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ENFOQUE INTEGRAL PARA UNA DEMOCRACIA MODERNA DR. PEDRO PATRÓN BEDOYA CONSULTOR RESPONSABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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ENFOQUE INTEGRAL PARA UNA DEMOCRACIA

MODERNADR. PEDRO PATRÓN BEDOYA

CONSULTOR

RESPONSABILIDAD Y

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

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LEY

Etica

Poder

Pueblo

Democracia

Estado

Adm. Pública

Ambitos:

- Politico ---------> Penal

- Funcional ------> Social

- Administrativo-> Civil

Nac

ion

al

Reg

ional

Loca

l

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Estado

GOBERNANZA

Adm. PúblicaN

acio

nal

Reg

ional

Loca

l

Funcionarios

Servidores

Deberes

Prohibiciones

Incompatibilidades

Conflicto de Intereses

Fiscalizacion y

Evaluación

Individual Grupal e

Institucional

Pre

ven

tivo

Sim

ult

aneo

Po

ster

ior

Inst

.

Inst

.

SN

C

SN

C

Medios de

ComunicaciónEntidades Ciudadania

Control Social

Responsabilidad Social Prevención y Solución de Conflictos

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Fiscalizacion y

Evaluación

Individual Grupal e

Institucional

Logros

Daño

Faltas

Delitos

Gobernabilidad

Positiva

Negativa

Reconocimiento

Incentivos

Indemnización

Sanciones

Politicas

Administ.

Investigación

Con Garantías

Prevención y Solución de Conflictos

Medios de

ComunicaciónEntidades Ciudadania

Control Social

Responsabilidad Social

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RESPONSABILIDAD Y

ADMINISTRACION PUBLICA

ENFOQUE INTEGRAL PARA UNA

DEMOCRACIA MODERNA

DESARROLLO TEMATICO

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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y FUNCION PUBLICA

(Art. 45. Constitución Ley de Modernización de la Gestión del

Estado 27658 Arts. 8 y 9) Sociedad De la Informaciòn

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, REGIONAL

Y LOCAL. (DESCENTRALIZACION Y

EMPODERAMIENTO)

FISCALIZACION INTERNA Y EXTERNA (EVALUACION,

CONTROL Y PARTICIPACION PERMANENTE E

INTEGRAL)

AUTONOMIA DE RESPONSABILIDADES VS. NEN BIS IN

IDEM (Art. 230 inc. 10 y art.243 LPAG)

I.- NUEVO ENFOQUE DE LA TEORIA DE LA

RESPONSABILIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD

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II.- ETICA Y FUNCION PÚBLICA

• CODIGO DE ETICA (Ley 27815)

• TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION Y GESTION (Ley 27806, Ley

27444) EN LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

• ANTICORRUPCION (Resolución Legislativa

26757 Convención Interamericana contra la

Corrupción; Resolución Legislativa 28357

Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción)

• DECLARACION JURADA DE INGRESOS,

BIENES Y RENTAS (Ley 27482)

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III.- AMBITO POLITICO

• DE GOBIERNO (GOBERNABILIDAD

Y GOBERNANZA)

• POLITICA (Art. 132 Const.) Voto de

Censura, Rechazo de la Cuestión de

Confianza)

• ANTEJUICIO (Art. 99 y 100 Const.)

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IV.- AMBITO FUNCIONAL

(PREVIO, PREVENTIVO Y SIMULTANEO O CONCURRENTE)

• DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE

INTERES (Ley 11377, Decreto Legislativo 276, Ley 27588, Ley 27444)

• CONVENIOS DE GESTION CON INDICADORES DE MEDICION DE

RESULTADOS (Ley de Modernización de la Gestión del Estado 27658 Arts. 14

y 15)

• CONTROL PREVENTIVO (SISTEMA NACIONAL DE CONTROL)

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 528-2006GC-Directiva: “EJERCICIO

DE CONTROL PREVENTIVO POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL

INSTITUCIONAL y RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 320-2006-CG.)

