VOX POPULISTAMedios, periodismo, democracia

Silvio Waisbord

CAPÍTULO 2RUPTURA/REFORMA DE MEDIOS

Sobre la base del diagnóstico ya analizado antes, elpopulismo concluye que los sistemas de medios, dominadospor los “poderes fácticos”, son irremediablementecontrarios a los intereses “populares”. En este contexto,el populismo pinta su situación en función de sufrirenormes desventajas comunicacionales, de ser vulnerablefrente a las corporaciones mediáticas, de ser víctimaeterna de un “bloqueo informativo” perpetrado por susenemigos. Se propone, entonces, como la resistencia a ladominación corporativa de los medios y a la estructuraconcentrada de la propiedad. Aun cuando el populismo llevetiempo en el poder político, el mismo diagnóstico dedesigualdad frente a la hegemonía de “los medios” permaneceigual. Esta narrativa persiste como justificación depolíticas consideradas necesarias para transformar el ordenpresente.

El populismo propone, con términos de Laclau, una“ruptura” en el sistema de medios. Las políticas de mediosdel populismo son inseparables de su visión rupturista. Asíse entiende como una fuerza de refundación política,económica y social, y al mismo tiempo también apunta a rom-per el orden vigente en los medios. Esta visión refleja dosprincipios del populismo como movimiento e ideologíapolítica. Por una parte, su convicción de estar fuera delsistema, de ser un outsider permanente y estarinevitablemente opuesto a los intereses dominantes. Porotra parte, la idea de ruptura frente a los medios expresala visión redentora del populismo, autodefinido como unmovimiento destinado a transformar un sistema dominado porintereses minoritarios.

El populismo concibe el poder del Estado, sumado con elapoyo popular, como pilares del poder “constitutivo” parala transformación de sistemas mediáticos. No es una visióncívica que coloca el motor de cambio en la sociedad civil opropone a la ciudadanía ser actor protagonista. Tampoco esuna versión gramsciana de lucha de posiciones fuera delEstado, a pesar de las referencias a Gramsci a modo desoporte ideológico. La aseveración de Andrés Izarra, quienfue ministro de Información y Comunicación del Gobierno deChávez, de que “el socialismo necesita hegemoníacomunicacional” adopta lenguaje gramsciano, pero es

formulada desde una realidad muy diferente a laconstrucción de la contrahegemonía como procesorevolucionario desde la sociedad civil frente al Estadoburgués. El populismo es un intento de hegemoníacomunicacional y cultural desde arriba, posible gracias alcontrol del Estado. No es un proceso de construcción yacumulación de voluntad política como paso previo yrequisito indispensable antes de la toma del poder. Másallá de piruetas retóricas ni los discursos presidenciales,y las referencias al poder constitutivo del pueblo (o “lamultitud”, para utilizar el concepto de Antonio Negri), loscambios surgen de controlar el poder del Estado, realidadmuy distante del escenario gramsciano. La ruptura mediáticase concibe como “revolución desde arriba” para reconstruirlos sistemas de medios sobre nuevas bases.

El populismo plantea la necesidad del intervencionismoestatal. Las i «inclusiones que indican que el populismorepresenta el “retorno” de la política y del Estado dancuenta de esta visión que concibe la política «ornoherramienta de transformación y utiliza mecanismosestatales para implementar cambios. El Estado es elmecanismo esencial para (re)regular sistemas de medios. Elpopulismo echa mano a mecanismos constitucionales yacciones controladas por el Poder Ejecutivo para llevar acabo reformas; en concreto, reestructurar las relacionesentre Estado y mercado. En este proceso, se desarrollan unaserie de leyes y medidas que forman la armazóninstitucional de las políticas públicas. Es errado pensarque el populismo apunta a una revolución que elimine porcompleto principios básicos de los lineamientos de lossistemas en la región. Sus políticas no tienden a derribarlos principios rectores de los sistemas capitalistas demedios: no propone la abolición de la propiedad privada, elcomercialismo y la publicidad. Estos fundamentos básicosdel capitalismo mediático no son eliminados, sinoreorganizados.

Afirmar que el populismo suscribe la noción de Estadoregulador como principio de políticas de medios esimportante, pero insuficiente. La regulación en lascomunicaciones se refiere a numerosas cuestiones:regulación de financiamiento, propiedad, contenidos,requisitos de producción, licencias, prácticasperiodísticas y procesos administrativos. Las regulacionestambién pueden estar orientadas según diferentes fines quebeneficien a diferentes actores o estén inspiradas pordistintos principios. De ahí que sea necesario entender lasregulaciones y mecanismos utilizados por el populismo parallevar a cabo su visión transformadora. En verdad, no haysistemas de medios sin regulaciones. Sólo en la utopíalibertaria existen medios completamente libres deregulaciones. Presentar el populismo « orno la encarnación

pura de la regulación y opuesto a posturas absolutamentedesregulatorias es desconocer la complejidad de laregulación de los sistemas de medios.

Lo importante reside en entender el modelo de mediosdeseado por el populismo y los mecanismos utilizados paraplasmar esa visión.

Este capítulo analiza las estrategias utilizadas porGobiernos populistas para reformar la economía política delos sistemas de medios. El análisis se centra en lautilización de mecanismos legislativos, judiciales, yadministrativos destinados a reorganizar el sector privado.Obvio que es imposible resumir en un capítulo la enormevariedad de acciones implementadas por los Gobiernospopulistas. Más que ofrecer un análisis minucioso de doce-nas de leyes, decisiones judiciales y accionespresidenciales, mi intención se centra en identificar casosemblemáticos del “activismo mediático” y discutir susimplicaciones para la democratización de los sistemas demedios. Aunque el populismo lleva más de una década en elpoder, aún no se pueden emitir conclusiones categóricassobre el impacto de varias de sus políticas. Si bienprocesos judiciales y administrativos han tenido efectosignificativo, no podemos determinar el impacto de medidaslegislativas aprobadas en los últimos años o el posibleimpacto de proyectos de ley.

Ante argumentos simplistas que caracterizan el populismode “autoritario” en cuestiones vinculadas a los medios, esimportante enfatizar que el populismo usa estrategiasconstitucionales y mecanismos discrecionales que no puedenser simplemente rotulados de autoritarios. De hecho, elpopulismo implemento importantes transformaciones medianteestrategias constitucionales. Si bien algunas decisiones yprocedimientos son objetables en términos de la calidad dela democracia, una variedad de procedimientos -desdereformas legislativas hasta procesos judiciales- se ajustana las Constituciones vigentes o fueron productos dereformas constitucionales.

Por una parte, las políticas populistas de mediosreivindican principios por largo tiempo identificados conla izquierda: fundamentalmente la necesidad de establecerregulaciones para nivelar oportunidades comunicacionales.Esta influencia se expresa en la intención de rediseñar laestructura de propiedad, legalizar los medios comunitarios,fortalecer medios estatales e introducir estipulacionespara favorecer la producción de contenidos locales eindependientes. Al mismo tiempo, el populismo proponemedidas contrarias a ideas básicas del liberalismopolítico, reivindicadas por cierta izquierda contemporánea,en especial, la regulación legal de contenidos informativosy la expresión en los medios. Esas propuestas contravienenla preferencia liberal por el rol limitado del Estado en la

regulación de la expresión pública ya que dan pie a laarbitrariedad y censura, en particular en países donde elpoder judicial tiene débil independencia.

La refundación legislativa

El populismo utiliza mecanismos legislativos pararefundar los sistemas de medios, los cuales consisten enreformas constitucionales y leyes específicamentepromulgadas para reorganizar las estructuras y prácticas delos medios. Las Constituciones aprobadas en la última década enBolivia, Ecuador \ Venezuela señalan la voluntadrupturistas de reorganizar los sistemas de medios enacuerdo con principios que fomenten la diversidad ypluralidad de la comunicación y la cultura.

En Bolivia, la Constitución de 2009 prohíbe laexistencia de monopolios y oligopolios, aunque no existeuna ley específica que regule estas cuestiones. Estaausencia es en particular importante en un país donde no i\ i .ten regulaciones acerca de los límites sobre lapropiedad o participación de capitales extranjeros en laindustria. Asimismo, garantiza derechos como el de lalibertad de expresión, de opinión y de información, la pro-moción de valores de las diferentes culturas y lenguajes,el respeto a los valores de veracidad y responsabilidad, eldeber del Estado de apoyar la creación de medioscomunitarios.

Derechos similares son establecidos por la Constituciónde 2008 en Ecuador. Entre otros artículos, consagra losderechos a la comunicación i información, establece elcompromiso público con la pluralidad y diversidad cultural,determina la existencia de medios públicos, privados ycomunitarios, y prohíbe oligopolios y monopolios de lapropiedad de los medios de comunicación y del uso de lasfrecuencias. También se prohíbe que entidades financieras osus miembros tengan inversiones en medios y decreta quetales empresas deberán desprenderse de sus propiedades enla industria de medios, un tema sensible y clave en lahistoria reciente en el país. Otro rema importante señalala responsabilidad social de los medios y la prohibición deviolencia, discriminación, racismo y otras formas deintolerancia y exclusión. Algunos artículos de laConstitución ocasionaron conflictos entre el Gobierno deCorrea y grupos empresariales y organismos de libertad deexpresión, en particular aquellos referidos a las cuali-dades de la información (“veraz, verificada, oportuna ycontextualizada”) que, según los críticos, contradicetratados internacionales en la materia y abre laposibilidad de censura oficial.

