechos. Los gobiernos, en lugar de hacer cumplir las leyes de protección, han alentado activamente inversiones que violan los derechos de los y las ciudadanos. Las personas que viven en los países donde las empresas transnacionales tienen su sede pueden presionar a sus gobiernos y a las corporaciones directamente a que respeten los derechos y que sean responsables por los daños causados.

En general, encontramos que los funcionarios gubernamentales reconocen el problema de la violencia contra las mujeres, y que están tomando algunas medidas;

sin embargo, es inquietante el hecho de que parecían complacientes sobre la necesidad de llegar a soluciones inmediatas o incluso a corto plazo. En muchos casos se notaba que en la práctica los gobiernos se niegan a tomar medidas que afecten los intereses políticos y económicos, incluido el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales o de fuerzas de seguridad que se ha comprobado que son culpables de cometer o encubrir los crímenes contra las mujeres. La complicidad y la corrupción están generalizadas. En este sentido, tenemos que reconocer que el principal obstáculo para erradicar la violencia contra las mujeres es la falta de voluntad política, en lugar de una escasez de conocimientos técnicos o de recursos.

La evidencia abrumadora en los tres países indica que los gobiernos y sus fuerzas de seguridad no sólo no resuelven el problema de la violencia como se refleja en las tendencias y estadísticas, sino que por el contrario, ellos son el problema.

capítulo sieteUn llamado urgente a la comunidad internacionalLa delegación llegó a la conclusión que es urgente que la comunidad internacional responda a la creciente crisis de la violencia contra las mujeres en México, Honduras y Guatemala. El problema tiene muchas causas relacionadas tanto a la cultura patriarcal imperante como a las actuales políticas de militarización y seguridad apoyadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La falta de justicia y las presiones económicas en la región contribuyen a aumentar en gran medida la violencia contra las mujeres.


Muchas mujeres nos pidieron que contáramos sus historias en nuestros países. Las organizaciones de mujeres y las mujeres que están en organizaciones mixtas en los tres países reconocen el valor de las alianzas estratégicas y de la solidaridad con las mujeres de la comunidad internacional. Asimismo, señalaron en varias ocasiones que precisamente debido a que estos gobiernos están contribuyendo a la violencia, necesitan de las mujeres en los Estados Unidos y Canadá para hablar y apoyar las iniciativas que ponen a los derechos humanos en el centro de las políticas esta-dounidenses y canadienses. A medida que las amenazas se agravan, la urgencia de construir alianzas transfronteri-zas crece, así como la necesidad de encontrar formas para apoyar las agendas de las mujeres mexicanas, hondureñas y guatemaltecas y sus valerosas estrategias.

Entre más podamos ayudar a fortalecer a las mujeres y sus redes, más posibilidades tendrán de estar seguras.

La delegación internacional sobre la violencia contra la mujer no terminó en enero de 2012. Cada una de las delegadas tiene el compromiso de hacer que las voces de las mujeres con quienes nos reunimos se escuchen en todo el mundo, especialmente en nuestros propios países, donde las políti-cas equivocadas contribuyen a la violencia. Juntas podemos mantenernos más seguras, y transformar nuestras vidas y sociedades en mundo sin violencia.

A medida que encontramos maneras de hacer esto en nuestras organizaciones y en solidaridad con las organi-zaciones de mujeres de México, Honduras y Guatemala, tenemos también que presionar a los gobiernos para poner fin inmediatamente a las políticas que perjudican a las mujeres. Debemos exigir el cese de los enfoques militaristas que violan los derechos humanos e instigan al conflicto. Y debemos unir nuestros esfuerzos para pedir toda la ayuda internacional y que las relaciones sean orientadas hacia la consolidación de la paz y la democracia, y el fortalecimiento de los derechos humanos y la igualdad.

“Les proponemos contribuir a generar vínculos con otros sectores de la sociedad civil internacional para

difundir, respaldar y fortalecer estos esfuerzos. Un mecanismo de comuni-cación y articulación para ello puede ser ahora un recurso muy valioso.”

Dolores González, Serapaz, México

“Ustedes que toman notas, que nuestras palabras

no queden en las máquinas que ustedes tienen,

que denuncian afuera que muchas hermanas

han sido torturadas injustamente.”

