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Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo

Eduardo Rey Tristán y Pilar Cagiao Vila (coords.)

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U N I V E R S I D A D E D E S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A

La historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por numerosos conflictos políticos y sociales, que han proporcionado tristes protagonismos a guerras o dictaduras de diverso tipo. En este contexto un país ha adquirido especial relevancia a escala internacional: El Salvador. Su largo ciclo dictatorial (1932-1979) concluyó entre 1980 y 1992 con la guerra civil más importante del continente en todo el siglo.

Las heridas que deja un conflicto militar de doce años son múltiples, y la Historia, el oficio del historiador o sus fuentes, no son indemnes a ellas. Contribuir a superar esta herencia ha sido una de las motivaciones de esta obra. En ella un grupo de especialistas procedentes de El Salvador, España, México, Italia y Estados Unidos analizan el pasado traumático salvadoreño en el contexto latinoamericano, con el objetivo de profundizar en su conocimiento y comprensión, y de reflexionar acerca del significado del conflicto, su memoria y el lugar que ocupa dentro de la sociedad salvadoreña actual.

CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”

IEHAA Instituto de Estudios Históricos,

Antropológicos y Arqueológicos Universidad de El Salvador

Confl icto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo

Eduardo Rey Tristán y Pilar Cagiao Vila (coord.)

Universidad de Santiago de Compostela, 2011

CONFLICTO, memoria y pasados traumáticos : El Salva-dor contemporáneo / Eduardo Rey Tristán y Pilar Cagiao Vila (coord.) ; [promovido polo Centro Interdisciplinario de Estu-dios Americanistas “Gumersindo Busto” e o Instituto de Estu-dios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos]. – Santiago de Compostela : Universidade, Servizo de Publicacións e Intercam-bio Científi co, 2011. – 325 p. : il. ; 17 x 24 cm. – Bibliogr.: p. 295-320. – D.L. C xxxx-2011. – ISBN 978-84-9887-383-2

1. El Salvador – Historia – 19º século. 2. El Salvador – His-toria – 20º século. 3. El Salvador – Historia – 21º século. I. Rey Tristán, Eduardo, coord. II. Cagiao Vila, Pilar, coord. III. Centro Interdisciplinario de Estudos Americanistas “Gumersin-do Busto”. IV. Universidad de El Salvador. Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos. V. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científi co, ed.

323(728.4)”18/20”

Esta obra se ha fi nanciado a través de la Acción Complementaria HAR2009-06516-E del Ministerio de Ciencia e Innovación.


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Presentación .......................................................................................................7

Abreviaturas .....................................................................................................13

Resúmenes ........................................................................................................15

Abstracts ..........................................................................................................21

PRIMERA PARTE. HISTORIA Y MEMORIA. AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA

Historiografía y memorias (activas). Debates desde la historia inmediata (medieval y contemporánea). Israel Sanmartín Barros ...........................................29

Memoria, política, violencia y presente en América Latina. Eugenia Allier Montaño ..............................................................47

Luces y sombras de la larga transición chilena (1990-2006). Maria Rosaria Stabili .......................................................................63

Conservación y olvido de los pasados incómodos en las sociedades contemporáneas. Lourenzo Fernández Prieto.........................................................95

La gestión de la memoria socio-política a través de la experiencia de un archivo sindical. Víctor Manuel Santidrián Arias...................................................121

SEGUNDA PARTE. CONFLICTO Y MEMORIA EN EL SALVADOR CONTEMPORÁNEO

Violencia legítima e ilegítima en El Salvador del siglo XIX: algunas refl exiones. Sajid Alfredo Herrera Mena ..................................................137

¿Rebelión comunista, indígena o subalterna? Estudio historiográfi co de los sucesos de 1932 en El Salvador. Rolando Vásquez Ruiz ......................................153

ÍNDICE

Índice

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La memoria de la “La guerra de las cien horas” ¿victoria o legítima defensa?. Ricardo Argueta Hernández .....................................................177

Los actores de la guerra civil salvadoreña. Alberto Martín Álvarez ......................189

¿Es la justicia el precio de la paz? Logros y limitaciones en el proceso de paz salvadoreño. Xiomara E. Lazo Fuentes y Eduardo Rey Tristán ..........211

Conservación y gestión de la memoria del confl icto armado salvadoreño. Georgina Hernández Rivas ..............................................................241

La memoria militante. Historia y política en la posguerra salvadoreña. Ralph Sprenkels ............................................................................255

Memoria e historia reciente en El Salvador. La necesidad de nuevos mitos en el presente salvadoreño. Jorge A. Juárez Ávila ............................275

Movimientos populares y elecciones en El Salvador, 1990-2009. Paul Almeida ..............................................................285

Bibliografía .....................................................................................................295

Autores ...........................................................................................................321

PRESENTACIÓN


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La gestión de la memoria socio-política a través de la experiencia de un archivo

sindical

Víctor Manuel Santidrián AriasFundación 10 de Marzo

1. La memoria que no cesa…

El 11 de septiembre de 2007, aniversario de tantos acontecimientos históricos, el diario madrileño El País insertaba la viñeta habitual del dibujante El Roto. En ella se podía leer: “La historia me juzgará, pero para mayor seguridad yo elegiré a los histo-riadores”. Esta crónica visual no es más que un refl ejo de la importancia que la historia (y la memoria) tiene en estas nuestras sociedades. Prueba de ello es la cantidad de películas o novelas históricas disponibles y la presencia en la prensa diaria de múlti-ples noticias sobre eso que se está llamando la recuperación de la memoria histórica; noticias que nos llegan de España y del resto del mundo. Ejemplos escogidos al azar de entre las muchas que aparecen en los rotativos son los siguientes. Nos llega noticia, por ejemplo, de que con motivo de las celebraciones del sesenta y cinco aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, emitió un juicio político ofi cial sobre la fi gura de Josif Stalin, al que consideró “cul-pable de imperdonables crímenes contra su pueblo”1; sabemos también de la desidia gubernamental sobre los sobre los archivos de la dictadura brasileña2. Las noticias son casi diarias.

