la larga travesía - ricardo monreal

LALARGA

TRAVESÍA

RICARDO MONREAL ÁVILA

LARGATRAVESÍA

LA


La larga travesíaRicardo Monreal Ávila

Diseño de portada e interiores: Diseño3/León García Dávila, Yvette Bautista Olivares

Formación de interiores: Diseño3/María Luisa Soler Aguirre

Cuidado de la edición: Leonardo Bolaños Cárdenas

Corrección de estilo: Patricia Nares Sotelo

© Cámara de Diputados,LXII Legislatura Primera edición, 2013

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Impreso en México/ Printed in Mexico

A mi esposa María de Jesús, quien ha sufrido la ausenciade un hombre público,lo cual sólo el amor compensa y tolera.

A mis hijos Elda Catalina, Ricardo y María de Jesús, por su acompañamiento,comprensión y amor.

A Sergio Alejandro Garfias Delgadoy Sergio Alejandro Jr. (nuestro nieto)

A mis trece hermanas y hermanos: Cándido, Leticia, Rodolfo, Ana María, David, Elías, Eulogio, María del Refugio,Susana, Jovita, Claudia, Luis Enrique y Saúl.

A los 16 millones de ciudadanos, hombres y mujeres libres que votaron por un cambio verdadero en la elección presidencial de 2012.

Índice

El inicio del camino 13

I. CrónICa de la Campaña 2012 15

1. Campaña a ras de tierra 17

2. La coordinación de la campaña y los primeros meses 23 Ganar el centro 25 La estructuración de la campaña 27 Primero a tres, luego a dos 32 El registro 33 Arranca formalmente la campaña 35 Las propuestas en materia educativa y de 41 democratización mediática Encuentro con empresarios, y los cuestionamientos 43

3. El primer debate de candidatos presidenciales 49

4. La segunda etapa de la campaña 55 El candidato de la televisión versus el candidato 57 de las redes La Plaza de las Tres Culturas 62

5. La etapa decisiva de la campaña 69 Los zombies de junio: todos contra AMLO 72 Los consultores y publicistas de AMLO 76 ¡Al ladrón, al ladrón! (“El Charolazo de las Lomas”) 80 Persiste la guerra sucia 81 La República Amorosa 85 Continuaba el recorrido 87

6. El segundo debate deja a AMLO y a Peña Nieto 91 como finalistas

7. El debate de #YoSoy132 y el cierre de la campaña 105 Acarreo en el Estadio Azteca, y el “operativo Ágora” 113 La Agenda ciudadana para salvar al país 118 La desinformación a través de bots y cuentas falsas 119

“Sirvió a la patria” 123

II. la defensa del voto 125

8. El golpe de Estado mediático del 1 de julio 127 Monexgate, Sorianagate y Scotiagate 129 La farsa se consuma 132

9. El juicio contra la imposición y el fallo mentiroso 151 del Tribunal Electoral Seguimos en la batalla 160

10. ¿Probamos o no probamos la ilegalidad de la elección? 165 Las encuestas y el globo de Cantolla 167

11. Las mentiras y el lamentable papel del Tribunal 191 12. MORENA, la esperanza de México 201 13. Discurso de Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2012 207

anexos Anexo 1: Encuestas de noviembre de 2011 (partidos) 215 Anexo 2: Encuestas de noviembre de 2011 (candidatos y partidos) 217 Anexo 3: Fundamentos para una República Amorosa 219 Anexo 4: Denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la elección presidencial de 2012 221 Anexo 5: Sondeos, monitoreos y encuestas independientes 267 Anexo 6: Cronología de la campaña presidencial 2012 269 Anexo 7: Recuento gráfico 275

Índice onomástico 301

Bibliografía 307

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Corría el mes de junio de 2006. Faltaban tres semanas para aquel domingo 2 de julio, el de la elección presidencial más cerrada y controversial de nuestra historia.

Diversos personajes de la élite política y económica buscaban una cita, una en-trevista, un encuentro cara a cara con quien las encuestas seguían perfilando como el puntero, el candidato de la coalición de izquierda “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador.

Entre los solicitantes había gobernadores del PRI, empresarios connotados, ban-queros y dirigentes sindicales de todas las corrientes. Para todos ellos, la respuesta siempre fue la misma: “Con mucho gusto nos vemos, después de la elección”. La campaña a “ras de tierra”, plaza por plaza, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, absorbía la agenda.

Destacaba un nombre: Elba Esther Gordillo. La dirigente moral del sindicato de profesores más grande de América Latina movía cielo, mar y tierra para esa cita. “Sólo diez minutos, nada más”.

Un lunes de evaluación de la campaña, entre los asuntos pendientes de resolu-ción, salió su nombre. “Serían los diez minutos más caros de la campaña”, comentó el candidato.

El inicio del camino


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A muchos de ellos, seguramente ni después de la elección los recibiría: “No ten-go nada que tratar ni acordar con ellos”.

“Es importante que los recibas. No tienes que llegar a acuerdos. Sólo escucharlos. Son votos que pueden ayudar”, fue el argumento más expresado en esas reuniones, asediadas por las encuestas que empezaban a hablar de elección cerrada y empate técnico. Vino entonces la postura definitiva del candidato:

Yo sé que hay votos que se cuentan y votos que se pesan. Yo busco los pri-meros. Si para ganar la Presidencia tengo que verme con los pesados, los ma-chuchones, y acordar con ellos, prefiero seguir buscando y convenciendo a los votos de abajo, los que se cuentan, no los de arriba.

No quiero llegar amarrado, con compromisos armados “en lo oscurito”… Ganar la Presidencia es una larga travesía, donde cuentan más la resistencia y la persistencia, que la complacencia y el acomodamiento.

No odio, no guardo rencor para nadie, actuaré con honestidad porque el país exige un cambio verdadero, una transformación profunda de las institu-ciones.

I. Crónica de la campaña 2012

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Las dos campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como con familiaridad se refiere a él la gente) tuvieron como formato principal los mí-tines en las plazas públicas de las ciudades visitadas, encuentros en auditorios

con públicos específicos (estudiantes, empresarios, profesionistas) y conferencias de prensa abiertas a todos los medios que deseen cubrirlas. En ocasiones, entrevistas en estudios de radio o televisión.

Es un candidato que realiza el 75% de sus traslados por tierra, en jornadas de 18 horas diarias en promedio, en una camioneta con llantas reforzadas (ocho neu-máticos consumió la pasada campaña), conducida casi siempre por el inseparable, trabajador e invariablemente de buen humor, Nico, y acompañado por una reducida comitiva de invitados y colaboradores cercanos. En los trayectos de ciudad a ciudad, siempre en la camioneta, AMLO atiende a sus invitados, lee los reportes de prensa y las tarjetas informativas que prepara César Yáñez, y examina los portales de noticias desde una tableta o un teléfono móvil.

En materia de transporte, en sus dos campañas presidenciales hubo dos nunca: nunca un avión privado y nunca un traslado en helicóptero. Ni en aquella visita a Ciudad Juárez, cuando cancelaron el vuelo comercial que lo llevaría a la Ciudad de México y un empresario le ofreció su avión particular. “Gracias, me espero al siguiente

1. Campaña a ras de tierra


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vuelo” —respondió—, lo que aconteció hasta la madrugada. A esto es a lo que se le conoce como “campaña a ras de tierra”.

¿A ras de tierra se puede recorrer un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados, y contactar a más de 79 millones de electores, en un tiempo de campaña formal de seis meses (2006) o de tres meses (2012)? La respuesta es depende. Depen-de del candidato, depende del tipo de campaña, depende de los mensajes de aire, depende de la estructura territorial que se posea y, a partir de 2012, depende de las redes sociales.

Por sí sola, sin aire, sin redes y sin estructura, una campaña a ras de tierra como las dos realizadas por AMLO requeriría un mínimo de tres años para posicionar una can-didatura. Es decir, únicamente para darse a conocer. Algo muy distinto es despertar la aceptación, el rechazo o la indiferencia de la gente. Cualquiera de estas reacciones ya no es un asunto geográfico o territorial, sino mediático, de comunicación política, del tipo de mensaje y del tipo de candidato.

A ras de tierra es entonces una estrategia de campaña, una forma de diferenciarse y contrastar con otros estilos políticos, donde se privilegia el aire, la televisión, el mar-keting y el dinero. Por supuesto que el aire también es importante en una campaña a ras de tierra, pero no lo determinante. El aire debe servir para informar, reflejar y comunicar que un candidato a ras de tierra es austero, está más cercano a la gente, que se le puede ver, oír y saludar de mano en la plaza de todos, que viene de abajo, que está con los de abajo y que es gente de a pie, como la mayoría de los ciudadanos.

“Campañas a ras de tierra dan preferencias electorales a ras de tierra”.

Esa afirmación se escuchó más de una vez al inicio de la campaña 2012. Todas las encuestas difundidas en marzo de aquel año colocaban a López Obrador y a la coali-ción de izquierda en tercer lugar, en rangos de 15% a 18%; al PAN y a su candidata, en segundo término, con entre 23% y 26%, y en primer sitio a un Enrique Peña Nieto-PRI “inalcanzable”, “por las nubes”, según sus simpatizantes en los medios. “A ras de tierra será imposible avanzar en tres meses”, decían.

La situación se antojaba más complicada por la estrategia de polarización que seguían claramente el PAN y el gobierno. El mensaje que lanzaban era que la con-tienda se centraba entre dos, entre Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto. Ella retaba a debates de dos, cuestionaba únicamente a Peña, centraba sus campañas de negativos sobre él y llamaba a la izquierda a votar por ella. “Dos, somos dos, sólo dos”, era su guión de campaña.

Por su parte, Felipe Calderón hacía lo suyo utilizando la casa presidencial de Los Pinos. En un evento con accionistas de Banamex soltaría que, de acuerdo con las

LA LARGA TRAVESÍA

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encuestas de Presidencia, Josefina ya estaban muy cerca de Peña Nieto. Ilusiones vanas, más que realidad.

No se daban cuenta de que AMLO seguía avanzando, arando y sembrando a ras de tierra, con persistencia y resistencia, dejando aquí, allá y acullá semillas y raíces.

La primera prueba de la travesía de seis años fue la contienda interna del PRD para seleccionar candidato a la Presidencia. Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con un excelente trabajo en la capital de la República y una expo-sición mediática envidiable, era aspirante natural y fuerte a la candidatura perredista.

La dirigencia nacional acordó una selección por encuestas. No habría consulta abierta ni primaria interna. Un primer acierto, dadas las experiencias desastrosas de otros años.

Para la encuesta se utilizaron cinco reactivos, dos casas encuestadoras (Nodo y Covarrubias) y 6 mil cuestionarios. Los indicadores fueron saldo de opinión, nivel de rechazo, preferencia electoral, preferencia presidencial con otros actores políticos, y preferencia presidencial entre Andrés Manuel y Marcelo.

Las preguntas formuladas y sus resultados fueron los siguientes:

1. ¿Cuál es su opinión hacia los personajes que les mostraron? La tendencia de respuesta favoreció a Marcelo Ebrard (Nodo: 8 puntos a favor, Covarrubias: 4.6 a favor).

2. De un grupo de cinco, ¿por quién nunca votaría? La tendencia también fue favorable a Ebrard, por el menor nivel de rechazo (Nodo: 18, Covarrubias: 14).

3. ¿Por quién votaría? La tendencia le fue favorable a AMLO (Nodo: 9, Covarru-bias: 9).

4. De un grupo de cinco, ¿por quién votaría? La tendencia favoreció a AMLO (Nodo: 15, Covarrubias: 18).

5. ¿A quién prefiere entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón para candidato a presidente? Esta pregunta fue respondida con una ventaja de 2.54% a favor de AMLO (Nodo: 2, Covarrubias: 7).

Así, Ebrard obtuvo ventaja en la primera y segunda preguntas; López Obrador, en las otras tres.

El segundo gran acierto de este método fue la actitud asumida por Marcelo y AMLO: “Acepto y acato los resultados de las encuestas. La izquierda dividida se iría al precipicio.”, manifestó Ebrard. “Marcelo no se dejó cautivar por el canto de las sirenas; nos está dando una lección como ser humano y como político”, le correspondió López Obrador.


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El nivel de rechazo y el saldo desfavorable de opinión del candidato de las iz-quierdas eran más que explicables. Venía de una “campaña de negativos” sin pre-cedentes en la historia de la televisión y la radio mexicanas. Desde las protestas po-selectorales de 2006, al candidato no cesaban de llamarlo “populista”, “autoritario”, “pendenciero” y “mesiánico”.

En diciembre de 2006, después de la campaña emprendida por el gobierno foxista y el Consejo Coordinador Empresarial por el cierre de Reforma, López Obra-dor, el candidato que había obtenido 38% de la votación nacional seis meses atrás, reportaba entonces 8% de las preferencias electorales.

A la campaña de negativos seguirían seis años de cerco informativo. AMLO no era noticia para la mayoría de los medios. El semanario Proceso, el diario La Jornada y el noticiario de radio de Carmen Aristegui (primero en W Radio y después en MVS) eran la excepción. No se hablaba de él, y cuando se hacía era con jiribilla: de manera tendenciosa y en sentido negativo.

López Obrador había dejado de ser noticia, deliberadamente, para algunos me-dios, pero él no dejaría de trabajar a ras de tierra, de labrar y abonar en la plaza pú-blica, de viernes a domingo, durante 312 semanas, con recorridos de 16 a 18 horas diarias.

La brega de resistencia y persistencia duró casi seis años. Trayectos pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, ciudad por ciudad, en plazas y parques públi-cos. Al inicio eran 20 o 30 personas. Muchos de ellos curiosos y otros más, orejas del CISEN y de los gobiernos estatales. Muy obvios. En algunas ocasiones yo me acerca-ba a saludarlos y a proporcionarles datos de los recorridos: “Infórmale bien a tus jefes, es importante que digas las cosas como son, yo sé que es tu trabajo, te ayudo a que hagas un buen reporte, para que no inventes cosas que no son o que no viste”.

Mientras se desarrollaba cada evento, en una esquina de la plaza visitada, al abrigo de una sombrilla de jardín —aunque a veces ni para eso alcanzaba—, se colocaba una pequeña mesa de afiliación y suscripción de simpatizantes a lo que se llamó primero Convención Nacional Democrática, y que después evolucionaría a Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, hoy en vías de constituirse como partido político.

Para marzo de 2012, el padrón de estos simpatizantes y voluntarios de AMLO, que habían tenido la oportunidad de escucharlo, de hablar con él o de estrecharle la mano directamente, a nivel de la calle, ascendía a 3.5 millones de ciudadanos. Sin tele, sin radio, sin prensa, con la fuerza y entereza del misionero laico que ha caminado todo México desde abajo, el México profundo, el de los municipios indígenas del sureste, el de las localidades del desierto y semidesierto del norte, el de las po-

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blaciones costeras olvidadas de Baja California Sur o Nayarit, el de las comunidades de la Sierra Negra poblana.

En el primer debate de la campaña de 2012, con orgullo y acierto, AMLO presu-miría este logro territorial de la larga travesía: “Soy el único candidato que ha reco-rrido todos y cada uno de los 2 mil 430 municipios del país”, incluidos los de última creación.

Ya en la etapa constitucional de la campaña, este ejército de simpatizantes y vo-luntarios sería una parte esencial del grupo de promotores del “cambio verdadero”, y del mensaje central de la campaña de AMLO. Ahora siguen siendo la semilla y el apoyo de MORENA en su transformación de asociación civil a partido político nacio-nal con registro.

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En noviembre de 2011, una vez resuelta la elección del candidato presidencial del PRD, así lucía el panorama de preferencias de voto.

• Por partidos: cuatro encuestas levantadas en noviembre de 2011 (Con-sulta Mitofsky, El Universal, GEA-ISA y Reforma)1, coincidían en que la coa-lición PRD, PT y MC se ubicaba en tercer lugar de las preferencias (de 12% a 17%); que el PAN ocupaba la segunda posición (21% a 33%), y que la coalición PRI, PVEM, PANAL llevaba la delantera (38% a 41%).

• Por candidatos y partidos: el escenario más competido para AMLO era frente a Josefina Vázquez Mota (JVM) y Enrique Peña Nieto (EPN). Las mismas cuatro mediciones apuntaban los siguientes rangos:

- AMLO-PRD, PT, MC (15% a 26%)

- JVM-PAN (16% a 22%)

- EPN-PRI, PVEM, PANAL (44% a 49%)

1 Ver Anexo 1: Encuestas de noviembre de 2011 (partidos)

2. La coordinación de la campaña y los primeros meses

RicaRdo MonReal Ávila

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Sólo la encuesta del diario Reforma colocaba un punto arriba a AMLO sobre JVM. Las tres restantes ubicaban a la fórmula de la izquierda en tercer lugar: de tres a nueve puntos de distancia de JVM, y de 23 a 29 puntos de diferencia respecto a EPN.2

• Indecisos: las cuatro mediciones ubicaban entre 16% y 22% la franja de los votantes que aún no decidían su preferencia electoral. Éste era un pri-mer segmento de oportunidad de crecimiento para AMLO y la coalición Movimiento Progresista.

• Switchers: los electores que podrían cambiar su preferencia de voto en función de las campañas, de las propuestas de los candidatos o de even-tos supervenientes, representaban entre 14% y 18%, según Reforma y Buendía & Laredo. Éste sería el segmento electoral en disputa, y una se-gunda área de oportunidad de crecimiento para AMLO y la coalición de izquierda.

Para el 6 de diciembre de 2011 se oficializó la invitación que me hizo Andrés Manuel López Obrador para ser el coordinador de su campaña en la búsqueda de la Presi-dencia de la República en 2012.

Recién habían pasado unos días de su triunfo en las encuestas internas para de-cidir quién sería el candidato de las izquierdas, y ahora me encargaba dirigir y armo-nizar las tareas de los integrantes de su comité de campaña, con facultades amplias en cuanto a convocatoria y toma de decisiones, con el objeto de refrendar el triunfo en las elecciones de 2006.

Se trataba de un reto importante, toda vez que las condiciones de 2012 eran muy distintas de las de seis años antes, sobre todo por efecto de la guerra sucia emprendi-da por los medios y el aparato oficial en contra de nuestro movimiento, así como el acuerdo oculto entre los poderes fácticos y el virtual candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, para hacer ganar a éste la Presidencia, a como diera lugar.

Yo ya fungía, desde septiembre, como representante del propio Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el Frente de partidos izquierda, el DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México), por lo que mi designación se decidió durante una reunión que sostuvo él con los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano; del Trabajo (PT), Al-berto Anaya; y de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton.

2 Ver Anexo 2: Encuestas de noviembre de 2011 (candidatos y partidos)

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•Ganar el centroUn reto fundamental para los candidatos y partidos de izquierda es posicionarse en el electorado de “centro”, representado, generalmente, por un ciudadano de clase media urbana, con ingresos propios, informado, sensible a las campañas de diferen-ciación y polarización, y con aspiraciones de mejoría en su estatus. Es el sector de votantes que en 2006 se alejó de AMLO por las campañas de miedo y la guerra sucia mediática.

Si bien los conceptos centro, izquierda y derecha son bastante relativos para las ciencias sociales, sí llegan a aportar luces sobre actitudes, tendencias y valoraciones de los ciudadanos en temas de interés para la vida pública: ayudan a dilucidar sus criterios para definirse a favor de tal o cual opción electoral.

Por esos días, el 18 de diciembre de 2011, el Grupo Reforma publicó una encues-ta basada en esas categorías políticas, muy parecida en sus resultados a las propias de la campaña (la del equipo encuestador, así como la de Covarrubias y Asociados), y otras, como la de DEFOE, que se hicieron llegar a la oficina del candidato presiden-cial.

Reforma señalaba que el 63% de los mexicanos se definían a sí mismos como de “derecha” y “centro-derecha”, el 21% se ubicaba en el “centro” y el 16% en las posi-ciones de “izquierda” y “centro-izquierda”. Asimismo, el 21% de los encuestados no se situó en el espectro ideológico, pero también fue el sector que tenía menos proba-bilidades de acudir a votar.

La autodefinición de la mayoría de los ciudadanos como de “derecha” y “cen-tro-derecha” es consistente con el cambio de valores y actitudes que han registrado diversos estudios sociológicos.

El mexicano contemporáneo tiende a valorar más al individuo que a la comu-nidad y a la familia más que al Estado; para salir adelante, cree más en el esfuerzo propio que en la ayuda pública; admira tanto a los Estados Unidos de América como a México; y espera poco o nada del gobierno y de la “clase política”, a la que rechaza. “[…] estamos frente a un ciudadano que no reconoce otro ethos que el del bienestar personal y familiar, ni otro derecho que el de resolver su vida con los medios a su alcance, perjudiquen éstos o no a su comunidad y a su nación […]”.3 Se trata de un liberal salvaje.

La mayoría de este segmento de ciudadanos de “derecha” y “centro-derecha” simpatizan con el PRI y el PAN; pero también había un sector no desdeñable que

3 Redacción. (1 de febrero de 2011). “El mexicano ahorita: Retrato de un liberal salvaje”. Recuperado el 2 de septiembre de 2011, de Nexos en línea: http://goo.gl/4UcyGr


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simpatizaba con AMLO. De cada 100 que votarían por AMLO, 46 se definían como de “centro-derecha” y “derecha”.

Con una tasa de participación de 60%, los probables electores de “izquierda” y “centro-izquierda” sumarían 7.2 millones de votos. Faltaría más del doble para ob-tener la meta electoral óptima de 20 millones de votos. Los presumibles votantes de “centro” representaban en ese momento 9.5 millones de ciudadanos, mientras que los de “centro-derecha” serían 15 millones. Era claro que se necesitaban sufragios de “cen-tro” y “centro-derecha” para avanzar en la elección, sin perder la posición de izquierda.

Lo anterior era el punto de arranque en diciembre de 2012, en términos cuanti-tativos. ¿Cuál era el posicionamiento en términos cualitativos, es decir, en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas?

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Candidato posicionado.• Antecedente de buen gobierno en el

Distrito Federal.• Estructura de MORENA y de los

partidos coaligados.• Mejoras positivas en electores de

“centro”.• Candidatos posicionados para cargos

federales y locales.

• Los negativos de AMLO, PRD, PT y MC.• Baja penetración entre jóvenes y

mujeres.• Desventaja en medios electrónicos

(propaganda y notas informativas).• Insuficiente organización territorial.• Distanciamiento del espectro de las

izquierdas no partidistas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Siete de cada 10 electores votarían por un cambio de gobierno.

• Decepción del PAN. • Rechazo al PRI. • Disposición a probar una tercera

opción.• Prolongación de las crisis económica y

de seguridad.

• Dinero excedente del PRI (gobernadores y alcaldes)

• Intervención del gobierno, a favor del PAN.

• Concentración del “voto del cambio” en la opción PRI.

• Concentración del voto “antiPRI” en la opción PAN.

• Movilización y representación fallidas el día de la elección.

• División y confrontación entre las organizaciones de izquierda.

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Desde noviembre de 2012 se tenía plenamente detectado que la principal amenaza para una contienda equitativa en la elección presidencial sería el dinero a raudales, de origen desconocido y fuera de toda proporción, del candidato del PRI.

Así había sido en la votación de gobernador del Estado de México en 2005, cuan-do se rebasó tres veces el tope de campaña permitido. Vendría después el ejercicio de gobierno, y la entidad mexiquense encabezó la lista de las administraciones lo-cales con mayor gasto en publicidad oficial, especialmente en la difusión televisiva personalizada de su mandatario. El mismo comportamiento se observaría en la cam-paña de gobernador de 2011, cuando Eruviel Ávila se excedió monetariamente en una proporción similar a la de su antecesor, sin consecuencia legal alguna.

Y es que la del Estado de México es una clase política local que sigue al pie de la letra la recomendación del fundador del grupo Atlacomulco, Carlos Hank González: “en política, lo que se compra con dinero es barato”. Y si esa compra de cargos va acompañada de impunidad, la adquisición no sólo resulta módica, sino regalada.

•La estructuración de la campañaSe acordó que el Comité de Campaña estaría integrado por coordinadores territoria-les y temáticos, y que sería el órgano de dirección encargado de conducir el proceso político-electoral de 2012, buscando y propiciando la participación más amplia de organizaciones políticas, sociales y civiles, así como de los ciudadanos en general, lo cual permitiría reconstruir y acrecentar la formidable convocatoria nacional que logramos entre 2005 y 2006.

La primera y más importante tarea de los coordinadores territoriales sería con-ducir el proceso de selección de candidatos a diputados federales y senadores, así como participar en la elección de aspirantes a legisladores locales, presidentes mu-nicipales y gobernadores en las entidades donde habría comicios concurrentes, pro-curando siempre la postulación de los mejores aspirantes, lo cual se definiría con encuestas, de acuerdo con lo pactado meses atrás entre los partidos y el Movimiento Regeneración Nacional.

Por su parte, los coordinadores temáticos tendrían a su cargo las funciones de acción electoral, de atención a organizaciones civiles y el movimiento social; organi-zación de actos públicos y de los foros para el proyecto de nación, así como las áreas de Comunicación Social y Administración y Finanzas.

Además de lo anterior, mi segunda tarea consistiría en coordinar el buen funcio-namiento de las precampañas y campañas de los candidatos federales, y buscar la unidad y la armonía con las de postulantes locales. Mi tercera encomienda estribaría en desarrollar labor política con todos los sectores sociales y con líderes de opinión


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para asegurar el buen desempeño de las campañas. Y la cuarta tarea sería ayudar a preparar, junto con el coordinador de actos públicos, Ricardo Cantú Garza, los míti-nes del candidato a la Presidencia en la circunscripción correspondiente.

Las referidas coordinaciones estarían divididas de conformidad con las circuns-cripciones electorales federales, y quedaron integradas de la siguiente manera:

Circunscripción I II III IV V

Cabecera Guadalajara Monterrey Xalapa Distrito Federal Toluca

Estados

Baja CaliforniaBaja California SurSonoraSinaloaDurangoChihuahuaNayaritJalisco

CoahuilaNuevo LeónTamaulipasZacatecasAguascalientesSan Luis PotosíGuanajuato Querétaro

VeracruzOaxacaTabascoChiapasCampecheYucatán Quintana Roo

GuerreroMorelosPueblaTlaxcalaDistrito Federal

ColimaMichoacánHidalgo Estado de México

ResponsableDante Delgado Rannauro

Alberto Anaya Gutiérrez

Rosalinda López Hernández

René Cervera García

Patricia Patiño Fierro

Por otro lado, las coordinaciones temáticas, quedaron conformadas así:

Coordinación Responsable Tarea

Acción Electoral Jaime Cárdenas Gracia Construir toda la estructura de representación y defensa del voto

Foros para el Proyecto de Nación

Claudia Sheinbaum Pardo

Organizar las reuniones temáticas de precam-paña y campaña, de común acuerdo con los responsables de cada tema

Atención a Organizaciones Civiles y el Movimiento Social

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros

Establecer comunicación y sumar las volunta-des de miembros e integrantes de sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamen-tales, civiles y del sector social

Organización de Actos Públicos

Ricardo Cantú Garza Organizar todos los mítines del candidato, tan-to en la precampañas como en la campaña, ello en colaboración con los coordinadores territoriales correspondientes

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Además de las anteriores habría una Coordinación de Comunicación Social, respon-sabilidad de César Yáñez Centeno Cabrera, y una Coordinación de Administración y Finanzas, a cargo de Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Se trataba de un equipo de primera, con experiencia y compromiso político defi-nido. Diputados federales, senadores, ex gobernadores y líderes sociales de izquierda seríamos los responsables de esta segunda campaña de Andrés Manuel López Obra-dor para volver a ganar la Presidencia de México en 2012.

Como estábamos en el periodo llamado “de entrecampañas”, un absurdo que nos mantenía prácticamente inmovilizados, el reto fundamental primario del equipo de publicistas era hacer una precampaña sin precandidato, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera que los precandidatos únicos sólo podrían hacer actos cerrados y acceder en medios a mensajes “sin ima-gen”. Entre quienes conformaban este grupo creativo estaban el prestigiado director de cine Luis Mandoki y el no menos renombrado productor Epigmenio Ibarra; am-bos colaboraron de manera voluntaria y fueron coordinados por César Yánez.

La verdad es que el modelo de comunicación política impulsado por la reforma constitucional de 2007 empezaba muy mal su periodo de prueba en cuanto a prác-ticas democráticas, pero funcionaba muy bien para el efecto que se buscaba lograr, pues aseguraba que se mantuviera intacta la labor propagandística hecha a favor de Peña Nieto, sin posibilidad para nadie más, y menos para nosotros, de hacerle sombra.

En todo caso, iniciaban dos tipos de precampañas: las de los partidos y precan-didatos que buscaban la Presidencia de la República, y la del aparato de intereses creados para asegurar la continuidad del PRIAN por otros seis años en el poder.

En ese contexto, dedicamos el mes de diciembre de 2011 a preparar la estrategia y el plan de la campaña, y los primeros dos meses de 2012, a ir armando las planillas de candidatos al Congreso de la Unión, así como a las diversas posiciones locales en juego que acompañarían AMLO. Asimismo, a interponer recursos y peticiones al IFE en nuestro afán por asegurar lo más posible unas elecciones limpias y libres, y una verdadera competencia que nosotros sabíamos que no querían dar ni el candidato del PRI, ni el gobierno panista, ni los medios y el aparato de apoyo del PRIAN.

Así fue como AMLO envió dos peticiones al Consejo General del IFE: una, el 18 de enero de 2012, que solicitaba la realización de 12 debates, de manera que fuera po-sible romper la estrategia perversa de las televisoras y hubiera un contraste efectivo de las propuestas en pugna, para que los ciudadanos pudieran formarse un criterio claro y real de qué representaba cada candidato, evitando así que prevaleciera la mercadotecnia de telenovela que colocaba a Peña Nieto como el “candidato imbati-


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ble”. La otra solicitud se envió el 8 de febrero de 2012, y contenía 12 sugerencias para dar garantías de equidad durante el proceso.

Las 12 medidas que López Obrador propuso al IFE para garantizar la equidad en la contienda fueron:

1. Difundir semanalmente e informar en cada sesión del Consejo General el monitoreo de los espacios noticiosos.

2. Aplicar un programa que evitara que mediante la simulación se diera la compra indebida o la adquisición de espacios en radio y televisión.

3. Suspender, durante la campaña y hasta la jornada comicial, toda la pro-paganda de cualquier ente público, salvo las excepciones establecidas por la Constitución.

4. Desarrollar, en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, reglas para la contabilidad y el registro de los bienes que se distribuyeran como propaganda en precampañas y campañas.

5. Llevar a cabo, en la Unidad de Fiscalización, auditorías durante la cam-paña, para verificar el origen y destino de los recursos que se utilizaran durante el proselitismo electoral.

6. Elaborar un acuerdo del Consejo General del IFE que reclamara de los gobiernos federal, estatales y municipales, la difusión de los padrones de los programas sociales de las dependencias y entidades.

7. Contrastar el padrón de militantes del PAN con los delegados y funciona-rios de las diversas dependencias federales que administraban los pro-gramas sociales del gobierno federal.

8. Monitorear programas gubernamentales y sociales de los tres niveles de gobierno, principalmente en las entidades federativas que habían teni-do elecciones en 2010 y 2011.

9. Solicitar una auditoría a los padrones de los programas sociales federa-les, estatales y municipales, y al manejo, administración, ejercicio y dis-persión de los recursos públicos federales y su conversión en apoyos.

10. Celebrar convenios con las auditorías superiores de los estados para su-pervisar los programas sociales estatales y municipales que no involu-craran recursos federales, con el mismo propósito que el descrito en el punto anterior.

11. Solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe que permitiera verificar si el endeudamiento público de las entidades federativas cumplía con lo previsto en la Constitución, para que la deuda autorizada no se desviara a la compra y coacción del voto.

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12. Celebrar un convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las secretarías de la Función Pública y Hacienda para auditar cierto nú-mero de fideicomisos, fundaciones o entes que manejaban recursos pú-blicos federales susceptibles de otorgar apoyos sociales.

¿Acaso no es verdad que la implementación de estas sugerencias hubiera evitado muchas de las ilegalidades que se cometieron, y habría contribuido a asegurar unas elecciones libres y auténticas? Y sin embargo, la respuesta que dio el Consejo Ge-neral del IFE a la petición tardó más de tres meses en llegar, hasta el 24 de mayo, ya bien avanzadas las campañas; pero además fue cínica, por decir lo menos, pues se limitó a declarar con evasivas y generalidades que ellos cumplían “a cabalidad” con su mandato, que “no había problemas de inequidad”, que “estaba garantizada” la vigilancia de los programas sociales, y numerosos etcéteras. Y sobre la compra y coacción del voto dijeron simplemente que su papel era el que decía la ley y que no podían ir más allá: según ellos, se reducía a hacer “conciencia pública” al respecto y crear programas de educación cívica para combatirlo. Y que lo estaban cumpliendo.

Por la omisión del Consejo General del IFE a la petición de Andrés Manuel López Obrador, éste promovió un juicio para la protección de los derechos político-elec-torales del ciudadano, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El citado juicio se interpuso en contra de: 1) la omisión de meses del Consejo General del Instituto Federal Electoral para dar respuesta oportuna y puntual a su petición del 8 de febrero de 2012, en la que solicitó medidas concretas para prevenir la compra y coacción del voto. 2) La resolución tardía e insuficiente a su petición, cuyo contenido, además, el Consejo General del IFE —de manera reac-tiva y no proactiva— rechazó sin más: sin fundamentación adecuada ni motivación aparente. 3) La respuesta escasa y con demora, del 24 de mayo de 2012, del Consejo General del IFE, que ponía en riesgo la equidad y autenticidad del proceso electoral en juego.

En el juicio que se siguió en el expediente SUP-JDC-1696/2012 se hicieron valer los siguientes agravios:

PRIMERO. Se viola mi derecho a ser votado previsto en el artículo 35 frac-ción II de la Constitución en relación con los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución General de la República.

La omisión del Consejo General del IFE para dar respuesta en breve término y para dar cabal respuesta a mis planteamientos, fundando y motivando ade-


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cuadamente sus respuestas, constituye una violación a mis derechos funda-mentales a ser votado bajo condiciones de equidad y de autenticidad.

La tardanza de meses en la respuesta del Consejo General del IFE es sinto-mática del desprecio de la autoridad electoral federal con mis planteamientos y con los derechos fundamentales de los ciudadanos a tener elecciones libres, auténticas y periódicas, y como demostraré en los agravios subsecuentes, no se da respuesta puntual a mis cuestionamientos y cuando se da alguna con-testación, ésta carece de la debida fundamentación y motivación.

Por la omisión y tardanza del Consejo General del IFE en este asunto existe un daño irreparable causado al proceso electoral federal en curso que deberá ser evaluado al momento de validar y calificar la elección, amén de los proce-dimientos que en su momento deban proceder en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

En cuanto a la segunda carta de AMLO, la respuesta del IFE fue tan absurda como la emitida en relación con la petición anterior: dijeron simplemente que “no se po-dían” realizar 12 debates ni difundirlos en los medios electrónicos, porque la solicitud estaba “mal fundada”. Punto. El caso era asegurar que entre la gente prevaleciera el desconocimiento de las propuestas de los candidatos, para que, así, se impusiera el modelo mercadotécnico que había vendido y seguía vendiendo a Peña Nieto como producto chatarra. Preludio claro de lo que se fraguaba y luego acaecería.

Por cierto, los magistrados del Tribunal Electoral tampoco dejaron de hacer su tarea, obviamente, en beneficio de los intereses de PRI: le dieron la razón al IFE en su decisión y, de paso y por si fuera poco, le ordenaron investigar al PRD, PT y Movimiento Ciudadano por una presunta “mala utilización de los tiempos dados por el Estado”, sobre la base de que los tres partidos habían otorgado sus espacios en radio y tele-visión a una agrupación —el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)— que no tenía derecho a los mismos.

¡Así se ejercía la justicia en este país!

•Primero a tres, luego a dosEn enero de 2012 eran muy claras las estrategias de los candidatos y sus partidos. El PRI, PVEM y PANAL jugaban con el “marcador”, es decir, a machacar su ventaja inicial en las encuestas y a presentar la elección como un mero trámite, como un “hecho consumado” a favor de EPN. A su vez, el gobierno federal y el PAN apostaban a la polarización, a promover la percepción de que la elección era entre dos: Vázquez Mota y Peña Nieto, y a llamar al “voto útil” a los simpatizantes de AMLO. Para ello, di-

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fundieron la versión de que el abanderado de la izquierda estaba enfermo, que lucía cansado y que ya no tenía edad para andar en los trotes de campaña.

Por su parte, la izquierda, una vez resuelta satisfactoriamente su elección interna, debía desplegar una estrategia en dos tiempos: primero apostar a una votación a tercios y, en la recta final, establecer que a pesar de existir cuatro candidatos en cam-paña, la contienda se reducía a sólo dos proyectos de nación.

La presentación de un cuarto candidato, Gabriel Quadri, por el PANAL, facilitó la apuesta a los tres tercios. Su campaña creció entre electores independientes, pero también entre un buen número de simpatizantes de JVM y EPN, a quienes quitó votos.

A tercios, AMLO podría ganar con el 35% de los votos, es decir, 15 millones 400 mil sufragios, con una tasa de participación del 60%. Esta cifra era apenas ma-yor en 700 mil a los que obtuvo en 2006, y superior en 4 millones al voto estable o consolidado que mostraba el PRI en aquel momento.

¿Cómo se planteó a la coalición Movimiento Progresista alcanzar esta meta electoral? A través de tres vías: 1) una red de promotores del voto, integrada por 4 millones de personas, responsable cada una de sumar a cinco personas más; 2) un ejército de representantes y defensores electorales que cubriera las más de 122 mil casillas electorales, y 3) una propuesta de cambio verdadero para el electo-rado, que se diferenciara claramente del continuismo que representaba el PAN y del regreso al pasado o cambio hacia atrás que encarnaba el PRI.

La desventaja estructural de AMLO en la campaña de aire (producto del nuevo reparto inequitativo de promocionales en televisión ordenado por la reforma electo-ral de 2007) obligaba nuevamente a privilegiar la campaña a ras de tierra, con la red de “promotores del cambio verdadero”, y a una presencia intensiva en una nueva he-rramienta de comunicación que irrumpiría en la campaña electoral y que a la postre jugaría un papel esencial: las redes sociales.

•El registroEn ese marco, pues, el 22 de marzo de 2012 fuimos a la sede del IFE para registrar la candidatura. Fue el acto más entusiasta y masivo de entre los organizados por todos los aspirantes, y esto motivó sin duda muchas reacciones. Y temores. Baste mencionar que nos impusieron un número limitado de invitados y se cerró el acceso a las instalaciones al público en general, acotándolo también con boletos. Pero aun a pesar de eso, la asistencia fue numerosa. Por su parte, el consejero presidente Leo-nardo Valdés Zurita sencillamente se negó a salir a la explanada, en donde habíamos


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instalado un pequeño podio y sillas en las que esperaban cientos de simpatizantes. Andrés Manuel López Obrador recibió la solicitud de registro en el vestíbulo, y no se movió de ahí durante todo el tiempo que estuvimos en las instalaciones.

Respetuoso de la ley, y de las extrañas formas que nos imponía el IFE, el candi-dato de la coalición Movimiento Progresista entregó los documentos requeridos, emitió un discurso protocolario y, al salir de ese vestíbulo, pronunció unas breves palabras a los asistentes.

En su mensaje, pidió a las autoridades electorales que no se repitiera lo sucedido en 2006: “que no se vuelvan a pisotear los derechos de los ciudadanos, que se res-pete la voluntad del pueblo”. Los llamó a tener “la capacidad, con la ley en la mano, de garantizar elecciones limpias y libres”, y reiteró lo que ya antes había solicitado: vigilar que “no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a candidatos, que no se compren votos”, además de exigir una vez más “equidad en los medios de comunicación”.

Ese mismo día empezaron los ataques. Como se dijo que esas palabras eran un discurso proselitista, el PRI y el PAN, como siempre en alianza, pretendieron impug-nar la candidatura de López Obrador, pero el asunto, por inconsistente, no procedió.

Iniciamos entonces la campaña como lo marcaba la ley, el último día de marzo, en medio de condiciones adversas y una evidente falta de equidad marcada por la aparente negligencia y omisiones de la autoridad electoral, todo lo cual, como se vería después, estaba absolutamente bien calculado para favorecer al PRI, dejando que su estrategia se impusiera con puntualidad.

Parte de ella fue sin duda la encuesta de seguimiento diario Milenio-GEA/ISA, anunciada meses atrás como la “definitiva” para saber el resultado de las elecciones. Un juego perverso en el que, si acaso, de vez en cuando se hacían ciertas “conce-siones” para aparentar un juego democrático. Me refiero, por ejemplo, a que en los primeros días de abril ese sondeo arrojaba que Andrés Manuel López Obrador “se acercaba” a Josefina Vázquez Mota.

Decían ellos que el candidato de la coalición Movimiento Progresista mantenía un crecimiento positivo en los primeros cuatro días de iniciadas las campañas, mien-tras que la preferencia por la panista se mantenía estancada. Sin embargo, los resul-tados de ese supuesto crecimiento eran risibles: de 11.1% de intención de voto del electorado, AMLO había pasado a 14.9%; en tanto que la inclinación de los electores por Josefina Vázquez Mota se mantenía “constante” entre 21.6% y 20.4%. Y aun así, a los pocos días resultó que la candidata del PAN volvió a repuntar en la encuesta.

Por supuesto que Enrique Peña Nieto aparecía en todo este juego como inal-canzable, y durante toda la campaña reportó siempre los niveles más altos de pre-ferencias electorales en la encuesta Milenio-GEA/ISA, con porcentajes de intención

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de voto de entre 33.5% y 36%. En tanto, respecto a la proporción de votantes indefi-nidos, el mismo sondeo señalaba que en los cuatro primeros días había disminuido, pasando de 33.5% el sábado 30 de marzo, a 28.9% el 3 de abril.

Pero la labor de los medios afines al PRIAN no se reducía sólo a eso. Además de preparar el terreno para hacer creíble el “triunfo inevitable” de Peña, se ocuparon de difundir notas tendenciosas, información sesgada y francamente partidista para engañar a la ciudadanía y hacerle creer que la posibilidad del triunfo de López Obra-dor era poco menos que imposible.

Ejemplo de lo anterior, por mencionar sólo uno, fue el del mitin de AMLO en el estadio Carlos Romo del municipio de Guadalupe Victoria, en Durango, el 10 de abril, que de acuerdo con Milenio Diario y Milenio Televisión, a minutos de iniciar, era un completo fracaso, ya que había “por lo menos unas 8 mil sillas de las 10 mil sillas instaladas, vacías.” 4

Lo que pasó es que, en clara manipulación de la realidad, Milenio publicó imáge- nes del mitin que mostraban el estadio vacío, y afirmó que correspondían al mo-mento de inicio del evento, cuando de hecho se trataba de fotos tomadas una hora antes de que éste comenzara. Para apoyar su versión, la enviada del periódico pre-sentó incluso una fotografía que mostraba sillas desocupadas, al mismo tiempo que el titular de la nota, afirmaba: “PT no logra llenar mitin de AMLO en Durango”:

Es decir, Milenio mentía con dolo para dar la impresión de un acto de campaña fallido, sin ningún eco de apoyo ciudadano. Y aunque tuiteros desmintieron de in-mediato a ese periódico con fotos reales del mitin con el estadio abarrotado de sim-patizantes, el daño estaba hecho. Y en ese mismo tono siguieron durante el tiempo previo a las elecciones.

A pesar de eso y a pesar de todo lo que se estaba viendo, AMLO había iniciado su campaña con un mensaje de conciliación, convencido como estaba de que era momento de restañar heridas y unir a los mexicanos.

•Arranca formalmente la campañaAsí, el 30 de marzo de 2012, a las 7 de la mañana, en lo que fue el arranque formal de su segunda campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador expresó frente a representantes de los medios de comunicación: “Creo que el pueblo sabrá estar a la altura de las circunstancias y demostrará que es dueño y constructor de su pro-

4 Padilla, L. (10 de abril de 2012). “PT no logra llenar mitin de AMLO en Durango”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de Milenio: http://goo.gl/hA2OKx


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pio destino; se hará realidad nuestra estrategia, que se resume en una frase: sólo el pueblo puede salvar al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación”.

De ahí viajó a Macuspana, Tabasco, su tierra natal, donde se efectuó el primer mitin formal. En aquel sitio, AMLO se comprometió a entregar todo su esfuerzo, su capacidad como dirigente, y luchar con honestidad por la justicia y por liberar a México; pero pidió también la ayuda a simpatizantes y militantes de los tres partidos que lo impulsaban, para ganar la elección y asegurar la defensa del voto: “Yo no po-dría solo, requiero el apoyo de todos ustedes para evitar que nos vuelvan a hacer lo mismo que en 2006”, señaló.

Y fue impresionante ver cómo los más de 40 mil asistentes al estadio de beisbol Tumbapatos asumieron el compromiso de defender el voto y convertirse en repre-sentantes de casilla el día de la elección.

El recinto estaba repleto, pese a los 39 grados de temperatura que registraba la entidad. Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por el candidato de la coalición Movimiento Progresista a la gubernatura del estado, Arturo Núñez; por los dirigentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano; del PT, Alberto Anaya, y de Movi-miento Ciudadano, Luis Walton. Además de Miguel Torruco, a quien propuso ese día para ser su secretario de Turismo en caso de ganar la elección presidencial.

AMLO recordó que en la contienda había cuatro candidatos, pero sólo dos caminos: uno, personificado por Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri de la Torre, representantes de lo mismo: pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, corrupción, sufrimiento. La otra opción era la que con mucho orgullo él estaba re-presentando, y que consistía en honestidad, justicia y amor.

El candidato se dirigió luego, por tierra, a Coatzacoalcos, Veracruz, para encabe-zar un segundo mitin. Ahí se comprometió a construir cinco refinerías, usar el pe-tróleo como palanca del desarrollo y bajar los precios de las gasolinas, el diesel y la luz. Temas que preocupaban —y preocupan— mucho a los prianistas, entre cuyos objetivos está la enajenación de los bienes del pueblo.

Claramente, su apuesta era por un cambio de fondo en las instituciones de la na-ción, y la estrategia era también muy evidente. La meta: la transformación profunda del país, es decir, no se trataba del consabido “quítate tú y me pongo yo” para acabar haciendo lo mismo y cometiendo los mismos errores, aplicando la misma política económica y de seguridad, manteniendo la situación de degradación de forma y fondo político.

Nosotros queríamos, y queremos, transformar las instituciones desde la Presi-dencia, lo cual requiere la aplicación de medidas de austeridad, de sobriedad re-publicana; nuevas políticas sociales y de origen público que permitan recobrar el

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crecimiento, seguridad y economía del país. En eso se centraban el discurso y la propuesta de campaña.

Pero tampoco éramos ingenuos. Sabíamos que nos estábamos enfrentando con el poderoso aparato del PRI: 20 gobernadores y casi 80 presidentes municipales de las capitales más importantes del país, quienes no tendrían ninguna reserva en usar recursos públicos para beneficiar a sus candidatos. A esto había que sumarle el apo-yo que obtenían de su contubernio con Calderón y con el PAN, así como la complici-dad de una candidata presidencial quien, atacándonos permanentemente, no sólo le abonaba al candidato priista, sino a su propia derrota.

Ellos han recurrido siempre a la mentira, a la apariencia, y a usar todo el dinero federal y local para comprar voluntades. Nosotros en cambio, sabíamos que el triun-fo dependía del nivel de convencimiento y de conciencia cívica del pueblo, de que lográramos entusiasmarlo, sacarlo a votar y rechazar las prácticas fraudulentas.

El PRI tenía a sus gobiernos estatales; el PAN, al gobierno federal. Nosotros está-bamos en medio, pero actuando con mucha honestidad y transparencia, viajando en aviones comerciales, por carretera. Con casi la tercera parte de los recursos y la pro-paganda oficiales. Haciendo viajes austeros, sin grandes comitivas ni “regalos” para los medios. Tampoco había tortas, como con las que PRI suele recompensar; ni despensas, como las que el PAN había venido repartiendo a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Nuestra fe descansaba sólo en el pueblo. Si él lo quería así, tendríamos un pre-sidente de izquierda.

Y la verdad es que ya desde ese momento vislumbrábamos un final favorable, aunque disputado, y muy distinto del que pintaban las encuestas. Nosotros nos veía-mos al final, contendiendo hombro con hombro con el PRI, dejando al PAN abajo; pero sabíamos que para asegurarnos el triunfo se requerían otras condiciones. Por eso le apostamos siempre a la competencia real, a que la gente supiera realmente lo que estaba en juego. Y para ello planteamos que hubiera no dos, sino 12 debates. Ésa era la única manera de hacer que nuestro mensaje llegara a todas las personas, de echar por tierra la falacia de los spots y de la guerra sucia.

El problema era que ellos también lo sabían, y se dedicaron a impedirlo en todo momento y por todos los medios.

Andrés Manuel López Obrador tenía la certeza de que el mayor reto de la cam-paña era informar a los ciudadanos:

…para que no logren su propósito los que tienen por objeto mediante la mercadotecnia y la publicidad imponer al próximo presidente de México; que no vuelvan a engañar al pueblo.


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Ése debe ser el propósito, no más engaños, no más mentiras. Que no sea a través de la televisión como se decida quién debe gobernar el país. En nin-gún momento se justifica el que con la publicidad se suplante el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades, menos en estos tiempos definitorios.

[Las televisoras] han venido posicionando, colocando a Peña Nieto; han hecho de este personaje una telenovela; mucha gente no sabe realmente lo que representa, porque todo es un empaque con un producto chatarra aden-tro, bien adornado, bien arreglado, todo a través de la mercadotecnia con un producto que resultaría muy dañino para el país.

Todo lo que significa puntos negativos para nosotros se difunde; lo que puede afectar la imagen de Peña Nieto —esta imagen cuidada de mercado-tecnia, de ir introduciendo al mercado un producto chatarra—, se cuida… Lle-vamos cinco años informando, nada más que no se difunde lo que decimos; la imagen que hay de nuestro movimiento y de mi persona es distorsionada porque, a diferencia de Peña Nieto, a través de la televisión se hizo de mi per-sona una leyenda negra. Y tampoco estamos viendo a los que controlan las televisoras como enemigos, son adversarios, pero sí están metidos hasta la cocina en este asunto.

En ese contexto, uno de los primeros lugares que AMLO visitó fue Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde se reunió con 17 mil personas en la Arena VFG, y luego con otras 10 mil en el lienzo charro Ignacio León Ornelas, de Irapuato, Guanajuato.

Al día siguiente, estuvo en Querétaro, en donde aseguró que en el arranque de la campaña había quedado de manifiesto que el derroche de recursos era el único sig-no que caracterizaba la campaña de Enrique Peña Nieto: “Ayer en Jalisco me dijeron que hacían un cálculo de 20 millones de pesos, nada más lo gastado en Guadalajara, pero se hizo en todas las plazas”; además de que trascendió que el priista se había trasladado en helicóptero hasta las regiones pobres de Chiapas.

En San Juan del Río, AMLO se refirió al tema petrolero y alertó que los opositores del cambio verdadero habían puesto en la mira a Petróleos Mexicanos. Respecto al riesgo de privatización de la paraestatal, señaló que si el petróleo se entregara a empresas extranjeras, dejarían de recaudarse los 800 mil millones de pesos en im-puestos que Pemex paga al gobierno, los cuales se destinan a educación, salud y programas sociales. Ello generaría un gran boquete presupuestal.

Ya el 3 de abril, en la plaza principal de Jiutepec, Morelos, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas, y a los ciudadanos progresistas. Les pidió dejar de lado diferencias personales, de grupo y partidistas, a

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fin de enfrentar juntos un proceso histórico, trascendental, como el del primero de julio que habría de venir.

El 4 de abril la gira nos llevó a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y ahí, desde la Plaza de la Paz, el candidato hizo un llamado a la reconciliación al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN):

Extiendo mi mano franca en señal de respeto, de admiración, a los que luchan por la justicia. Quiero hacer un llamado a quienes en 1994, por la opresión, por el autoritarismo, por la pobreza, se levantaron en rebeldía; hago un llamado a todos los que participan en el movimiento zapatista para que busquemos la manera de unirnos, de trabajar juntos, de reconciliarnos y de buscar entre todos mejorar las condiciones de vida y de trabajo en Chiapas y en todo el país. Extiendo mi mano franca también en señal de reconciliación, de que busque-mos entre todos la unidad para sacar adelante a nuestro pueblo, a nuestro país.

Y repitió tres palabras: reconciliación, progreso, justicia, y en relación con esta última advirtió que asumía desde luego el compromiso de cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Con un discurso conciliador, dejó en claro que no tenía diferencias con el en-tonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines, con quien no se reunió, como sí lo hicieron Peña Nieto y Vázquez Mota en sus respectivas giras.

AMLO remarcó que en el Movimiento Regeneración Nacional se quería justicia, no venganza: “Por eso luchamos. No odiar, no albergar rencores, tenemos que unir-nos y fortalecer los valores morales y espirituales; ésa es la República Amorosa.”

El 12 de abril, la gira hizo parada en Fresnillo, Zacatecas. Llegó allá el candidato, precedido por un tamborazo y acompañado de una pequeña cabalgata. Lo espera-ban en la avenida Hidalgo cerca de 20 mil personas.