La aprobación de la nueva Constitución tuvo

consecuencias directas sobre la propiedad de los medios. Unartículo prohíbe al Estado realizar contratos con empresasficticias con domicilio en paraísos fiscales. Esto obligó aque medios privados como El Comercio, El Universo y LaHora, opuestos al Gobierno de Correa, cambiaran su estatuslegal y se desprendieran de socios corporativos. Otroartículo prohíbe que dueños o representantes deinstituciones financieras puedan tener accionesmayoritarias en empresas de comunicación (u otras empresasajenas al sector financiero). La Constitución obliga aempresas financieras con intereses fuera del sector adeshacerse de ellos en un plazo de dos años.

Ecuador aún no tiene una nueva ley de medios. Tresproyectos fueron presentados en la Asamblea Nacional peroel debate y votación fueron suspendidos en variasoportunidades por falta de quórum. La propuesta oficialestablece la eliminación de monopolios, la regulación decontenidos discriminatorios, sexuales y violentos, laresponsabilidad ulterior de los medios, la redistribuciónde las frecuencias radiofónicas en tres tercios (privado,público y comunitario) y un Sistema Nacional deComunicación e Información con extensos poderes. Varios delos artículos propuestos por el oficialismo fueroncriticados por asociaciones periodísticas, organizacionesde libertad de expresión y cámaras empresariales. Rechazanartículos que, en su opinión, legitiman la censura previadel Estado: la creación del Consejo de Regulación decontenidos, la obligación de los medios a registrarse en unorganismo estatal que monitorea contenidos y ellicenciamiento del periodismo. Además de la Ley de Medios,el oficialismo envió el proyecto de Ley deTelecomunicaciones que reduce el período de concesión delicencias de medios audiovisuales y establece multas conmáximos punibles significativos.

En Bolivia, la mayoría parlamentaria hizo posible laaprobación del proyecto de Ley de Telecomunicaciones,Tecnologías de Información y Comunicación en agosto de2011, enviado por el presidente Morales. La ley contienevarios artículos que fueron muy discutidos en elParlamento. Un tema central trata el fortalecimiento de lapresencia del Estado y la sociedad civil en los medios,pues establece que las licencias serán distribuidas delsiguiente modo: 33% para el Estado, 33% para el sectorprivado, 17% para movimientos sociales y 17% paracomunidades indígenas y campesinas. Además, la ley apunta aevitar la concentración de medios, ya que establece que lamisma empresa no puede ser dueña en más de una ciudad. Otrotema sensible consiste en la obligación de las empresasaudiovisuales a firmar contratos de servicio, lo cualconcederá control de decisión al Gobierno cuando laslicencias actuales expiren. Otro aspecto controversial

reside en la creación de la figura del Defensor del Públicoya que concede poder a una persona designada por elGobierno para evaluar la calidad de contenidos. Por último,se discutió el artículo 111 que obliga a quienes operan yproveen servicios de telecomunicación a cooperar con elGobierno “en caso de peligro para la seguridad del Estado”.

Mientras el Gobierno defiende todas esas medidas ennombre de la democratización y la pluralidad de voces y laresponsabilidad social del sector privado, los críticosexpresan preocupación sobre la concentración de medios enmanos del Estado y los peligros que esas medidas desembo-quen en censura oficial de contenidos o la autocensura delos medios para evitar represalias. Por diferentes razones,los críticos de la ley incluyeron una variedad deorganizaciones. La Asociación Boliviana de Radiodifusorascriticó la ley por cercenar los medios privados.Organizaciones periodísticas (la Asociación Nacional dePeriodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de LaPaz) mostraron preocupación por las consecuencias para lapráctica periodística de artículos que obligan, por partedel Gobierno, a revelar las fuentes y la regulación decontenidos. La Red ERBOL, que originariamente criticó elproyecto inicial por otorgar sólo un 20% las licencias amedios comunitarios, objetó la ley por consagrar alGobierno como autoridad única en la distribución de laslicencias. Las críticas remarcaron que los porcentajes enla distribución de las licencias fortalecerán el podercomunicativo del Gobierno, pues éste ya cuenta con el apoyode los movimientos sociales y de los pueblos originarios.Puesto que ninguno tiene fondos necesarios para laautofinanciación de futuros medios, parece muy plausibleque recurran al apoyo oficial, eliminando cualquierposibilidad de autonomía, y se conviertan en mediosoficialistas.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enArgentina

En Argentina, la Ley de Servicios de ComunicaciónAudiovisual aprobada en octubre de 2009 es uno de losejemplos más ambiciosos de reorganización de los sistemasde medios. Aunque sus efectos concretos aún son difícilesde medir, a causa del retraso en la implementación de lamayoría de los artículos, la ley es importante para elanálisis por su intención de reestructurar propiedad ycontenidos e innovaciones técnicas. De hecho, ha sido puntoobligado de referencia y discusión para otros Gobiernos ymovimientos sociales en la región.

La presidenta Fernández de Kirchner envió el proyecto enmarzo de 2009. La versión final, que incluyó más dedoscientos cambios sobre el borrador original, fue aprobada

por la Cámara de Diputados con 146 votos a favor, tres encontra y tres abstenciones en septiembre de 2009 (laoposición se retiró antes de la votación). El Senado aprobóla versión aprobada sin modificaciones por 44 votos a favory 24 en contra; fue promulgada por la Presidenta un mesdespués. La ley remplazó la ley 22.285 dictada durante elGobierno militar por el principio de la “seguridadnacional”, la cual, con numerosas enmiendas, fue el marcolegal que rigió el sistema de medios durante más de uncuarto siglo de democracia. A pesar de que Gobiernosciviles previos presentaron proyectos para suplir la ley dela dictadura, ninguno logró que se discutiera en elCongreso.

Uno de los rasgos salientes fue el proceso que produjola propuesta de ley. El proyecto se basó en 21 puntosdebatidos y consensuados por la Coalición por unaRadiodifusión Democrática que congregó una variedad deactores involucrados en la comunicación: organizaciones dederechos humanos, medios comunitarios, sindicatos,asociaciones de prensa y organizaciones barriales. Estoconstituyó un hecho absolutamente novedoso, porquerepresentó un movimiento cívico con amplia participación,en más de 300 sesiones, articulado con el procesolegislativo.

El oficialismo justificó la necesidad de la ley en lanecesidad de tener una legislación aprobada en democracia,y la pluralización del sistema de medios a través de ladesconcentración de la propiedad y la promoción de medidaspara diversificar contenidos y fortalecer laresponsabilidad social. La ley declara que los servicios decomunicación audiovisual son de interés público y establecea la Autoridad Federal de Servicios de ComunicaciónAudiovisual (AFSCA) como la autoridad de aplicación.Dispone que el directorio de la AFSCA sea integrado porsiete miembros: un presidente y un director nombrados porel Poder Ejecutivo, tres designados por la comisiónbicameral (uno por la mayoría, otro por la primera minoríay un tercero por la segunda minoría) y dos directorespropuestos por el Consejo Federal de ComunicaciónAudiovisual (uno de los cuales es un académico de lasciencias de la comunicación). Los miembros del directorioocupan el cargo durante cuatro años. Además, la ley disponela creación del Consejo Federal de Servicios deComunicación Audiovisual (CFSCA), conformado porrepresentantes de provincias y por la Ciudad Autónoma deBuenos Aires; tres miembros de cámaras empresariales, tresrepresentantes de entidades que agrupen a empresas sin finde lucro y representantes de universidades nacionales,medios públicos; sindicatos de los trabajadores de lacomunicación, sociedades de derechos de autor; ycomunidades de los pueblos originarios. Los representantes

duran dos años en sus cargos y lo harán en forma honoraria.Dispone también la creación de Radio y Televisión ArgentinaS. E., como sociedad del Estado, bajo el Poder Ejecutivo,para controlar los medios de propiedad estatal.