Quizás porque nuestro tiempo es rápido, acelerado y poco apropiado para la refl exión, las iniciativas de recuperación de la memoria y el interés por la historia aparecen por doquier. Hay quien apunta que, por paradójico que parezca, en las de-mocracias occidentales la memoria podría estar amenazada “ya no por la supresión de información sino por su sobreabundancia” porque “arrojados a un consumo cada vez más rápido de información, nos inclinaríamos a prescindir de ésta de manera no menos acelerada”. Continúa TODOROV argumentando que “separados de nuestras

1 Pilar Bonet, “El presidente de Rusia condena a Stalin y lo declara culpable de crímenes imperdonables”, El País, Madrid, 08/05/2010. Poco después, las autoridades georgianas retiraban la estatua de Stalin de Gori, ciudad natal del líder soviético, al tiempo que declaraban que “Por sus acciones, Stalin no puede ser considerado georgiano”.

2 “Los archivos de la dictadura militar brasileña se pudren en un edifi cio de Brasilia”, El País, Madrid, 03/07/2010.

Historia y memoria. América Latina y España

Víctor Manuel Santidrián Arias

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tradiciones, embrutecidos por las exigencias de una sociedad del ocio y desprovistos de curiosidad espiritual así como de familiaridad con las grandes obras del pasado, estaríamos condenados a festejar alegremente el olvido y a contentarnos con los va-nos placeres del instante” (TODOROV, 2000: 14-15). Otros llegan a hablar de “empacho de memoria”3.

Ya en nuestro país nos enteramos de que hay quien pide que Franco desaparezca de la relación de jefes de gobierno que incluye la web del gobierno español4. Y para qué hablar del enorme impacto mediático del caso del juez Garzón, cuya presencia en internet supera el millón y medio de referencias. Volveremos más tarde.

2. … y tampoco el franquismo

Puede que detrás del caso Garzón esté el pacto de silencio que tanta tinta ha hecho correr. Hay quienes opinan que la Transición del franquismo a la democracia se hizo sobre la base del acuerdo tácito de no remover el pasado en aras de la reconciliación y la convivencia5. Evidentemente, no todos los estudiosos corroboran la existencia de ese pacto6. Sea como fuere, en los treinta y cinco años transcurridos desde la muerte de Franco, mucho se ha escrito sobre estos temas desde el mundo universitario. Y mucho se ha hablado de ellos también en la sociedad: las primeras fosas de asesinados por el franquismo se exhumaron en la década de los ochenta, aunque con no pocos problemas. En esos mismos años se estrenó un documental, Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, que abordaba el tema de la represión franquista en Andalucía. Tuvo que vér-selas con la justicia, que censuró el material proyectable.

No fue, sin embargo, hasta el siglo XXI cuando la “memoria histórica” se ha con-vertido en tema de debate político y social. Aunque, como veremos, era una tarea en

3 Isaac Rosa, “Empacho de memoria”, El País, Madrid, 06/07/2006.4 “Franco será eliminado de la web de jefes de gobierno”, El País, Madrid, 03/07/2010. La web referida es

www.la-moncloa.es/Presidente/RelacionPresidentes/RelacionCronologica/cronologica.htm5 Por ejemplo, en el decreto-ley sobre la amnistía, de 30 de julio de 1977, se lee: “Al dirigirse España a una

plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles”.

6 Con motivo del veinticinco aniversario de la Matanza de Atocha, cuando cinco trabajadores del despa-cho laboralista de la madrileña calle de Atocha fueron asesinados por pistoleros de ultraderecha, Santiago Carrillo, ex-secretario general del Partido Comunista, declaró: “Tal vez teníamos que habernos negado al olvido. Pero entonces no teníamos fuerza. Había que llegar a la democracia. Ése era el objetivo. Y por eso hemos dejado que se perdiera el recuerdo. Y ahora habría que recuperarlo” (Entrevista a Santiago Carrillo, El País, Madrid, 24/01/2002). El otrora presidente del gobierno español, Felipe González, ha escrito: “Nosotros decidimos no hablar del pasado. Si lo tuviera que repetir, con la perspectiva de estos veinticinco años desde la desaparición del dictador, lo volvería a hacer” (Felipe González, “Chile, Argen-tina y las Comisiones de la Verdad”, El País, Madrid, 22/04/2001). El profesor Viçens Navarro respondió al ex-presidente socialista afi rmando que “la democracia no puede ser estable cuando se basa en la injusticia reproducida en el olvido”. Para Navarro, el abandono de la memoria antifranquista por parte de la izquierda es la causa por la que “hoy la juventud no identifi ca a las izquierdas con la lucha por la libertad, la democracia y la pluralidad […]. Éste es el gran coste político de su olvido» (Viçens Navarro, “Los costes de la desmemoria histórica”, El País, Madrid, 16/07/2001).


La gestión de la memoria socio-política a través de la experiencia de un archivo sindical

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la que ya estaban empeñadas otras instituciones, le corresponde el mérito de popula-rizar estos problemas a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que comenzó sus trabajos exhumando fosas comunes de republicanos fusilados por el franquismo en El Bierzo7. El rigor de sus acciones hizo posible que la ONU remi-tiera al Gobierno español una recomendación para que investigase las desapariciones durante el régimen franquista8. Su labor ayudó a una toma de conciencia que pronto tuvo su refl ejo en las Cortes, donde se aprobó por unanimidad, en mayo de 2001, la rehabilitación política de los guerrilleros antifranquistas. En noviembre de 2002, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó dos proposiciones no de ley relacionadas con la recuperación de la memoria del antifranquismo: una sobre la dignifi cación de los presos republicanos que trabajaron como esclavos bajo la dictadu-ra franquista y otra para proceder a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil. Recordemos también, entre otras iniciativas, el homenaje al antifranquismo, ce-lebrado el 3 de diciembre de 2003 en el Congreso de los Diputados.

La voz de la calle (una parte a favor pero otra en contra) se ha ido oyendo cada vez más alta. Dos años después de su triunfo electoral, el gobierno central, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero –nieto de un militar leal a la República fusilado por los rebeldes– hizo de 2006 el Año de la Memoria, para conmemorar el setenta aniversario del comienzo de la guerra civil. Meses después las Cortes españolas aprobaron la conocida como Ley de la memoria histórica, que pretendía poner las bases de una política de la memoria9; la oposición de derechas –el Partido Popular– votó en contra de la iniciativa, que también contó con el rechazo de una parte de la izquierda y de las asociaciones de memoria.