En aquella oportunidad, llamó a combatir a quienes “reparten migajas, despen-sas, materiales de construcción, chivos, borregos, dinero en efectivo para obtener los votos y seguir robando el dinero del presupuesto”. Y advirtió: “Eso es pan para hoy y hambre para mañana: el pueblo ya no está para limosnas, el pueblo lo que exige es justicia y eso es lo que ofrece este movimiento: un cambio verdadero”.

Ese mismo día, participó en un foro organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), y aprovechó ese marco para presentar su plan de aus-teridad, advirtiendo que sería la base de la reactivación económica, pero “sin quitarle a los ricos para darle a los pobres”.


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Se comprometió ante directivos financieros del país a frenar monopolios y pri-vatizaciones, y a la vez, a promover la política macroeconómica; también garantizó la autonomía del Banco de México y el respeto a las concesiones entregadas.

Fue un debate interesante, con claroscuros, pues los asistentes respaldaron, in-cluso con aplausos, su promesa de continuidad macroeconómica, pero también le cuestionaron de qué había vivido en los últimos seis años, le preguntaron si había pagado impuestos y hasta le reprocharon su dicho de “al diablo con las instituciones”.

En su oportunidad, AMLO respondió que él vivía de un sueldo de 50 mil pesos al mes que le daba la asociación civil Honestidad Valiente, y que estaba al corriente en el renglón tributario. Y en cuanto a la frase aludida, aprovechó para dejar en claro su postura: “Lo que dije fue ‘al diablo con sus instituciones’, porque estaban secues-tradas”.

A la petición de impulsar las llamadas reformas estructurales (eléctrica, fiscal, ener-gética, laboral, de seguridad social, etc.), respondió categóricamente que no creía en ellas porque implican privatizaciones y porque son impuestas desde el exterior: “Tengo la obligación de decir la verdad, no dorarle la píldora a nadie ni venir a querer quedar bien con ustedes, que yo les hable de que vamos a llevar a cabo reformas es-tructurales. No creo en eso porque es una agenda impuesta desde fuera”. Y concluyó, proponiendo como alternativa la formulación de una agenda de desarrollo propia.

El 14 de abril estuvo en Guasave, Sinaloa, en donde denunció una vez más el derroche de dinero mal habido en las campañas. De ahí se trasladó a Sonora, a un mitin en Ciudad Obregón.

Ahí, López Obrador aseguró que durante su administración no se privatizarían las guarderías y que no se repetiría lo sucedido en la guardería ABC, aludiendo a la tragedia de los 49 niños muertos en un incendio y cuyos responsables no han sido castigados. Asimismo, reprobó la actitud del ex gobernador Eduardo Bours respecto al fallecimiento de los bebés.

En Ciudad Valles, San Luis Potosí, refrendó el 15 de abril su compromiso de com-batir la corrupción, y aseguró que no le temblaría la mano para castigar a los infrac-tores:

“Me dicen algunos que va a estar muy difícil; no crean que no es complejo, por-que desgraciadamente ha venido prevaleciendo la llamada cultura de la corrupción, del agandalle, pero tengo la decisión de hacerlo y tengo autoridad moral”, sostuvo.

Más tarde, en Tampico, Tamaulipas, recordó que las elecciones del primero de julio serían el referendo para que la gente decidiera si quería más de lo mismo o un cambio verdadero. También pidió a las miles de personas reunidas a un costado de la Laguna del Carpintero, que no vendieran su voto y que cuidaran los sufragios el día de la elección para que no ocurriera lo de 2006.

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•Las propuestas en materia educativa y de democratización mediática

El 16 de abril, AMLO hizo un acto público en la delegación Venustiano Carranza, en lo que fue el inicio de su gira por el Distrito Federal. Ante unas 10 mil personas reuni-das en la explanada, confió en que durante los días previos a la elección rectificarían aquellos que pensaban que con dinero, con medios de comunicación, publicidad, mercadotecnia y uso de los aparatos gubernamentales, podrían imponer al próximo presidente de México.

“Están en un error —aseguró—, no van a poder si piensan que van a introducir un producto chatarra al mercado, como lo están haciendo. Esto no es una telenove-la, es un asunto muy serio. Está de por medio el destino del país”.

Y concluyó con su llamado a la concordia:

No queremos venganzas; queremos justicia, no rencores, no odios. Vamos to-dos juntos a salvar a nuestro país. No vamos a perseguir a nuestros opositores; habrá libertad plena, libertad de crítica, de expresión, y garantizaremos el ejer-cicio amplio, sin ninguna restricción, para todas las religiones del país, así como seremos respetuosos de los no creyentes.

En esta acto de campaña, lo acompañaron en el templete Alfonso Romo y Miguel Torruco. También Elena Poniatowska, propuesta para la Secretaría de Cultura; Sergio Rodríguez Cuevas, para la Secretaría de Salud; Javier Jiménez Espriú, para Comunica-ciones y Transportes; Bernardo Bátiz, para procurador general de la República; Jorge Eduardo Navarrete, para Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, para Medio Am-biente. Y aunque no estuvieron presentes, también citó a Juan Ramón de la Fuente, propuesto como secretario de Educación Pública, y a Marcelo Ebrard, de Gobernación. Dijo que con este grupo trabajaría:

…en un ánimo de conciliación, de unidad, buscando sumar a todos a este propósito de rescatar a México. Y en mi gobierno no habrá atropellos, despi-dos de trabajadores, como los del Sindicato Mexicano de Electricistas, o para proteger a empresarios vinculados al poder, como sucedió con Mexicana de Aviación. Tampoco injusticias, como las ocurridas con mineros. Nadie estará al margen de la ley.

Ese mismo día, López Obrador dio a conocer su propuesta educativa, sintetizada en 10 puntos, y señaló que, de triunfar, en su gobierno se reforzarían los liderazgos escolares y se buscaría que los sindicatos eligieran libremente a sus dirigentes para


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que no se protegiera a ninguno desde la Presidencia de la República, como había venido sucediendo.

Además de becas estudiantiles y presupuesto suficiente para las universidades públicas, a fin de garantizar ciento por ciento de inscripción a todos los jóvenes que desearan estudiar, ofreció dar acceso gratuito a internet a todos los alumnos de es-cuelas públicas, así como apoyos alimentarios, útiles escolares y transporte para los colegiales de las zonas marginadas del campo y la ciudad.

Igualmente, habló de ampliar el programa de desayunos y de abrir en las co-munidades pequeñas y dispersas, centros regionales de servicios con maestros para cada grado, horarios adaptables, albergues, alimentación y transporte. Dichos centros contarían, además, con granjas y talleres. También expresó su intención de alcanzar un acuerdo con los maestros para evaluar su desempeño de manera profe-sional, sin represalias ni influyentismo.

Calificó de irresponsable que, en aras de un fundamentalismo tecnocrático, en los últimos tiempos la educación en México se hubiera puesto al servicio del mercado, como si se tratara de una mercancía, y aseveró: “Puede probarse que la inseguridad se debe al abandono de la educación”.

Por la noche, López Obrador se reunió con artistas e intelectuales, quienes le pi-dieron que se manifestara por los pueblos afectados por la delincuencia organizada. El candidato les explicó que había tres maneras de enfrentar la violencia: atender las causas, combatir la corrupción y que hubiera gente honesta a cargo de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Estuvieron presentes, entre otros, los escritores Laura Esquivel y Paco Ignacio Taibo II; los actores Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Roberto Sosa, Julieta Egurrola y Evangelina Sosa; el director teatral Luis de Tavira, así como Lilia Rosbach y José María Pérez Gay.

El 17 de abril, en medio del debate por la nacionalización de una filial de Repsol en Argentina —lo cual condenaron Enrique Peña, Josefina Vázquez y Felipe Calde-rón—, López Obrador manifestó su respeto a las decisiones de otros países.

“No tengo por qué definir una postura —aseguró—. Somos respetuosos de la decisión que toman otros gobiernos y del principio constitucional de política inter-nacional de no intervención y autodeterminación de los pueblos… No nos mete-mos en asuntos de otros países porque no queremos que haya injerencia en lo que incumbe sólo a los mexicanos”.

Advirtió, sin embargo, que el gobierno federal debía explicar los privilegios que había dado en nuestro territorio a esa compañía de capital español. Y se refirió al contrato de explotación de gas en la Cuenca de Burgos, que sólo fue buen negocio

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para Repsol, no para México, porque no se extrajo más gas, pero sí se pagó una fuerte cantidad a la empresa extranjera. También indicó que se debería explicar el contrato por más de 20 mil millones de dólares que se entregó a la misma para comprar gas de Perú.

Ese día sostuvo diversas reuniones en la Ciudad de México, pero sin duda lo más relevante de la jornada fue la presentación de su propuesta para impulsar la demo-cratización de los medios de comunicación.

“Que existan todas las estaciones de radio y canales de televisión que sean téc- nicamente posibles… No se impedirá a nadie que pueda participar en el terreno de las comunicaciones”, señaló, y explicó que ello no significaba eliminar el régimen de concesiones ni expropiar, censurar o crear una excesiva reglamentación, sino que el Estado cumpliera el mandato de garantizar el derecho a la información.

Reiteró que de llegar a la Presidencia de la República frenaría la tentación que implicaba el que los medios de comunicación al servicio de intereses creados su-plantaran con publicidad y mercadotecnia el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes.

•Encuentro con empresarios, y los cuestionamientosEl 20 de abril, AMLO se reunió con los principales representantes del Consejo Coor-dinador Empresarial (CCE), organismo que seis años atrás financió una campaña en radio y televisión para desprestigiarlo como candidato mediante la frase “Un peligro para México”, misma que al término del proceso fue declarada ilegal por el IFE.

A pesar de eso, y para indicar su voluntad de dejar de lado los agravios, López Obrador aseguró ante la cúpula del CCE no vivir en el pasado : “Yo ofrecí mi mano franca; queremos la unidad, queremos la reconciliación”.

Ambas partes calificaron la cita como cortés y necesaria, pese a que no hubo atisbos de virajes. El objetivo había sido intercambiar puntos de vista, pero también alcanzaron el acuerdo de integrar un equipo de trabajo para estudiar las propuestas bilaterales.

El dirigente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila, describió el encuentro como un “round de sombra”. En tanto, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE declaraba ante los reporteros: “Al final, no es que sea un peligro o no, aquí lo importante es que se dio un acercamiento que era necesario”.

Cabe señalar que tanto AMLO como la CCE coincidieron en que el país requería estabilidad macroeconómica; sin embargo, no hubo cambios de postura acerca de


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la participación privada en Petróleos Mexicanos ni en cuanto a las aristas sobre lo que debe tener una reforma fiscal. De igual manera, salieron a la luz las diferencias acerca de la pretendida reforma laboral.

Esa misma mañana, en conferencia de prensa, López Obrador había presentado su plan de vivienda popular, proyectado con una inversión cercana a los 8 mil millo-nes de pesos.

Y también aquel día volvió a exigir a los consejeros electorales del IFE, en cum-plimiento de la responsabilidad legal de éstos, su intervención inmediata para la fis-calización del gasto de campaña de Enrique Peña Nieto; los conminó a salir a la calle para que constataran el dispendio y posible rebase de topes de campaña.

Asimismo, reiteró que las encuestas estaban siendo manipuladas, y desestimó una vez más la mañosa metodología empleada en particular por Milenio, que ese día lo colocaba “ventajosamente” en segundo lugar, por encima de la panista Josefina Vázquez Mota.

Más adelante, cuando ya era inocultable la superioridad, y que se encontraba muy cerca de hacer lo mismo con el abanderado del PRI, una alianza tácita entre ambos partidos y el gobierno de Calderón volvería a la carga con el tema de los recursos de López Obrador: ¿de qué vive?, ¿quién le paga?, ¿cuánto gana?, ¿cómo recauda?, ¿paga impuestos? Todo ello, centrado ahora en las finanzas de la asociación Honestidad Valiente A.C., la misma que durante seis años le había permitido a AMLO financiar sus recorridos por el país, darle dos vueltas a la mayor parte de los munici-pios de México y preparar de manera resistente y persistente su segunda campaña a ras de tierra.

Que si la asociación recibía recursos triangulados del Gobierno de Marcelo Ebrard; que si debió pagar impuestos “como la mayoría de los mexicanos”; que si debió haber publicado sus estados contables: que si no era una asociación con fines de lucro debió haberse registrado bajo otra personalidad jurídica, y otra serie de objeciones, muy propias de contadores, auditores y fiscalistas del Sistema de Admi-nistración Tributaria (SAT), iban y venían, en alianza, y con malicia.

Era tan evidente que el SAT se encontraba detrás de la difusión de estos cuestio-namientos, que incluso de pronto la información contable de Honestidad Valiente empezó a circular por las mesas de redacción de ciertos diarios, aún con el formato de captura de las hojas electrónicas de este organismo descentralizado, supuesta-mente autónomo, independiente y celosísimo guardián del secreto fiscal de los con-tribuyentes.

Semanas antes, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) había sostenido un litigio a fondo con el SAT para que éste hiciera pú-blica la lista de contribuyentes beneficiados con créditos o condonaciones fiscales,

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especialmente de los más grandes, que de esta forma eluden el pago de impuestos. El SAT se negó, escudándose en la secrecía fiscal y bancaria. La disputa fue a parar a la Suprema Corte, y la ganó el SAT. De manera contrastante, para exhibir los exiguos ingresos y la supuesta evasión fiscal de Honestidad Valiente, el SAT no honró ningu-na secrecía, y sí en cambio facilitó una gran filtración de datos confidenciales, y su difusión.

De cualquier forma, la asociación no tenía nada que ocultar, y por iniciativa pro-pia subió a internet sus estados contables. Cumplió con la primera norma consuetu-dinaria de la transparencia: el que nada debe nada teme.

Asimismo, en su momento, cuando la administración de Marcelo Ebrard fue in-volucrada en el supuesto financiamiento ilegal, el jefe de Gobierno del D. F. respon-dió de inmediato que se trataba de una cortina de humo del PRI para desviar la atención sobre el propio dispendioso gasto de campaña.

∞La campaña seguía. El 22 de abril, tocó el turno de Monterrey, Nuevo León. Ahí, en la Macroplaza, en el corazón de la ciudad más industrializada del país, y donde reside buena parte de la cúpula empresarial, AMLO planteó una alianza no sólo estratégica, sino definitiva con todos los sectores de la economía, la iniciativa privada y los ámbi-tos público y social para sacar adelante al país.

Subrayó que sin la iniciativa privada no sería posible impulsar la economía nacio-nal, hacerla crecer a 6% anual, generando 1.2 millones de empleos cada año. Igual-mente, aprovechó el escenario para hacer un pronunciamiento concreto para definir su relación con el sector privado: “Vamos a apoyar —dijo— a los empresarios porque hay muchos que tienen vocación productiva con dimensión social… Porque los que están arriba, que no quieren el cambio, ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencias”. Destacó la importancia que su gobierno conferiría a la pequeña y mediana empresas, que son las principales generadoras de empleos: “Ahora todo se hace para apoyar a las grandes corporaciones; no quiere decir que nosotros no va-mos a apoyarlas, pero se privilegiará a las pequeñas y medianas empresas”. También anunció que en su gobierno habría libre competencia verdadera y que se termina-rían los monopolios.

El 23 de abril de 2012, AMLO estuvo en la Universidad Iberoamericana, plan-tel Santa Fe, y sostuvo un diálogo con la comunidad estudiantil acerca de sus pro-puestas de gobierno. Fue un evento exitoso, la capacidad del auditorio José Sán-


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chez Villaseñor resultó insuficiente. Y si bien sólo pudieron ingresar alrededor de 600 personas, otras mil 500 siguieron la presentación a través de tres pantallas gigantes colocadas en la explanada. Incluso en pasillos elevados que conectan edificios de la universidad se colocaron sillas, y también hubo transmisión en vivo, vía internet, con seguimiento de las sedes de la Ibero en México, particularmente de León, Torreón y Tijuana.

Fue despedido con mucho entusiasmo, en medio de gritos de ¡Presidente! ¡Pre-sidente!

El 24 de abril de 2012, la gira se detuvo en Ciudad del Carmen, Campeche, donde López Obrador planteó que no se vendiera ni un solo barril de petróleo al extranjero, sino que se procesara todo aquí para dejar de importar 55% de la gasolina que se consume en el país.

Ante más de 8 mil simpatizantes que se congregaron en la plaza cívica 7 de agosto, advirtió que así como los gobiernos del PRI y el PAN se apoderaron de los bancos, de las minas y de otros bienes de la nación, para cederlos a empresas extran-jeras, de igual forma estaban “zopiloteando el petróleo”.

Se quieren quedar con la riqueza petrolera, y de hecho ya empezaron, porque las plataformas de Ciudad del Carmen y del Golfo de México, en su mayoría son de empresas extranjeras, y son esas compañías las que, en los hechos, se quedan con esa renta, pese a que la Constitución señala que el petróleo es del pueblo.

Y terminó comprometiéndose a defender el hidrocarburo e impedir que fuera en-tregado.

El 25 de abril estuvo en Aguascalientes, en donde reunió a más de 10 mil per-sonas en la plaza principal de Jesús María, municipio conurbado a la capital. López Obrador se refirió ahí al caso Wal-Mart, empresa que corrompió a autoridades mexi-canas para que le fuera permitido abrir más tiendas, y señaló que a pesar de ser la segunda compañía del país sólo pagó en impuestos unos mil millones de pesos, es decir, 0.2% de los 400 mil mdp de sus ganancias las cuales —subrayó— equivalían al presupuesto de 20 años de Aguascalientes. Agregó que quien más gana, más im-puestos debería pagar.

El 26 de abril, en Manzanillo, Colima, encabezó una asamblea popular en la Plaza del Pez Vela, adonde anunció que de llegar a la Presidencia disminuiría el precio de gasolinas, gas, diésel y luz. Luego, por carretera, se trasladó a Guadalajara, a la colonia popular Luis Echeverría.

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El 27 de abril, todavía en Guadalajara, encabezó un foro contra la corrupción, en el que subrayó que el gobierno que él proponía tenía en el concepto de honestidad el eje de la administración pública. “Seré guardián de los dineros del pueblo”, afirmó.

Después del mediodía se trasladó a Tepic, Nayarit, y al día siguiente visitó Chi-huahua, Chihuahua. Señaló que su meta como presidente, desde los primeros días de gobierno, sería serenar al país. Dijo que se atendería el caso del desempleo entre los jóvenes, ya que éstos habían sido cooptados por el crimen organizado y la violen-cia. Anunció que instalaría la PGR en Chihuahua y que él realizaría visitas cada 15 días a la entidad para encabezar las reuniones del gabinete de seguridad.

El 30 de abril, en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se sumó a la campaña y presentó, junto con Andrés Manuel López Obra-dor, la propuesta que en materia de energéticos defendería la coalición Movimiento Progresista.

Luego de eso, AMLO estuvo en Oaxaca, y finalmente, en la explanada principal de Naucalpan, Estado de México, en donde hizo el compromiso de terminar con toda la parafernalia en el poder: los aviones, los helicópteros privados para ir de un lado a otro, los aparatos de seguridad, etcétera.

El 1 de mayo correspondió la visita a Tijuana, Baja California. Fue un evento sin precedentes: miles de personas, muchas jóvenes, abarrotaron el centro histórico de la ciudad.

Al día siguiente, 2 de mayo, la gira llegó a Baja California Sur. López Obrador en-cabezó en Cabo San Lucas una asamblea en la plaza central, en donde logró reunir a varios miles de asistentes, y en Monterrey, Nuevo León, el 3 de mayo, fue nueva-mente recibido con gritos de júbilo y de ¡Presidente! ¡Presidente!, por la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey.

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Entre los expertos existe una controversia sobre el alcance real de los debates electorales, toda vez que algunos candidatos pierden en los debates, pero arra-san en las votaciones. Otros, en cambio, deslumbran en los debates con su in-

teligencia, propuestas y audacia, pero pierden las elecciones. Lo que es irrefutable es que los debates son cada vez más un evento imprescindible en cualquier campaña que presuma ser democrática. Sin embargo, los candidatos punteros buscarán redu-cir al mínimo este tipo de presentaciones, mientras que los candidatos en desventaja buscarán avanzar en el electorado con estos ejercicios de deliberación pública.

Un buen debate puede aportar al ganador de 3 a 5 puntos a su favor, mismos que a su vez le restará a los contendientes con menor desempeño. En disputas ce-rradas, ese tipo de debate hace la diferencia. Y lo más importante no es el evento en sí, que podrá ser visto por un 20% de los electores (por ejemplo), sino que los ciudadanos que no lo vieron (el 80% restante), se enteren ampliamente en los días subsiguientes de que tal o cual candidato lo ganó. A este ejercicio de información y persuasión se le conoce como “posdebate”.

En 2012, para organizar todo lo relativo a los debates (tiempos, sedes, formato, etc.), el Consejo General del IFE creó una “Comisión Temporal” y junto con ella una Mesa de Representantes de los candidatos presidenciales, cuyos integrantes fueron los siguientes:

3. El primer debate de candidatos presidenciales


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CANDIDATO REPRESENTANTES

Josefina Vázquez Mota(Partido Acción Nacional)

Rogelio Carbajal Tejada, Julio Di-Bella Roldán y Rafael Giménez Sanromán

Enrique Peña Nieto(Coalición Compromiso por México)

Jorge Carlos Ramírez Marín, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias y Andrés Massieu Fernández

Andrés Manuel López Obrador(Coalición Movimiento Progresista)

Ricardo Monreal Ávila, Jaime Cárdenas Gracia y César Yáñez Centeno

Gabriel Quadri de la Torre(Partido Nueva Alianza)

Luis A. González Roldán, María de Lourdes Bosch Muñoz y Gustavo Carvajal Isunza

Asimismo, por acuerdo de la Mesa de Representantes se instaló una Mesa Técnica, cuya tarea exclusiva sería supervisar los aspectos técnicos de los debates: produc-ción, logística, etc. Pero todo fue una farsa. Ni lo que salió de esa Comisión y esa Mesa fueron debates, ni nunca se tomó en cuenta más que la opinión del PRIAN. No por nada, la presidencia de la llamada “Comisión Temporal” le fue otorgada ni más ni menos que a Sergio García Ramírez, distinguido priista quien no hizo sino cuidar con celo todo el tiempo los intereses del candidato de su partido.

Prácticamente, no fue aprobada ni una sola de nuestras propuestas. Para empezar, como ya referí, Andrés Manuel López Obrador solicitó al IFE la

sustitución de los spots de los contendientes a la Presidencia en medios electrónicos por 12 debates sobre diversos temas durante el periodo de campañas, como medi-da para fomentar “la libre discusión pública de los asuntos nacionales”, así como la libertad de expresión e información de los políticos, los partidos y los ciudadanos.

En una carta enviada al Consejo General del Instituto desde el mes de enero de 2012, expuso:

Considero que la realización de los 12 debates es fundamental para que la ciu-dadanía conozca las propuestas de los respectivos candidatos presidenciales; se generen condiciones de mayor equidad en la contienda; se confronten las ideas y las propuestas de los candidatos en ámbitos de mayor equidad.

En aquella misiva, planteó también que los primeros cuatro debates se enfocaran en propuestas contra el desempleo, contra la inseguridad y la violencia, contra la corrupción y contra el rezago educativo. Y dijo que los temas restantes podrían surgir de las proposiciones de los candidatos en materia de política económica, rescate al

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campo, petróleo y electricidad, ciencia y tecnología, infraestructura y comunicación, entre otras.

Esta sugerencia estaba fundamentada jurídicamente en el artículo 41 de la Cons-titución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFI-PE) pero, luego de ser formulada, los consejeros del IFE no sólo tardaron tres meses en darle respuesta, sino que se pronunciaron en el sentido de que “no se podía”, porque el artículo 71 del Código “sólo preveía dos debates”. Esta decisión, por cierto, fue apoyada de inmediato por los magistrados del Tribunal Electoral, quienes sim-plemente agregaron que la propuesta de AMLO “estaba mal fundamentada”.

En la Comisión Temporal y en la Mesa de Representantes reiteramos la proposi-ción, y formulamos otras adicionales que aseguraran la organización de verdaderos debates a los que el mayor número posible de ciudadanos tuviera acceso.

Propusimos, por ejemplo, que el debate se llevara a cabo en las instalaciones del IFE, pero con un formato más ágil: dejar de lado los acartonados podios y sustituirlos por una mesa redonda; dar más tiempo para las respuestas y permitir un manejo libre de las cámaras que facilitara a los ciudadanos ver las reacciones de los contendientes, sus expresiones, etc. Concretamente, sugerimos el modelo brasileño, el cual admite la réplica y la contrarréplica de los candidatos, al tiempo que les da la posibilidad de hacer preguntas no definidas de antemano en las negociaciones del debate.

Otra petición que hicimos, por lo importante que era asegurar una auténtica competencia y contrastar las propuestas, fue que el debate se transmitiera en ca-dena nacional, toda vez que las dos mayores cadenas televisivas ya habían dicho que sus canales de mayor audiencia programarían a esa hora una final de futbol en canales nacionales, y el debate en repetidoras de cobertura regional, ignorando de plano la trascendencia de este ejercicio.

De nada sirvió que un grupo de ciudadanos e intelectuales de lo más presti-giados y serios, encabezados por Epigmenio Ibarra, reclamaran la participación de la Secretaría de Gobernación para resolver el asunto. Personalmente, acudí ante la dependencia para entregar una misiva dirigida a su entonces titular, Alejandro Poiré, en la que solicitaba su intervención, en ejercicio de sus facultades, a efecto de que el debate entre los presidenciables fuera transmitido en cadena nacional.

Fui recibido por el subsecretario Obdulio Ávila, a quien le expliqué que nuestra petición no era una ocurrencia, sino que se trataba simplemente de que se aplicara el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual señala que “Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.”


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Las resistencias eran obvias, decían que “éramos fascistas”, que queríamos “obli-gar” a los ciudadanos a ver algo que no les importaba, que las cadenas nacionales sólo se estilaban en los regímenes autoritarios; pero en realidad se trataba de una excesiva precaución para cuidar a Enrique Peña, lo cual desde nuestro punto de vista ni siquiera valía la pena, pues lo único que pretendíamos era que un mayor número de mexicanos viera el debate para que en su momento pudiera votar de manera razonada, y eso beneficiaba a todos los candidatos.

E idéntica petición presentamos ante el IFE, esperando de ellos un compromiso con la democracia, y una intervención decidida ante la SEGOB en apoyo de nuestra solicitud. Sobra decir que nada de esto ocurrió. El IFE renunció, asimismo, a su facul-tad de aplicar la cadena nacional, otro pedido que nosotros formulamos oportuna-mente, y que se negó a gestionar ante dicha secretaría, con el argumento de que la ley no establecía “expresamente” como obligación de los concesionarios transmitir el encuentro.

De igual forma, tampoco se aprobó a ninguno de los moderadores que propu-simos para el debate. A la hora de votar, PAN y PANAL lo hacían siempre de acuerdo con el PRI, y no nos quedaba más que una protesta testimonial sin mayores efectos.

Así, después de varios intentos de las televisoras por minimizar la audiencia del evento, por fin los cuatro aspirantes a la Presidencia se encontraron cara a cara el domingo 6 de mayo, en el World Trade Center. La moderadora fue la periodista Gua-dalupe Juárez, y el evento tuvo una escasa duración de 120 minutos en los que se abarcaron cuatro temas: Economía y empleo, Seguridad y justicia, Desarrollo social y Desarrollo sustentable.

Para algunos fue la noche de Gabriel Quadri, el candidato del PANAL; para otros fue la de Josefina Vázquez Mota y el PAN; y para otros, la del candidato de las izquier-das, AMLO. Pocos, muy pocos, consideraron que el ganador hubiese sido el candida-to del PRI, Enrique Peña Nieto.

Sobre el desempeño de López Obrador en el primer debate, muchos conside-raron que fue poco eficiente, que no se preparó ni entrenó profesionalmente, y que había dejado pasar la oportunidad de presentarse más propositivo y menos crítico, más “presidente” y menos gladiador. Asimismo, quienes estaban familiarizados con los cuestionamientos de AMLO al “candidato de la televisión”, así como al gasto ex-cesivo en la campaña del PRI, consideraron que había sido redundante durante la noche.

Ciertamente, AMLO no es un candidato afecto al montaje de sets televisivos o a los media training para enfrentar un debate. En la yema de los dedos trae los temas de opinión pública y por supuesto que prepara sus participaciones. Tiene claros los

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cuestionamientos que pueden lanzarle, y las respuestas que habrá de dar a sus ad-versarios.

¿A quiénes habló en el primer debate? Habló a sus seguidores, por supuesto, pero también de manera especial a los jóvenes. A diferencia de lo acontecido en 2006, cuando no asistió a ningún auditorio estudiantil, en 2012 acudió a varios foros universitarios, especialmente a dos que a la postre resultarían altamente significati-vos: el auditorio de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe (el 23 de abril) y el auditorio del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey (el 3 de mayo). En ambos, su participación fue sellada con la aclamación estudiantil: ¡Presidente! ¡Presi-dente!, la última de ella, tres días antes del primer debate.

Desde abril se había detectado el posicionamiento del candidato de las izquier-das entre el segmento juvenil y, particularmente, entre los universitarios. En la en-cuesta inicial, el sector poblacional de 18 a 31 años representaba el 40% de la prefe-rencia total de AMLO (que en ese momento era de 17% a nivel nacional).

Posteriormente, en un foro en la universidad de Guanajuato, fue recibido con los resultados de un sondeo realizado de manera espontánea el día anterior entre la co-munidad universitaria: AMLO 45%, Josefina Vázquez Mota 20%, Enrique Peña Nieto 15% y Gabriel Quadri de la Torre 4% (16% no sabía o no votaría).

Ejercicios similares se realizaron en más de 20 universidades y centros tecnológi-cos durante la campaña presidencial; en todos ellos, AMLO salió adelante de manera notable. No eran encuestas de opinión, sino acciones de participación y consulta directa a los universitarios. Estos sondeos informales ayudaron a pinchar aquel globo de Cantolla que decía que la elección presidencial ya estaba decidida y que era un mero trámite.

Que Andrés Manuel López Obrador se perfilara como un candidato atractivo para los jóvenes y, en especial, para los universitarios, sin importar su pertenencia a instituciones públicas o privadas, era todo un acontecimiento. El candidato del PRI y la candidata del PAN habían intentado posicionar como un elemento negativo la edad de AMLO (quien era el contendiente de más edad), así como el perfil gene-racional de los integrantes del gabinete que lo acompañarían en caso de ganar la Presidencia, pero su creciente avance entre la población estudiantil era un mentís rotundo a este discurso.

Curiosamente, en el estado de Tabasco, donde se realizaban campañas estatal y municipal concurrentes con la presidencial, el PRI había desarrollado una similar de negativos contra Arturo Núñez, candidato de las izquierdas, a partir del tema de la edad. El objetivo era contrastarlo con el aspirante priista Jesús Alí, más joven que Núñez. La campaña de negativos fue rápidamente neutralizada con un mensaje pro-positivo: “gobernar no es un asunto de edad, sino de experiencia”.


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Y experiencia, honestidad y ser un opositor serio eran los atributos más perci-bidos por los jóvenes en López Obrador, y lo que más les impulsaría a votar por él.

En fin, que el primer debate fue un desastre, y no sólo por el “incidente” de la edecán (quien con su vestuario se convirtió en el atractivo visual de la noche), sino por la deliberadamente pobre difusión de que fue objeto. El resultado fue que alcanzó una audiencia de 10.4 puntos según IBOPE; nada del otro mundo. Todo se confabula-ba para trivializar aquel importante evento, algo en beneficio claro del priismo, para que su candidato no se les cayera, pero tan absurdo que hasta la consejera electoral María Marván protestó: “Me parece terrible que vaya a ser el encuentro con la menor audiencia; lamento que se vaya a marginar a los más marginados, que son aquellos que no tienen televisión por cable.”5 También señaló que la legislación no concedía la autoridad de solicitar la cadena nacional.

Además de eso, el formato acordado mostró sus debilidades: las rondas eran tan cortas que fueron insuficientes para exponer o profundizar en argumentos o razo-nes. Así entonces, la duración de las intervenciones era tan reducida (dos minutos) que equivalía, casi exactamente, al tiempo de un spot.

Incluso, de acuerdo con una encuesta ordenada por el propio IFE con el fin de evaluar el impacto del primer debate, 60% de las personas consultadas consideró que el formato no permitió que los aspirantes expusieran con claridad sus propues-tas; un porcentaje similar estimó que no se les dio el tiempo suficiente para defen-derse cuando fueron criticados, y 52% opinó que se debía modificar el formato.

A la pregunta ¿Qué es lo que cambiaría en el debate?, 63% dijo que el tiempo de los candidatos; 28%, que se evitaran los ataques; 23%, que hubiera más propuestas, y 6%, la edecán.

Destaca que a pesar de este primer ejercicio y de nuestras sugerencias para co-rregir los errores y mejorar la calidad del segundo, éste tampoco transcurrió de ma-nera óptima.

Estaba decidido que no se diera un debate serio, pues sus promotores tenían claro que no favorecería a Peña Nieto, y lograron imponerse.

El fraude seguía en marcha…

5 Agencias. (3 de mayo de 2012). “Rehúsa IFE pedir cadena nacional para transmitir el debate presi-dencial”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Radio Trece: http://goo.gl/PKLNLL

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El 7 de mayo fue uno de esos momentos especiales de la campaña. Ese día, AMLO se reunió en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México con más de 2 mil estudiantes de universidades públicas, entre otras, de la Universidad Nacional

Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécni-co Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de la Ciudad de Mé-xico, la Universidad de Guadalajara, las universidades autónomas de San Luis Potosí, Morelos y Guerrero, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como con integrantes de distintos sindi-catos universitarios, además de la comunidad académica y científica.

Frente a ellos, anunció que con el primer debate había terminado una etapa de su campaña y empezaba otra, nueva, en la que intensificaría la información a los ciudadanos acerca de lo que se estaba enfrentando. Y dijo, refiriéndose a sus críticas directas a Peña Nieto: “Ayer tuve necesidad de decir las cosas como lo siento. No pude, por falta de tiempo, decir que no es nada personal; lo digo en serio, pero está de por medio el destino del pueblo y la nación”.

En ese sitio se comprometió a que la educación sería una prioridad en su go-bierno; y ofreció trabajar por abatir la deserción escolar y hacer crecer la matrícula de la instrucción media superior y superior a un ritmo de 15%, para duplicarla cuando concluyera el gobierno del cambio verdadero. Esto fue ratificado por Juan Ramón

4. La segunda etapa de la campaña


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de la Fuente, quien al hacer uso de la palabra aseguró que el programa en materia educativa de la coalición no era una idea surgida al calor de una campaña política, sino que se trataba de un proyecto sustentado en valores, en principios e ideales, que reivindicaba la ética de la función pública.

De acuerdo con una encuesta de María de las Heras, en ese momento, después del debate, López Obrador estaba ubicado en primer lugar de las preferencias.

El 8 de mayo, AMLO asistió a la convención anual de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), y ahí expuso su propuesta de gobierno y su pro-yecto para financiar el desarrollo nacional mediante el combate a la corrupción, la aplicación de un programa de austeridad y el mejoramiento sustantivo del sistema de recaudación fiscal.

Ese mismo día, acudió a la explanada de la delegación Iztacalco, en la Ciudad de México, en donde prometió acabar con el cacicazgo en el sector educativo. Aseguró que le daría total libertad al doctor De la Fuente como secretario de Educación Pú-blica, pues aspiraba a que sacara adelante la educación en el país. Subrayó que no se trataba sólo de mejorar la calidad de la enseñanza, sino de garantizar a todos su acceso a ella.

El 9 de mayo estuvo en la plaza central de Tulancingo, Hidalgo, y luego asistió a un mitin en Texcoco, Estado de México, en donde declaró que el país requería, con urgencia, que se pusiera orden, pero que esto sólo se lograría con autoridad moral, sin estar subordinado a ningún grupo de interés.

Allí mismo demandó la participación de hombres y mujeres libres y conscientes, y reiteró que sólo se tenían dos caminos: enfrentarse a la corrupción que estaba des-truyendo al país o convertirse en sus cómplices.

El 10 de mayo fue entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, y se refirió a lo que en el debate afirmara Peña Nieto, quien aseguró que cuando AMLO se desem-peñó como jefe de Gobierno —seis años antes— había gastado 1837 millones de pesos en publicidad. Aclaró, con base en cifras de la cuenta pública, que su gasto en ese rubro en realidad fue de 557 millones de pesos, evidenciando con ello las menti-ras del priista, y fue más lejos, al ofrecer renunciar a la candidatura si se le demostraba lo contrario, proponiéndole a su vez a EPN que hiciera lo propio, como un acto de congruencia, si se comprobaba que gastó más de 646 millones en su imagen.

El postulante del PRI dijo en el debate que cuando gobernó el Estado de Méxi-co gastó 646 millones de pesos en publicidad, mientras que López Obrador había erogado más de 1800 millones, lo cual intentó “demostrar” mediante documentos de la cuenta pública que su coordinador de campaña, Luis Videgaray, entregó a los medios. A esto, AMLO respondió que tales documentos abarcaban del año 2005 al 2010, periodo que no le correspondía a él, sino a los gobiernos de Alejandro Encinas

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y Marcelo Ebrard. Es decir, que era una falacia. Y sin embargo, a nada de esto respon-dieron Peña ni Videgaray, e incluso los medios guardaron silencio total.

Pero faltaban más revelaciones. El 11 de mayo, en su paso por Minatitlán, Vera-cruz, AMLO hizo otra denuncia importante: “El tamaño de la estructura del IFE, dijo, no se puede justificar si no garantiza elecciones libres y limpias”. Y habló del dispen-dio que estaban haciendo los priistas no sólo para armar su ejército de mapaches, sino para comprar conciencias. Y otra vez el silencio se impuso a las denuncias.

Momento particularmente emotivo fue su visita a Tuxtepec, Oaxaca, lugar em-blemático de las luchas sociales y de la izquierda, en donde miles de personas reci-bieron a AMLO.

Ese mismo día, el país se sacudió con la reacción de los alumnos de la Universi-dad Iberoamericana a la presencia en el campus de la Ciudad de México de Enrique Peña Nieto.

•El candidato de la televisión versus el candidato de las redes

Después del primer debate se dio una contienda inédita entre dos actores políticos que no fueron ni los partidos ni los candidatos que buscaban la Presidencia de Mé-xico: por un lado, la televisión comercial como medio de comunicación dominante; por el otro, las redes sociales como vía de comunicación emergente.

Siguiendo una distinción clásica de Umberto Eco, fue una contienda entre apo-calípticos (el auditorio abierto, libre de restricciones e interactivo de las redes) e in-tegrados (audiencia moldeada con el formato unilateral, receptivo y piramidal de la televisión). El resultado más visible de esta disputa fue el surgimiento del movimien-to social #YoSoy132.

A partir de ese primer ejercicio de contrapunteo que no le resultó favorable, el candidato del PRI buscó una vinculación expresa con el electorado universitario. Después de haber pospuesto dos invitaciones de la Universidad Iberoamericana, al fin asistió el 11 de mayo. Lo que allí aconteció es por todos conocido. Su falta de sensibilidad, el ofensivo y ostentoso aparato de seguridad que lo rodeó en todo momento y sus evasivas para responder a las críticas que le formularon los jóvenes detonaron algo que no estaba previsto: un formidable movimiento estudiantil que del D. F. pronto tuvo réplicas en todo el país. Un vendaval de aire fresco que dio un giro de 180 grados a las campañas y expuso por primera vez a la atención pública las debilidades del candidato de los medios.


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Fue un evento que marcó el curso de la campaña presidencial y el principal pin-chazo a aquel globo de Cantolla que anunciaba espectacularmente que la elección sería un referéndum sobre el regreso del PRI, un día de campo para Peña Nieto.

Días antes, la recepción ahí mismo a López Obrador había sido contrastante. Sor-prendentemente, por tratarse de una universidad privada, los estudiantes fueron en particular entusiastas y cálidos con AMLO, quien incluso fue despedido del auditorio con gritos de ¡Presidente! ¡Presidente!, en medio de atronadores aplausos, mismo es-pacio que abandonó Peña casi a hurtadillas, por la puerta trasera, en medio de voces de reclamo y abucheos.

A Peña, los jóvenes lo recibieron portando máscaras de Carlos Salinas y carteles con los que le manifestaban que ellos sí tenían memoria histórica. Además, lo cues-tionaron casi todo el tiempo con expresiones como ladrón, asesino, y Atenco no se olvida, entre otras; y en la ronda de preguntas y respuestas, prevalecieron las críticas a su gestión como gobernador del Estado de México.

Lo peor fue que al intentar hacer frente a los cuestionamientos, Peña Nieto enojó aún más a los universitarios. Al referirse al tema de Atenco, en torno al cual algunos estudiantes habían mostrado cartulinas, asumió la absoluta responsabilidad de la decisión que se tomó y, emulando a Díaz Ordaz, dijo que dado que “se vieron afec-tados por intereses particulares los derechos de los mexiquenses” él había tomado la decisión de emplear la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Esto detonó la indignación de los presentes.

Por si eso fuera poco, en una entrevista televisada, afirmó que las manifestacio-nes de rechazo en la Universidad Iberoamericana no eran genuinas. A su vez, el sena-dor del PVEM, Arturo Escobar, minimizó a los estudiantes, diciendo que no pasaban de 20 personas, y afirmó que se trataba de grupos “cercanos” a la izquierda, en particular a Andrés Manuel López Obrador; mientras, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, los acusó de “intolerantes” y tuvo la temeridad hasta de poner en duda que fueran alumnos de la Ibero.6

La verdad es que por vez primera, desde que inició su campaña, Peña Nieto se vio ante un electorado real; las cámaras de televisión no pudieron favorecerlo, y la imagen “impecable” de galán de telenovela se desvaneció. Se evaporó. Videos que lo mostraban oculto en un baño de la universidad, para evitar encarar a los jóvenes, inundaron los medios alternativos.

El recibimiento, el rechazo, sus respuestas y su escurridiza escapada por un baño, todo corrió como reguero de pólvora en las redes sociales. Las televisoras y los me-

6 García, I. (11 de mayo de 2013). “Las 11 frases que marcaron el ‘viernes negro’ de Peña Nieto”. Recu-perado el 20 de junio de 2013, de Adnpolítico.com: http://goo.gl/FqHWMv

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dios afines, la dirigencia nacional del PRI y sus “jilgueros”, los seguidores de Peña Nie-to, no pudieron ocultar lo sucedido. En respuesta a Peña, a Coldwell y a Escobar, 131 alumnos de la Ibero subieron a YouTube un video en el que mostraban las cre-denciales que los acreditaban como alumnos de esa universidad, y en el que daban el siguiente mensaje: “Estimados Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos el derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada […]”7

Esto dio pie al surgimiento del movimiento #YoSoy132, cuya primera convoca-toria formal fue una marcha-protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, para in-formar a la ciudadanía sobre quién era realmente el candidato del PRI. Los tuiteros la bautizaron como la “Primera marcha de información anti Peña Nieto”. A ésta le sucedieron otras marchas masivas dominicales en contra del priista, del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Después de la Iberoamericana, y como parte de la estrategia de control de daños del PRI, Peña Nieto no volvería a poner un pie en una universidad durante la campa-ña. Fue debut y despedida.

Pero las redes sociales siguieron cobrando fuerza: a través de ellas también se convocó al primer bloqueo y protesta en las instalaciones de Televisa San Ángel, en el que participaron estudiantes de la UNAM, del ITAM y de la Ibero, lo que obligó al medio a dar espacio en sus noticieros a los representantes de los estudiantes.

Igualmente, en las redes se convocó a las manifestaciones de protesta poselec-torales, y se erigieron en fuente de información de primera mano para los medios. Fueron decisivas también para el exitoso mitin de Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas el lunes 21 de mayo, con miles de jóvenes estudiantes que abarrotaron el lugar como no se veía en mucho tiempo.

De ese evento, López Obrador saldría no sólo como el candidato de los jóvenes universitarios, sino como el abanderado de las redes sociales.

Todos los ejercicios de votación que desde entonces se convocaron por esa vía, los ganó AMLO. Las redes, en su desplazamiento y emplazamiento a la televisión comercial como hacedor de opinión pública, ya tenían marcada preferencia por un candidato.

El 23 de mayo, el movimiento #YoSoy132 presentó al pie de la Estela de Luz su primera declaratoria y pliego petitorio. La convergencia con el discurso y los plan-teamientos de AMLO en el primer debate eran notorios.

7 RECREO. (14 de mayo de 2012). 131 Alumnos de la Ibero responden. Recuperado el 8 de junio de 2012, de YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=P7XbocXsFkI


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Las redes sociales fueron un complemento sustancial de la campaña a ras de tie-rra de AMLO. En algo lograron equilibrar la desventaja estructural que la coalición de izquierda tenía en las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión, por el reparto inequitativo que la ley sancionó con la reforma constitucional de 2007.

El movimiento #YoSoy132 cobró después una identidad abiertamente “antipe-ña”, pero nunca una “proAMLO” ni, mucho menos, “proJosefina”. Mi impresión es que esta toma de partido en sentido negativo no se motivaba únicamente por un sentimien-to antiPRI o por un rechazo al regreso del pasado priista, sino a un sentimiento en con-tra la televisión como modelo vertical, unilateral y dominante de comunicación y opinión pública. Si Josefina Vázquez Mota hubiese sido en 2012 la candidata de la telegenia, seguramente el movimiento estudiantil hubiese sido antijosefina, y lo mis-mo hubiera ocurrido en un escenario en el que Gabriel Quadri se hubiese erigido en el abanderado de la televisión. No solamente una reacción contra el personaje y su partido, sino contra el medio y la forma de imponerse a la audiencia, a través de la saturación, la sobreexposición y la manipulación.

De entonces a la fecha, los usuarios de redes sociales han crecido sustancial-mente. Son el medio de comunicación en el que los jóvenes pasan más tiempo, en donde se informan, comparten opiniones, y toman decisiones. Si como medio emer-gente movieron y agitaron el escenario público en 2012, en la elección presidencial de 2018, serán determinantes. Para entonces, quien se erija como “candidato de las redes” tendrá amplias posibilidades de vencer al “candidato de la televisión” o de cualquier otro medio de comunicación tradicional.

∞En ese contexto, AMLO continuó su recorrido nacional, y el 12 de mayo llegó a Jo-jutla, Morelos, y a Iguala, Guerrero, en donde comentó la respuesta dada por Peña a los estudiantes que lo cuestionaron sobre su actuación en Atenco. Puso en duda eso que llaman “el nuevo PRI”, y dijo que se trataba de otro recurso publicitario, porque el priista era en realidad un continuador de Díaz Ordaz, quien después de la represión de 1968 dijo: “yo soy el responsable de esos hechos”, y también de Echeverría, quien después del halconazo del 10 de junio de 1971 hizo lo mismo, justificándose ambos con el argumento de que tenían que garantizar el orden y el Estado de derecho; exactamente igual que como lo hizo Peña en la Ibero.

Otro momento emotivo de la campaña tuvo lugar en la Plaza de la Revolución, en Huejutla, Hidalgo, el 13 de mayo. Ahí, el entusiasmo de la gente se desbordó y

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el lugar lució abarrotado. Durante ese evento AMLO se refirió por primera vez a la posibilidad de que el candidato priista pudiera ser impuesto.

Ese mismo día había estado ya en Tamaulipas y más tarde acudió a Poza Rica, Veracruz, donde tuvo el mitin más concurrido de la jornada, y el día siguiente, el 14, estuvo en Guerrero, encabezando una reunión popular en Tlapa de Comonfort.

En Mazatlán, Sinaloa, el 15 de mayo, Andrés Manuel López Obrador asistió a un mitin multitudinario en la Plaza de Toros Eduardo Funtanet, en donde hizo uno de los anuncios más trascendentes de la campaña: al comprometerse a resolver a fondo la violencia criminal, aseguró que iba a “serenar” Sinaloa y al país entero, rectificando la estrategia de combate al crimen organizado puesta en marcha por Felipe Calderón. Agregó que ello se lograría a través de “acciones de fondo”, como la lucha contra la corrupción, y la creación de empleos y espacios educativos para los jóvenes.

El 16 de mayo, en Nogales, Sonora, López Obrador volvió a hablar de la pantomi-ma que enfrentábamos los mexicanos con motivo de las elecciones, pero también de las señales esperanzadoras que empezaban a avizorarse, particularmente por el activismo de la juventud. Justamente en esos días la guerra sucia había arreciado notablemente. Pero también las acciones contestatarias del movimiento estudiantil.

El 18 de mayo hizo un alto en Acapulco, Guerrero, con el objeto de participar en la 75 Convención Bancaria, que se abrió aquel día para escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales: la de AMLO se centró en la demanda de unidad de todos los sectores productivos para contribuir al crecimiento en la materia y generar empleos, y para sacar adelante a México de la crisis de inseguridad.

Denunció que en 29 años el país no había registrado crecimiento, situación a la que era necesario darle fin, y para ello propuso combatir la corrupción, en primer lu-gar, y luego, a partir de ello, aplicar un plan de austeridad que acabara con la idea de gobierno “faraónico”, que convenciera de pagar impuestos, sin medidas autoritarias, que evitara la evasión fiscal y terminara con privilegios fiscales.

Se pronunció asimismo por que hubiera más competencia en el sector financie-ro, y garantizó que con él en la Presidencia de la República se respetaría escrupulosa-mente la ley, no habría privatizaciones y se castigarían los abusos.

De Acapulco, AMLO viajó a Tapachula, Chiapas, en donde más de 10 mil simpati-zantes lo esperaban en la plaza central. La creciente participación popular, espontá-nea y entusiasta en los actos de campaña evidenciaba el hartazgo de los mexicanos y las esperanzas que levantaba el proyecto progresista. Esto se reflejó también en los actos, al día siguiente, en Tuxtla Gutiérrez y en Ocozocoautla, en la misma entidad; y el 20 de mayo, en Córdoba, Veracruz, en donde se registró una de las más altas afluencias de seguidores durante aquella semana.


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Ahí, en Córdoba, Andrés Manuel López Obrador prometió: “Vamos a lograr la transformación del país de manera pacífica”. Convocó a los ciudadanos a votar de manera libre y cuidar los comicios para que no se repitiera el fraude de 2006.

Los veracruzanos estaban molestos con el PRI y con Peña Nieto porque durante su gira por la entidad, apenas cinco días antes, un grupo de jóvenes habían sido golpeados por los escoltas del candidato por el sólo hecho de manifestarse en su contra con pancartas.

Ése y otros hechos estaban avivando la indignación juvenil contra el fraude y la imposición, y era cada vez más evidente su activismo en pro de un cambio. Por eso, el 21 de mayo fue un día especial en la agenda de la campaña. Ese día, AMLO tuvo en la Ciudad de México una reunión emotiva, cálida, al aire libre, con miles de alumnos de instituciones de educación media y superior. Y el encuentro fue nada menos que en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, lugar de triste memoria.

•La Plaza de las Tres CulturasEl evento en Tlatelolco fue uno de los mejores de la campaña. Lleno de fuerza, de “vi-bra nueva”, de mucha esperanza. Fue también la única vez en la que he visto a AMLO conmovido hasta las lágrimas, al ser recibido por los jóvenes con los gritos de ¡Es un honor estar con Obrador!, ¡Presidente!, ¡Presidente! y ¡No estás solo! Su esposa, Beatriz Gutiérrez, lo confortaba con palmadas en la espalda.

Después vendría la exigencia: ¡No nos falles! ¡No nos falles!, gritaban en un solo coro y en un solo tono las decenas de miles de estudiantes provenientes de univer-sidades públicas y privadas, del D. F. y del interior del país.

Andrés Manuel López Obrador les correspondería:

Se decía que los jóvenes eran apáticos y no les interesaba la política. ¿Cómo no les va a importar? Si esta generación es la generación de la crisis que se va a convertir en la de la transformación de México.

Es la generación del agravio y el desagravio; de la injusticia y la justicia; de la antidemocracia y la democracia; de la tristeza y la felicidad.

Ya nació el movimiento de la transformación nacional, podemos estar muy contentos, sabemos que nos va a corresponder a nosotros iniciar la trans-formación, y la va a continuar la nueva generación, ustedes, los jóvenes.

En ese escenario, López Obrador exaltó ampliamente la participación estudiantil, inédita desde hacía muchos años. Dijo que la hazaña de modificar al país por la vía

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pacífica se concretaría gracias a esa participación de la juventud a la que convocó a trabajar para lograr el verdadero cambio que México requiere.

Miles de alumnos de diversas instituciones de educación superior y bachilleratos de 17 estados se congregaron ese día para participar en el “Encuentro Nacional de Estudiantes con AMLO”, en el que no se limitaron a escuchar las propuestas de López Obrador, sino que dieron a conocer una agenda juvenil cuyo punto de partida era considerar a la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como ejes fundamen-tales para el desarrollo de la nación.

Como respuesta, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a asumir como suya esa agenda y a su vez lanzó tres solicitudes que de inmediato los jóvenes se comprometieron a cumplir: seguir informando y orientando sobre el proyecto alter-nativo de nación en las redes sociales; generar conciencia entre la ciudadanía de la necesaria transformación, y, durante la jornada electoral, cuidar las casillas en todo el país para evitar que se repitiera la historia de 2006.

