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Hugo Chávez y el sistema de medios de comunicación en

Venezuela1

Manuel Hidalgo

Universidad Carlos III de Madrid (manuel.hidalgo@uc3m.es)

ABSTRACT Since the coming to power of Hugo Chávez in 1999 the mass-media system has undergone fundamental changes in Venezuela. The chavista strategy to modify the previous status quo along with their goal to build a powerful public media system and reduce the private sphere, sometimes in favor of community and alternative media, has set new dynamics among public and private media actors and has fueled political conflict in Venezuelan society. Departing from the work of Hallin and Mancini, this paper tries to conceptualize the mass media system operating in Venezuela in the last decade. Moreover, it discusses how the media policies have been used to build political support and lay the groundwork for establishing the so-called “twenty first century socialism”. Finally, if, as some authors claim, “the mass media constitute the backbone of democracy”, an analysis of the media landscape help us to assess whether Venezuela can be considered a democratic country. The working hypothesis of this paper is that several key features of the polarize pluralist model have been exacerbated and the more liberal ones have been limited in a context where the nature of the regime has evolved in the last years from a low quality democracy towards an authoritarian system.

1 Ponencia preparada para el XXII Congreso Mundial de Ciencia Política, Madrid, 8-12 de julio

de 2012. Una versión anterior fue presentada en el Seminario Internacional “Nueva Política Iberoamericana” celebrado el 24 de octubre de 2008 en la Universidad Iberoamericana, México, D.F.

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Introducción El impacto político de los medios de comunicación en los sistemas políticos democráticos sigue siendo objeto de innumerables controversias. Algunos autores consideran que los medios en condiciones normales tienen una incidencia débil al estar muy influidos por una variedad de fuerzas poderosas, entre otras: la clase social, la religión, la edad, el género, las redes sociales, los valores personales y la confianza en los medios (Newton, 2006). No obstante, como este mismo autor reconoce, en determinadas circunstancias sus efectos pueden ser notables, algo corroborado por investigaciones centradas en los procesos democratizadores de las últimas décadas. En particular, se ha destacado que la televisión puede ejercer una influencia moderada o altamente significativa sobre las estructuras políticas, la cultura y los comportamientos (Gunther y Mughan, 2000: 418).

En todo caso, y más allá de los intentos por aislar los factores macro y micro que puedan tener más peso, resulta obvio que los medios de comunicación no se limitan sólo a informar a los ciudadanos sino que procuran intervenir en la definición, elaboración y aplicación, según los casos, de la agenda política en los regímenes democráticos. Por consiguiente, los medios son actores fundamentales a considerar debiendo contextualizar su impacto en función de diversas variables, algunas apuntadas más arriba. Por otra parte, como nos ha recordado Habermas y otros estudiosos del tema, los medios son también uno de los escenarios fundamentales donde se desarrolla el debate público —y en cualquier caso el espacio a partir del cual se transmite lo que se discute en otros ámbitos—. De tal modo que su influencia también consiste en la selección y en el enfoque de los asuntos que priorizan (Ferry et al., 1995).

Si bien las relaciones entre los medios y la política son complejas en los países democráticos, el Estado es un actor decisivo en la definición del poder de las redes de comunicación (Castells, 2009: 375). Teniendo en cuenta lo anterior y ciertas pautas de desarrollo histórico así como factores económicos, políticos, sociales y culturales diversos, los estudiosos Hallin y Mancini (2004) han establecido tres patrones fundamentales de los sistemas mediáticos en las democracias avanzadas: modelo liberal, modelo corporativista democrático, y modelo pluralista polarizado.

El primero, típico de países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá e Irlanda, se caracteriza por un alto desarrollo del mercado de los medios de comunicación, un bajo nivel de “paralelismo político”, esto es, unos medios que no reflejan de manera clara las divisiones políticas o la diversidad ideológica del sistema, una elevada profesionalización y una intervención estatal bastante limitada, si bien algunas de estos rasgos parecieran estar cambiando en las últimas décadas.

Por su parte, en el modelo corporatista democrático la prensa tiene una elevada circulación, el paralelismo político tras haber sido alto se ha reducido desde mediados del siglo pasado en la medida que desapareció la prensa partidista, la profesionalización de los periodistas es elevada y la intervención del Estado es mayor que en los sistemas liberales. De hecho, los sistemas de radiodifusión pública son fuertes y las subvenciones a la prensa no son infrecuentes en los países en los que se advierten tales propiedades (entre otros, Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Holanda).

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Por último, en el modelo pluralista polarizado, también denominado mediterráneo por ser distintivo de los países del sur de Europa, se aprecia una baja circulación de la prensa, en lo fundamental orientada políticamente a las élites, un alto grado de paralelismo político, esto es, muchos medios tienen una clara identificación ideológica, una baja profesionalización del periodismo y una fuerte intervención pública.

En suma, y en términos generales, en los países con una estructura liberal de medios, éstos suelen encontrarse cercanos al mundo de los negocios y bastante alejados de la política, en los sistemas pluralistas polarizados el sistema de medios está fuertemente integrado en la vida política y en los países con una configuración corporativista los medios han tenido hasta fechas recientes fuertes lazos con los ámbitos políticos y económicos, desvinculándose del primero en los últimos años (Hallin y Mancini, 2004: 76).

Aunque América Latina posee rasgos específicos, estos tres modelos son útiles para examinar similitudes y diferencias de los sistemas de medios. De hecho, en un trabajo posterior, Hallin y Mancini (2007: 91) argumentaron que los sistemas de medios latinoamericanos serían híbridos al combinar elementos de los modelos liberal y pluralista polarizado. La influencia inicial de los países mediterráneos y la posterior toma de posición de Estados Unidos en la región, en particular a partir del siglo XX, ayudan a entender las pautas de desarrollo de los medios en la región.

El marco de análisis señalado resulta de interés para examinar el caso de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Si durante la etapa de Punto Fijo (1958-1998) las relaciones entre medios y política se correspondían con el tipo híbrido, en la última década las transformaciones han sido notables, en particular en años recientes. El proyecto de cambios radicales que impulsan los chavistas ha desencadenado una fuerte polarización política y ha ocasionado importantes modificaciones en las relaciones entre los grandes grupos de comunicación y el Ejecutivo. Además, se ha producido un redimensionamiento y cambio de papel de los medios públicos y el clima para opinar e informar han empeorado.

La tesis de este trabajo es que se han exacerbado varios de los elementos centrales del modelo pluralista polarizado y limitado su vertiente más liberal. Así, la prensa sigue contando con bajos índices de lectura. Además, los niveles de paralelismo político han aumentado como consecuencia de la activación del conflicto entre el chavismo y el antichavismo, en un contexto en el que la aguda crisis de los partidos ha facilitado que algunos medios en ciertas coyunturas hayan ejercido como auténticos partidos políticos. Asimismo, las tensiones y conflictos han desvirtuado la profesionalización de los periodistas. A ello habría que sumar una fuerte intervención estatal en varias direcciones: marco regulatorio, expansión del sistema de medios públicos y para-estatales, utilización discrecional de ayudas y subsidios, etc. Todo lo anterior se desarrolla en un entorno en el que se agudiza el conflicto sociopolítico, se acentúa el carácter mayoritario del régimen a costa, en parte, del debilitamiento de la autoridad racional-legal, y se agravan fenómenos como el clientelismo y la corrupción.