• CONTROL DE PERSONAL (NORMAS Y MECANISMOS)

• RESPONDABILIDAD, ACCOUNTABILITY O RENDICION DE CUENTAS

(Res. N° 332-2007-CG. Resolución de Contraloría Nº 001-2010-CG)

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V.- AMBITO ADMINISTRATIVO

• EN EL MANEJO DE SERVICIOS

PUBLICOS

• EN EL MANEJO DE FONDOS

PUBLICOS

• EN EL MANEJO DE BIENES

PUBLICOS

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VI.- TEORIA DEL DAÑO

• DEFINICION DE DAÑO O LESION

• DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

• DAÑO MORAL

• DAÑO NO INDEMNIZABLE

• FRACTURA DEL NEXO CAUSAL (CASO FORTUITO)

• FUERZA MAYOR

• NECESIDAD DE RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS

GENERADOS

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VII.- DEL PERSONAL

POSITIVO - INCENTIVOS (Bienestar y Promoción

Humana)

NEGATIVO – REGIMEN DISCIPLINARIO (Ley

11377, D.leg. 276, D.Leg. 728)

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (Ley 27444)

INVESTIGACION PARLAMENTARIA (Art. 97 Const.)

ACCION DE CONTROL (Hallazgos y sanciones)

PECUNIARIA

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VIII.-DE LAS ENTIDADES

(POR DAÑO O LESION)

Ley 27444 Arts. 238 y sgtes del

Procedimiento Administrativo General.

SE ESTABLECERA LA

RESPONSABILIDAD

EN SEDE ADMINISTRATIVA

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IX.- AMBITO CIVIL O

PATRIMONIAL

CONTRACTUAL (DAÑO EN EL INTERIOR DE UNA

RELACION JURIDICA CON UN ADMINISTRADO

DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA

OBLIGACION U OBLIGACIONES RESULTANTES DE

DICHA RELACION JURIDICA)

PRECONTRACTUAL ( DENTRO DEL PROCESO DE

SELECCIÓN)

EXTRACONTRACTUAL Art. 1969 Código Civil POR

DOLO O CULPA

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X.- AMBITO PENAL

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

(Código Penal Título XVIII)

POR PARTICULARES (Arts. 361 a 375)

POR FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS

(Arts.376 a 401 B)

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XI.- AMBITO SOCIAL

• RESPONSABILIDAD INTERNA Y

EXTERNA

• RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA

• ASOCIACIONES PUBLICA-PRIVADA

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XII.- PREVENCION Y SOLUCION DE

CONFLICTOS

MEDIOS FORMALES

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

General (LPAG)

Especiales: Trilateral y Sancionador

PROCESOS JURISDICCIONALES

Constitucionales: Amparo, Habeas Data,

Cumplimiento, Accion Popular

Contencioso Administrativo

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XII.- PREVENCION Y SOLUCION DE

CONFLICTOS

MEDIOS ALTERNATIVOS (MARC)

NEGOCIACION

Orígenes, concepto y desarrollo en el país

Clases, principios y tácticas negociales

CONCILIACION

Antecedentes

Obligatoria y facultativa

Proceso general y en las contrataciones públicas

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XII.- PREVENCION Y SOLUCION

DE CONFLICTOS

MEDIOS ALTERNATIVOS

MEDIACION

Antecedentes

Obligatoria y facultativa

ARBITRAJE

Convenio y materia arbitral

Características de los árbitros

Designación, requisitos.

Recusación e inhibición

Proceso arbitral

Arbitraje ad-hoc e

institucional

Etica y arbitraje

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LEY DE LA

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

FUNCIONAL

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LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

El Artículo 44° de la Constitución Política del Perúseñala, que son deberes primordiales del Estado,defender la soberanía nacional; garantizar laplena vigencia de los derechos humanos;proteger a la población de las amenazas contra suseguridad y promover el bienestar general que sefundamenta en la justicia y en el desarrollointegral y equilibrado de la nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer yejecutar la política de fronteras y promover laintegración, particularmente Latinoamericana, asícomo el desarrollo y cohesión de las zonasfronterizas, en concordancia con la políticaexterior.