Una de las innovaciones más importantes de la ley es ladistinción de tres tipos de propiedad: estatal, privada confines de lucro y privada sin fines de lucro. Establece lanecesidad de transparencia en la formación de sociedades yaccionistas y prohíbe que sus miembros sean funcionariospúblicos o miembros de fuerzas de seguridad o del poderjudicial. En respuesta a demandas de organizacionescomunitarias, la ley dispone que 33% del espectroradioeléctrico esté reservado para sociedades sin fin delucro, disposición similar a la ley aprobada en el Uruguayen 2007. La ley dispone medidas progresivas sobrecontenidos que reflejan demandas de industrias y artistasnacionales y grupos independientes, ya que establece cuotasmínimas de producción nacional y local a efectos depromover la diversificación y federalización y restringirla extranjerización. Frank La Rué, relator para la libertadde expresión de la Organización de las Naciones Unidas,calificó a la ley como “uno de los marcos legales másavanzados en comunicación inspirado en los principiosclásicos de la libertad de expresión en el mundo”.1

Para entender el significado de la ley es precisoanalizar el contexto político que dio lugar al interéspresidencial para enviar el proyecto al Congreso. Esimposible entenderlo fuera de las cambiantes relacionesentre el Kirchnerismo y el Grupo Clarín, la empresa demedios dominante en el país. En tanto que la relación fuede colaboración durante la presidencia de Néstor Kirchner(2003-2007), cambió bruscamente durante el primer mandatode la presidenta Fernández de Kirchner. Para Clarín, losbuenos términos de la primera relación produjeronbeneficios que le permitieron expandir sus intereses en laindustria de medios. Consiguió la autorización de controlardos diarios importantes en el interior (Los Andes enMendoza y La Voz del Interior en Córdoba), la negativa apermitir que empresas telefónicas controlaran la provisióndel servicio triple (cables, telefonía e Internet), lafusión de las operadoras de cable Cablevisión y Multicanal(en las cuales Clarín tiene participación), mantener unaposición dominante en la comercialización de la televisióndel fútbol (en la que Clarín participaba junto con otrasempresas) y autorizar la sociedad financiera con fondosexternos para adquirir Cablevisión. Ninguna de estasoperaciones piulo haber sido posible si el oficialismo nohubiera dado el visto bueno. Asimismo, el Grupo Clarín,dueño de canales de televisión y emisoras de radios, sebenefició con la decisión presidencial de prorrogar laslicencias audiovisuales por diez años.

La relación rápidamente cambió después de la dura einesperada de- i tota que sufrió Fernández de Kirchnerdurante su primer mandato: el reí liazo de la resoluciónadministrativa 125 en el Senado (en un caso del anecdotariopolítico que no estaría fuera de lugar en la obra deIonesco: el vicepresidente Julio Cobos dio el voto decisivocontra el Gobierno del que formaba parte). La resolución“125”, como quedó denominada, proponía una escala móvilpara las retenciones a las exportaciones de cereales. En elposmortem de la derrota, el kirchnerismo concluyó en que lacobertura del diario Clarín fue parcialmente responsablepor el fracaso. Durante el conflicto sobre la 125, Clarínclaramente favoreció las protestas encabezadas porproductores agrícolas contra la propuesta oficial de subirimpuestos.Un factor más fue, según relatos periodísticos, que elkirchnerismo atribuyó a la cobertura negativa de Clarín suderrota en la elección de 2009 en la provincia de BuenosAires (en la que el expresidente Kirchner encabezaba lalista de diputados). Otra interpretación del giro de 180grados del kirchernismo explica que el divorcio se produjopor la disputa subterránea sobre la entrada de Clarín enTelecom Argentina, empresa vital para que la primeracontrolara el “triple play". Después que Telecom comenzó adesinvertir en el mercado argentino tras la fusión deTelefónica y Telecom Italia (que habían sido competidoras),el Gobierno se inclinaba por favorecer a empresas aliadasen la industria de telecomunicación, lo cual impedía elingreso de Clarín.

En medio de la reyerta con la principal empresa demedios, el kirchnerismo levantó la idea de reforma comoprioridad de política pública, tema que estuvo ausentedurante la campaña electoral de 2007. Esta postura recogióreivindicaciones de asociaciones civiles que se habíanmovilizado en torno a la legalización de medioscomunitarios y otros temas de reforma de los medios desdeel retorno de la democracia en 1983.

Debido a que el proyecto nació en respuesta a lossucesos de 2008, varios observadores concluyeron que elpropósito principal de la ley fue recortar la presencia delGrupo Clarín, puesto que sería el principal perjudicado porlos cambios propuestos en la estructura de propiedad. Laley obliga a Clarín a deshacerse de la mayoría de más desus 260 licencias de radiodifusión. Clarín es dueño deacciones en la industria del cable, con intereses en cincooperadoras: Cablevisión, Cablevisión Digital, Multicanal,Supercanal Holding, y Teledigital Cable S. A. Estaparticipación con 144 licencias le permite a la empresatener 47% del total de abonados a cable a nivel nacional.La ley establece un máximo de 24 licencias por empresa yprohíbe que operadores de sistemas de cable sean dueños de

canales de televisión abierta. Clarín es dueño de señalesde cable (entre las que se incluye el noticiero de 24 horas“Todo Noticias”) e importantes canales de televisiónabierta en principales ciudades del país. Además de serpropietario de Canal 13, uno de los principales canales condifusión nacional, es propietario de estaciones radiales enBuenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Tucumán.

Importa que se analice el contexto político de la ley,en especial, considerando que la reorganización del sistemade medios “regulados” por una ley de la dictadura y pornumerosas enmiendas no fue prioridad durante el Gobierno deNéstor Kirchner. Es más, decisiones durante los primerosmeses de la presidencia de Fernández de Kirchner estuvieronen línea con objetivos económicos del Grupo Clarín. Lareforma de medios se convirtió en “la madre de todas lasbatallas” entre el Gobierno contra la principal corporaciónde medios. Además de impulsar la ley, el Gobierno tomó dosdecisiones claves que directamente afectaban los negociosdel Grupo: la estatización de las transmisiones del fútbolpor televisión (negocio que Clarín controlaba en asociacióncon otras empresas) y el rechazo a la fusión de Cablevisióncon Multicanal. Del mismo modo, el Gobierno intentóreformar Papel Prensa, la productora nacional de papel dediario, en la cual el Estado es socio con Clarín y LaNación. Esgrimió el argumento de que ambos diariosaccedieron a las acciones de la empresa durante ladictadura militar mediante delitos de lesa humanidad.

El conflicto abierto entre el Gobierno y el Grupo Clarínse libró en varios escenarios. El Gobierno acusósistemáticamente al Grupo por su cobertura distorsionada afavor de sus intereses corporativos. Apoyó la investigaciónjudicial iniciada por las Abuelas de la Plaza de Mayo sobrela identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera deNoble (directora del Grupo y viuda del fundador RobertoNoble), los cuales fueron sospechados por organismos dederechos humanos de haber sido secuestrados de padresdesaparecidos durante la dictadura militar. Afiches calle-jeros acusando a periodistas de Clarín de “complicidad conla dictadura” aparecieron firmados por gruposkirchneristas. Pancartas, globos y otros elementos delcotillón político denunciando y burlándose de Clarín fuerondistribuidos en actos oficiales. Los medios controlados porel Gobierno pusieron a Clarín en el banquillo de losacusados, lanzando críticas y denuncias. Por su parte,Clarín respondió con acciones de relaciones públicas,rebatiendo las acusaciones y una cobertura absolutamentevolcada a criticar al Gobierno, con constantes denuncias defuncionarios corruptos, manipulación de índices oficiales,y prácticas ilegales en el financiamiento de la campañaelectoral, entre otros temas.

Durante el conflicto, Clarín sostuvo que la ley era

inconstitucional y .1 ilícito medidas cautelares quedemoraron la aplicación de determinados limados. Suestrategia política principal consistió en conseguir que lajusticia declarase que la ley contradice principiosconstitucionales, argumento también utilizado por laoposición en el Congreso. El Gobierno insistió en queClarín presente su plan de venta, de lo contrario suslicencias serán i evocadas, y no podrá venderlas.

Más de tres años después que la ley fue aprobada, laimplementación sufrió importantes retrasos como producto detres razones. Un factor con- MMÍÓ en que el Gobierno através del AFSCA no mostró premura, como indicó un fallo dela Corte Suprema, por su interés en asegurarse que la ley iefectivamente disminuyera el poder del grupo Clarín. Ensegundo lugar, la resistencia de Clarín y otras empresas,como el Grupo Uno, que serian perjudicadas por la ley,demoró la aplicación. Cuatro fallos judiciales fueroninterpuestos, de los cuales tres respondieron a solicitudesde amparo presentadas por el Grupo Clarín y funcionariospúblicos de partidos opositores. Por fin, el retrasotambién se explica porque la oposición en el Parlamento senegó a formar parte de los organismos reguladores debido aque, según el argumento de los legisladores, suparticipación hubiera dado legitimidad a una ley queconsideran inconstitucional. Con esta negativa, argumentóClarín, la AFSCA carece de representación de las primeras ysecundas minorías establecidas por la ley.

La Corte Suprema de Justicia ordenó que se resuelva laconstitucionalidad del artículo 161 de la ley, que obliga ala desinversión de empresas que superan los topespermitidos de propiedad antes del 7 de diciembre de 2012. Apesar de este fallo, el Poder Ejecutivo decidió exigir quelas empresas debían adecuarse de forma “voluntaria oforzosa” a la ley y las obligó ,i deshacerse depropiedades. Es importante mencionar que esta decisión nocontó con la participación de los representantes de laoposición en el organismo previsto por la misma ley para sucontrol.