Es de destacar que en el templete de ese día no había dirigentes ni candidatos, sólo alumnos en nombre de distintas casas de estudios: de los 165 tecnológicos del país, representados por el de Mérida; de la UNAM; de varias universidades de los estados; de la Ibero, desde luego; de Chapingo y de la UACM —creada por el mismo López Obrador durante su gestión como jefe de Gobierno del D. F.—; de la UAM y del Poli. Y cada uno tuvo su turno para hablar, para expresar sus reclamos, si bien todos confluían en lo mismo: No nos falles, le decían con insistencia a López Obrador, ¡No nos falles!, por lo que él concluyó el acto con una aseveración: “No voy a fallarles; es en serio”.

∞Ese mismo día, en la sesión de la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-nes de Educación Superior (ANUIES), AMLO se había desmarcado categóricamente de las políticas educativas neoliberales aplicadas tanto por gobiernos panistas como priistas. Habló de “la gran deuda” que se tenía con los jóvenes y, con todas sus letras, propuso un viraje consistente en aumentar la matrícula en educación superior de 30% a 60%, para darle entrada a 6 millones de jóvenes a las aulas: la única manera de pagar esa deuda.

Ofreció además que, de llegar a Los Pinos, incrementaría en al menos 15 mil millones de pesos anuales el presupuesto para las universidades hasta llegar a


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1% del PIB, y aclaró, para aquellos que siempre dudan, que los recursos provendrían de medidas de austeridad y de la cancelación de los privilegios fiscales.

La sesión de la ANUIES congregó a más de 160 rectores interesados en conocer los puntos de vista de los cuatro candidatos presidenciales. López Obrador llegó acompañado del doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien presentó como el si-guiente titular de Educación Pública, en caso de que se ganara la Presidencia; men-cionó también que la Secretaría de Ciencia y Tecnología estaría a cargo del doctor René Drucker, y que la responsable de la nueva Secretaría de Cultura sería la escritora Elena Poniatowska.

El 22 de mayo por la mañana, AMLO estuvo en el Distrito Federal. Asistió a la lla-mada Cumbre Ciudadana, en el Palacio de Minería, en donde varias organizaciones civiles le entregaron sus propuestas, con el objeto de que, si ganaba la elección pre-sidencial, fueran consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo. De ahí, se trasladó a Reynosa, Tamaulipas.

En esos días inició algo que se hizo costumbre durante toda la campaña: cada vez que AMLO se encontraba en los aeropuertos para desplazarse durante su gira, recibía espontáneas muestras de respaldo y solidaridad, tanto en las propias instala-ciones aéreas como en los aviones. Por ejemplo en esa ocasión, al viajar hacia Tamau-lipas en el vuelo 2596 de Aeroméxico, media hora después de haber despegado, un grupo de pasajeros estalló en porras y aplausos que obligaron al candidato a impro-visar un mitin a 36 mil pies de altura.

Ya en Reynosa, ante miles de simpatizantes reunidos en la plaza Miguel Hidalgo, AMLO refrendó su planteamiento de modificar la estrategia contra el crimen organi-zado y terminar con el clima de violencia que estaba provocando el éxodo de miles de tamaulipecos de municipios fronterizos. Aseguró que si triunfaba el día primero de julio visitaría cada 15 días la entidad, para supervisar que se combatiera verdadera-mente la delincuencia.

En Puerto Escondido, Oaxaca, el 23 de mayo, se reunió con indígenas de Po-chutla, Río Grande, Puerto Ángel, San Pedro Mixtepec, Juquila y Temascaltepec. Los mayordomos de los pueblos de la costa oaxaqueña le entregaron ahí el bastón de mando, y mujeres de la región de la Mixteca, tres collares de flores.

En ese escenario, AMLO expuso su postura respecto al Ejército y la Armada mexi-canos:

Quiero aprovechar en la costa de Oaxaca para mandar un mensaje a todos los soldados y marinos de México: consideramos que los soldados es pueblo uni-formado, es el mismo pueblo. No tenemos nada en contra de esa institución que es fundamental para la República. No tenemos ningún problema.

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En Ixtlahuaca, Estado de México, el 24 de mayo, volvió al tema de la lucha contra la corrupción, y ahí dijo que una vez que ganara la Presidencia de la República también emprendería una guerra, pero contra la corrupción, que es el verdadero mal que está destruyendo al país: “Tengo ganas, voluntad y la autoridad moral para ello, y no me va a temblar la mano. Vamos a limpiar de corrupción al gobierno”. Y concluyó afir-mando si así lo quería la gente, ni Elba Esther Gordillo sería titular de la SEP, ni Peña, presidente.

Por la tarde estuvo en Tejupilco, Estado de México, y el día 25, en Lázaro Cárde-nas, Michoacán, ante miles de personas que lo escuchaban inconmovibles pese a la lluvia y el calor inclemente.

Posteriormente, encabezó una concentración en Zihuatanejo, Guerrero, y el 26 de mayo en Bahía de Banderas, Nayarit. AMLO refrendó su determinación de impul-sar un gobierno de austeridad republicana y anunció que pediría a los aspirantes a cargos de elección popular postulados por el Movimiento Progresista su compro-miso de reducir a la mitad sus percepciones, en relación con lo que ganan ahora los integrantes del Congreso de la Unión.

En su mitin de Puerto Vallarta, Jalisco, insistió en el tema y dijo que la medida afectaría a 3% de la alta burocracia, que es la que actualmente se queda con la mayor parte de los recursos públicos.

El 27 de mayo regresó a Oaxaca, esta vez al municipio de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca. Tanto en esta localidad como en Huajuapan de León —en donde se llevó a cabo otro mitin— se congregaron cientos de indígenas, jóvenes y ancianos, de los municipios cercanos, quienes llenaron las plazas para escuchar a AMLO: “Voy a gobernar para todos, pero mi prioridad serán los más humildes”, aclaró sin ambages, y agregó que él aspiraba a gobernar como los tres mejores presidentes de México: Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, y subrayó que de este último lo que más admiraba era, precisamente, su amor por el pueblo. Más tarde se trasladó a Tehuacán, Puebla, para encabezar otra reunión pública.

El 28 de mayo tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México el anunciado encuentro con el poeta Javier Sicilia y los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En ese marco, López Obrador recibió, como los otros tres postulantes, una andanada de críticas, a las que simplemente respondió:

Javier, a mí no me puedes meter en el mismo costal… Yo me formé de otra manera. No soy político mentiroso, corrupto, no soy autoritario, no soy mesiá-nico, no soy nada de eso que tú mencionas y que han utilizado en mi contra quienes dominan en este país y no quieren ningún cambio. Los puedo mirar a los ojos a todos, porque no tengo nada de qué avergonzarme.


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Señaló también que en las giras que emprendió años atrás había compartido siem-pre el dolor de las víctimas, además de que él fue de los primeros en alertar del agra-vamiento de la violencia. Sicilia, por cierto, no rectificó.

El 29 de mayo, la gira hizo parada en Cancún, Quintana Roo, en donde AMLO compareció para presentar su programa de gobierno ante los trabajadores del gru-po Elektra y el dueño de esa empresa y de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

El candidato del Movimiento Progresista aprovechó esa oportunidad para abor-dar con mucha claridad el tema de las privatizaciones, aun a pesar de encontrarse ante un beneficiario de las mismas. Denunció que se habían privatizado muchas empresas y que los resultados no habían sido buenos para financiar el desarrollo. Añadió que si se hiciera lo mismo con PEMEX se alejaría por completo la posibilidad de industrializar el país, por lo que aseguró que la paraestatal sería, dentro de su proyecto, palanca del desarrollo.

Más tarde, en Chetumal, presidió un mitin ante cientos de personas bajo un fuerte aguacero. La lluvia arreciaba y la gente no se movía, lo que en un momento dado conmovió al candidato: “¡Aquí está la prueba de que vamos a volver a ganar la Presidencia de la República! —exclamó—, ¿ustedes creen que si este acto fuera convocado por el PRI la gente estaría aquí mojada?”. Los asistentes respondieron con un sonoro ¡No!

El 30 de mayo fue una jornada larga. Estuvimos en Hidalgo y terminamos en Quintana Roo.

Iniciamos en Progreso de Obregón, Hidalgo, en donde López Obrador habló in-sistentemente de lo que llamó “el despertar de los jóvenes” y de lo que ellos estaban logrando: evitar que se impusiera en México lo que denominó “la república de la te-levisión”; luego, en una concentración fuera de agenda, por la noche en Ixmiquilpan, Hidalgo, ante miles de simpatizantes volvió a referirse al activismo juvenil. También lo hizo en un encuentro con pobladores de Mixquiahuala, otro municipio hidalguense. Allí afirmó que después de 35 años como luchador social veía con optimismo que al fin estuviera surgiendo el relevo: “De la generación de la crisis nació la generación de la transformación”, advirtió satisfecho.

De igual manera, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, proclamó: “¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! Ellos lograron detener el intento de las televisoras de poner al nuevo presidente de México”.

Para terminar la jornada, AMLO se hizo presente también en el X Foro Nacional de Turismo, en el cual manifestó a los empresarios del ramo que una prioridad de su gobierno sería impulsar la actividad turística, y anunció que construiría un tren bala de Cancún a Palenque.

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Se estaba viviendo un momento clave en las campañas. El candidato del aparato se estaba tambaleando, lo que incluso ya se reflejaba en sus propias encuestas. Ni la guerra sucia de panistas y priistas podía doblegar el ánimo participativo de los ciuda-danos en apoyo del candidato de la izquierda quien, con muy pocos recursos, pero con la fuerza de su autoridad moral y su propuesta de cambio verdadero, estaba conmoviendo literalmente a toda la nación, amenazando la apuesta de los poderes fácticos por el regreso del PRI.

La reacción no se podía hacer esperar.

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Entrábamos ya a la fase crucial de la campaña. Nuestro optimismo radicaba en la certeza de que jóvenes y mujeres se erigían en los nuevos electores y podrían definir el curso de los comicios. Y precisamente ambos sectores de la población

se estaban volcando en apoyo de la izquierda.Efectivamente, el proceso de 2012 evidenció una evolución en las simpatías de

la ciudadanía hacia los partidos progresistas y su candidato presidencial. De contar con el apoyo de un electorado “duro” o “cautivo” reducido a los sectores menos fa-vorecidos (el voto llamado “tradicional o natural” de las izquierdas), Andrés Manuel López Obrador se perfiló, contra lo que algunos analistas vaticinaban, cada vez más, como la opción no de los pobres sino de los sectores medios, de los grupos más educados, de los universitarios, de los trabajadores asalariados y aun de los peque-ños y medianos empresarios.

De nada sirvieron todas las argucias mercadotécnicas empleadas para atacarlo.Una crítica que se pretendió usar en contra de López Obrador fue su edad, al

contrastarla “desventajosamente” con la del joven Peña; pero pronto se vio que todo era asunto de la propaganda, pues un sondeo nacional a domicilio levantado en esos días, con un margen de error de 3.1%, reportó lo siguiente:

5. La etapa decisiva de la campaña


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A la pregunta ¿Qué tan importante es para usted que el próximo presidente de Méxi-co sea…?, cuyas opciones de respuesta eran 24 atributos, aquellos que mayormente concentraron el calificativo de mucho fueron:

• Honesto (66%) • Confiable (64%) • Inteligente (62%) • Cercano a la gente (60%)• Comprometido (60%)

Mientras que la categoría Ser joven se ubicó en la posición 18 (con 19% de mencio-nes).

Y en cuanto a los panistas y sus intentos por colocarlo en desventaja respecto a la señora Vázquez Mota por ser ella mujer, se observaron resultados similares en el sondeo en cuestión. Al preguntar a los encuestados: De las siguientes cualidades que debería tener el próximo presidente de México diga cuál prefiere: ¿que sea hombre, mujer o le da igual?

• 61% respondió Me da lo mismo.• 24% aceptó que desearía un presidente varón. • 10% indicó su interés por tener una presidenta.

¿Qué podíamos observar de estos resultados? En primer lugar, que la honestidad del gobernante de México que iba ser elegido en julio pesaba más en los ciudadanos que su circunstancia generacional o de género. Esto le daba indudable ventaja a Andrés Manuel López Obrador.

Y en respuesta a aquellos que pretendían marcar distancia entre un electorado mayormente joven y AMLO, no sólo la historia y los referentes internacionales los desmentían, sino que el movimiento estudiantil estaba dejando en claro hacia dón-de apuntaban mayormente sus preferencias: ni al PAN ni al PRI. A la izquierda.

Quizá por eso siempre trataron de ensuciar al movimiento con acusaciones de que era “títere” de López Obrador, que se trataba de una “estrategia de manipulación”, etcétera, etcétera. ¿Qué no se dijo?

La verdad es que siempre hubo respeto de AMLO por los jóvenes y sus expresio-nes, por el #YoSoy132. Y ésa fue la instrucción que recibimos todos los responsables de dirigir la coalición.

Algo más que demostró la campaña de 2012 fue que, a pesar de los esfuerzos de panistas y priistas, en nuestro país los aspectos de género y generacional no fueron

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temas centrales. Y es que la pregunta importante no era si México estaba preparado para ser gobernado por una mujer (como insistía la propaganda panista), sino más bien si era capaz de continuar otros seis años de inseguridad, desempleo y desigual-dad bajo las siglas del PAN. Pero tampoco era cuestión relevante si el cambio que esperaba el país se resolvía simplemente con un canje de rostro, dejando intactas las estructuras de poder y corrupción que han alimentado tradicionalmente al PRI: es decir, servir vino nuevo en odres viejos.

Y es que para muchos ciudadanos, más allá de géneros o edades, lo verdade-ramente importante era el cambio de rumbo que precisaba el país para garantizar por lo menos dos avances muy específicos: romper los hilos de los poderes fácticos y desmarcarse de los intereses creados, para entonces llevar a cabo las transforma-ciones necesarias.

Por todas estas consideraciones y más, el 31 de mayo, de gira en Zitácuaro, Mi-choacán, AMLO reiteró nuevamente su reconocimiento al movimiento #YoSoy132, y aseguró que su papel era tan decisivo en ese momento que estaban ayudando a precipitar el despertar ciudadano. Y luego se refirió al crecimiento de su candidatura, que empezaba a reflejarse en los sondeos, algunos de los cuales, incluso, lo coloca-ban prácticamente en empate técnico con Enrique Peña Nieto.

El hecho tenía nerviosos a los promotores del priista, quien se estaba desinflando ostensiblemente, así que recurrieron a la guerra sucia para atacar a López Obrador y con ello tratar de reposicionar a su candidato. Por esos días, El Universal, diario de circulación nacional, “reveló” que un grupo de colaboradores de AMLO habían soli-citado, supuestamente, cooperación monetaria para su campaña,8 tema al cual él se refirió, sin elusiones ni reservas. Afirmó que no había pedido recursos a nadie y que tampoco le había encomendado a nadie que lo hiciera: “Nosotros actuamos con limpieza y honestidad. No podría encabezar un movimiento de transformación nacional si no tuviera autoridad moral. ¡No soy ratero!”.

Poco antes, en Apatzingán, Michoacán, había asegurado que era respetuoso de la iniciativa privada y, más aún, ofreció que en un gobierno progresista como el que pensaba encabezar los inversionistas tendrían garantizados sus derechos.

Propuso a los ciudadanos un nuevo pacto por la honestidad y se comprometió a constituirse en el guardián del presupuesto. Y sobre el tema de la seguridad se pronunció por atacar las causas —la pobreza y la desigualdad— para que todos estuvieran libres de miedo, y pudieran vivir como quisieran.

8 Nieto, F., & Cruz, N. (30 de mayo de 2012). “‘Faltan 6 mdd para ganar Presidencia’: estratega de AMLO”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de El Universal TV: http://goo.gl/hyUfrx


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•Los zombies de junio: todos contra AMLOSi mayo fue el mes de AMLO, junio sería el mes contra AMLO.

El 31 de mayo, el Grupo Reforma publicó la primera de las grandes encuestas de medios que difería del resto. Colocaba a AMLO a sólo cuatro puntos de EPN: 34% y 38%, respectivamente, mientras que Josefina quedaba en 23%. La cabeza del diario lo decía todo: “EPN y AMLO empatados; JVM se desploma”. Coincidía con un sondeo que un grupo de empresarios del norte del país le acaba de entregar dos días antes a AMLO, sólo que las preferencias para los dos punteros iban en sentido inverso: AMLO 38%, EPN 34%, Josefina 21%.

La encuesta del Grupo Reforma fue una bocanada de aire puro para seguidores y militantes de la izquierda. Algunos grupos del PRD que se habían mostrado reacios y dis-tantes en la campaña, comenzaron a acercarse nuevamente al candidato. Confirmaba que la campaña a ras de tierra avanzaba como la humedad, silenciosa pero firmemente, sorteando obstáculos y venciendo cercos, resistencias y hasta impermeabilizantes me-diáticos.

Ese sondeo fue otro pinchazo fuerte al globo de Cantolla inflado con las encues-tas de los medios electrónicos que daban como invencible al PRI.

Pero ante todo, fue una clarinada para todos los grupos antilopezobradoristas, que de inmediato redirigieron sus empeños en contra de quien se les había colado, de puntillas y pegado a la pared, a una fiesta política diseñada bipartidistamente, para dos expresiones de una misma derecha, PRI y PAN. Fue como un llamado a los zombis antiAMLO de 2006.

En ese mes se presentó una operación política para detener expresamente el avance de AMLO, la cual se dividió en tres frentes: uno, el lanzamiento conjunto de spots de PRI y PAN en contra de AMLO (la versión 2012 de la campaña “un peligro para México”); dos, la reaparición pública de Vicente Fox promoviendo una campaña de voto útil a favor de EPN (en los hechos, llamando a los panistas a traicionar a Jo-sefina Vázquez Mota); tres, la reunión en Toluca de gobernadores priistas, convocada por el gobernador Eruviel Ávila en la Casa de Gobierno, para fijar cuotas de votación y los operativos de compra de votos en sus respectivas entidades.

La relación de Vicente Fox con Peña Nieto y otros priistas tenía antecedentes constantes y sonantes. Los gobiernos estatales del Estado de México y de Coahui-la (durante la administración de Humberto Moreira) eran clientes distinguidos del Centro Fox, lugar donde se ofrecen cursos de liderazgo, buen gobierno y cómo ha-cer campañas electorales a cambio de un mordisco al presupuesto, que oscila entre 1.5 millones de pesos y 5 millones de pesos, dependiendo del número de asistentes a estos diplomados de “excelencia académica”.

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El 25 de noviembre de 2010, el Centro Fox daba cuenta de una visita de cor-tesía del entonces gobernador Peña Nieto a este lugar. “Con el espíritu apartidista característico del Centro Fox, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada tuvieron la oportunidad de conversar con los pequeños que el día de hoy vivieron la nueva ex-periencia interactiva de ser ‘Presidente por un día’”, señalaba el comunicado. Asimis-mo, refería: “El Gobernador Peña Nieto y el Lic. Vicente Fox comieron en privado en la Ex Hacienda San Cristóbal donde tocaron temas importantes de interés nacional y donde refrendaron su amistad, una vez terminada la comida, el Gobernador Peña Nieto regresó al Estado de México”.9

Más allá de la traición del ex presidente a la candidata presidencial del PAN (Jo-sefina Vázquez Mota había sido su amiga y cercana colaboradora de gabinete), y de su adversidad ideológica y política con AMLO, la adhesión de Fox al candidato del PRI demostraba dos cosas: que los intereses económicos personales del ex presi-dente estaban por encima de cualquier otra consideración política, y que la llamada “transición democrática” del año 2000 que ilusionó a millones de mexicanos terminó convertida en una vulgar transacción política. Quien en el año 2000 había sacado a patadas al PRI de Palacio Nacional, y en 2006 a patadas impidió el acceso de la izquierda a la Presidencia, en 2012 a empellones ayudaba al regreso del PRI al gobier-no federal. Todo este comportamiento no estaba motivado ni fundado en una lógica política, sino en una lógica estrictamente metálica y mercantilista.

Otra manifestación del voto útil a favor de Peña Nieto se dio el 5 de junio, cuando Rosario Robles (ex perredista), René Arce (ex perredista), Manuel Espino (ex panista) y Lía Limón (ex panista), entre otros miembros de la oposición partidaria, formalizaron su adhesión al candidato del PRI. Una parte de ellos se incorporó al gobierno, mien-tras otros buscan actualmente el registro de Concertación Mexicana como nuevo partido político.

Sin embargo, la acción más importante de operación electoral del PRI para hacer ganar a su candidato “al precio que fuera” provino de los gobernadores de este par-tido. A ellos, reunidos en la Casa de Gobierno de Toluca y convocados por el gober-nador del Estado de México, Eruviel Ávila, el martes 12 de junio, en día y hora hábil, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, les comunicaría la cuotas electorales que cada entidad debería aportar.

El 15 de junio, La Jornada publicó que por espacio de tres horas se reunió el can-didato del PRI con los gobernadores priistas y con Pedro Joaquín Coldwell, presiden-te del partido, con miras a las elecciones del 1 de julio, hecho que fue notorio por la

9 Centro Fox. (25 de noviembre de 2010). “El Gobernador Enrique Peña Nieto, visitó el Centro Fox y al Presidente Vicente Fox Quesada”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Centro Fox: http://goo.gl/bbTCOk


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movilización de elementos de seguridad y uso de helicópteros en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, así como por las camionetas que ingresaban a la misma por la puerta trasera.10

Según información de ese diario, los mandatarios estatales se comprometieron a robustecer las medidas de seguridad para Peña Nieto cuando visitara sus estados, así como impedir que gente ajena o contraria a su proyecto pudieran confrontarlo directamente, como recién había ocurrido en Puebla por aquellos días.

Ninguno de los participantes de la reunión emitió declaración alguna.La misma publicación añadió que el encuentro fue de carácter privado y que los

asesores de los mandatarios no habían tenido acceso. En el evento, se habrían defi-nido estrategias para enfrentar la jornada electoral y los cierres de campaña.

En los días subsiguientes, los 64 alcaldes de este partido que gobernaban en los 100 municipios más poblados del país recibirían indicaciones similares de los gober-nadores y del CEN del PRI. La maquinaria del PRI en pleno en estados y municipios, “costara lo que costara”.

∞Cuando AMLO llegó a la plaza de La Piedad, Michoacán, el 1 de junio, fue recibido de manera espontánea por el sacerdote de la parroquia del Señor de la Piedad, y en su discurso se refirió al hecho. “A ver si no lo regañan”, acotó, subrayando que en nuestro movimiento había católicos, evangélicos y librepensadores, de todo.

Allí mismo, aclaró que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) segui-ría organizándose, aun cuando se lograra ganar la Presidencia, pues el objetivo era hacer un gobierno que se apoyara en la gente al tomar decisiones o presentar las grandes reformas que requería el país:

Yo no me voy a divorciar del pueblo. Los grupos económicos y de interés se-guirán existiendo, no los vamos a desterrar, van a tener libertades. Que los de arriba paguen, pero se van a negar. Y si se oponen, voy a consultar a la gente.

Ello permitirá que quien gane la Presidencia en 2018 cuente con un marco de honradez y austeridad, así como el respaldo popular, para que sea difícil que todo esto se eche para atrás.

10 Dávila, I. (13 de junio de 2012). “Encerrona de 16 gobernadores priístas; trasciende que estuvo pre-sente Peña Nieto”. La Jornada , pág. 21.

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Antes, en Zacapu, se había comprometido a atender de manera particular al muni-cipio de Cherán, cuyo comunidad sufría los efectos de la inseguridad al grado de te-ner que asumir su propia defensa para protegerse de talamontes y narcotraficantes. Prometió que regresaría como presidente electo, que no esperaría hasta diciembre, y que lo haría para elaborar un plan integral regional para los municipios de la entidad, pensando en la reconciliación y en la unidad del pueblo.

Por la tarde, en Zamora, destacó nuevamente al movimiento #YoSoy132. Dijo que los jóvenes estaban demostrando que eran “mucha pieza”. Y en Guadalajara, Ja-lisco, en donde estuvo sólo de tránsito por la noche, encabezó un mitin improvisado en el aeropuerto, dando continuidad a esa nueva tradición.

El 2 de junio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un hecho inédito en su tipo, AMLO respondió a la queja interpuesta por el PRI ante el IFE en contra nuestra por un su-puesto pedimento de recursos millonarios para la campaña, y dio a conocer sus gas-tos desde el inicio de ésta hasta ese día: 184 millones 893 mil 600 pesos, poco más de la mitad del tope legal impuesto. Aclaró, además, que se trataba de capital pro-veniente en su totalidad de las aportaciones de los tres partidos que impulsaban su candidatura, y no de dinero de empresarios ni de ningún otro particular.

López Obrador especificó que, hasta ese momento, los gastos de operación eran de 132 millones 137 mil 334 pesos. La mayor parte de ese total se estaba destinando a la es-tructura de promoción del voto, que entonces ascendía a 70 millones 365 mil 800 pesos. Lo correspondiente a su recorrido por todo el país era de 6 millones 881 mil 247 pesos. Y lo demás se había repartido en los siguientes rubros: eventos y movilizaciones, 25 millones 955 mil 406 pesos; estructura de defensa del voto, 23 millones 58 mil 562 pesos; gastos de administración, 1 millón 148 mil 319 pesos; estudios de opinión pública, 4 millones 318 mil pesos; y nómina operativa de la casa de campaña, 410 mil pesos.

Por lo que se refería a difusión, publicidad y propaganda, indicó que la erogación ascendía a 52 millones 756 mil 266 pesos. De esa cifra, 17 millones 635 mil 602 pe-sos habían sido para propaganda impresa y publicitaria; 4 millones 562 mil 400 pesos, para el periódico Regeneración; 974 mil pesos, para campañas en internet; 11 millones 611 mil 238 pesos, para producción de spots, diseño y publicidad; 12 millones 745 mil 380 pesos, para cartas personalizadas; 4 millones 441 mil 603, para espectaculares; y 786 mil 43 pesos para envíos.

Asimismo, reveló lo que le restaba por gastar durante el resto de la campaña: 1 millón 316 mil 247 pesos.

Todo lo anterior da una idea no sólo de la transparencia con la que siempre se actuó, sino de la austeridad con se estaba llevando a cabo un campaña fundamen-talmente a ras de tierra, cuya fuerza radicó en las aportaciones personales de la ciuda-danía, más que en las económicas. La gente asistía espontánea, masivamente, a los


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mítines, pero también participaba con entusiasmo en la promoción y defensa de los votos, en las tareas de convencimiento y en la organización de la estructura, dando su tiempo y su presencia e imponiendo así su sello.

Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador demandó entonces que Enri-que Peña Nieto diera a conocer de manera similar y detallada cuánto había gastado hasta ese momento en su ostensiblemente onerosa campaña, pero ni los medios ni el propio candidato aludido se hicieron eco de la petición.

•Los consultores y publicistas de AMLOAl inicio de 2012, las propuestas, proyectos y solicitudes de cita de diversas consul-torías y agencias de publicidad se apilaban en el escritorio de la colonia Roma, pero Andrés Manuel López Obrador tenía su opinión:

Soy un candidato antimarketing… No me gusta andar maquillado, ni enseñan-do los dientes con sonrisas Colgate. Si me quieren o me odian, que sea por lo que soy, no por lo que aparento ser… No creo que un candidato se pueda di-fundir como un producto chatarra, mediante publicidad engañosa, con poses impostadas…, luego vienen los desencantos y las decepciones.

Esto no significaba que AMLO desconociera, demeritara o ignorara la importancia de los medios electrónicos, de la investigación demoscópica, de la comunicación política y de la propaganda electoral, sino únicamente que estaba —como está— en contra de las prácticas abusivas, manipuladoras y mentirosas de los mismos.

Durante su campaña para jefe de Gobierno, en el año 2000, López Obrador con-tó con la asesoría y servicios de la empresa Tere Struck y Asociados, la cual antes había colaborado también en el diseño y operación de algunas campañas del PRD durante la presidencia de AMLO, de manera especial, en la de Cuauhtémoc Cárdenas para el Gobierno del Distrito Federal en 1997. A esa agencia se le atribuye aquella fotografía del ingeniero con una sonrisa amable y cálida.

La señora Struck acompañó también a AMLO en la campaña presidencial de 2006 y en los inicios de la de 2012, en el diseño de imagen y en algunos insumos publicitarios. Ella fue una publicista profesional y discreta. Muy diferente de los fan-farrones y glamurosos que rodean algunas campañas electorales, especialmente las del PRI. Para este tipo de publicistas, si un candidato gana, fue gracias a ellos, y si pierde, “fue culpa de él, no me hizo caso, no se dejó ayudar”.

Por otro lado, las encuestas y estudios de opinión, tanto en 2006 como en 2012, estuvieron a cargo en su mayor parte de Ana Cristina Covarrubias, quien es también

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una reconocida profesional, con vasta experiencia en la investigación de tendencias y preferencias electorales.

Desde que AMLO fue presidente del PRD, se apoyó también en un grupo interno de encuestadores y proyectistas liderado originalmente por José Barberán y luego, al deceso de éste, por Pedro Valencia.

Además de César Yáñez, Luis Mandoki y Epigmenio Ibarra, ya mencionados, Oc-tavio Oropeza, Jesús Ramírez, Carlos Salces, Pedro Salmerón y Rafael Márquez han formado parte del equipo central de publicistas y consultores en las campañas de AMLO, apoyados colateralmente y en diversos momentos por otros especialistas en temas de imagen y comunicación política.

Los consultores extranjeros nunca han sido parte central ni esencial en las cam-pañas presidenciales de AMLO. Por sugerencia de terceros o a invitación de cola-boradores, López Obrador suele escuchar y atender puntos de vista de algunos de ellos, valora su preparación y experiencia en otros países y en otras culturas políticas; pero su posición al respecto es tajante: “No tengo ni contrato asesores, no me gusta parecerme al resto de los políticos”.

En 2006, por ejemplo, el consultor y político ecuatoriano Jaime Durán Barba, le hizo llegar sus opiniones y sugerencias sobre el desarrollo de las elecciones en Mé-xico. Lo mismo Santiago Nieto y otros especialistas en mercadotecnia política de las escuelas de Miami y Washington. Pero en ningún momento han llevado la conduc-ción estratégica o táctica de las campañas.

El consultor político Luis Costa Bonino llegó y participó en condiciones similares en la campaña de 2012; el cineasta Luis Mandoki, con identificación, reconocimiento profesional y confianza plena del candidato, lo había acercado al proyecto. En lo personal, yo sostuve con Costa dos encuentros para conocer sus puntos de vista sobre el desarrollo de la campaña. Me pareció un profesional estructurado, con gran experiencia en sus temas y con un pulso muy al día del desarrollo de la contienda electoral mexicana.

Otra historia aconteció en el PAN y el PRI. Desde la contienda presidencial del año 2000, los consultores políticos extranjeros llegaron a México junto con la instaura- ción de un sistema electoral más competitivo. Es conocido que Vicente Fox (PAN) contrató al estadounidense Dick Morris, mientras que Francisco Labastida (PRI), al también norteamericano James Carville. En 2006, Felipe Calderón tuvo al consultor español, nacionalizado mexicano en 2006, Antonio Sola Reché, habitual asesor de las campañas del Partido Popular español y del ex presidente José María Aznar. A él se le atribuye la campaña negativa contra López Obrador “Un peligro para México”, y la de 2012 contra Peña Nieto en la que se evidenciaba que éste no cumplía sus compromisos de gobierno. Estuvo también con Josefina Vázquez Mota en la pasada


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contienda presidencial; sin embargo, siguió la regla de oro de todo consultor profe-sional: deslindarse de la derrota.

Así, Antonio Sola aseguró en una entrevista.11

El Gobierno de Calderón hizo muchísimas cosas bien, muchas cosas bien. Creo que fue un gran Presidente, pero su principal problema fue de comunicación. Ese fue su gran problema. El presidente Calderón sabrá a quién pedirle cuentas por la comunicación de su Gobierno: fue terrible, nefasta […]

¿Qué falló? Pues que el Presidente Calderón no supo comunicar su Go-bierno, las personas responsables de su Gobierno, cuáles eran los logros que hoy disfruta México. En seguridad, en economía, en combate a la pobreza, en vivienda, en salud. Hay verdaderamente logros muy importantes. Claro, tam-bién hay cosas que se le critican abiertamente –su combate contra el narco-tráfico–, muchas cosas que puede estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo, por cierto. En la lucha contra el narcotráfico no puedes tener tibieza. (…) El Presidente Calderón tuvo muchos que trabajó muy bien pero su comunica-ción estuvo muy enfocada al tema de la seguridad […].

Asimismo, en la entrevista se añade:

Sola, que dijo tenerle “‘afecto al PAN”, atribuyó a la “complejidad interna” el fraca-so de la campaña de Josefina Vázquez Mota en la pasada elección presidencial. El estratega aclaró que con Vázquez Mota participó en la elaboración de spots y en unas ocho reuniones […] viéndolo desde fuera, la complejidad de la cam-paña internamente impidió hacer muchas cosas. Creo que Josefina fue una extraordinaria candidata. Es una mujer valiente, firme, muy interesante como producto en términos políticos. Y creo que hubiera tenido todo el chance de ganar, pero le faltó potencia […]

Gajes del oficio: el mismo día en que Sola se deslindaba de Felipe Calderón y Josefina Vázquez, Luis Costa Bonino hacía lo propio con AMLO mediante un texto publicado en su portal www.costabonino.com.

Por su parte, la campaña del PRI en esta ocasión no se concentró en uno sino en varios consultores nacionales y extranjeros. La producción de spots estuvo a cargo de Pedro Torres, de Televisa, en uno de los formatos HD más caros para hacer cine. En algún momento, Torres también produjo una parte de los spots de Josefina Vázquez, especialmente aquellos de fondo negro, que transmitían a una candidata sombría y

11 López, M. (10 de junio de 2013). “Nefasta, comunicación de Calderón.- Sola”. Recuperado el 11 de junio de 2013, de Reforma: www.reforma.com/nacional/articulo/703/1404262/

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enlutada. La parte propagandística estuvo a cargo de Juan Carlos Limón García, di-rector de ByPower Media, uno de los consultores de imagen favoritos de Peña Nieto desde que fue candidato y luego gobernador del Estado de México.

En esta campaña, el PRI no tuvo un consultor extranjero formal al frente, sino varios informales tras bambalinas. La razón era única: Televisa llevó férrea y monopó-licamente el diseño, operación y manejo de crisis de la misma.

Los consultores extranjeros se fueron sumando gradual e informalmente a la campaña del PRI a través de Juan José Rendón, un venezolano especialista en “clíni-cas del rumor”, y en el manejo de situaciones de escándalo y “alto impacto”, como los atentados, en torno a candidatos y campañas competidas. Desde 2012, Rendón se encontraba en Guadalajara asesorando al entonces precandidato del PRI al gobierno de Jalisco, y actual gobernador, Aristóteles Sandoval. Le correspondió organizar la III Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada en esa ciudad del 16 al 18 de mayo de 2012.

Por esos días, en su página electrónica (jjrendon.com) se podía leer: “Las eleccio-nes mexicanas tienen en acción al reconocido estratega, radicado desde hace meses en la Ciudad de México por su trabajo con el Partido Revolucionario institucional (PRI), al que asesora desde hace 13 años y que en estos comicios se juega el todo por el todo con el candidato Enrique Peña Nieto”.

En Guadalajara, se dieron cita más de 40 consultores políticos internacionales, algunos de los cuales habían llegado semanas antes para integrarse a las diversas campañas del PRI a nivel local y federal, o al menos para tener contacto en algún momento con el equipo del tricolor, como Luciana Panke, Ralph Murphine, Xavier Domínguez, Carlos Escalante, César Martínez, Carlos Souto, Marcos Magaña y Yago de Marta. Son especialistas que no trabajan por menos de 15 mil dólares mensuales.

Algunos de ellos fueron dejando, en sus blogs y cuentas de Twitter, testimonio de su participación en la campaña presidencial mexicana. Por ejemplo, Yago de Mar-ta, español, quien ofrece sus servicios como maestro de oratoria e imparte clínicas para hablar correctamente en público y frente a cámaras, en su cuenta de Twitter daba cuenta puntual de lo siguiente:

07/03/12:En la biblioteca del Estado de México ofrecí una clínica para Diputados.

04/05/12 12:00:Recta finalisísima antes del debate


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05/05/12 14:01pm:Día intenso de ensayos y pruebas para el debate.

05/05/12 14:25: Por el bien de todos, que así sea el debate, @Sergiotorresa: mucha suerte Yago. Esperamos tenga emociones! Urgen.

06/0512 10:43: El día del debate no eches nuevos ingredientes al caldo, pero mantenlo calien-te hasta la hora de servirlo #Elecciones2012 #México

06/05/12 19:02:@AcostaPatricia: Mucho éxito a mi estimadísimo Yago hoy en el Debate Méxi-co Elecciones2012

06/05/12 21:49:Me conoces, amigo @OswaldoMoreno: me imagino que fuiste tú, Yago, te fe-licito. [Respuesta de Yago]: yo sólo trabajo con los mejores del mundo.

Por supuesto que ser consultor extranjero y trabajar para algún partido o candidato mexicano no debe sorprender ni escandalizar a nadie. Sin embargo, esa vena cho-vinista trasnochada, junto con la mentira de una supuesta colecta de fondos en una cena privada, fueron los ingredientes de “El Charolazo de Las Lomas” con el que se armó artificiosamente uno de los escándalos de la campaña en contra de AMLO, justo cuando las encuestas internas registraban su avance resistente y persistente, silencioso y sostenido, al margen del festín publicitario de las encuestas difundidas por los grandes medios.

•¡Al ladrón, al ladrón! (“El Charolazo de Las Lomas”)El 24 de mayo de 2012 tuvo lugar una cena entre un pequeño grupo de ejecutivos empresariales e integrantes de la campaña de AMLO, en casa de Luis Creel en Lomas de Chapultepec. Se extendió invitación a Luis Orvañanos, presidente de casas GEO; Elena Achar, representante del Grupo Comex; Luis del Valle Gurría, abogado, y al ar-quitecto Rogelio Jiménez Pons, entre otros. Por parte de la campaña del candidato asistieron Adolfo Hellmund López, coordinador de las redes empresariales y virtual secretario de Energía en el gabinete de López Obrador, así como el cineasta Luis Mandoki y el consultor uruguayo Luis Costa Bonino.

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Una semana después, el 30 de mayo, el diario El Universal, de manera destacada, daba cuenta puntual de esta reunión, con base en una larga grabación filtrada al medio, realizada —según trascendió— por una de las asistentes: Elena Achar.

En esa cena, Luis Costa Bonino habría planteado:

Necesitamos conseguir seis millones de dólares para ganar la Presidencia de México, […] los demás temas los tenemos resueltos […], esta elección la va-mos a ganar […] quería pedir en esta ocasión que le pudieran dar a la cam-paña, sabiendo que es un apoyo no a la esperanza, sino un apoyo al triunfo. 12

Durante aquella reunión no se recaudaría ni un solo peso partido por la mitad, pero sí uno de los principales escándalos de la campaña, “El Charolazo de Las Lomas”.

El incidente fue utilizado por el PRI para embestir al candidato de la coalición de izquierda con dos temas: la utilización de un consultor de origen extranjero (a pesar de que el tricolor estaba en tratos con más de una decena de ellos), y la recaudación ilegal de fondos. El objetivo era minar la principal cualidad política que el promedio de los ciudadanos percibe en AMLO, la honestidad personal, al presentarlo como uno más de los políticos corruptos.

En efecto, mientras el tricolor gritaba ¡Al ladrón, al ladrón!, por los escándalos me-diáticos de “El Charolazo de Las Lomas” y las declaraciones fiscales de Honestidad Valiente, a la par cocinaba las dos mayores triangulaciones de cuantiosos recursos ilícitos aportados a una campaña presidencial en la historia del país: el Monexgate y el Sorianagate. Ambos merecen mención aparte.

•Persiste la guerra suciaLa nueva guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador estaba en su apo-geo. Se escandalizaban los priistas y sus voceros de los medios de comunicación, por el supuesto pase de charola a integrantes de la iniciativa privada por parte de cerca-nos a nuestra campaña, porque en su desesperación recurrían a todo para asegurar a toda costa que a Peña Nieto no se le escapara la silla presidencial.

Nadie recordaba, por supuesto, que esa campaña de desprestigio la orquesta-ban los mismos que se prestaron a la petición que, durante su mandato, el propio Carlos Salinas promovió y que desató un escándalo mayúsculo: sostener al PRI con las aportaciones de los dueños de las grandes empresas.

12 Nieto, F., & Cruz, N., óp. cit.


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Además de insistir con el asunto del supuesto pase de charola de colaboradores de López Obrador, su estrategia consistía en culpar de eso a él mismo, porque sabían bien que su mayor fuerza era su autoridad moral, su honestidad, así que tenían que golpearlo ahí para restarle votos.

Por mi parte, y con el fin de demostrarle a la gente quién mentía, me di a la tarea de exhibir las ilegalidades de la campaña priista, como la presencia de 42 asesores extranjeros en el círculo cercano de Peña Nieto, pagados ilegalmente sólo para ope-rar la cruzada de desprestigio contra AMLO.

Extranjeros, pues, y además cobrando sueldos millonarios, trabajando contra López Obrador. Y hay que hacer mención de algunos de ellos, porque incluso cono-cíamos sus nombres y nacionalidades, además de los ya mencionados: Nuno Cruz, de Portugal; Patricia Gallardo, de Argentina; Ceinett Sánchez, de República Domini-cana; Luis Fernando Martín, de Colombia; Ramón Guillermo Abeledo, de Venezuela; Alia Ycaza, de Ecuador, y Melissa Díaz y Juan Hernández (quien incluso fuera cercano del ex presidente Vicente Fox), de Estados Unidos de América. Todos especialistas en campañas negras.

Acudí al PAN para que la Secretaría de Relaciones Exteriores investigara estos dichos, encaré al propio jefe de campaña de Peña en un programa radiofónico, pero nunca se respondió nada. Luis Videgaray, con todo cinismo, no dejó de repetir que el PRI no contaba con asesores ni mexicanos ni extranjeros que estuvieran empren-diendo una campaña sucia en contra del AMLO.

Pero nosotros disponíamos de información seria que nos permitía saber todo eso, así como prever la segunda etapa de esta cruzada negra: decir públicamente que Andrés Manuel López Obrador se quería quedar con las Afores de los trabajado-res, atacar a su gabinete, argumentando que era “de viejitos”, y comenzar a dividir a los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Todo ello efectivamente se cumplió.

Y justamente en esos días la Unidad de Fiscalización del IFE estaba practicando una auditoría —una más de las varias que realizó— en las oficinas personales de AMLO. En razón de ello, solicitamos que los resultados se hicieran del conocimiento público de manera inmediata, y asimismo, decidimos reforzar la inspección ciudada-na sobre la campaña priista para que los mexicanos, ya que el IFE se negaba a hacer-lo, reportaran en las redes sociales los gastos en publicidad y utilitarios del candidato del PRI, y aquellos por concepto de los vehículos y vuelos que usaba.

Además, y dado el cúmulo de datos con que contábamos al respecto, presenta-mos ante el IFE una queja más, ahora por la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión para la promoción personal de Peña Nieto cuando fue gobernador, en una violación flagrante a la Constitución. Pero la respuesta, como era obvio, no reconoció nada.

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Eran días decisivos. Varias encuestas apuntaban que mientras la candidatura de la izquierda iba hacia arriba, la del priista se estaba despeñando, e incluso que había un virtual empate fácilmente remontable que nos permitía vislumbrar el triunfo por segunda vez en la carrera por la Presidencia de la República. Ello exacerbaba nuestro ánimo y la desesperación de los adversarios del tricolor.

En ese contexto, en su paso por Tonalá, Chiapas, el 2 de junio, Andrés Manuel López Obrador confió a los miles de simpatizantes reunidos en la plaza principal que estaba recibiendo la adhesión de cada vez más militantes de PRI y PAN. Luego, sin ningún triunfalismo, en Villaflores, pidió a sus partidarios dar un último jalón en la campaña. Trabajar mucho, orientando a la gente para que no vendieran su voto, así como promover y defender el sufragio, dejando clara la advertencia: que para ganar, lo fundamental era impedir que los ciudadanos cayeran en el viejo truco de entregar su voto a cambio de dádivas: “Les van a ofrecer despensas, chivos, patos; si tienen mucha necesidad, acéptenlos, y hasta se valen mentiras piadosas, pero recuerden que el voto es libre”. Y además reveló que esa entidad iba a recibir atención especial durante su gobierno: “Voy a ser presidente de todos, pero por razones de justicia voy a ser presidente de los ciudadanos del sureste; yo nací en esta tierra. Sé de su potencial, de su paradoja: estado rico con pueblo pobre, vamos a potencializar su desarrollo”.

El 3 de junio, en Comitán, Chiapas, AMLO hizo un importante anuncio: que, en caso de ganar las elecciones, propiciaría que se democratizaran los medios de comu-nicación masiva, lo cual sería posible al eliminar los monopolios en radio y televisión.

“No voy expropiar Televisa —aclaró—; no es por ahí, sino a garantizar la libertad de competencia entre los medios”. Asimismo, se comprometió a lograr que ningún periodista fuera censurado y ningún medio, perseguido, pues su objetivo era implan-tar un régimen de libertades plenas para simpatizantes y también para adversarios.

Más tarde, durante una concentración en Ocosingo, mencionó el inusitado pro-selitismo que a favor de Peña Nieto y el PRI hacía el ex presidente Fox, quien 12 años antes había ganado la Presidencia usando el eslogan de que iba a sacar al PRI de Los Pinos. Calificó esta acción como una prueba más de que el designio de los podero-sos era devolverle el poder al PRI, pero también de que el mundo estaba al revés, pues estimó como grave que el ex mandatario panista le regateara así el voto a la candidata de su propio partido, y concluyó que por eso siempre había dicho que PRI y PAN eran más de lo mismo y que comían en el mismo plato.

En el municipio de Comitán de Domínguez, AMLO dio a conocer nuevas cifras sobre el financiamiento de sus actividades proselitistas, entre ellas, contribuciones de legisladores de los tres partidos que impulsaban su candidatura, y las aportacio-nes de la ciudadanía hechas a la cuenta bancaria a nombre de Honestidad Valiente,


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las cuales le permitieron recorrer el país en 2011 y que ascendían a 5 millones 845 mil 763 pesos.

Declaró también que en la actualidad vivía de un salario de 50 mil pesos y de las regalías de los libros que había escrito, y que tenía una sola cuenta bancaria, de la cual expuso el saldo a esa fecha: 8 mil 999 pesos. Aclaró que no había recibido ninguna donación de bienes de particulares, y que utilizaba oficinas rentadas por Honesti-dad Valiente, así como vehículos otorgados en préstamo por particulares y partidos políticos. Su equipo de trabajo constaba en ese momento de siete personas, cuyas percepciones totalizaban 112 mil pesos. Agregó que no tenía tarjeta de crédito y que su única propiedad era una casa en Palenque, Chiapas, herencia de sus padres.

Algo digno de mencionar, sólo para medir el nivel de parcialidad de algunos medios, es que AMLO le había proporcionado esos mismos datos a un periódico de circulación nacional desde diciembre de 2011, pero no fueron publicados, como tampoco se dio difusión a su reclamo a Peña Nieto a que transparentara sus gastos de campaña y precampaña, incluyendo el costo de los aviones y helicópteros en que se venía transportando.

Y aún así, el 5 de junio volvimos a ser protagonistas de un hecho inédito en las campañas: a través de la representación de la coalición en el IFE, López Obrador entregó el informe de gastos de campaña que ya había hecho público en Chiapas anteriormente. Ofreció esto a propósito de la tan comentada queja del PRI en contra de la presunta solicitud de recursos en una cena. El informe reportaba detalladamen-te que a la fecha del corte —31 de mayo— los ingresos por financiamiento para la candidatura presidencial eran de 186 millones 209 mil 847 pesos, y que los gastos ascendían a 184 millones 893 mil 600 pesos, con lo cual había un saldo de 1 millón 316 mil 247 pesos.

Ningún otro candidato, ni antes ni ahora, había hecho algo similar. Era un hito en la transparencia financiera de las campañas. Y aun así, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, lo consideró algo irrelevante y sin ningún efecto en la fiscalización. De paso, se negó a pedir una acción similar a los otros contendientes.

Mientras tanto, el 4 de junio, en la gira por Veracruz, la recepción a AMLO fue mul-titudinaria otra vez. Lo mismo en la capital del estado que en San Andrés Tuxtla, las muestras de júbilo y respaldo de hombres y mujeres eran impresionantes. En este último municipio, un grupo numeroso de jóvenes le expresó efusivamente su respal-do, y una representante del Instituto Tecnológico de la localidad, Karen Montes de Oca, tomó la palabra para aludir a las esperanzas que en todo el país alentaba la llamada Primavera mexicana, y se comprometió a que los estudiantes participarían en el pro-ceso electoral: “De aquí en adelante nos verás en las calles y en los caminos, cuidando casillas, evitando que manos mañosas vuelvan a truncar la voluntad popular”, expresó.

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“No más PRI, no más PAN, luchamos por una causa común”, insistió. “Si no fueras íntegro, no estaríamos contigo”. Y le prometió también que los jóvenes seguirían con él después del triunfo y contribuirían activamente con su gobierno, iniciando de en-trada una cruzada alfabetizadora por todo el país. Fue sumamente emotivo.

Por la noche, concluyó su recorrido proselitista con una concentración masiva en Orizaba, en medio de un fuerte aguacero. La gente lo esperó más de una hora en La Alameda de esa localidad, y si bien justo cuando comenzó su discurso vino el chapa-rrón, la mayoría de la gente se quedo ahí hasta que concluyó el mensaje.

Coincidentemente, con el incremento de la respuesta popular a la candidatura de izquierda, arreció la guerra sucia. Ese día se publicó en todos los periódicos un desplegado del PRI en el que se le pedía a AMLO dar “explicaciones” acerca del finan-ciamiento de sus recorridos por el país. Después, con respectivos spots promociona-les, el PAN y el PRI iniciaron una campaña en su contra, acusándolo de no aspirar a la democracia; otra vez, de haber organizado el plantón de Reforma en 2006, y también de promover políticas que llevarían al país a la quiebra económica. Se incluían, por supuesto, imágenes de los videoescándalos y del discurso en el que mandó al diablo a las instituciones. Lo más destacable era la enorme similitud entre los promocionales de un partido y el otro.

El peor de todos, sin embargo, por lo mentiroso y manipulador, fue el spot que mostraba imágenes del mitin de AMLO en Tlatelolco. Los publicistas del PAN edita-ron el discurso del candidato de tal forma que parecía proponer la vía armada para lograr el cambio en México; así, se presentaba a Andrés Manuel López Obrador di-ciendo: “la vía armada, una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos”. No obstante, en su discurso original había asegurado que lucharía por la vía de la paz para lograr su objetivo. Literalmente, lo que expresó fue: “No despreciamos a quienes piensan que es la vía armada una posibilidad para lograr la transformación, pero nosotros sostenemos de que [sic] vamos a luchar siempre por la vía pacífica y por la vía electoral”. El promocional cerraba con la frase: “Algunas personas nunca cambian”.

De ese tamaño era el miedo de los adversarios.

•La República AmorosaSer el candidato más conocido de los contendientes a la Presidencia, pero también ser el poseedor de los mayores negativos obligaba a un diseño especial de campaña. La mitad del cometido consistía, entonces, en conseguir votos, mientras la otra mitad era reducir negativos. Lo uno implicaba lo otro. El término República Amorosa ayudó


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a este último objetivo. Desde siempre, el amor ha sido el mejor antídoto al odio im-postado, al miedo al otro y a la violencia social.

Como balazo en catedral sonó la primera vez que el candidato mencionó el con-cepto. Los detractores de siempre lo rechazaron y desecharon de inmediato, segui-dos del polo opuesto, los seguidores duros de la izquierda, quienes mostraban cierto desconcierto: “¿Cómo ofrecerle amor a quien sembró odio en nuestra contra?”

Sin embargo, el concepto no estaba destinado a ellos, sino a los electores que tenían dudas acerca de por quién votar, aquellos que no eran “antilopezobradoris-tas” duros o que, de plano, sin ser militantes ni simpatizantes de izquierda, ya eran inmunes a la campaña de negativos contra AMLO. Al iniciar la campaña, tres de cada 10 potenciales electores estaban en esta posición. Y todos ellos eran de “centro” y “centro-derecha”.

Un ejemplo de la utilidad del concepto se notó de inmediato en las conferencias de prensa del candidato. Al inicio de la campaña, en cada encuentro con la prensa local, lo mismo en Tijuana que en Mérida, las primeras preguntas de los reporteros eran sobre el cierre de Paseo de la Reforma y los portafolios dados por Carlos Ahuma-da a René Bejarano. Nada que ver con los temas que AMLO buscaba tratar.

Entonces, el abanderado de la izquierda tomó la decisión de que en cada en-cuentro con la prensa, antes de cualquier pregunta, él abordaría en dos o tres minu-tos su punto de vista sobre ambos acontecimientos:

Ya sé que me quieren preguntar sobre Paseo de la Reforma y los portafolios de Ahumada… Del primero les digo que fue una forma de encauzar el enojo de miles de ciudadanos por el atraco electoral del gobierno de Fox…, y de lo se-gundo les comento que yo no autoricé, no estuve enterado ni me beneficié de esas operaciones. Al contrario, yo pedí castigo, no impunidad… Ahora sí, estoy a sus órdenes.

Agotado desde el inicio el asunto de los videoescándalos, los periodistas entraban al tema de interés de la campaña: “¿Qué es eso de la República Amorosa?” “¿Por qué propone una República basada en el amor?” “¿No es una cursilería el término?” “¿No es una treta publicitaria?”, etcétera. La República Amorosa y no el cierre de Reforma o las ligas de Bejarano empezó a ser el tema de interés.