Hay que reconocer las difi cultades existentes en el PP para deshacerse de su carga franquista original. No en vano su fundador, Manuel Fraga Iribarne, fue ministro de Franco. En alguna ocasión ha dicho que de “botarates” es “desenterrar fantasmas del pasado”, algo irresponsable y peligroso que promueve “desde la reivindicación de la memoria histórica un encarnizado ajuste de cuentas”10. Fraga Iribarne tiene en su haber actuaciones fácilmente etiquetables. Una de ellas fue durante las huelgas astu-rianas de 1962 e 1963, cuando era ministro de Información y Turismo de la dictadura. Ante las denuncias de malos tratos efectuadas por varios intelectuales, Fraga afi rmaba: “parece posible que se cometiese la arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina y Anita Braña [mujeres de dos huelguistas], acto que de ser cierto sería realmente dis-cutible, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable [...]. Vea, por tanto, cómo dos cortes de pelo pueden ser la

7 Su web es www.memoriahistorica.org8 “La ONU pide que se investigue dónde están enterrados republicanos españoles fusilados tras la guerra”,

El País, Madrid, 16/11/2002.9 “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en

favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, Boletín Ofi cial del Estado, 310, 27/12/2007 (www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf)

10 Las palabras entrecomilladas fueron pronunciadas por Manuel Fraga según I. Gibson: “Botarates y re-vanchistas”, El Periódico, Barcelona, 25/07/2006.



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única apoyatura real para el montaje de toda una leyenda negra o tomadura de pelo, según cómo se mire”. Humor negro de un ex-presidente de la Xunta de Galicia que nunca ha renegado de su pasado.

La actitud de Fraga tuvo su continuación en algunos otros miembros del Partido Popular. Es el caso de José María Aznar, quien en 1979 consideraba vengativos los cambios en la denominación de las calles promovidos por los primeros ayuntamientos democráticos: “El de Guernica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior Jefe del Estado –que aunque moles-te a muchos gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco. […] En Coslada (Madrid) las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora a la Constitución”. Continuaba José María Aznar afi rmando que “en vez de dedicarse a la mejora de sus Municipios, se dedican a borrar la Historia”11.

También una buena parte de las asociaciones de memoria han sido y son muy críticas con el desarrollo de una ley que rechazaron desde que era proyecto porque no anulaba las actuaciones de los tribunales represivos de la dictadura. Otra de las razones esgrimidas para rechazar el texto se refi ere a que fosas comunes y desapareci-dos por el franquismo siguen sin estar localizados, en buena parte porque ese aspecto de la ley hace a las comunidades autónomas y los poderes locales responsables de la tarea. El caso Garzón, por otro lado, constituiría el ejemplo del fracaso de la política gubernamental de la memoria. Recordemos que Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional mundialmente conocido por su actitud favorable a la justicia universal, ha sido separado de la carrera judicial porque el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella por prevaricación presentada por dos grupos de extrema derecha que le acusaban de excederse en sus competencias en la investigación de las víctimas del franquismo. “Con el caso abierto por Garzón hemos comprobado qué clase de justicia dejó la Transición”, añade José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria12, una de las asociaciones más críticas con la ley. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Univer-sidad de Castilla-La Mancha, considera el caso Garzón representación no sólo del “ser o no ser” del sistema de justicia español “sino de nuestro mismo Estado de Derecho monárquico”, que tiene unas cifras de desaparecidos sin comparación en ningún otro país del mundo “salvo en la Camboya de Pol Pot”. Para este autor el procesamiento del ex-juez de la Audiencia Nacional signifi ca que el Estado español no es capaz de “aceptar el igual cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas del franquis-mo, como los de cualquier otro ciudadano” por lo que concluye que la existencia de las dos mil fosas clandestinas “nos obliga a decir, alto y claro, que España ha dejado de ser un Estado de Derecho”, afi rmación hecha en un diario electrónico que no sabemos si ha llegado a desarrollar en alguna revista académica13.

11 José María Aznar, “Vientos que destruyen”, La Nueva Rioja, 09/05/1979.12 Diego Barcala, “Dos años para olvidar la Ley de la Memoria”, Público, Madrid, 27/12/2009. 13 Miguel Ángel Rodríguez Arias, “España ha dejado de ser un Estado de Derecho”, nuevatribuna.es,

15/04/2010, (www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=32944). Una parte de la interesante producción de Rodríguez Arias puede seguirse en su blog: segurquetomba.wordpress.com/acerca-de/ Sobre el “acoso” al



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La reivindicación de la memoria histórica tuvo también un eco temprano en Galicia, cuyo Parlamento aprobó en abril de 2002 una proposición no de ley en la que se instaba a la Xunta a recopilar la documentación relacionada con los presos po-líticos. Por otra parte, Galicia se anticipó al gobierno central al proclamar 2006 como Ano da Memoria14. Tras muchos años de gobierno de la derecha, encabezado por el ex ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, las elecciones de 2005 dieron el triunfo a un gabinete progresista formado por el Partido Socialista Obrero Español y el Bloque Nacionalista Galego. Una de sus primeras manifestaciones públicas fue la Declara-ción institucional a respecto da recuperación da memoria histórica e da rehabilitación moral do 18 de agosto de 2005 que suponía un “compromiso coa recuperación da memoria histórica democrática, representada singularmente na recuperación, rehabilitación e recoñecemento das vítimas da represión provocada polo levantamento militar de 1936”15. A partir de ese momento, el gobierno bipartito (más el sector nacionalista que el socialista) desarrolló una intensa actividad en ese terreno, actividad de la que destacamos dos líneas de actuación: el apoyo al Proxecto interuniversitario “As vítimas: os nomes, as voces e os lugares”16 y una política de fortalecimiento –a veces con un cierto sectarismo–, de las asociaciones memorialísticas, que han constituido un espacio aso-ciativo muy atomizado y que, en algunos casos, han fl orecido al calor de las ayudas institucionales. Las acciones de ese tejido asociativo se sucedieron unas a otras con un localismo en ocasiones excesivo y, lo que es peor, no siempre con la unidad que sería deseable17.