La Ley RESORTE en Venezuela

El Gobierno del presidente Hugo Chávez impulsó variasmedidas legislativas para reestructurar el sistema demedios en Venezuela. Como señala un documento oficial, losobjetivos centrales han sido desarrollar un “nuevo ordencomunicacional,” “potencializar las capacidadescomunicacionales del Estado,” “reforzar el empoderamientopopular”, promoción de valores, ética e ideologíabolivariana”. Los principales mecanismos fueron la Ley deTelecomunicaciones, aprobada en junio de 2000 y la Ley deResponsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) de

2004. Claramente, los intentos transformadores sefortalecieron después que Chávez fuera reelecto con el 63%de los votos en 2006. El “activismo” mediático del chavismose incrementó con el fracaso de la reforma constitucionalen 2007. A partir del año siguiente, el Gobierno lanzó unarsenal de propuestas legislativas sobre temas vinculadoscon los medios y la información: los proyectos de Ley deTelecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, deLey de Infogobierno, Ley de TV por Cable o Suscripción, Leyde Inteligencia (o “ley sapo”), Ley de Delitos Mediáticos,Ley de Cultura, y Ley de Participación Ciudadana. Además,el Gobierno reformó el Código Procesal Penal, y creó elCentro de Estudio Situacional de la Nación (CES- NA) queotorga a su Presidente y a la autoridad la facultad dedeclarar cualquier información como reservada oclasificada, según circunstancias no especificadas.

Dentro de este conjunto de medidas, la Ley RESORTEmerece especial atención ya que fue una herramientalegislativa esencial del chavismo para producir cambiosprofundos en los contenidos de los medios. No se trató deuna ley destinada a transformar estructuras de propiedad ola economía política de la industria, como la “ley demedios” en Argentina, sino que su objetivo fue laregulación de medios audiovisuales.

El oficialismo defendió la ley como un esfuerzo dedemocratizar la comunicación y, en particular, laprogramación de televisión. La ley prohíbe contenidosconsiderados inapropiados para ciertas audiencias oplataformas mediáticas en determinada franjas horarias yobliga a la difusión de contenidos especiales para niños.Asimismo, incentiva la producción nacional al establecer unmínimo de horas de programación local, lo cual, en suvisión, impulsará la generación de productoresindependientes que deberán registrarse con el Estado. Loscríticos negaron que éstos fueran los propósitosprincipales de la ley, argumentando que los objetivoscentrales fueron regular contenidos críticos del Gobierno yestablecer leyes ambiguas que dieran lugar a aplicacionesdiscrecionales y arbitrarias. Varios artículos prohíbenmensajes que inciten o promuevan odio, fomenten la ansiedadciudadana o alteren el orden público, falten el respeto aautoridades, promuevan el magnicidio o sean propaganda deguerra. Además, la ley obliga a los medios a difundir losmensajes del Estado y prohíbe su interferencia. De violareste mandato, los medios serán suspendidos y la licenciarevocada. Con tal medida, el Gobierno intentó evitar loocurrido durante el golpe de 2002 pues obliga a los mediosa transmitir en cadena cuando lo dispone el Gobierno. Másallá de que dichas estipulaciones sean prima facieproblemáticas para la regulación de la libertad deexpresión, dejando amplio margen de acción para que el

Gobierno decida qué conductas violan artículos específicos.El oficialismo replicó y adujo que las regulaciones apuntana promover la responsabilidad social y evitar que losmedios publiquen información que atente contra principiosbásicos.

La judicialización de los medios

Un segundo mecanismo para transformar el ordenmediático, utilizado i n particular por los Gobiernos deChávez y Correa, fueron los procesos judiciales contraempresas de medios y periodistas. Estas acciones soninseparables de la politización del poder judicial en ambosGobiernos, proceso responsable por la paulatina pérdida deindependencia de la justicia y que fue repetidamentecriticado por asociaciones de juristas y organismosnacionales y regionales de libertad de expresión.

En Venezuela, la “chavización” de la Corte Suprema y laremoción de jueces que declararon libres a miembros de laoposición parlamentaria, entre otras decisiones, claramenteexpresa la intención de debilitar la independencia judicialen casos vinculados con la prensa y la libertad deinformación. Además, la reforma de artículos del CódigoOrgánico Procesal Penal señaló la intención de utilizarmecanismos judiciales para regular la expresión medianteleyes que aumentan las sanciones para delitos de injuria,calumnia y difamación; establecen que criticar afuncionarios públicos y las instituciones del Estado es undelito, e impiden la difusión de informaciones que puedan“causar pánico”. Con estos cambios de fondo, Imito procesosjudiciales contra dueños y medios con posicionesopositoras, como Globovisión que recibió media docena dedenuncias oficiales, y el periódico El Nacional que recibióuna orden judicial por publicar imágenes sangrientas en unamorgue de Caracas.

El presidente Correa utilizó más de dos docenas deprocesos judiciales contra periodistas y medios críticosidentificados con causas conservadoras. El Gobiernojustificó el cierre temporario de Teleamazonas en diciembrede 2009 por haber violado artículos de la Constitución y laLey de Radiodifusión. La televisora había informado que loshabitantes de la isla Puna expresaron su preocupación porel impacto de la explotación de gas. La decisión fue elprimer cierre de una televisora durante la presidencia deCorrea, y la tercera sanción recibida por Teleamazonas enese periodo.La Superintendencia de Telecomunicaciones (el organismooficial encargado del control y monitoreo del espectroradioeléctrico y la supervisión y control de operadores yconcesionarios) adijo que la información estaba basada ensupuestos y que había generado “conmoción nacional”. Mien-

tras Correa aplaudió la decisión y celebró la autonomía deSUPERTEL, los críticos interpretaron que la medida estuvodirectamente decida por el Presidente, quien ya habíasolicitado el cierre de la cadena antes, y que la decisiónera inconstitucional porque estaba basada en un reglamento,lo cual no está permitido por la Constitución. La clausurafue apelada de modo favorable: la Corte Provincial dePichincha falló que la clausura había vulneradoprocedimientos constitucionales y ordenó el pago por dañosy perjuicios.

Uno de los puntales de la estrategia judicial delGobierno de Correa fue la utilización de leyes dedifamación contra medios y periodistas. El primer procesojudicial fue contra el diario La Hora en mayo de 2007, enel que el Presidente enjuició por “desacato” al presidentede la junta directiva del diario, Francisco VivancoRiofrio, después que éste se negó a cambiar un editorialpublicado en marzo de ese año. Bajo el título de“Vandalismo oficial”, el editorial calificó de “vergonzoso”al Presidente. El argumento presidencial se fundó en quelos juicios vertidos eran una infracción al código penalque establece que “amenazas o injurias que ofendan alPresidente” son punibles con multas de dos años de prisión.

Otro caso notable de uso de leyes fue la demanda civilcontra los periodistas Juan Carlos Calderón y ChristianZurita, los autores del libro El Gran Hermano, en febrerode 2011. Correa pidió una indemnización de diez millones dedólares, acusando a los autores de incluir hechos falsosque ofendían su dignidad y buen nombre. El tema central dellibro se basaba en la investigación de contratosmillonarios entre Fabricio Correa y el Estado, que incluíatestimonios del hermano del Presidente que indicaban queeste último estaba al tanto de la situación. Rafael Correanegó la versión presentada por su hermano. Calderón yZurita presentaron docenas de pruebas a la justicia. Elfallo de primera instancia dictaminó que los periodistasserían sancionados con el pago de dos millones de dólarespor daño moral.

Un tercer caso controversial fue la acción judicial porinjurias del presidente Correa contra el diario El Universoen agosto de 2011. En su columna, el jefe de editoriales,Emilio Palacio, criticó al Presidente por falta de“prudencia” en el manejo del levantamiento policial (quefue denominado como un “golpe de Estado” por el Gobierno) ylo hizo responsable de ordenar a los militares quedispararan en un hospital. La refriega terminó en muertos ydestituciones en la Policía. El columnista solicitó aCorrea que se realizara una investigación sobre losucedido. Correa, quien negó haber dado la orden, pidiódiez años de cárcel para Palacio y el pago de 80 millonesde dólares. La justicia dictaminó que los hermanos César,

Carlos y Nicolás Pérez, tres directivos y principalesaccionistas del diario, y Palacio eran responsables y loscondenó a tres años de cárcel y el pago de 40 millones dedólares. El hecho de que el juez se expidiera con tantarapidez en un caso complejo se interpretó por los críticoscomo señal de ausencia de independencia judicial. Al final,Correa decidió perdonar a los acusados.

Tanto en Ecuador como en Venezuela, los debatesgenerados a partir de casos judiciales se encauzaron haciados posiciones claras. Por una parte, los defensores deloficialismo cuestionaron las críticas “infundadas”provenientes de grupos mediáticos-económicos acostumbradosa detentar el poder sin controles y opuestas a laspolíticas transformadoras. Acusaron a la oposición en losmedios de recurrir al insulto y a la difamación paraobtener réditos económicos. Por otra parte, en cambio,cámaras empresariales locales y regionales denunciaron quelas reacciones presidenciales, mostraron intolerancia conel disenso e intención de amedrentar a la piensa coninstrumentos legales. Organismos de periodistas y libertadde expresión criticaron el abuso de instrumentos legales,que contravienen normas internacionales con el objeto desilenciar a la prensa, y la sujeción de la justicia aintereses políticos, e instaron a los Gobiernos a eliminarLeyes de desacato.