El concepto fue cien por ciento manufactura del candidato. No hubo publicista o consultor de por medio. Y era mucho más que una frase propagandística. Contenía toda una visión y una propuesta de gobierno.13

13 Ver Anexo 3: Fundamentos para una República Amorosa.

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•Continuaba el recorridoEl 5 de junio, la gira pasó por Puruándiro, Michoacán. Ahí, AMLO lanzó una adver-tencia: en virtud de que la estrategia de guerra sucia ya no les iba a funcionar a sus adversarios, a lo siguiente que recurrirían sería al fraude.

Luego, de paso por Celaya, Guanajuato, reconoció que las campañas habían dado un giro con la irrupción de los jóvenes, y señaló que se debería marcar en el calendario la fecha en que había iniciado el movimiento #YoSoy132, porque esos 30 días estaban cambiando la historia de México.

Y frente a todo eso, la respuesta del IFE, como siempre, fue de antología. Leonar-do Valdés, en persona, emitió su declaración sobre el asunto de los spots, sumándose a la estrategia del PRIAN: dijo que el organismo no podía impedir la crítica dura, y rechazó que se estuviera reeditando la guerra sucia.

Fue más lejos, al desestimar la preocupación creciente ante la posibilidad de un fraude electoral, y se dio el lujo de pedir “a los actores políticos” —léase AMLO y Movimiento Progresista— aceptar el veredicto de las urnas, “si es que no ganaban”.

De nada sirvió que presentáramos una queja y la solicitud de medidas cautelares apenas comenzaran a difundirse los promocionales, para evitar que siguieran en el aire. Acorde con las prácticas del IFE y sus peculiares tiempos de procesamiento de las querellas, aun cuando ordenó el retiro de algunos spots, todos fueron transmiti-dos entre 3 y 4 días, tiempo suficiente para abonar a la campaña negra del prianismo, a la que desde luego se sumaba de manera cada vez más entusiasta el ex presidente Fox, con un proceder burdo y cínico, pero sobre todo francamente desesperado, y a pesar de que sólo un mes antes le había prometido públicamente su apoyo a la candidata Vázquez Mota, la abanderada de su partido, a quien traicionó, sin reparar en que se trataba de su antigua colaboradora, amiga y aliada política.

Según Fernando Torres Graciano, uno de los principales líderes del PAN en Gua-najuato y candidato al Senado, la simpatía del ex presidente por Enrique Peña se de-bía a los apoyos y financiamientos que el Centro Fox recibía por parte de gobiernos de extracción priista. Lo llamó incluso “el centro de capacitación de los priistas”.

Una de las virtudes de las elecciones competidas es que obliga a los actores a tomar definiciones de fondo. Caen las máscaras y, finalmente, la verdad sale a flote. Por eso el llamado de Vicente Fox a votar por el candidato del PRI era más que sinto-mático: significaba el entierro de la transición democrática que experimentó el país doce años atrás: una alternancia ficticia, ilusoria, falsa, carente de sustancia social y económica.

Para algunos sectores del PAN, la transición democrática se consumó en el año 2000, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República por primera vez, a manos


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de Vicente Fox. Desde la campaña, éste planteaba: “si sacamos al PRI del Palacio Na-cional, los demás cambios llegarán por sí solos”. El PRI salió del Palacio, pero ni los cambios de fondo vinieron, ni el ex gobernante propició su arribo.

Desde entonces, otros sectores hemos sostenido una postura distinta: que la alter-nancia política es sólo el inicio de cambios más profundos en la economía, la sociedad, la política y la cultura. Si no se traduce en mejores niveles de vida para la población (por ejemplo, más y mejor empleo, seguridad, justicia, educación y salud), es fallida, es un cambio muy corto de miras y carente de contenido. Una alternancia sin alternativa.

La alianza de Fox con Peña Nieto, además de ser una traición artera al PAN y a su candidata presidencial, era la mejor demostración de que nuestra democracia política tiene un vicio de origen: permite el cambio de siglas, pero no de rumbo económico y social. Es decir, la alternancia de corte conservador que en su momen-to diseñaron los dos últimos ex presidentes priistas, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, permitía el cambio de forma pero no de fondo, promovía el bipartidismo PRI-PAN, alentaba la partidocracia como único mecanismo de representación político-electo-ral de los ciudadanos, a la vez que impulsaba la exclusión y limitación de los partidos que planteaban una transformación profunda en la política económica imperante.

Liberales en lo político, pero ortodoxos en lo económico, así transcurrieron los gobiernos de los últimos 24 años: los dos últimos del PRI y los dos primeros del PAN, con una alternancia a imagen y semejanza de la derecha mexicana, conocida como PRIAN.

En 2006, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, desafió este esquema bipartidista conservador. En cuanto estuvo en posibilidades reales de ob-tener el poder público, automáticamente se convirtió para la derecha en “un peligro para México”, y fue Vicente Fox quien orquestó desde la Presidencia, de manera ilegal e ilícita, una campaña negra y un fraude de cuarta generación, al sustituir la “elección de Estado” que practicaba el PRI por una “elección de poderes fácticos”.

En junio de 2012, cuando AMLO volvía a estar en posibilidades de ganar la elec-ción presidencial, Fox corrió a refugiarse en el candidato del PRI. Sabía que allí podía encontrar lo que nunca tendrá con López Obrador: complacencia, complicidad, apo-yos económicos para sostener ese elefante blanco que es el Centro Fox (donde hay que pagar hasta para sentarse a tomar un café con el ex presidente) y, de manera destacada, impunidad.

La posición foxista, empero, abría una oportunidad para nuestra campaña. La de apelar al panismo auténticamente democrático, humanista, no oportunista, para que hiciera causa común con nuestro planteamiento de un cambio verdadero para el país. Los puntos de coincidencia eran muchos: el combate a la corrupción, la trans-parencia en el manejo de los recursos públicos, el reforzamiento de los derechos

LA LARGA TRAVESÍA

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humanos, el fomento de la competencia económica, el saneamiento del Poder Ju-dicial, la reforma educativa, una economía de mercado con responsabilidad social, el apoyo a la pequeña y mediana empresas, la democratización de los medios de comunicación y mayor poder político de los ciudadanos en la gestión del poder público.

La declinación era el único camino decente que se le presentaba a la candidata Vázquez Mota, pues pensando en el objetivo común de promover un cambio verda-dero en México era López Obrador, no Peña Nieto, la mejor opción para el panismo originario, humanista y democrático.

Al final, Josefina Vázquez no declinó, como le sugerían algunos de sus correligiona-rios, pero muchos ellos votaron por AMLO, quien mantenía un mensaje conciliatorio.

Así lo demostró también el 7 de junio en una reunión con un grupo plural de académicos y políticos, algunos de los cuales le exigían con insistencia que respetara el resultado electoral, si éste le fuera adverso. Entre ellos se encontraban Ángeles Mastretta, Cecilia Soto, María Elena Morera, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Manuel Peimbert y Fernando Gómez-Mont. López Obrador les replicó:

Ayuden para que no haya guerra sucia. Si ustedes se pronuncian para que no la haya, que no saquen sus spots los del PRI y del PAN, van a mejorar el ambien-te. No se puede repetir lo de 2006, pónganse en mi lugar. Si se hace un fraude, ¿cómo se va a aceptar? Es un acto de traición a la democracia, es traicionarnos a nosotros mismos. Si ustedes ayudan a que la elección sea limpia y libre, esto permitirá a todos aceptar las reglas. Ustedes pueden ayudar mucho a pedir que se transparenten las cuentas en gastos de campaña. Por mí no se preocu-pen, yo siempre he actuado de manera responsable y lo voy a seguir haciendo.

En la ronda de preguntas y respuestas, AMLO habló por primera vez de construir un nuevo pacto con todos, un compromiso para transformar el sistema político y eco-nómico, aunque acotó que el eje articulador debería ser el acuerdo entre todos los mexicanos de poner por delante la honestidad.

Había confianza en nuestras filas sobre el resultado de la elección. No era una seguridad mal fundada, sino surgida de lo que veíamos a nuestro alrededor. A todos lados adonde íbamos la gente se desbordaba espontánea, entusiasta, pero también nos decía: nada más no nos dejemos robar.

Asimismo, habida cuenta de la experiencia de 2006, nos habíamos impuesto el reto de estar suficientemente organizados para cuidar el conteo de los votos. Y lo logramos: durante cerca de cinco años, el movimiento había logrado poner en pie a poco más de cuatro millones de ciudadanos, listos para defender el triunfo.


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Seis años antes, el fraude se hizo fundamentalmente en la mesa. En 2006, ahí se falsificaron los resultados. Hubo casillas, por ejemplo, y constan los datos todavía en la estadística del IFE, en las que de 400 electores posibles en una sección aparecieron 600 votos a favor del PAN. Existen las actas de eso, porque fue muy claro que se falsi-ficó el resultado. Y se valieron de que nos faltaba organización para cuidar las mesas electorales, así que ahora la idea era tener representantes en todas las casillas.

Pero no sólo eso alimentaba nuestro optimismo, sino que por esos días nos en-tregaron el resultado de nuestra medición interna, y en ella López Obrador aparecía con 28% en intención del voto, contra 26% de Peña Nieto, 19% de Vázquez Mota y 3% o 4% de Quadri de la Torre. Era un hecho que Peña estaba cayendo, y nosotros, ascendiendo.

Por lo mismo, éste era también el momento más delicado, y lo sabíamos de so-bra, así que en su paso por Cruz Grande, Guerrero, el 7 de junio, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes no confiarse, pues aunque el triunfo era palpable, era necesario, dijo, redoblar esfuerzos, dar el último jalón y convencer tam-bién a priistas, panistas y gente sin partido a votar por el proyecto de cambio que él encabezaba:

“Se requiere el mayor número de votos el próximo primero de julio, para que sea ése un día de fiesta nacional que termine con la pesadilla que han significado estos malos gobiernos.”

Entrábamos así a la tercera y última etapa de la campaña.

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El segundo debate se realizó el domingo 10 de junio. Tuvo mayor audiencia que el primero (22.6 puntos IBOPE, el doble del primero), tanto por la cobertura de los canales, como por el “debate sobre el debate” que lo precedió, y en el que el

movimiento #YoSoy132 jugó un papel destacado, al demandar una mayor apertura a las televisoras y la realización de un tercer ejercicio, a lo que no accedió el IFE.

Nosotros habíamos hecho muchos esfuerzos para garantizar mejoras en este segundo debate. Visto el fracaso del primero, volvimos a solicitar otro formato, más tiempo para las respuestas y, desde luego, que en esta oportunidad sí se transmitie-ra en cadena nacional, algo en lo que el apoyo de #YoSoy132 fue constante. Desde luego, nada nos concedieron.

En todo caso, las dos cadenas televisivas aceptaron difundir el debate, lo cual le dio más cobertura, pero a pesar de todas las previsiones y promesas de los responsables del IFE, a lo largo del evento se registraron varias fallas técnicas, como malos en- cuadres de los candidatos y de las gráficas que exhibieron; hubo un momento en que la imagen de Andrés Manuel López Obrador se perdió unos segundos porque se congeló, y la de Josefina Vázquez Mota de plano desapareció por un buen rato.

Durante el evento, el derrumbe de la candidata panista fue evidente, pero llegó a su clímax cuando cuestionó la cercanía de Gabriel Quadri con Elba Esther Gordi- llo, a lo que él respondió con una demoledora fotografía —tomada de un video—

6. El segundo debate deja a AMLO y a Peña Nieto como finalistas


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que mostraba sonrientes a la propia Vázquez Mota y la Gordillo, y debajo la frase “Querida amiga”, que la panista prodigara a la lideresa magisterial según la grabación del mismo título, misma que el postulante del PANAL recomendó a la audiencia bus-car en internet. La panista simplemente no supo qué contestar.

Ese día se produjo otro incidente que evidenció la desesperación de muchos frente al crecimiento de la candidatura de la izquierda. Esta vez corrió a cargo de Felipe Calderón quien, infringiendo la ley y pretendiendo influir en la voluntad de los electores, irrumpió vía Twitter con sus opiniones en medio del debate, para descali-ficar las propuestas de López Obrador.

AMLO había dicho que con la eliminación de privilegios y dispendios en el go-bierno federal se ahorrarían 300 mil millones de pesos, y otros 300 mil millones al erradicar las prácticas de corrupción en la administración pública federal. En total, 600 mil millones de pesos del presupuesto público que se destinarían a atender la emergencia en el campo, a la educación, etc. Su propuesta era lograr la reducción de 12% con base en austeridad, y ello provocó la reacción de Calderón y de integrantes de su gabinete, quienes alegaron que eso no sería posible ni siquiera con despidos masivos.

En respuesta a los señalamientos que le formularon Calderón y luego también el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quienes pusieron en duda la viabilidad de su proyecto económico, AMLO aclaró que su propuesta de bajar privile-gios no se basaba exclusivamente en disminuir los salarios de los altos funcionarios, sino en eliminar ingresos exagerados, seguros de gastos médicos mayores, viajes al extranjero y uso de aviones y helicópteros privados, gastos onerosos y abusos que ahora se dan en toda la administración pública federal, empezando por el presiden-te, a quien dijo que de entrada se le reduciría en 50% su percepción actual.

Es pertinente aclarar de manera muy puntual en qué consistía exactamente la propuesta de López Obrador para generar ahorros en el inmenso gasto federal. A continuación se presentan las respuestas a los cuestionamientos hechos en campa-ña, las cuales expusimos en su momento, y que ahora compartimos aquí, a partir del estudio elaborado por el empresario Fernando Turner, sugerido para dirigir la Secre-taría de Economía, en caso de ganar AMLO, titulado “Nuestra propuesta de reducir la alta burocracia, a tono con nuestra realidad nacional y global”.

Se partía de datos duros:

• De 1999 a 2011, el presupuesto de egresos federal aumentó de 19.5% a 25.5% del PIB. El PIB se incrementó de aproximadamente $6.35 billones de pesos a $14.1 billones. Así, el presupuesto de egresos subió de $1.2 bi-llones a $3.6 billones. El gasto corriente llegó a $2.2 billones de 0.7 billones.

LA LARGA TRAVESÍA

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Para 2012 se presupuestó en $3.7 billones y va en tendencia de $3.8 billones. Lo presupuestado para 2012 fue un gasto total de $3.7 billones, dentro del cual el gasto corriente ocuparía $2.4 billones.

• El gasto público aumenta más rápido que la producción y el empleo, lo cual es el camino hacia más pobreza y menos desarrollo. El gasto público lo pagan los ciudadanos a corto o a largo plazo, y su aumento debilita la inversión y el empleo.

• Del presupuesto total federal (incluidas las entidades paraestatales), el gasto por servicios personales expresado directamente es de 861 mil mi-llones de pesos, y tenía la tendencia a 960 mil millones de pesos en 2012. A este rubro le faltan conceptos directamente ligados a personal: Rubros 1200, 1300, 1500, 1700, 3700, etc., y los relacionados con seguridad social y pensiones y jubilaciones.

• Al sumar esos conceptos y otros relacionados, el total de gastos de per-sonal del Gobierno federal (incluidas paraestatales) fue de 1.133 billones de pesos en 2011; aproximadamente el 31% del total presupuestado.

• No todos esos rubros se pueden reducir a corto plazo, pero sí es posible disminuir los ingresos de los funcionarios superiores que, además, son los que generalmente inician su periodo sexenal de trabajo con el pre-sidente.

• En México, el 2.9% de los empleados de élite del gobierno central ab-sorbe el 22% del presupuesto anual de sueldos y prestaciones (según investigación de El Universal en los portales de cada dependencia de la administración).

En este sentido, la propuesta de AMLO consistía en reducir los tabuladores del nivel superior del Gobierno federal, para ajustarlos a la realidad del escaso ingreso de la población y así liberar recursos para financiar algunas de las necesidades más apre-miantes. La meta era disminuir el gasto total en aproximadamente 300 mil millones de pesos, incluyendo en esa estimación los ahorros provenientes de:

• Eliminar estructuras redundantes• Simplificar la administración (menos trámites)• Eliminar los viajes innecesarios, comidas, gastos de representación• Prescindir de gastos innecesarios de publicidad e imagen, seguros mé-

dicos privados y fondos de ahorro con participación extra del gobierno.


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Y es que era y es evidente que en el gasto corriente del gobierno hay dispendio, co-rrupción, derroche y mucha ineficiencia. La población demanda que se elimine este derroche de recursos, y AMLO estaba dispuesto a apretar el cinturón, empezando por él mismo, y con ello poner la muestra a los otros poderes y organismos autónomos.

El proyecto económico de López Obrador incluía una meta de ahorro por com-bate a la corrupción por un monto de 300 mil millones de pesos, la cual estaría en función de los contratos públicos. Actualmente, la práctica común es del 10% de “comisión” y, en algunos casos, de aún más, dinero que acaba en manos de interme-diarios y funcionarios que se corrompen. Esta práctica, aparentemente estructural, se eliminaría con relativa facilidad si el presidente no formara parte de tales arreglos, y por el contrario, se comprometiera con una nueva cultura de administración.

En marzo de 2012, la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Con-trataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública estimó que la corrupción y el cohecho en las licitaciones públicas era de hasta 100 mil millones de pesos, o de entre el 7% y el 10% de todas las compras del gobierno.

Al respecto, la estimación era que se podía ampliar esta meta al cubrir a todo el sector público, incluyendo Pemex y CFE, en donde la corrupción en contratos es rampante.

Pero aun si fuera un problema “estructural”, sería la reforma estructural que realmente valdría la pena hacer, pues además de ahorros cuantiosos, implicaría un cambio de fondo en toda la administración. Eso, en lugar de buscar gravar más a la población con impuestos y cargas adicionales, como lo habían propuesto los otros candidatos a la Presidencia.

No obstante, si esta meta no se alcanzara en su totalidad, el programa económico de AMLO aún podría sostenerse, pues la palanca de desarrollo consistía en aumen-tar la inversión privada mucho más que la pública. Por ello no se contemplaba el aumento de impuestos como vía para lograr mayores recursos para invertir sino, por el contrario, se planeaba eliminar el IETU.

La propuesta contemplaba cancelar privilegios fiscales para aumentar la recau-dación, sin interferir con el atractivo de invertir. También, ajustar los precios de la energía, con el fin de tener precios competitivos.

De esta manera, sumando los ahorros en el gasto corriente, los mayores ingresos fiscales por una mejora de la recaudación y el combate a la corrupción, el gobierno tendría disponibilidades para gasto productivo, que hasta ahora ninguna adminis-tración federal ha contemplado.

El compromiso de AMLO era operar finanzas sanas, sin déficits y sin endeudamiento, como lo hizo al frente del Gobierno del Distrito Federal, en el que operó con prudencia y consiguió:

LA LARGA TRAVESÍA

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• Reducir el gasto corriente• Aumentar la recaudación sin incrementar impuestos• Elevar la inversión pública• Estimular la inversión privada• Disminuir el endeudamiento de cada año

El proyecto era rotundo: no se haría nada fuera de la ley ni se violarían contratos co-lectivos de trabajo. No se invadiría la autonomía de otros poderes y organismos. Se predicaría con el ejemplo y se trataría de persuadir con él.

La meta de los 600 mil millones de pesos era realizable. Contaba con el compro-miso de austeridad de las personas nombradas por AMLO como sus posibles secre-tarios, quienes estaban dispuestos a contribuir con el país, aun si ello conllevara un sacrificio económico. Con esto se diluía el tan mencionado obstáculo de conseguir personal de alto nivel que aceptara percibir ingresos reducidos. Y lo mismo hubiera aplicado en el siguiente nivel de colaboradores, debajo de secretarios de Estado, pues se tenía la certeza de que hay muchos mexicanos capaces dispuestos a servir a la Patria, incluso haciendo un recorte a su economía.

La propuesta de AMLO se enfocaba en alcanzar esa meta y en obtener su be-neficio. Consideraba necesario exigir a todos los candidatos que se propusieran lo mismo, pues es inmoral el nivel de gasto y derroche de un gobierno que sólo dila-pida el dinero y no mejora las condiciones de vida de la población; calificaba como una injusticia que en México los funcionarios se consideren y vivan como magnates pagados por una población cada día más pobre.14

∞Al término del debate aquel día nos fuimos al monumento La Minerva a festejar. AMLO estuvo en el templete con varios de quienes lo acompañamos en la sede del debate, como parte del grupo de 20 invitados, entre ellos, sus tres hijos mayores; su esposa, Beatriz Gutiérrez; los dirigentes de los tres partidos de la coalición; el empre-sario Alfonso Romo; el abogado Javier Quijano; el candidato del PT y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro; Tatiana Clouthier; el coordina-dor de logística, Nicolás Mollinedo; y el de prensa, César Yáñez.

14 Turner Dávila, F. (12 de junio de 2012). “Fernando Turner explica ahorros de $300,000 millones de AMLO”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de Adnpolítico.com: http://goo.gl/1aBzia


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Al día siguiente, AMLO estuvo en Aguascalientes y en San Luis Potosí, para invitar a sus seguidores a dar un último jalón y así volver a ganar. Era ya la etapa final de la campaña y el plan para los 16 días restantes era hacer eventos de cierre en todas las capitales del país, y concluir con una gran marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Para entonces, en todos los simulacros de elección realizados en las universida-des, la coalición había obtenido la victoria. Y con un alto margen.

También el 11 de junio de 2012, en los medios se describieron detalladamen-te las reacciones al segundo debate presidencial; se aseguró que entre la prensa de nuestro país no había un acuerdo respecto a quién había sido el ganador, pero que en la prensa escrita destacó un aspecto: los ataques de la candidata panista en contra de los otros tres postulantes, lo cual fue notorio incluso en algunas portadas. Por otro lado, la percepción generalizada fue que AMLO y EPN se condujeron con cautela y no se increparon mutuamente, así como que el candidato del PANAL se mantuvo en su misma estrategia que en el primer debate.

Asimismo, se añadió que en los programas televisivos del “posdebate” fue obser-vada una tendencia similar, pero que ahí se enfatizó que el ganador lo determinarían las encuestas de preferencias electorales por efectuarse en los días venideros.

Así también, se indicó que aunque los colaboradores más renombrados en me-dios escritos habían destacado el desempeño de Josefina Vázquez Mota durante el debate, reconocían que tal estrategia no se reflejaría en un cambio significativo en la intención del voto.

En los medios se hizo un recuento de los variados resultados de algunos ejerci-cios de evaluación del debate implementados por diarios y publicaciones en línea, con diversas metodologías y dirigidos a públicos distintos, con la finalidad de averi-guar entre los electores a quién consideraban el ganador del evento, y si luego de la transmisión habían cambiado su intención de voto. Aparentemente, la mayor coin-cidencia entre estos estudios fue que Gabriel Quadri ya no sorprendió ni impresionó, como sí lo había hecho durante el debate del 6 de mayo.

A continuación, se muestran algunos de esos resultados, que corresponden a los siguientes medios15:

l Grupo Reforma l IPSOS-BIMSA l Excelsior-BGC Ulises Beltrán l Reporte Índigo l UNOTV-Demotecnia

15 Vargas, M. Á. & Tolama, J. (11 de junio de 2012). “¿Quién ganó el segundo debate presidencial?”. Recuperado el 11 de junio de 2012, de Adnpolítico.com: http://goo.gl/JhNh5j

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GRUPO REFORMA

Tipo de público encuestado

Evaluación de los candidatos(10 puntos posibles)

Intención de voto antes del

debate(%)

Intención de voto después del

debate (%)

“Líderes ciudadanos”

JVM: 6.9 AMLO: 6.1EPN: 5.9Quadri: 5.8

AMLO: 38%JVM: 30%EPN: 22%Quadri: 3%

JVM: 34% AMLO: 32%EPN: 20% Quadri: 8%

Suscriptores del diario

JVM: 4.6 EPN: 3.3AMLO: 2.6Quadri: 2.3

EXCÉLSIOR-BGC ULISES BELTRÁN


Candidato que causó mejor impresión

Opinión sobre otros candidatos

Ciudadanos de diversos estratos

sociales de la zona metropolitana de la Ciudad de México

EPN

AMLO: desempeño más bien plano, poco vistoso

JVM: siguió sin despertar particular simpatía por su

discurso

Quadri: tampoco logró llamar la atención como en mayo con su crítica a los políticos

UNOTV-DEMOTECNIA


¿A quién “le fue mejor” en el debate?

¿A quién “le fue peor” en el debate?

Candidato más preparado para

gobernar

Ciudadanos de Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Mérida, Toluca y Distrito Federal

AMLO: 32%JVM: 27% EPN: 22% Quadri: 4%

EPN: 37% JVM: 24% AMLO: 24%Quadri: 10%

AMLO: 36.6%JVM: 23.2% EPN: 18.3% Quadri: 6.1%


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IPSOS-BIMSA

Tipo de público encuestado ¿Quién ganó el debate?

9,788 usuarios de telefonía celular de las 32 entidades del país

EPN: 44%JVM: 17%AMLO: 17%Quadri: 12%Nadie: 7%No sabe: 3%

REPORTE ÍNDIGO

Tipo de encuesta

¿Quién ganó el debate?

Encuestados que cambiaron su preferencia de voto luego del debate

Candidato favorecido por el cambio en

intención de voto

Vía telefónica

AMLO: 32%EPN: 29%JVM: 22%Quadri: 7%Nadie: 7%

75%AMLO: 37%JVM: 26%EPN: 24%Quadri: 14%

Al día siguiente de este debate, el IFE ordenaría retirar un promocional del PAN con-tra AMLO, por considerarlo “calumnioso” y falto a la verdad. Era aquél con la burda edición del discurso en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se pretendía presentar al candidato de las izquierdas como un incitador a la vía política armada. Sin embargo, el promocional del PRI, donde se daba cuenta del supuesto “pase de charola” en la reunión de Las Lomas, permaneció unos días más.

Para entonces se definían en el comité de la coalición de izquierda los promocio-nales del último tramo de la campaña. Se disponía de verdaderas piezas de comu-nicación política, donde se combinaban arte, técnica y mensaje. El bajo número de spots que le había correspondido a la coalición, así como las costosísimas superpro-ducciones de Peña Nieto, obligaban a compensar con calidad y creatividad lo que se había perdido en cantidad y exposición.

En su mayor parte eran producciones de Luis Mandoki, pero también de Epigme-nio Ibarra, Roberto Trad y José Ibinarriaga (de “El Instituto”). Ibinarriaga y Trad (autores también de uno de los mejores textos sobre campañas políticas, El arte de la guerra electoral), produjeron un promocional donde se hacía el recuento de la herencia de-sastrosa de los gobiernos del PRI y del PAN en materia de corrupción, seguridad y empleo, y al final aparecía AMLO a cuadro diciendo: “Yo sólo cerré Reforma, y fue por la democracia”.

LA LARGA TRAVESÍA

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El promocional generó controversia al interior del equipo de campaña (primer grupo de enfoque informal al que eran sometidos los spots), porque para unos era recor-dar y equiparar el cierre de Reforma con las atrocidades del PRI y de PAN (una especie de tiro en el pie), mientras para otros era una necesaria autocrítica y una forma de pedir perdón a fin de ganarse a un sector de indecisos bastante numeroso a estas alturas. Prevaleció el primer punto de vista y el promocional no fue subido al aire, aunque si pasó por las redes sociales. Un año después, el spot fue nominado a un premio Reed Latino en la categoría “Mejor pieza de publicidad política que no vio la luz del sol”. Decisiones controversiales como ésa son el pan de cada día en una campaña.

∞El 12 de junio, en el auditorio municipal de Mexicali, Baja California, poco más de 20 mil simpatizantes —buena parte de ellos, jóvenes— recibieron con entusiasmo a Andrés Manuel López Obrador, quien desde ahí reiteró su postura: dejó en claro que no se montaría de manera oportunista en el movimiento #YoSoy132, ya que ellos habían sido el despertador de la nación y estaban dando lección de cómo actuar, gracias a lo cual se podría impedir la imposición de Peña Nieto como presidente.

Cabe señalar que en cierto momento de su discurso, se escuchó un grito: ¡Muera Televisa! López Obrador expresó al respecto: “No voy a expropiar Televisa, sino a pro-piciar la apertura de medios para que haya democracia”.

Se refirió también a la demanda principal de los ciudadanos de Baja California de disminuir las tarifas eléctricas, ya que lo extremoso del clima los obligaba a un alto consumo del energético. Además, integrantes del Frente Cívico Mexicalense le entregaron un escrito en el que se quejaban de que campaña tras campaña los ha-bitantes de Mexicali habían sido defraudados con promesas no cumplidas de candi-datos presidenciales, a lo que AMLO respondió que él si honraría su palabra de bajar las tarifas, haciendo que la CFE utilizara sus plantas para generar la electricidad, en lugar de comprarla a altos precios a las empresas extranjeras.

De Mexicali, López Obrador voló a Hermosillo para encabezar un mitin en la ex-planada del Museo de la Universidad de Sonora, donde nuevamente destacó la ma-siva presencia juvenil.

En el recinto universitario, el coro ¡Presidente! ¡Presidente!, se repitió una y otra vez durante el discurso de AMLO, quien aludió indignado a la utilización política de la tragedia de la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños, y se comprometió a administrar justicia.


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El 13 de junio estuvo en Culiacán, Sinaloa, en donde las muestras de respaldo se hicieron patentes desde las salas de espera de los aeropuertos y, como ya era normal, también dentro de los aviones que lo trasladaron. Ese día voló primero de Hermosillo a Culiacán, y de ahí a La Paz, Baja California Sur, y en todos esos lugares hubo mani-festaciones de apoyo de los pasajeros.

Faltaban escasos 18 días para la elección presidencial, y eran evidentes tanto el éxito de nuestra estrategia como el resultado de la conjunción de esfuerzos entre los partidos integrantes de la coalición Movimiento Progresista y MORENA, particu-larmente en el norte del país, donde MC, el PRD y el PT no tenían tanta fuerza, pero sí el Movimiento.

Miles de sudbajacalifornianos reunidos en la Plaza Revolución, en la Paz, a pleno sol, daban testimonio de ello. Y lo mismo pasó en el Museo de la Universidad de Sonora y en la avenida principal de Culiacán, por lo que AMLO escribió en su cuenta de Twitter: “El acto fue espléndido. Miles de almas conscientes y esperanzadas. Hay contagio nacional, también ganaremos en el Norte”.

Por otro lado, el entonces presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y otros políticos y grupos empresariales presionaban a López Obrador: todos los días le pe-dían comprometerse a no objetar los resultados de los comicios. Y representantes del Consejo Coordinador Empresarial lo instaban a signar el denominado pacto de civilidad y respeto a la legalidad. A estos últimos les contestó que desde luego lo haría, excepto en los puntos que fueran contrarios al interés de la nación. No avalaría, dijo, por ejemplo, la privatización de PEMEX.

El 14 de junio, en el último tramo de su campaña por la Presidencia, hubo dos reuniones masivas, una en la Plaza Bicentenario, de Zacatecas, y otra en la Plaza de Armas, de Durango.

Los cierres eran un éxito. En todas las capitales encontró plazas llenas y mucho apoyo. Sobre todo de los jóvenes.

El 15 de junio, durante una mesa redonda entre los coordinadores de campaña de tres de los candidatos presidenciales, afirmé que el PRI y el PAN estaban reeditan-do la guerra sucia orquestada contra López Obrador desde el año 2002, en virtud de sus señalamientos públicos respecto a que, de ganar él las elecciones, aplicaría las mismas políticas que seguía el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Asimismo, formulé diversas acusaciones sobre la creciente inseguridad en nues-tro país, y luego de una alusión directa de Roberto Gil Zuarth, coordinador de la cam-paña de Josefina Vázquez Mota, manifesté que era Andrés Manuel López Obrador el único que podía acabar con esa grave problemática, de lo cual ya había dado mues-tras durante su gestión como jefe de Gobierno en el Distrito Federal. Y para aquellos

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que pretendían inventarnos imputaciones, aseguré que presentaríamos de inme-diato todas las declaraciones anuales y pagos de impuestos de Honestidad Valiente.

El 15 de junio, en su paso por Saltillo, Coahuila, región particularmente asola-da por los principales cárteles de la droga, AMLO respondió a la interrogante que empezaba a dejarse correr interesadamente sobre si la inseguridad y la violencia impedirían el desarrollo de la elección el 1 de julio, y luego de reconocer que desde luego que había violencia en el país, externó su confianza en que eso no evitaría que se llevaran a cabo las votaciones.

En Puebla, Puebla, el 16 de junio, el discurso de López Obrador se centró en el Ejército Mexicano. Advirtió que los sueldos de sus integrantes no serían tocados, y se comprometió a no contratar a ningún extranjero para el combate a la delincuencia. Volvió a hablar de que en su gobierno establecería un pacto nacional para, entre otros asuntos, reformar la educación en todos los órdenes.

Poco después, en la plaza central de Oaxaca, ante una multitud que lo recibió con el clamor de: ¡Presidente! ¡Presidente!, AMLO le pidió al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, que los representantes del Sol Azteca recomendaran formalmente al Consejo General del IFE solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que vigilara el manejo de las cuentas del PRI y el PAN, así como las de los gobiernos de los estados, con el propósito de evitar el uso de recursos públicos en la compra y coacción del voto el 1 de julio.

Ahí amplió también su visión sobre su proyecto económico. Dijo que en su go-bierno se generarían siete millones de empleos, y afirmó: “Vamos a bajar el precio de la luz, del diésel, a garantizar el derecho a la alimentación, a sentirnos seres humanos, a vivir felices, vamos a estar bien con nuestras conciencias”. También esbozó un plan al que daría prioridad en su gobierno: llevar internet a todo el territorio nacional, para garantizar el derecho a la información.

El 17 de junio, en su paso por Quintana Roo y Yucatán —ambos estados gober-nados por el PRI—, AMLO fue recibido por multitudes, ante las que hizo posicio- namientos importantes: convocó a quienes buscaban comprar el voto “con maletas de dinero” a que las guardaran y a que pasados los comicios las entregaran a alguna institución de beneficencia; dio las gracias, una vez más, al movimiento juvenil, y prometió hacer en seis años lo que tendría que hacer en 12, porque, afirmó: “no me voy a reelegir, no creo en la reelección. Me dicen algunos: ‘es que no va a alcanzar el tiempo’; no, sí va a alcanzar, porque no voy a trabajar ocho horas diarias, voy a traba-jar 16, 18 horas”.

El cierre en el centro del país fue en Querétaro, Querétaro, el 18 de junio. Ahí, en una Plaza de Armas repleta, López Obrador precisó que no se trataba de ganar una


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elección más, sino de llevar a cabo la cuarta transformación del país, el renacimiento económico, social y moral de la patria, para darle nueva vialidad a la nación.

Mientras, en el marco general rumbo al cierre de las campañas, unos días antes se había descubierto en Veracruz una bodega llena de despensas, porque la deses-peración del PRI era ya demasiada, y no dudaban en recurrir a sus viejos métodos de traficar con la pobreza de la gente con tal de evitar su derrota.

También, estaba en los medios el tema del reconocimiento de los resultados de la elección el 1 de julio: todos los días se especulaba sobre la decisión que tomaría AMLO “en caso de perder”, y él respondía cada vez que se lo preguntaban que estaba dispuesto a firmar cualquier documento que le pidiera el IFE, para garantizar eleccio-nes limpias y reconocer los resultados.

Nosotros insistíamos por la vía jurídica que dicho instituto revisara algunos asun-tos fundamentales para lograr la transparencia de las campañas, especialmente el control del dinero, sobre lo que de plano nada se estaba haciendo. A pesar de que exhibimos toda la documentación, se daban largas a la investigación del convenio de Peña Nieto por 56 millones de dólares con una publicista estadounidense. Y tam-poco se hacía ninguna indagación sobre las bodegas con despensas halladas en Veracruz.

Esto sin contar con el marcado favoritismo de ciertos medios de comunicación para apoyar al candidato del PRI. El IFE simplemente ignoraba las evidencias y las muchas quejas —y pruebas— que le presentábamos.

Así las cosas, el 19 de junio en Guanajuato, Guanajuato, bastión panista, López Obrador formuló un llamado a los maestros del país para que no participaran nue-vamente en el fraude electoral, como lo habían hecho en la pasada elección presi-dencial.

También habló del contubernio de algunos líderes y dirigentes panistas para hacer ganar a Peña a como diera lugar, como Vicente Fox, quien abiertamente se reunía y confabulaba con los promotores del priista. Y del operativo para el día 1, que se preparaba con todo cuidado mediante la distribución de tarjetas y prebendas en efectivo y en especie: mil pesos por voto en favor de Peña Nieto.

Como recurso preventivo ante tanto cinismo, López Obrador nos instruyó por esos días a hacer una última petición al IFE, que podría garantizar la libertad del sufragio: la prohibición, el 1 de julio, de ingresar a la cabina electoral con teléfono celular, ya que quienes pretendían la compra del voto, para asegurarse, estaban exi-giendo a los ciudadanos que presentaran como prueba la foto de la boleta cruzada en favor de Peña Nieto, diciendo que sólo así se les pagaría el dinero prometido.

Así lo hicimos: el 20 de junio solicitamos a los consejeros electorales establecer un programa para otorgar facultades a los funcionarios de casilla a fin de que se

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pudiera prohibir el ingreso a las mamparas de votación con cámaras fotográficas o teléfonos celulares.

La respuesta del IFE esta vez no tardó en llegar. Tan rápido como el día siguiente, el Consejo General determinó que no había sustento jurídico para impedir que los ciudadanos ingresaran con celulares a las cabinas de votación. Agregó que, en todo caso, no era necesario porque “no había ninguna posibilidad de un fraude electoral”.

Tal contestación, por cierto, corrió a cargo del consejero electoral Sergio García Ramírez, quien casi en tono burlón aseveró ese día:

[…] No tenemos sustento jurídico para prohibir la toma de fotografías o de registros de alguien que en la privacidad de la casilla, de la urna, desea tomar alguna fotografía o practicar alguna reflexión a cerca del sentido de su voto, no tenemos base jurídica, no podemos hacer cacheos, no podemos despojar a la gente que llega a votar de los objetos que trae consigo, no me refiero, por supuesto, a armas, me refiero a este otro tipo de adminículos [los celulares].16

16 IFE-Coordinación de Comunicación Social. (24 de septiembre de 2012). “Recibe Consejero Presi-dente Informe de la Unión Europea sobre el Proceso Electoral Federal 2011-2012”. Recuperado el 13 de octubre de 2012, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/k1do8w

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El 19 de junio de 2012 se llevó a cabo el primer debate presidencial en la histo-ria de México organizado por estudiantes, específicamente por el movimiento #YoSoy132. Asistieron los candidatos a la Presidencia de la República Josefina

Vázquez Mota, Gabriel Quadri y Andrés Manuel López Obrador. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, declinó acudir porque advirtió que no había condiciones neu-trales ni imparciales. Mediante una carta, agradeció la invitación de los jóvenes, pero lamentó que el movimiento hubiera tomado la decisión de expresarse en contra de él, y aseguró que “no le garantizaban condiciones de neutralidad y de imparcialidad”.17

Así que, sin la presencia del priista, se dio un interesante ejercicio de preguntas y respuestas, además de exposiciones, mucho más amplio y bien estructurado que los debates del IFE, con los candidatos Vázquez Mota, Quadri de la Torre y López Obrador.

El debate arrancó con mensajes de cada uno de los candidatos; los turnos de inter-vención fueron sorteados previamente. AMLO fue el primero en hacer uso de la pala-bra, y agradeció a los jóvenes y a su movimiento limpio, auténtico y crítico su aporte fundamental a la vida pública.

17 Cano, A. (12 de junio de 2012). “Ejercen jóvenes su derecho de réplica ante tres candidatos”. La Jornada , pág. 2.

7. El debate de #YoSoy132 y el cierre de la campaña


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Luego de que los otros dos candidatos hicieron lo propio, empezaron las pre-guntas y, lo inédito: las réplicas de muchachos y muchachas que, conectados frente a sus pantallas por internet, cuestionaron abiertamente y sin cortapisas a los candi-datos.

Andrés Manuel López Obrador aprovechó para alertar una vez más sobre los pla-nes de imponer al próximo presidente de México a través de la publicidad, con la mer-cadotecnia. Reiteró su propuesta de la democratización de los medios. También habló de la competencia, de la expansión de internet y de terminar con los monopolios.

Pero lo de fondo fue el debate por la apertura de Petróleos Mexicanos a la inver-sión privada, a favor de la cual se manifestaron Vázquez Mota y Quadri de la Torre, mientras que López Obrador reafirmó su posición: “La Constitución es muy clara. Lo que hay detrás es la ambición: ahora andan zopiloteando y se quieren quedar con el petróleo… Aun con la corrupción, aporta un billón de pesos a la hacienda pública; 10 grandes empresas pagan 15 veces menos que Pemex. ¿Qué quieren? ¿Terminar de destruir el país?” La candidata Vázquez Mota lo acusó de “no querer las reformas”, insistiendo en la guerra sucia con una frase que el PAN desgastó a fuerza de uso durante los últimos seis años: “Nos lleva al caos, a las deudas, a las crisis económi-cas… a ese México donde los niños tienen que salirse de las escuelas y se pierden las propiedades”.18

El IFE fue otro tema que llamó la atención de los jóvenes, pues mientras la can-didata panista y el abanderado del PANAL expresaron confianza en la institución, López Obrador se dijo partidario de cambiar la forma como se elige actualmente a las autoridades electorales para terminar con las cuotas partidistas.

El evento fue transmitido en vivo por la plataforma Hangout de Google+, y pudo verse desde cualquier parte del mundo, así como escucharse por las cadenas radio-fónicas Reactor 105.7, Ibero 90.9 y Radio Ciudadana, entre otras. Las cadenas de tele-visión cultural Once TV México, del IPN, y 22, del Conaculta, televisaron el debate el domingo 24 de junio. Hubo algunos problemas técnicos de transmisión, pero fue lo de menos. Lo de más ya estaba hecho: fue el primer ensayo de cómo influirán las redes sociales en las campañas del futuro inmediato.

Durante este tercer debate presidencial y después de él se realizaron en las redes algunos sondeos sobre las preferencias de los internautas. En la mayor parte, AMLO salía adelante.

∞18 Ibídem.

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Al día siguiente, 20 de junio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, AMLO ofreció impulsar una nueva política para frenar al crimen organizado, diametralmente opuesta de la que puso en marcha Felipe Calderón. Y poco después, en la Macroplaza de la ciudad de Monterrey, desbordada de simpatizantes y acompañado en el templete por em-presarios que le hicieron público su respaldo, AMLO se comprometió a encabezar un gobierno incluyente, a respetar todas las libertades y no afectar a nadie. A los empresarios les dijo que si él ganaba la Presidencia les iba a ir mejor que hasta ahora.

Además, hizo un llamado a los gobernadores del PRI para que renunciaran al fraude electoral que preparaban para llevar a Peña Nieto a Los Pinos, a costa de lo que fuera, y habló una vez más de la reunión organizada hacía unos 15 días en la casa del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, en la que Miguel Ángel Osorio Chong —actual secretario de Gobernación, y entonces integrante del equipo de campaña de Peña Nieto— les fijó cuotas de votos para el candidato.

La información de que disponíamos acerca de esa reunión era que Osorio Chong, haciéndose eco de la preocupación del equipo por el derrumbe de su candidato, pidió a los gobernadores 20 millones de votos para asegurar el “triunfo” el 1 de julio.

A eso nos enfrentábamos. Mientras los ciudadanos, cada vez más, manifestaban su adhesión espontánea a López Obrador, los del PRI, sabedores de su inminente de-rrota, ideaban fórmulas para comprar voluntades y votos, lo hacían descaradamente, y la autoridad electoral, olímpicamente, hacía como que no estaba pasando nada.

Por eso durante toda la campaña, y de hecho antes de su inicio, nuestra lucha fue en dos frentes: en el terreno electoral, acercándonos a la gente de manera directa, sorteando la estrategia mediática a favor del candidato del PRI con trabajo a ras de tierra; y en el terreno jurídico, tratando de enderezar un proceso viciado de antema-no, forzando al IFE a cumplir con su misión legal de asegurar unas elecciones limpias, libres y auténticas.

Ellos —me refiero a los del PRI— contaban con todo el aparato oficial. Con las televisoras, con los grandes diarios, incluso ya con parte del panismo y con el propio Felipe Calderón. Y de manera cada vez más evidente, con el árbitro electoral, con el IFE, que a cada recurso o queja nuestra respondía con evasivas o aplazando la solu-ción, siempre cubriéndole las espaldas a Peña.

Nosotros sólo teníamos a la gente, a los jóvenes, destacadamente; a todos aque-llos que querían un cambio verdadero, a los medios alternativos y a las redes sociales. En una democracia con eso hubiera bastado, pero se trataba de revertir el fraude y vigilar la jornada electoral lo más posible, lo cual imponía un doble reto.

Lo cierto es que iniciamos la batalla jurídica desde que arrancaron las precampa-ñas. Queríamos evitar la ilegalidad y la inequidad en la contienda. Y con ese objetivo, López Obrador envió su carta de fecha 8 de febrero de 2012, misma que los conse-


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jeros del IFE tardaron en responder más de tres meses, y sólo para eludir todas las peticiones formuladas.

En razón de eso, seguimos documentando la ignominia. El 26 de abril, por ejem-plo, junto con los representantes del Partido de la Revolución Democrática, de Mo-vimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, presentamos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral la Queja por violación al tope de gastos de campaña a cargo del C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República por la coalición electoral Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, mediante la cual solicitábamos medidas cau-telares para hacer cesar la conducta denunciada, mismas que de haberse adoptado como la ley dicta habrían asegurado el principio de equidad, y garantizado en su momento la validez de la elección de presidente de la República.

En dicha queja, radicada con el número de expediente Q-UFRP 22/2012, se en-tregaron evidencias que soportaban una estimación, aún conservadora, de que al 21 de abril de 2012 los priistas habían realizado un gasto de campaña que ascendía, por lo menos, a 374 millones 920 mil 338 pesos. El siguiente es el resumen de esos gastos que denunciamos:

Tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General del IFE

Gasto de campaña de Enrique Peña Nieto,

estimado al 21 de abril de 2012

Diferencia

$336’112,084.16 (trescientos treinta y seis millones ciento doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.)

$374’920,338.21 (trescientos setenta y cuatro millones novecientos veinte mil trescientos treinta y ocho pesos 21/100 M. N.)

$38’808,254.05 (treinta y ocho millones ochocientos ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 M. N.)

Hay que dejar en claro que las cifras anteriores abarcaban tan sólo los rubros de gas-to de campaña siguientes:

a) Gastos de propaganda. Consistían en mantas, volantes o pancartas, y pinta de bardas durante el periodo de las campañas electorales; renta de equipos de sonido, o locales para la realización de eventos, así como pro-paganda utilitaria y todos aquellos aplicados en anuncios espectaculares en la vía pública, salas de cine y páginas de internet, eventos en beneficio de los candidatos, y otros similares.

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b) Gastos operativos de campaña. Comprendían los sueldos y salarios del personal eventual, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, costes de transporte de material y personal, viáticos, logística de planea-ción de campaña y otros semejantes.

c) Gastos de propaganda. Incluían la difusión en diarios, revistas y otros me-dios impresos, tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus simila-res, tendientes a la obtención del voto.

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión. Abarcaban el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

No obstante, nuestra denuncia ni siquiera mereció respuesta del IFE, entonces, el 2 de mayo siguiente propusimos incorporar en la sesión extraordinaria del Consejo General de ese día un Proyecto de Acuerdo por el que se solicitaba iniciar de manera excepcional un procedimiento extraordinario de fiscalización a los gastos de cam-paña de la elección de presidente hechos por la coalición Compromiso por México, invocando para ello el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

En esa misma sesión, por unanimidad de los consejeros electorales, se deter-minó no aprobar dicho proyecto, por lo que el 7 de mayo de 2012, mediante oficio CEMM-383/12, el PRD hizo llegar un nuevo Proyecto de Acuerdo para la determina-ción de un procedimiento extraordinario de fiscalización no sólo para el PRI-PVEM, sino para todos los partidos políticos.

En respuesta a nuestra petición, el 16 de mayo, el Consejo General del IFE emitió un acuerdo por el que se aprobó un calendario de fiscalización extraordinaria gra-dual a las cuatro campañas presidenciales, según el cual la Unidad de Fiscalización escindía del Dictamen Consolidado y, consecuentemente en su momento, del pro-yecto de Resolución de Validez de la Elección Presidencial, lo relativo a los informes finales de campaña de la elección a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que presentara los proyectos, teniendo como límite el 30 de enero de 2013. Es decir, dejaba el camino franco para que, en caso de controversia en esos gastos, no se afectara el resultado que ellos ya estaban tramando, favorable a Peña.

El 5 de junio, los dirigentes del PRD y MC, Jesús Zambrano Grijalva y Ricardo Mejía Berdeja, y los representantes de los partidos de la coalición Movimiento Pro-gresista en el IFE presentaron una ampliación a la Queja por violación al tope de gastos de campaña a cargo del C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República por la coalición electoral Compromiso por México, integrada por el Partido Revoluciona-


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rio Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En esa ocasión incluso solicita-ron medidas cautelares para hacer cesar la conducta denunciada, a fin de preservar el principio de equidad y garantizar la validez de la elección presidencial, toda vez que se estimaba que al 2 de junio de 2012 la coalición Compromiso por México y su candidato Peña Nieto habían gastado 719 millones 500 mil 989 pesos, tan solo en propaganda y actos de campaña cuantificables.

Cabe señalar que el mismo el 5 de junio interpusimos un recurso de apelación ante la Secretaría Ejecutiva del IFE para impugnar la omisión de admisión, desahogo y sustanciación de la queja en cuestión, el cual fue desestimado una vez más, al dar cuenta de una serie de diligencias de investigación en la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-292/2012, el 20 de junio de 2012.

El 9 de junio, a través del representante del PRD ante el Consejo General del IFE, formalizamos una nueva queja en contra de Enrique Peña Nieto, el PRI, el Gobierno del Estado de México y el Grupo Televisa por adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, así como revistas, para la promoción personal velada del candidato presidencial priista mucho antes de las campañas.

En dicha queja se daba cuenta de que desde el 19 de enero de 2005 el PRI y Peña venían realizando contrataciones con el Grupo Televisa y empresas relacionadas para la estrategia de su campaña por la gubernatura del Estado de México; entre otras, con la compañía Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia, S. A. de C. V., y con Grupo TV Promo, especializada en marketing, que cuenta entre sus socios a Alejan-dro Quintero Íñiguez, vicepresidente de comercialización de Televisa.

Se daba cuenta también de que en octubre de 2005 se fraguó el plan de publi-cidad denominado “ENRIQUE PEÑA NIETO Presupuesto 2005-2006” , elaborado des-pués de que Peña tomara posesión como gobernador del Estado de México, y que fue concertado con Grupo Televisa. Incluía difusión en televisión y revistas propiedad de dicha agrupación empresarial, así como diseño de estrategia de comunicación: identificación gráfica, entrenamiento a voceros, asesoría, producción y espacios pu-blicitarios; asimismo, y en mayor proporción, propaganda encubierta en notas infor-mativas, reportajes, entrevistas, publirreportajes, infomerciales y programas. Había evidencias de que tal estrategia promocional operó durante los seis años en que el priista estuvo al frente del Ejecutivo mexiquense, e incluso fueron hechas públicas en su momento por la revista Proceso.19

El 26 de octubre de 2005, la compra encubierta de tiempo y menciones fue re-conocida por uno de los principales conductores de Televisa, Carlos Loret de Mola, quien al referirse a lo publicado por Proceso, admitió a su ex asistente Laura Barranco

19 Villamil, J. (2005). “Negocios ‘pantalla’”. Proceso (1512), pp. 6-11.

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—vía chat— la autenticidad del plan de publicidad y propaganda, así como las prác-ticas comerciales de difusión encubierta desde 2005.20

Otra evidencia que presentamos fue la factura número 1216, expedida el 10 de enero de 2012 por la empresa Astron publicidad, S. A. de C. V. a favor del Gobierno del Estado de México, por el concepto de comentarios de Joaquín López-Dóriga transmitidos dentro del “Noticiero con Joaquín López-Dóriga” y en el noticiario de Óscar Mario Beteta en Grupo Fórmula, por un importe de 1 millón 150 mil pesos.

En el expediente SCG/PE/PAN/CG/110/2010, se evidenció que durante el man-dato de Peña Nieto el Gobierno del Estado de México realizó contratos anuales con empresas concesionarias de televisión y radio por el concepto de “Publicidad y pro-paganda en medios de comunicación electrónicos, difundiendo información de mensajes y actividades gubernamentales”, que totalizaban 87 millones 678 mil 347 pesos, de los cuales, 60 millones 476 mil 347 pesos correspondían a Televisa.

Todo esto, además de diversas publicaciones de carácter biográfico, reflejaban los acuerdos comerciales de propagada encubierta entre Peña Nieto y Televisa, un exceso escandaloso y violatorio de la ley que incluso trascendió al plano internacio-nal gracias al periódico británico The Guardian, el cual el 8 de junio de 2012 publicó en su edición en español e inglés que Televisa había vendido cobertura a Enrique Peña Nieto, y dio fe de la autenticidad de diversos documentos filtrados desde 2005, relacionados con un plan promocional y de publicidad oculta en radio, televisión y revistas en el que se encontraban involucradas empresas relacionadas con el grupo Televisa y el Gobierno del Estado de México.21

Pero las pruebas no acababan ahí. Y no consistían sólo en dichos y rumores, sino que nos dimos a la tarea de documentarlo todo y presentarlo invariablemente a las instancias legales correspondientes. Así, el 15 de junio interpusimos la Queja por actividades de financiamiento encubierto a la campaña electoral del C. Enrique Peña Nieto, candidato al cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos por la coalición “Compromiso por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Parti-do Verde Ecologista de México.