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AL SERVICIO DE LA NACIÓN

El Ejercicio de la función pública se refleja en el

artículo 39° que establece la jerarquía en el servicio

a la nación, que todos los funcionarios y

trabajadores están al servicio de la nación. El

Presidente de la República tiene la más alta

jerarquía en el servicio a la Nación y en ese orden,

los representantes al Congreso, Ministros de

Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del

Consejo Nacional de la Magistratura, los

magistrados supremos, el Fiscal de la nación y el

Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los

representantes de organismos descentralizados y

alcaldes, de acuerdo a Ley. La Ley determina la

jerarquía de los funcionarios al servicio del Estado.

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FUNCION PUBLICA

Se entiende por función pública toda actividadtemporal o permanente, remunerada uhonoraria, realizada por una persona en nombreo al servicio de las entidades de laAdministración Pública, en cualquiera de susniveles jerárquicos.

Los fines de la función pública son el Servicio ala Nación, de conformidad con lo dispuesto enla Constitución Política, y la obtención demayores niveles de eficiencia del aparatoestatal, de manera que se logre una mejoratención a la ciudadanía, priorizando yoptimizando el uso de los recursos públicos,conforme a lo dispuesto por la Ley Marco deModernización de la Gestión del Estado.

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CONCEPTOS GENERALES SOBRE

FUNCION PÚBLICA

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO YADMINISTRACIÓN PROPIAS DEL ESTADO,EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓNGUBERNAMENTAL, GENÉRICAMENTE SE LESCONOCE COMO "FUNCIÓN PÚBLICA".

LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS FINES PÚBLICOSSUPONE EL ESTADO YA CONSTITUIDO QUEDESARROLLA SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,INCLUIDAS A LAS ORGANIZADAS BAJO LA FORMA DE"PODERES DEL ESTADO". ESTAS ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS CONSTITUYEN FUNCIONES DELESTADO EFECTUADAS A TRAVÉS DE LAORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL YGENÉRICAMENTE SE LES CONOCE COMO "FUNCIÓNPÚBLICA"

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TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOSESTÁN AL SERVICIO DE LA NACIÓN YDEL ESTADO DE DERECHO. LACONDICIÓN DE FUNCIONARIOPÚBLICO SE EJERCE POR ELECCIÓNPOPULAR, DESIGNACIÓN,NOMBRAMIENTO O CONTRATO, Y ENSU EJERCICIO ADOPTA DECISIONESADMINISTRATIVAS RELACIONANDOSEBAJO CUALQUIER MODALIDADCONTRACTUAL PREVISTA EN LA LEY.

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POTESTAD SANCIONADORA

Tiene 2 manifestaciones

administrativas la potestad

punitiva del Estado, de carácter no

jurisdiccional una correccional y

otra disciplinaria. El ejercicio de

ambas potestades corresponde a

entidades de carácter

administrativo, no jurisdiccional.

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POTESTAD CORRECCIONAL

Se aplica a sujetos que no forman parte de laadministración estatal (carácter externo). Castigainfracciones al orden jurídico general, nocalificadas como delito por el ordenamientopenal, con la finalidad de prevenir los riesgossociales y por ende de proteger los interesespúblicos o colectivos en juego. En elordenamiento jurídico administrativo Peruanoestá sujeta a un marco general establecido en laLey Nº 27444 de Procedimiento AdministrativoGeneral, sin perjuicio de la aplicación de lasnormas especiales de carácter sectorial o deprocedimiento.