Discrecionalismo presidencial

El tercer tipo de estrategias utilizadas para refundarlos sistemas de medios consiste en un conjunto dedecisiones del Ejecutivo, directamente controladas sea porla presidencia o por organismos de diferente rango dentrode la estructura ministerial de Gobierno. A diferencia demecanismos parlamentarios y, en menor medida, de losprocesos judiciales, las dicisiones presidenciales sobrelos medios son menos proclives a confrontar resistencia. Laviabilidad de mecanismos parlamentarios depende del balancede fuerzas en determinado momento, según resultadoselectorales y la factibilidad de construir alianzas sobreleyes específicas, como también las características propiasdel momento político en el cual se pretende introducirnuevas leyes. La situación difiere con los procesosjudiciales. Si el poder judicial carece de independencia o,por lo menos, ciertas instancias i i m sujetas al poderpresidencial, es factible que procesos legales prosperen.Sin embargo, la existencia de jueces autónomos puededificultar aspiraciones presidenciales de ejecutarmodificaciones o penalizar a determinados individuos ymedios.

En cambio, las posibilidades de que accionesimplementadas por el Ejecutivo enfrenten escenarios

inciertos o tropiecen con obstáculos son menores en paísesde fuerte tradición presidencialista. La debilidadconsuetudinaria de los mecanismos de control en lasdemocracias latinoamericanas, sumada a la desactivación oal debilitamiento de organismos de monitoreo yfiscalización implementadas por cualquier Gobierno,facilitan el discrecionalismo presidencial.

No es exagerado decir que, históricamente, ladiscrecionalidad presidencial fue un factor determinante enla estructura y dinámica de los sistemas de medios enAmérica Latina. Los presidentes controlaron de maneradirecta decisiones con enorme impacto en la economíapolítica de los medios. Asuntos con fuerte influenciapresidencial son el otorgamiento y renovación de licenciasde radiodifusión, la producción o importación de insumosclaves para la industria de medios (papel impreso, tintas,rotativas, cámaras, estudios), la determinación deobligaciones impositivas, asignación de contratos públicosa empresas de medios (y corporaciones empresarialesvinculadas) y la publicidad oficial. Estos temas de vitalimportancia pueden decidir el futuro de cualquier medio. Enla historia de los medios modernos en la región, estosasuntos no fueron decididos en general por disposicionesdel Congreso o fallos judiciales. Tampoco resultaron dedecisiones tomadas por ministerios y organismos oficialesque controlan, por ejemplo, cuestiones relacionadas conlicencias de telecomunicación, comercio exterior oimpuestos, de forma autónoma del despacho presidencial. Nohan sido decisiones basadas en criterios estrictamentetécnicos despojados de racionalidad política, sino queestuvieron sujetas a la “mano visible” de los cálculospresidenciales. Puesto que los miembros de esos organismosse suelen nombrar directamente por el Ejecutivo, carecen dela suficiente independencia para tomar decisiones noalineadas con las directivas presidenciales.

El patrimonialismo mediático, mencionado en el capítuloanterior, se refiere justo al personalismo en la toma dedecisiones, lo cual refleja una concepción de los medioscomo prolongación personal e institucional del Ejecutivo.Se perciben los medios como asuntos de competenciapresidencial. Igual que otros líderes y partidos políticosen el poder, el populismo aprovecha la situacióninstitucional de presidencias fuertes y controles débilespara conseguir objetivos político-comunicacionales. En estesentido, el populismo continúa la tradición de concebir queel acceso al poder presidencial otorga amplio margen deacción para afectar la situación de los medios. Elpresidencialismo no es propiedad exclusiva del populismo.El control discrecional de la publicidad oficial o elotorgamiento de millonarios contratos a dueños y empresasde medios, en procesos opacos y sospechados de favoritismo,

no son invenciones populistas.Siguiendo el surco marcado, el populismo recurrió a

mecanismos bajo control presidencial para favorecer openalizar a empresas privadas según su posición política.En el contexto de este libro es imposible analizar nu-merosas decisiones que ilustran la enorme capacidad delpoder Ejecutivo para transformar sistemas de medios. Miinterés es discutir dos temas, licencias de radiodifusión ypublicidad oficial, que ilustran el discrecionalismopresidencial.En los casos de Ecuador y Venezuela, las decisiones

presidenciales sobre licencias fueron mecanismos centralespara la transformación del mapa de medios. Una de lasestrategias fue la revocación y la no renovación de con- .i .iones a radios y televisoras por medio de unidadesoficiales encargadas di las telecomunicaciones.

En Venezuela, el Gobierno ordenó el cierre de docenas deemisoras radiales con el argumento de que no estaban enregla con normas vigentes, porque hacían uso ilícito delicencias que habían sido asignadas a personas fallecidas,no cumplían con trámites administrativos o carecían depermisos. Sin duda, la decisión que atrajo enorme atenciónfue la negativa oficial de renovar la licencia de RadioCaracas Televisión (RCTV) en diciembre de 2006, cumplida almes siguiente. RCTV, la televisora más antígua del país,operaba con una licencia otorgada por 20 años que expirabaen mayo de 2007. A partir de ese momento, RCTV pasó aoperar sólo en cable. La decisión la tomó la ComisiónNacional de Telecomunicaciones (CONATEL), justificándolacomo una cuestión puramente administrativa. Según CONATEL,la decisión se basó en información recogida por un i cusosolicitando a las emisoras que presentaran documentaciónsobre sus licencias. Con esta información, el Gobiernojustificó la decisión en cumplimiento de normasestablecidas que determinan responsabilidades legales paralos concesionarios de licencias. Si los operadores nocumplen con el interés público, la autoridad del Gobiernopermite que otras empresas utilicen el espectroradioeléctrico de acuerdo con la Constitución y la Ley deTelecomunicaciones.

Los críticos rechazaron el argumento legalista paraexplicar el cierre de emisoras de radio y de RCTV, yargumentaron que la decisión era puramente política. Elblanco de los cierres fueron emisoras con posicioneseditoriales contrarias al Gobierno. RCTV fue uno de losprincipales medios privados que apoyaron abiertamente elgolpe de Estado en 2002 y transmitieron ininterrumpidamentemensajes críticos al chavismo y rumores que contribuyeron ala confusión del momento. La decisión sobre RCTV seinterpretó como una acción para atestar un golpe a una redprivada con alcance nacional decididamente opuesta al

Gobierno. Asimismo, la decisión enviaba un claro mensaje alresto de las empresas de medios con posicionesantichavistas, ya que mostraba las posibles consecuencias.le continuar con su postura crítica. Estas ideas semanifestaron con el enérgico rechazo a la medida enprotestas callejeras y declaraciones de organizaciones delibertad de expresión. RCTV pasó a transmitir por víasatelital con una audiencia menor a la que tenía entelevisión abierta y fue de nuevo cerrada temporalmente en2010 por decisión de CONATEL al negarse a cumplir la leyque obliga a transmitir alocuciones presidenciales.

Otro caso conflictivo fueron las relaciones entre elGobierno de Chávez y Globovisión. A partir de 2009, CONATELrealizó investigaciones sobre la empresa y anunció variassanciones. Una denuncia acusó al canal de informar sobre unterremoto antes que la noticia se difundiera oficialmente.Otro caso aludió a la presunta incitación a la violenciacontra el presidente Chávez desde un programa. Otrainvestigación fue ordenada después que Globovisión cubrióun motín carcelario en el cual murieron 20 personas enjunio de 2011. El Gobierno denunció que la coberturaincentivaba al delito y a la alteración del orden público.Un año después, la empresa pagó una multa superior a dosmillones de dólares (7,5% de sus ingresos anuales). Delmismo modo, Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión,fue sometido a investigaciones oficiales después de afirmarque Chávez atentó contra la libertad de expresión y ordenódisparar durante el golpe de 2002.

En Ecuador, el Gobierno de Correa resolvió incautacionesde bancos para modificar la estructura de propiedad demedios. Como se analizó en el capítulo anterior, el hechode que medios sean propiedad de bancos es contrario acualquier modelo de pluralización de la voz ciudadana endemocracia. Con la incautación del Banco del Progreso, quequebró en 1999, la Agencia de Garantías de Depósitos tomóel diario El Telégrafo en 2002. En medio de la crisisfinanciera, el Gobierno incautó medios en 2008 y prometiósubastarlos a la brevedad. En cuanto parte de estaspropiedades, se apropió de canales de televisión que eranparte de Filibanco, propiedad de los hermanos William yRoberto Isaías. Ambos fueron acusados de malversación,condenados por la Corte Nacional de Justicia a ocho años decárcel y sus bienes, embargados. Así el Gobierno se quedóen poder de TC Televisión, Gama TV, Cable Noticias (cerradomás adelante) y dos radios. Se anunció que los fondosrecaudados de la venta serían destinados a pagar perjuiciosocasionados por el banco durante la crisis. Si bien elGobierno anunció que los canales incautados seríansubastados, justificó el retraso aduciendo demoras en lavaloración de empresas interesadas en adquirirlos.