Algo que tienen en común casi todas las iniciativas a las que nos hemos referido es que entienden lo de recuperación de la memoria histórica como un proceso referido a la represión durante las dos primeras décadas de la dictadura. Se argumenta para defender esa orientación la necesidad de atender a unas víctimas, las del primer fran-quismo, cuyo testimonio urge recoger por razones biológicas, así como el argumento de que los límites temporales de acceso a los archivos sólo hacen posible estudiar ese periodo18. La explicación es lógica pero un tanto reduccionista, porque aparca el

juez Garzón remito a la lectura de José Jiménez Villarejo, “Caso Garzón: las críticas no son excesivas”, El País, 29/04/2010.

14 Unas refl exiones sobre estos temas en SANTIDRIÁN, 2006.15 www.xunta.es/periodico/consello1808.pdf16 Sobre este consúltese www.nomesevoces.net, o véase el capítulo precedente. 17 El regreso del Partido Popular al gobierno de Galicia (2009) ha supuesto un frenazo para la reivindi-

cación de la memoria, pues han desaparecido las ayudas para las asociaciones y se ha reducido drásti-camente el presupuesto destinado al citado proyecto interuniversitario. En honor a la verdad, también hay que decir que, aunque con cantidades exiguas, se está apoyando la digitalización de fondos de determinadas instituciones con el objetivo de llenar de contenido el futuro Archivo de Galicia; eso sí, ha desaparecido cualquier política que pueda ser entendida como una reivindicación de la memoria de los vencidos.

18 El artículo 571c de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español reza: “Los docu-mentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es



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segundo franquismo, cuyas víctimas, que también las tuvo, serán ya muy mayores cuando el acceso a determinados fondos sea legalmente posible. Recoger el testimonio de esas personas es urgente y hay quien ya lo está haciendo19.

Pues bien, creo que es imprescindible ampliar el espectro cronológico de las investigaciones porque no podemos olvidar que la represión fue un fenómeno con-sustancial a la dictadura franquista, que nació matando allá por el año 1936 y siguió haciéndolo incluso después de la muerte de Franco. Sin embargo, la mayor parte de las acciones a las que he estado haciendo referencia identifi can “memoria histórica” con la reivindicación de las víctimas de la Guerra Civil y del primer franquismo. Pero hubo también una represión, y muy importante, durante el segundo franquismo. Fue la que padecieron las gentes de una nueva generación antifranquista, gentes que no habían vivido la Guerra Civil, y que fueron los protagonistas de la oposición antifran-quista en los años sesenta y setenta. Y, muy especialmente, la nueva militancia obrera.

Reivindicar también a estas otras víctimas tiene sus consecuencias políticas por-que visibiliza otras tradiciones de resistencia. Puede suponer de la misma manera, revisar el signifi cado de lo que fue la Transición de la dictadura a la democracia, uno de cuyos pilares fundamentales fue la Ley de Amnistía de 1977, que ha llegado a ser considerada en algunos foros como una ley de impunidad20. De hecho, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republica-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó en el Parlamento español una Proposición de Ley de modifi cación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, para que ésta no sea en ningún caso de aplicación “a los actos criminales de genocidio o de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la presente ley”21. De todas maneras, hay juristas como José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional, que no apuntan en esa dirección. Niega este experto en Derecho Penal Internacional, con amplia experiencia en juicios sobre crí-menes de guerra, que la Ley de Amnistía tenga “el valor que algunos pretenden, de ley de punto fi nal que blindaría e impediría cualquier investigación sobre los crímenes del pasado”. Continúa afi rmando que es un texto que no es “aplicable a determinados de-litos. Me refi ero especialmente al delito de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, que van mucho más allá de los meros delitos políticos que eran los previstos en la Ley de Amnistía”22. Otras opiniones son de mayor contundencia en sus formas: “La teoría según la cual la amnistía habría sido la formalización jurídica de un pacto político de silencio sobre los crímenes del franquismo suscrito por la oposi-ción, atemorizada y empequeñecida ante los herederos de la dictadura, no es sólo una vileza moral para los derrotados en la Guerra Civil y los opositores que poblaron las

conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la consulta de los documentos a que se refi ere este artículo, así como para la obtención de reproducciones de los mismos”.

19 Me refi ero, por ejemplo, a los archivos de Comisiones Obreras, sobre los que volveré posteriormente.20 Pere Rusiñol y Diego Barcala, “La justicia internacional liquida las leyes de amnistía”, Público, Madrid,

01/05/2010.21 www.congreso.es/public_ofi ciales/L9/CONG/BOCG/B/B_242-01.PDF22 “Hay venganzas, luchas de poder que al fi nal se lo llevan todo por delante”, El País, Madrid, 16/05/2010.



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cárceles de la dictadura; también pone al descubierto la ignorancia de los forjadores de la fábula”23.

El debate está servido. A pesar de que hay a quien le gustaría que no existiese. Po-cos días antes de dar por fi nalizada la redacción de estas líneas, el profesor Jordi Gracia tenía que recordar lo evidente, que “los historiadores seguimos obligados a repensarla [la Transición]” y que la resistencia a hacerlo “carece de sentido porque incumple el deber de toda democracia, que es mutar para seguir fundamentalmente igual; es decir, preservar los mismos valores que entonces preservó pero de acuerdo con lo que es la sociedad española casi cuarenta años más tarde”24.

En un escrito reciente, el profesor Josep Fontana alertaba sobre las difi cultades de revisitar la Transición –periodo que analiza con juicios extremadamente críticos hacia el papel jugado por la izquierda–, ya que “en cuanto se expresa cualquier duda sobre las excelencias de estos pactos, quienes ayer los fi rmaron reaccionan hoy con irritación, negándose a discutir su naturaleza y oportunidad”25.