La ponencia está estructurada en cinco grandes apartados luego de esta introducción. En el primero, se describe brevemente el sistema de medios con anterioridad a la llegada de Hugo Chávez al poder. En el segundo, se explican las relaciones entre los medios de comunicación privados y el poder político

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durante la actual administración (1999-2010). Dicha exposición que nos ayuda a reflexionar sobre la polarización mediática que vive el país. En el tercero, se examina el desarrollo del sistema de medios públicos. Por otro lado, las diferentes acciones emprendidas por el chavismo para lograr revertir la relación de fuerzas y tratar de imponer su modelo se abordan en el cuarto apartado. Finalizamos con unas consideraciones finales en torno al actual sistema de medios y su posible transformación.

El sistema de medios durante el periodo de Punto Fijo Durante la etapa de Punto Fijo (1958-1998) el sistema de medios públicos era escasamente desarrollado, siendo los medios estatales muy pocos públicos y muy gubernamentales (Pasquali, 2005). Además, el Estado permitía mediante concesiones a los grupos privados la conducción del sistema de radiodifusión. Eso facilitó la constitución de cadenas o redes y los procesos de concentración de medios (Hernández y Giménez, 1984: 33).

En un país con elevado porcentaje de analfabetos, la mayoría de medios impresos tenían como mercado principal a los estratos de clase media y alta mientras que otros, los menos, desarrollarán productos para los sectores populares. Las regulaciones no eran muy extensas pero no por ello faltaron los conflictos entre políticos y dueños de los medios respecto a la libertad de expresión e información. Casos no faltan de expedientes a periodistas, agresiones, juicios y censura. Incluso algunos gobernantes utilizaron como mecanismo de presión para doblegar a los más díscolos la publicidad o durante la vigencia del control de cambios, gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1988), la entrega de dólares a tasa preferencial (Díaz Rangel, 2002: 25-28). Por tanto, durante el periodo anterior a Chávez, se produjeron los conflictos entre gobernantes y dueños de medios, aunque, a diferencia de lo que sucederá con posterioridad, no se traspasaron determinados límites.

Aspectos destacados serán el libertinaje y poder de los medios privados. Según algunos observadores, se produjo un pacto no escrito entre los dos principales partidos Acción Democrática (AD, adscrito a la socialdemocracia) y COPEI (de orientación socialcristiana) y los medios, en particular las televisiones, mediante el cual éstos últimos se movían en un espacio escasamente regulado, como señalamos, guiados por el afán de beneficio. A cambio, en la pantalla chica se reproducía una suerte de equilibrio político-institucional que reflejaba ambas tendencias y excluía a terceras opciones (Cañizales, 2009: 65). Pero no sólo eso, si no que los intercambios de apoyos entre unos y otros fueron moneda común al menos durante los años setenta y ochenta. Así, fue habitual en el Congreso la presencia de representantes de determinados grupos de comunicación, Cadena Capriles y Bloque de Armas, adscritos a alguno de los dos grandes partidos.

En la década de los noventa, algunos grupos o dueños de medios emergentes y/ o deseosos de jugar un mayor papel contribuyeron al desprestigio de los partidos y al avance de la antipolítica. Téngase en cuenta que ciertos mass media apoyaron una serie de reformas político-electorales que perseguían debilitar a los partidos como actores hegemónicos en la vida política y reemplazarlos por personas de su confianza. Es más, algunos protagonistas del mundo de la comunicación sostienen que desde la década de

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los setenta los dueños de los medios deseaban poner en marcha sus propios proyectos desarrollando para ello estrategias con el fin de hacerse con el control del Estado venezolano (Poleo, 2002: 40). Según Poleo, el ejemplo más notable fue el Proyecto Roraima promocionado desde el grupo IBC —Radio Caracas Televisión, Radio Caracas y El Diario de Caracas—. Quizás la tesis sea algo extrema en cuanto al grado de generalización que admite dicho caso. No obstante, muestra las transformaciones que comenzaban a darse entre el poder político y los medios privados.

En efecto, los medios mostraron gran capacidad de dar al traste con la agenda política en temas importantes como se puso de manifiesto en algunos momentos críticos. Así, durante la crisis de gobernabilidad que vivió el país, en particular en los primeros años de la década de los noventa, los grandes medios de comunicación desataron una campaña en contra del proyecto de reforma constitucional de 1992 porque se reconocía en uno de los artículos el derecho a réplica. En última instancia, los grandes grupos mediáticos querían impedir a toda costa cualquier cambio a su modus operandi. Ante las presiones ejercidas por el Bloque de Prensa y las Cámaras de Radio, reforzada por apoyos externos —Sociedad Interamericana de Prensa y Asociación Interamericana de Radiodifusión—, adecos y copeyanos decidieron “engavetar” el proyecto, esto es, guardarlo en el cajón. Recordemos que con posterioridad la principal bandera del chavismo para llegar al poder será la aprobación de una nueva Constitución cónsona con los deseos de cambio de la gran mayoría de la población y las transformaciones conocidas por el país (Rámos Jiménez, 2002: 17-20).

En suma, durante cuatro décadas hay una historia de interrelaciones, tensiones y conflictos entre los medios de comunicación y los políticos. El asunto cambia de cariz transcurrido el primer año del mandato de Chávez.

Chávez y los medios de comunicación privados

Hugo Chávez se quejó de la actitud de los grandes medios después de salir de la cárcel, luego de su participación en el fallido golpe de Estado del 4-F de 1992. Sin embargo, años después, al abandonar la campaña abstencionista y concurrir a las elecciones de 1998 la situación cambió (Blanco Muñoz, 1998: 416-417). Como líder mediático enseguida fue foco de atención al ser portador de un discurso ampliamente compartido. No sólo era un outsider que rompía con el establecimiento, algo en sí noticioso, sino que el ex teniente coronel generaba muchas expectativas en cuanto a una transformación fundamental del país postergada por el liderazgo partidista durante mucho tiempo (Marcano y Barrera Tyszka, 2006).

No es de extrañar, por tanto, que durante la campaña electoral de 1998, aunque los medios no actuaron de manera uniforme, varios le apoyaran y otros le diesen un buen tratamiento. Son ilustrativos los casos del diario El Nacional, uno de los principales periódicos venezolanos, y el poderoso grupo Cisneros, propietario del canal Venevisión. Y una vez en el poder, consciente del poder de los medios y de su influencia en las clases medias y altas, Chávez incorporó a personas del mundo de la comunicación al Ejecutivo, y también propuso a otras para la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Tiempo después, el Presidente reconoció lo que parecía evidente en los primeros compases de su

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gobierno: tendía puentes con ciertos sectores de las clases medias y medios de comunicación (Harnecker: 2002: 153). El inicio de su primer periodo presidencial (1999-2000) constituyó el momento de la “luna de miel” de Chávez con los medios privados. Pero en pocos meses el deterioro fue manifiesto.

A partir de cierto momento, Chávez dijo basta y decidió sustituir el debate y el uso del derecho a réplica por un discurso virulento y faltón contra determinados medios y periodistas. Se instaló así en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, un estilo peligroso en un contexto democrático. La espiral acción-reacción no se hizo esperar. Para la segunda mitad del año 2001, la casi totalidad de los medios más importantes se habían posicionado en contra del régimen (Poleo, 2002: 43). La excepción más relevante era la Cadena Capriles, editora del tabloide popular Últimas Noticias y el vespertino El Mundo. El primero de estos periódicos, que tiene la mayor circulación en el país y gran aceptación entre los sectores populares, ha mostrado bastante equilibrio si bien las simpatías de su director con el proceso de cambios en marcha han sido manifiestas. Se inicia así un periodo entre los medios de comunicación privados más importantes del país, con alguna excepción, y el Gobierno de Hugo Chávez presidido por los conflictos, variando su intensidad en función de la coyuntura (Díaz Rangel, 2002). En los primeros años de su mandato, tal y como señalara el director del diario Tal Cual, dichas relaciones se caracterizaron en los por “un acre y largo, casi permanente, desencuentro” (Petkoff, 2002: 89). Al respecto confluyen una nueva y arriesgada estrategia presidencial de combatir de manera frontal a los dueños de los medios de comunicación como el irrespeto e insultos de los que fue objeto Chávez a través de los medios (Tremamunno, 2002: 8-9).