La publicidad oficial es otro recurso históricamente

utilizado por presidentes para modificar dinámicas yestructuras en los sistemas de medios. Si se toma enconjunto, el Estado es uno de los anunciantes más impor-tantes en América Latina, cuya gravitación varía segúnpaíses y regiones. El peso del Estado como avisador estádistribuido en docenas de ministerios, secretarías,agencias y otros organismos. Cuanto más diversificadas sonlas fuentes de publicidad privada, menor es la importanciade oficinas estatales como fuentes de ingresos. En zonasdonde la publicidad privada es mínima o cuando un manojo demedios concentra el mayor porcentaje de anuncios, el Estadotiene influencia significativa sobre la estructuraeconómica de los medios. Esta situación deriva no sólo delpoderío económico, asentado en el manejo de fondos públicosy el control de empresas en sectores claves (desdefinanciero hasta energía), sino de la falta de controles enel uso de la publicidad oficial. A pesar de que laasignación arbitraria y discriminatoria de publicidadoficial contradice la Declaración de Principios de laLibertad de Expresión de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos como también legislación nacional, lapráctica es habitual en las economías de los medios. Eldiscrecionalismo en el manejo de la publicidad oficial esrasgo constitutivo del patrimonialismo mediático, unaestrategia preferida para torcer coberturas periodísticas yganar, preferencias en los medios privados.

La ausencia o debilidad de regulaciones permitió laexistencia de redes de ventajas mutuas entre medios,periodistas, Gobiernos y funcionarios. La lógica de lapublicidad oficial está firmemente atada a cuestionesestrictamente económicas y políticas más que objetivas derendición de cuentas de la acción oficial o elfortalecimiento de una ciudadanía informada. En principio,la publicidad es un mecanismo necesario para que losGobiernos informen a la ciudadanía sobre sus actividades yhagan anuncios que competen al bien común. Está vinculadacon el objetivo de transparentar la acción oficialfinanciado por dineros comunes. Esta noción es postergada vdesvirtuada por la manipulación orientada según dinámicasde beneficio, despojada de cualquier intención decontribuir a la comunicación entre Gobierno y ciudadanía.Los Gobiernos han usado la publicidad como i oto privado,para presionar y castigar a los medios opositores y premiara aquellos que diligentemente los apoyan. Esta red debeneficios no es sólo una relación “institucional” entreoficinas de Gobiernos y empresas, sino que también seplasma en vínculos personales entre funcionarios yperiodistas que intercambian cobertura favorable porpublicidad para sus empleadores o proyectos individuales(“newsletters”, programas de radio v televisión, blogs) yotras ventajas (como contratos y consultorías).

Esas prácticas han caracterizado los sistemas de mediosen la región durante regímenes y Gobiernos de distintotipo. Las empresas denuncian esta situación cuando sonperjudicadas y mantienen silencio sepulcral cuando sonfavorecidas. Puesto que los medios son parte central delintercambio de favores, que anula el propósito cardinal dela publicidad oficial, no sorprende que su interés en estetema esté condicionado por decisiones específicas. Lasituación persiste en la medida que ninguna de las partesen cuestión está fundamentalmente interesadas en cambiarlas reglas del luego y considerar alternativas paraenfatizar lo “público” en publicidad.

La continuación de dichas prácticas bajo el populismoconfirma dinámicas contrarias a cualquier ideal detransparencia y comunicación pública. Medios privadosopositores han acusado a los Gobiernos de discriminación ymal uso de fondos públicos. La asignación de la publicidadoficial está dictada por las líneas editoriales de losmedios frente al Gobierno. 1 is inversiones oficiales noestán guiadas por objetivos y necesidades de comunicaciónpública ni son hechas de forma proporcional al volumen delas audiencias de los medios. Se asigna la publicidadmayormente a medios estatales y empresas privadas afines aloficialismo. En Nicaragua, por ejemplo, los periódicos con60% de los lectores recibieron 2,5% de la publicidadoficial, mientras que diarios con audiencias muchísimomenores recibieron el 38% del monto total. La publicidadestá también vinculada con prácticas nepotistas: dueños demedios muy beneficiados por la publicidad oficial son hijosdel presidente Daniel Ortega o aliados políticos, comoÁngel González.

Estas decisiones mencionadas son claramente influidas demodo directo por la presidencia. No son decisiones tomadaspor oficinas gubernamentales con independencia del PoderEjecutivo. Estas dinámicas contradicen cualquier noción depublicidad oficial como bien público o como herramienta decomunicación ciudadana y muestran la concepción“privatista” dominante. El presidente Correa ordenósuspender la asignación de publicidad oficial a empresas“mercantilistas” en referencia a medios privados con losque mantiene conflicto abierto. “No tenemos por qué, condinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seisfamilias de este país. No me manda publicidad oficial; seacabó”, dijo en orden al Ministerio de Comunicación. “Paraqué vamos a seguir llenando el bolsillo de media docena defamilias cuando claramente nos dicen que anteponen susnegocios al derecho a estar bien comunicados. Entonces, porqué con dinero del pueblo ecuatoriano vamos a estarbeneficiando esos negocios”.

Hay dos rasgos importantes para señalar en el manejo dela publicidad oficial. Por una parte, los montos se han

incrementado en gran manera durante los Gobiernospopulistas. Se puede argumentar que la explosión del gastopublicitario es consecuencia del aumento de laparticipación estatal en la economía a través delpotenciamiento de empresas públicas y la nacionalización decompañías privadas. Refleja el rol estatal en la economía.No existen análisis que demuestren en efecto esa directacausalidad entre participación económica del Estado yvolumen publicitario. Más que consecuencia de políticaseconómicas, esta tendencia refleja la estrategiacomunicacional del populismo que entiende la publicidadoficial como un instrumento central para reformar lossistemas de medios. El incremento de los gastospublicitarios expresa una intencionalidad política más quesimples cambios en la economía o necesidades técnicas dedespachos oficiales. La prueba más convincente son losdesequilibrios en la asignación entre diferentes medios.Por eso, es habitual que medios afines al Gobierno, enparticular los de propiedad estatal, están alfombrados poranuncios de actos y obras oficiales. Por otra parte y, apesar de reiteradas demandas de asociaciones civiles, eloficialismo perpetuó el vacío legal en este tema. Ladesidia oficial en considerar leyes nacionales que regulenla publicidad oficial demuestra la falta de interés enrevertir la situación. En algunos casos, como en Argentina,las decisiones del Ejecutivo contravienen un fallo de laCorte Suprema que prohíbe la discriminación en lasasignaciones publicitarias.

El populismo utiliza varios argumentos para justificarestas disposiciones. El presidente Kirchner adujo que elpropósito era favorecer a “medios chicos” que están encondiciones desfavorables frente a los medios “grandes”.Criticó a estos últimos por haberse beneficiadoeconómicamente durante la dictadura militar y por haberdenunciado la situación por razones sólo comercialesdesligadas de la libertad de expresión. En verdad, lautilización de recursos públicos para mitigar inequidadesen los sistemas di medios y fortalecer perspectivas sinapoyo mercantil es una idea importante. Las democraciastienen esta herramienta para garantizar un pluralismo devoces y evitar que la suerte de la expresión en la esferapública quede sujeta a decisiones puramente comerciales yal tamaño de los bolsillos privados. De hecho, se utilizaen algunas democracias europeas para balanceardesigualdades comunicacionales y fortalecer la presentaciónde diversos intereses e ideologías. El problema reside enque estas decisiones deben ser materia del Parlamento,basadas en objetivos comunes y consensuados entre partidospolíticos y otras fuerzas sociales y políticas. No e puedentomar en forma unilateral por el Poder Ejecutivo. No debenser decisiones personalistas, como las que expresan las

declaraciones del presidente Correa. En contextos de fuertepresidencialismo y débiles me- i .mismos de control, seprestan a abusos y desvirtúan el propósito de la publicidadoficial.

Más allá de la vigencia de prácticas que contradicennormas internacionales y nacionales subyace una preguntacentral: ¿Por qué necesita el Estado hacer publicidad? ElEstado debe hacer públicas sus actividades y decisiones endemocracia. La publicidad es una cuestión de información ycontrol ciudadano, vinculada con lo “público” y no con lo“propagandístico”. El principio rector debe ser larendición de cuentas y el moni- toreo ciudadano de laactividad oficial. Hay cuestiones que competen a laactividad oficial, las cuales, por cierto, precisan seranunciadas (contratos, subastas, nuevas disposiciones yleyes, oportunidades educativas), pues conciernen alinterés público. Sin embargo, hay una gama de temas cuyarelevancia pública es dudosa. Anunciar “logros”, laconstrucción de i aminos, la inauguración de hospitales ola apertura de escuelas, no está vinculado con la lógicadel conocimiento público. Es propaganda, no escomunicación. Se trata de información dominada por elinterés oficial de cortejar la opinión pública con verdadesparciales más que el interés en fomentar deliberacionessobre actos de gobierno.

Otro tema son las plataformas utilizadas para informar.Hoy en día, cualquier Gobierno puede difundir sus accionesen sitios oficiales en Internet y publicar información queatañe a la ciudadanía. Del mismo modo que los Gobiernospublican boletines oficiales que informan sobre legisla-ción, los medios digitales bastan para anunciar ciertosprocesos: llamados i concurso y anuncios de oportunidades yprogramas. No hay necesidad de utilizar un arsenal demedios tradicionales (periódicos, radios y televisión). Hayexcepciones, como “campañas” de información pública sobresalud, educación, medio ambiente y otros temas querequieren utilizar medios usados por determinadaspoblaciones y que reúnan cualidades (credibilidad, acceso)apropiadas para ciertos objetivos. Éstas son decisionesestratégicas basadas en criterios técnicos de segmentaciónde públicos típicos de cualquier intervencióncomunicacional.

