Sabala GonzálezISEP

Policía de Puerto Rico en Crisis

Policía de P.R. La Policía de Puerto Rico es la principal

agencia de orden público en Puerto Rico. Su misión es fundamental: Proteger y servir a los residentes de Puerto Rico al diseñar e implementar políticas y prácticas que controlen el crimen, aseguren el respeto a la Constitución y al estado de derecho.

Ley de la Policía de P.R. Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996. Para

establecer la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 y derogar la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974.

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará "Policía de Puerto Rico" y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.

Ley de la Policía de P.R. Artículo 10:2 (f) los miembros de la policía

conservarán su condición como tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del E.L.A., aún cuando estuvieren francos de servicio.

Ley de la Policía de P.R. Artículo 23: El reglamento determinará las faltas

de los miembros de la Fuerza que conllevaren acción disciplinaria. Estas estarán clasificadas en graves o leves.

Faltas leves: el castigo a imponerse por faltas leves podrá ser uno de los siguientes: suspensión de empleo y sueldo que no exceda de treinta días, prestación de servicios comunitarios, amonestación escrita o una combinacion de estas.

Ley de la Policía de P.R. Faltas graves: el expediente de investigación de

todo cargo grave incluirá un informe completo en torno a las imputaciones hechas contra el miembro de la Fuerza querellado.

El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser reasignación de funciones o reubicación, traslado, expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión de empleo sin sueldo por un período no mayor de cinco meses.

Reglamento de la PolicíaArtículo 5 Deberes y Responsabilidades

Proteger la vida y propiedad, impedir el crimen y el desorden.

Observar y procurar la proteccion de los derechos civiles del ciudadano.

Observar en todo momento una conducta ejemplar .Prestar la debida protección al pueblo reunido

legalmente para cualquier fin lícito.Ser puntual en sus compromisos oficiales y diligente

en el cumplimiento del deber, actuando siempre en forma ecuánime, serena y justa.

Reglamento de la PolicíaArtículo 14.5 Retención en el

servicio. Identificación de faltasFaltas graves

Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia, excepto en casos de sus deberes, funciones y responsabilidades.

Reglamento de la PolicíaAmenazar con o hacer uso de un arma de

fuego contra cualquier persona, excepto en casos de legítima defensa propia o la de un semejante.

Dejar las armas de reglamento o cualquier arma que esté autorizado a portar o poseer al alcance de personas que puedan usarlas indebidamente o permitir que otras personas las usen, o no tomar las debidas precauciones con éstas.

Reglamento de la PolicíaUsar lenguaje ofensivo, impropio o

denigrante contra el Gobernador…. o contra cualquier ciudadano particular.

Realizar actos por los cuales fuere convicto en un tribunal de justicia competente de delito grave o delito menos grave que conlleve depravación moral, o por violaciones de los derechos civiles de un ciudadano.

Reglamento de la PolicíaHacer uso excesivo de bebidas

alcohólicas…Hacer manifestaciones públicas que

pongan en duda la integridad, honradez, o competencia de cualquier funcionario público o persona particular.

Procrear hijos fuera del matrimonio.Observar una conducta lesiva, inmoral o

desordenada en detrimento del Cuerpo de la Policía .

Reglamento de la PolicíaVivir en concubinato.Asociarse con prostitutas o personas de reputación

dudosa.Incurrir en mal uso o abuso de autoridad,

entendiéndose como actos de mal uso o abuso de la autoridad…Arrestos o detenciones ilegales o irrazonables.Registros, allanamientos e incautaciones ilegales o

irrazonables.Acometimiento y/o agresión injustificadas o excesivas.

Reglamento de la PolicíaDiscrimen por razones políticas, religiosas,

condición socioeconómica, o cualquieras otras razones aplicables a todas las personas en general.

Persecución maliciosa.Obstruir, impedir o interrumpir ilegal o

irrazonablemente el ejercicio legal y pacífico de las libertades de petición en vías o lugares públicos.

Reglamento de la Policía

Se considerarán falta leves:Dejar de informar a sus superiores cuando

por cualquier causa hubiere disparado su arma de reglamento, excepto en las prácticas oficiales de tiro al blanco.

Dejar de comparecer ante los tribunales de justicia u otros organismos del Gobierno para los cuales haya sido previamente citado, excepto aquellos casos en que medie excusa justificada.