20 Villamil, J. (2012). “...Y Televisa asume la defensa de Peña Nieto”. Proceso (1864), pp. 18-22.

21 No obstante, el 5 de febrero de 2013, The Guardian y Televisa emitieron un comunicado conjunto en el que el medio británico tuvo que tomar un poco de distancia de sus aseveraciones origina-les (no disculparse ni desdecirse, como muchos medios, incluido Televisa, lo señalaron), y afirmó: “no fue posible verificar la autenticidad de los documentos en cuestión […] The Guardian publicó estas acusaciones de buena fe, basadas en el material entregado por una fuente confidencial […] no tuvo la intención de sugerir que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo informativo por parte de Televisa”.

Fuente: Villamil, J. (12 de febrero de 2013). “Caso The Guardian: maniobra diplomática, no ‘disculpa’”. Recuperado el 13 de febrero de 2013, de Proceso.com.mx: http://www.proceso.com.mx/?p=333403


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Esta nueva queja incluía el testimonio de José Luis Ponce de Aquino, presidente de la empresa estadounidense Frontera Television Networks (FTN), y propietario de Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia, S. A. de C. V., en el que aportaba una serie de datos, como fechas, nombres y circunstancias que apuntaban a que los servicios de publici-dad que prestaba dicho testigo en los Estados Unidos de América, “fueron utilizados para encubrir la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros para la cam-paña de Enrique Peña Nieto, por un monto de 56 millones de dólares, de procedencia desconocida”, a partir de que fue contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S. A. de C. V., para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto en la nación norteamericana. Este proyecto se había estimado en 56 millones de dólares, dinero que, según Aquino, fue depositado en un solo día en una cuenta bancaria “en el Banco Monex, Banca Mifel en Virreyes” (Banco Monex cuenta con una sucursal en Paseo de la Reforma 284 y Banca Mifel, en Lomas de Virreyes, delegación Miguel Hidalgo).

Dicho testimonio se respaldaba en una demanda formal en la Corte de Distri-to Central de California, EUA, por fraude, incumplimiento de deber fiduciario, falso testimonio por negligencia, incumplimiento de contrato y desagravio por mandato judicial, radicada con el número EDCV12-920 VAP DTBx, acción hecha valer el 7 de junio de 2012 en los tribunales norteamericanos en contra de Alejandro Ramírez González, director del Consejo de Porcicultores Mexicanos, A. C.; Manuel Gascón; las compañías mexicanas GM Global Media, Jiramos y la sociedad civil Servicios Integra-les al Sector Agropecuario (SISA).

Asimismo, estuvieron involucrados en la denuncia Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S. A. de C. V., Hugo Vigues (empresario), Alfredo y José Carrillo Chontkowsky (empresarios), David López Gutiérrez (coordinador de Comunicación Social de Enrique Peña Nieto), Erwin Manuel Lino Zárate (secretario particular de Peña Nieto), Roberto Calleja Ortega (secretario de Prensa del Partido Revolucionario Institucional), Hugo Vigues y Luis Videgaray.

El testimonio de José Luis Ponce de Aquino, como se mencionó, hacía patente un presunto fraude que consistió en hacerle creer que sería contratado para desarrollar una campaña en espectaculares, revistas, radio, televisión e internet a favor de Enrique Peña Nieto en los Estados Unidos de América, por un monto de 56 millones de dólares. Sin embargo, los dimes y diretes entre el denunciante y sus abogados enturbiaron el proceso que, finalmente, quedó en el aire, dejando muchas preguntas sin responder.

Por si todo lo anterior fuera poco, el 20 de junio presentamos otra queja, ésta por actos de violencia física y su financiación, a cargo de militantes y/o personas vincula-das al PRI y sus candidatos en las elecciones federales y locales del Estado de México. En esta acusación se dio cuenta de una serie de agresiones físicas cometidas por

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priistas, gran parte de ellos integrantes de su estructura electoral o coordinadores de dicha estructura financiada para tal efecto.

Tales actos de violencia tuvieron lugar entre el 12 de mayo y el 15 de junio de 2012, pero destacó el ocurrido en el Estadio Azteca el 8 de junio durante el encuen-tro de futbol entre las selecciones nacionales de México y Guyana.

•Acarreo en el Estadio Azteca, y el “operativo Ágora”El movimiento #YoSoy132 convocó previamente, a través de las redes sociales, a una manifestación en contra del candidato Peña Nieto en el marco de dicho encuentro deportivo, y entonces, a su vez, miembros del PRI provenientes del Estado de México se organizaron para confrontarse con los jóvenes y estudiantes. Con tal fin, alrededor de las 18:00 horas arribaron al Estadio Azteca camiones rotulados con la propaganda de Enrique Peña Nieto y de los partidos que integraban la coalición Compromiso con México. Según cifras calculadas por diversos medios de comunicación y la jefatura delegacional de Coyoacán, al iniciar el citado encuentro deportivo había más de 400 autobuses que transportaron aproximadamente a 16 mil personas relacionadas con el PRI y el candidato Peña, acto de campaña cuyo costo total aproximado fue de 12 millones 739 mil 200 pesos, conforme a la siguiente relación de gastos:

GASTOS ESTADIO AZTECA

CONCEPTO MONTO UNITARIO MONTO TOTAL

Renta de 494 autobuses $1,500.00 $741,000.00

Costo de estacionamiento $300.00 $148,200.00

Compra de boletos de 21,500 asistentes $500.00 $10,750,000.00

Pago de 1,000 brigadistas y organizadores $10,000.00 $100,000.00

Pago de alimentos (20,000 box lunch) $25.00 $500,000.00

Camisetas (20,000) $25.00 $500,000.00

TOTAL $12,739,200.00

De manera inexplicable y vergonzosa, estas cantidades pasaron desapercibidas para el IFE, el cual, en su reporte de gastos de campaña, valuó el evento de aquel día en el Estadio Azteca en 4 millones 637 mil 671 pesos, de los cuales solamente 46 mil 845 le fueron contabilizados al candidato Peña.


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Todavía el 21 de junio interpusimos otra queja en contra de Enrique Peña y la coalición Compromiso por México por actos de presión y coacción a los electores. Denunciamos la entrega de tarjetas para llamadas telefónicas y de prepago para co-mercios, es decir, el ofrecimiento de “beneficios” de descuentos en establecimientos mercantiles, de otorgamiento de llamadas telefónicas gratuitas, y de descarga de canciones, como parte de la propaganda y campaña electoral del PRI y el Partido Verde, que claramente vulneraban el derecho al voto libre.

Incluso aún el 26 de junio presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que la misma solicitara al Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) iniciar una investigación de hechos por el operativo Ágora, a cargo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que tuvo por objeto el acarreo y la coacción del voto durante la jornada electoral del 1 de julio.

En el punto de acuerdo daba cuenta del pacto entre el SNTE —encabezado aún por Elba Esther Gordillo— y el candidato Peña Nieto, acuerdo que, según una denuncia publicada el 25 de junio, dio pie a un operativo llamado Ágora, para coac-cionar y acarrear 5 millones de votos a favor del candidato priista.22

Este operativo paraelectoral incluso consideraba a seis estados como prioritarios para la jornada de los comicios. En sus estrategias de inteligencia y comunicaciones, serían contactados más de 6 millones 768 mil 250 ciudadanos, de los cuales 3 mi-llones 434 mil 125 serían acarreados a las urnas mediante un ejército de 27 mil 473 activistas. Todo a un costo de 151 millones 277 mil 750 pesos.

Según el documento “Sistema digital de activismo y movilización alternativo. Ágora” del SNTE, la estrategia no sólo era para el “Día D”, como se identificaba al do-mingo de la votación, sino que ya estaba en marcha, pues acorde con el “calendario de ministraciones”, para el 25 de junio de 2012 se debieron haber pagado 42 millones 874 mil 187 pesos, además de los 43 millones 155 mil 188 que ya se habían erogado desde el 3 de junio y que en total sumaban 86 millones 29 mil 375 pesos por varios conceptos, que iban desde el desarrollo informático hasta los apoyos adicionales a las entidades de mayor importancia según su competitividad.23

De acuerdo con la publicación, el referido informe fue entregado por el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del sindicato, a cargo de Artemio Ortiz Hur-tado. La organización, que forma parte de la agrupación de maestros disidentes (la CNTE), advirtió que toda esta estrategia era “para operar en favor del candidato del

22 Avilés, K. (25 de junio de 2012). “Al descubierto, plan del SNTE para captar 5 millones de votos”. La Jornada , pág. 3.

23 SNTE. (8 de julio de 2012). “Sistema digital de Activismo y movilización Alternativo AGORA”. Recu-perado el 3 de septiembre de 2012, de el5antuario.org: http://goo.gl/znZob7

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PRI, Enrique Peña Nieto, y no del aspirante de Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre”. Según consta en el documento, el objetivo de Ágora era muy claro: construir el fraude desde antes de la fecha de la elección.

Cabe señalar que los seis estados considerados prioritarios por el operativo Ágo-ra, en función de su competitividad, eran Aguascalientes, Chiapas —donde Móni-ca Arriola, hija de Gordillo, era candidata al Senado por el PANAL—, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa —la tierra del yerno de la maestra, Fernando González Sánchez, quien también buscaba un escaño— y Tamaulipas.

El territorio que reportaba los más altos costos de movilización y el mayor nú-mero de contactados era el Estado de México, tierra del candidato priista, donde se operaría el acarreo de 477 mil 500 personas, habría 855 mil contactados y 3 mil 820 activistas en las secciones 17 y 36 del Valle de México, a un costo de 9 millones 72 mil 500 pesos.

Después seguía el Distrito Federal, con las secciones 9, 10 y 11, donde se movi-lizaría a 426 mil 500 personas, se contactaría a 853 mil y se contrataría a 3 mil 412 movilizadores. En tercer lugar, se encontraba Sinaloa, donde se gastarían 8 millones 172 mil 375 pesos para contactar a 880 mil 250 personas, y movilizar a 530 mil 125 ciudadanos y 3 mil 841 activistas.

Se refirió que este operativo constaba de un desarrollo informático de seis etapas. De ellas, entrarían en marcha antes del 1 de julio las siguientes: 1) inteligencia (planea-ción, organización, prioridades y metas); 2) levantamiento (brigadeo); 3) incorporación a base de datos de geocodificación, segmentación, reporte de cumplimiento de me-tas por activista, procesamiento; y 4) preparación de la movilización con listados por activista, ubicación de casillas y logística.

Asimismo, el día de los comicios, entrarían en operación las otras dos fases: 5) movilización: reportes de avances en tiempo real, vía teléfono celular, de la mo-vilización por activista, con agregaciones por municipio, distrito, estado y a escala nacional; y 6) cuarto de mando: contaría con tres puntos de ubicación para la toma de decisiones, con monitores que informarían el comportamiento de las casillas en tiempo real durante el “Día D”, y un call center. El subtema reportes incluía mapas temáticos electorales nacionales, estatales, municipales, distritales y seccionales, así como informes con las clasificaciones de las secciones electorales.

Los datos obtenidos de las encuestas tendrían los siguientes perfiles de votantes: sociodemográficos; identificación partidista; evaluación retrospectiva y expectativas ciu-dadanas; evaluación de autoridades, de candidatos y campañas, y agenda político-le-gislativa. Los 250 encuestadores enviarían su información recopilada vía mensaje SMS a un call center.


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En cuanto a operatividad, el documento “Sistema digital de activismo y movi-lización alternativo Ágora” apuntaba que habría tres puntos diferentes y cada uno contaría con un monitor 1. Resultados de Ágora; monitor 2. Tablero de control de la movilización a nivel estado, distrito y sección sindical; monitor 3. Resultados históri-cos de votación por estado, distrito, sección electoral y ubicación de casillas federa-les electorales, y monitor 4. Exit poll.24

Ése era el marco en el que concluían las campañas.

∞El 21 de junio, Andrés Manuel López Obrador encabezó dos mítines: uno en el puer-to de Veracruz y otro en Tlaxcala, en donde, a pesar de todo, se mostró optimista pues confiaba en que no funcionarían ni la reimplementación de la guerra sucia en su contra, ni el intento de coaccionar a los ciudadanos.

Creíamos en la gente, por eso teníamos confianza. El 22 de junio, ya en el último tramo de la campaña, AMLO estuvo en Cuernavaca,

Morelos, y en Acapulco, Guerrero, sitios en donde se hizo evidente el tamaño de la movilización popular que había logrado despertar, misma que se alistaba para cuidar la jornada electoral. Su empeño ahora era transmitir confianza, tranquilidad: “Éste va a ser un cambio tranquilo que va a convenir a todos —afirmó ese día—. Hay que decir a la gente que vamos a sacar al país de la crisis. Comunicarles que proponemos terminar con la corrupción en el país. Vamos a lograr el renacimiento moral de México”.

AMLO continuó con los cierres de la campaña, y el 23 de junio, en Tuxtla Gutié-rrez, Chiapas, convocó a los usuarios de internet a sumarse a la vigilancia de la elec-ción del 1 de julio, y denunciar cualquier intento priista de compra de votos. Y poco después, en Villahermosa, Tabasco, ríos humanos de simpatizantes desbordaron la zona de Tabasco 2000.

Al día siguiente tocó el turno a Guadalajara, Jalisco, en una Plaza Juárez desbor-dada por militantes y seguidores del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, principalmente. Ahí expresó: “Se trata de una guerra del dinero contra la dignidad. Y va a ganar la dignidad”. Y luego mostró paquetes de tarjetas de prepago de pro-paganda pro-Peña, de esas que los priistas estaban usando para comprar lealtades y conciencias, y que nos hacían llegar a montones los ciudadanos que las recibían pero se negaban a usarlas. Meses después, el IFE nos reprocharía eso, que no fueron

24 Avilés, óp. cit.

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usadas, porque, según ellos, ello acreditaba que no se consumó la compra de voto y, por tanto —tal era su lógica—, era imposible acreditar el fraude.

Aquel día AMLO también estuvo en Tepic, Nayarit, y ante miles de simpatizantes que colmaron la Avenida México llamó nuevamente a los ciudadanos a no vender su voto. Sugirió que aceptaran todo lo que les ofrecieran: animales, despensas, ma-teriales de construcción, vasos, tarjetas, etc., pero que a la hora de la hora votaran de acuerdo con su conciencia, por el cambio verdadero.

Después, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, llamó a dar el último estirón para ganar la Presidencia, y lanzó una nueva convocatoria a los ciudadanos: que cada uno convenciera a cinco personas más para que después de votar se que-daran en las casillas a cuidar los sufragios, a tomarle fotos a las sábanas con sus telé-fonos celulares y a que las enviaran a un centro de información que operaría durante aquella jornada, para que también ese día pudiéramos anunciar el triunfo.

Todavía en esas fechas, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, tuvo el cinismo de solapar las acciones del PRI, negando los alcances de la compra y coacción del voto, e incluso se dio el lujo de expresar que si estos fenómenos tuvie-ran lugar sería en cantidades tan insignificantes que, en consecuencia, su impacto sería marginal: “No veo que la Presidencia de la República, la mayoría del Congreso o la jefatura de Gobierno se decidan por una operación como ésa”, afirmó, concedien-do que esto podría darse, si acaso, en alguna alcaldía pequeña.25

Habíamos presentado una nueva queja, denunciando hechos de coacción del voto en varios estados, así como operaciones que involucraban 56 millones de dó-lares, pero el señor Valdés prefirió minimizarla, señalando que el comercio del voto tenía mucho de “mítico” —así lo describió él—, y agregó que lo cierto era que cuan-do el ciudadano llegaba a la casilla lo hacía solo, sin que alguien lo vigilara, y que podía expresarse con libertad. Es decir, ni siquiera se había hecho una investigación, pero el consejero presidente del IFE ya tenía su veredicto.

Ante este panorama estaban por terminar las campañas, pero aún había un sec-tor duro de mexicanos indecisos: al inicio del proceso llegaron a representar 25%, pero en el mes de junio constituían entre 11% y 17%. Atraerlos se había convertido en el eje de nuestra estrategia de cierre.

Ellos eran los ciudadanos que expresaban su deseo de votar, pero no sabían to-davía por quién lo harían. A última hora, podían optar por alguna de las siguientes tres opciones: no ir a las urnas, anular su voto o darle su confianza “al menos malo”.

25 Urrutia, A., & Martínez, F. (27 de junio de 2012). “Mítico, decir que se comercian los sufragios, consi-dera Valdés”. La Jornada , pág. 5.


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Un experimentado encuestador resumía así la importancia de este sector: “hay un porcentaje alto de preferencia encriptada”. Y daba un ejemplo: “si un ciudadano te dice que es muy seguro que sí votará, que califica mal o muy mal al gobierno de Felipe Calderón, que nunca votaría por el PRI, que está a favor de que las cosas cam-bien en el país, pero que todavía no decide a quién dará su voto: ese indeciso es en realidad un voto encriptado por López Obrador”. Y concluía con una observación: “dos terceras partes de los indecisos en mis muestras, así están, encriptados… Tie-nen que darles un empujoncito, para que terminen de digerir y abrir su preferencia”.26

Pues a ese empujoncito nos dedicamos los últimos días de la campaña.

•La Agenda ciudadana para salvar al país Para entonces, los Diálogos por la Regeneración de México, convocados conjunta-mente por MORENA y por la Fundación Equipo (Equidad y Progreso, A. C.), habían dado como resultado propuestas de 150 expertos, académicos y líderes sociales, dirigidas a la resolución de los grandes problemas nacionales, las cuales fueron inte-gradas en un volumen de 400 páginas que resumía la proposición integral de un go-bierno progresista para el sexenio 2012-2018 en torno a los siguientes temas: seguri-dad, estado de bienestar, medio ambiente, derechos indígenas, campo, corrupción, sexualidad, política exterior, ciencia, política energética, medios de comunicación, salud, economía, diversidad cultural, género, derechos humanos, política cultural y educación, entre otras.

A este cuerpo de iniciativas y propuestas se le denominó Agenda ciudadana para salvar al país, la cual también advertía sobre la urgencia de dotar de nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación; incrementar los derechos políticos mediante mecanismos de democracia directa, como la revocación de mandato, el referendo y el plebiscito; sentar las bases para instalar un estado de bienestar; descentralizar e impulsar la producción científica; separar la impartición de justicia de los poderes políticos; preparar al país para el salto digital y ordenar el espectro radioeléctrico; limitar los monopolios; valorar la diversidad cultural; garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad, y fortalecer la industria nacional.

La responsabilidad de presentar públicamente la Agenda les fue asignada a Jor-ge Eduardo Navarrete y a Víctor Suárez, eventuales secretario de Relaciones Exterio-res y de Agricultura, respectivamente, en el gabinete de López Obrador.

26 Monreal Ávila, R. (26 de junio de 2012). “’Manifiesto’ a los indecisos”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Milenio: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9151452

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•La desinformación a través de bots y cuentas falsasEn la campaña presidencial de 2012 también asomó un fenómeno que se irá gene-ralizando y habrá que identificar y denunciar a tiempo en los siguientes procesos electorales: los bots y las cuentas falsas para difundir información a favor o en contra de tal o cual candidato.

El Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios A.C. (OMCIM), dio seguimien-to puntual a esta practica fraudulenta. En su “Segundo Informe OMCIM: políticos que desinforman a través de cuentas falsas” (con fecha de cierre 26 de junio de 2012), reportaba lo siguiente:

Resumen Ejecutivo• Las redes sociales en la campaña 2012 en México fueron espacios de intenso

debate político que propició un mayor interés y participación ciudadana pero también fue utilizado por algunos estrategas para generar diversos tipos de dis-torsión en el flujo natural de la conversación.

• Académicos y activistas del PAN y el PRD acusaron al PRI de utilizar bots (cuentas automatizadas) para alterar los temas de conversación. Voceros del PRI lo nega-ron, señalando que consideran los bots como un recurso inútil.

• Este estudio de OMCIM destaca una forma más sofisticada de alterar la conver-sación: La creación de cuentas falsas de comunicadores y medios informativos (perfiles apócrifos o perfiles paródicos) que se utilizan para generar rumores o atacar y/o amenazar a adversarios.

• La campaña anti-EPN alimentada por esa vía logró que las cuentas de segui-dores de AMLO y JVM, así como las cuentas de Twitter de políticos del PAN y Morena se involucraran en dichas estrategias de desinformación y linchamiento mediático.

• Entre las cuentas de políticos y estrategas panistas que difundieron información falsa están Roberto Gil, Agustín Torres, Xóchitl Gálvez, Cocoa Calderón y Antonio Sola.

• Entre los políticos pro-AMLO que difundieron información de cuentas falsas es-tuvieron Mario Delgado, Mario Di Constanzo, Martha Tagle, Pablo Hernández y Epigmenio Ibarra.

• En la campaña anti-AMLO participaron cuentas anónimas y de suplantación de identidad, como la de Denisse Dresser. El único político que se detectó que la retuiteara fue un funcionario del PRI.

El reporte de OMCIM expone un ejemplo de cómo operaron estas cuentas falsas en el caso de medios y comunicadores notables, sugiriendo al PAN y a panistas como el origen de las mismas.


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[…] La estrategia más visible es la de las cuentas paródicas @milenionoticia, @1ronoticias, @brozotv. La tendencia predominante es a agredir y ridiculizar a EPN y sus simpatizantes. Se utilizan también para ridiculizar a los propios me-dios que parodian y a otros comunicadores. Estas cuentas se retuitean entre sí para dar visibilidad al tema que desean. Ocasionalmente apoyan a Josefina Vázquez Mota citando encuestas apócrifas que la favorezcan. Sus tuits falsos los mezclan con links a notas reales de los sitios que parodian.

Caso especial es la cuenta apócrifa del @IFEMexico porque no tiene tweets a favor de algún candidato pero las encuestas que publica generalmente fa-vorecen a Josefina Vázquez Mota. A diferencia de las cuentas paródicas (que advierten de su naturaleza) la cuenta falsa del IFE es claramente una suplanta-ción de identidad.

La cuenta @MarioJMolina (actualmente suspendida) tuvo el propósito de difundir información relativa a que declinaba la invitación que le hizo Josefina Vázquez Mota para integrarse a su gabinete en caso de resultar triunfadora.

La cuenta apócrifa @DenisseDresserg tuitea en contra de AMLO (sin tui-tear expresamente a favor de algún otro candidato). Denise Dresser ha inten-tado que sus seguidores la bloqueen reportándola como spam, pero la cuenta vuelve a aparecer. Fue reportada como bot el 16 de junio, pero el 26 de junio (fecha de este reporte) estaba activa, con su ofensiva anti AMLO.

Las cuentas han sido retomadas por diversos actores políticos, comunica-dores y usuarios en general.

Durante este proceso detectamos también las cuentas: aristeguicnn (ac-tualmente suspendida) @cirogomezieiva (suspendida)

Hay otros personajes en twitter que han retuiteado a estas cuentas apócri-fas y/o paródicas, pero que al saber que no son las cuentas reales han alertado a su timeline sobre la situación, por lo que no las incluimos en este análisis.

Las cuentas apócrifas: @brozotv, @IFEMexico, @milenionoticia y @1rono-ticias, @marioJMolina, @cirogomezieiva, @Denissederesserg y aristeguicnn @felipecaldreon y @wereevertumorro entre el 1º de abril y el 24 de junio suman: 71,789 menciones.

[…]27

Lejos de demeritar a las redes sociales, estas prácticas fraudulentas y engañosas sólo vinieron a ratificar la importancia estratégica que este medio emergente de comuni-cación alcanzó en la pasada contienda electoral.

∞27 OMCIM. (26 de junio de 2012). “Segundo informe OMCIM: Políticos que desinforman a través de

cuentas falsas”. Recuperado el 2 de agosto de 2013, de OMCIM: http://goo.gl/UILygY

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De este modo llegamos al día del gran cierre, al miércoles 27 de junio, con una enor-me marcha desde el Ángel de la Independencia, por todo Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Fue un día de fiesta. Era mucho el entusiasmo popular por ver a AMLO candidato y llegar al mitin en la Plaza de la Constitución, aunque lo más notable, la diferencia, la marcó la presencia de muchos jóvenes que se inauguraban en las lides de llenar el Zócalo, pero también en las de votar en las urnas, lo cual, para la mayoría de ellos, ocurriría por primera vez.

Al caminar sobre Paseo de la Reforma, la columna crecía y, el andar era cada vez más lento. Más y más gente se iba sumando a ella, hasta que de plano el avance se hizo materialmente imposible cuando llegamos a la Avenida Juárez. Era tal la mul-titud, que AMLO tuvo que apartarse de la marcha y recorrer el último tramo en el Metro. Habían pasado ya casi dos horas desde que la caminata había iniciado, y lo que se encontró, cuando finalmente llegó, fue un Zócalo repleto, desbordado hasta las avenidas 20 de Noviembre y 5 de Mayo, así como 16 de Septiembre, Tacuba, Fran-cisco I. Madero y José María Izazaga.

Los miles de asistentes al mitin escucharon atentos el discurso de López Obra-dor, en el que resumió su propuesta de gobierno y en el que ofreció, entre otros asuntos, que no expropiaría Televisa, que garantizaría la libertad de expresión y ma-nifestación, que no habría censura y que nadie sería perseguido por su manera de pensar, que estaría resguardado plenamente el derecho a disentir y que se haría valer el derecho a la información.

Además, prometió que mediante la fibra óptica se llevaría internet al más apar-tado rincón del país; que se terminaría con la manipulación de quienes actualmente controlan casi la totalidad de los medios de comunicación.

Aseguró que no habría guerra ni muertes y que se respetarían los derechos hu-manos; que se mejoraría la calidad de la enseñanza para que al final del sexenio por lo menos seis de cada 10 jóvenes estuvieran inscritos en el nivel superior.

Al finalizar su mensaje de cierre de campaña, AMLO reconoció el vínculo que lo ha unido con los ciudadanos que le han sido fieles y que lo han seguido contra viento y marea durante los últimos años:

No voy a traicionar al pueblo de México, estoy muy consciente de mi respon-sabilidad histórica. No es sólo un asunto político; esto tiene que ver mucho con los afectos. Sería una canallada fallarles, traicionarlos. Eso no lo voy a hacer nunca. Ustedes me han dado su apoyo, su respaldo, hasta en los momentos más difíciles. Les digo que así como ustedes me quieren, así los quiero yo. No es una relación utilitaria, fría, de conveniencia entre un político, un dirigente y el pueblo. Lo nuestro es distinto. Aquí recuerdo y así respondo lo que decía José Martí cuando tituló una obra para teatro: Amor con amor se paga.


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Pero no fue ése el último acto formal de la campaña. Fue el 28 de junio. Aquel día, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República firmaron el tan llevado y traído “Pacto por la civilidad política”, por el cual se comprometían a respetar las decisiones que emitieran las autoridades electorales, fuera cual fuera el resultado de los comi-cios.

El documento incluía “un enérgico rechazo al uso de recursos públicos y progra-mas sociales para coaccionar el voto”, y señalaba que éste debía ser libre y secreto, pero nadie hablaba de ello sino de que la sustitución pacífica de los poderes Ejecu-tivo y Legislativo, por la vía de las urnas, era “exigencia de todos los mexicanos”. Una especie de conjuro para “amarrar” a Andrés Manuel López Obrador y que no repitiera el plantón de 2006.28

Antes que éste, los aspirantes aceptaron otro pacto, uno de silencio, para poder estar presentes en la ceremonia. Las condicionantes de la veda electoral (que abar-caba del 28 al 30 de junio) obligaban a que ninguno hablara.

Gracias a esta disposición, sólo hicieron uso de la palabra los promotores del acuerdo: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —representado por Gerardo Gu-tiérrez Candiani— y el propio presidente del IFE, quienes no se cansaron de hacer arengas sobre la democracia y la paz social.

Curiosamente, el CCE fue señalado en 2006 por el Tribunal Electoral del Poder Ju-dicial de la Federación por haber violentado la legislación, al promover propaganda contra un candidato presidencial.

En este contexto, ese mismo día presentamos otra queja en contra de Enrique Peña Nieto, candidato a presidente de la República, María Elena Barrera Tapia, candi-data al Senado por el Estado de México, y la coalición Compromiso por México, por actos de presión y coacción de naturaleza económica a los electores.

En dicha queja, que se tramitó con el número de expediente Q-UFRPP 61/12, se daba cuenta de una videograbación en la que aparecía la candidata Barrera Tapia en el Salón Atenas, ubicado en Valle de Chalco, Estado de México, reunida con un grupo de personas (se dijo, integrado por ministras de la iglesia católica) a quienes, como forma de promocionar el voto a favor del PRI, entregó tarjetas de prepago de la tienda departamental Soriana, con el logo de la CTM. Para comprobarlo, adjuntamos 1,950 de esas tarjetas plásticas.

En tal entorno llegamos al día de la elección, en medio de oscuros vaticinios de compra de votos y de un dudoso desempeño del árbitro responsable de contarlos.

28 Redacción AN. (29 de junio de 2012). “Texto íntegro del Pacto de Civilidad firmado por los candida-tos”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de Aristegui Noticias: http://goo.gl/Ge0Whk

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Salíamos de Chilpancingo rumbo a Cuernavaca. Era la etapa de cierre de la cam-paña y la camioneta blanca se disponía a devorar los 197 kilómetros de distan-cia entre zócalo y zócalo.

Sólo dos pasajeros. Yo al volante. El candidato, de copiloto. Más adelante, un tra-mo de la Autopista del Sol en permanente reparación nos obliga a bajar la velocidad. “Siempre está así. Es la autopista de la corrupción, de la transa. Entró a la panza del Fobaproa y es un hoyo negro. Con lo que en 20 años se le ha metido en reparaciones ya se hubieran construido otras dos autopistas”, me dijo.

Le confié entonces mi interrogante. Una pregunta que siempre me hice desde que lo conocí, y que creció a lo largo de los años de tratarlo directamente:

—¿Qué te motiva a buscar la Presidencia de México? Yo conozco gente que anda en esto de la política por fines muy específicos: unos buscan riquezas, otros buscan prestigio social, otros quieren dominar y mandar al prójimo, ejer-cer la redondez del poder que describía López Portillo… Pero a ti no te veo ninguno de esos resortes… ¿Qué esperas después de ser Presidente de Mé-xico?

—No me considero un político ambicioso ni vulgar. No busco riquezas ni estatus ni doblegar a nadie. Busco el cambio verdadero del país, porque me

“Sirvió a la patria”


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duele cómo se está desmoronando, y no puedo quedarme cruzado de brazos. La descomposición del país es muy grande, y el origen es la corrupción. La voracidad de la oligarquía económica y política no tiene límites. Y para lograr el cambio verdadero, la Presidencia es el medio, no el fin… Si lo logro, lo único que espero es que digan de mí: “sirvió a la patria”. Eso es todo. Y más temprano que tarde lo vamos a lograr.

Así me respondió. Y continuamos nuestro camino.

II. La defensa del voto

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El 27 de junio concluyó el plazo legal para el desarrollo de las campañas. En ellas, y aun mucho antes, los electores se vieron sometidos a la presión e influjo de los medios de comunicación, particularmente del Grupo Televisa, que controla 70%

de la audiencia en nuestro país.Durante los seis años anteriores a 2012, Televisa presentó de manera reiterada

opiniones partidistas como si fueran hechos noticiosos, así como descalificaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador; también hizo promoción positiva de Enrique Peña Nieto. Asimismo, informó de resultados “contundentes” de encuestas favorables al candidato priista, los cuales finalmente se comprobó que no obedecían a la realidad, y así tuvieron que reconocerlo incluso sus propios promotores.

A lo largo de toda la campaña electoral y hasta el día 28 de junio, Grupo Milenio, a través de sus programas de televisión y de su periódico, ejerció presión sobre los votantes al publicar todos los días supuestos resultados de encuestas o estudios de opinión efectuados cada cuatro días, mediante los cuales se permeó de manera per-manente y sistemática que Peña Nieto, irremediablemente, sería electo presidente de México (siempre se mostró un presunta intención de voto de más de 20 puntos porcentuales, en promedio), lo cual fue una clara propaganda a favor de dicho can-didato y de la coalición que lo postuló.

8. El golpe de Estado mediático del 1 de julio


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La utilización de supuestas encuestas como forma de promoción del voto, es de-cir, como propaganda electoral, es un tema ampliamente discutido y documentado. Inclusive fue un tópico planteado por la consejera electoral María Marván Laborde en una entrevista transmitida por televisión en esos días, pero formalmente el IFE no hizo nada al respecto.

Además de lo anterior, a pesar de las aparentemente muy estrictas restricciones legales, volvió a emprenderse una guerra sucia mediática, fundamentalmente con-tra López Obrador, en la que tanto el PRI como el PAN difundieron spots claramen-te calumniosos y ofensivos, amén de las diversas declaraciones hechas por actores políticos, como el propio presidente de la República, el secretario de Hacienda y la candidata presidencial panista, sin que la autoridad electoral lo evitara, como era su obligación.

Muy por el contrario, el consejero presidente del IFE se atrevió a concluir que no se veía la posibilidad de que hubiera alguna anomalía en la elección y, a pregunta expresa de los reporteros, señaló el 6 de junio, entre otras afirmaciones: “Nosotros no podemos impedir la crítica dura, la campaña de confrontación”.

Fue más allá, y rechazó de plano la menor posibilidad de que se pudiera come-ter fraude electoral, desvirtuando así las denuncias que hacíamos y la preocupación que al respecto había externado Andrés Manuel López Obrador; incluso se atrevió a afirmar lo que esperaba de los candidatos (ya sabemos a cuál en específico): “[…] que los actores políticos estén a la altura de aceptar, si es que no ganan el veredicto de las urnas, su derrota para que en su caso podamos hacer una transición pacífica en el país”.29

El 1 de julio de 2012 se realizaron, pues, los comicios para elegir presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y senadores y diputados del Congreso de la Unión. Aún no había concluido la jornada electoral, cuando el PRI y sus aliados ejercieron de manera sistemática una serie de actos de presión y coacción a los electores, promo-viendo el voto a su favor por medio de llamadas telefónicas y mensajes a teléfonos celulares a través de centros telefónicos. Estas acciones fueron denunciadas en su momento ante los Consejos Distritales y el propio Consejo General del IFE.

Pero la verdad es que ésos no fueron hechos aislados: como hemos referido ya, otra forma de coerción a los votantes emprendida antes y después de la jornada electoral por la coalición Compromiso por México (PRI y el PVEM) fue distribuir entre la población —a través de sus candidatos y promotores del voto— tarjetas precar-

29 Escobedo, M. (6 de junio de 2012). “Responde IFE a AMLO”. Recuperado el 4 de septiembre de 2012, de W Radio: http://goo.gl/WRZdvK

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gadas o de otra naturaleza con “dinero electrónico” de Banco Monex y de la tienda departamental Soriana.

•Monexgate, Sorianagate y ScotiagateEn el Monexgate y el Sorianagate se vieron involucrados no decenas, sino cente- nas de millones de pesos de origen dudoso, mediante la utilización de tarjetas elec- trónicas de prepago, a través de empresas fantasma, absolutamente al margen del financiamiento legal y restrictivo autorizado por el IFE, y que rebasaba por lo menos 10 veces el tope legal de gastos de la campaña presidencial. Todo ese dinero, para comprar el voto y el cargo de la Presidencia de la República.30

No obstante, ni el Instituto Federal Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vieron algo anormal o ilegal en el financiamiento paralelo del Monexgate y del Sorianagate. Para las autoridades electorales, la compra del voto y del principal cargo político en el país habría sido un invento, una imaginación, una calumnia o un “mito genial”.

Pocos meses después, la unidad de fiscalización del IFE, al dar a conocer los re-sultados de sus auditorías a las campañas presidenciales, informaría que uno de los candidatos sí había rebasado con creces los topes legales; que, en efecto, hubo un aspirante que gastó notoriamente más de lo permitido y por lo cual se castigaría con una multa ejemplar a los partidos que lo habían postulado. Ese candidato había sido AMLO, el de la campaña a ras de tierra, el que nunca rentó o utilizó un jet o un helicóptero privado, el que dormía en hoteles tres estrellas, el de la campaña más austera y auditada casi en línea… La confianza y credibilidad del IFE tocaban fondo.

La mayor parte de los funcionarios que conocieron de los movimientos financie-ros del Monexgate y del Sorianagate, y que tuvieron acceso a ellos, fueron premiados. José Antonio Meade, de secretario de Hacienda y Crédito Público pasó a secretario de Relaciones Exteriores. Jesús Murillo Karam, de coordinador de la defensa jurídica del voto de la campaña presidencial priista pasó a la Procuraduría General de la Re-pública. Marisela Morales, de la PGR pasó al consulado de México en Milán. Y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de administrador general del SAT (dependencia que debió se-guir la huella del origen y destino del dinero ilegal de la campaña) pasó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un salto inusual de la administración pública federal a la judicatura, es decir, de parte a juez.

30 Ver Anexo 4: Denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refe-rente a la elección presidencial de 2012.


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Una tarde de junio recibí un recado por escrito en mi oficina particular de la calle General Prim: “Revise por favor con detenimiento esta factura. Hay muchas más de éstas. Me gustaría comentarlo directamente con usted”. Era la primera de una vein-tena de facturas del caso Monexgate. Pregunté si la persona se encontraba aún en la recepción. Ya se había retirado, pero dejó un teléfono de contacto.

Al día siguiente lo conocí. Era un joven recién egresado de una universidad pri-vada que laboraba en Monex. Me dijo que no militaba en ningún partido y que no creía en los políticos, pero consideraba que AMLO era diferente.

Aseguró que los documentos que me mostraba eran “una muestra” de que, en efecto, el PRI estaba metiendo mucho dinero a su campaña. Le pregunté por la autenticidad de los mismos, y me dio pormenores de cómo los había obtenido en compañía de otros dos compañeros de su trabajo. Me indicó también que la mayor parte de los monederos electrónicos se estaban distribuyendo en Hidalgo, Jalisco, Tabasco y Guanajuato, y me hizo entrega de una carpeta con 37 facturas y tres listados del Grupo Financiero Monex que sumaban 240 millones de pesos bajo el concepto “recompensas corporativo cargas de saldo prepago”. Esos 240 millones de pesos se dispersaron en 75 mil monederos electrónicos, sin nombre y sin firma.

Después, el joven me confesaría algo: “Yo pertenezco a la red de Anonymous, pensábamos subirlos a la red y promover un ataque masivo al portal de Monex, pero consideramos que les podía servir más ustedes. No se trata únicamente de denunciar ni de hacer escándalo en medios, sino de parar esto”, añadió en tono preocupado.

Faltaba sólo un paso más: validar la autenticidad de las facturas electrónicas emitidas. Que no fuera una celada o una coartada, como la de “El Charolazo de Las Lomas”. Enviamos una muestra de tres documentos a un experto de confianza en generación de facturas electrónicas. Certificó su legitimidad. Procedimos entonces a difundirlas en uno de los últimos debates convocados por Carmen Aristegui en su noticiario de radio en MVS, con los coordinadores de campaña. Su equipo de inves-tigación, por iniciativa propia, realizaría la pesquisa periodística mediante la cual se detectó el entramado de empresas fantasma o de fachada que darían cobertura a esta triangulación millonaria para la campaña del PRI (Efra, Inizzio y Atama). Lo mis-mo harían la revista Proceso y el diario Reforma.

Después de la elección presidencial, dos nuevas evidencias de financiamiento irregular se harían públicas: las tarjetas de regalo de Soriana (para compra de des-pensas y artículos para el hogar) y una serie de transferencias millonarias de una cuenta de la tesorería del Gobierno del Estado de México a una cuenta personal del coordinador de la campaña del PRI, Luis Videgaray, en Scotiabank. Serían los casos Sorianagate y Scotiagate.

LA LARGA TRAVESÍA

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Al día siguiente de la elección, el lunes 2 de julio de 2012, cientos de personas se presentaron en la tienda Soriana de la Calzada Ignacio Zaragoza de la colonia Juan Escutia, en la Ciudad de México, para cambiar sus monederos electrónicos por ali-mentos y enseres domésticos. Hubo compras de pánico y en tres horas vaciaron los anaqueles. ¿La causa? Los representantes y operadores del PRI en la zona les dijeron que si no hacían válidos sus monederos de Soriana, las tarjetas se quedarían en ceros al día siguiente. Éstas les habían sido entregadas a cambio de votar por el PRI, según el testimonio de los beneficiarios.

Muchas de esas tarjetas provenían de los programas de desarrollo social del Go-bierno del Estado de México, y otras habían sido entregadas por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dentro del programa de apoyo a la economía fa-miliar de esa central obrera. Un total de 4 millones de tarjetas se habrían fondeado y distribuido bajo ese esquema en diversos puntos del territorio nacional, aunque de manera destacada en el Estado de México, la entidad con el mayor padrón electoral del país. Al menos 400 millones de pesos se habrían repartido de esta forma.

Por otro lado, el Scotiagate consistió en la difusión de estados de cuenta del banco Scotiabank, desde donde se habrían transferido en cinco meses (de febrero a junio de 2012), 8 mil 681 millones 734 mil 25 pesos, en periodos de precampaña y campaña electoral. Se hacían depósitos a una cuenta de Bancomer que a su vez transfería los recursos a la cuenta 038008006935 del banco Scotiabank, a nombre de Luis Videgaray Caso. Lo increíble era que este mismo número de cuenta pertenecía también al Gobierno del Estado de México y correspondía igualmente a una cuenta de la campaña presidencial de Peña Nieto. Una misma cuenta con tres titulares.

La difusión de esta información motivó una demanda en mi contra por difama-ción, de parte del Gobierno del Estado de México, ya que —se arguyó— los docu-mentos presentados, entre ellos un SPEI por 50 millones de pesos, eran apócrifos. Posteriormente, el banco Scotiabank reconocería que dicho SPEI era auténtico, sólo que había un “error” en el destinatario.

Pero no fue la única represalia. El mismo fin de semana en que presenté los documentos de Scotiabank, mis hijos que estudian en Guadalajara sufrieron persecución y acoso por parte de dos camionetas con desconocidos. Y dos días después, mi cuenta personal en banco Santander fue bloqueada. El gerente de la sucursal me in-formaría que estaba siendo investigada por “presunto lavado de dinero”, de acuerdo con la información dada por sus superiores. Le comenté que entonces habría que investigar a la Cámara de Senadores por delincuencia organizada, ya que era la única fuente de los depósitos registrados en esa cuenta. Una semana después fue liberada.

Una y otra vez el PRI negó la existencia de cualquier financiamiento paralelo o diferente del público. Sin embargo, ante las evidencias contundentes, terminó acep-


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tando (especialmente el caso de los monederos de Monex), con el argumento de que formaba parte de su gasto ordinario, no de su gasto de campaña. Argumento falaz, porque en periodos electorales el gasto ordinario forma parte del gasto de campaña.

No obstante, el origen del dinero siguió y sigue sin aclararse. No provenía de financiamiento público, y rebasaba con creces el límite de las aportaciones privadas permitidas. Vendría después la operación de maquillaje y ajuste emprendida por la unidad de fiscalización del IFE. Ante la imposibilidad de ocultar al elefante financiero, dicha unidad concluyó que el PRI sí gastó dinero de más en la campaña electoral federal, pero sólo en la de sus candidatos a diputados y senadores, y no en la del can-didato presidencial, quien habría sido tan escrupuloso en sus gastos que se quedó a unos cuantos pesos y centavos de rebasar el tope de campaña.

∞Otras de las estrategias fraudulentas implementadas durante las pasadas elecciones presidenciales fueron el acarreo de votantes, la presencia exagerada y atemorizante de “representantes” del candidato Peña Nieto en las casillas, y un elemento adicional novedoso para “garantizar” el voto por el priista: los niños que “vigilaban” que el elector efectivamente cruzara su boleta en favor del partido tricolor: los llamados halconcitos.

El descaro de los miembros del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en la compra del voto enardeció a muchos ciudadanos, quienes no sólo rechazaron las prácticas tramposas, sino que las denunciaron, utili-zando para ello, en especial, las redes sociales de internet.

Las pruebas del fraude menudearon, y poco a poco, al paso de los días, fuimos recibiendo en las oficinas de campaña, una a una, todas las evidencias del atraco: más tarjetas, cheques y utilitarios (como cilindros para agua, bolsas de mandado; desde luego, celulares, y hasta estufas y animales: cerdos, gallinas, borregos), ofreci-dos por los priistas a cambio del voto por Peña.

•La farsa se consumaLa imposición del priista se pudo consumar gracias a muchos otros factores que se conjugaron para impedir la democracia, entre los cuales destacan las diversas irregu-laridades y omisiones en que incurrió la autoridad electoral durante la jornada.

LA LARGA TRAVESÍA

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Para empezar, el golpe de Estado mediático que no sólo fue tolerado, sino fomen-tado por el IFE, consistente en que a partir de las 20:00 horas del 1 de julio las televi-soras comerciales difundieron sus conteos de salida amañados, en los que otorgaban 11 puntos de ventaja a Peña Nieto, lo cual dio pie a que los locutores proclamaran el triunfo del priista por tal margen de puntos. Esto, que creó confusión, fue reforzado por el consejero presidente del IFE, quien al dar a conocer sus propias proyecciones ya no pudo sostener lo de los 11 puntos de diferencia, sino que los redujo a 7; no obstante, emitió esta declaración cuando todavía no se había computado ni el 8% de las casillas.

Precisamente, tomando como base las declaraciones de Leonardo Valdés Zurita, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, aceptaron públicamente su derrota, y Felipe Calderón reconoció abiertamente a Peña Nieto como “quien encabezará el Poder Ejecutivo”,31 mientras que los locutores de radio y televisión difundían, festivos, que el candidato de la coalición Compromiso por México era el nuevo presidente de la nación. Todo esto, a pesar de aún no estar agotado el término legal de la calificación de la elección, como señala el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apenas empezaba nuestra batalla jurídica para evidenciar el nuevo fraude, y el 3 de julio la organización especializada en observación electoral Alianza Cívica dio a conocer mediante un boletín de prensa su punto de vista acerca de los resultados de la jornada de los comicios. Eran demoledores. Sostenía:

• El dinero de las campañas políticas es determinante en los resultados electorales.

• Alianza Cívica observó la calidad de la jornada electoral en 21 estados con más de 500 observadores electorales acreditados ante el IFE.

• El Estado de México, Jalisco, Coahuila, Jalisco, Puebla y Yucatán son los estados donde se presentan las mayores irregularidades.

• En 21% de las casillas existen reportes [de] violación al voto secreto.• 18% de los ciudadanos encuestados fueron presionados para ir a votar.32

Y como si nada de lo señalado hubiera tenido lugar, el 5 de julio concluyó el cómpu-to de ley, y el Consejo General del IFE reiteró lo que cantaron las “encuestas de salida” cuatro días antes: que el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique

31 CNN México. (2 de julio de 2012). “El presidente Calderón expresa ‘sincera felicitación’ a Peña Nieto”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de CNN México: http://goo.gl/TA9vOY

32 Alianza Cívica. (3 de julio de 2012). “Boletín de Prensa”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de Alian-za Cívica: http://goo.gl/kzLB2f


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Peña Nieto, había obtenido 19 millones 219 mil 919 sufragios, que representaban 38.21% de la votación emitida, y se subrayó que esta cifra era consistente con el conteo rápido efectuado el día de la elección y con el Programa de Resultados Elec-torales Preliminares (PREP), pero se hizo caso omiso de la infinidad de quejas sobre apertura de paquetes y alteración de actas.

Según este “conteo”, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista, alcanzó 31.59% de los votos en la elección (en total, 15 mi-llones 891 mil 107). La candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, quedó en tercer sitio, con 25.41% de la participación (12 millones 644 mil 844 votos), y el abanderado de Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, obtuvo 2.29% de los sufragios (1 millón 135 mil 465).

Pero en ningún momento la autoridad electoral brindó alguna explicación res-pecto a las inconsistencias que se presentaron durante la jornada y el conteo, que saltaron a los medios nacionales e incluso extranjeros. Igualmente, eludió aclarar, o bien, lo hizo con argumentos engañosos y poco claros, cuál fue el número de ciu-dadanos que conformó la lista nominal de electores durante el proceso 2011-2012, dato elemental, fundamental, que terminó de evidenciar la falta de certeza con que se condujo el IFE.

Al respecto, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de fecha 24 de mayo de 2012, por el que se declara que “el Padrón Electoral y los listados nominales de electores que serán utilizados en la Jornada Electoral del 1 de julio del 2012, son válidos y definitivos”, y que la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero “es válida”, consigna que el número de ciudadanos “que podrán emitir su voto en la Jornada Electoral del 1 de julio de 2012” es de “79,454,802” (setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos dos), refiriendo además que este número conforma la “Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía”.33

Sin embargo, en el resultado del Cómputo Distrital de la Elección de Presiden-te de los Estados Unidos Mexicanos de 2012 se consigna que la Lista nominal está integrada por 79,492,286 ciudadanos,34 es decir, 37,484 más respecto al documento anterior. Pero no sólo eso: en la página del Programa de Resultados Electorales Preli-minares a nivel nacional, con corte a las 20 horas del día 2 de julio de 2012, certifica-da el día 13 de julio del mismo año por Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo

33 IFE. (24 de mayo de 2012). “Acuerdo CG322/2012”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/iV7KlO

34 IFE. (2012). Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2011-2012. Atlas de Resulta-dos Electorales Federales 1991-2012. Recuperado el 27 de junio de 2013, de siceef.ife.org.mx: http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html#

LA LARGA TRAVESÍA

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del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se consigna una tercera cifra de ciudadanos que integran la Lista nominal, en ese caso, 77,738,494.35

Un dato complementario de lo anterior y digno de destacar fue el manejo irre-gular de los resultados por parte del Consejo General del IFE, ese cálculo vertiginoso, extraño, que se presentó la noche del 1 de julio, en el que cada media hora o cada hora se subía 5, 10, 20 por ciento el cómputo, y que motivó las apresuradas declara-ciones que dieron como ganador al candidato del PRI.

Precisamente en el reporte que arrojaba el Sistema de Intranet a las 17:21 horas pudimos advertir que señalaba anómalamente que 75.27% de lo computado ape-nas sumaba 19 millones 695 mil votos, y de inmediato lo planteamos al Consejo. Es decir, aun considerando que no todas las casillas tenían el mismo número de votos, pero haciendo una proyección lisa y llana de 75% de lo computado, se tendría que hablar de un universo aproximado de 37 millones de votos, y sin embargo eran sola-mente poco más de 19 millones. Tuvimos que salir a denunciarlo: ¿Dónde quedaron esos millones de votos? ¿Qué estaba pasando?

La respuesta de la autoridad consistió únicamente en enviar a un grupo de conse-jeros electorales a informar que efectivamente se trataba de “un error”, que se estaban agregando algunas casillas, que se estaban sumando las ya computadas y aquellas que se iban a revisar, es decir, todo un mar de confusión y de falta de certeza.

Por si todo lo anterior fuera poco, detectamos una anomalía en particular que se generalizó en todas las casillas y que se relacionaba con el Instituto Federal Elec-toral, no con los ciudadanos, porque se refería a la forma como se computaron los votos, la cual consistió en diferencias numéricas en la votación total efectiva entre las elecciones de presidente, diputados y senadores, que de entrada hacían presumir la presencia de una violación al artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La metodología que permitió evidenciar estas anomalías se sustentaba en los mecanismos que buscan sostener el principio de certeza sobre los resultados de la elección: el número total de ciudadanos que votaron debe ser igual al número de las boletas depositadas en la urna y al número de la votación total emitida36. Las cifras correspondientes deben coincidir de forma exacta, pues de lo contrario, si el número de la votación total emitida fuese mayor o menor al de los votantes, se tendría el in-dicio de que se sustrajeron o incorporaron votos indebidamente, o de que se come-

35 IFE. (2 de julio de 2012). “Elecciones 2012”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Programa de Resultados Electorales Preliminares: http://prep2012.ife.org.mx/

36 La votación total emitida consiste en la suma de los sufragios nulos, de candidatos no registrados y de votos válidos.


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tieron errores evidentes en el conteo (aritmético) durante el escrutinio y el cómputo, lo cual alteraría de todas formas la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

La metodología pretendía detectar estas posibles inconsistencias aritméticas en las casillas, de forma más precisa que la implementada por el IFE, la cual consistió sólo en identificar aquellas en las que la votación total emitida excedía la lista no-minal. Se trató, pues, de comparar la votación total emitida en las tres elecciones (presidente, diputados y senadores) para verificar en cada casilla que las cifras coin-cidieran de forma exacta o detectar aquellas no coincidentes, independientemente de la magnitud del diferencial, pues cada casilla tenía el mismo número de votantes.

Para darle certeza a los resultados de la aplicación de esta metodología, se utilizó la base de datos del mismo sistema de cómputo del IFE, tras haberse realizado el recuento de votos a nivel distrital. Con ello fue posible detectar casillas que presen-taban inconsistencias aritméticas, aun cuando ya habían sido contadas de nuevo en los consejos distritales.