La manipulación contradice el propósito de la publicidadoficial de “información pública” y perpetúa la tradición deentenderla como un “paquete de fondos” de uso gubernamentalpara lograr propósitos políticos y otorgar beneficiosinstitucionales y personales.

¿La refundación de los sistemas de medios?

Las políticas populistas generaron un torrente dediscusión. Al convertir los medios en prioridad política,el populismo impulsó debates sobre temas que rara vezconcitan atención masiva y son preocupación exclusiva deexpertos. Leyes de comunicación, códigos de ética, juiciospor desacato, propiedad concentrada e interesesempresariales cruzados se refieren a temas técnicos ylegales. No obstante, se han convertido en temas habitualesen conversaciones, medios, vida cotidiana y actos públicos.

Este estado de debate abierto con argumentos, insultos yacusaciones mutuas reflejó las turbulentas relaciones entreGobiernos y corporaciones de medios, cámaras empresarialesy asociaciones de periodistas. Los Gobiernos acusaron a losmedios de favorecer objetivos empresariales, representarintereses reaccionarios y escudarse en el discurso de la“libertad de prensa” para encubrir sus reales motivacionescomerciales y antipopulares. Los presidentes también hanusado su podio para hacer acusaciones ad hóminem contrareporteros y columnistas. Obsesionados éstos por lacobertura noticiosa, han asumido el rol de críticos en jefede la praxis periodística, ofreciendo observaciones ylanzando imputaciones. No hay evidencia de que la cataratade comentarios presidenciales sean efectivas campañaspedagógicas que fomenten una lecture à contre-fil de laprensa. Sin embargo, son problemáticas en cuanto generan unclima de intimidación y marcan el terreno de asuntos degusto o rabia presidencial. Según asociacionesprofesionales, los periodistas prefieren la autocensuraantes que convertirse en blanco de la furia verbal oficialo de la violencia física espoleada por funcionarios.Haciendo oídos sordos a las reacciones críticas de estasprácticas, el “ruido mediático” en palabras de Chávez, losPresidentes insisten en dar lecciones de interpretacióncontratextual del periodismo opositor.

En esta disputa agitada y polarizada, la sociedad civilestá fragmentada. Partidos políticos, sindicatos,asociaciones de periodistas, medios comunitarios yacadémicos han tomado posiciones divididas y han expresadosu apoyo o rechazo en movilizaciones callejeras ypronunciamientos. Hubo picos de tensión reiterados durantelos debates parlamentarios, anuncios de querella yveredictos judiciales, incautación de bienes, órdenes deinspección impositiva de empresas, denuncias de periodistasy otros sucesos.

Aunque las políticas analizadas expresan un procesofluido y abierto, con proyectos de ley y decisionesjudiciales pendientes, han tenido un impacto significativo.Los sistemas de medios no son los mismos que hace unadécada atrás. No sólo hay nuevas leyes que norman laestructura y funcionamiento de los medios, sino que hay

nuevas reglas de juego en la relación entre Gobiernos yempresas. No hay lugar para posiciones equilibradas eintermedias en la disputa áspera y la continua polarizaciónde los medios. De igual manera, la desaparición o eldebilitamiento de empresas que tuvieron considerable podereconómico y político en el pasado, y el aumento del númerode medios controlados por el Estado son otros síntomas decambios en los sistemas de medios.

Dichas transformaciones muestran una significativaflexibilidad de los sistemas democráticos. No son sistemascalcificados, sólidamente impermeables al cambio. Laconjunción de determinadas condiciones (líderes y partidosdispuestos a modificar estructuras, apoyo parlamentario yhabilidad política) produjo cambios importantes. Quiensuceda al populismo en rl poder heredará lastransformaciones recientes.

¿Logró el populismo transformar de hecho los sistemas demedios en concordancia con su diagnóstico?

La evidencia muestra la ambigüedad del populismo frenteal sector privado y la democratización de los medios. Sibien instala la necesidad de reformar el sector privado yla estructura de propiedad, el populismo privilegia larealpolitik frente a los medios privados. Más que purismodoctrinario, exaltado en los discursos oficiales, larealidad muestra acomodamientos, matrimonios deconveniencia y la continuación del patrimonialismomediático.

Más que una oposición feroz y cerrada de los mediosprivados, el populismo se enfrentó con empresas dominantesopuestas a sus políticas. Si bien los Gobiernos handenunciado continuamente a “monopolios” y "corporaciones”,no intentaron la expropiación absoluta de los medios oquebrar los intereses cruzados entre empresas privadas ygrupos industriales. El populismo no tiene una posiciónférrea y principista frente a los medios privadosconsiderados a modo de un bloque, como suelen caracterizarlas organizaciones empresariales propensas a alarmar sobreataques “indiscriminados” al sector privado. No hubo unaliquidación de los medios privados. Los conflictos han sidoselectivos. El populismo no intenta corregir de plano lasdistorsiones del mercado ancladas en estructuras depropiedad y financiamiento. Frente al sector privado, elpopulismo prioriza obtener apoyos o minimizar críticas,según vientos políticos cambiantes y las necesidades decoyunturas particulares. Las idas y venidas entre Gobiernosy corporaciones reflejan conveniencias puntuales y cálculospragmáticos más que confrontaciones ideológicas o unapasión ortodoxa por modelos estatistas o por un dogmatismoantiprivatista.

En Venezuela, después de más de una década en el poder,hasta la muerte del presidente Chávez, la mayoría de los

canales de televisión, las emisoras de radio y losperiódicos son de propiedad privada. Aunque el Estadoacumuló licencias en este período, el informe de 2011 delMinisterio de Comunicación e Información reporta que el 70%de las licencias de radio y televisión están en manosprivadas, 25% son comunitarias, y menos del 5% son públicassobre un total de 949 licencias. Hubo una disminución delporcentaje de licencias en manos privadas, que superaba el92% cuando Chávez asumió el poder en 1999. Los datos deCONATEL muestran tendencias similares: la vasta mayoríasiguen siendo licencias privadas y hubo un crecimiento demedios públicos y comunitarios. Según datos de 2012elaborados por el Consejo Nacional Electoral, las emisorasde televisión son 55% del sector privado, 12% de serviciopúblico y 33% son comunitarias. En radio, la distribuciónde frecuencia es la siguiente: 87% son emisoras privadas y13% en AM; 58% son privadas, 11 % públicas y 31%comunitarias en FM. Cifras similares existen sobre lapropiedad de los periódicos, donde la mayoría permanece enmanos privadas.2 Sobre la base de estos números, y despuésde más de una década en el poder, se puede concluir que elchavismo no propone la estatización completa de los medios,sino que enfrentó a determinadas empresas, en particularlas cadenas nacionales de televisión, que, después deapoyar su primera candidatura en 1998, apuntalaron el golpede Estado de 2002 y mantuvieron una línea critica.

Es difícil aseverar que el chavismo privilegió unavisión socialista ortodoxa por encima de cálculos políticosestratégicos. El caso sobresaliente de estas dinámicas sonlas cambiantes relaciones entre el Gobierno de Chávez yGustavo Cisneros. Cabeza de un grupo industrial conintereses diversos, y con una fortuna estimada en seis milmillones de dólares, Cisneros históricamente representó elpoderoso capitán de la industria de medios en AméricaLatina. Venevisión, la empresa de televisión del GrupoCisneros, no sólo fue líder visible de la oposicióntemprana a Chávez sino que lideró en forma activa elfallido intento de golpe del 11 de abril de 2002. Igual quelas otras redes privadas (Globovisión, Televen yRCTV),Venevisión participó en favor de la insurrección ycubrió de forma abierta y sesgada los sucesos. La emisoraconvocó a la población a apoyar el golpe en las calles eignoró la movilización prochavista, mostrando viejaspelículas. Después, los hermanos Cisneros participaron enel lockout de la industria del petróleo en diciembre de2002 determinados a socavar las bases económicas delGobierno. Una vez que Chávez se afirmó en el poder, losacontecimientos posteriores fueron previsibles. Chávezacusó directamente a Cisneros de conspirador; funcionariosfueron despachados a inspeccionar propiedades delempresario. Desde entonces, las relaciones han cambiado, al

parecer a partir de una negociación entre los Cisneros yChávez en 2004 facilitada por el expresidentenorteamericano Jimmy Cárter. Desde que Chávez incluyó aVenevisión entre “los cuatro jinetes del apocalipsis” rn suapocalíptica descripción de las principales cadenas detelevisión, las relaciones han cambiado. Los empresariosobtuvieran la renovación de la concesión de Venevisión porcinco años en 2007, logro que les permitió mantener poderen una industria multimillonaria con altos índices de au-diencia e inversión publicitaria. A su vez, Venevisiónmoderó su posición frente al Gobierno y cubrió congenerosidad y con guantes de seda la campaña electoral deChávez de 2006. Asimismo, su prudente cobertura delconflicto entre el Gobierno y RCTV fue sintomática decambios editoriales \ adaptación a políticas oficiales.