3. La memoria (invisible) de la clase trabajadora…

Es necesario cuestionar aquellas versiones que hacen de la Transición un proceso pilo-tado por el Rey, Adolfo Suárez y algunos otros personajes porque “La democracia no se regaló, se peleó en la calle (al menos por bastantes)”, en expresión de Nicolás SARTORIUS y Alberto SABIO (2007), “partidarios de enfatizar la iniciativa de cambio por abajo, con el movimiento obrero ejerciendo de ariete”. En este sentido hay que reconocer que “en el contexto de la memoria plural, en España hay una fi gura que encuentra grandes di-fi cultades para abrirse camino, ocupar un espacio y visualizarse: el trabajador (y, más aún, la trabajadora)” porque el franquismo, “además de antiliberal y antidemocrático, fue esencialmente antiobrero” dado que tuvo un marcado carácter de clase (BABIANO,

2010: 393)26. Efectivamente, la dictadura ejerció todo tipo de represión (física, política, económica…) contra la clase obrera: desde la persecución de la militancia sindical hasta la negación de los derechos laborales; desde las ejecuciones hasta el despido.

Hemos de tener presente que los grandes ausentes del debate sobre la memoria han sido los archivos y que sin archivos, no hay historia27. Pues bien, para que esta memoria sea rescatada (y construida), para hacerla visible y para contribuir con ella a la escritura de la Historia, desde hace bastantes años están trabajando los archivos sin-dicales, en particular los de Comisiones Obreras, que, según González Quintana –uno de los mayores expertos españoles en archivística, miembro del Consejo Internacional de Archivos–, son “la más importante apuesta desde el punto de vista estrictamente

23 Javier Pradera, “¿La amnistía contra la Constitución?”, El País, Madrid, 05/05/2010. Un estudio acadé-mico sobre el tema: GIL (2009). Véase también CAPELLA y GINARD (2009) y MARTÍN y ESCUDERO (2008).

24 Jordi Gracia, “Casi cuarenta años”, El País, Madrid, 12/07/2010.25 Josep Fontana, “Tra(ns)iciones”, http://blogs.publico.es/dominiopublico/1996/transiciones/,

05/05/2010. Dos estudios recientes sobre la Transición: GALLEGO, 2008 y RUIZ-HUERTA, 2009.26 En esta misma línea escribe Rubén Vega en un artículo de gran interés (VEGA, 2004).27 Julián Casanova, “Sin archivos, no hay historia”, El País, Madrid, 14/09/2006.



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archivístico”, que además “marca un hito en el panorama internacional de este tipo de entidades”28.

Pero, antes de continuar con la refl exión, es necesario un poco de historia. El régimen franquista abolió la lucha de clases por decreto e intentó exterminar las orga-nizaciones obreras tradicionales (la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo). Creó un sindicato controlado por el partido único, la Falange, en el que convivían empresarios y trabajadores. Dicha organización, conocida como Sindicato Vertical, recibió el nombre de Central Nacional Sindicalista, primero, y Or-ganización Sindical Española, después. La representación obrera se realizaba a través de la fi gura de los enlaces sindicales y los jurados de empresa, elegidos por un sistema controlado desde el Estado, es decir, desde Falange. Los jurados de empresa, creados en 1947 por un decreto que los defi nía como “entidades de armonía laboral” para “hacer efectiva” en la empresa “la colaboración entre el capital, la técnica y la mano de obra en sus distintas modalidades, al servicio de la mayor concordia entre los distintos elementos que constituyen la producción, del incremento racional de la misma y del mayor rendimiento del trabajo”29. Por su parte, el enlace sindical era, según la legisla-ción franquista, un representante de los trabajadores, que lo designaban por elección directa. Curiosamente, no podía intervenir en los “asuntos del Sindicato [Vertical] con la Empresa excepto en temas asistenciales o sociales de sus representados. El enlace –afi rmaba la norma– sólo intervendrá cuando la Empresa reclame su intervención, nunca por iniciativa propia” (OSE, 1961)30.

Después de la derrota en la Guerra Civil, las organizaciones antifranquistas, prin-cipalmente el Partido Comunista, alentaron la lucha armada contra la dictadura. El fracaso de la guerrilla y el cambio sociológico de la sociedad española llevaron al PCE a proclamar en 1956 la “política de reconciliación nacional”, que optaba por la vía pacífi ca para derrotar al franquismo. Dentro de esa estrategia, los comunistas animaban a la clase obrera a utilizar las posibilidades legales que ofrecía el régimen para derribarlo, por lo que empujó a sus militantes a presentarse a las elecciones sin-dicales franquistas. Se trataba, según la gráfi ca expresión de un líder obrero gallego, Francisco Fernández Filgueiras, de entrar en el Sindicato Vertical para darle la vuelta como se hace para zurcir los calcetines (IGLESIAS Y SANTIDRIÁN, 2006: 14). Al mismo tiempo, los trabajadores desarrollarían comisiones obreras como elementos de lucha sindical y oposición antifranquista.

A principios de los años setenta, una de las mayores empresas de Galicia era el astillero de la Empresa Nacional Bazán, en Ferrol. En esta factoría, el clandestino Partido Comunista y los miembros de las ilegales Comisiones Obreras consiguieron copar el jurado de empresa, lo que no ocurría en los otros dos astilleros públicos de Cádiz y Cartagena. Conscientes de esta situación, los trabajadores ferrolanos exigieron

28 “Modelos de gestión del patrimonio documental de las organizaciones del Movimiento Obrero”, Ponen-cia de Antonio González Quintana, IX Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en los archivos: el trabajo y la memoria obrera, Guadalajara (España), 30 de abril de 2009 (en prensa).

29 Boletín Ofi cial del Estado, 9 de octubre de 1947.30 El enlace sindical, Organización Sindical Española, Madrid, 1961.



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un convenio de factoría, lo que originó el mayor confl icto sociolaboral vivido en esta ciudad, en toda Galicia y con importantes repercusiones en el resto de España y de Europa. Dicho confl icto culminó el 10 de marzo de 197231 con la muerte de dos tra-bajadores, Amador Rey y Daniel Niebla, y numerosos heridos por heridas de bala de la policía franquista. La dirección del confl icto y el peso de las movilizaciones fueron responsabilidad de los cuadros y dirigentes de las comisiones obreras, que pagaron un alto precio personal y organizativo. Numerosos despedidos, multados y juzgados en un Consejo de Guerra y en el Tribunal de Orden Público —una de las más impor-tantes herramientas de la represión franquista desde 1963 por el que pasaron miles de trabajadores— fueron resultado del 10 de Marzo. Muerto el dictador, aquellas co-misiones obreras ilegales se convirtieron en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y en el Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia32.