Mujer indígena, Guatemala


MARISELA ESCOBEDO, ACTIVISTA CONTRA FEMINICIDIOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO. Marisela fue asesinada a balazos mientras protestaba frente al edificio de gobierno del estado de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010. Ella estaba exigiendo justicia por el asesinato de su hija Rubi Frayre después que el asesino fue absuelto, y luego condenado, pero le permitie-ron escapar. Aunque Marisela había recibido numerosas amenazas de muerte, el gobierno no le proporcionó medidas de protección y no hubo ningún esfuerzo para detener a su agresor. Hasta la fecha, el asesino de Rubi no ha sido capturado y no se ha resuelto el asesinato de Marisela. Días después del crimen, incendiaron el negocio de la familia, y el cuñado de Marisela fue secuestrado y posteriormente asesinado.

MARÍA MARGARITA CHUB CHE, DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD EN PARANÁ, PANZOS, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA. Margarita fue asesinada a balazos el 4 de junio de 2011 en su casa, a la edad de 37 años. Tuvo una participación activa en el Consejo de Comunidades de Polochic para exigir justicia por los crímenes del pasado. Su comunidad, junto con otras en la zona, fue desalojada el 15 de marzo de 2011 por guardias de seguridad privados contratados por una empresa, y acom-pañados por miembros de la policía y el ejército. Chub realizó mucha labor en protesta contra los desalojos de las comunidades indígenas. Ella deja dos hijos; aunque se han emitido las órdenes de detención, hasta la fecha nadie ha sido capturado o juzgado por su asesinato.

JOSEFINA REYES SALAZAR, ACTIVISTA ANTIMILITARIZACIÓN Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, JUAREZ VALLEY, CHIHUAHUA, MÉXICO. Josefina comenzó su labor de derechos humanos en 1992 en la búsqueda de justicia de tantos feminicidios en Ciudad Juárez, Chi., México. Ella denunciaba abiertamente los crímenes cometidos por el ejército mexicano en su región y hacía llamamientos a la desmilitarización. Fue asesinada el 1 de enero de 2010. Otros cinco miembros de su familia han sido asesinados; ninguno de los delitos han sido enjuiciados hasta la fecha.

ILSE IVANIA VELASQUEZ. Ilse Ivania fue asesinada en una represión ocurrida el 18 de marzo del 2011, en las proximidades del Instituto de Previsión del Magisterio. Ilse inicia su camino como defensora de derechos humanos cuando su hermano Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez es detenido-desaparecido de la década de los 80. Como maestra de educación primaria, salió a las calles a defender sus derechos y los de sus compañeras y compañeros.

Defensoras de derechos humanos asesinadas en la defensa de nuestros derechos


1. Dar prioridad a los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres con respecto a la formulación de la política exterior, la cooperación internacional y la diplomacia ciudadana. Les insta-mos a presionar a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, Honduras, México y Guatemala a fin de garantizar que cumplan con su responsabilidad de prevenir la violencia y las violaciones de los derechos humanos, desarrollar mecanismos con perspectiva de género para proteger a las defensoras de derechos humanos, investigar las denuncias sobre las viola-ciones de los derechos humanos contra las mujeres y contra las defensoras de derechos humanos mediante el uso de los protocolos establecidos para abordar las violaciones específicas de género, enjui-ciar las violaciones y compensar a las sobrevivientes.

2. Denunciar públicamente la violencia contra las mujeres y contra las mujeres activistas o defensoras de derechos humanos. Los diplomáticos, medios de comunicación y miembros de la comunidad internacional pueden ayudar a poner fin al clima de tolerancia de la violencia hacia las mujeres y las defensoras de mujeres al denunciar los casos concretos según vayan surgiendo y exijan una acción judicial.

3. Instar a los legisladores para idear y adoptar programas de ayuda extranjera que pongan los derechos humanos en el centro de la seguridad y el desarrollo. Les instamos a garantizar que el apoyo técnico y financiero que brinden las diferentes organizaciones internacionales y gobiernos para los gobiernos de México, Guatemala y Honduras cumpla plenamente, y respete las normas de derechos humanos y las normas específicas para los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, y no contribuya a los factores causales de la crisis de la violencia contra las mujeres.