Distintas hipótesis se han esgrimido para explicar el cambio que acabaría en ruptura en el año 2002. Algunos creen que muchos propietarios de medios se engañaron al pensar que podrían utilizar a Chávez como con anterioridad lo habían hecho con otros presidentes durante la etapa de Punto Fijo. Para otros, siempre existió una desconfianza recíproca y, como consecuencia, la alianza táctica inicial a partir de determinado momento dejó de servir los intereses de unos y otros (Marcano y Barrera Tyszka, 2006: 242-247).

Probablemente, ambas explicaciones son en parte válidas: los medios en el pasado habían defendido el orden establecido aunque favoreciesen ciertos cambios. Por otro lado, el Presidente propugnaba transformaciones de amplio alcance, radicales. De ahí que tales medios no le valiesen para alcanzar sus propósitos. De hecho, algunos testimonios de personas cercanas a Chávez durante el primer año dan cuenta de la disposición de éste a “dar la pelea” con los medios (Zago, 2002: 66).

No hay duda de que en una primera etapa influyeron factores como su formación militar e inexperiencia política así como su falta conocimiento del mundo de los medios. Es obvio que también contribuyeron al cambio los excesos cometidos por éstos. Ahora bien, la evolución de la situación muestra que en lo fundamental nos encontramos ante un Presidente dispuesto a asumir la relación desde la confrontación para seguir adelante con su proyecto de cambios radicales. Si esta tesis es correcta, entonces las voces críticas o disidentes serían “contrarrevolucionarias” (Petkoff, 2002: 91).

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El deterioro de las relaciones llegó a su punto álgido durante el breve golpe de Estado en abril de 2002. Hasta ese momento, los enfrentamientos habían ido in crescendo debido a un discurso presidencial agresivo y polarizador, a algunas acciones de las élites en el poder alejadas del reformismo incluyente, que entonces ingenuamente muchos sectores medios confiaban que se aplicaría, y a las denuncias de corrupción que empezaban a salpicar al Ejecutivo. A ello hay que añadir un quehacer mediático que desprestigiaba y desnaturalizaba, cuando no negaba, algunas realizaciones gubernamentales. En algunos sectores del mundo de la comunicación se iba más lejos al alentar la salida de Chávez incluso sugiriendo su derrocamiento (Ellner, 2004: 22).

En suma, la polarización política provocó que diversos medios promovieran acciones desestabilizadoras y golpistas, al margen de apoyar otras opciones legales para sacar a Chávez del poder. Se entiende así su protagonismo durante el período convulso de los años 2001-2004. El Presidente llegó a denominar a los dueños de los cuatro principales medios que se le oponían “los cuatro jinetes del Apocalipsis” (los periódicos El Nacional y el Universal y los canales de televisión Venevisón y Globovisión). Es cierto que las posiciones de éstos no eran monolíticas, pero la conjunción de fuerzas se pudo advertir al menos en dos momentos claves. El primero durante el golpe de Estado, guardando silencio frente a la ruptura del orden constitucional. El segundo de ellos tuvo lugar con motivo del paro económico-petrolero (diciembre 2002-enero 2003). Lo que inicialmente iba a ser un paro de cuarenta y ocho horas pasó a prolongarse “por tiempo indefinido” debido a la estrategia desplegada por empresarios del mundo de la comunicación (Cañizález, 2009: 67-71). Al efecto, la crisis de las organizaciones políticas facilitó que algunos medios ocuparan gran parte su espacio, al extremo de comportarse como auténticos partidos e imponiendo la agenda a las fuerzas de oposición durante varios años.

Existe consenso entre expertos de la comunicación en que tras el regreso de Chávez al poder en abril de 2002 se produjo un punto de inflexión en la estrategia comunicativa del Estado2. El oficialismo tomó mayor conciencia de la necesidad de adoptar medidas para controlar los excesos (y la agenda) de los medios privados a la vez que decidió construir un emporio comunicacional. Posteriores maniobras fallidas de la oposición allanaron el camino al Ejecutivo para aplicar un conjunto de medidas que transformarían el sistema de medios. Antes del referéndum revocatorio presidencial de agosto de 2004 el Presidente había alcanzado un modus vivendi con Cisneros (dueño de Venevisión) y, después de su victoria en dicho referéndum y posterior consolidación en el poder, enfrentó con decisión el pulso de otros grupos de comunicación. Desde entonces las relaciones han sufrido una profunda mutación.

Un importante instrumento utilizado por el Ejecutivo ha sido la aplicación progresiva de un marco regulatorio y legal considerado indispensable para establecer unas reglas de juego claras en materia de horarios, publicidad, producción, contenidos, veracidad de la información, etc. Asimismo, se ha procurado avanzar en la democratización del espacio radioeléctrico,

2 Véase El Nacional, Caracas, 27 de mayo de 2007, Siete Días, pág. 1.

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incrementar la responsabilidad y reorientar algunos de sus cometidos, con el fin de que los medios cumplan ciertas funciones educativas, culturales y sociales.

Entre la batería de medidas usadas, que han tenido también un componente político, se encuentran las providencias administrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y el cobro de cuantiosas multas a varios medios privados en coyunturas específicas por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

A lo anterior habría que sumar dos medidas que han generado mucha polémica: la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la reforma del Código Penal. La primera, en vigor desde diciembre de 2004, contiene aspectos positivos respecto a la protección de los menores, la objetividad de las noticias o el uso del lenguaje. Igualmente, favorece la programación nacional y a los productores independientes. En un país en el que la televisión ha sido considerada como mero entretenimiento y un producto de consumo muy trufado por las grandes series estadounidenses, la violencia, los programas chabacanos e informativos con elevadas dosis de manipulación y la tergiversación de noticias en muchas ocasiones, se entienden los esfuerzos por revertir dicha tendencia. Además, la nueva propuesta tiene el interés añadido de dotarla de ciertos contenidos culturales. No obstante, algunas indefiniciones en el articulado dejan abierta la puerta a la arbitrariedad y a los desmanes del Directorio de Responsabilidad, compuesto en su mayoría por integrantes de organismos del Estado, a la hora de aplicar la ley e imponer sanciones a los infractores.

En segundo lugar, se procedió a una reforma parcial del Código Penal, vigente desde marzo de 2005, que recoge ciertas figuras delictivas destinadas a atajar los excesos en el uso de la libertad de expresión, de acuerdo a la interpretación de los oficialistas. Así por ejemplo, opiniones o manifestaciones en contra de funcionarios públicos (Presidente, Vicepresidente, Magistrados, miembros de los Poderes Públicos, etc.) que sean consideradas una ofensa tienen una pena de seis a treinta meses de cárcel. Además, se amplía el número de expresiones que pueden ser consideradas delito por un juez y las penas por desacato y vilipendio contra funcionarios públicos.

El Estado-comunicador

El comunicólogo venezolano Marcelino Bisbal ha acuñado el término Estado-comunicador para describir la estrategia desplegada por el Ejecutivo, en particular a partir de los sucesos de los años 2002-2003, destinada a crear una plataforma mediática que contribuya a modificar la correlación de fuerzas entre los medios públicos y privados.