En el primer congreso de esta última organización, celebrado en 1978, se ins-tituyó el 10 de Marzo como Día da Clase Obreira Galega. Veinticinco años después, el Parlamento de Galicia, a instancias del Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, aprobó por unanimidad una declaración institucional propuesta por los tres grupos representados en la cámara. El texto, que reconocía la movilización de trabajadoras y trabajadores en su lucha por la consecución de las libertades y la democracia, se hacía eco de la conmemoración con el objetivo de mantener viva la memoria33. El 10 de Marzo de 1972 se convirtió de esta manera, primero por iniciativa de sus protagonis-tas, después por asunción de los representantes políticos del país, en un lugar de la memoria, concepto que nace de la mano de Pierre NORA quien lo defi ne como “noción abstracta, puramente simbólica, destinada a desentrañar la dimensión rememoradora de los objetos, que pueden ser materiales, pero sobre todo inmateriales, como fórmu-las, divisas, palabras clave…” (NORA, 1998: 32).

4. … y los archivos que la visibilizan

Retomo el discurso abandonado antes de estas pinceladas históricas. Como hemos dicho, los archivos de Comisiones Obreras son una apuesta que nació en 1989 a favor de la recuperación de la memoria de la clase trabajadora34. Integrado en red, de ella

31 Para el 10 de Marzo, GÓMEZ ALÉN y SANTIDRIÁN (1997).32 Para el nacimiento y desarrollo de las Comisiones Obreras en Galicia es imprescindible el libro de GÓMEZ

ALÉN (1995). Ver también GÓMEZ ALÉN y SANTIDRIÁN (1996).33 Boletín Ofi cial do Parlamento de Galicia, 133, 15 de abril de 1997.34 La Red de Archivos de la Confederación Sindical de CCOO (www.archivoshistoricos.ccoo.es/) está for-

mada por: Archivo de Historia del Trabajo (Fundación 1º de Mayo, Madrid; www.1mayo.org); Archivo Histórico de CCOO de Andalucía (Fundación de Estudios Sindicales, Sevilla; www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es/); Arquivo Histórico do SN de CCOO de Galicia (Fundación 10 de Marzo; Santiago de Compostela; www.f10m.org); Arxiu Historic de Comissions Obreres de Catalunya (Fundació Cipriano García; Barcelona; http://ias.ccoo.cat/portal/page/portal/arxiu/presentacio); Arxiu Historic Sindical “José Luis Borbolla” (Fundació d´Estudis i Iniciatives Sociolaborals; http://feis.pv.ccoo.es/?page_id=156); Ar-chivo Histórico de CCOO de Asturias (Fundación Juan Muñiz Zapico, Oviedo; www.fundacionjuan-munizzapico.org); Archivo del Movimiento Obrero Extremeño (Fundación Sindicalismo y Cultura de



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forma parte el Archivo Histórico de Comisións Obreiras de Galicia (AHCCOOG), custo-diado por la Fundación 10 de Marzo, institución cultural constituida en Santiago de Compostela en junio de 1991.

Un archivo, por lo tanto, que custodia la memoria sindical pero que es mucho más que un archivo sindical. Quizás como consecuencia de sus propios orígenes, Comisiones Obreras se defi ne como un sindicato sociopolítico que “ademais de rei-vindicar a mellora das condicións de vida e de traballo de todos os traballadores e traballadoras, asume a defensa de todo aquilo que lles afecta como clase, na perspec-tiva da supresión de toda opresión nacional e de calquera tipo de explotación”, según rezan sus estatutos. Esto explica la variedad de su documentación y la cantidad de perspectivas de investigación que abre.

El archivo de la Fundación 10 de Marzo posee más de quinientas unidades de instalación (inventariadas; otras tantas a la espera de tratamiento archivístico), una he-meroteca con más de mil cabeceras (muchas de ellas de la época de la clandestinidad), una importante colección de carteles, etc. Esos fondos ya han sido utilizados en varias tesis doctorales y han sido objeto de numerosas exposiciones.

La tipología de las fuentes documentales es muy amplia: panfl etos, llamamientos, resoluciones de sindicatos y partidos tanto de Galicia como de otras partes de España; documentos programáticos, plataformas reivindicativas de empresa, rama, localidad, Comunidad Autónoma, etc.; documentos relativos a convenios colectivos y a confl ic-tos laborales y no laborales; materiales de congresos y asambleas; expedientes de crisis y regulaciones de empleo; estudios económicos, sectoriales, locales; reclamaciones, juicios y procesos en la Magistratura de Trabajo y en el Tribunal de Orden Público, etc.

Los organismos productores de la documentación del AHCCOOG no son tan sólo sindicatos sino que encontraremos fuentes informativas procedentes de organiza-ciones empresariales, movimientos sociales y partidos políticos. Así pues, los fondos de este Archivo pueden dividirse en los siguientes apartados: Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Or-ganización Sindical Española, fondos de empresa, partidos políticos y movimientos sociales y abogados laboralistas.

El carácter tan variado de estas fuentes, tanto en lo que se refi ere a su temática como a su procedencia, ofrece innumerables posibilidades de trabajo. Así, por ejem-plo, la documentación procedente de la Organización Sindical Española (OSE), el an-tiguo Sindicato Vertical, contrastada con la del sindicalismo de clase clandestino, abre una panorámica de mucho interés del período franquista.

Lo mismo podemos decir de los numerosos documentos de partidos políticos, cuya prensa informa sobre noticias silenciadas por las rotativas ofi ciales. De particular importancia es la colección hemerográfi ca depositada en la Fundación 10 de Marzo pues contiene más de mil títulos de publicaciones periódicas de temática, cronología y editores muy diferentes. De todos es conocido el valor de la prensa como fuente de

Estudios; Mérida; www.fundacionculturayestudios.es/enlaces.asp) y José Unanue Fundazioa (Euskadi). Se están creando archivos en el resto de las comunidades autónomas.



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conocimiento de organizaciones políticas y sindicales, máxime en periodos como el franquista, cuando desenvuelven su actividad en un contexto de abierta hostilidad y represión. La mitad de las cabeceras son clandestinas y que, unidas a publicaciones como Cuadernos del Ruedo Ibérico, Cuadernos para el Diálogo o Triunfo, pueden ayudar a entender el signifi cado del antifranquismo35.