4. Responder a las alertas de acción internacionales sobre los casos de defensoras de derechos huma-nos, que ayudan a presionar a los gobiernos de México, Honduras y Guatemala a protegerlas, y abordar eficazmente la falta de justicia en los casos de violencia contra las mujeres y las defensoras de los derechos humanos.

5. Apoyar a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en todos los niveles de estos países para ayudar a poner fin a la violencia en la región y prote-ger a las defensoras de derechos humanos en su lucha por la paz y la justicia. Financiar directamente a las organizaciones de mujeres que se organizan en la lucha por poner fin a la violencia contra las mujeres en sus comunidades y países es una manera eficaz, eficiente y sostenible de mejorar su seguridad y avan-zar en la democracia e justicia de género en México, Honduras y Guatemala. Asimismo es urgente pedir a sus gobiernos que destinen un mayor porcentaje de la ayuda externa a las organizaciones de mujeres.

6. Instar a los gobiernos y a las empresas en su país para que cumplan con los derechos de los pueblos indígenas en la consulta y la toma de decisiones sobre el uso de la tierra en sus territorios, tal como se define en el Convenio 169 de la OIT y otras leyes nacionales e internacionales. Exigir la aplicación de las leyes y los tratados internacionales sobre los casos de daños causados por las empresas en sus países.

capítulo ochoLo que puedes hacer


DELEGADAS• Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997, presidenta,

Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, EEUU

• Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, Guatemala

• Caryl Athanasiu, vicepresidenta, Wells Fargo Bank, EEUU

• Lauren Embrey, presidenta de Embrey Family Foundation y directora general de Embrey Interests, Ltd., EEUU

• Lauren Wolfe, periodista y directora de Women Under Seige, EEUU

• Lisa VeneKlasen, directora ejecutiva, Asociadas por lo Justo (JASS ), EEUU

• Maria Hinojosa, periodista de televisión y presidenta de Futuro Media Group, EEUU

• María Martin, periodista, EEUU/Guatemala

• Martha Chaves, comedianta, Canadá

• Nancy Word, cofundadora de Impact Austin, EEUU

• Pamela Yates, cineasta-documentalista, EEUU

• Patricia Gras, periodista y productora de TV, EEUU

• Paula Todd, periodista, Canadá

• Sara Vetter, Soul of Money Institute, EEUU

• Sarah Harmer, cantante y compositora, cofundadora de Protecting Escarpment Rural Land (PERL), Canadá

• Tantoo Cardinal, actriz y activista, Canadá

• Veronica Arreola, feminista bloguera y directora de Women in Science & Engineering Program, University of Illinois, Chicago, EEUU

PERSONAL Y CONSULTORAS• Aury Cuxé, Aury Cuxé, asistente de

Rigoberta Menchú Tum, Guatemala

• Demetri López, coordinadora de logística

• Diana Sarosi, gestora de políticas, Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, Canadá

• Judy Rand, fotógrafa y camarógrafa

• Kara Andrade, fotoreportera

• Kay Stubbs, intérprete

• Kimberly MacKenzie, coordinadora de los medios de difusión en línea, Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, Canadá

• Laura Carlsen, consultora en documentación

• Liz Bernstein, directora ejecutiva, Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, Canadá

• Rachel Vincent, directora de medios de comunicación, Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, Canadá

• Ruth Warner, intérprete

capítulo nueveNotas finalesDelegación de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel a México, Honduras y Guatemala, 2012


COMITÉS ANFITRIONESMÉXICO• Red Nacional de Defensoras de Derechos

Humanos en México

• Centro de Derechos Humanos Tlachinollan El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene su sede en Tlapa de Comonfort y ha trabajado durante más de 18 años en dos de las regiones más pobres de México: la Montaña y Costa Chica. Estas regiones son del estado de Guerrero, donde prevalecen la pobreza, la violencia y la discriminación, en contra de las comunidades indígenas; http://www.tlachinollan.org/

• Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C, es una organización feminista fundada en 1998 con la finalidad de fortalecer la participación política de la mujer, y la creación de una sociedad democrática y justa y el Estado de derecho al: influir la legislación en favor de los derechos de las mujeres, hacer participar a las organiza-ciones civiles en la creación de la legislación, mantener un diálogo abierto entre las organizaciones de mujeres, movimientos sociales y los legisladores, entre otros. http://www.consorcio.org.mx/