Existe un obvio interés en hacer más visibles los logros del proyecto chavista dentro y fuera del país. Además, dicha estrategia se concibió para contrarrestar el discurso y las acciones de las fuerzas consideradas, en la lógica gubernamental, volvemos a subrayarlo, como "contrarrevolucionarias” (Bisbal, 2006). Según la tesis que se ha impuesto entre los chavistas en los últimos años, en el país se estaría librando una “guerra mediática” ya que determinados medios privados, en alianza con otras corporaciones internacionales del sector, estarían al servicio de los intereses de Estados Unidos. De ahí la necesidad de llevar a cabo iniciativas comunicacionales que

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sirvan de contrapeso a la matriz de opinión negativa sobre el proceso de cambios en marcha que diferentes medios han contribuido a generar. Con un lenguaje propio del mundo militar, se llama a identificar a los enemigos de la nación y a utilizar contra ellos los “cañones comunicacionales” de los que se han ido dotando los oficialistas.

Al margen de varias reformas y acciones legales adoptadas, ya señaladas y sobre las que volveremos más adelante, se ha establecido una amplia estructura estatal de medios. Debe tenerse en cuenta que cuando el chavismo llegó al poder los medios públicos tenían baja audiencia y atravesaban por problemas similares a los de otras entidades públicas, entre otros limitación de recursos y escasa calidad. Además, eran pocos: el canal público Venezolana de Televisión, (VTV), dos frecuencias de RNV y la Agencia Venezolana de Noticias (Venpres). En unos años el gobierno ha pasado a contar con una importante plataforma de comunicación reforzada por otros medios que no son de propiedad estatal pero que surgen bajo su impulso y financiación, sin olvidar los que simpatizan con el proceso de cambios en marcha. El cambio no tiene parangón en la historia del país ni tampoco en América Latina (Bisbal, 2007: 658).

Con el impulso de un sistema nacional de medios públicos se busca, en parte, vencer el “cerco mediático” de los privados, facilitando, en principio, el acceso de los ciudadanos a una información más plural y responsable. A tales efectos, el Gobierno ha dotado a los diferentes medios de determinadas funciones que incluso en ocasiones han actuado de modo coordinado, como por ejemplo sucedió durante las elecciones de alcaldes y gobernadores celebradas en noviembre de 20083. No obstante, el objetivo de los oficialistas trasciende la mera prestación de un servicio público de calidad, de hecho esto pareciera secundario en la actual coyuntura. Antes bien, la amplia red mediática estatal está al servicio del nuevo modelo sociopolítico más que en la etapa anterior. Antes de entrar en ello, describiremos de manera breve la expansión de los medios públicos. Televisión

En la actualidad existen seis canales a los que se les han asignado diferentes roles. Así, en el año 2003 se creó Vive TV (Visión Venezuela) un canal comunitario y cultural, con espacios de entretenimiento. Vive TV surgió en un momento en el que el canal estatal VTV se mostraba incapaz de defender la revolución, de contrarrestar las arremetidas de los medios privados. De ahí que el Ejecutivo optase por un nuevo canal capaz de hacer de caja de resonancia del proceso de cambios en marcha. Al respecto, aquél se entiende como un espacio de participación abierto a las comunidades y a la gente humilde que tenían escasísima presencia en los canales privados comerciales4.

El chavismo también se ha dotado de un canal de noticias de alcance internacional, TeleSUR (2005), en el que también participan otros países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua). Esta emisora de televisión fue ideada para difundir el proyecto bolivariano, promover

3 http://www.minci.gob.ve/noticias-minci/1/186245/sistema_nacional_de.html.

4 No sólo se considera un espacio abierto para que la gente corriente exprese sus opiniones y

muestre sus realizaciones, sino que también es una cadena popular ya que las propias comunidades y productores independientes participan con sus trabajos.

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la integración latinoamericana y contrarrestar la preponderancia de medios de comunicación externos a la región, en particular de los estadounidenses.

En años sucesivos se fundaron otros canales. Para divulgar los temas parlamentarios y fomentar la consulta ciudadana, se creó el canal Asamblea Nacional Televisión (ANTV, 2005). También se instituyó un espacio de expresión de la cultura urbana y los movimientos sociales: el canal Ávila TV (2006), dependiente de la Alcaldía Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas. Por último, en mayo del año 2007 inició sus transmisiones la Televisora Venezolana Social (TVes), por el canal que hasta su salida del aire había ocupado Radio Caracas Televisión (RCTV), con una programación centrada en temas culturales y de entretenimiento.

Radio

Las actuaciones oficialistas también se han extendido al mundo de la radio, debido al elevado seguimiento que este medio de comunicación tiene en el país. En la actualidad, el Ejecutivo controla varias emisoras de alcance nacional bien de manera directa (Radio Nacional) o a través de grupos o personas afines, entre los que cabe destacar YVKE Mundial (emite en Caracas, Zulia, Mérida y Margarita) y Radio Rumbos (propiedad del grupo económico del empresario Wilmer Ruperti).

Por otro lado, en febrero de 2010 nació oficialmente La Radio del Sur. Integrada por más de 100 emisoras latinoamericanas y algunas de países de África y Asia5, en teoría se concibe como un instrumento para la integración de los pueblos del Sur y pretende dar voz e incorporar a sectores excluidos del sistema capitalista. Es pues una herramienta más para ganar espacios culturales y avanzar en la batalla de las ideas en el campo de la comunicación, en particular frente a la información proveniente de EEUU. Y constituye una pieza más del proyecto comunicacional integracionista que se impulsa por los chavistas. Periódicos

Respecto a la prensa escrita, el Gobierno influye en diversos periódicos poco relevantes y revistas. Además, ha buscado contar con un rotativo oficial de referencia sin haberlo logrado hasta la fecha. En los inicios del mandato de Chávez se fundó “El Correo del Presidente”, periódico que apenas duró unos meses6. Varios años después se puso en marcha el Diario VEA (2003), dirigido por Guillermo García Ponce, izquierdista venezolano que participó a finales de los años cincuenta en las luchas ideológicas y conflictos armados, y hoy defensor del régimen chavista.

Más recientemente, en agosto de 2009, el Presidente relanzó “El Correo del Orinoco”, periódico que circuló entre 1818 y 1822 bajo el aliento del prócer independentista Simón Bolívar. Si el histórico diario fue creado para oponerse a la influencia de algún medio de las tropas realistas, el nuevo Correo ha sido concebido como un instrumento de la mencionada “guerra mediática”.

5 El 60% de la programación se produce en los estudios de la Radio del Sur en Caracas y el

resto de los espacios es elaborado por las emisoras que participan en el proyecto. 6 Según el propio Chávez tenía buenos diseño y mensaje pero era muy oficialista. Además, se

cometieron errores de distribución (su circulación no parece que sobrepasara los 20.000 ejemplares) y de gestión. Con todo, el Presidente considera que cumplió una tarea importante (Harnecker, 2002: 163).

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Asimismo, también en ese mismo mes se lanzó el periódico Caracas CCS. Si nos atenemos a lo declarado, los oficialistas tratan de hacer periodismo con las comunidades y las diversas formas de organización social, difundir sus experiencias y hacerlas participes del proyecto.

Adicionalmente, la antigua Venpres se convirtió en la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), agencia que mediante acuerdos con otras ha extendido su proyección internacional. Por si fuera insuficiente la red comunicacional descrita, ésta ha sido potenciada por la Red Digital del Ministerio de Comunicación e Información que incluye páginas web de entidades y medios públicos, grupos que asocian a productores independientes de radio y televisión y el boletín Ven-Global News que brinda información sobre país en el exterior (Bisbal, 2007: 659).

¿Hegemonía comunicacional o imposición de un modelo?