La base de datos (en Excel) contenía el resultado de las votaciones de cada casilla a nivel nacional para Presidencia, diputaciones federales y senadurías tras el conteo distrital realizado por el IFE. Cada fila contenía la información específica de la vo-tación para cada una de las casillas identificadas con inconsistencias: las marcadas con color gris contenían la información de la votación desglosada para la elección de senadores; las blancas, la de diputados federales; y las rosas, la de presidente. Se encontraban agrupadas de forma adyacente para cada casilla.

La información de cada casilla incluía el número y el nombre de la entidad fe-derativa correspondiente, el distrito al que pertenecía, la sección y la tipología de casilla y su numeración (básicas, contiguas, especiales y extraordinarias; 1, 2, 3 etc.); el estatus del acta de escrutinio y cómputo de la casilla; el número de electores de la lista nominal, de votos nulos, votos a candidatos no registrados, de votos válidos, de boletas inutilizadas y la votación total emitida; el número de votos emitidos para partido y coaliciones; y el máximo y el mínimo de la votación total emitida detecta-dos en las tres elecciones federales, así como el diferencial entre ellas.

Resultados

• 71 mil 671 casillas de las 143 mil 437 instaladas a nivel nacional mostra-ron diferencias aritméticas en la votación total emitida entre los sufragios para presidente, diputados y senadores, lo que representaba 50.12%.

• En total, sumaron 26 millones 135 mil 487 sufragios, que representaban 50% de la votación total.

LA LARGA TRAVESÍA

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La distribución de los votos entre los candidatos a la Presidencia de la República se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro 1Votación total para presidente, según partidos y coaliciones de la base de datos de estudio

Votación total PAN PRI/

PVEMPRD/

PT/MC PANAL Votos nulos

No registrados

26,135,487 6,689,054 9,773,666 7,647,286 869,743 1,139,335 16,403

100% 25.6% 37.4% 29.3% 3.3% 4.4% 0.1%

Las diferencias porcentuales entre los votos reportados por el IFE en el conteo dis-trital y la base de datos del presente estudio fueron significativas, y se resumen en el cuadro 2:

Cuadro 2diferencias porcentuales entre el total de Votos por partido de la base

de datos del estudio y el conteo distrital

Concepto PAN PRI/PVEM

PRD/PT/MC PANAL Votos

nulosNo

registrados

Base de datos estudio 25.6% 37.4% 29.3% 3.3% 4.4% 0.1%

Conteo distrital 25.41% 38.21% 31.59% 2.29% 2.47% .04%

Diferencia 0.2% -0.8% -2.3% 1.0% 1.9% 0.02%

• De las 71,671 casillas con inconsistencias, que fueron de recuento en los consejos distritales, 45 mil 598 mantuvieron dicha anomalía. Representa-ban 63.62% del total.

Del total de casillas con inconsistencias, respecto al rango diferencial de la votación total efectiva entre las tres elecciones:

• 74.74% presentaron de 1 a 5 votos de diferencia entre la votación total efectiva de las tres elecciones;

• 25.26% de las restantes mostraban una diferencia que iba de 6 a 1000 votos (cuadro 3, de la página siguiente).


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Cuadro 3

Rango de la diferencia de votosNúmero de casillas Casillas (%)

Casillas acumulado

(%)Rango mínimo Rango máximo

1 5 53564 74.74% 74.74%6 10 7534 10.51% 85.25%

11 15 2845 3.97% 89.22%16 20 1679 2.34% 91.56%21 25 829 1.16% 92.72%26 30 805 1.12% 93.84%96 100 623 0.87% 94.71%

101 150 609 0.85% 95.56%46 50 527 0.74% 96.29%31 35 398 0.56% 96.85%36 40 392 0.55% 97.40%51 55 315 0.44% 97.84%56 60 269 0.38% 98.21%41 45 229 0.32% 98.53%61 65 163 0.23% 98.76%

151 200 144 0.20% 98.96%66 70 97 0.14% 99.09%76 80 92 0.13% 99.22%86 90 90 0.13% 99.35%71 75 76 0.11% 99.45%91 95 72 0.10% 99.55%81 85 66 0.09% 99.65%

201 250 66 0.09% 99.74%251 300 57 0.08% 99.82%301 350 32 0.04% 99.86%351 400 22 0.03% 99.89%401 450 21 0.03% 99.92%551 600 16 0.02% 99.95%451 500 13 0.02% 99.96%651 700 10 0.01% 99.98%601 650 6 0.01% 99.99%701 750 3 0.00% 99.99%801 850 3 0.00% 99.99%501 550 1 0.00% 100.00%751 800 1 0.00% 100.00%

LA LARGA TRAVESÍA

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Rango de la diferencia de votosNúmero de casillas Casillas (%)

Casillas acumulado

(%)Rango mínimo Rango máximo

851 900 1 0.00% 100.00%951 1000 1 0.00% 100.00%901 950 0 0.00% 100.00%

Total 71,671

Para ejemplificar el problema, aquellas casillas que presentaban esta inconsistencia fueron agrupadas por rangos de diferencia de votos. Como se puede observar en el cuadro 3, fueron 53 mil 564 las casillas que mostraron una diferencia de entre 1 y 5 votos. Esta discrepancia podría caer en el supuesto de error humano en el conteo, registro o captura de los votos. Arriba de este rango ya no puede considerarse como tal, sino como dolo en el conteo, registro y captura de los votos. Las casillas que mos-traron una diferencia de entre 6 y 10 votos totalizaron 7 mil 534, y así sucesivamente.

El caso extremo es de la casilla C1412203501B00 del distrito 12 de Jalisco, que mostró una diferencia de 1000 votos, y en donde la votación para senador registró 1450 sufragios, mientras que la correspondiente a diputado federal fue de 450 votos y la de presidente de la República, de 451 sufragios. Empero, la lista nominal indicaba que 750 personas tenían el derecho de votar en dicha casilla.

El promedio del diferencial de la votación total efectiva entre las tres elecciones fue de 9.22 votos, lo que tiende a salirse del margen del posible error aritmético en el escrutinio y cómputo. El rango más amplio del diferencial lo representan las casillas ubicadas en el estado de Guerrero, cuyo promedio fue de 13.8 votos; seguido de Tabasco, con 12.75 sufragios; y Tamaulipas, con 11.82 votos. La entidad con el menor rango fue Colima, con 4.5 votos (cuadro 4).

Cuadro 4número de casillas con inconsistencias por entidad federatiVa y rango promedio diferencial

Nombre estado Casillas Diferencial votos Voto/casilla

Guerrero 2244 30992 13.81Tabasco 1290 16450 12.75Tamaulipas 2448 28946 11.82Yucatán 1054 11968 11.35Quintana Roo 766 8531 11.14Coahuila 1577 17448 11.06


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Nombre estado Casillas Diferencial votos Voto/casilla

Chiapas 2916 31041 10.65Sonora 2256 23667 10.49Hidalgo 1616 16457 10.18Querétaro 1335 13470 10.09Campeche 707 7132 10.09Sinaloa 1734 17298 9.98Baja California Sur 448 4466 9.97México 10870 106355 9.78Zacatecas 776 7282 9.38Oaxaca 1746 16259 9.31San Luis Potosí 1683 15615 9.28Chihuahua 2190 20186 9.22Jalisco 4675 41910 8.96Veracruz 3829 34257 8.95Guanajuato 3552 30974 8.72Baja California 2442 19592 8.02Durango 1014 7934 7.82Michoacán 2422 18790 7.76Aguascalientes 463 3588 7.75Nuevo León 2642 20199 7.65Distrito Federal 7604 55831 7.34Puebla 2490 16912 6.79Nayarit 546 3565 6.53Morelos 1267 8144 6.43Tlaxcala 757 4768 6.30Colima 312 1433 4.59Totales 71671 661460 9.23

El porcentaje de casillas con inconsistencias aritméticas comparado con el total de las instaladas en cada entidad federativa arrojó datos significativos y alarmantes:

• El rango del porcentaje iba desde un mínimo de 31% hasta un máximo de 73%.

• 14 entidades federativas presentaban un porcentaje mayor a 50% del total de las casillas instaladas en su interior.

• 10 entidades federativas presentaban un porcentaje que iba de 40% a 49% del total de las casillas instaladas en su interior.

LA LARGA TRAVESÍA

141

• 8 entidades federativas presentaban un porcentaje que iba de 31% a 39% del total de las casillas instaladas en su interior.

• Campeche, Sonora y el Estado de México presentaban los porcentajes más altos, con 73%, 70% y 63%, respectivamente (cuadro 5).

Cuadro 5porcentaje de casillas con inconsistencias aritméticas en relación

con el total de las instaladas por entidad federatiVa

Nombre estado Casillas con inconsistencias Total casillas %

Campeche 707 968 73%

Sonora 2256 3224 70%

México 10870 17336 63%

Distrito Federal 7604 12421 61%

Querétaro 1335 2185 61%

Baja California 2442 4069 60%

Tamaulipas 2448 4299 57%

Morelos 1267 2260 56%

Baja California Sur 448 837 54%

Tlaxcala 757 1415 53%

Chiapas 2916 5478 53%

Guanajuato 3552 6747 53%

Jalisco 4675 8884 53%

San Luis Potosí 1683 3338 50%

Tabasco 1290 2658 49%

Durango 1014 2110 48%

Guerrero 2244 4750 47%

Hidalgo 1616 3423 47%

Chihuahua 2190 4660 47%

Quintana Roo 766 1630 47%

Coahuila 1577 3376 47%

Nuevo León 2642 5693 46%

Yucatán 1054 2409 44%

Michoacán 2422 5667 43%


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Nombre estado Casillas con inconsistencias Total casillas %

Sinaloa 1734 4419 39%

Veracruz 3829 9828 39%

Nayarit 546 1479 37%

Puebla 2490 6748 37%

Colima 312 860 36%

Oaxaca 1746 4857 36%

Aguascalientes 463 1393 33%

Zacatecas 776 2507 31%

Totales 71671 141928 50%

En concreto, podemos concluir lo siguiente:

• Pese a que 63% del total de las casillas fue sometido a recuento en los consejos distritales, aun después de ello 50% de las mismas seguía pre-sentando inconsistencias aritméticas en la votación total emitida para las tres elecciones federales.

• 37% de dichas casillas no subsanó la anomalía.• 25% presentó rangos en el diferencial de votos de entre 6 y 1000, lo que

da indicios de intencionalidad para manipular la votación y violentar la voluntad ciudadana.

• Fue muy grave que en 24 entidades federativas las casillas con inconsis-tencias aritméticas representaran entre 50% y 73% del total de las insta-ladas y computadas, sin mencionar que las restantes presentaron más de 30%.

Lo anterior es evidencia, por lo menos, de la ineficiencia e incapacidad del IFE duran-te las elecciones presidenciales para:

1. Capacitar a los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla.2. Detectar y, en consecuencia, recontar las casillas que en el escrutinio y

cómputo presentaban errores aritméticos evidentes, los cuales, según lo ya señalado, tendrían que investigarse para saber si fueron deliberados.

3. Lo más importante: brindar certeza a la ciudadanía sobre el estricto res-peto de la decisión que emitió en la votación.

LA LARGA TRAVESÍA

143

En verdad, el nivel de incertidumbre sobre las elecciones federales de 2012 fue muy elevado, de alto riesgo.

Después de muchas reflexiones, de valorar la información de que disponíamos, y ponderar lo mejor para el país, el 12 de julio de 2012 decidimos ejercer nuestros derechos constitucionales e interponer ante el IFE el recurso de inconformidad en con-tra de la sumatoria de los resultados consignados en las actas, por partido y candidato, en el que aparece la coalición electoral Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México y su candidato a Pre-sidente de la República el C. Enrique Peña Nieto, con la mayor votación relativa, dados a conocer por el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Federal Electoral, con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para Presiden-te de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo establecido en el artículo 310 del Có-digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, derivado de ello, las omisiones en que incurrió la autoridad electoral administrativa encargada de organizar las elecciones federales, para impedir la recurrente y sistemática violación a las condicio-nes de equidad en la contienda y a los principios rectores de la función electoral por parte de diversos servidores públicos, partidos políticos y particulares claramente identificados, de lo cual se incumple el postulado constitucional contenido en el Artículo 41 de nuestra Carta Magna de la renovación de los cargos de elección popular mediante elecciones li-bres y auténticas, solicitando por ello la nulidad total de la elección presidencial, así como la declaración de su no validez.

El Instituto turnó este medio de impugnación el 17 de julio, con el número de expediente SUP-JIN-359/2012, al órgano responsable de la calificación y declaración de validez o invalidez de la elección: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-deración, según atribución establecida en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No conformes, seguimos enviando pruebas de irregularidades al IFE, como la segunda ampliación que el 10 de julio presentamos a la Queja por violación al tope de gastos de campaña a cargo del C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República por la coalición electoral Compromiso por México, integrada por el Partido Re-volucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en la que se evidenció que al 27 de junio de 2012 se estimaba que habían realizado un gasto en la campaña para presidente por la cantidad de $1,892,987,873 (mil ochocientos noventa y dos millones, novecientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y tres pesos).

Ya sabemos la conclusión a la que llegaron tanto la Unidad de Fiscalización como el Consejo General del IFE a ese respecto; y lo mismo ocurrió en relación con todas y cada una de las quejas que presentamos: se determinó que el PRI y su candidato no incurrieron en ninguna violación grave, si acaso en algunas irregularidades menores;


144

pero nada que pusiera en riesgo, ya no se diga el resultado de la elección, ni siquiera su “integridad y honorabilidad”.

Porque lo peor de esta batalla desigual fue que desde un inicio los ministros y los propios consejeros del IFE, incluso mucho antes de que analizaran nuestro juicio y nuestras pruebas, ya nos habían descalificado, anticipando su veredicto.

En efecto, desde el 17 de julio, el secretario del Consejo General del IFE turnó su informe circunstanciado relativo al juicio interpuesto por la coalición Movimiento Progresista. Según el artículo 18, párrafo 2, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la finalidad de tal documento debió ser solamente describir hechos y hablar de la constitucionalidad o legalidad de los actos del Instituto, pero en realidad, por medio de él, respondiendo como hizo a los agra-vios, y descalificando los argumentos y las pruebas de la coalición, colocó de manera franca a tal órgano directivo como abogado defensor del PRI.

Es decir, que en su afán por justificar sus propias omisiones y además cubrirle las espaldas al candidato Peña, el IFE no hizo un informe circunstanciado, sino una suerte de contestación a los agravios de la coalición Movimiento Progresista, con lo que incurrió en un exceso que implicaba de suyo una actuación ilegal, porque fue más allá de su competencia prevista en la ley.

Esto apenas si trascendió públicamente, de tal suerte que casi nadie reparó en la grave injusticia que anticipaba, porque en ese informe el IFE descalificó de entrada, mucho antes de la sentencia del Tribunal, 65.50% de las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista, alegando que no estaban relacionadas con la elección pre-sidencial y que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Además, según el Instituto, casi la mitad del 34.49% restante —2 mil 171 pruebas— carecía también de los requerimientos que la citada ley establece para analizar pruebas confesionales y testimoniales: arguyó que “no fueron emitidas ni consignadas ante un fedatario público”.

Era una mentira, desde luego, pero fue parte de la campaña para arropar la con-sumación del golpe mediático del 1 de julio y del fraude electoral mismo, pues lo que hizo el IFE a continuación, en voz de su secretario ejecutivo, fue solicitar abier-tamente a los magistrados que al analizar la petición de nulidad de la elección presi-dencial descartaran nuestras pruebas.

En cuanto a la parcialidad del Tribunal, y el criterio prejuiciado que normó los actos de los magistrados, nada más elocuente que las declaraciones públicas del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, del 3 de julio de 2012, dos días después de las elecciones, al participar en la presentación del Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis denominado IUS Electoral, cuando aseguró literalmente: “nadie ganará en la mesa lo que no ha ganado en las urnas”. Esta afirmación consta

LA LARGA TRAVESÍA

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en el Boletín de Prensa núm. 103/2012 titulado “ACTUARÁ TEPJF CON LA LEY EN LA MANO: LUNA RAMOS” del propio Tribunal Electoral.37

Y todavía, como para agravar este hecho y la descarada falta de escrupulosidad con la que actuaban, ante la petición que hicimos para que en virtud de esos dichos el magistrado Luna Ramos se recusara de participar en la calificación de nuestro juicio, él mintió franca y abiertamente, al afirmar también de manera pública: “Eso lo dije en mi informe mucho antes de que hubiera proceso electoral”.38

Y así fueron descalificándonos y descartando, una a una, todas las acusaciones que sustentaban las pruebas del fraude.

El 26 de julio, por ejemplo, en sesión del Consejo General del IFE, se leyó el in-forme final sobre las encuestas, el cual presentaba la Secretaría Ejecutiva respecto al cumplimiento del Acuerdo CG411/2011 sobre ese tema, y en el que se señalaba que sólo hubo “ciertas violaciones”, entre ellas, que se hubieran publicado en tiempo de veda los resultados de las encuestas en los periódicos Milenio Guanajuato, Zócalo Sal-tillo, El Heraldo de Xalapa, y El Heraldo Coatzacoalcos; así como que algunas emisoras de radio (XEGZ-AM, de Durango; XHGDA-FM, de Jalisco; y XEAU-AM, de Nuevo León) hubieran dado a conocer resultados de conteos rápidos antes del tiempo legal per-mitido.

Y sin embargo, en ese informe se omitió la denuncia quizá más importante, presentada por la coalición Movimiento Progresista y por la cual se evidenció que también el diario Milenio del día 28 de junio violentó la veda electoral, publicando resultados de encuestas.

Es de destacarse, asimismo, la conclusión que en aquella sesión del 26 de julio de 2012 dio el consejero Marco Antonio Baños:

El Instituto Federal Electoral no se va a pronunciar respecto de la influencia que pudieron tener las encuestas en el Proceso Electoral Federal por una ra-zón sencilla: porque eso está sub júdice, es parte del procedimiento del [sic] impugnación iniciado por una Coalición y será el Tribunal Electoral el que de-termine si en la defensa que planteó la Coalición tiene o no razón respecto de ese agravio. Eso está sub júdice y debe ser discutido en el Tribunal Electoral y resuelto en la Sala Superior.

[…]

37 Sala Superior del TEPJF. (3 de julio de 2012). “Actuará TEPJF con el poder en la mano: Luna Ramos”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/103/2012

38 García, C. (17 de julio de 2012). “Descarta Luna Ramos recusarse en calificación”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/notas/859591.html


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No encuentro ninguna atribución en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde el Instituto Federal Electoral pueda hacer una valoración del trabajo de las encuestas. Que debe ser discutido, sí, eso no lo niego y en términos de punto de vista, claro que cada quién puede emitir su opinión.39

En esa misma reunión, el consejero Benito Nacif pretendió justificar los “errores” en los resultados de las encuestas; fungió como abogado defensor de las mismas, y aprovechó para referir una anécdota “casi personal” —según afirmó— ocurrida du-rante su estancia como estudiante en Inglaterra, la cual motivó la siguiente reflexión del consejero Alfredo Figueroa, y que, por cierto, no tuvo respuesta ni de Nacif ni de ninguno de los demás consejeros:

[…] ¿Las encuestas se utilizan como propaganda? Me parece que no hay nin-guna duda, la respuesta es sí, ninguna duda hay sobre este particular. Es más, en este Proceso Electoral Federal vimos spots de televisión con resultados de encuestas usados por los partidos políticos para difundir su información cuan-do les era beneficiosa.

Se emplearon, sin duda, las encuestas como un mecanismo de propagan-da, lo que no quiere decir que las encuestas en sí mismo [sic] lo sean necesa-riamente. Es decir, una cosa es el empleo de un resultado de modo propagan-dístico, cosa que sí ocurrió, y otra es si el resultado en sí mismo es producto de un asunto que no tiene como criterios de validación, los elementos de carácter demoscópico y científico que fueron producidos por el propio Consejo Gene-ral.

[…] Es claro que en las encuestas de opinión se equivocaron. Y aquí no comparto la opinión del Consejero Electoral Benito Nacif, no todas desde lue-go, pero muchas de ellas, desde luego que sí.

¿O cómo se explican diferencias de casi 20 puntos, tres días previos a la Jornada Electoral, como un fenómeno inusitado al estilo inglés del estudiante de doctorado Benito Nacif? No, no creo.

Vale la pena analizar qué ocurrió, que este es otro asunto, con las encues-tas de salida y con los conteos rápidos; que son diferentes, por cierto, a lo que se previó el miércoles anterior, y ahí hay otro análisis que subyace en relación a los resultados de la elección.40

39 Consejo General del IFE. (26 de julio de 2012). “Versión estenográfica de la sesión ordinaria del Con-sejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada en el salón de sesiones del propio Instituto. 26 de julio de 2012”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/KsOVu2

40 Ibídem.

LA LARGA TRAVESÍA

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Ahí se intentó al menos hacer aparecer como que se cubrían las formalidades lega-les, porque para el 23 de julio seguían sin resolución por parte del IFE la mayoría de nuestras quejas:

Queja Asunto

Q-UFRPP 58/12 Relativa a la presunta distribución de tarjetas Monex

Q-UFRPP 61/12 Relativa a la presunta distribución de tarjetas Soriana

Q-UFRPP 144/2012 Relativa a la presunta distribución de tarjetas Premium Platino

Q-UFRPP 147/2012Relativa a la presunta distribución de tarjetas de prepa-go para realizar llamadas telefónicas denominadas “La Tamaulipeca”

Q-UFRPP 233/2012Q-UFRPP 234/2012

Relativas a la presunta aportación de recursos del Go-bierno del estado de Zacatecas

De nada valió que los representantes de los partidos que conformaban la coalición Movimiento Progresista hiciéramos un exhorto a los magistrados integrantes de la Comisión encargada de elaborar el cómputo final y, en su caso, la declaración de validez de la elección presidencial.

Les solicitamos entonces que se dictara acuerdo para la sustanciación de nuestro juicio, en relación con los procedimientos administrativos sancionadores electorales en proceso de investigación y vinculados al mismo, girando excitativa de justicia o requiriendo su resolución, en atención al principio constitucional de justicia pronta y expedita, al Consejo General y a la Unidad de Fiscalización del IFE. Lo rechazaron olímpicamente.

Todavía, entre el 4 y el 28 de agosto, presentamos al IFE, como correspondía, diversas pruebas supervenientes, las cuales habíamos conocido de manera poste-rior a la presentación de nuestro juicio de inconformidad. Constaban éstas de algu-nas notas periodísticas, varias clases de tarjetas Monex utilizadas a través de terceras empresas por el candidato Peña Nieto para pagar a representantes y operadores políticos, mediante Banco Monex; siete tipos diferentes de tarjetas Soriana; algunos estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de México a nombre de co-laboradores directos de la campaña del PRI, y distintos artículos entregados por la coalición Compromiso por México a cambio del voto, entre otras.


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Los representantes de los partidos de la coalición Movimiento Progresista, para insistir en el rebase de tope de gastos de campaña en que había incurrido el PRI, en la sesión de Consejo General del 6 de agosto presentaron una vez más un punto de acuerdo, apelando al artículo 85, párrafo 1 del COFIPE, el cual establece que “En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización…”, solicitando que así se hiciera respecto de los in-gresos y gastos de campaña de todos los partidos. Por unanimidad de los consejeros electorales, en esa misma sesión se determinó no aprobar dicho Acuerdo.

En función de ello, en tres ocasiones más tratamos de llamar al IFE a la legalidad: lo hicimos el 14 de agosto, mediante el recurso de apelación presentado al TEPJF; el 20 de agosto, por medio de otro escrito reiterativo del anterior; y el 28 de agosto, a través de un último alegato por escrito, solicitando además a los magistrados del Tribunal que aplazaran su fallo hasta en tanto no estuvieran concluidos y resuel-tos todos los recursos pendientes interpuestos, particularmente la fiscalización a los gastos de campaña de los partidos, a lo cual los citados funcionarios respondieron mediante la resolución SUP-JIN-359/2012, emitida ese mismo día, por la cual nega-ban la petición, aduciendo entre otros argumentos que no se podían modificar los plazos “a capricho”.

Pero como se trataba de allanarle el camino a Peña y legitimar el atraco electoral, el 16 de agosto el Consejo General del IFE resolvió respecto de nuestra queja por propaganda encubierta contra el PRI, contra su candidato y contra Televisa, que era infundada; esto, desde luego, sin haber realizado una investigación o diligencias pre-liminares de manera seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, como lo previene el artículo 365, párrafo 1 del COFIPE: una evidencia más de las omisiones en que incurrió la autoridad electoral y las deficiencias en la indagación y trámite de las quejas vinculadas con los resultados de la pasada elección presiden-cial. Esta determinación la confirmó la Sala Superior del TEPJF.

No conformes con eso, el 23 de agosto, en reunión extraordinaria, el Consejo General del IFE aprobó el Informe preliminar de la Unidad de Fiscalización sobre los gastos realizados por los partidos en el proceso electoral, en el cual se concluía que ningún partido político o Coalición había rebasado los topes de gastos de precam-paña ni se detectaron aportaciones o donativos realizados por entes prohibidos.

Cabe destacar que para ese momento todavía había 220 quejas relacionadas con el proceso de campaña, que estaban pendientes de resolver por la Unidad de Fiscalización. Entre ellas se hallaban las más importantes, como la número 58, que tenía que ver con las tarjetas Monex y, desde luego, también las relativas al supuesto financiamiento de 56 millones de dólares, establecidas con la queja 43, relacionada igualmente con la cantidad de recursos que utilizó la campaña de la coalición Com-

LA LARGA TRAVESÍA

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promiso por México. No obstante, en tal reunión extraordinaria surgieron discusio-nes como la siguiente en torno a nuestras demandas:

El C. Presidente:[…] Entendemos la importancia de concluirlas oportunamente, sin em-

bargo, más allá de la celeridad, la principal motivación del Instituto Federal Electoral es y será que cada una de las Resoluciones se emita en cumplimiento de los principios de certeza y legalidad […]

El C. Consejero Pablo Gómez:[…] Me llama mucho la atención que la autoridad, en este caso, de la Uni-

dad de Fiscalización dice que no puede presentar Proyectos de Resolución porque no ha agotado las líneas de investigación planteada [sic], contar con los elementos suficientes.

[…] Luego dice otra cosa que no viene a cuento: “El desahogo del procedi-

miento de quejas no está relacionado con el plazo que la ley otorga para la declaración de validez del Presidente Electo”. Eso no es un asunto que tenga que ver en este momento con el Instituto Federal Electoral.41

Por otro lado, sin que la mayoría de los procedimientos pendientes estuvieran solu-cionados y sin desahogo de pruebas, como mandata la ley, el juicio fue resuelto el 30 de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-ción, la cual, en resumen, declaró “Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la coalición Movimiento Progresista.”42

Así, al día siguiente, 31 de agosto, emitió la declaración de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo entrega de la cons-tancia correspondiente a Peña Nieto.

El camino del fraude, desvergonzada y cínicamente marcado y seguido por quie-nes debían ser garantes de la legalidad y transparencia de las elecciones: los conse-jeros del IFE y los magistrados del TEPJF.

41 Consejo General del IFE. (23 de agosto de 2012). “Versión estenográfica de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada en el salón de sesiones del propio Ins-tituto. 23 de agosto de 2012”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/fcMPvo

42 Sala Superior del TEPJF. (30 de agosto de 2012). “Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación efectuada el día de hoy”. Recuperado el 23 de junio de 2013, de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: http://goo.gl/MyvBBg

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El 12 de julio, la coalición Movimiento Progresista interpuso el juicio de incon-formidad de la elección presidencial mediante el cual se solicitó que la citada votación fuera declarada no válida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, de acuerdo con las atribuciones y responsabilidades que le confiere el artículo 99 constitucional.

Lo hicimos así porque teníamos los elementos objetivos para demostrar que la elección del 1 de julio no se había apegado a la Constitución, por lo que en nuestra petición insistíamos en que se convocara a una nueva votación extraordinaria que se realizara en condiciones de legalidad.

La interposición de nuestro juicio se dio en un marco particular de descalificación anticipada pues, aun cuando la elección no había sido calificada de conformidad con la ley y, por lo tanto, no había un presidente electo, Peña Nieto se comportaba como tal, los medios lo proclamaban así, el propio Felipe Calderón no dudaba en preparar, según él, la transición, poniéndose de acuerdo con el candidato priista para entregarle el poder y, más aún, quizá lo más penoso, varios gobiernos extranjeros ex-presaban sus felicitaciones a quien solamente era, en todo caso, el aspirante con el mayor número de votos según el conteo del IFE.

Cabe señalar algo que los medios se encargaron de ocultar de manera reiterada: que el IFE solamente es el encargado de realizar el cómputo de la elección, no de-

9. El juicio contra la imposición y el fallo mentiroso

del Tribunal Electoral


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clara su validez ni al candidato electo, tampoco expide constancia de mayoría, todo ello le corresponde al Tribunal Electoral, para lo cual tenía como fecha límite el 6 de septiembre de 2012.

Por eso impugnamos los resultados dados a conocer por el IFE de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues se habían violado los princi-pios constitucionales que rigen las elecciones para ser consideradas válidas: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (artículo 41).

Asimismo, la Carta Magna señala:

• Que las elecciones deberán ser libres, auténticas y periódicas.• Que el voto debe ser universal, libre, secreto y directo.• Que la participación de los partidos en las elecciones debe darse en una

situación de igualdad.• Que se fiscalizará el origen y destino de sus recursos y la aplicación de

sanciones.• Que en la propaganda política o electoral no se manifestarán expresio-

nes que calumnien a las personas.• Que habrá garantía de pluralismo político y condiciones equitativas (fi-

nanciamiento público: acceso a radio y televisión; prohibición de que partidos y personas físicas o morales contraten propaganda en radio y televisión; límites a las erogaciones de los partidos en sus precampañas y campañas electorales).

Todos estos supuestos, en su mayoría y como fue ostensible, no se cumplieron du-rante las pasadas elecciones presidenciales.

Es decir, que el proceso electoral de 2012 fue inequitativo y violó el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 134, párrafo sexto del mismo ordenamiento legal. Ésa fue la base de sustentación de nuestro juicio, así fuimos construyendo uno a uno los alegatos, y con pruebas aportadas por los propios ciudadanos probamos la veracidad de nues-tra impugnación.

Es sabido que en México la democracia ha sido una aspiración y no una realidad, y que los procesos electorales han resultado inequitativos toda vez que de manera reiterada han sufrido la intromisión directa del Poder Ejecutivo federal, y si no, o ade-más de él, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales en apoyo de algún candidato en particular.

Eso es parte de la historia nacional, y sobran ejemplos de gobernantes y fun-cionarios que intervienen a favor de sus abanderados y sus partidos, violentando el

LA LARGA TRAVESÍA

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principio de equidad, cargando todos los dados en pro de esa agrupación política o de esos candidatos, en perjuicio de los otros actores políticos.

Es verdad que en el intento de que nuestras elecciones sean equitativas y limpias se han hecho múltiples esfuerzos. Basta mencionar las últimas reformas constitu-cionales y legales denominadas reformas políticas, mismas que, sin embargo, han resultado a todas luces insuficientes.

La experiencia de los comicios presidenciales de julio de 2006 es emblemática por el descarado activismo del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox, cuya inje-rencia, patente en diversas opiniones y comentarios, mereció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableciera lo siguiente en el dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de Presidente Electo del de septiembre del año 2006:

[…] Sin embargo, esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se constituye-ron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican en esta deter-minación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían ha-ber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas.43

Lo grave es que a pesar de esto hubo reconocimiento de validez de la elección, pero como consecuencia, y supuestamente para evitar que volvieran a darse estas inde-bidas injerencias de las autoridades públicas, la LX Legislatura del Congreso de la Unión promovió diversas iniciativas de reformas constitucionales y legales en mate-ria electoral. En particular, y dado que fue la que transitó a su aprobación en definitiva, hay que mencionar la que produjo la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construc-ción de Acuerdos, en la que concurrieron legisladores federales y representantes de los partidos políticos.

La reforma constitucional posterior a la experiencia de 2006 fue publicada el 13 de noviembre de 2007, y con ella se modificaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó un párrafo al artículo 97 de la Carta Magna.

43 Sala Superior del TEPJF. (8 de septiembre de 2006). DICTAMEN Relativo al Cómputo Final de la Elec-ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la Elección y de Presidente Electo. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de www.dof.gob.mx: http://goo.gl/9aAaZ6


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En la iniciativa de reformas a diversos artículos constitucionales que fuera pre-sentada en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 31 de agosto de 2007, los senadores iniciantes expresaron lo que a continuación se describe sobre este particular:

La Iniciativa avanza en la atención directa de un aspecto que preocupa a la sociedad y a todos los partidos políticos: el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.

[…]En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos:• En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad; • En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las institucio-

nes electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y • En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las con-

tiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única condición, esta-blecida como norma en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones.44

Al respecto, en el dictamen que presentaron el 11 de septiembre de 2007 en el Se-nado de la República las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gober-nación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, estableció lo siguiente:

En la Iniciativa bajo dictamen se propone la adición de tres párrafos al artículo 134 de la Constitución con el propósito de establecer nuevas y más duras pre-visiones a fin de que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y aplicación de los re-cursos públicos que están bajo su responsabilidad. Se dispone además que la propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, sin promover la imagen personal de los servidores públicos.45

En la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Go-bernación aprobaron el dictamen el 13 de septiembre de 2007, estableciendo lo siguiente:

44 CEDIA. (Enero de 2008). Reforma constitucional en materia electoral (proceso legislativo). (SAD-02-08). (R. Martínez Monroy, Ed.) México: Cámara de Diputados, pp. 5-6.

45 Ibíd, pág. 42.

LA LARGA TRAVESÍA

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Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el sentido y propósitos de la Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en comen-to. La imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los partidos políticos y de sus campañas electorales debe tener el sólido fundamento de nuestra Constitución a fin de que el Congreso de la Unión determine en las leyes las sanciones a que estarán sujetos los infractores de estas normas.46

En suma, en esta reforma el Constituyente Permanente expresó su interés por que los procesos electorales para renovar a los titulares de los órganos del poder público se realizaran con pleno respeto al principio de equidad, estableciendo nuevos pro-cedimientos de financiamiento público a los partidos políticos, así como el acceso de éstos a los medios de comunicación electrónica a cargo de los tiempos oficiales y del Estado, y el sufragio universal, libre, secreto y directo. Además de las adiciones de los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 134 constitucional.

De este modo, el párrafo sexto del artículo 134 establece:

[…]Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así

como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obli-gación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

[…]

El Constituyente Permanente incorporó esta disposición a nuestra Norma Funda-mental con el propósito de establecer la equidad en las contiendas electorales.

Y sin embargo, a pesar de los esfuerzos, esa equidad de que habla la ley, sobre la cual se presuponía que se celebrarían elecciones libres y auténticas, se violó una vez más en los comicios de 2012, en varios momentos y por varios actores. Así que las reformas tampoco sirvieron de nada.

Para recapitular: entre todos aquellos que intervinieron para inclinar la balanza en las votaciones de 2012 hay que mencionar, desde luego y en principio, a Felipe Calderón, quien en su calidad de titular del Ejecutivo federal, en una reunión con miembros del Consejo de Administración de Banamex señaló, públicamente y de manera a todas luces indebida, que Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, es-taba a cuatro puntos de distancia del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

46 Ibíd., pág. 198.


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Tal acción tuvo el objetivo de crear la falsa impresión de que la pugna electoral era sólo entre estos dos aspirantes, y descartando a la vez al abanderado de la iz-quierda, quien en realidad disputaba las preferencias con el priista.

Poco después, el mismo Calderón irrumpió sin ningún pudor en Twitter el do-mingo 8 de junio, al mismo tiempo en que se celebraba el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, y descalificó el proyecto económico de López Obrador.

Pero no fue sólo él. Igualmente, consta el activismo antilopezobradorista del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público y actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien, soslayando que la contienda presidencial era entre candidatos, descalificó el plan económico de AMLO al mani-festar: “Un programa económico que descansa en ficción o en engaño, es el principal ingrediente de la tragedia griega que hoy estamos viviendo”.47

Asimismo, los gobernadores priistas violaron la equidad de la pasada elección, y muy gravemente, al intervenir en apoyo de Enrique Peña Nieto con todo el poder de sus respectivas administraciones estatales, financiándole la campaña cuando ésta se derrumbaba, y gestionando la compra de voto, mediante la distribución de miles de tarjetas de débito de la tienda comercial Soriana en el país, otras tantas de MONEX y muchí-simas más de crédito telefónico, todas otorgadas como condición para que se votara por su candidato presidencial.

Ese dinero, a todas luces, no provenía del financiamiento público ordinario ni del destinado a gastos de campaña, y por lo mismo no sólo constituyó una violación a lo previsto en el COFIPE, sino que además fue un mecanismo con el cual se violentó el contenido del artículo 41, fracción I, párrafo segundo de nuestra Carta Magna, que establece las condiciones del voto libre.

Sobran pruebas, pues, que demuestran de manera tangible la inequidad de la pasada contienda, pero lo peor de todo fue que el Instituto Federal Electoral dejó de ejercer sus facultades explícitas e implícitas encaminadas a evitarlo y cumplir con ello los fines para los que fue creado, pues permitió indebidamente todas esas irregulari-dades: la compra del voto, la spotización de la campaña y la ausencia de debate real, además de, y en especial, la injerencia de los servidores públicos antes señalados.

Esto, conviene aclararlo, no es desde luego una apreciación personal, ni siquiera partidista. Es la ley, y se aclara con la siguiente jurisprudencia:

47 Téllez Cortés, C. (12 de junio de 2012). “Un plan económico ficticio lleva a la tragedia: Meade”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de CRÓNICA.com.mx: http://www.cronica.com.mx/no-tas/2012/668181.html

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Tesis XVII/2007FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL, DEBEN ESTAR ENCAMINADAS A CUMPLIR CON LOS FINES PARA LOS CUALES FUE CREADO EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—El Consejo General del Institu-to Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resulta-dos, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen; y por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electora-les, garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, y de manera gene-ral, velar que todos los actos en materia electoral, se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. No obstante, puede darse el caso de que las citadas atribuciones explícitas de las que goza el referido Consejo General, en la práctica, pudieran ser disfuncionales, al no reconocerse la existencia y no ejercerse ciertas facultades implícitas que resultan necesarias para hacer efectivas aquellas. Por tal razón, el ejercicio de las facultades tanto explícitas como implícitas otorga-das al Consejo General, deben estar encaminadas a cumplir los fines para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral. De otra manera, tales atribuciones se tor-narían ineficaces y difícilmente se alcanzarían los fines institucionales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Recurso de apelación. SUP-RAP-20/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2007.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María del Carmen Alanis Figue-roa.—Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann.

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2007.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: María del Carmen Alanis Figue-roa.—Secretarios: Jorge Sánchez Cordero Grossmann y Roberto Jiménez Reyes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.48

Por lo anterior, es importante reiterar y dejar bien claro que la decisión de ir a juicio para pedir la repetición de las elecciones fue resultado de profundas reflexiones y análisis muy serios y responsables por parte de la dirigencia de la coalición y de López Obrador, así como de un grupo de abogados que intervinieron en su elabora-ción y en el estudio de la ruta argumentativa que lo habría de sustentar.

48 Sala Superior del TEPJF. (21 de septiembre de 2007). Tesis XVII/2007. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de www.ordenjuridico.gob.mx: http://goo.gl/KL2CNf


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De ese análisis derivó que existen actualmente dos tipos de causas de nulidad de la elección presidencial:

1) nulidad de la votación por las causales expresamente establecidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que es limitativa; y

2) nulidad de la elección por violación de los principios que rigen las elec-ciones, en la que tiene que ver la organización del proceso mismo. Y por eso, conscientes de que el problema mayor de las elecciones de 2012 había sido la parcialidad de la autoridad electoral y las reglas marcadas con las que jugamos, algo de lo que fue testigo toda la nación, el juicio que interpusimos no se redujo nada más a lo primero —que también pudimos fundamentar y documentar—, sino que trató de hacer valer los dos tipos de nulidad.

Es decir, que si bien contábamos con elementos suficientes para acreditar que hubo infracciones y situaciones que por sí mismas constituían la figura de la nulidad de la votación en las casillas (como de hecho lo denunciamos en los comités distritales), decidimos que el objeto de nuestro recurso fuera más allá, apoyados en las reformas constitucionales posteriores a la experiencia de 2006; esto es, que a diferencia del juicio que interpusimos en ese año, el cual pedía la nulidad de la elección, el de 2012 reclamaba la inconstitucionalidad de todo el proceso en su conjunto, por la suma de una serie de violaciones a la ley que sólo podían haberse solventado con nuevos comicios.

Contra el fallo del Tribunal y contra lo dicho por los magistrados, lo anterior esta-ba perfectamente acreditado en nuestro juicio de inconformidad mediante pruebas documentales, fotografías y videos; declaraciones personales y notariales de ciuda-danos que fueron testigos o actores en la compra de votos; facturas de empresas, muchas de ellas ficticias o fantasmas, que participaron en esa compra —un total de casi 100 cajas con evidencias que entregamos al Tribunal—; todo ello aunado a los muchos recursos que se interpusieron a lo largo de la campaña y aun antes, en los que se solicitaba la intervención de la autoridad electoral en previsión de varios ilícitos que se estaban prefigurando y que se acabaron consumando impunemente.

Y por si esto fuera poco, incluso cuando ya habíamos presentado el juicio pudi-mos fortalecerlo aún más, gracias al apoyo de los ciudadanos, con nuevas pruebas de las violaciones en que incurrió el PRI, mismas que continuamos presentando ante el Tribunal y, en su caso, ante las demás autoridades competentes, hasta el último día del proceso.

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Los elementos que fundamentaron nuestra impugnación, y que clara y objetiva-mente prueban el fraude del PRI, fueron los siguientes:

1. Inequidad en el uso de tiempos y espacios en radio y televisión, y actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto.

2. Utilización de las encuestas en medios de comunicación para hacer pro-paganda a favor del candidato priista.

3. Gasto excesivo en propaganda y en movilización para los actos de cam-paña de EPN, lo cual muy posiblemente implicó manejo de dinero de procedencia ilícita.

4. Compra y coacción del voto mediante la distribución de diversos tipos de tarjetas: de prepago, de descuentos, telefónicas; así como la entrega de dinero en efectivo, despensas, materiales de construcción, fertilizantes, comida.

5. Desvío de los recursos de los gobiernos del PRI para favorecer la cam-paña de Peña Nieto, lo cual pudimos documentar exhaustivamente de manera particular en el caso de Zacatecas.

6. Manejo de Luis Videgaray Caso, coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, de una cuenta del gobierno del Estado de México, en la que durante el tiempo de las campañas hizo movimientos financieros que nun-ca fueron aclarados.

Hay que insistir en que, como ya se ha relatado, todo esto lo habíamos documenta-do de sobra, oportunamente, ante el IFE y ante las autoridades encargadas de cuidar la legalidad de las elecciones.

Independientemente de lo que concluyeron el IFE y el Tribunal, la trascendencia de nuestro juicio radicó en que se documentaron puntualmente todas y cada una de las anomalías ocurridas antes y durante la elección. No hubo momento del proceso electoral que no fuera acuciosamente registrado, con actas y testimonios, con fotogra-fías y con grabaciones y aun con material físico, como utilitarios de todo tipo, tarjetas y hasta celulares, lo cual hubiera sido imposible de reunir sin la participación de la ciudadanía, que nos hizo llegar las pruebas.

Con ellas, se documentaron los alegatos; reunimos más de noventa cajas en total. Ellos, los consejeros y los magistrados, las descalificaron, ya vimos que aun antes

de siquiera conocerlas. El paso del tiempo y las revelaciones que han ido surgiendo, empero, nos están dando la razón.


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El triunfo del PRI fue ilegal, ilegítimo y artificialmente creado con la complicidad del árbitro electoral, y el encubrimiento del órgano oficial encargado de velar por la legalidad de la votación.

•Seguimos en la batallaLa siguiente fase de nuestra lucha fue probar que no violamos la ley con los gastos de campaña. Porque para encubrir el monumental fraude de 2012 los operadores priistas tendrían que demostrar lo indemostrable: que la campaña de su partido fue ejemplar y limpia; que el dispendio en que se incurrió nunca existió; que el proceder del candidato que robó la elección a la vista de todos, el de la ostentación, el del reparto de prebendas y regalos fue inmaculado en términos de manejo de dinero: nada de rebase de topes, ni de dinero ilícito. Y que en cambio, la campaña que se desarrolló con ostensiblemente menos recursos, con muchos menos spots y mucha menos propaganda, fue la que excedió los límites del gasto autorizado, y tendría que ser sancionada.

En efecto, en su sesión del 23 de agosto de 2012, el Consejo General del IFE de-terminó, mediante la resolución identificada con el número CG583/2012, que no se detectaron aportaciones prohibidas, recursos ilegales ni rebase en el tope de gastos en las precampañas de ninguno de los partidos o coaliciones, pero que sí se registra-ron diversas irregularidades a la hora de entregar los reportes de fiscalización, por lo cual ese órgano electoral sancionó con un monto total de 8 millones 700 mil pesos a todos los institutos políticos, de los cuales a los de izquierda les fueron aplicadas las mayores multas.

Todavía en enero de 2013, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Par-tidos Políticos (UF) del IFE intentó dar un golpe más, mediante un dictamen emitido tendenciosamente, en el cual se quería exhibir a la coalición Movimiento Progresista y a la campaña de Andrés Manuel López Obrador como la única que había rebasado los topes de gastos; algo tan burdo y cínico que ni siquiera pasó en el Consejo Ge-neral, el cual decidió retrasar el análisis de los informes sobre los gastos en las cam-pañas presidenciales de 2012 hasta julio de 2013, para realizar una “fiscalización más completa que diera claridad y transparencia a la sociedad y a los propios partidos”.

No podía ser de otro modo. El IFE ha demostrado reiteradamente, desde mucho antes de las campañas, que su prioridad no era actuar de manera imparcial, ni cuidar, como era su deber, la limpieza —fuera de toda duda— de las elecciones.

Ya hemos visto cómo repetidamente, desde el tiempo de las precampañas, se le emplazó a cumplir esa responsabilidad legal y no sólo hizo oídos sordos, sino que

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ante la sucesión de denuncias de irregularidades que ensuciaban el proceso poster-gó lo más que pudo la resolución de las quejas, hasta que fue imposible actuar sobre hechos consumados.

Por eso es lamentable, y preocupante, el escenario que permitió todo lo que pre-senciamos. Deplorable que haya habido denuncias sobre hechos ilegales que violen-taban la transparencia y limpieza de las elecciones, pero más, que el aparato del IFE haya sido incapaz de dar certidumbre a los ciudadanos, sobre todo después de una experiencia tan dura y tan costosa como la de 2006, que en 2012 reclamaba de la au-toridad electoral una actuación por encima de cualquier duda.

Ahí está la renuncia tardía y sospechosa del, hasta marzo de 2013, consejero electoral Sergio García Ramírez, el priista distinguido que durante tres años se osten-tó como “representante ciudadano imparcial”, pero que ni así pudo mantenerse al margen (excusarse por confusión de intereses, se le llama en el argot jurídico) del caso Monex, y violentó esa imparcialidad a que estaba obligado, al dar el voto necesa-rio que exoneró al PRI de este hecho escandaloso. ¿De que sirvió su renuncia si el daño estaba hecho?

Porque eso no bastaba, la salida de uno o dos o de todos los consejeros. El he-cho es que aquel escenario nunca se debió haber dado: el de la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones, que sólo podía favorecer a quienes venían cons-truyendo desde por lo menos seis años antes el descrédito de nuestra democracia.

El consejero presidente del IFE alegó que él no se iba porque había sido electo por más de dos tercios de los diputados, nada menos que por “ser imparcial”. ¡Vaya talante del hombre! Y algo peor es lo que se esconde detrás de la turbia actuación de Alfredo Cristalinas, el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, quien también se negó a dejar el cargo, pero dio paso a una nueva fiscalización de las campañas, por-que la que él hizo despiertó tantas dudas y suspicacias que cinco de los consejeros del Instituto le regresaron su primer dictamen de proyecto de multas por gastos de campaña con el cual pretendía penalizar a los partidos que apoyaron la candidatura de AMLO y presentar a éste —quien ha acusado a Peña Nieto de rebasar los topes de campaña y comprar la Presidencia— como un mentiroso y además violador de la ley.

¿Cómo pretendía hacer esto el señor Cristalinas? Con argucias y mañas tan bur-das como manipular el prorrateo de los gastos, por ejemplo, el correspondiente a las gorras repartidas en los mítines, las cuales valuó en 16 pesos, pero a López Obrador le cargó los 16 pesos por cada una, y a Peña Nieto sólo 25 centavos. Lo mismo con los cilindros de plástico para tomar agua: a AMLO le cargó un peso, y a Peña un centavo.

Eso fue lo que hizo con los gastos no reportados por el PRI y su coalición Com-promiso con México. De hecho, el PRI sólo informó haber gastado 241 millones de pesos durante la campaña presidencial, pero después de la auditoría del IFE se en-


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contraron 28 millones y medio más en eventos de campaña, de los cuales Cristalinas sólo asignó 6.5% a Peña Nieto. De este modo, al PRI se le multaría únicamente por haber dejado de reportar muchos millones, pues luego del generoso prorrateo del funcionario se consiguió que no se rebasaran los topes, y no habría sanción por esa falta. ¡Ni el mejor secretario de Finanzas hubiera logrado tales resultados!

Sí, porque así actuó de hecho el responsable de la Unidad de Fiscalización del IFE durante el proceso de revisión de las cuentas, como el secretario de Finanzas del Co-mité de campaña priista. Gracias a eso, el PRI y Peña Nieto gastaron cuanto quisieron, antes y durante la campaña. Y al final, como si nada hubiera ocurrido.

¿No sería suficiente tal evidente irregularidad, la tramposa actuación de los aludi-dos, para que en cualquier país democrático se les exigiera la renuncia, y aun, por la gravedad del asunto que entraña la presidencia de una nación, se les procesara por tan “extraño” proceder?

Pero el PRI y el PVEM se opusieron a ello, así como a emplazar a Cristalinas para que aclarara su proceder, ante la Comisión Permanente del Congreso. Claramente lo encubren.

Y en fin que en los últimos días de junio de 2013 conocimos el informe sobre las erogaciones de las campañas presidenciales de 2012, que sería sometido al Consejo General en julio, y donde se concluyó y confirmó que AMLO fue el candidato que más gastó y el único que rebasó los topes de campaña. No hay duda, era una obra maestra de la “contabilidad surrealista”, un género exclusivo del submundo electoral mexicano.

Obviamente, y esto se debe resaltar, en la elaboración de su informe la UF no consideró los criterios que sugerimos oportunamente en relación con las fórmulas de prorrateo.

Así, además de resolver que entre los candidatos a la elección de presidente el único que se haría acreedor a una multa sería Andrés Manuel López Obrador, pro-puso una sanción de 182.7 millones de pesos (mdp) para la coalición Movimiento Progresista, de los cuales 145 mdp corresponderían a la campaña presidencial y el resto (unos 38 mdp) a irregularidades en las de nueve legisladores.

En cambio, concluyó que si bien PRI y PVEM fueron los partidos que más gastaron en toda la campaña federal (1,143 mdp, contra 714.5 mdp de PRD-PT-MC, 535.9 mdp del PAN y 210.9 del PANAL), su candidato a la Presidencia de la República habría ero-gado oficialmente 330.5 mdp, por lo que se quedó a 5.5 mdp de rebasar el tope legal de 336 mdp. Por otro lado, la coalición Compromiso por México que lo impulsó sería infraccionada con 203.3 mdp, de los cuales casi 146 mdp correspondían a irregulari-dades de las campañas de 155 legisladores, y cerca de 56 mdp a las relacionadas con anomalías halladas en la campaña presidencial.

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En contraste, el candidato de las izquierdas que durante su campaña viajó por tierra o en vuelos comerciales, que nunca dispuso de una flotilla aérea imperial para sus traslados, que se hospedaba en hoteles tres estrellas, que tuvo tres veces menos espectaculares que el candidato del PRI y que documentó gastos por 233 mdp, resulta que excedió en 70 mdp el tope permitido, lo que generaría una multa de 182.7 mdp a los partidos que lo apoyaron.

El truco y la treta de esta operación contable tortuosa, irónica, absurda y a con-trario sensu de la realidad estuvo —nuevamente— en el prorrateo de los gastos de campaña de uno y otro candidatos. Mientras al PRI se le permitió cargar únicamente 1% de los gastos excedentes a la campaña presidencial, distribuyendo el 99% restan-te entre los candidatos a diputados y senadores, a AMLO le aplicaron la regla inversa: le sumaron a su campaña los gastos no comprobados de los aspirantes a diputados y senadores de PRD, PT y MC.

Por ejemplo, el caso del cierre de campaña del candidato EPN en el Estadio Az-teca, donde el PRI echó la casa por la ventana: el IFE dio por bueno un gasto 80% inferior al real y, además, aceptó la versión candorosa de que sólo 1% salió de la bolsa de la campaña presidencial, mientras que la erogación restante provino de las arcas de los candidatos a diputados y senadores, cuando fue del dominio público que en el Azteca no intervino en tribuna uno solo de los aspirantes a legisladores y no hubo más propaganda en dicho lugar que la del candidato presidencial tricolor.

