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informe de uber y saludcoop en su cierre.TRANSCRIPT
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANOFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA PÚBLICA
INFORME SOBRE EL CIERRE DEL GRUPO SALUDCOOP E.P.S Y LA REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE UBER AL CONSUMIDOR Y LA COMPETENCIA.
Presenta:
Guerrero González Karen Paola
Ximena Lisari Medina Sánchez
Asignatura:
Microeconomía
Primer semestre
2015
Profesora:Liliana
Colombia, Bogotá D.C. Noviembre, 29 de 2015
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EL CIERRE DE DEL GRUPO SALUDCOOP E.P.S.
Para empezar a hablar sobre la problemática presentada primero vamos a recordar que un
sistema de salud es donde toda la población tiene un acceso eficiente ha servicios de buena
calidad, independiente de su nivel de ingreso y de su ubicación geográfica.
El artículo 49 de la Constitución colombiana “garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación en salud”. La Ley 1751 de 2015 establece la
salud como un derecho fundamental de carácter autónomo e irrenunciable, y enuncia los
principios de “solidaridad, sostenibilidad, equidad, continuidad, oportunidad y eficiencia” como
criterios básicos para la prestación del servicio.
A partir de la Ley 100 de 1993, se concibió un sistema de aseguramiento con competencia
regulada. En otras palabras, tanto las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que proveen el seguro
y contratan la prestación de los servicios como las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) es decir,
las clínicas y hospitales que prestan el servicio, compiten bajo condiciones de mercado, pero la
regulación del sector están en cabeza del Estado. (Jaime, 2015)
De acuerdo al gobierno se debe hacer un reconocimiento por cada afiliado al plan POS para saber
cuál él es valor a pagar.
Saludcoop no es la primera entidad de salud que está en quiebra ya que el sistema es muy
ineficiente aunque se han tenido avances para el control al gobierno aún le falta para tener mejor
control y el abuso de posición dominante de algunas EPS.
El problema que presenta esta EPS es algo que ya no se puede controlar de acuerdo a los últimos
estados financieros además de una deuda impuesta por la contraloría y una multa de la
Superintendencia Nacional de Salud, por un mal sistema que presentaba y la mala prestación del
servicio.
El déficit de la EPS asciende, a estas alturas, a los 3,6 billones de pesos, lo cual la vuelve inviable
financieramente. (EL TIEMPO, 2015)
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LA REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UBER AL CONSUMIDOR Y LA
COMPETENCIA.
Para empezar la llegada de Uber a Colombia ha desatado grandes polémicas alrededor de la
legalidad o ilegalidad del servicio y sus ventajas y sus desventajas para los afectados, en especial
para su competencia que son los conductores de taxi.
El Estado debería elevar los estándares de calidad y seguridad en el servicio de taxis y reglamentar
las distintas modalidades de trasporte, sin perder de vista las particularidades del negocio, las
necesidades y exigencias de los usuarios, ni los avances de la tecnología. Los taxis amarillos
deberían mejorar la calidad de su servicio. Las empresas, los dueños vehículos, y los conductores
deberían buscar la profesionalización y la elevación de los estándares, dándole prioridad a la
seguridad de los usuarios y conductores. Sin embargo, lo ocurrido durante las últimas semanas
pone en evidencia que ni el estado, ni lo empresarios ni los taxistas tienen como prioridad al
usuario. Básicamente, hay una lucha de poder por un negocio millonario, donde los ciudadanos no
son la prioridad.
El principal interrogante en la polémica entre Uber y los taxis amarillos ha sido por supuesto el a
favor de quién está el Estado.
Mientras que Uber ha ganado adeptos por prestar un servicio de mejor calidad (a pesar del mayor
precio), los taxistas se han opuesto a los nuevos competidores con amenazas de paro y un intenso
cabildeo, pero sin mejorar el servicio que ofrecen. En esta lucha, a pesar del clamor ciudadano, el
gobierno nacional ha tomado partido por el gremio de los taxistas. Cuando en 2014 empezó a
discutirse la posibilidad de legalizar Uber, se oyeron voces a favor y en contra por los efectos que
esto podría tener en el negocio del transporte y en la movilidad de millones de personas. Sin
embargo, a mediados de noviembre pasado, el ministerio de Transporte señaló que “las
plataformas tecnológicas que funcionan como intermediarias para la prestación del servicio de
transporte individual de pasajeros con vehículos de servicio público especial” no eran legales. El
argumento básico para justificar esta interpretación consistió en que tales empresas de transporte
no están legalmente constituidas y reconocidas. Aunque a comienzos del 2015 el superintendente
de puertos y transporte, Javier Antonio Jaramillo, afirmó que Uber podría legalizarse “.Cuando se
anunció la expedición del Decreto 348 de 2015, "por el cual se reglamenta el servicio público de
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transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones", se tuvo la expectativa
de que la situación iba a ser aclarada. Pero el ministerio de Transporte se quedó corto. Si bien
precisó la reglamentación sobre el servicio de los carros blancos, Uber y las otras plataformas
siguieron en el aire.