Existe toda una corriente de estudio de las relaciones laborales que considera prioritaria la atención al lugar en el que, de modo fundamental, se desarrollan esas relaciones: el centro de trabajo. En los fondos de empresa del AHCCOOG se puede encontrar documentación relacionada con confl ictos laborales en factorías en los años sesenta e setenta. La información sobre un confl icto particular se puede completar recurriendo a los fondos de abogados, que ilustran una de las formas de lucha anti-franquista más importantes a partir de los sesenta, la de los despachos laboralistas36.

Un fondo pequeño pero de gran interés es el de Correos de Lugo. Recoge el pro-ceso de depuración de los funcionarios de correos de la provincia de Lugo durante los años de la Guerra Civil. Los expedientes de este fondo, cuyo valor empático es innegable, son extremadamente útiles para conocer la represión pues, muchos de ellos recogen desde la denuncia de un vecino contra un cartero –ofreciéndose el denun-ciante a ocupar el puesto vacante–, hasta los informes de la Guardia Civil y del cura de la parroquia; y, fi nalmente, la resolución de la denuncia.

Evidentemente, la variedad de toda esta documentación ha desbordado el objeti-vo inicial de reconstruir la historia de Comisiones Obreras: tanto por su procedencia como por su temática, los fondos del AHCCOOG permiten acometer investigaciones que superan el marco de la historia del movimiento obrero entendida como el estudio exclusivo de las asociaciones de trabajadores en tanto que organizaciones, institucio-nes. El AHCCOOG se está consolidando como un archivo necesario para la historia social de Galicia, fundamentalmente bajo la dictadura franquista37.

Esa óptica institucionalista ha sido superada por la historiografía. Recordemos sobre este particular que ya en los años cincuenta Thompson y Hobsbawm formula-ron preguntas relacionadas con la cultura y las identidades obreras, las experiencias

35 Acaba de ser publicado en cd el catálogo de prensa clandestina (CASTRO, 2010).36 El papel de los abogados laboralistas, muchos de los cuales trabajaron en los despachos promovidos

por el ilegal Partido Comunista, desempeñaron un papel fundamental en la lucha antifranquista y, más concretamente, en el desarrollo de las comisiones obreras. Gómez Alén escribe que “é xusto subliña-la importancia que tivo para o Movemento Obreiro o papel que xogaron determinados avogados labora-listas [...]. Mais o traballo e a aportación dalgúns destes avogados ía máis aló do estrictamente laboral. [...]. O enfrontamento que estes avogados laboralistas tiveron cos instrumentos xurídicos da Dictadura, Maxistraturas, Tribunal de Orden Público e Tribunal Supremo, foi unha tarefa de especial dureza polas condicións en que se producía e polo signifi cado que tiña: supuña librar unha batalla xurídico-ideolóxica xa que os xuíces interpretaban as normas xurídicas con criterios ideolóxicos” (GÓMEZ ALÉN, 1995: 173 y ss.). Para la descripción y análisis de los fondos de abogados laboralistas custodiados por los archivos de Comisiones Obreras remito a GÓMEZ RODA (2010).

37 Es también necesario destacar la preocupación que, desde sus orígenes, tuvo la Fundación 10 de Marzo por la difusión de sus fondos y sus trabajos en el mundo escolar; fruto de esa preocupación es la pro-ducción de varias exposiciones itinerantes acompañadas, la mayor parte de las veces, por una unidad didáctica.



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laborales, etc. En latitudes españolas, son ya un clásico las refl exiones sobre estos temas de Pérez Ledesma, Álvarez Junco, Gabriel o Casanova, entre otros. Desde hace años ya no es posible identifi car la historia social con la historia de las organizaciones obreras, ni la historia de las organizaciones obreras con su historia política. La do-cumentación del archivo de la Fundación 10 de Marzo (y de la Red de Archivos de CCOO) se hace eco de esa realidad.

La de la nueva militancia obrera fue, qué duda cabe, una lucha colectiva. Así lo reconocen muchos de sus protagonistas cuando dicen haber sido “un pequeno grao de area en todo este entramado porque todo sería imposible sen que ducias, centos de persoas estiveran dando de si o mellor que tiñan” (BLANCO Y SANTIDRIÁN, 2010: 14). Pero aquella lucha colectiva fue obra también de hombres y mujeres, cada uno de ellos con nombre y apellidos propios.

Por esta razón, las organizaciones que pertenecen a la Red de Archivos de CCOO están desarrollando programas de recogidas de testimonios orales. Creo que a estas alturas no es necesario justifi car este tipo de fuentes pero, por si lo fuera, cabe decir que permiten abrir las páginas de la Historia a grupos sociales y personas a las que no siempre se les prestó atención. Permiten, por lo tanto, hacer visibles a esos colectivos y a las personas que los componen. También permiten al historiador, por otra parte, aproximarse a aspectos necesarios para la construcción de una historia social total: la vida cotidiana, las mentalidades, las identidades, las percepciones sobre las ideas, los discursos, las decisiones tomadas por las instituciones, las organizaciones y los líderes.

Evidentemente, la fuente oral no es ninguna panacea; presenta problemas de los que hemos de ser conscientes. Muchos son específi cos y otros muchos compartidos con las fuentes escritas tradicionales. En primer lugar, “cabe admitir que los recuerdos no son conservados sino reconstruidos en función de las condiciones presentes” (TÉ-

BAR, 2009: 3). De esta forma, el relato del pasado se modifi ca con el tiempo gracias a las nuevas experiencias o a informaciones recibidas. Es cierto que el testimonio oral está fuertemente marcado por la subjetividad del entrevistado (y del entrevistador), por la parcialidad voluntaria o involuntaria de la memoria, etc. Pero, ¿acaso las fuentes tradicionales no presentan estos y otros problemas?

Conscientes de sus valores y de sus limitaciones, las instituciones de la Red de Archivos de CCOO están procediendo a recoger (a crear) fuentes orales. Y lo están haciendo mediante cuestionarios semi estructurados con los que el entrevistador guía la entrevista que quiere recoger una historia de vida. En el caso de Galicia, son más de doscientas las entrevistas realizadas, de entre las cuales destacamos aquellas que corresponden al programa desarrollado en Ferrol por Antonio Blanco Carballo, cola-borador de la Fundación 10 de Marzo38.