El periodista Andrés Izarra, entonces ex ministro de Comunicación e Información y director de Telesur, lo expresó muy claro a comienzos del año 2007: había que establecer la “hegemonía comunicacional e informativa” para construir el socialismo7. Conforme a la concepción gramsciana, se trataba de promocionar el pensamiento y los valores socialistas de modo que éstos predominaran sobre los capitalistas —justo lo contrario de lo que sucede en la actualidad—. Se descartaba la vía violenta y se apelaba a la discusión y el convencimiento de unos grupos sobre otros.

Para ello, la estrategia en términos ideológicos y culturales pasaba por la conformación de un sistema de medios públicos, la democratización del espacio radioeléctrico, la creación de una red de medios comunitarios y alternativos y el impulso de la producción independiente, aspectos todos ellos que los chavistas habían incorporado a su propuesta global tras apostar por la radicalización de su modelo sociopolítico, de manera clara a partir del otoño de 20048.

La experiencia de estos últimos años evidencia que más que a la construcción de hegemonía, en los términos referidos, se está procediendo a la imposición de un modelo que, en parte, se está traduciendo en un mayor control sobre los medios y las comunicaciones, no siempre de manera pacífica —física o simbólica—.

Lo anterior tiene mucho que ver con los resultados de la estrategia anunciada, que no han sido los esperados. Sin duda, hoy el Ejecutivo cuenta con más y mejores instrumentos para informar de su labor, pero cuenta con unos índices de seguimiento bajos o muy bajos. Así, las televisiones públicas apenas superan en el mejor de los casos el 5% de audiencia, según datos de 20099, los periódicos oficialistas tampoco cuentan con muchos lectores, manteniéndose a duras penas gracias a la financiación estatal. Y la radio es más seguida, pero su programación es irregular y debe asumir la carga pesada de transmitir el mensaje oficialista, que en muchos casos es mera propaganda.

7 El Nacional, 8 de enero de 2007, pág. A/4.

8 Véanse, por ejemplo, el documento “La nueva etapa y el nuevo mapa estratégico” (2004) y el

“Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista –PPS-. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013” (2007). 9 http://www.agbnielsen.com.ve/libro2009.

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En suma, hay más medios públicos pero falta el público, como en alguna ocasión viniese a decir Izarra. Eso explica que, por ejemplo, se hayan reforzado otros instrumentos de comunicación política en los que interviene de modo directo Chávez: Aló Presidente y las cadenas presidenciales.

El programa dominical Aló Presidente comenzó a emitirse por radio a partir de mayo de 1999, medio en el que Chávez se mueve como pez en el agua10. Desde agosto de 2000 se transmite por el sistema de medios públicos de radio y televisión y ha superado las 350 ediciones, tras más de una década en antena y haber atravesado distintas etapas. Con el transcurso del tiempo, los costes se han incrementado notablemente. Se estima que los 52 programas del año 2008 ascendieron a unos 2,8 millones de euros, obligando a introducir cambios en materia de producción y su extensión en la contratación de personal11.

En este espacio el Presidente establece una comunicación directa con los sectores populares durante varias horas12. El formato del programa facilita que se pasen revista a las acciones del Gobierno y a los problemas del acontecer nacional e internacional. Asimismo, Chávez lo utiliza para hacer anuncios, comunicar medidas del Ejecutivo, de las que sus ministros o responsables pueden enterarse en ese momento, y realizar declaraciones sobre temas diversos que tienen un amplio eco. Además, en el programa hay lugar para la intervención en directo de altos miembros del gobierno, personalidades venezolanas y extranjeras, así como para las llamadas de ciudadanos, previamente filtradas.

Obviamente, dado su estilo y el efecto que se busca, no son infrecuentes las anécdotas, los relatos, las recitaciones y los cánticos presidenciales para llegar a los estratos más humildes y establecer/mantener un vínculo directo con ellos, aprovechando la ocasión para educarlos e impregnarlos de ciertos valores e ideales. Tampoco faltan las provocaciones a los adversarios recurriendo en ocasiones a una retórica fascista, esto es, al uso de técnicas propagandísticas utilizadas históricamente por el fascismo (Muñoz, 2008: 91). Todo el conjunto de factores descritos unido a la situación del país ayudan a entender por qué durante bastante tiempo sus mensajes dominaron los titulares de los medios y gran parte de la agenda de los actores políticos a comienzos de la semana siguiente. No obstante, en la actualidad carece de la audiencia de antaño.

Las conocidas cadenas presidenciales han sido otra de las herramientas importantes utilizadas por Chávez. Éstas consisten en emisiones conjuntas y simultáneas en todas las emisoras de radio y canales de televisión del Jefe del Estado. Legalmente, tanto el Presidente como los miembros de su gobierno pueden dirigirse a la población para informar de asuntos de la máxima importancia y urgencia. Como en tantos otros ámbitos, se ha producido una ruptura respecto al modelo de Punto Fijo.

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Chávez inició su andadura en los medios justo al llegar a la presidencia con el programa semanal de televisión “De frente con el presidente”, transmitido en vivo, con público y llamadas al estudio. El programa fue efímero ya que, según confesión del protagonista, comenzó “a hacerse muy pesado y a perder audiencia” (Harnecker: 2002: 163). 11

Véase: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/24/comunicacion/1243195527.html. 12

Hasta la fecha, el record lo tiene el programa nº 295, efectuado el 23 de septiembre de 2007, en el Complejo Petroquímico “El Tablazo” ubicado en el estado Zulia, con un tiempo de 8 horas y 7 minutos. En dicha oportunidad, el tema fue la “Revolución Petroquímica”. Véase http://www.alopresidente.gob.ve/historia/28/1633.

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En efecto, durante la etapa anterior las cadenas también fueron empleadas por otros presidentes, pero en un contexto diferente y con un alcance mucho más limitado. En el actual periodo chavista, su número y duración ha oscilado, pero los datos muestran de manera inequívoca su uso desproporcionado (véase cuadro nº 1). Durante el periodo 1999-2009 se contabilizan más de 1.800 cadenas, equivalentes a más de 1.150 horas. El 46% de las apariciones del Jefe del Estado fueron en horario de máxima audiencia (de 18 a 24 h.).

Cuadro nº 1. Cadenas presidenciales 1999-2009

Año Nº de cadenas

Minutos por año

Minutos en Prime Time

2009 142 8668 3269

2008 187 10395 4377

2007 163 7444 3706

2006 182 5507 2719

2005 215 6549 2587

2004 374 7440 4154

2003 198 10092 4976

2002 159 4669 1779

2001 118 7078 3275

2000 146 6511 2785

1999 86 4238 2029

Total 1828 69923 32387

Fuente: http://www.agbnielsen.com.ve

A la desnaturalización inicial, debido a la escasa o nula cobertura informativa de la vida pública oficial que realizaban los medios opuestos al Gobierno, se ha sumado la radicalización del régimen y la apuesta por un modelo socialista confuso —El Socialismo del Siglo XXI—. En suma, se han convertido en una clara herramienta político-comunicacional si bien con impacto decreciente (Oropeza y Carrasquero, 2007), algo que muestran recientes mediciones de la encuestadora AGB Nielsen, que sitúa los niveles de audiencia por debajo del 2,5%13.

Es obvio que el liderazgo en las comunicaciones también requiere penetrar las comunidades pobres y humildes toda vez que los sectores populares son mayoritarios y constituyen las principales bases sociales del chavismo. Los medios comunitarios y alternativos son a la vez herramienta y resultado de la concepción participativa de la democracia contenida en la Constitución de 1999. Antes de 1998 existían este tipo de medios, pero convivían a duras penas con el poder. Ha sido en los últimos años cuando han tenido un desarrollo significativo, en particular tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) y la aprobación del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público (2001). Además, hay episodios críticos, como los sucesos de abril de 2002, en los que algunos medios comunitarios jugaron un rol importante en la difusión de información y posterior movilización de las bases chavistas. El Ejecutivo, pues,

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Según dicha encuestadora, el promedio de share del programa Aló Presidente está en torno al 2,4%. Por su parte, la cadena número dos mil fue vista por sólo el 2%. Véase Tal Cual Digital, 26 de marzo de 2009, Avance (http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=33397&secid=28).