De esta forma, el nada cristalino nuevo reporte del auditor Cristalinas concluyó que quienes se excedieron en el ostentoso gasto del PRI fueron los candidatos a diputados y senadores, y no el presidencial, quien habría realizado una campaña tan austera y tan pobre en recursos que hasta le permitió estar por debajo del tope de 336 mdp. Todas las mediciones de medios de comunicación independientes, de observadores electorales y de las redes sociales que reportaron el dispendioso gasto del candidato del PRI resultaron ser un “mito genial”.

La pretensión del informe del IFE ha sido, una y otra vez, legitimar contable-mente una campaña en la que se invirtieron casi cuatro mil millones de pesos para comprar —no sólo ganar— la Presidencia de México. De la misma manera, castigar dolosamente al candidato y a la coalición de izquierda que denunció y documentó sistemáticamente el insultante gasto con recursos de origen dudoso, opaco y, por lo tanto, ilegítimo e ilegal, de operaciones para la compra masiva de votos como el Monexgate y el Sorianagate.

El castigo tramposo tendría dos niveles: aplicar una multa por el supuesto rebase del tope de campaña y señalar falsamente a AMLO como el único candidato que cometió irregularidades. Es decir, al grito de ¡Al ladrón, al ladrón!, la Unidad de Fisca-


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lización del IFE intentó lavar el pecado original de la actual Presidencia de México; a saber, que la elección se compró antes, durante y después del proceso electoral.

Ese reporte de la UF era irreal y cómico: desnudaba más a sus autores que a candidatos y partidos.

Quizá por ello —quisimos suponer— el Consejo General del IFE, en su sesión del 10 de julio de 2013 no pudo evadir devolverlo nuevamente a la UF para que precisa-ra algunos criterios o replanteara su forma de aplicación, de manera particular en lo relativo al prorrateo de los gastos centralizados de un partido o coalición entre dos o más campañas beneficiadas.49

Pero no fue así. Cuando el dictamen fue sometido, otra vez, a los integrantes del Consejo, se aprobó con pocas modificaciones el 15 de julio de 2013 por siete votos a favor y uno en contra, como se esperaba de quienes nunca vieron el fraude y sí, en cambio, avalaron todas las ilegalidades con las que Peña Nieto se robó la Presi-dencia. Con ello exculparon al priista de rebasar los topes de campaña, y ratificaron su veredicto de que Andrés Manuel López Obrador había sido el único candidato presidencial que superó los límites de gastos.

El Consejo General del IFE ignoró que, en su dictamen, la Unidad de Fiscalización volvió a pasar por alto los criterios de prorrateo que se le había solicitado considerar, y nuevamente evidenció su manifiesta parcialidad, lo cual no hará más que agravar la percepción que la mayoría de los mexicanos tenemos del atraco del 1 de julio de 2012.

Por ello, con independencia de la decisión de los consejeros electorales, el vere-dicto ciudadano es muy realista y objetivo: “A otro perro con ese hueso”.50

49 Urrutia, A. (10 de julio de 2013). “Devuelve IFE dictamen sobre gastos de campañas a Unidad de Fiscalización”. Recuperado el 10 de julio de 2013, de La Jornada en línea: http://goo.gl/PdgN16

50 Monreal Ávila, R. (2 de julio de 2013). “IFE kafkiano”. Recuperado el 2 de julio de 2013, de Milenio: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9185085

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Una parte de la operación para imponer a Enrique Peña Nieto como presidente fue descalificar las pruebas que presentamos al respecto, y otra, crear la per-cepción de que nuestro empeño por limpiar la elección era una causa perdida.

Desde el momento mismo en que AMLO anunció en el Hotel Hilton que seguiría-mos el camino de la ley para impugnar la elección presidencial, se desató una amplia campaña de descrédito, pero todos nuestros dichos estaban ampliamente documen-tados.

Como señalamos anteriormente, no hubo denuncia presentada por nosotros que no estuviera avalada por pruebas fehacientes. Y si algunas faltaron, porque no estaba en nuestras manos agotarlas, siempre correspondió a la autoridad electoral el desahogarlas, hubiera sido fácil para ella, tenía todas las facultades legales; pero sencillamente no quiso hacerlo.

Los consejeros, primero, y luego los magistrados, dijeron que era falso que hu-biera favoritismo mediático a favor de Peña Nieto. Sin embargo, todo el pueblo mexi-cano fue testigo de ello, y para demostrarlo no solamente entregamos los periódicos y las grabaciones de programas de radio y televisión, sino también diversos sondeos y reportes, incluidos los del propio IFE y un estudio de la UNAM sobre el monitoreo que se llevó a cabo durante la campaña, los cuales demostraban con claridad que no hubo equidad en el uso de tiempos y espacios en esos medios.

10. ¿Probamos o no probamos la ilegalidad de la elección?


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Fue evidente, sobre todo, el apoyo que dio Televisa a Peña Nieto, ya que man-tenía con él contratos de manera directa o a través de empresas filiales, como una estrategia acordada conjuntamente desde los tiempos de la campaña por la gu-bernatura del Estado de México, para posicionarlo nacionalmente como el “inevita-ble” candidato presidencial del PRI. Esto se manifestó después de manera muy clara mediante la adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, y espacios en revistas, para difundir noticias favorables y de promoción personal de Peña Nieto, con el menor pretexto y aun en tiempos no electorales. Ya durante la candidatura presidencial se añadió el ocultamiento de la información que le era adversa (como sucedió con el evento de la Universidad Iberoamericana del 11 de mayo de 2012) y el ataque sistemático a sus adversarios políticos.

Las evidencias más sobresalientes que presentamos fueron los contratos con empresas de publicidad propiedad de Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente de comercialización de Televisa; el reconocimiento de Carlos Loret de Mola del acuerdo Televisa-EPN y de que fue una práctica cotidiana la comercialización de noticias; la co-bertura misma de esa televisora de las giras internacionales de EPN; y quizá lo más con-tundente: las facturas de la empresa correspondientes a pagos a Joaquín López-Dóriga y a Óscar Mario Beteta por “apoyo informativo”, y otros conceptos relativos a publicidad y propaganda con motivo del quinto informe de gobierno de Peña Nieto.

La estrategia que pusieron en práctica fue simple: utilizar a los medios de comunica-ción, mediante todas las posibles variantes de publicidad, para introducir a EPN al mer-cado y hacerlo figura nacional; después, convertirlo en el “irremediable” candidato presi-dencial del PRI y luego presentarlo como el “inevitable” próximo presidente de México.

Empresas como Televisa y Radio Fórmula otorgaron mayores espacios a Peña no sólo en menciones positivas sino en mayor cobertura, y ocultaron información de interés público no favorable a él. Asimismo, se adaptaron a las mediciones del moni-toreo del IFE, aparentando “espacios neutros” y “cobertura similar”, aprovechando que dicho monitoreo se limitaba sólo a espacios de noticias y no de espectáculos, y a que tampoco valoraba las barras y programas de opinión, so pretexto de “no atentar en contra de la libertad de expresión”.

Así violaron la ley e hicieron su propaganda algunos medios y Peña Nieto.Lo anterior es particularmente grave si añadimos que el IFE, por un simple ejer-

cicio de interpretación legal, le otorgó a la coalición PRI-PVEM la mayor cantidad de espacios en radio y televisión desde el 18 de diciembre de 2011, en una proporción de casi 3 a 1.

En el estudio elaborado por SG Research Analytics entregado por López Obrador a Televisa en el programa Tercer Grado, y que incluimos en nuestro juicio, se puede apreciar el trato diferenciado dado a Peña y a AMLO: el único programa crítico al

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priista fue El mañanero, del canal 4, con cobertura sólo en la zona metropolitana, porque en todos los demás noticiarios y programas la constante era el favoritismo hacia él.

Pero el apoyo al candidato del tricolor no sólo se redujo a eso. Parte importante de esa estrategia de falso posicionamiento fueron las encuestas, usadas francamente como arma de manipulación propagandística. Y para demostrarlo también presen-tamos múltiples alegatos, estudios, análisis y pruebas técnicas muy serias.

•Las encuestas y el globo de CantollaLa elección de AMLO como candidato de unidad de los tres partidos de izquier-da, PRD-PT-MC, así como la propuesta de la “República Amorosa”, fueron dos moto-res que lo posicionaron en el punto de salida de la campaña. Ni la polarización del PAN-gobierno de que la elección era “un asunto entre dos”, ni el martilleo mediático de que la elección ya estaba decidida a favor del PRI —ambas, estrategias del primer trimestre de 2012—, lograron desfondar o relegar a López Obrador. Allí estaba, en sus marcas históricas, y listo para correr.

El primer mes de campaña transcurrió conforme al guión que convenía al PRI. Parecía una carrera a campo traviesa, en un llano pavimentado por el tedio y el ador-mecimiento. Según las encuestas difundidas por los grandes medios de comunica-ción, todo seguía igual, nada se movía, ni las hojas de los árboles.

La verdad es que, en términos de percepción pública, había un gigantesco globo de Cantolla en la pista de carreras, con una leyenda que decía: “esta elección ya está decidida a favor de EPN: por favor, súmate o hazte a un lado”, una sensación que pa-recía infranqueable e inamovible. Un globo alimentado con el gas de las encuestas, que en esa ocasión jugaron un papel preponderante.

Del análisis que Luis Costa Bonino publicó en su blog en julio de 2013, conoce-mos ampliamente su opinión sobre AMLO. Sin embargo, poco o nada se dijo de los otros elementos de la campaña allí diseccionados. Especialmente del papel de las encuestas. Cito en extenso:

EL MANEJO DE LAS ENCUESTASUno de estos temas, que son mucho más que detalles, es la manera en que se manejaron las encuestas de opinión durante la campaña. López Obrador decía, con razón, que había un proyecto para imponer al candidato Enrique Peña Nieto, con la fuerza inmensa de los medios de difusión, especialmente de Televisa.


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Eso era verdad. Mucho tiempo antes de la campaña, los medios y las en-cuestas de opinión, habían generado la creencia unánime de que la elección de julio de 2012 era un simple ritual del cual ya se sabía el resultado. A fines de 2011, Enrique Peña Nieto aparecía con una ventaja de casi cuarenta puntos sobre Andrés Manuel López Obrador, que estaba en tercer lugar, debajo de Josefina Vázquez Mota, quien todavía no era la candidata oficial del PAN, pero era ya quien desde entonces medía mejor en todos los estudios.

Desde entonces los medios de difusión más poderosos de México gene-raron una estrategia que corría sobre dos carriles. El primero, era un cerco me-diático en torno de López Obrador, que generó la creencia tenaz de que era absolutamente imposible que ganara la Presidencia de México y que era el candidato a quien ya podía descartarse y dar como perdedor. La contracara de este primer carril era la idea ya instalada como definitiva, de que Enrique Peña Nieto ganaría la elección presidencial con absoluta facilidad y por un margen de no menos de veinte puntos de ventaja.

El segundo carril era el control de la opinión. Este carril suponía la acción de encuestadoras que dijeran, de manera invariable y tenaz, que no existía nin-gún tipo de cambio en el estado de la opinión pública mexicana, especialmen-te en la intención de voto a candidatos presidenciales, a lo largo de los meses.

Las dos naves insignias de esta estrategia fueron el “combo” Televisa-López Dóriga-Mitofsky-Roy Campos por un lado, y por el otro el “combo” Milenio-Ciro Gómez Leyva- EA-ISA.

En un principio lo más llamativo era la divergencia cada vez más notoria e inexplicable, de los cambios que veía Roy Campos en el transcurso de la cam-paña, cambios que definía y analizaba correctamente, y que chocaban abrup-tamente con números fijos, congelados, inmutables. Al inicio decía cosas al estilo: “en tres semanas de campaña, López Obrador logró su mejor imagen del sexenio” y a continuación “pero esto no ha cambiado en nada los números, etc, etc”. En otros momentos decía: “En todo este tiempo, Enrique Peña Nieto ha perdido medio punto, que lo ha ganado Josefina Vázquez Mota, etc, etc”. En un momento contabilicé las variaciones, y en un período de un mes y medio, con varias encuestas incluidas, la distancia entre Peña Nieto y López Obrador había variado, según Consulta Mitofsky, en solamente medio punto.

La determinación de hacer ganar a Peña Nieto, y de manipular la percep-ción de inmutabilidad del escenario electoral, había llevado a prestigiosas em-presas no sólo a manipular sus datos, sino a desmentir principios o premisas absolutas de la estadística, como los márgenes de error. Los márgenes de error de una encuesta son generalmente de más menos 3%, pero estas encues-tas mexicanas parecían haber abolido, de una vez por todas, los márgenes de error. Las encuestas pasaron de ser un instrumento de sociometría, a ser un instrumento de propaganda electoral.

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Las encuestas GEA-ISA – MILENIO, se publicaban diariamente y habían logrado generar un altísimo nivel de expectativas y de atención. El estilo de esta encuesta era diferente al de Mitofsky. Con GEA-ISA, en una misma semana López Obrador crecía dos puntos primero, y después bajaba tres. Las encues-tas de Mitofsky eran inmovilidad estática, mientras que las de GEA-ISA eran inmovilidad dinámica.

NUESTRO ENCUENTRO CON LA SEÑORA MARÍA DE LAS HERASUna tarde del mes de mayo nos encontramos con la Señora María de las Heras en su casa. Fuimos con Luis Mandoki. Queríamos tener una impresión profesio-nal de cómo marchaban las cosas. Las encuestas de María de las Heras diferían claramente de las de Mitofsky y de las de GEA-ISA. Queríamos saber por qué.

Nos recibió con mucha amabilidad. Había sido, y era, una bella mujer. Es-taba casada con un dirigente político del PRI de primer nivel. Apenas comen-zamos a hablar no pude dejar de sentir una casi imperceptible lentitud en su voz, en sus gestos, incluso una cierta solemnidad, aunque no exenta de una algo distante calidez, que sin poder darme cuenta claramente por qué, me dio la impresión de que estaba enferma, o de que le sucedía algo triste.

A pesar de que yo quería escucharla a ella, pude ver que la única manera de tener su opinión era darle en primer término la mía. Le comenté el hecho, para mí muy poco frecuente, y también bastante incómodo y desconcertante, de que desde mi llegada a México, algunos meses atrás, no podía encontrar una sola información confiable de la intención de voto de los candidatos a Presidente.

Fui al grano. Le dije que, a pesar de que no era bien visto hablar mal de los trabajos que hacían otros colegas, veía que las encuestas más conocidas falsi-ficaban la realidad. Le conté que conocía muy bien a Roy Campos, que había trabajado con él en varios estados, que le tenía un enorme respeto profesional, que sabía que podía hacer encuestas ajustadísimas a la realidad, pero que en ésta campaña no estaba diciendo la verdad.

Agregué que no sólo sus números no eran sinceros, sino que esos núme-ros estaban en contra de la metodología de encuestas, de las estadísticas y de la probabilidad. Los números de encuestas no se podían mover eternamente de a medio punto faltando pocas semanas para la elección.

María de las Heras me miraba con atención. Hizo como un leve gesto de asentimiento y me preguntó: “Y no le dijiste nada?”. “Sí le dije”. Le contesté. “Se lo dije por Twitter, porque estaba enojado. Nosotros también teníamos que defen-der la campaña de esas manipulaciones. Le di todos los argumentos que te plan-teé ahora. Finalmente Roy me mandó un tuit [sic] de respuesta: Un abrazo Luis”.

Ese “Un abrazo Luis”, significaba: tú y yo sabemos cómo es la realidad, pero así son las cosas. María de las Heras finalmente habló y nos dijo: “en mis estu-dios, la diferencia entre Andrés Manuel y Peña Nieto no es de veinte puntos,


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sino de seis”. Unos diez días después de esa reunión, aparecería en el Periódi-co “Reforma”, la impactante noticia de que López Obrador había crecido sie-te puntos desde la última encuesta de ese medio y que se situaba a cuatro puntos de Peña Nieto, lo que, estadísticamente, estaba en la zona de empate técnico”.51

Al concluir la jornada electoral, la diferencia entre los números que ofrecieron las encuestas y lo que resultó en realidad fue verdaderamente escandalosa. De 13 casas encuestadoras que publicaron sondeos sobre la elección presidencial en el último tramo permitido por ley, sólo cuatro estuvieron más cerca del resultado final, dentro de sus propios márgenes de error estadístico: Demotecnia, Votia, Mercaei y Reforma.

Leo Zuckermann desarrolló un sistema de evaluación de las casas encuestadoras participantes en la elección presidencial (del 0 al 10 de calificación), en función de su pronóstico del ganador de la contienda, y de la diferencia entre el primer y el segun-do lugares, que arrojó los siguientes resultados:52

Empresa Calificación

Demotecnia-Uno TV 10.0Votia 9.4Mercaei 8.8Reforma 8.2Covarrubias-SDPG.com 7.5IPSOS (vp) 6.9Parametría-OEM 6.3Consulta Mitofsky 5.7BGC-Excélsior 5.1Con Estadística-Fórmula 4.5El Universal 3.8GEA-ISA-Milenio 3.2Indemerc-Harris-El Financiero 2.6

51 Costa Bonino, L. (2013). “México. La Campaña Presidencial de 2012. POST SCRIPTUM”. Recuperado el 10 de septiembre de 2013, de La máxima eficacia. LCB-Marketing Político: http://www.costabo-nino.com/mexicoPS1.htm

52 Zuckerman, L. (1 de marzo de 2012). “¿Quién es quién en las encuestas?”. Recuperado el 12 de junio de 2012, de Nexos en línea: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102593

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Entre las encuestadoras que tuvieron un desempeño reprobatorio (calificación me-nor a 6), la constante fue una sobrestimación sistemática del candidato presidencial del PRI, y una subestimación sistemática del candidato de las izquierdas: le daban más puntos a Peña Nieto de los que realmente tuvo, mientras que a AMLO le quita-ban más puntos de los que al final consiguió.

De acuerdo con un analista del IFE que tuvo acceso a las “tripas” de las últimas encuestas presidenciales (no todas las empresas entregaron su documentación de campo completa), aquellos que sistemáticamente sobrestimaron a EPN, tenían como característica común compartir hasta en 40% las mismas secciones electorales en sus muestras de campo. Es decir, que hasta 4 de cada 10 secciones seleccionadas “al azar” en sus muestras, eran las mismas en una y en otra casas encuestadoras. Y, coincidentemente, se trataba de secciones electorales con votación históricamente alta para el PRI. Es decir, eran grupos con voto duro priista. ¿Coincidencia del azar? ¿Error muestral? ¿Cuchareo deliberado? ¿Trampa o truco?

Donde seguramente no hubo margen de error y el nivel de confianza alcanzó el 100%, fue a la hora de cobrar estos valiosos ejercicios demoscópicos, pues es en las encuestas y los grupos de enfoque —después de la propaganda y del gasto en me-dios electrónicos— en lo que más se gasta en una campaña típica de aire. Se estima que en el proceso electoral de 2012, a nivel federal y local, dicho mercado alcanzó los 400 millones de pesos. ¿Quién pagó? ¿Partidos o particulares? ¿Se reportó este gasto a la autoridad electoral? ¿Su origen fue lícito o ilícito? En fin, la falta de transparencia y la rendición de cuentas es manifiesta en este campo. Por ello, el manejo opaco, propagandístico y fraudulento de tales instrumentos de las ciencias sociales fue uno de los agravios consignados en el recurso de nulidad de la elección presidencial promovido por la coalición de izquierda.53

Uno de esos estudios mostraba cómo la encuesta diaria publicada por Milenio, la de GEA-ISA, contribuyó a generalizar la idea de que el triunfo de Enrique Peña Nieto era “ineludible”, a sabiendas de que era una mentira; esto apoyado, además, por di-versos comentaristas y líderes de opinión que se encargaban de sustentar la seriedad de dichas mediciones. Hablo de las expresiones, en esos días, de Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas, Carlos Marín, etc., quienes incluso en los momentos más críticos de la campaña, cuando era evidente que Peña caía, insistían en que no pasaba nada, y en que nada impediría su arribo a la Presidencia.

53 Ver en el Anexo 4 (Denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la elección presidencial de 2012), el apartado V. INEFICACIA DEL MARCO NORMATIVO INTEGRAL PARA EJERCER UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, inciso c) INDEBIDA UTILIZACIÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.


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De igual forma, encuestas como Televisa-CIRT-Mitofsky, BCG-Excélsior, Parame-tría y Ulises Beltrán, entre otras, ofrecieron información mendaz, lo que agravó el daño causado a la contienda electoral, al favorecer, antes de que se verificara la jornada de votación, en forma reiterada y casi permanente la idea de que había un triunfador. Así entonces, como los spots fueron prohibidos, “en pro de la equidad”, se optó por comprar encuestas a efecto de ganar espacios en radio, televisión y medios impre-sos, para favorecer a la candidatura de Peña. Esto fue un resquicio muy peligroso de violación de la ley.

Un dato a destacar es que aquellas encuestas que mostraron un resultado más cercano a la realidad, la de Berumen, por ejemplo, fueron acalladas en los medios. Asimismo, de manera paralela a las encuestas de los grandes medios electrónicos e impresos, medios independientes realizaron desde finales de 2012 una serie de en-cuestas y sondeos de cobertura local o regional, que reportaban preferencias electo-rales muy diferentes de las de los medios nacionales. Por tener coberturas limitadas y no ser propiamente de “marca”, ninguna de ellas tuvo repercusiones más allá de sus medios locales de comunicación, pero marcaban tendencias muy distintas y dis-tantes de los sondeos nacionales más conocidos. En la mayor parte de ellas, AMLO figuraba en primer lugar, desde noviembre del 2012.54

Muchos se preguntan: ¿cómo se puede medir el impacto de las encuestas en los electores? Un elemento determinante para hacer el cálculo es el vehículo de su difusión y la amplitud de la misma, es decir, el número de receptores que captaron el mensaje.

En el caso de la de mayor presencia, la de GEA-ISA, por ejemplo, además de aparecer a diario en los periódicos de la cadena Milenio, era presentada en el canal de cable de la misma empresa perteneciente al Grupo Multimedios, con 13 canales de televisión y 37 emisoras de radio.

La de Consulta Mitofsky era presentada en el noticiario de Joaquín López-Dóriga en Telefórmula y además referida en diversos programas de opinión política de la empresa Televisa, como Tercer Grado.

La de Parametría tenía difusión amplia a través de la Organización Editorial Mexi-cana: 70 diarios en todo el país, 24 cadenas de radio, un canal de televisión y 43 sitios de internet.

La de Ulises Beltrán, a su vez, era difundida en el periódico Excélsior y en los pro-gramas y noticiarios del grupo Imagen Multimedia, en específico Canal 28 (Cadena-Tres). Hay que resaltar que esta encuestadora es asesora del PVEM, e integrante de su “cuarto de estrategia” desde hace, al menos, 10 años.

54 Ver Anexo 5: Sondeos, monitoreos y encuestas independientes.

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Estos elementos por sí mismos prueban la amplitud del público receptor de los sondeos. Pero hay uno más que empeora el asunto, y es que éstos no fueron auténti-cos, no reflejaron jamás la realidad, lo que los convierte, por lo menos, en instrumen-tos de manipulación. De hecho, en los tiempos en que se requería más claridad de información, los priistas y sus voceros usaron reiteradamente las encuestas para posi-cionar en los electores la idea de que el triunfo de Enrique Peña estaba absolutamen-te asegurado. Pero tan fueron falsas las averiguaciones aludidas, y mentirosas sus proyecciones, que el resultado de la elección echó por tierra todos sus escenarios.

Ninguna utilidad tuvo el posterior y aparentemente contrito testimonio público de Ciro Gómez Leyva, quien en el mismo espacio donde difundió impunemente tales encuestas —los programas de Milenio TV—, tuvo que reconocer la falsedad de los resultados de las mismas, a toro pasado, y sin ninguna consecuencia legal.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que a partir de la reforma de 2007 a los artículos 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 de la Constitución quedó restringido el acceso a medios de comunicación masiva en forma directa por los partidos o demás personas físicas y jurídicas, en beneficio de aquéllos o de sus candidatos. Entonces, del análisis a fondo de las encuestas, a través del filtro de la Carta Magna integrado por los principios rectores, queda reconocida la ilegalidad de las mismas y, sobre todo, su inconstitucionalidad, debido a la no observación generalizada de tales prin-cipios, lo que en consecuencia impidió que las elecciones fueran libres y auténticas.

La figura de las encuestas durante los procesos electorales se encuentra regu-lada por la ley electoral federal, pero sólo superficialmente, como se desprende de la lectura del artículo 237 numerales 5, 6 y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Artículo 237[…]5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo

de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del pro-ceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occiden-tales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por ob-jeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando


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sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal

Federal.7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas

por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carác-ter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.55

Ahora bien, la palabra encuesta designa a un “conjunto de preguntas tipificadas di-rigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho”,56 basados en una metodología científica o criterios generales de carácter científico, a efecto de que sus resultados sean lo más cercano posible a la verdad y, en el caso que nos ocupa, puedan mostrar objetivamente las ten-dencia de preferencias del electorado hacia los candidatos y partidos políticos, tan es así, que el Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG411/2011: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN ORDENAR, REALIZAR Y/O PUBLICAR ENCUESTAS POR MUESTREO, ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012.57

En diversos apartados de este documento se señala que de conformidad con el numeral 7 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará criterios generales de carácter científico que adoptarán las personas físicas o morales que pretendan realizar encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias elec-torales de los ciudadanos o las tendencias de la votación; lo anterior con el propósito

55 IFE. (14 de enero de 2008). Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Recuperado el 11 de junio de 2013, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/a1mwUg

56 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española (22a. edición ed., Vol. I). Madrid, España: Espasa-Calpe, pág. 906.

57 IFE. (14 de diciembre de 2011). CG411/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDE-RAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERA-LES DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRE-TENDAN ORDENAR, REALIZAR Y/O PUBLICAR ENCUESTAS POR MUESTREO, ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/GoMD5c

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de crear un marco legal aplicable que cumpla con las exigencias de precisión y ob-jetividad propias de la metodología de las ciencias, lo que permitiría cierto margen de error, pero si este margen fuera rebasado se desvirtuaría el carácter científico del sondeo y con ello se transformaría en mera publicidad de campaña en beneficio de aquel a quien hubieran favorecido los resultados.

En su artículo 228, numeral 3, la ley electoral define a la propaganda electoral como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presen-tar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”.58

En virtud de lo anterior, una encuesta simulada que no cumple con los linea-mientos legales, cuyo margen de error evidencia que carece de la objetividad que todo estudio de opinión serio debe tener, encuadra perfectamente en el concepto legal de propaganda electoral, una propaganda disfrazada, que al ser difundida en los medios de comunicación masiva potencializa su impacto en el electorado y favore-ce a un candidato.

Esto ocasionó un grave daño a los principios constitucionales que rigen la fun-ción pública electoral de equidad y certeza.

Además, tampoco se respetaron los principios de equidad e igualdad en la con-tienda, que debieron traducirse, necesariamente, en asegurar a los candidatos el mis-mo trato cuando se encontraran en idénticas circunstancias; en cambio, fue notoria la enorme cantidad de encuestas que desde antes del inicio de las campañas electo-rales difundieron preferencias a favor de un solo aspirante, y con una diferencia que de ninguna manera coincidía con la realidad, lo que las privaba de carácter científico.

En consecuencia, una encuesta que no cumple con los requisitos establecidos por la autoridad electoral y que sin embargo es transmitida reiteradamente por te-levisión —el medio de persuasión por excelencia— acrecienta el posible daño que puede ocasionar a la contienda.

Hacer que un ciudadano vea constantemente que un elevado porcentaje del electorado prefiere a cierto candidato desvirtúa la finalidad del sondeo, pero además consigue que los espectadores lo vean como un instrumento de posicionamiento, semejante a la propaganda electoral, que al igual que los comerciales, envía un men-saje, en este caso, que Enrique Peña Nieto era la mejor opción.

Y es que no se debe perder de vista que el Tribunal Electoral ha sostenido lo que se indica a continuación:

58 IFE. (14 de enero de 2008), óp. cit.


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[…] debe considerarse como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, lo anterior de conformidad con el contenido de la Ju-risprudencia 37/2010, emitida por la Sala Superior en Sesión pública de fecha seis de octubre de dos mil diez, que a la letra señala lo siguiente

“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUAN-DO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA”.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de es-critos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se rea-lice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se des-envuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identi-fican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial.59

En efecto, se puede tener por propaganda electoral a todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desen-vuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empre-sarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía.

En otro ámbito, similar al de las encuestas, la Sala Superior del Tribunal Electo-ral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, dentro de la sentencia SUP-RAP-48/2010, que:

59 Consejo General del IFE. (23 de enero de 2013). RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTI-TUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 65/12 . Recuperado el 13 de junio de 2013, de www.ife.org.mx: http://goo.gl/KkXGiq (El subrayado es propio.)

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[…] Si la naturaleza de la entrevista se desvirtúa y, por ejemplo, se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional.

En efecto, si la entrevista se difunde de manera repetitiva en diversos espacios y durante un período prolongado, o bien fuera de contexto, de modo que no se entienda como una entrevista sino como una simulación, o bien en tiempo prohibido, ello resulta contrario a la normativa electoral.60

Como se puede observar, instrumentos como las entrevistas y la publicidad comer-cial —e incuso podría ser el caso de los ejercicios de opinión pública que no reú-nen los requisitos legales para garantizar su veracidad—, llegan a tener la función de propaganda electoral cuando se difunden repetitiva y sistemáticamente en un medio como la televisión, y puede demostrarse objetivamente que impactan en la promoción de un candidato.

Lo anterior permite llegar a la conclusión, y esto lo incluimos en nuestro juicio, de que la información divulgada en las encuestas fue, en general, tendenciosa y falta de verdad, pues de 11 estudios de opinión dados a conocer antes de las elecciones, sólo tres estuvieron cerca del resultado final del PREP del IFE, en tanto que todos los demás reportaban hasta 18 puntos de diferencia entre los candidatos Peña Nieto y López Obrador.

En este contexto, el sondeo que arrojó la mayor distancia entre los votos que obtendría Enrique Peña Nieto frente a Andrés Manuel López Obrador fue el de Mile-nio-GEA/ISA, que pronosticó una ventaja para el priista de 18.4 puntos. Algo que, sin duda, lesionó tremendamente el principio de equidad en la contienda electoral, si nos atenemos a lo que el propio IFE determinó respecto de los elementos científicos que exige la normatividad electoral para considerar válida una encuesta, en especial el referido acuerdo del Consejo General del IFE, CG411/2011.

Es claro, así, que con el rebase de los márgenes de error permitidos, que cons-tituyeron una manipulación de la realidad, los principios de equidad y objetividad fueron flagrantemente vulnerados por varias casas encuestadoras.

Da cuenta de ello el tercer informe que presentó la Secretaría Ejecutiva al Con-sejo General del IFE respecto del cumplimiento del acuerdo anterior, de fecha 28 de marzo de 2012, mismo que establece:

[…] 6. A manera de resumen, los elementos que no fueron presentados a ésta [sic] autoridad electoral son los siguientes:

60 Sala Superior del TEPJF. (9 de junio de 2010). Recurso de apelación SUP-RAP-48/2010. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de portal.te.gob.mx: http://goo.gl/ikrNQM


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[…]61

Como se puede apreciar, la casa encuestadora GEA-ISA no cumplió con las obliga-ciones establecidas por el artículo 237 del Código comicial federal, ni con lo seña-lado en el acuerdo CG411/2011 del IFE, específicamente en lo que se refiere a la entrega de las bases de datos de la encuesta, situación que quedó demostrada con el rebase del margen de error permitido, y que además le restó veracidad; a lo cual habría que añadirle la agravante de que la información extraída de las mediciones fue dirigida a crear climas de opinión favorables a un solo candidato y desfavorables para los demás, con lo que un gran número de ciudadanos pudo haber tomado una decisión de conformidad con el ambiente de preferencia predominante: hecho sociológica y psicológicamente comprobado.

Es claro, por lo demás, que el resultado falso ofrecido por tales sondeos de opi-nión no fue casual, sino premeditado, dado lo inverosímil de que una encuestadora seria se equivoque 100 veces —como GEA-ISA—, y ese actuar se traduce como pro-paganda electoral ilegal en pro del candidato presentado como ganador.

61 Secretaría Ejecutiva del IFE. (28 de marzo de 2012). Tercer Informe. Recuperado el 17 de junio de 2013, de www.ife.org.mx: http//goo.gl/IUwni8

1

Encuestadora Elementos sin información

GEA-ISA Base de datos

Con Estadística Software utilizado y base de datos

RIOaxaca Tasa de rechazo y documentación que acredita especialización

VOTIA Marco muestral, tasa de rechazo, tratamiento de la no respuesta, y software utilizado

Buendía & Laredo Base de datos

Covarrubias Tasa de rechazo

Ipsos-Bimsa

Procedimiento de estimación, tasa de rechazo, calidad de estimadores, software utilizado, documentación que acredite especialización, y base de datos

Demotecnia Base de datos

Mark Up Software utilizado, documentación que acredite especialización y base de datos

Berumen Documentación que acredite especialización, y base de datos

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[…]61

Como se puede apreciar, la casa encuestadora GEA-ISA no cumplió con las obliga-ciones establecidas por el artículo 237 del Código comicial federal, ni con lo seña-lado en el acuerdo CG411/2011 del IFE, específicamente en lo que se refiere a la entrega de las bases de datos de la encuesta, situación que quedó demostrada con el rebase del margen de error permitido, y que además le restó veracidad; a lo cual habría que añadirle la agravante de que la información extraída de las mediciones fue dirigida a crear climas de opinión favorables a un solo candidato y desfavorables para los demás, con lo que un gran número de ciudadanos pudo haber tomado una decisión de conformidad con el ambiente de preferencia predominante: hecho sociológica y psicológicamente comprobado.

Es claro, por lo demás, que el resultado falso ofrecido por tales sondeos de opi-nión no fue casual, sino premeditado, dado lo inverosímil de que una encuestadora seria se equivoque 100 veces —como GEA-ISA—, y ese actuar se traduce como pro-paganda electoral ilegal en pro del candidato presentado como ganador.

61 Secretaría Ejecutiva del IFE. (28 de marzo de 2012). Tercer Informe. Recuperado el 17 de junio de 2013, de www.ife.org.mx: http//goo.gl/IUwni8

1

Otro elemento que refuerza nuestra acusación de que las encuestas fueron simu-ladas son las declaraciones reiteradas que trataban de hacerlas creíbles y demostrar que, muy por el contrario, eran resultado de un trabajo científico y objetivo, como lo hizo el presentador Ciro Gómez Leyva, quien en sus espacios televisivos se encarga-ba de repetir con insistencia que las mediciones fueron escrupulosamente realizadas por especialistas encabezados por Ricardo de la Peña, y que su margen de error era de más/menos dos puntos. Si a eso le agregamos que nunca hubo variación en los números que presentó el sondeo mencionado —como sí sucedió con otros estu-dios conforme avanzaban las campañas—, es todavía más clara la premeditación con que actuaron GEA-ISA y el grupo responsable de difundir sus resultados, al pretender generar certeza de un acto simulado, disfrazado de figura legal, para cubrir una ile-galidad.

No es ocioso reiterar que la transmisión diaria de los resultados de una encuesta, lo mismo que su difusión por medio de las expresiones de líderes de opinión, influye en la formación de preferencias; tal fue la pretensión de los siguientes textos publi-cados en aquellos días:

• Columna “La historia en breve”, de Ciro Gómez Leyva, publicada en Mile-nio Diario el 11 de abril de 2012.

¿Están liquidados Josefina y López Obrador?

Con esa misma pregunta titulé mi texto del 20 de marzo, en el que revisé los números de arranque de la encuesta de seguimiento diario MILENIO-GEA/ISA. Y respondí: “Por supuesto que no”. Tres semanas después, no estaría tan seguro.

Las cifras marcaban que Enrique Peña Nieto tenía 34 por ciento de las intenciones de voto, por 21 de Josefina Vázquez Mota y 15 de Andrés Manuel López Obrador. Los indefinidos eran 29 por ciento.

Para este martes 10 de abril, el priista había avanzado seis puntos y el pe-rredista dos, mientras que la panista había perdido tres y los indefinidos habían caído cuatro puntos, para dejar el registro así:

Peña Nieto, 40%Josefina, 18%López Obrador, 17%Indefinidos, 25%

Algunos analistas afirman que las cosas no se han movido mayormente. Desde la aritmética, ya no tienen razón. La ventaja de Peña Nieto prácticamente se


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ha duplicado y hoy está más de dos a uno sobre el segundo lugar. Además, segundo y tercer lugar están en empate técnico. ¿Nada se ha movido desde el 19 de marzo?

[…]62

• Columna “La historia en breve”, de Ciro Gómez Leyva, publicada en Mile-nio Diario el 28 de marzo de 2012.

Le llegó la hora de la verdad a Josefina[…]

El 30 de marzo, pero de hace seis años, Felipe Calderón rebasaba por un punto a Andrés Manuel López Obrador en la encuesta GEA/ISA. Como ahora, faltaban 90 días para los comicios. Así es que no caben ya las comparaciones optimistas. Lo propuse ayer con López Obrador, lo repito con Josefina: si se aplica la lógica, su victoria es improbable.

[…]63

• Columna “Día con día”, de Héctor Aguilar Camín, publicada en Milenio Diario el 16 de abril de 2012.

Una elección no competida[…]

Si se mantienen las tendencias, se romperá el cuadro de un electorado reparti-do en tercios. Los números anticipan más bien el cuadro de una mitad y dos cuartos.

La última de las encuestas diarias de MILENIO-GEA/ISA, publicada ayer, le da 52% a Peña Nieto, 28% a Vázquez Mota, 19% a López Obrador y 1% a Quadri.

Se abre también la posibilidad de un gobierno con mayoría absoluta en el Congreso, como no ha existido en México desde la elección intermedia de 1997, hace quince años.

[…]64

62 Gómez Leyva, C. (11 de abril de 2012). “¿Están liquidados Josefina y López Obrador?”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Milenio: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9144117?quick-tabs_1=1

63 Gómez Leyva, C. (28 de marzo de 2012). “¿Le llegó la hora de la verdad a Josefina?”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Milenio: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9136924

64 Aguilar Camín, H. (16 de abril de 2012). “Una elección no competida”. Recuperado el 3 de septiem-bre de 2012, de Milenio: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9144731

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Como se puede concluir de la lectura de las columnas anteriores —sólo un ejemplo de las muchas que circularon en esos meses— la diaria publicación de la encuestas de GEA-ISA no sólo predispuso las ideas de algunos llamados “líderes de opinión” que ponían a Peña Nieto como un candidato invencible, sino que con ellas sostenían su solapado proselitismo. Por ende, es obvio, a partir de esas cifras influyeron en el electorado.

∞Ya hemos visto cómo resolvió el IFE, también el debate que se suscitó desde los días de la campaña acerca del dispendio priista para hacer ganar a Peña Nieto al precio que fuera. El pronunciamiento de la autoridad electoral fue que el proceder de la coalición Compromiso por México fue ejemplar, inmaculado.

Sin embargo, desde el 26 de abril de 2012, casi desde el inicio del proceso, ad-vertimos que ya se habían rebasado los gastos de campaña establecidos por la ley, y para demostrar el dispendio en propaganda y en movilización de los actos proseli-tistas de Peña Nieto presentamos documentación y comprobaciones.

De hecho, nuestro juicio incluyó una valoración conservadora a partir de lo que teníamos disponible, pero que podía ser comprobado con el monitoreo del IFE. Des-de luego no incluía los gastos señalados como “incuantificables” (artículos, contratos con internet, etc.), por lo que solicitamos al IFE indagarlo, como en ley corresponde. Mas no lo hizo.

Lo que sí pudimos demostrar fue que el PRI rebasó significativamente los topes legales de campaña. Mientras que la ley marcaba 336 millones de pesos como límite, la campaña de Peña Nieto gastó 1,892 millones, es decir que por lo menos se exce-dió 1,500 millones de pesos, porque hay que insistir en que estas estimaciones se basaron en gastos comprobables y, por lo mismo, moderados.

Ahora bien, si incluimos el resto de gastos, como el operativo Ágora, la movili-zación en el partido de futbol de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, y los costos estimados de las tarjetas Soriana y las telefónicas de prepago, resulta un total de 4,600 millones de pesos. Tal fue el costo de la compra del voto que nosotros pu-dimos documentar.

Y es que en ese camino hicimos la comprobación plena de la existencia y del uso de tarjetas Soriana para compra de votos. Logramos incluir no una, sino todas las variantes de las tarjetas, hasta siete tipos diferentes, con distintos montos, en todo el país; y con ellas, más de 4 mil, entregamos también a la autoridad infinidad de tes-


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timonios notariales de ciudadanos que declararon haberlas recibido con la petición expresa de votar por Peña Nieto.

La verdad es que hasta el momento se desconoce el número real total de tarje-tas Soriana, el monto de recursos utilizados y el origen de los mismos, pero lo que sí es posible acreditar es que se trató de una operación sistemática y generalizada. Se confirmó, por ejemplo, que varios candidatos del PRI a distintos cargos las distribuían en sus eventos de campaña, y esto pasó en todo el país.

Así también, comprobamos la existencia de convenios millonarios otorgados por gobernadores priistas al Grupo Soriana, así como varios tickets de compra origi-nales emitidos por esas tiendas departamentales al ser utilizadas las tarjetas, incluido uno —muy difundido en las redes sociales— de una sucursal de la cadena en Nuevo León, con el concepto claramente legible de: “beneficio PRI”. Todo ello lo entregamos de igual manera a la autoridad correspondiente .

Por si esto fuera poco, contábamos con los testimonios vivos. Algo vergonzoso. Infinidad de entrevistas grabadas, escritos elaborados por iniciativa propia de los ciu-dadanos, evidencias in situ de las aglomeraciones de militantes priistas exigiendo sus beneficios en las tiendas, y hasta reclamos de algunos otros a quienes se les pro-metió la tarjeta con dinero a cambio de emitir su voto a favor del tricolor, pero que aun cuando así lo hicieron, al final no recibieron nada.

Tanto dinero corrió en la campaña del PRI y en todo el país, que es inevitable pensar que su origen era ilícito: o bien procedía de los presupuestos de los gobiernos estatales, en algunos casos de las deudas públicas contratadas en otros programas sociales, o incluso podía evidenciar llanamente lavado de dinero. La nación entera atestiguó lo que estoy diciendo. Y sin embargo, para el IFE nada de esto ameritó un esclarecimiento, a pesar de que para sustentar nuestra sospecha de que la campaña del tricolor fue aceitada con dinero ilegítimo —lo que constituyó el núcleo duro de la misma— presentamos, entre otros elementos, pruebas fehacientes del operativo de distribución de miles de monederos electrónicos del Banco Monex los cuales, de entrada, el PRI trató de esconder, y negó en todos los tonos. Y tal negativa fue repe-tida varias veces ante los medios por Jesús Murillo Karam y Luis Videgaray Caso, pero para la autoridad electoral todo ello tampoco fue motivo de sospecha.

Para nuestro juicio aportamos físicamente muestras de esas tarjetas, en este caso de tres tipos y distintas denominaciones, obtenidas todas gracias a ciudadanos que nos las hicieron llegar. Junto con ellas entregamos a la autoridad copia del contra-to suscrito a nombre del equipo de Peña Nieto, el cual involucró poco más de 56 millones de dólares ofrecidos al Grupo Financiero Monex bajo el acuerdo de posi-cionar la imagen del candidato priista, y que ha tenido un desenlace nebuloso, no suficientemente aclarado en Estados Unidos de América; además de un paquete de

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37 facturas y tres listados del mismo Grupo por un monto de 240 millones de pesos, con el registro de “recompensas corporativo carga de saldos prepago”, y una inves-tigación muy detallada de las empresas fantasma empleadas por el PRI para hacer esas transferencias de recursos.

Lo que hemos podido acreditar a la fecha, y que la autoridad electoral desestimó, es que el Grupo Financiero Monex emitió por lo menos 100 mil monederos electró-nicos en beneficio de operadores del PRI, lo cual puede corroborarse con las tarjetas, sus comprobantes fiscales digitales y las listas de los representantes registrados ante la autoridad electoral.

Así, la legalidad fue vulnerada en tanto que se utilizaron estructuras paralelas de financiamiento, como Monex y Soriana, las cuales no se reportaron a la autoridad electoral, como estarían obligados a hacerlo los partidos políticos.

Lo más grave es que en esta operación intervinieron diversas sociedades mer-cantiles fantasma, con registros federales de contribuyentes (RFC) inexistentes o di-recciones falsas, lo que hace suponer algo ilegal, como lavado de dinero.

Por ejemplo, nosotros documentamos en su momento que el Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Atama habían transferido recursos para el PRI a través de Banca Monex, pero el equipo de campaña de Peña Nieto de inmediato se apresuró a descalificarnos, negando tal relación. Tuvieron que mediar más pruebas contunden-tes, y la presión de la opinión pública para que lo reconocieran.

Sin embargo, todavía a estas alturas nadie ha aclarado quiénes son y que hacían Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales, los cuales figuraban como accionis-tas de esas empresas, constituidas simultáneamente ante notario el 27 de octubre de 2006, y que en 2009 presentaron a la Secretaría de Hacienda una declaración “en ceros”.

Cabe señalar que la empresa Atama tiene su domicilio fiscal en Paseo de la Refor-ma número 15, pero esa dirección no existe. Y en cuanto a Inizzio, Monex le facturó en la calle de Homero, número 136, despacho 1004, colonia Polanco; sin embargo, en ese inmueble no existe ninguna oficina de la señalada firma, y tal despacho corres-ponde a un consultorio dental.

De acuerdo con nuestra información, Fragoso Oscoy murió en 2010, era obrero y desde el 2 de octubre de 2000 tenía su domicilio fiscal en la calle Iguala, número 50, colonia San Lucas Patoni, en Tlalnepantla, Estado de México, a unas cuadras del Reclusorio Norte. En tanto que Paz Morales vive y tiene su domicilio particular en la calle Azucena, número 19, colonia San Lucas Patoni, a la vuelta de la casa donde vivió Fragoso, a quien conocía; no tiene empleo fijo, se dedica a hacer “chambas” diversas e incluso le ayuda a un vendedor de tacos de carnitas los fines de semana. Sus ami-gos lo apodan “El Cepillo”.


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En todo caso, estos hechos en conjunto, más el origen de los recursos de ambas empresas, sea ilícito o no, debían de haber sido investigados por las autoridades competentes. Pero eso no ocurrió.

Nos han cerrado todas las opciones de aclarar el caso. Intentamos crear una comi-sión especial en la Cámara de Diputados, con facultades amplias de investigación, pero dijeron que era improcedente en los términos en que estaba planteada; final-mente se aceptó, aunque bajo un esquema limitado, y con el nombre de Comisión Investigadora de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef ).

Y como era lógico, a la hora de emitir su dictamen, el IFE fue cínico. A través de la Unidad de Fiscalización concluyó que efectivamente habían existido las tarjetas pero que ni eran tantas ni se trataba de algo ilegal. Encontró que el gasto por las mis-mas ascendía a un total de 66 millones 326 mil 300 pesos, de los cuales 50 millones 508 mil 891 pesos se habían dispersado a favor de todas las campañas federales, no sólo de la presidencial, por lo que ordenó prorratear esa cantidad al gasto de campaña de los distintos candidatos del PRI, luego de lo cual al candidato Peña Nieto le corres-pondió apenas un total de menos de 4 millones de pesos.

El Instituto redujo toda su valoración a la vertiente relacionada con triangulacio-nes financieras con empresas en Estados Unidos de América, pero ni de lejos clarificó la situación de las empresas mexicanas fantasma.

Por si esto fuera poco, el dictamen del IFE tampoco arrojó ninguna certeza sobre el origen de los recursos utilizados para financiar las tarjetas electrónicas, ni acerca de la cuenta bancaria con la que se realizó el pago de las mismas.

Hay que reiterar que estamos hablando sólo de una parte de la compra de votos, pues en la práctica, y esto es lo más escandaloso, el sufragio a favor del PRI se adqui-rió no únicamente mediante las tarjetas de crédito prepagado y cheques, sino con dinero en efectivo, todo lo cual refuerza nuestra suposición, por su monto y magni-tud, de que su procedencia fue ilegítima.

Nuestra sospecha es que los mandatarios priistas de Tabasco, Estado de México y Veracruz —principalmente, pero no sólo— podrían haber incurrido, como ya he-mos mencionado, en el delito de lavado de dinero al usar ese tipo de recursos. Así lo denunciamos al IFE, al TEPJF, a la FEPADE y a la SIEDO ahora SEIDO. Y a la fecha, nadie ha dicho nada al respecto.

Para el IFE nada de eso es motivo de dudas y menos de investigación. Como tampoco el que se haya usado una formidable red de distribución de tarjetas tele- fónicas como propaganda de Peña Nieto y en general de todos los candidatos del PRI. Es que junto con ellas, las cuales tenían el retrato de su abanderado presidencial, se entregaron otras de la misma clase pero de aspirantes locales —a gobernador, a

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senadores, a diputados, etc.— que si bien correspondían a procesos en los estados o municipios, fueron utilizadas también para condicionar el voto por Peña y reforzar la elección de presidente.

Ejemplo de esas tarjetas fueron “La Choca”, en Tabasco; la “Tarjeta de Todos”, en Coahuila; “La Jalisciense”, en Jalisco; “La Benefactora”, en Guanajuato; “La Tamaulipeca”, en Tamaulipas. Más la “Premia Platino”, distribuida por el PVEM en todo el país.

Y aún así dijeron que era una “fantasía” nuestra acusación contra el PRI de haber utilizado sus gobiernos en los estados en beneficio de Peña Nieto.

El operativo, desesperado, se montó en el mes de junio, cuando en el partido tri-color se percataron de que las encuestas (las reales) no los favorecían, que Peña caía y que AMLO crecía; y a partir de ahí funcionó como un reloj. Lo atestiguamos todos, bastaba con ver la magnitud de las acciones y los recursos en juego. Sólo la autori-dad electoral ni lo vio ni le importó, cuando se lo mostramos para que se investigara.

Lo hemos señalado: el 12 de junio de 2012, en Toluca, en la casa oficial del titular del Ejecutivo del Estado de México se reunieron 16 gobernadores del PRI con Enri-que Peña y su equipo de campaña. Y ahí recibieron la orden de conseguir votos a como diera lugar. Ellos, a su vez, designaron de entre sus colaboradores cercanos a los responsables por municipio y por distrito con los recursos para operar la compra de voto. Luego de eso, los funcionarios, a su vez, encargaron a sus subalternos la opera-ción de compra de votos, quienes la llevaron a cabo regalando despensas, dádivas y materiales para construcción; también, haciendo gestión, otorgando créditos para vivienda, becas, y hasta descuentos y condonación total de impuestos estatales.

Gracias al caso del estado de Zacatecas pudimos reconstruir paso a paso el fun-cionamiento del operativo. En esa entidad se abrieron cuentas en Banorte e Inbursa, con dinero de origen desconocido, a nombre de Víctor Manuel Rentería López, se-cretario particular del Oficial Mayor del Gobierno del estado, para operar el Segundo Distrito. Y así fue también en todos los demás.

De la cuenta mencionada se pagó a empresas proveedoras de materiales y se otorgaron recursos a operadores políticos que se encargaron de conseguir votan-tes. Ellos repartían despensas, materiales y tarjetas, y paralelamente tenían acceso a dinero de diversas dependencias estatales (Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, CEAPA; Sector Salud; Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF; Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, SEPLADER, entre otras) el cual dispensaban a los votantes que conseguían.

El operativo de coacción del voto se aterrizaba en las “casas amigas”, en donde los operadores, habilitados por el IFE como “observadores” del PRI, verificaban, con la lista nominal en la mano, que los ciudadanos que habían recibido algún apoyo emitieran su voto a favor de ese partido. Esta fase se denominó Bingo.


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Estamos hablando de 108 millones de pesos invertidos en un solo estado con el propósito señalado. Pero hay que insistir en que no fue sólo en Zacatecas. En nuestro juicio mostramos evidencias (testimonios y documentos) de que este modelo se replicó en todo el país.

Quizá uno de los descubrimientos más escandalosos que hicimos a ese respecto, gracias a los ciudadanos, desde luego, fue el manejo sospechoso e irregular de una cuenta del Gobierno del Estado de México (la número 8069350 de Scotiabank), por parte nada menos que del coordinador de campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, y justamente en los meses de la campaña, cuando no debía tener ninguna injerencia sobre ese recurso.

Para demostrarlo, el 3 de agosto presentamos públicamente varias pruebas: en principio, la copia de los estados de cuenta y de las consultas en pantalla de esa cuenta del Gobierno estatal en Scotiabank, a nombre de Videgaray, lo cual el PRI rechazó en un principio, negativa que yo refuté un día después, cuando exhibí el tes-timonio de una empleada del propio banco, quien confirmaba que efectivamente el titular era el coordinador de campaña de Peña Nieto.

Frente a nuestras evidencias, el PRI alegó que la cuenta de Scotiabank no se usa-ba para pagar a nadie, sólo para transferir dinero momentáneamente en las noches a fin de “ganar intereses”; pero entonces, mediante la copia de un comprobante elec-trónico de pago SPEI del Banco de México demostramos que el 19 de junio de 2012 hubo disposición y entrega de recursos a un particular, un depósito por 50 millones de pesos, y que además fue hecho en horas de la mañana.

El particular era Marco Antonio González Pak, gerente de una fábrica de platafor-mas de tráiler en Chihuahua, quien estaba vinculado con la Fundación Isidro Fabela, “organismo cultural de corte priista”,65 como se le calificó en los medios de comuni-cación en aquellos días.