Reclamos Por muchos años, familiares de víctimas, líderes

cívicos, legisladores y defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación ante el crónico problema de abuso policiaco. Por ejemplo, en la pasada década, varias medidas legislativas han hecho un llamado a que se realicen investigaciones exhaustivas sobre conducta policiaca impropia, que se mejore la educación y adiestramiento provisto.

Investigación FederalLa División de Derechos Civiles del Departamento

de Justicia Federal realizó una investigación sobre patrón y práctica a la Policía de Puerto Rico conforme a lo estipulado por la Ley de Orden Publico de 1994 y la Ley de Control de crimen y Calles Seguras de 1968

Investigación Federalautoriza al Fiscal General a actuar en nombre de los

Estados Unidos de América para iniciar acciones civiles contra gobiernos locales y estatales en la búsqueda de remediar un patrón o practica de conducta que prive a las personas de los derechos, privilegios e inmunidades garantizadas, protegidas y expuestas anteriormente en la Constitución y Ley Federal.

Hallazgos La investigación halló que existe un

persistente patrón y práctica de agentes de la Policía que violan la Constitución al usar la fuerza en situaciones donde ninguna fuerza o una fuerza menor deberían ser utilizadas. Como resultado, agentes de la Policía han lesionado innecesariamente a cientos de personas y han causado la muerte de numerosas otras.

HallazgosTambién se encontró un patrón y práctica de

registros e incautaciones ilegales en violación de la Cuarta Enmienda. Específicamente, la investigación reveló un patrón y práctica de agentes de la Policía que efectuaban registros en los hogares de la población civil sin orden judicial o consentimiento, y en la ausencia de cualquier circunstancia o excepción que pueda convertir el registro en uno constitucional.

HallazgosMuy frecuentemente, agentes de la Policía

plantaba evidencia durante los registros, dependían de la fuerza excesiva y de la intimidación como herramienta para efectuar sus registros, y procedían con registros, aún cuando sabían que la dirección, identidad del individuo, u otra información pertinente era incorrecta.

HallazgosLa evidencia que se descubrió demostraba que

los agentes de la Policía estaban envueltos en un patrón en el cual regularmente detenían, arrestaban y registraban individuos en ausencia de sospecha razonable o causa probable en violación de la Cuarta Enmienda, y que supervisores y miembros de unidades especializadas estaban frecuentemente envueltos en estos actos ilegales.

HallazgosSe señaló que en toda la nación donde más

agentes de orden público envueltos en actividades criminales hay es en la Policía de Puerto Rico. Han sido arrestados agentes por actos criminales desde asalto, robo, violencia doméstica, tráfico de drogas y asesinato. Desde enero 2005 hasta noviembre de 2010 se arrestaron cerca de 1,709 agentes de la Policía.

Arrestos de PolicíasEntre los arrestos y casos mencionados en la

investigación se destacó que en octubre de 2010 en una de las operaciones de corrupción policiaca más grande en la historia del FBI fueron arrestados 89 agentes del orden público de estos 61 eran agentes de la PPR y otros fueron detenidos por posesión de drogas y violaciones a la Ley de Armas.

Varios de estos se han declarado culpables en adición a esto agentes de la Policía incluyendo supervisores y miembros de unidades especializadas fueron condenados en otros casos relacionados con actividades delictivas de carácter grave, faltando a la confianza del pueblo puertorriqueño.

Entre los ejemplos ofrecidos y mencionados en la investigación se encuentran: los agentes Raquel Delgado Marrero y Ángel Rivera Claudio en diciembre de 2010 fueron declarados culpables de tres cargos respectivamente por posesión de drogas y armas de fuego relacionados con su participación en una transacción de drogas en julio de 2009 en la que proveyeron protección armada a un traficante de drogas durante la venta de siete kilogramos de cocaína

el agente Edwin Mercado Irizarry de la División de Vehículos Hurtados de San Juan se declaró culpable el 16 de diciembre de 2009 por cargos relacionados con apropiación ilegal agravada, fraude, manipulación de testigos, preparación y presentación de documentos falsos y violaciones éticas,

el teniente Miguel Flores Vázquez Director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones se declaró culpable de conspirar para poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas, mientras este y los agentes a su cargo transportaban cocaína en vehículos oficiales de la policía y protegían cargamentos de narcóticos,

el sargento Juan Quiñones Rosario fue interceptado en julio de 2009 en una embarcación marítima viajando hacia la Republica Dominicana con dinero en efectivo ascendente a $ 1,600,000, este se declaró culpable de cargos por no declarar el dinero en efectivo como requiere la ley federal y por contrabando de dinero fuera de los EUA,

el agente Carlos Ríos González de la División de Armas Ilegales de Arecibo se declaró culpable el 2 de julio de 2008 por cargos de ética gubernamental por la venta de municiones que pertenecían a la PPR y el agente Wilden Semidey Rivera se declaró culpable el 22 de diciembre de 2008 por cargos de soborno por solicitar y aceptar $200 de un ciudadano que pretendía evitar cargos por conducir bajo la influencia de alcohol.