Malestar de los usuarios
Entre la voracidad gremial y la incapacidad del Estado de ver las cosas que son muy claras, los
usuarios son quienes salen peor librados. Una parte encontró en Uber una alternativa más cara
pero efectiva para moverse por la ciudad, pero otra parte tendrá que someterse a las reglas de
juego de los amarillos. Los que defienden a Uber y a otras plataformas similares reivindican la
seguridad, la comodidad, la calidad y confiabilidad del servicio, y afirman que, aunque pagan más,
saben qué tipo de servicio recibirán. Sin embargo, una cosa ha cambiado. La pasividad y la
resignación se han ido transformando en indignación. Durante el último anuncio de paro de
taxistas para protestar contra Uber, algunos ciudadanos promovieron por redes sociales un paro
contra los taxistas.
Aunque este paro no tuvo grandes efectos prácticos, puso en evidencia varias cosas:
1. La ciudadanía no se quedará quieta si siente vulnerados sus derechos.
2. Al sentirse abandonada por el Estado, la ciudadanía está buscando formas de organizarse.
3. Ante los oídos sordos de los amarillos, una parte de la ciudadanía está dispuesta a aliarse con la
tecnología para mejorar su servicio de transporte.
4. Si el Estado no actúa con prontitud, seguirán agravándose los enfrentamientos entre usuarios y
conductores y entre conductores amarillos y conductores Uber.
Las diferencias entre los amarillos y Uber, así como la inacción o el sesgo del Estado, afectan
directamente a los ciudadanos. Por eso, reitero la necesidad de aprovechar esta coyuntura como
una oportunidad. El Estado debe tomar la iniciativa para defender, fundamentalmente, los
derechos de los usuarios. Para eso debe reformular el reglamento para la prestación de servicio de
taxis, lo cual incluye repensar el sistema de cupos y la forma de contratación de los conductores.
Esta coyuntura podría servir incluso para que el Estado encontrara el camino para incorporar los
taxis al Sistema Integrado de Transporte.
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La reglamentación de las plataformas tecnológicas que facilitan el transporte y otros servicios no
pueden ser vistas como una papa caliente. Por el contrario, son herramientas para facilitar la vida
de millones de personas. Sea con Uber, con Air BnB, o con cualquier otra aplicación, no se puede
olvidar que para que funcionen bien dichas plataformas tienen que ofrecer seguridad y
confiabilidad a los prestadores y a los usuarios del servicio. (Fernando, 2015)
Finalmente, hay que reconocer que los intereses particulares en el negocio del transporte y salud
son legítimos. Pero también son legítimos los intereses de las personas que diariamente se
movilizan por la ciudad y las personas que son usuarias de una entidad que presta servicios de
salud. En vez de proteger a un gremio, el Estado debe velar por el interés general. En este caso
debe modificar las reglas de juego para que sea prestado un servicio y sea incorporada una nueva
modalidad. Al mismo tiempo, debe garantizar que dichos servicios respondan a las necesidades de
los ciudadanos.
Trabajos citadosEL TIEMPO. (24 de 11 de 2015). ELTIEMPO.COM. Obtenido de por Redacción Salud
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/saludcoop-gobierno-anuncia-liquidacion-de-la-eps/16440052”
Fernando, R. P. (30 de Marzo de 2015). Razonpublica.com. Obtenido de Razonpublica.com: http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8359-el-uber-contra-los-taxis-%C2%BFd%C3%B3nde-quedan-los-usuarios.html
Jaime, V. (17 de 08 de 2015). razonpublica.com. Obtenido de http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8741-el-sistema-de-salud-y-sus-damnificados.html