El análisis de los testimonios orales nos hace concluir que la militancia obrera de los años sesenta del siglo pasado estaba formada por un arquetipo militante de

38 Un informe sobre el trabajo realizado por Antonio Blanco Carballo se puede leer en la Memoria 2009 da Fundación 10 de Marzo (Fundación 10 de Marzo, Santiago de Compostela, 2010). Descargable en http://www.f10m.org/fundacion/memorias.php



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CCOO que reuniría las siguientes características generales: varón obrero, trabajador de la construcción o de las nuevas industrias siderometalúrgicas de sistema fordiano, casado y con dos hijos, pero con tensiones familiares derivados de su militancia muy comprometida en relación con el tiempo que se le dedica, casi excluyente de otros aspectos vitales. En muchas ocasiones estos militantes habrán pasado temporadas en la cárcel39, habrán sufrido interrogatorios, y en algunos momentos torturas en la Di-rección General de Seguridad. En estos casos, la mayoría de las veces, su familia, especialmente su esposa40, se habrá convertido en la sostenedora de la vida familiar, en el contacto con las estructuras del Partido (PCE principalmente) o del movimiento obrero, y habrá gestionado la ayuda a su marido en prisión y a sus compañeros (MU-

ÑOZ RUIZ, 2007: 257). Desde mi punto de vista, el enfoque escogido para la recogida de fuentes orales esquiva de alguna manera la fi gura de los “veteranos ofi ciales”, “aque-llos que han sobrevivido tanto a las leyes inexorables de la biología como a sucesivos desencantos y rupturas” que en muchas ocasiones patrimonializan un pasado que es parte esencial de sus biografías (VEGA, 2004). No se trata de sustituir al héroe de historias tradicionales por nuevos sujetos míticos.

Repito que si a estas alturas alguien se cuestiona la validez de la fuente oral para escribir la historia, se le podrá responder que no son, efectivamente, fuentes neutrales –¿hay alguna que lo sea?– pero que eso les da valor añadido. Además, “ninguno de los actores de la lucha política están dispuestos a perder el pasado –su pasado–, porque en gran medida su presente y su futuro dependen de esa batalla por la historia” (GÓMEZ

RODA Y SÁNCHEZ DURÁ, 2009: 19). Los archivos de CCOO tampoco están dispuestos a que se pierda. También es su (nuestro) pasado (y nuestro futuro).

5. Para fi nalizar

“Recuperar la memoria histórica –escribe el profesor Vicenç Navarro– es importante para que nuestra juventud conozca nuestro pasado, de manera que la deseada recon-ciliación no se base en el olvido de lo que ocurrió durante la dictadura (con la enorme injusticia que el olvido supone para los que lucharon por la libertad y la democracia), sino en el reconocimiento de las injusticias realizadas y en la corrección de las defi -ciencias heredadas del régimen anterior” (NAVARRO, 2002: 216). Es uno de los objetivos de la Fundación 10 de Marzo (y de la Red de Archivos de CCOO), que también quiere contribuir a la construcción de una política pública de la memoria; de las memorias,

39 No es infrecuente escuchar a muchos militantes obreros que la cárcel fue para ellos una auténtica uni-versidad: “allí aprendían más sobre la ideología marxista, organizaban reuniones y debates, y también tenían sus momentos de ocio con el deporte. Por otra parte, también nos hablan de que seguían haciendo política, reivindicando derechos, realizando huelgas de hambre para presionar a la dirección de la cárcel” (MUÑOZ RUIZ, 2007: 266).

40 MUÑOZ RUIZ clasifi ca la actitud de estas mujeres, demasiadas veces consideradas tan sólo como “la mujer de”: las que rechazaban la actividad del marido aunque comprendieran su elección; las que le apoyaban desde la solidaridad pero sin adoptar ningún tipo de militancia; las que entraban en las redes de solida-ridad e incluso de militancia; las que se separaban (2007: 269).



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más bien, puesto que en una sociedad democrática la memoria siempre será plural (VINYES, 2009).

Acabo estas páginas de la misma manera que empecé, es decir, con una refe-rencia a El Roto41, quien en referencia al proceso contra el juez Garzón, escribía: “No juzguéis (al franquismo) y no seréis juzgados”. Siempre fue tentación del poder –y lo sigue siendo–, escoger a los historiadores para que el juicio de la Historia les resulte el más benefi cioso posible. Para entorpecer ese objetivo, para hacer que el juicio de la Historia sea lo más fi el posible a la realidad que fue, es necesario reivindicar el derecho a saber y ejercer la libertad de investigar. Esa es la función social de nuestros archivos.

41 El Roto, “No juzguéis (al franquismo) y no seréis juzgados” (viñeta gráfi ca), El País, Madrid, 10/04/2010.

Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo

Eduardo Rey Tristán y Pilar Cagiao Vila (coords.)

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La historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por numerosos conflictos políticos y sociales, que han proporcionado tristes protagonismos a guerras o dictaduras de diverso tipo. En este contexto un país ha adquirido especial relevancia a escala internacional: El Salvador. Su largo ciclo dictatorial (1932-1979) concluyó entre 1980 y 1992 con la guerra civil más importante del continente en todo el siglo.

Las heridas que deja un conflicto militar de doce años son múltiples, y la Historia, el oficio del historiador o sus fuentes, no son indemnes a ellas. Contribuir a superar esta herencia ha sido una de las motivaciones de esta obra. En ella un grupo de especialistas procedentes de El Salvador, España, México, Italia y Estados Unidos analizan el pasado traumático salvadoreño en el contexto latinoamericano, con el objetivo de profundizar en su conocimiento y comprensión, y de reflexionar acerca del significado del conflicto, su memoria y el lugar que ocupa dentro de la sociedad salvadoreña actual.

CIEAMCentro Interdisciplinario de Estudos Americanistas“Gumersindo Busto”

IEHAA Instituto de Estudios Históricos,

Antropológicos y Arqueológicos Universidad de El Salvador

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