De la investigación surgen 21 arrestos de agentes que no fueron incluidos en los 1,709 informados por la PPR. Además de todos estos actos criminales también se encontraron cientos de agentes que fueron arrestados o que han sido objeto de querellas administrativas por violencia doméstica.

Arrestos por Violencia Doméstica

Desde el 2005 hasta el 2010 la PPR recibió 1,459 querellas civiles de alegada violencia domestica por parte de agentes. Entre las querellas resueltas se recomendaron medidas disciplinarias como: orientación, amonestación, suspensión, separación o expulsión. Se identificaron 98 agentes que fueron arrestados más de una vez por cargos de violencia domestica entre el 2007 y 2010.

Se alega que muchos de estos que incluyen comandantes permanecen activos en la policía. Identificaron varios casos en los que agentes de la PPR le dispararon a sus cónyuges incluyendo tres en el 2010 solamente como: el agente Heriberto Rivera Hernández que el 21 de junio de 2010 disparo y mato a su ex esposa Marisel Arocho Soto con su arma de reglamento y luego se suicidó, este estaba bajo la vigilancia electrónica en espera de juicio por cargos de violencia doméstica y armas de fuego

Deficiencias Muchos agentes informaron que no habían

regresado al Colegio Universitario de Justicia Criminal para recibir adiestramiento hacía años, o nunca, una vez aprobaron su programa de adiestramiento previo al servicio. Aún con la nueva legislación que se estableció en el 2010, la Policía requiere a sus agentes menos de la mitad del promedio anual de horas de adiestramiento exigidos por los departamentos de policía del resto de la nación.

La Policía cuenta con muy pocos supervisores calificados para supervisar efectivamente. No ha ocupado muchas de las 2,100 vacantes de supervisor que reportó en el 2009. En algunos casos, los supervisores deben supervisar 18 o más agentes, casi el doble de la proporción generalmente aceptada de 1:10. Durante sus operaciones de campo, a los supervisores no se les requiere efectuar revisiones independientes de incidentes particulares en los que sus subordinado hayan (o han) hecho uso de fuerza.

Acción del GobiernoEl Gobierno de Puerto Rico ha reconocido la

decreciente confianza del pueblo en la Policía a raíz de los incidentes trágicos y violentos de corrupción y mala conducta policiaca. Sin embargo, la implementación de acción correctiva ha sido esporádica y superficial.

A pesar de las continuas exigencias para que se efectúen revisiones e investigaciones externas, las reformas básicas no han sido implementadas y el esfuerzo necesario para restaurar la confianza del pueblo en la Policía continua sin ocurrir.

la Policía ha fallado en proveer a sus agentes los sistemas adecuados de apoyo y asignación de responsabilidad para asegurar que éstos desempeñen sus funciones conforme a derecho y de manera efectiva. Las políticas internas no delimitan el ejercicio legítimo del poder policiaco, el adiestramiento es insuficiente, la supervisión no exige respuestas y es muy escasa, y las querellas ciudadanas son desatendidas por años. La falta de supervisión externa efectiva de las políticas y acciones de la Policía agrava esos asuntos.

El pueblo no tiene confianza en la Policía en un momento en que Puerto Rico enfrenta retos importantes en la seguridad pública. Aunque Puerto Rico ha tomado algunos pasos iniciales para detectar, corregir y prevenir los problemas que se destacaron en el informe de la investigación realizada, no ha logrado atender adecuadamente las causas institucionales que contribuyen tanto a su aplicación inconstitucional de la ley, como a sus prácticas de orden público inefectivas.

Es urgente y necesario que Puerto Rico actúe de manera decisiva, abierta y transparente para restablecer la confianza del pueblo y asegurar que la Policía se convierta en una institución que sea ejemplo del estado de derecho para todos los residentes de Puerto Rico. Y está en nosotros los futuros profesionales de seguridad y protección hacer la diferencia.