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estaba en deuda con ellos. A ello se sumó la posterior estrategia de construir desde arriba apoyo para legitimar e impulsar los cambios.

Sin lugar a dudas, la ayuda estatal (formación, infraestructuras, proyectos, etc.) ha contribuido al crecimiento de radios, televisiones y portales de internet. También se han beneficiado de los ingresos provenientes de la publicidad oficial. Según algunas estimaciones, en el año 2008 el número de medios alternativos y comunitarios pudo situarse en torno a los 600 frente a los 450 existentes a finales del año 2007 (PROVEA, 2008: 292). La manera en cómo se ha procedido a distribuir la financiación pública y se han otorgado las frecuencias ha llevado aparejado que se les considere medios para-estatales (Provea, 2008: 293). En suma, la visión extendida es que la gran mayoría de los medios comunitarios y alternativos están con el Gobierno, aunque no mantengan una línea uniforme en lo político. Bien es cierto que no faltan los medios críticos o independientes (Human Rights Watch, 2008: 144-145).

Pero conviene no confundirse, las acciones del Ejecutivo no se han limitado al intento de lograr la primacía comunicacional mediante una red de medios públicos y para-estatales. Diversas acciones se han emprendido para influir en la línea editorial y la programación de los medios contrarios al proyecto de Chávez. Como consecuencia, se ha debilitado la libertad de expresión.

La importancia que han tenido unas u otras medias ha oscilado en consonancia con la evolución del régimen de Chávez. En los primeros años, fruto de un ambiente polarizado, las agresiones, intimidaciones y ataques tanto a periodistas como a sedes de medios privados fueron constantes; en los últimos años, dichos hechos parecieran haber remitido. Investigaciones de ONGs muestran que el Estado estuvo involucrado de una u otra manera en la mayoría de las acciones (Provea, 2009: 265). En particular, se ha destacado que las violaciones estatales han sucedido recurriéndose a instrumentos legales o administrativos así como al hostigamiento verbal (INVESP, 2009: 33). En otros casos, es obvio que la propia situación polarizada, los errores y los excesos de ciertos medios así como el discurso presidencial han influido en determinados comportamientos contrarios a la libertad de expresión.

Por otro lado, el Ejecutivo también ha utilizado varios instrumentos económicos. En un país en el que el Estado pesa tanto, la publicidad oficial tiene un impacto fundamental en la cuenta de resultados de los medios. A ello hay que sumar el control de cambios establecido en febrero de 2003, el cual ha dotado al Ejecutivo de una potente arma política para asignar las divisas tan necesarias para la supervivencia y viabilidad de los medios.

A lo anterior hay que añadir la limitación al acceso a la información pública, derecho reconocido en la propia Constitución que no ha sido objeto de desarrollo legal y que además es contraria al tan cacareado discurso favorable a una mayor accesibilidad a la información por parte de los ciudadanos y los profesionales de los medios. Las restricciones han afectado a la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos básicos de los regímenes democráticos (Human Rights Watch, 2008: 76, 119-125).

Aunque el impacto de los mecanismos referidos no puede obviarse, la normativa legal ha sido más eficaz y ha ocasionado un menor coste político al Ejecutivo. No sólo ha contribuido a contener el libertinaje de ciertos medios sino que también ha provocado la autocensura. Basta por ejemplo revisar la programación de los principales canales de televisión para comprobar que gran

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parte de los programas y/o periodistas más críticos han desaparecido. La conclusión es obvia: los medios han entablado acuerdos, han querido evitar las sanciones o no ser objeto de represalias gubernamentales.

En efecto, en otra sección ya describimos algunos de los cambios legales. Más allá de sus efectos beneficiosos, lo cierto es que varias medidas han sido cuestionadas por su impacto negativo para la libertad de expresión. Así, han sido destacadas las extralimitaciones del Gobierno al aprovecharse de la denominada Ley de Responsabilidad Social. Para algunos especialistas críticos, la ley es un atropello y busca sobre todo obligar a los encadenamientos y a la retransmisión de los mensajes oficiales sin límite de tiempo y sin la posibilidad de alterarlos en lo más mínimo. Se busca así impedir sucesos como los de abril de 2002 (Pasquali, 2007: 271). Al margen de ello, lo cierto es que varias disposiciones están redactadas en términos excesivamente amplios e imprecisos sobre la incitación a la violencia, el incremento significativo de las sanciones y la indefensión de los medios frente a las intromisiones del Ejecutivo ya que éste cuenta con mayoría en la agencia supervisora del cumplimiento de esta ley, CONATEL (Human Rights Watch, 2008: 106-119).

Asimismo, ha surtido efecto la reforma del Código Penal que amplía las leyes de desacato que penalizan expresiones que atentan contra el honor de instituciones y funcionarios públicos —de hecho hay un mayor número de funcionarios que pueden recurrir a procesos por desacato—. Y el endurecimiento de las penas económicas y de cárcel también ha sido disuasorio y ha dado lugar a varios procesos.

No obstante, hasta donde sabemos, mientras que algunos periodistas o medios han sido multados ninguno ha tenido que ir a prisión por comentarios realizados en los medios, sólo un militar claramente posicionado en contra del Gobierno, el General retirado Francisco Usón (Human Rights Watch, 2008: 86-106). Conviene destacar que las disposiciones sobre desacato fueron consideradas constitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia en julio de 2003 alejándose así el país de las normas internacionales sobre libertad de prensa. Las concesiones radioeléctricas y televisivas igualmente han sido instrumentalizadas por el Ejecutivo. Formalmente, éste se ha escudado en la necesidad de que se respeten la Constitución y las reglas de juego. Del mismo modo, ha apelado a la democratización del denominado “latifundio mediático”. La práctica ha sido menos apegada a Derecho y se han impuesto los fines políticos. Sin duda, el caso de RCTV es el más paradigmático en años recientes.

Como se sabe, el Gobierno no renovó la concesión para la transmisión por señal abierta del canal más emblemático y con más audiencia del país, en parte gracias a sus telenovelas ampliamente seguidas por los sectores populares. Además, esta cadena era una de las más críticas. Con independencia de la facultad que posibilita al Ejecutivo renovar o no los derechos de emisión a este canal, que en el pasado ya había sido cerrada y amonestada ocasionalmente por la transmisión de ciertos contenidos, es imposible no ver en ello un ajuste de cuentas por su participación en eventos que le había hecho merecedor de los calificativos de golpista y desestabilizador por el oficialismo.

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Recuérdese que otros medios privados importantes también se habían significado en contra de Chávez, pero alcanzaron un entendimiento con el Gobierno, de ahí el doble rasero que pareciera haberse aplicado. A tal discriminación se suma la incautación de los equipos de transmisión y la ausencia del proceso debido ya que el Presidente anunció la controvertida medida en diciembre de 2006 que con posterioridad los miembros del Ejecutivo trataron de justificar. Tras el vencimiento de la concesión en mayo de 2007, RCTV pasó a emitir su señal por cable. Un nuevo canal público TVes pasó rápidamente a ocupar su espacio. El Gobierno asumió un elevado coste político por su acción, pero mostró a otros canales que cuenta con un potente instrumento para limitar las críticas y/o contener los excesos.