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POTESTAD DISCIPLINARIA

Se ejerce sobre sus propios servidores o integrantes(carácter interno o doméstico). Tiene un ámbito muchomás reducido, el orden protegido va referido a laorganización administrativa y el destinatario de suprotección es la propia Administración Pública, de ahíque sea habitualmente calificado como régimen deautoprotección.

Constituye un instrumento de <<autotutela>> que utilizala administración (frente a funcionarios que violan losdeberes y prohibiciones) para efecto de garantizar yasegurar que la función pública se realice en interés detodos y conforme a los principios constitucionales.Carlos Arturo Gómez Pavajeau “Dogmática del DerechoDisciplinario”. Bogota 2002.

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TC: ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN

DISCIPLINARIA

El Tribunal Constitucional ha expresado que cuandoel Artículo 170° del Decreto Supremo N° 005-90-PCMestablece que "La Comisión hará las investigacionesdel caso, solicitando los informes respectivos,examinará las pruebas que se presenten y elevara uninforme al titular de la entidad, recomendando lassanciones que sean de aplicación", dicho preceptono puede ni debe entenderse como que las pruebassusceptibles de actuación dentro de unprocedimiento administrativo disciplinario sólodeben limitarse a las que expresamente se ofrecenpor las partes, si no, que es no sólo potestad, sinohasta obligación de la Comisión, el actuar de oficiodeterminadas pruebas o diligencias cuando el casoasí lo requiera, criterio que, resulta perfectamentecompatible con el ejercicio de un adecuado yesencial derecho de defensa.

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TC: DEBIDO PROCESO EN SEDE

ADMINISTRATIVA

Sobre el debido proceso, ha señalado que un actoadministrativo dictado al amparo de una potestaddiscrecional legalmente establecida resulta arbitrariocuando sólo expresa la apreciación individual de quienejerce la competencia administrativa, o cuando el órganoadministrativo, al adoptar la decisión, no motiva oexpresa las razones que lo han conducido a adoptar taldecisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivaruna decisión no sólo significa expresar únicamente alamparo de qué norma legal se expide el actoadministrativo, sino, fundamentalmente, exponer enforma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y elsustento jurídico que justifican la decisión tomada.

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RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD

DE LA SANCIÓN

Una afectación del derecho al debido proceso no sólo sepractica cuando se afectan algunas de sus garantíasformales, sino incluso cuando la actuaciónadministrativa no observa un mínimo criterio de justicia;es decir un criterio perfectamente objetivable a través delos principios de razonabilidad y proporcionalidad. Porconsiguiente, que así como el debido proceso esdistorsionado formalmente cuando se contravienen losderechos y principios de quien es procesado judicial,administrativa o corporativamente, dicho atributo esigualmente distorsionado, en términos materiales osustantivos, cuando, como en el citado caso, no haycoherencia entre la infracción cometida y la sanciónadoptada.

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LEY Nº 27444 DEL P.A.G

Esta ley regula las actuaciones de la función administrativa

del Estado y del procedimiento administrativo común

desarrollado en las entidades.

Señala el Procedimiento de las entidades, para establecer

infracciones administrativas y las sanciones. La Potestad

sancionadora que establece la Ley del Procedimiento

Administrativo general, se rige por principios. Se señala que

toda sanción debe estar debidamente motivada y

fundamentada, arreglada a derecho y determinar las

responsabilidades del caso. Las faltas cometidas dentro del

contexto de esta ley prescriben a los 5 años desde la fecha

que se cometió la infracción.

Esta Ley contempla que la Administración Pública puede

tener responsabilidad contra el Administrado, debiendo

indemnizarlo por daño patrimonial.

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PRINCIPIOS DE LA POTESTAD

SANCIONADORA

Principios especiales de la potestad sancionadora administrativa

previstos en el Artículo 230° de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, como son:

1. Legalidad

2. Debido Procedimiento

3. Razonabilidad

4. Tipicidad

5. Irretroactividad

6. Concurso de Infracciones

7. Continuación de Infracciones

8. Causalidad

9. Presunción de Licitud

10. Non Bis in Ídem

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RESPONSABILIDADES EN LA FUNCIÓN

PÚBLICA.