• Programa de las Américas del Centro para Política Internacional Con más de 30 años de experiencia en noticias y análisis de América Latina, el Programa de las Américas del Centro para Política Internacional es una fuente principal de información para activistas, académicos y ciudadanos preocupados por la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y los movimientos por la justicia social en el hemisferio. http://www.cipamericas.org/

• JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo) JASS Mesoamérica fortalece e impulsa el poder colectivo de las mujeres para promover la justicia, la seguridad y la rendición de cuentas en un contexto de impunidad y de violencia. http://www.justassociates.org/meso/index.htm

• Andrea Medina Abogada feminista de derechos humanos y consultora independiente con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC) y la red de defensoras en México.

HONDURAS• Center for Women’s Rights (CDM)

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) es una institución social y feminista, El CDM está comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en Honduras mediante la asistencia jurídica, la educación jurídica, la defensa y la organización de la comunidad. http://www.derechosdelamujer.org/

• Centro de Estudios de la Mujer-Honduras El Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) es una ONG legalmente constituida desde 1987; ha sido reconocida nacional e internacionalmente como una de las más importantes organizaciones feministas de Honduras, se especializa en incidencia e investigaciones sobre la situación de las mujeres en Honduras. http://www.cemh.org.hn/

• Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

• Foro de Mujeres por la Vida Foro de Mujeres por la Vida http://forodemujeresporlavidazonanorte.blogspot.com/

• Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) El Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos en Honduras (COFADEH) es una ONG con actividades nacio-nales e internacionales cuyo objetivo fundamental es luchar contra todas las diferentes formas de la impunidad, así como revivir la memoria de las víctimas. http://www.cofadeh.org/



GUATEMALA• Unión Nacional de Guatemaltecas (UNAMG)

La Unión Nacional de Guatemaltecas fue fundada en 1980 en el Día Internacional de la Mujer. La UNAMG es una organización feminista autónoma que promueve la igualdad de derechos, la justicia social y el respeto a la diversidad étnica y cultural. http://unamg.org/v1/

• Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF) La Asociación de Mujeres para Estudios Feministas fue fundada el 23 de junio de 2010, en Ciudad de Guatemala en el contexto de una sociedad patriarcal posterior al conflicto, como una asociación comprometida política-mente, ideológicamente, y éticamente hacia la defensa de los derechos de las mujeres: el derecho a una vida con dignidad, a ser escuchadas, a la salud integral, al recono-cimiento de los conocimientos culturales, a la participación social y política, a la justicia y a la diversidad étnica. http://amefguatemala.blogspot.com/

• Sinergia No’j Sinergia No’j fue fundada en 2006 con el objetivo de fortalecer el liderazgo de los movimientos sociales, en particular el de los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud en Guatemala. http://www.sinergianoj.org/index.php


• Asociación Maya Uk’ux B’e La Asociación Maya Uk’ux B’e es una organización maya con la capacidad para promover la reconstitución del pueblo maya (Mayab’ Tinamit). Desde la perspectiva de la cosmología y la cultura maya, la asociación tiene como objetivo contribuir a la formación intergeneracional del liderazgo maya, así como a la reivindicación y ejercer los derechos históricos mayas. Sus principales objetivos inclu-yen la educación, la salud, la enseñanza y la investigación. http://ukuxbe.org/Index.html

• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala fue fundada en 2004 con el objetivo de promover la seguridad de los defenso-res de derechos humanos en Guatemala y contribuir a la protección del espacio político en el cual trabajan. http://www.udefegua.org/

ORGANIZACIONES PARTICIPANTESDurante la visita de 10 días a México, Honduras y Guatemala, la delegación se reunió con más de 200 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. A continua-ción se detalla la lista de todas las organizaciones que estuvieron representadas durante los cinco encuentros dife-rentes en la Ciudad de México, Chilpancingo, Tegucigalpa, Ciudad Guatemala y Panajachel.

MÉXICO•Alternativas Pacíficas, AC

•Asociación Familiares Detenidos Desaparecidos

•Centro de Apoyo al Trabajador (CAT)

•Centro de Derechos de las Mujeres

•Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

•Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC.

•Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín

•Pro Juárez, AC (Centro Prodh)

•Centro Diocesano para los Derechos Humanos

•“Fray Juan de Larios”

•CIMAC (Comunicación e información de la Mujer)

•Coalición para la Justicia en las Maquiladoras

•COLEM Colectivo de Mujeres

•Comité Cerezo

•Comité de Familiares de Detenidos

•Desaparecidos-Hasta Encontrarlos

•Comité de Familiares de Victimas

•Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C,

•Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)

•ENLACE (Comunicación y Capacitación, A.C. – Guerreronlace)

•Equis Justicia para las Mujeres

•Fondo de Derechos Humanos Globales

•Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Mujeres del Frente de Atenco

•Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM)

•Hijas de Campesinas Ecologistas Desaparecidos

•Hijos

•JASS Mesoamérica

•Las Libres

•Movimiento Campesino Regional Independiente

•Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN)

•Movimiento por la Paz

•Organización de Campesinos Ecologistas de la

•Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, A.C.


•Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán

•Organización del Pueblo Indígena Me´phaa

•Organización para el Futuro del pueblo Mixteco

•Programa de las Américas, Centro para la Política Internacional

•Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturarles, AC (PRODESC)

•Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (RMMCJ)

•Red Nacional de Defensoras, México

•Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)

•Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

•Varias Victimas de Violencia Sexual

HONDURAS•AAsociación para el Desarrollo de la

Península Zacate Grande (ADEPZA)

•CCT

•Centro de Derechos de la Mujer (CDM)

•Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)

•Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

•Choloma

•Comité Ambiental del Valle de Siria

•Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

•Comité de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)

•ESEM – Aded Valle

•Feministas en Resistencia

•Foro de Mujeres por la Vida


•Red Choluteco

•Red Nacional de Defensoras, Honduras

•Red de Mujeres de Santa Barbara

•Red Mujeres La Paz

•Red Mujeres de Ojojona

•Red Mujeres San Luna

•Varias víctimas de violencia sexual

GUATEMALA•AsocAsociación de Mujeres

para Estudios Feministas (AMEF)

•Asociación Maya UkÚx Bé

•Comunidades de San Juan Sacatepequez

•Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI)

•Consejo de Pueblos K’iches

•Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

•Fundación Sobrevivientes

•Grupo de Mujeres de San Miguel Ixtahuacán

•Grupo Guatemalteco de Mujeres


•La Voz de la Resistencia

•Mamá Maquín

•Movimiento de Mujeres Indígenas Tzununijá

•Mujeres Transformando el Mundo (MTM)

•Organización de Mujeres de San Miguel Ixtahuacán

•Procuradora de la Mujer

•Qnan Choch Ukúx Bé, Chimaltenango

•Red de la No Violencia contra las Mujeres

•San Juan Sacatepequez

•San Miguel Ixtahuacán

•Sector de Mujeres

•Sí Vamos por la Paz

•Sinergia No´j

•Solidaridad Holanda

•Tierra Viva

•Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

•Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAM-G)

•Varias Víctimas de Violencia Sexual

•Voces de Mujeres

En la defensa de la paz, la justicia y la igualdadLa Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel hace uso del prestigio del Premio Nobel de la Paz y de las valientes mujeres laureadas con el Nobel de la Paz a fin de amplificar

el poder y la visibilidad de las mujeres que trabajan en los países de todo el mundo por la paz, la justicia y la igualdad.

JASS (Asociadas por lo Justo) es una organización feminista internacional impulsada por sus asociadas y las iniciativas de sus redes regionales en Mesoamérica,

África Meridional y el Sudeste Asiático. JASS se dedica a fortalecer y movilizar la voz, la visibilidad y el poder de organización colectivo de las mujeres para cambiar las normas,

instituciones y políticas que perpetúan la desigualdad y la violencia, así como para crear un mundo justo y sostenible para todas y todos. JASS fue fundada en 2002 por un grupo de activistas, educadoras populares y académicas como una comunidad de aprendizaje. Asimismo, JASS genera el conocimiento de las experiencias con la intención de mejorar

la teoría y la práctica de los derechos de las mujeres, el desarrollo y la democracia.

La Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel

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JASS (Asociadas por lo Justo)

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