Las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo en contra de algunos medios privados no pueden sino entenderse a tenor del avance de la radicalización del régimen y la fuerte contestación que suscita. A principios de agosto de 2009, CONATEL decidió revocar la concesión a 34 emisoras de radio por entender que funcionaban al margen de la legalidad. Desde las filas oficialistas dichas acciones se consideran necesarias para regularizar las concesiones del espectro radioeléctrico y la democratización de su uso facilitándose con ello lo que entienden es una “verdadera libertad de expresión”.

Lo cierto es que un año después, sólo una de las emisoras más importantes, perteneciente al Circuito Nacional Belfort (CNB), había sido reasignada, a una institución pública: la Asamblea Nacional. Del resto nada se sabía. Eso sí, de nuevo el proceder del Ejecutivo generó más autocensura en el mundo de la radio. Por otro lado, aunque CONATEL anunció que “cerraría” otras cerca de doscientas emisoras, el impacto negativo de dicha decisión en la opinión pública y el eco internacional frenaron la adopción de más acciones ante la cercanía de las elecciones legislativas en septiembre de 2010.

Por otro lado, en los últimos años también se han abierto procedimientos administrativos a varios medios por la transmisión de publicidad que se considera genera angustia, miedo y pánico o incita al odio y a la violencia. En particular, a Globovisión se le han abierto varios procedimientos en menos de seis meses. Y el Gobierno se ha planteado en algunas coyunturas retirarle el permiso de emisión. En la actualidad este canal de noticias es el más crítico. En febrero de 2010 cambió a su polémico director general Alberto Federico Ravell, si bien éste continuó como accionista. La salida de Ravell, aunque admite diversas interpretaciones, favorece los intereses del Gobierno y podría contribuir a rebajar la presión sobre dicho canal si este finalmente cambia su línea de oposición frontal y desmedida, en no pocas ocasiones14. El Ejecutivo no pareciera estar en disposición de asumir el alto coste de un hipotético “cierre” así que es probable que ensaye otra estrategia a medio plazo.

Las providencias de CONATEL también han incidido en la regulación de la producción nacional. Con ello, se ha intentado poner orden en el sector de canales por suscripción con el fin de que cumplan con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Eso conlleva que incorporen a su programación mensajes institucionales de carácter oficial, cadenas, horarios protegidos, etc. Pues bien, en enero de 2010 se informó que de los 391

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Véanse las declaraciones en rueda de prensa de Ravell en las que dejó caer que varios altos cargos del Ejecutivo habrían pedido su cabeza aunque afirmó no tener pruebas, El Universal, Caracas,19 de febrero de 2010, pág. 1-2.

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canales por suscripción que transmiten su programación en Venezuela, 227 (58%) eran considerados Productores Nacionales Audiovisuales (PNA) y, por tanto, debían acatar la Ley15. Entre los canales por cable afectados estaba Radio Caracas Televisión Internacional, heredera de RCTV, televisión a la que el Gobierno no le renovó la concesión en 2007 como ya indicamos.

Al margen de que RCTV Internacional no cumpliese con los requisitos para ser considerado un medio internacional, el conflicto trasciende el plano de lo legal. Pareciera que existe cierto ensañamiento oficialista con el conglomerado de Empresas 1BC, propietario de dicho canal, que por cierto había ganado importantes cuotas de audiencia con celeridad y se había convertido en un referente crítico de las acciones del Gobierno. Para ello se recurrió a toda una batería legal. De otro modo, no se entiende que CONATEL haya desestimado su solicitud de inscripción como servicio de producción nacional audiovisual para poder reiniciar sus emisiones. Adicionalmente, el nuevo canal lanzado por dicho Grupo, RCTV Mundo, tampoco había logrado, para en el momento de redacción de este trabajo, ser inscrito como servicio de producción audiovisual internacional ya que al entender del organismo regulador no se había probado que su programación no excediera el 29,99% de producción nacional.

Para los sectores más críticos, tales acciones obedecen a una estrategia puesta en marcha por el Ejecutivo en los últimos tiempos destinada a controlar la información y acallar las voces que disienten del oficialismo. A mayor abundamiento, el hecho de que se promoviese, sin éxito, un Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, en julio de 2009, que castigaba con penas de cárcel todos los “delitos mediáticos”16, corroboraría la tesis del cerco que se quiere imponer desde los poderes públicos a la libertad de expresión e información en un contexto de debilidad institucional, ausencia de una oposición articulada y existencia de unos medios públicos que serían meros aparatos de propaganda.

Frente a tal proceder, muchos ciudadanos y periodistas han optado por informar y celebrar debates en las redes sociales que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, en particular Internet (Facebook, Twitter, etc.). Así, por ejemplo, cuando CONATEL decidió que RCTVI debía cesar sus emisiones y ajustarse legalmente a la condición de productor nacional, miles de internautas venezolanos, acompañados por otros fuera del país, protestaron contra una medida que entendían cercenaba las libertades.

Inicialmente, Chávez descalificó a quienes utilizan dichas redes sociales para protestar y divulgar falsos rumores. Con posterioridad, el Presidente ordenó a sus seguidores incrementar su presencia en Internet al entender que había que dar la batalla en todos los espacios. Seguidamente, Chávez pidió regular Internet y la TV por suscripción, además de volver a la carga contra Globovisión, ante los excesos que se cometen en el uso de la libertad de expresión17.

Sin embargo, al final el Presidente fue mucho más hábil y cambió de estrategia para enfrentar a los que le acusan de cercenar las libertades: poner su inigualable talento comunicador al servicio de la causa chavista mediante un

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Véase El Universal, 22 de enero de 2010, pág. 1-6. 16

http://www.eluniversal.com/2009/07/29/ProyectoLeyEspecialDelitosMediaticos.pdf 17

Véase http://www.eluniversal.com/2010/03/13/pol_ava_chavez-pide-regular_13A3581291.shtml

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uso intensivo de Twitter, hecho que se produjo a finales de abril de 2010 (@chavezcandanga)18. Como era esperable, en pocos días tenía miles de seguidores. Una muestra más del cyberpopulismo instalado en el Palacio de Gobierno.

Por otra parte, como hemos señalado, le asisten razones al Presidente en algunos casos para endurecer su discurso frente a los dueños de varios medios, pero enseguida surgen las dudas sobre los excesos. Hay que tener en cuenta que, además de la potenciación de la comunicación estatal y ciertas acciones legales y no legales para reglar las relaciones entre el poder político y el mundo de los medios, durante el mandato de Chávez, se ha producido un proceso de renacionalización de las telecomunicaciones en el que el Estado domina el transporte de voz, de datos y de video. Y no sólo es regulador sino también operador. No sería de extrañar, por tanto, que en consonancia con el proyecto político en marcha, que empodera a la ciudadanía pero a la vez la controla mediante distintos mecanismos, se pretendiera establecer ciertos límites al uso de la red o que fuesen las propias comunidades las que decidieran en función de sus necesidades (Bisbal, 2007: 667-668). Y no es improbable que esto último al final se ajustara, en sus grandes líneas, al impreciso socialismo que se desea imponer.

En ese orden de ideas, no hay que olvidar los temores de despierta el proyecto de Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales (LOTISP), texto que, aunque inicialmente fue aprobado por el Gobierno, quedó “engavetado” en la Asamblea en el año 2008, cuando parecía que formaría parte del paquete de leyes aprobadas conforme a la Ley Habilitante de 2007 — otorgada por la Asamblea a Chávez—. De nuevo, quizás los cálculos electorales pudieron influir en la decisión de que finalmente no saliese a la luz pública. Si bien la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones en vigor permiten un acceso libre y plural al servicio y dicho proyecto contiene rasgos positivos, como dar mayor participación a las comunidades, centraliza el control de las comunicaciones, permitiendo que el Estado filtre los mensajes, y contiene un elevado margen de discrecionalidad (Benítez U., Vivas y Rodríguez, 2009: 16). En fin, un proyecto en línea con el modelo socialista (Suárez, 2008).