La Responsabilidad indica la obligación de reparar

y satisfacer un daño o perjuicio. Las

responsabilidades son el conjunto de

consecuencias de una acción u omisión, que

establecen una obligación de satisfacer el daño o la

pérdida causada. Es la capacidad de poder

reconocer lo prohibido y determinar los límites del

resarcimiento por una acción u omisión en contra

de las personas.

Responsabilidad Política

Responsabilidad Administrativa

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Penal

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RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICO

DE LA FUNCION PUBLICA

El Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Carrera y Remuneracionesdel Sector Público establece en su artículo 25º que losFuncionarios y Servidores públicos son responsables civil, penal yadministrativamente por el cumplimiento de las normas legales yadministrativas en el ejercicio del Servicio Público, sin perjuicio delas sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan.

La responsabilidad genéricamente indica la obligación delServidor o funcionario de desempeñar sus funciones de acuerdocon la ética, y normas de la materia, siendo pasibles de sancionesadministrativas, civiles y penales por las consecuencias negativasde sus decisiones y acciones.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Se produce cuando cierta actividadde los funcionarios provoca daño moral o material sea a losadministrados, a otros funcionarios o al Estado. Se regula por elCódigo Civil

LA RESPONSABILIDAD PENAL Se produce cuando los servidoresy funcionarios públicos ejecutan actos o comportamiento queconstituyen infracciones consideradas delitos por el Código Penalo las Leyes.

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RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Señala las

obligaciones que se derivan del ejercicio de las funciones

de un cargo. Si los actos que se ejecutan son “faltas

administrativas” se aplican las sanciones señaladas en la

Ley de Carrera Pública. Las sanciones administrativas son

la pena que se impone a los servidores y funcionarios por

faltas de carácter disciplinario cometidas en el ejercicio de

la Función Pública.

Las sanciones administrativas disciplinarias son una

consecuencia necesaria de la organización administrativa y

del poder de supremacía especial de la administración.

Estas sanciones tienen por objeto asegurar la observancia

de las normas de subordinación jerárquica base de toda

organización y, en general, el exacto cumplimiento de todos

los deberes propios de la función.

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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

FUNCIONAL

Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios

por haber contravenido el ordenamiento jurídico

administrativo y las normas internas de la entidad a la que

pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vinculo

laboral o contractual al momento de su identificación

durante el desarrollo de la acción de control.

Incurren también en responsabilidad administrativa

funcional los servidores y funcionarios públicos que, en el

ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión

deficiente, para cuya configuración se requiere la

existencia, previa a la asunción de la función pública que

corresponda o durante el desempeño de la misma, de

mecanismos objetivos o indicadores de medición de

eficiencia.

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EL PROCESO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIO DEL DECRETO LEGISLATIVO

N° 276.

Viene a ser un proceso específico, concreto, especial

de tramitar o ventilar las actuaciones administrativas

de carácter disciplinario, protagonizadas por los

funcionarios y servidores públicos sobre presuntas

faltas graves que sean materia de cesantía temporal o

destitución de la carrera administrativa.

También puede ser el mecanismo de seguridad

establecido con el fin de garantizar equidad y justicia

en salvaguarda de la estabilidad del trabajador y el

interés del servicio, cuando es solicitada la cesantía o

la destitución de un trabajador público, como sanción

de carácter disciplinario.

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PROCESO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIO

El servidor público que incurra en falta de carácterdisciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal decese temporal o destitución, será sometido aproceso administrativo disciplinario que noexcederá de treinta (30) días hábilesimprorrogables.

El incumplimiento del plazo señalado configurafalta de carácter disciplinario contenida en losincisos a) y d) del Art. 28 de la Ley.