El chavismo ha tenido una relación conflictiva conGlobovisión cuya línea editorial se caracteriza por seracérrimamente opositora. En algunas ni ocasiones, latelevisora respondió a los embates oficiales por víajudicial y administrativa con mensajes que directamentellamaban a la audiencia a "derrocar al tirano” y anunciabanla “inminencia” de un golpe de Estado. Sin embargo, segúncables de WikiLeaks, publicados por el Instituto Prensa ySociedad en Venezuela y la revista Semana en Colombia en2011, el ( Hibierno presionó al banquero Nelson Mezerhane,el principal accionista del canal, para que compraraacciones de sus socios Guillermo Zuloaga y Alberto FedericoRavell a cambio de evitar la nacionalización del BancoFederal de su propiedad. Esa operación le permitiría tenerla mayoría e influir en la línea editorial de la empresa.

Otro caso que muestra las luces y sombras de la relaciónentre el Gobierno de Chávez y el sector privado han sidolos vínculos con Televen. Esta empresa mantuvo una líneafrancamente opositora hasta el referendo de 2004. Después,adoptó una posición más conciliadora, actitud que, paraalgunos observadores, se puso en evidencia cuando decidiósacar del aire el programa de Marta Colomina, una conocidaperiodista enfrentada al oficialismo, en 2005. Asimismo, elsilencio de Televen durante el sonado cierre de RCTVtambién sugirió que era una señal de apoyo al oficialismo.El hecho de que José Vicente Rangel, quien ocupó los cargosde ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente en elGobierno chavista, tenga mi programa en la emisora seinterpreta como señal de reacomodamiento de las relacionesentre la empresa y el Gobierno.

La redefinición de las relaciones entre el Gobierno conVenevisión y I eleven, dos de las cuatro cadenastelevisoras que dominaban los medios cuando Hugo Chávezasumió el poder en 1999, demuestra cambios efectivos y elreacomodamiento del sector privado frente al activismooficial en materia legislativa, judicial y administrativa.

Según una investigación del Centro de Investigación de laComunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, másde la mitad de los programas de información y opinión queeran opositores al chavismo salieron del aire desde lapromulgación de la Ley RESORTE.

El caso del kirchnerismo también ilustra las dinámicasmarcadas: la brecha entre el discurso combativo contra los“monopolios” y la realpolitik frente a los medios, ladistancia entre la democracia de la voz popular y laperpetuación del patrimonialismo mediático. Una evidenciade que la ley de 2009 apunta a recortar el poder de unacorporación, más que a reestructurar el sector privado o elmercado de medios, es la diferente actitud del Gobiernofrente al Grupo Clarín y otras empresas que deben ajustarsea la ley. No hay duda de que Clarín fue el centro de lamira durante la prolongada etapa inicial de aplicación dela ley, en medio de batallas judiciales y retóricas. ElGobierno no expresó similar empeño en aplicar las cláusulasde adecuación a la ley a empresas que mantuvieron una línea“neutral” o prooficialista, como el Grupo Uno,Electroingeniería, Cristóbal López, Moneta-Szpolski-Garfunkel, Ángel González, Prisa, y Telefónica. Pordiversas razones, estas empresas deben desprenderse delicencias y otros intereses para cumplir con la ley.

Las razones varían de empresa a empresa.Electroingeniería y Szpolski-Garfunkel son dueñas deseñales de televisión que no fueron adquiridas mediantelicitaciones públicas. Cristóbal López compró una señal detelevisión y estaciones de radio, aun cuando estánprohibidas las ventas, y, además, al ser concesionario deexplotación petrolera, casinos, recolección de residuos ypeajes viales no puede ser dueño de medios audiovisuales,porque excede los límites fijados por la ley para quienesprestan servicios públicos. El Grupo Uno tampoco fue blancodel empeño oficial de imponer la ley, aunque tieneintereses en la industria del petróleo y acumula licenciasde televisión abierta, dos docenas de licencias de TV decable y un operador de cable. Telefónica no se ajusta a lanueva normativa en tanto, como empresa española, no puedetener el 100% de licencias de radio y televisión ya queposee nueve canales de TV abierta, incluido Telefé, uno delos canales líderes. Además, no puede ser dueña delicencias de radiodifusión por ser empresa de serviciospúblicos que provee telefonía básica. González no puede serdueño del Canal 9 de Buenos Aires y una radio, porque no esciudadano argentino. Aunque el kirchnerismo no llegó apuntos sin retorno con empresas privadas, como en los casosde Chávez y Correa, no tomó una posición rabiosamenteantiprivatista, sino que fue selectivo de acuerdo con losposicionamientos editoriales. El contorsionismo entre eldiscurso sobre “la concentración de medios” y las

decisiones concretas, que responden a cálculos políticos,reflejan la ausencia de convicciones férreas sobre el roldel sector privado o la estructura de mercados en unsistema de medios democrático.

Conclusiones

La ruptura populista produjo una reorganizaciónimportante de los sistemas de medios. Fortaleció el poderpresidencial de comunicación y debilitó la presencia dealgunos adversarios privados. Es equivocado con- i luir queel populismo cementó “monopolios” estatales, como acusansus detractores. La mayoría de las licencias deradiodifusión continúa en manos privadas a pesar delcrecimiento de las señales estatales. Del mismo modo que eserróneo hablar de “monopolios” privados, también esincorrecto pintar un cuadro de “monopolios” estatalestododominantes. Una caracterización sólo técnica, sinembargo, resulta incompleta, pues no lodos los dueños delicencias tienen similar presencia en el panorama demedios. En principio, una empresa privada con una licenciade pequeño alcance es igual a una licencia de unacorporación dueña de una emisora líder de audiencia. Elanálisis de la aritmética de propiedad, no obstante, ofreceun cuadro incompleto que pierde de vista la desigualpresencia de diferentes medios en función de audiencia,poder económico, vínculos con intereses políticos ycomerciales, y percepción sobre su influencia. Los mediosprivados, tanto los aliados tácticos como los enemigosacérrimos del populismo, tienen presencia dispar comparadacon centenares de medios escritos y audiovisuales. Ladisputa política se focalizó en medios con alta audiencia ylectoría (de hecho, en medios televisivos más que radios yprensa escrita), imbricados con otros interesesindustriales justo porque se los percibe como influyentesen la opinión pública y la política.

Aunque el diagnóstico populista acierta en señalar laconcentración de propiedad como un desafío clave para lacomunicación democrática, sus acciones sugieren la primacíade criterios políticos a la hora de tomar acciones y usarmecanismos para reformar los sistemas de medios. Las posi-ciones editoriales de los medios, más que las dimensionesde su estructura corporativa, frente a políticas oficialesexplican los nudos del conflicto entre Gobierno y sectorprivado. Debajo de la retórica del cambio y la revolución,continúan prácticas clientelistas y patrimonialistas queaplican versiones curiosas de trickle-down economics yredistribucionismo social en la industria de medios,otorgando dádivas y recompensas a clientes leales. Estoshábitos, contrarios a la transparencia estatal y al controlpúblico, apuntalan las reformas del populismo. Se monta

sobre una larga tradición de decisionismo presidencialistaque controla procesos administrativos para premiar ycastigar a empresas privadas.

Aquí radican algunas tensiones básicas del proyectomediático del populismo. La innovación técnica y elespíritu pluralista de algunas leyes, que apuntan ademocratizar el espectro radioeléctrico, chocan con lacontinuación de viejas prácticas desconectadas de ideas departicipación y bien público. La retórica de la libertad deexpresión como bien social contradice leyes quesobredimensionan el rol del Estado en la regulación decontenidos, tema extremadamente sensible en países conescasa tradición de control efectivo del poder político. Nosorprenden las contradicciones entre acaloradas defensas delo democrático-popular, como norte ideológico, y prácticasque perpetúan las ventajas particulares de actores privadosy fortalecen la autoridad del Ejecutivo. El populismo, comosostiene Michael Kazin, es una estrategia política, no unaideología coherente.

Más que “el retorno” del Estado o el triunfo de lapolítica, según concluyen trabajos recientes,3 el populismorepresenta el retorno de cierta concepción del estatismopresidencialista en políticas públicas sobre los sistemasde medios. Tanto la política como el Estado estánpresentes, por acción o desidia, aun cuando los sistemassean privatizados, liberalizados y desregulados. Ninguna deestas acciones, características de los sistemas en AméricaLatina durante las últimas décadas, se produjo por laausencia de la política o del Estado. La diferencia resideen el propósito y los procedimientos de las políticasestatales; qué valores se priorizan y quién se beneficia delas reformas implementadas. Esas ambigüedades no sólo sereflejan en acciones hacia el sector privado, sino tambiénen la visión populista sobre los medios estatales.

1 Citado en Susana Sel (coord.), Políticas de comunicación en elcapitalismo contemporáneo, Buenos Aires, Clacso, 2010.

2 Liseth Boon, “El Gobierno crece en medios informativos pero no enaudiencia”, El Mundo, 10 de marzo de 2013.3 Véase Panizza, op cit.