¿Hacia dónde va el sistema de medios?

Como hemos señalado, el Ejecutivo ha contribuido a exacerbar el conflicto sociopolítico mediante determinado tipo de discurso y acciones, lo que ha provocado reacciones por diversos grupos privados. Con todo, la relación de Chávez con los medios privados es compleja. Bien es cierto que algunos sectores del oficialismo, que han bebido en las fuentes del estalinismo o proceden del mundo militar, no saben convivir con las críticas y denuncias propias de regímenes demo-liberales y no aceptan que los medios sean uno de los principales instrumentos del control del poder, aunque en aquéllos en ocasiones incurran en excesos.

La situación sociopolítica de la última década ha obligado a la mayoría de los medios a tomar partido por una u otra causa. Por tanto, respecto a la etapa de Punto Fijo, el grado de paralelismo político se ha incrementado fruto

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En Venezuela, el término candanga se utiliza como sinónimo de candela, fuego. Suele hacer referencia a personas fuertes, combativas, inquietas e incansables.

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de acusado conflicto político y del papel de los medios en la vida política. Y eso, ciertamente, ha tenido un mayor impacto si cabe en la profesionalización de los medios. Dicha profesionalización pudiera sufrir un mayor deterioro con el proyecto de Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular ya que funciones desempeñadas en la actualidad por profesionales, así como por sus gremios, pasarían a manos de medios comunitarios guiados por otros objetivos, con el peligro de que además sean controlados en su mayor parte desde arriba, al estar construyéndose un nuevo modelo de relaciones sociopolíticas en el país.

Muchos chavistas consideran que, de no ser por el comportamiento de algunos influyentes medios privados, la aceptación del Presidente y su proyecto serían mayores. No obstante, la prensa escrita en general tiene una baja circulación. Sí tiene mayor influencia la radio y la televisión, en términos de audiencia dominada por grupos privados. No obstante, incluso aunque lograra un mayor control y eco de sus acciones el oficialismo, la construcción de una realidad virtual pudiera ganar o mantener apoyos por un tiempo, pero no de modo indefinido. De hecho, la pérdida de popularidad de Chávez, aunque ésta se mantiene en niveles altos, proviene en lo fundamental de la mala gestión de gobierno que se percibe con mayor fuerza tras la desaceleración económica, y posterior crisis, a partir del año 2008. Asimismo, los excesos radicales también están pasándole factura al Ejecutivo ya que la mayoría de los ciudadanos no apoya, hasta la fecha, un hipotético modelo socialista. Dichos factores se pusieron de manifiesto en las pasadas elecciones parlamentarias, en las que disminuyeron los apoyos al chavismo: aunque éste ganó a la oposición en número de escaños, perdió en términos de votos.

En la transición hacia el socialismo, obtener la supremacía comunicacional es vital para el chavismo. Pero es un proceso que requerirá tiempo. No sólo porque los medios públicos, a pesar de su incremento y modernización, tienen bajos ratings sino porque incluso la audiencia también es limitada de momento en los medios comunitarios y alternativos. Sí es cierto que mediante la aplicación de determinada normativa y otras acciones, no siempre ajustadas a derecho, el chavismo ha conseguido que su discurso penetre en más ámbitos sociales. Y otras acciones a medio plazo podrían incluso seguir cambiando la correlación de fuerzas en el sector de la comunicación y generar mayores niveles de autocensura. No obstante, la fuerte intervención pública en el campo de los medios, de momento, no ha arrojado todos los resultados deseados por las élites chavistas.

Desde hace años, organizaciones como Freedom House indican en sus informes que no existe libertad de prensa en Venezuela. Tal afirmación es extrema, en el país todavía existen espacios importantes para la crítica y el disenso. Sin embargo, no es menos cierto que la libertad de expresión se ha erosionado como pone de manifiesto en uno de sus informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009), institución que, huelga decirlo, no goza de las simpatías chavistas. Y si el gobierno pretende continuar radicalizando su proyecto necesitará adoptar entonces más medidas que faciliten un paisaje mediático uniforme.

Algunos teóricos han destacado dos rasgos de los sistemas de medios en países democráticos que sirven para constreñir o controlar el poder gubernamental: i) garantías constitucionales o convenciones que garantizan el acceso libre a la información política, ii) protección de los medios frente a la

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arbitrariedad del poder e institucionalización del pluralismo mediático (Mughan y Gunther, 2000: 4-5).

A tenor de lo descrito en el caso venezolano, en la actualidad, existe una amplia cultura demo-liberal en el país y diversos medios luchan porque se mantenga el pluralismo. A ello se suman las ineficiencias y errores oficialistas. Y, un factor que está adquiriendo más importancia y dinamismo es Internet y las redes sociales, en las que muchos grupos sociales han encontrado la escapatoria del control estatal y una vía para expresar sus desacuerdos, con los excesos que inevitablemente conlleva. Todo ello constituye un dique a las ambiciones chavistas de implantar un modelo socialista y, por tanto, introducir un nuevo sistema de medios.

Ahora bien, en los últimos años el chavismo ha encontrado una doble vía para seguir avanzando. Por un lado, ha usado diversos mecanismos para que los medios se ajusten a derecho y, como efecto derivado, se autocensuren. De otra parte, bajo el pretexto de acabar con el denominado “latifundio mediático” ha buscado erosionar las bases de apoyo opositoras para seguir impulsando cambios radicales y gobernar prácticamente sin controles.

No hay acuerdo entre los especialistas respecto a una definición del régimen chavista, pero sí muchos de ellos destacan el debilitamiento de las instituciones representativas y el avance del autoritarismo. Algunos autores consideran a Venezuela una democracia de baja calidad (Levine y Molina, 2007). Otros entienden que dada centralización del poder, la subordinación de poderes públicos a la voluntad del Presidente y la “intervención” de la arena electoral es más adecuado considerarlo un régimen autoritario electoral (Corrales, 2006; Kornblith, 2007). Por último, otros destacan las importantes transformaciones que se están produciendo en su naturaleza híbrida, esto es, combinación de rasgos democráticos y características autoritarias, en particular a partir de los años 2007-2008. Según esta interpretación, el régimen, lubricado por la renta petrolera, mostraría una marcada impronta populista (Arenas y Gómez, 2006) y pareciera haber emprendido el camino hacia un socialismo impreciso, poco o nada democrático y con rasgos típicos de experiencias socialistas fracasadas (Alvarez, 2007; Hidalgo, 2009; Maingon y Welsch, 2009).

Por tanto, desde una concepción demo-liberal, las perspectivas no son nada halagüeñas. De cumplirse las previsiones más pesimistas, si ganan los oficialistas en las elecciones presidenciales de 2012, las relaciones entre los medios y el régimen político sufrirán una profunda mutación toda vez que el proyecto sociopolítico —sostenido en la actualidad por una alianza que tiene entre sus principales componentes al Presidente y algunos grupos de izquierda radical así como a sectores fundamentales de la Fuerza Armada, la burocracia estatal y los estratos populares— propugna un sistema de medios muy diferente a los que existen en las democracias representativas. A medio plazo, sin embargo, no son previsibles cambios de tal calado. Más bien pareciera que se mantendrá el sistema de medios polarizado descrito sucintamente en este trabajo. Referencias Álvarez, A. E. (2007), “Venezuela 2007: los motores del socialismo se alimentan con petróleo”, Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, Vol. 27: 265-289.

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