El proceso administrativo disciplinario será escritoy sumario y estará a cargo de una Comisión decarácter permanente y cuyos integrantes sondesignados por resolución del titular de la entidad.

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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL

En cumplimiento de su misión y atribuciones, la

Contraloría General tiene la facultad de aplicar

directamente sanciones por la comisión de las

infracciones que hubieren cometido las

entidades sujetas a control, sus funcionarios y

servidores públicos, y las personas naturales

que manejen recursos y bienes del Estado, o a

quienes haya requerido información o su

presencia con relación a su vinculación jurídica

con las entidades.

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COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL

La Contraloría General ejerce la potestad para sancionar por

cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e

impone una sanción derivada de los informes de control emitidos

por los órganos del Sistema.

La referida potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores

y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de

la novena disposición final, con prescindencia del vinculo laboral,

contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del

régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vinculo

con las entidades señaladas en el artículo 3º, salvo las indicadas

en su literal g).

Son exceptuadas las autoridades elegidas por votación popular,

los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y

las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio

político.

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ACTIVIDADES DE CONTROL

Las Actividades de Control se orientan a verificar elcumplimientos de actos de probidad y transparenciaestablecidos en las normas vigentes, tales como lapresentación de declaraciones juradas de ingresos,bienes y de rentas; la publicación de información yatención de solicitudes relativas a la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública, laadecuada difusión de procedimientosadministrativos aprobados en el TUPA y, en general,las rendiciones de cuenta a que están obligados losservidores del Estado.

Los informes, emitidos en una Actividad de Control(Veedurías, denuncia ciudadana, actividadespreventivas, etc.) no tiene el carácter de prueba preconstituida para iniciar el procedimientoadministrativo sancionador, como si lo tienen losinformes emitidos en una acción de control (ExamenEspecial o Auditoría).

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LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

La compleja red de actividades en las que interviene el

Estado moderno, demanda se efectivice el control de los

actos de la administración publica para que estos se

realicen dentro de los principios jurídicos y administrativos

que conforman el derecho publico.

Siendo que el de la legalidad de los actos de la

administración pública constituye el "Sustratum" (esencia)

del Estado de derecho. El Estado de derecho se caracteriza

porque se asume la responsabilidad de garantizar, la

legalidad de los actos de la administración a través de

instituciones jurídicas políticas, que tienen a su cargo

cumplir con este cometido.

En la Fiscalización de los actos de la Administración

Publica se puede distinguir: Control Parlamentario;

Control Administrativo; Control Jurisdiccional

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PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

Los actos administrativos que agotan la vía

administrativa podrán ser impugnados ante el Poder

Judicial mediante el proceso contencioso-

administrativo a que se refiere el Artículo 148º de la

Constitución Política del Estado.

La jurisdicción contenciosa administrativa es definida

como el cause formal a través del cual se someten al

control de legalidad los actos administrativos y

disposiciones de la administración pública de

categoría inferior a la Ley.

La jurisdicción contencioso administrativa, es ejercida

por el Poder Judicial le incumbe ratificar, o anular, en

su caso, aquello que ha sido materia de decisión en la

esfera administrativa.

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Articulo 59.- Carácter de las resoluciones

del Tribunal Superior de Responsabilidades

Administrativas

Las resoluciones del Tribunal Superior de

Responsabilidades Administrativas ponen

fin a la vía administrativa y contra ellas

procede la acción contencioso-

administrativa, conforme al artículo 148º de

la Constitución Política del Perú.

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ARTICULO 60.-PRESCRIPCION

La facultad para la imposición de la sanción

por responsabilidad administrativa

funcional, conforme a lo establecido en el

presente subcapítulo, prescribe a los cuatro

(4) años contado a partir del día en que la

infracción se hubiera cometido o desde que

cesó, si fuera una acción continuada. En

todo caso, la duración del procedimiento

sancionador no podrá exceder los dos (2)

años desde que el órgano instructor da

inicio a este."