En razón de lo anterior, con toda esta información y documentación, el 6 de agosto de 2012 presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la Repúbli-ca contra Luis Videgaray y/o quien resultara responsable.

Quiero subrayar que el SPEI en cuestión, prueba indubitable de la manipulación dudosa de la cuenta, fue analizado en pantalla varias veces antes de que presentáramos la denuncia. Hicimos la consulta en la pantalla del Banco de México el 2 de agosto y nuevamente el 9 de agosto, constatándose en ambas fechas que como ordenante figuraba el Gobierno del Edomex, y como beneficiario, Marco Antonio González Pak, y que incluso aparecía su RFC o CURP.

65 Cervantes, J. (18 de agosto de 2012). “La gran banca, detrás de Peña Nieto”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Proceso.com.mx: http://www.proceso.com.mx/?p=317452

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Esto cambió sorprendentemente el 15 de agosto. Al hacer una vez más la con-sulta, advertimos el cambio del SPEI: se había sustituido el nombre del beneficiario Marco Antonio González Pak por el de Gobierno del Estado de México, y también se habían modificado los RFC o CURP correspondientes. Por ello, el 17 de agosto si-guiente acudimos ante la FEPADE, adonde se turnó el expediente, para hacer la de-nuncia del cambio del SPEI en la pantalla del Banco de México.

Como elemento adicional a nuestras afirmaciones, además de las impresiones de los SPEI que hicimos en diferentes fechas, otorgamos las notas aparecidas en los medios, que daban cuenta de los cambios en la pantalla del Banco de México, y que resultaron de sus propias consultas y las de su público: el 9 de agosto, un lector de El Blog de Izquierda investigó directamente en la página y tuvo el mismo resultado que nosotros: el SPEI que mostré en la conferencia del 3 de agosto. Luego, el 15 de ese mes la periodista Carmen Aristegui dio cuenta de una denuncia ciudadana que indicaba ese cambio en los datos del SPEI, lo cual confirmó el día 16 otro lector del mismo blog.

Indignado por la impunidad con la que se estaba actuando y el silencio cóm-plice de las autoridades, el 25 de agosto anuncié que presentaría, en nombre de la coalición, un denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, ahora en contra del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por “falsificación de documentos, encubrimiento y presunto lavado de dinero”.

A lo anterior, el Banco de México respondió de inmediato mediante un comuni-cado de prensa fechado el 26 de agosto, en el que se leía: “Toda la información con-tenida en los Comprobantes Electrónicos de Pago de operaciones realizadas a través del SPEI es responsabilidad exclusiva del banco receptor de los recursos, no del Banco de México”, reconociendo el cambio en el SPEI original, y subrayando que “En el caso ventilado recientemente ante los medios de comunicación el Banco de México recibió instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor”,66 lo cual nunca fue suficientemente aclarado.

Algo digno de tomarse en cuenta es el reconocimiento del cambio en el conteni-do del comprobante electrónico en la supuesta “explicación” que, también mediante un comunicado de prensa, ofreció Scotiabank: argumentó que el 13 de agosto de 2012 solicitó al Banco de México “corregir la información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)”67 de la transferencia

66 Banco de México. (26 de agosto de 2012). Comunicado de prensa/”El Banco de México rechaza categóricamente las presunciones infundadas realizadas en contra de la institución y de su gober-nador”. Recuperado el 2 de septiembre de 2012, de www.banxico.org.mx: http://goo.gl/RlmWMv

67 Redacción AN. (20 de agosto de 2012). “Scotiabank solicitó a Banxico ‘corregir’ el comprobante de pago”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de Aristegui Noticias: http://goo.gl/Q45Vc


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antes mencionada para reflejar al beneficiario de la transacción “de manera correcta”. Es decir, sustituir el nombre del C. Marco Antonio González Pak por Gobierno del Esta-do de México, pero sin ofrecer mayor explicación del porqué de su “error”, que además descubrió después de que se hizo la denuncia respectiva.

Lo curioso, y que debería de haber sido objeto de una investigación acuciosa, es que ese cambio se ordenó el mismo día —13 de agosto— en que personalmente entregué en las oficinas del gobernador del Estado de México, en la ciudad de Tolu-ca, las pruebas que eran el objeto de la denuncia en contra de Luis Videgaray.

Entre ambos hechos medió una declaración de Joel Sierra, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México y quien recibió de mis manos las pruebas, en el sentido de que éstas, que incluían el SPEI, “eran falsificadas o habían sido alteradas” (a sabiendas de que, muy por el contrario, existían y eran auténticas).

A la fecha, ni Scotiabank ni el Gobierno del Estado de México han explicado por qué originalmente aparecía como beneficiario el nombre de Marco Antonio Gonzá-lez Pak y luego fue sustituido por el de Gobierno del Estado de México, pero consi-deramos que dada la aclaración pública del Banco de México en la que reconocía los datos iniciales del SPEI, todos los funcionarios —federales y locales— y los particula-res involucrados directa o indirectamente en el manejo del depósito de 50 millones de pesos tendrían que haber aclarado ante la Fiscalía el cambio, de tal suerte que quedara absolutamente esclarecido el motivo del mismo, así como la relación entre el beneficiario original y el Gobierno mexiquense, que dio pie a tamaño “error”.

A consecuencia, asimismo, del sentido y alcance de los desmentidos públicos a nuestra denuncia y a la falsedad de declaraciones en que reiteradamente incurrieron los funcionarios del Gobierno del Estado de México y los de Scotiabank, como pro-bable encubrimiento de otros hechos delictuosos, el 30 de agosto de 2012 presenté personalmente una demanda ante la PGR en contra del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por la presunta alteración de documentos financieros y por el delito de delincuencia organizada, en virtud de que modificó la transferen-cia electrónica de la cuenta perteneciente al Gobierno mexiquense manejada por Luis Videgaray cuando éste ya era coordinador de campaña de Peña. La operación perfecta: la compra del voto acordada por el Gobierno de dicha entidad y el equipo priista, encubierta por un banco privado y una institución del Estado.

La denuncia era extensiva, desde luego, al gobernador Eruviel Ávila y a los direc-tivos de Scotiabank.

Y todavía dijeron, y siguen diciendo, que fue un “mito” la compra de la Presidencia. Amén de que cada día que pasa surgen más evidencias de la operación priista

para hacer ganar a Peña, nosotros lo demostramos mediante abundantes pruebas físicas en su momento y ante quien debíamos. Hicieron mofa de ello, porque en el

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expediente incluimos físicamente despensas, licuadoras, parrillas, utilitarios de todo tipo, pero también algunos de los animales que repartieron entre la gente de pocos recursos: pollos, gallinas, puercos, borregos. Pero nadie mostró el menor gesto de vergüenza por que esto pasara en México ni por que esas acciones evidenciaran el nivel de degradación de nuestra política y la miseria moral de quienes llegaron a estos extremos con tal de ganar.

La verdad es que la compra del voto y el tráfico de la pobreza en el medio rural fueron sin duda las mayores inmoralidades de estos comicios. Hay que decir con todas sus letras que Enrique Peña Nieto obtuvo los sufragios porque los priistas pa-garon por las lealtades, valiéndose de la necesidad y del hambre del pueblo. Y eso, aquí y en cualquier parte, es fraude electoral.

Basta mencionar como ejemplo que en los tres distritos con más población rural de Yucatán se registró una participación promedio de 86%. Y en Chiapas, la presencia ciudadana respecto a 2006 se incrementó en 118%, de manera que el PRI consiguió en ese estado 506 mil votos de más.

Asimismo, en las casillas no urbanas, que representan 35% del total, Peña le “ganó” a AMLO por 2 millones 801 mil 042 votos, lo que significó 85% de su supuesta ventaja a nivel nacional.

A estas alturas, pocos dudan acerca de lo que dijimos y probamos respecto a lo que realmente pasó el 1 de julio de 2012, y aun antes.

Las pruebas y testimonios que entregamos a las autoridades correspondientes, y que expusimos ante la opinión pública, demuestran de manera clara e irrefutable que en la pasada elección presidencial se compraron 5 millones de votos, aproxima-damente. Tan sólo en Chiapas, Veracruz y el Estado de México se adquirieron alrede-dor de 2 millones de sufragios.

Como elemento adicional, vale la pena resaltar las diversas valoraciones de ob-servadores nacionales y extranjeros, de las cuales se desprenden distintas anomalías que para los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal, empero, pasaron des-apercibidas. En especial, el documento más completo fue el que presentó Alianza Cívica, del que ya hemos hablado.68

Pero no menos importante es el informe final de la Misión de Expertos Electo-rales (MEE) que el 24 de septiembre de 2012 entregó al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, la jefa de la delegación de la Unión Europea en México, Marie-Anne Coninsx.

Ese mismo día, el IFE emitió un boletín en el que se limitó a anunciar el acto de entrega del documento y del modo en que operó la misión de expertos, pero además

68 Ver capítulo 7.


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intentó usar esa información para avalar su actuación en la pasada elección, resaltando que “los expertos europeos reconocen el avance democrático de México, así como la fortaleza y legalidad de las instituciones electorales”,69 sin siquiera mencionar alguna de las muchas críticas vertidas en el informe, como la que a continuación se reproduce:

[…] La MEE comparte la opinión de algunos analistas y observadores que con-sideraron la aparente falta de actuación del IFE como abiertamente conserva-dora y como una oportunidad perdida para emitir una señal de desaprobación hacia ese tipo de prácticas.

Los acontecimientos post-electorales, llenos de acusaciones sobre la in-equidad de las elecciones, supuestamente debida a la compra y coerción del voto, han puesto de manifiesto los pobres logros del IFE a este respecto.70

Igualmente, la agencia oficial Notimex y la mayoría de los medios nacionales se con-formaron con reproducir en sus notas el comunicado del IFE, que únicamente atri-buyó a la MEE elogios al proceso y las instituciones electorales.

Sin embargo, en su documento, los especialistas electorales —acreditados por los 27 gobiernos de la UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior— culpan al IFE de haber consentido prácticas electorales tipificadas como delitos en el Código Penal mexicano, en referencia a la compra y coacción del voto, tal como sucedió, destaca el informe, con la entrega de monederos electrónicos que podían ser canjeados, a cambio del voto por el PRI, en las tiendas Soriana. Asimismo, le reprocharon al Instituto que hubie-ra eludido en su momento dictar medidas cautelares y, por lo tanto, no congelar las cuentas bancarias de donde salía el dinero para efectuar esas dudosas operaciones.

El IFE alegó que no había pruebas de esas conductas delictivas.

69 IFE-Coordinación de Comunicación Social. (24 de septiembre de 2012), óp. cit.

70 EU Election Expert Mission Mexico. (2012). México. Informe final-Elecciones Generales 1 Julio 2012. México.

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Después del fraude electoral, y de revisar con mucha responsabilidad y seriedad las pruebas con que contábamos, la coalición Movimiento Progresista y su candidato presidencial le apostamos al camino de la ley. Rechazamos tomar

la vía de la presión en las calles, confiamos en las instituciones y nos aplicamos a reunir las pruebas de nuestros dichos y a armar un juicio no solamente testimonial, sino bien fundamentado jurídicamente, que acreditara de manera irrefutable las in-fracciones en que incurrieron el PRI y Peña Nieto, para sustentar nuestra petición de repetir la elección.

Es decir, ni siquiera reclamábamos el triunfo de López Obrador. Nuestra solici-tud se puede resumir de la siguiente manera: ante el cúmulo de evidencias de la manipulación de los electores a través de diversos medios, de la coacción y compra de votos a favor de un candidato, en detrimento del otro, pedimos de la autoridad electoral, únicamente, la repetición de la campaña y la elección en condiciones le-galmente aceptables.

Se integró un equipo interdisciplinario de abogados, principalmente, pero en el que también participaron comunicólogos y sociólogos de los tres partidos de la coalición y de MORENA, y con ellos empezamos a darle forma a nuestra demanda. Fueron parte de ese grupo: Bernardo Bátiz, Jesús González Schmal, Eduardo Ramírez, Ricardo Mejía Berdeja, Camerino Eleazar Márquez, Socorro Ceseñas, Martí Batres, Fer-

11. Las mentiras y el lamentable papel del Tribunal


192

nando Vargas, Jaime Cárdenas, Adela Muro, Sara Pérez Rojas, Silvano Garay, Nikol Ro-dríguez, Epigmenio Ibarra, Hugo Rosales, Silvia Reza y Francisco Estrada.

Con ellos hicimos un trabajo cuidadoso y arduo. Se revisó todo el material y se analizaron todas las posibilidades y opciones de defensa jurídica posibles. Una vez elaborado el documento, y entregado, seguimos uno a uno, escrupulosamente, los pasos procesales. Nuestro juicio se registró bajo el número de expediente SUP-JIN-359/2012, y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-deración les facilitamos el análisis de nuestra demanda, al señalarles los datos duros que la sustentaban.

En la etapa de instrucción continuamos enriqueciendo el expediente con nue-vas pruebas —pruebas supervinientes se les llama porque se obtienen después de presentada la demanda—, y participamos en todas las diligencias que se nos requirió, a fin de integrar el caso más completo posible, confiando en la responsabilidad del Tribunal como órgano de última instancia.

El límite legal para entregar un proyecto de sentencia era el 31 de agosto, y el de la sentencia y la elección presidencial, a más tardar el 6 de septiembre. Pero resolvie-ron antes de ese plazo y calificaron la elección; también declararon presidente electo antes de lo que requería la ley.

El 30 de agosto de 2012, por la noche, los magistrados decidieron lo que ya ha-bían anunciado los consejeros del IFE y el magistrado presidente: que nuestro juicio no tenía ningún fundamento y que ninguna de nuestras pruebas era válida. Dijeron textualmente que eran “insuficientes”, y resolvieron lo siguiente:

[…] Conclusiones generales

Esta Sala Superior ha concluido el análisis integral y exhaustivo de los con-ceptos de nulidad y los medios probatorios aportados por la Coalición “Mo-vimiento Progresista”, actora en el juicio al rubro identificado, para acreditar su pretensión de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, en atención al principio de exhaustividad, lo procedente es examinar la supuesta conculcación a normas constitucionales o principios fundamentales atendiendo a los elementos o condiciones de la invalidez o nulidad de la elección por violación de principios constitucionales, que han sido precisados en esta ejecutoria, a saber:

a) El planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún princi-pio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

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b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas;

c) Constatar el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya produ-cido dentro del proceso electoral, y

d) Las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente de-terminantes para el resultado de la elección.

La revisión en conjunto de los distintos apartados considerativos contenidos en esta ejecutoria permite llegar a las conclusiones siguientes:

1. Actuación de autoridades. Las supuestas omisiones en que, según la Coa-lición actora, incurrieron distintos órganos del Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuradu-ría General de la República, no están acreditadas.

Lo anterior, en términos de las constancias que obran en el expediente del juicio de inconformidad que se resuelve, dentro de las cuales se encuentran informes de estados procesales, originales y copias certificadas, de los proce-dimientos que llevan a cabo, vinculados con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2012-2016. Con tales documentos se ha dado puntual referencia en las distintas partes considerativas de esta ejecutoria.

Por otra parte, a fin de contar con mayores elementos de convicción, por acuerdo de veintisiete de agosto del año en curso, la Comisión Instructora re-quirió, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamenta-rias, a la Comisión de Quejas y Denuncias, al Secretario Ejecutivo y a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, todos del Instituto Federal Electoral, para el efecto de que informaran en cuáles quejas o proce-dimientos administrativos sancionadores y en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, relacionados con la elección antes citada, habían emitido la resolución correspondiente.

En ese mismo proveído de veintisiete de agosto de dos mil doce, se requi-rió a la Procuraduría General de la República, para que informara en cuántas y cuáles averiguaciones previas vinculadas con la elección presidencial, llevada a cabo en el procedimiento electoral federal 2011-2012, se ha ejercido acción penal, hasta el momento en que desahogó el requerimiento.

Mediante sendos acuerdos de veintiocho de agosto del año en curso, la Comisión ponente determinó que las autoridades electorales y ministerial re-queridas, cumplieron, en su oportunidad, con presentar a esta Sala Superior la información que se les solicitó, y remitieron al efecto, las constancias que estimaron pertinentes, las cuales hacen evidentes las actuaciones y diligen-


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cias ordenas con motivo de los procedimientos a su cargo, relacionados con la elección presidencial del año dos mil doce.

Por tanto, conforme las constancias que obran en autos, los órganos del Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, lejos de ser omisos en su actuar, han demostrado fehacientemente, ante este órgano de justicia es-pecializado, la implementación de sus atribuciones legales en el trámite y sus-tanciación de los procedimientos en curso en que tienen el carácter de autori-dades sin que les sea reprochable inacción alguna o falta de debida diligencia.

2. Observancia del principio de certeza en los cómputos distritales. En virtud de que este órgano jurisdiccional determinó que deben desestimarse los planteamientos formulados por la Coalición demandante, por las razones ampliamente expuestas en el apartado 8 (ocho) del considerando OCTAVO de este fallo, no es procedente el análisis del grado de afectación de las su-puestas irregularidades en el resultado de la elección impugnada, ya que un requisito previo para esa ponderación jurídica lo constituye la acreditación plena de los hechos manifestados por la actora en su escrito de deman-da, por consiguiente, como las pretendidas violaciones sustanciales no se demostraron, queda en esta fase el análisis de la conculcación al principio constitucional de certeza.

3. Observancia del principio de libertad del sufragio. En la sentencia se explican ampliamente las razones por las cuales, esta Sala Superior deter-mina que son infundados los argumentos de nulidad encaminados a de-mostrar que se haya materializado la compra y coacción de voto y con ello se hayan vulnerado los principios rectores del proceso electoral, a partir de una supuesta: indebida adquisición de tiempos en radio, televisión y medios impresos; uso de encuestas como propaganda electoral; financiamiento en-cubierto a través de una institución bancaria; ilícita utilización de tarjetas de una tienda de autoservicio; intervención de funcionarios públicos, y distin-tas irregularidades antes, durante y después dela jornada electoral, pues los hechos aducidos por la Coalición actora no se tuvieron por evidenciados, en consecuencia, tampoco se encuentra evidencia sobre la violación al princi-pio de voto libre, por presión, compra o coacción de los electores.

4. Observancia del principio de equidad en la contienda. Los hechos adu-cidos por la actora no se consideran irregularidades graves, toda vez que derivado de las quejas relacionadas con este tema no quedó acreditado el rebase al tope de gastos de la campaña presidencial, además, se aportaron pruebas insuficientes para evidenciar plenamente la supuesta aportación

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ilícita de empresas mercantiles a la Coalición “Compromiso por México”, por consiguiente, como los hechos no están demostrados, no resulta proceden-te examinar el grado de afectación o su pretendido carácter determinante para la validez de la elección, por la violación al principio de equidad en la competencia electoral entre los partidos políticos, coaliciones y candidatos.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se declaran infundados los planteamientos de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expuestos por la Coalición “Movimiento Progresista”.

[…]71

Así, de un plumazo y por unanimidad, los siete magistrados declararon infundado el juicio de inconformidad promovido por la coalición Movimiento Progresista.

Con un discurso mentiroso, parcial y además anticonstitucional, que recurrió a la evocación de personajes como Aristóteles e Ignacio Luis Vallarta y a las citas grandi-locuentes, quienes debían garantizar la legalidad y la constitucionalidad concluye-ron que no se demostraron violaciones a principios constitucionales.

Según ellos, las 90 cajas de pruebas que sustentaban nuestro juicio no conte-nían nada digno de tomarse en cuenta. Para los magistrados bastó que la coalición Compromiso por México negara haber comprado los votos, y resolvieron: “que antes y durante la jornada electoral, prevalecieron las condiciones necesarias para que los electores emitieran su voto de manera libre y razonada”.72

Y por eso, nosotros manifestamos en su momento, y hoy lo reitero, que min-tieron ostensible y deliberadamente al formular el proyecto de resolución y al de-fenderlo cada uno de ellos, porque dijeron, por ejemplo, que no había pruebas para demostrar el acarreo, que éstas se limitaban a un video y un recorte de prensa. Y mintieron, porque en el expediente se presentaron múltiples evidencias del aca-rreo, las cuales no se reducían sólo a uno o dos estados, sino que correspondían a todo el país. Y había no uno, sino varios testimonios notariales además de los perso-nales, e infinidad de fotografías relacionadas con quejas ante los distritos, que acre-ditaban tiempo, modo y lugar del suceso.

71 Sala Superior del TEPJF. (30 de agosto de 2012). Sentencia al JUICIO DE INCONFORMIDAD EXPEDIEN-TE: SUP-JIN-359/2012. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de portal.te.gob.mx: http://goo.gl/lPQvJr

72 Ibídem.


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Mintieron también al negar la existencia de las “casas amigas” del PRI. Y mintieron desde luego cuando concluyeron que la ley no limita la entrega de productos utili-tarios, y más aún, cuando dicen que no se acreditó que los utilitarios y el dinero se ofrecieran sólo en la elección presidencial, pues algunos correspondían a elecciones estatales y municipales, alegando que algunas legislaciones locales lo permiten.

Y sin embargo, muchos de los utilitarios entregados en los estados se usaron para pedir el voto por los candidatos a gobernador o diputados locales, pero tam-bién para presionar el correspondiente a Peña Nieto. Y así lo acreditamos con múl-tiples pruebas que obran en las cajas de Tabasco, Morelos, Guanajuato, Veracruz y Jalisco, entre otros.

Ellos mintieron además al afirmar que cuando quisimos comprobar nuestros di-chos sólo documentamos los casos de dos estados (Jalisco y Durango), y que las pruebas “no eran aptas”. Eso es una clara mentira. La seriedad, contundencia y ampli-tud de las pruebas y las huellas del operativo que pudimos documentar en todo el país demostraban que la compra y coacción del voto fueron estrategias generaliza-das, no aisladas ni mucho menos reducidas a uno o dos hechos localizados.

Mintieron también cuando desestimaron los argumentos de coacción del voto a electores por medio de llamadas telefónicas el día de los comicios, o mediante el requisito de acreditar el sufragio con una fotografía, puesto que de ello se les dieron testimonios notariales e incluso fotos con modo, tiempo y lugar, actas de queja in-terpuestas ante la autoridad, y hasta los celulares que se regalaban. Y aún así dijeron que “no supimos relacionar hechos con evidencias”.

En el colmo de la parcialidad, llegaron incluso a desestimar la existencia de los “halconcitos”; simplemente dijeron que “no se aportaron pruebas de su existencia”, ignorando olímpicamente no sólo nuestras evidencias (fotografías, testimonios, etc.), sino el reporte del 3 de julio publicado por la ONG Alianza Cívica, que daba cuenta detallada de ese uso de niños por los priistas.

Fue tal su cinismo, que sobre el rebase de topes de gastos de campaña dijeron que se estaba haciendo una “valoración prematura”, porque la investigación “estaba inconclusa”. Aún así, se atrevieron a emitir sentencia, y ya hemos visto cuáles fueron sus conclusiones.

Y qué decir de nuestra denuncia sobre el manejo de la cuenta bancaria del Go-bierno del Estado de México, y de las evidencias de la transferencia electrónica de 50 millones de pesos a un particular con vínculos evidentes con la campaña del PRI. Este hecho también fue totalmente ignorado por los magistrados.

Y todavía, para rematar, al alegato sobre la inconsistencia entre las cifras del nú-mero de ciudadanos que integraban la lista nominal, y las dadas en el PREP, respon-

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dieron que carecían de elementos para concluir que tal circunstancia constituyera una violación a la normatividad en la materia. Así de simple.

Tampoco puede soslayarse que no hablaron de las otras tarjetas, las de BBVA Bancomer, la de Santander Supercuenta Universitaria o la de regalo Wal-Mart; ni hi-cieron mención alguna de los cheques que se repartieron para comprar los votos, o de la pulsera-USB que se usó, por lo menos en Guanajuato, para recibir compensa-ción bancaria a cambio del voto, y tampoco de las violaciones al secreto del sufragio, ni de la guerra sucia y la propaganda negra con la que el priismo inundó el país contra Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el magistrado Salvador Nava Gomar, los más de 10 mil elemen-tos probatorios que integraron nuestro juicio fueron “vagos, generales o imprecisos”, por lo que resultaron insuficientes para acreditar las acusaciones de que no tuvimos una elección libre y auténtica.

Y el magistrado Flavio Galván Rivera fue todavía más lejos cuando afirmó que nuestro juicio de inconformidad era anecdótico. “Hay un juicio sin acto que impugnar”, aseguró. Y dijo otra gran mentira al sostener que como el juicio era por nulidad de toda la elección se presentó “fuera de tiempo”, que era extemporáneo, jactándose inclusive de que “una forma sencilla de concluir este juicio hubiera sido el desechamiento”, pero que los magistrados, tan benevolentes, nos habían dado la oportunidad de revisarlo.

Lo que este señor no dijo fue que el núcleo del juicio era la hipótesis, conte-nida en el artículo 41 constitucional, de la nulidad de toda la elección, y eso tiene otros tiempos y también otra lógica legal que ellos eludieron en todo momento. Pero por si eso fuera poco, Galván Rivera mintió una vez más al pasar por alto que precisamente para cuidar todos los aspectos de la presentación del juicio, hicimos la consulta el 10 de julio de 2012 al secretario ejecutivo de IFE, Edmundo Jacobo Molina, vía el representante del partido Movimiento Ciudadano en ese instituto, y la respuesta escrita del funcionario nos indicó la manera de computar los plazos de manera correcta, lo que nos permitió presentar nuestro recurso en tiempo y forma.

Pero no sólo eso dijeron los magistrados.Respecto a la propaganda de espectáculos pagada, por ejemplo a la revista

Quién, usada reiteradamente por Peña para promocionarse, de manera ilegal, expre-saron tan solo que se debía a “la línea editorial de la revista”.

Y también declararon infundada la argumentación de que Enrique Peña Nieto gozó de publicidad desde 2006, sencillamente porque, según ellos, “no se enmarca-ba en los plazos de la contienda electoral”, es decir, que si se violó la ley antes de la campaña de 2012, a ellos no les interesa.

Acerca de la acusación de que hubo financiamiento prohibido y contabilidad paralela, desviación de recursos y recepción de dinero ilícito en la campaña del PRI,


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simplemente dijeron que “el estudio del agravio se hace de acuerdo a lo que obra en autos”, y que esas investigaciones correspondían al IFE. Y a estas alturas ya sabemos cómo actuó el Instituto al respecto.

No obstante, en el tema de las tarjetas Monex los magistrados sí fueron más le-jos: aseguraron que no se podía comprobar su uso para supuesta compra del voto. Señalaron que las 7 mil 856 tarjetas que integraban el expediente no implicaban su distribución entre ciudadanos en general. Simplemente no vieron que todas esas tarjetas eran evidencias correspondientes a varios estados del país, no sólo a uno, dos o tres, pero si eso no les demostró nada, realmente no había nada más que decir.

En cuanto a la entrega de tarjetas Soriana y al hecho de que con ellas se lleva-ron a cabo prácticas generalizadas de compra de voto, lo mismo. Según ellos, nada probaba que se hubieran usado para ese fin, ni siquiera los contratos de gobiernos priistas. Aseguraron que si bien estaba acreditada la existencia de las tarjetas entre-gadas en Sala Superior, no así el que se hubieran entregado para comprar el sufragio de los ciudadanos.

A pesar del cúmulo de testimonios notariales de la forma como se operó con estas tarjetas; de que mostramos evidencias de hasta siete de sus distintas modali-dades, en total miles de ellas, las cuales no sólo provenían de un estado sino de todo el país; y (por si eso no fuera suficiente) de los múltiples artículos en prensa nacional y extranjera sobre las filas que cientos de personas hicieron en las tiendas para vaciar los monederos electrónicos, los cuales aseveraron que les fueron proporcionados por el PRI, el magistrado Galván Rivera reviró con una frase que apunta a volverse un clásico de la política mexicana: “Hay pruebas que no hacen prueba”.73

Respecto a los espectaculares de Peña Nieto, igualmente: dijeron que el reclamo era infundado, porque tampoco existían en ese momento elementos para saber si se habían rebasado los gastos por ese concepto o no, puesto que continuaban las investigaciones, además, claro, de que “tampoco habíamos aportado pruebas sufi-cientes”. Y vimos en lo que paró tal litigio: para eludir el rebase, el IFE prorrateó entre todos los candidatos priistas el costo de esos anuncios de Peña Nieto.

En relación con el financiamiento del traslado de simpatizantes de Enrique Peña al evento deportivo del 9 de junio de 2012 en el Estadio Azteca, consideraron que “no había elementos suficientes para vincular los hechos con el presunto rebase”, a pesar de los videos, fotografías, contratos y otros documentos que integraban el expediente… Y lo mismo manifestaron los del IFE a la hora de desahogar la queja.

73 Cano, A. (31 de agosto de 2012). “Repiten magistrados razones tricolores y tornan acusados a los acusadores”. La Jornada , pág. 7.

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Más aún, respecto a la intervención de gobiernos locales, los magistrados di-jeron que nuestros dichos no se acreditaron. Para ellos no había indicios de que el propósito de la reunión de 16 mandatarios estatales en junio de 2012 en la capital mexiquense hubiera sido recibir instrucciones de cubrir una cuota o cantidad de votos mediante desvío de recursos.

Y específicamente acerca de la coacción del Gobierno de Chihuahua por medio del manejo incorrecto de los programas sociales, que nosotros documentamos am-pliamente incluso con comunicaciones oficiales y testimonios, dijeron que el hecho tampoco estaba acreditado, y que los indicios eran “insuficientes y aislados”.

De igual forma, fue inútil haber entregado al Tribunal las chequeras que certi-ficaban la participación del aparato gubernamental de Zacatecas en la compra de votos a favor de Peña, así como la relación de personas pagadas, los documentos oficiales de los funcionarios públicos, los testimonios, videos y fotografías; nada de eso demostró nada.

Y a pesar de los oficios institucionales presentados, de los muchos testimonios y hasta de los recursos penales interpuestos, no pudo ser demostrado, según ellos, que en el proceso electoral hubieran intervenido indebidamente funcionarios públi-cos estatales o municipales, para ejercer presión o coacción a favor de Peña Nieto.

De igual manera, tampoco pudieron ver ninguna irregularidad en el transcurso de la jornada electoral. Mintiendo claramente, dijeron que como pruebas sólo había-mos entregado notas periodísticas, cuando la verdad es que abundaron testimonios notariales y videograbados, así como recursos ante autoridades diversas, que acredi-taban las irregularidades, y no sólo en un estado, repito, sino en varios del país.

Pontificaron que “para acreditar compra de votos, [se] debe probar que existió distribución de un bien o dinero y que la entrega de éstos se condicionó al voto”.74 Y eso fue exactamente lo que se hizo mediante diversas probanzas. Pero a pesar de ello, concluyeron que eran infundadas.

Mucho menos advirtieron errores en el escrutinio y cómputo de los votos, sim-plemente dijeron que “no los vieron”, y que todo el procedimiento se había desarro-llado de manera impecable.

Debido a todo lo anterior, nuestra postura, la postura de Andrés Manuel López Obrador y la de los partidos que integraron la coalición Movimiento Progresista, ha sido muy clara pero además, irreprochable: no violentamos la ley, no nos apartamos de ella, pero tampoco aceptamos el fallo del Tribunal ni reconocemos la legalidad

74 El Universal. (30 de agosto de 2012). “Datos relevantes de la sesión del TEPJF (4)”. Recuperado el 3 de septiembre de 2012, de www.eluniversal.com.mx: http://www.eluniversal.com.mx/notas/867474.html


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y legitimidad de quien es sin duda un presidente espurio más, producto del fraude electoral y no de los votos democráticos.

Dejar pasar como “normales” las irregularidades aquí enunciadas y admitir la compra de la Presidencia de la República violentaría nuestras aspiraciones democrá-ticas y dañaría la dignidad de México.

No admitimos el fraude y no nos cansaremos de denunciarlo, ni de decir que las pasadas elecciones las ganaron los priistas con el apoyo y la complicidad del IFE, del TEPJF y de algunos medios, que ahora nos descalifican porque pretenden que aceptemos lo inaceptable.

Ellos definieron a nuestro juicio como un capricho personal o como la obsesión de un grupo de fanáticos “incapaces de aceptar su derrota”.

Querían que renunciáramos al derecho de defender la democracia.Hoy pretenden que ni siquiera exista la oposición.

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Luego de que se consumó el fraude electoral, después del fallo vergonzoso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a nuestra denuncia de im-posición presidencial, muchos se preguntaron qué seguía o, más aún, si valía la

pena seguir.Se propusieron muchas acciones que oscilaban entre dos extremos, el todo o la

nada: intensificar la resistencia y radicalizarse de plano, o bien, precipitar el retiro de AMLO para iniciar su relevo. Pero en contraste con lo que unos y otros planteaban, el movimiento social no tomó el camino violento, ni López Obrador optó por el retiro, por el contrario, se mantendrá vigente con MORENA y con todos aquellos ciudada-nos y organizaciones de izquierda que conservan la esperanza de cambiar a México.

No obstante, al anunciar que se demandaría la anulación de la elección presi-dencial, por la manifiesta inequidad que representó el uso de dinero ilícito en la campaña del PRI, se empezaron a escuchar voces que señalaban a AMLO como un “lastre” para la democracia en general, y para la izquierda en particular. Empezaron en el PRI y luego se escucharon también en el PRD.

En aquellos días publiqué un texto en Milenio, el cual comparto nuevamente a continuación, en virtud de que será un cuestionamiento que irá creciendo a medida que se aproxime la elección federal del 2015, donde MORENA buscará su registro como partido político.

12. MORENA, la esperanza de México


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Un “lastre” llamado López Obrador

Tienen razón quienes consideran a AMLO un lastre. “Piedra grande que se pone para equilibrar la nave… Juicio, piedra, madurez”, son las definiciones de la RAE.

El diccionario de sinónimos de la misma Academia lo incluye en una ma-cedonia de términos equivalentes. Contrapeso (“peso que hace equilibrio”). Sobrecarga (“Lo que se pone encima de una carga regular”). Freno (“Instru-mento que sirve para gobernar y sujetar a los caballos. Sujeción para moderar las acciones”). Traba (“cualquier cosa que impide o molesta la fácil ejecución de una cosa”).

En efecto, AMLO se ha convertido en un lastre o contrapeso para quie-nes, con apenas 19 millones de votos (obtenidos además de manera poco transparente), buscan imponer unilateralmente un programa de gobierno a 112 millones de mexicanos. Es un lastre o sobrecarga al proyecto político que busca comprar a billetazos la próxima Presidencia de México.

Ha sido, es y será un freno a todo intento de privatizar el petróleo, aumen-tar y generalizar el IVA (como está aconteciendo en España), y desmantelar la planta industrial nacional y la estructura laboral.

Y por supuesto, es un lastre o traba a quienes suponían que el regreso del PRI, con toda su gama de prácticas electorales irregulares, como el sufragio en efectivo, las despensas electrónicas, el doble financiamiento y la injerencia de gobernadores, sería un día de campo solariego, un trámite facilón y anecdó-tico.

Durante seis años, AMLO lastró también a la derecha gobernante y a su partido, el PAN. Es decir, fue un escollo, un impedimento, un inconveniente, una molestia, una piedra en el zapato y un obstáculo a todos y cada uno de los intentos por promover un bipartidismo de facto, relegar a las opciones de izquierda a una expresión marginal y, sobre todo, fue consistente en denunciar la estrategia genocida de seguridad del gobierno federal, la indebida utiliza-ción del Ejército como cuerpo policial, la creciente violación de los derechos humanos en la guerra fallida contra la delincuencia organizada, el incremento de 13 millones de nuevos pobres en un sexenio, el despilfarro de la burocracia dorada (mil funcionarios federales cuestan dos mil millones de pesos anuales) y el desbordamiento de la corrupción.

¿AMLO es un lastre para la izquierda? Curioso fardo. Es el único candidato de la izquierda más votado en la historia de México: en la primera participación obtiene 15 millones de votos (2006) y en la segunda gana un millón 214 mil más votos (2012). Es el único liderazgo de izquierda que ha convertido en dos ocasiones a esta expresión política en segunda fuerza parlamentaria.

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De los cuatro contendientes en la pasada elección, es el único que remon-ta un 42% de opiniones negativas y termina con un saldo positivo de 12%. Avanzó 54 puntos en un semestre. No se levantó del suelo, sino del subsuelo electoral. Fue el único que duplicó su preferencia en tres meses, de 16 a 32%; en cambio Peña Nieto pierde 6 puntos en 90 días, y Josefina Vázquez Mota desciende otros tantos. Fue capaz de desplazar y desbancar a la candidata del gobierno federal, enviándola a un tercer lugar. Y todo ello lo realizó con una campaña a ras de tierra, con el número de spots más reducido de los tres parti-dos grandes y con las chicas del coro (las encuestadoras) cantando al unísono “el desastre que viene”…, y que nunca llegó.

Si para la izquierda López Obrador no fue un lastre, para el bolsillo de los ciudadanos, menos. Los 16 millones de votos de la coalición de izquierda tu-vieron un costo real de $20.87 (estimando 334 mdp de gasto total), mientras que los de Peña Nieto se fueron a las nubes: $184.21 cada uno (estimando una erogación de 3 mil 500 millones de pesos).

“Mal perdedor” llama el PRI a AMLO. Lo afirma un pésimo “ganador”. Es de-cir, una organización que cambió la Elección de Estado por la elección de esta-blo; que solo sabe de adhesiones, no de argumentaciones; de dominaciones, no de deliberaciones; de aclamaciones, no de discusiones; de cómo vencer, pero no convencer; en suma, de cómo pagar el sufragio en efectivo, y no de cómo respetar el sufragio efectivo.

De la inequidad, se transita ahora a la inquina. No reconocen siquiera el derecho a impugnar y la obligación de esperar el fallo de la autoridad electo-ral. Les urge imponerse por la vía de facto como la Presidencia de la Transfor-mación, no de la regresión. No saben —porque no lo practican—, de pesos y contrapesos, de inconvenientes, de mesura, de impedimentos y de frenos. Sin embargo, no habrá de qué preocuparse. Para eso se mantendrá vigente (además de hacer avanzar a la izquierda) ese lastre llamado López Obrador.75

Los 16 millones de electores que votaron por AMLO en los pasados comicios pre-sidenciales, los seis de cada 10 ciudadanos que no se identifican con alguno de los partidos existentes, así como los 56 de cada 100 mexicanos que consideran que en nuestro país no hay democracia o que ésta presenta grandes defectos (especialmen-te los jóvenes y ciudadanos de clase media), tendrán en la elección federal de 2015 la posibilidad de una nueva opción de participación en la vida pública: MORENA (Movimiento Regeneración Nacional).

75 Monreal Ávila, R. (17 de julio de 2012). “Un ‘lastre’ llamado López Obrador”. Recuperado el 17 de julio de 2012, de Milenio: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9153390


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Quienes esperaban la jubilación de AMLO o el abanderamiento de posturas violentas frente a las reformas energética y fiscal, lo que están escuchando es la propuesta de un nuevo camino para seguir avanzando hacia una democracia más igualitaria y libre.

Por lo pronto, MORENA está en la etapa de cumplir con los requisitos de ley para solicitar su registro como partido político nacional. Esto implica que en las eleccio-nes federales intermedias de 2015 buscará su registro de manera individual y ya en 2018 podría ir coaligado con otras fuerzas.

MORENA no parte de cero. Su principal activo es, por supuesto, el liderazgo polí-tico de AMLO. Pero no es lo único: tiene en este momento mayor identidad de nom-bre y un saldo positivo de imagen, superior al de los propios partidos de izquierda que integraron la coalición Movimiento Progresista.

En la pasada elección presidencial logró acreditar al 100% la estructura de re-presentación y movilización de representantes de casilla en los distritos que le correspondieron, conforme a lo acordado con el PRD, el PT y MC. De la misma manera, en esos mismos distritos presentó candidatos competitivos propios, surgidos por encuestas bien hechas, estrategia que le permitirá desarrollar cuadros y liderazgos políticos locales en una época en que la política mexicana es cada vez menos cen-tralista. Dispone también de un padrón confiable y verificable de simpatizantes de carne y hueso cercano a los cuatro millones, los cuales fueron parte determinante en la promoción del voto casa por casa, colonia por colonia, municipio por municipio, en la pasada elección federal.

En más de un sentido, los recientes comicios presidenciales fueron un oportuno entrenamiento o trabajo in situ para probar el músculo y la estructura ósea de MORE-NA, que se vino construyendo pacientemente desde el año 2007. En ese sentido, la prueba resultó satisfactoria, por lo que ahora es natural e inevitable dar el siguiente paso: transitar de asociación civil a partido político.

¿MORENA dividirá y, en esa medida, debilitará a todo el espectro político de la iz-quierda partidista? Es previsible que, en una primera etapa, se registren migraciones de militantes y simpatizantes de PRD, PT y MC hacia MORENA. Pero la expectativa de crecimiento y desarrollo no se centra en el electorado duro de la izquierda, sino en la capacidad para atraer a nuevos simpatizantes del centro ideológico, de las clases medias urbanas, de los jóvenes y de los empresarios que realmente buscan un cam-bio en la política económica para impulsar un capitalismo más competitivo y parejo, menos de cuates, compadres o cómplices del poder político. De hecho, es el sector donde AMLO registró un crecimiento importante en la reciente elección.

En este sentido, en el plano electoral, MORENA no será factor de división y de-bilitamiento de la izquierda. Claramente AMLO adelantó: “siempre que se trate de la

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defensa del pueblo, siempre que se trate de defender el patrimonio nacional y de lu-char por la transformación del país, por estas causas superiores estaremos dispuestos a caminar juntos, y llegaremos a acuerdos para actuar como una sola organización”. Hay separación, por diferencias tácticas; pero no ruptura, porque son superiores las coincidencias programáticas e ideológicas. Desde ahora resulta claro que para 2018 la izquierda deberá ir unida, en torno al candidato(a) mejor posicionado(a), con base en una política de alianzas amplia, incluyente y plural.

Las izquierdas en todo el planeta (y sus líderes) son siempre producto de una larga travesía, no de la improvisación ni de la imposición. En esta travesía se rehacen, se reinventan y se recrean. Si el método del ensayo-error es lo que hace a la ciencia, el método de la resistencia-persistencia es lo que forja el camino de las transfor-maciones políticas de fondo. La izquierda mexicana y, en especial, AMLO, no son la excepción. En medio de la crisis sistémica que vive el país y, en particular, en la vida política y partidista mexicana, MORENA es una esperanza de cambio verdadero.

Resistentes como el acero, persistentes como el viento, así es como las travesías consuman final y felizmente su destino.

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Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras:Hoy iniciamos una legislatura en medio de la incertidumbre, el caos y la de-negación de justicia. El orden, la comodidad y el derroche de este recinto no

reflejan la inseguridad, el desempleo, la violencia, la carestía y la zozobra que cam-pean en el país.

Lo que mal empieza mal acaba. Ésa fue la lección de hace seis años para un go-bierno espurio, que termina espurio. No se aprendió la lección y por eso hoy estamos condenados a repetir la historia, pero con más agravantes y mayores agravios.

Hace seis años el Tribunal Electoral preparaba por estas fechas la calificación de una de las elecciones más controvertidas en el país. Los magistrados de aquel en-tonces tuvieron un rasgo de pundonor. Hicieron el intento de apegarse a lo que significaba el concepto calificación, es decir, identificar la cualidad y calidad distintiva de un hecho o acontecimiento.

Encontraron, entre otras cosas, que en la elección se habían cometido graves irregularidades, como la intromisión indebida del Ejecutivo en el proceso y el pago de campañas publicitarias con recursos privados, pero que ninguna de ellas había sido determinante en el resultado final de la elección.

Es decir, sí se había violado la Constitución y la ley, pero nada más tantito, y ese tantito no había tenido nada que ver en la pequeña diferencia del 0.54% del resul-

13. Discurso de Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados

el 1 de diciembre de 2012


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tado final. Se consumó el robo de la Presidencia en contra de Andrés Manuel López Obrador, y vean qué daño le hicieron al país. Vean el tiradero en que han sumido a nuestra patria.

Seis años después, con muchas más evidencias, datos, documentos y testimo-nios de irregularidades, el Tribunal Electoral encontró que la pasada elección presi-dencial fue una pieza maestra de pulcritud, limpieza y transparencia que causaría la envidia de los ciudadanos de la Grecia antigua o de los electores del cantón suizo más moderno.

Las tarjetas prepagadas de Monex, mediante las cuales se disfrazaron miles de millones de pesos, al margen de la autoridad electoral, fueron producto de la aluci-nación. Los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en las colonias pobres, antes de la elección, fueron fabricados por la maledicencia de unas cuantas personas mal pensadas.

Las empresas fantasma fueron tan transparentes que el Tribunal no las alcan-zó a ver. Las transferencias electrónicas erróneas, entre Scotiabank y el gobierno del Estado de México, por cantidades millonarias, fueron producto de contabilidad creativa, no de la ilegalidad.

Todos sabemos que las sentencias de un tribunal superior son inapelables e in-atacables en términos jurídicos, pero nunca serán inopinables e incuestionables en términos de la ética ciudadana, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que tiene perfectamente claro que por un lado marcha la legitimidad, y por el otro, fre-cuentemente en sentido contrario, la legalidad. Del Tribunal Electoral de hace seis años, ni el pundonor quedó en el actual.

Consta en la opinión pública la forma como uno de los actores de este juicio, el PRI, le fue fijando a la autoridad electoral la agenda del trabajo, los términos de los dictámenes y hasta la fecha de la sentencia y entrega de la constancia de mayoría.

Cuatro ejemplos. Uno, la Unidad de Fiscalización del IFE resolvió en dos días el monto y los beneficiarios de las tarjetas Monex, denunciados por el PAN. Resultó que eran operadores del PRI en Guanajuato.

Posteriormente, cuando la coalición denunció el doble de este monto con una serie de empresas fantasma, nada sucedió, hasta ahora nada ha sucedido. Y a pesar de contar con dientes y colmillos para realizar investigaciones expeditas en materia de lavado de dinero en las campañas electorales, el IFE se resistió, de manera sistemá-tica, a adelantar las investigaciones e informes con los mismos argumentos de la defensa del PRI.

Dos. La denuncia por publicidad encubierta la desechó el Consejo General del IFE, prácticamente con los mismos argumentos que utilizó el PRI.

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Tres. Cuando diversos magistrados electorales habían señalado en momentos diferentes una fecha, el PRI se las corrigió. Y así ocurrió.

Cuatro. Lo insólito, uno de los magistrados integrantes de la Comisión Redactora declaró presidente electo a quien nosotros no reconocemos, antes de la votación.

Hay que decir las cosas como son, llamar a las cosas por su nombre. El máximo tribunal electoral del país, que debería actuar como una corte constitucional en la materia, devino en un tribunal de consigna, o peor aún, de cortesanía política.

Se actuó sin pudor ni recato. La sesión donde fue resuelta nuestra inconformi-dad de convirtió en un concurso de lambiscones. Peor aún, parecía competencia de quién era el más abyecto, quién se arrastraba más, quién era más cínico. Todo para hacerse merecedor de un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las cortes constitucionales emiten fallos ejemplares; los tribunales de consigna y de cortesanía general, fallos fallidos. Es decir, literalmente, fallas institucionales e históricas.

Un fallo ejemplar resarce por naturaleza cualquier daño a la Constitución; una falla histórica ahonda más la herida. Un fallo es inapelable porque logra la síntesis de lo legal y lo legítimo; una falla, en cambio, la divorcia y busca imponerla a partir de la legalidad literal.

La legitimidad trascendente. Un fallo es inatacable, no sólo porque resuelve un caso jurídico para un país, como una elección presidencial, sino porque se vuelve un referente ético para varias generaciones y elecciones presidenciales futuras. En cambio, una falla institucional sienta precedentes negativos y perniciosos para la convivencia presente y futura de la sociedad.

Ciertamente, este fallo afecta el interés jurídico y político de la coalición y de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, pero esa afectación es la menos importante de todas las ocasionadas de manera colateral.

Por un lado, deja abierta en carne viva la herida a una Constitución que mandata la equidad en letra y espíritu como eje central de elecciones libres y auténticas que no se celebraron en México.

Por el otro, el desestimar el uso y abuso de dinero excedente de procedencia ilícita en la campaña del PRI sienta el gravísimo precedente para subastar al mejor postor las próximas elecciones. Para la Constitución, el sufragio en efectivo no es elec-ción; para el Tribunal, en cambio, sí lo es.

De ahora en adelante, las elecciones serán ganadas por el candidato y el partido que más dinero de procedencia ilícita gaste, por el partido y el candidato que más empresas fantasma utilicen para triangular sus donativos ilegales; por el candidato y partido que más votos compren.


210

Podría llegar el momento, y pensémoslo ya, en que no existan elecciones cons-titucionales. Hagamos subastas periódicas de cargos de representación popular en un mercado libre y abierto.

Éste es el daño mayor e irreparable que ha generado este fallo fallido. Las máxi-mas autoridades electorales mandaron al diablo a la Constitución, y eso es imperdo- nable. Al calificar una elección, los tribunales cortesanos y de consigna terminan descalificándose a sí mismos.

Quiero hacerles una pregunta a los integrantes de esta asamblea legislativa. ¿Al-guien de ustedes recuerda a los magistrados de 2006? Hace una semana uno de ellos me reveló que días antes de la calificación presidencial los cabilderos del poder les ofrecieron a algunos de ellos apoyarlos para que fueran ministros de la Suprema Corte de Justicia, una vez que calificaran y cometieran aquella canallada; ellos falla-ron a favor del poder, pero después les fallaron a ellos. Pregunten dónde están.

Ése es el destino de los tribunales de consigna, terminan por no ser útiles a nadie, así son tratadas las cortes sin pundonor, son desechados hasta por quienes las usan. Por cierto, todas las pruebas que incomodaron a los magistrados y fueron calificadas como inoperantes, vagas, imprecisas, insuficientes y no determinantes fueron apor-tadas por los ciudadanos. La afrenta es para ellos.

Con frecuencia nos cuestionan sobre cuál es el número de votos necesario para reconocer sin impugnar el resultado electoral. La respuesta es que en una elección democrática no es sólo un tema cuantitativo sino, ante todo, cualitativo.

Tan importante como el número de votos de diferencia es la forma como se obtienen los sufragios. Cuando existe equidad, una elección se pierde o se gana con un voto de diferencia, y así lo reconoceremos siempre, pero cuando la inequidad es la condición dominante, la diferencia numérica no es fuente de legitimidad, sino indicador del tamaño de las irregularidades cometidas.

La pasada elección presidencial estuvo muy alejada de la equidad democrática, que es la base de unas elecciones libres y auténticas como lo ordena la Constitución. El dinero a raudales, de procedencia desconocida y al margen de toda fiscalización, se convirtió en esa ocasión en la partícula del fraude electoral y del atropello cons-titucional. El dinero ilegal e ilícito en una campaña es inocultable, suda, huele y deja rastro, el derroche fue su principal expresión.

No podemos aceptar que el dinero ilegal o ilícito defina el resultado electoral, porque estaríamos actuando en contra de la voluntad ciudadana. Está demostrado que quienes compran una elección presidencial terminan vendiendo al país, pero se van a topar con nosotros.

Anunciamos que frente al cinismo e irresponsabilidad jurídica y política de con-sejeros y magistrados que actuaron de manera vergonzosa e indigna, y a efecto de

LA LARGA TRAVESÍA

211

que no queden impunes sus fechorías y ambiciones, promoveremos en los próxi-mos días ante este Congreso un juicio político, y convocaremos a todos los ciuda-danos que se sientan agraviados por los atropellos cometidos, a que suscriban este juicio político.

Por lo pronto, el próximo 9 acompañaremos a Andrés Manuel López Obrador; ahí vamos a definir lo que el movimiento habrá de realizar. Desde esta tribuna ha-cemos responsables a los usurpadores e impostores del poder, de las represalias y agresiones que sufran los jóvenes y los ciudadanos que buscan detener este nuevo asalto a la Constitución con la única arma que poseen, su libertad de expresión y manifestación.

Resistiremos cualquier embestida para tratar de detener, desprestigiar y hasta transar con nuestra lucha por defender la Constitución; pobre de nuestro país con la restauración autoritaria, con la resonancia de discursos retóricos y demagógicos que rayan en la incongruencia y en la mentira. Discursos huecos que hacen crecer los abismos entre la realidad en la calle y la comodidad en sus curules.

Frente a los momentos aciagos de la República, nosotros continuaremos con nuestro principal propósito: transformar al país.

La nación, señores diputados, diputadas, senadoras, senadores, la nación está de luto, asistimos a las exequias de la democracia, frente a esta justicia putrefacta, frente a estos políticos corruptos y decadentes, frente a la impunidad —y ya es una norma de conducta en el país— sólo nos queda actuar con dignidad; así lo haremos en la izquierda, se los aseguro.

Anexos

215

Encuestas de noviembre de 2011(Partidos)

PRI-PVEM-PANAL

PAN

NS/NC/NV

PRD/PT/MC

40% 40%38%

21%21%

25%

21% 22%

21%

14% 17%12%

GEA-ISA

41%

32%

28%

16%

REFORMA CONSULTA MITOFSKY

EL UNIVERSAL

Anexo 1

217

Encuestas de noviembre de 2011(Candidatos y partidos)

EPNPRI-PVEM-

PANAL

JVMPAN

NS/NC/NV

AMLOMOVIMIENTOPROGRESISTA

44%45%

44%

19%

23% 24%

21% 19%

16%

16% 16%15%

GEA-ISA

49%

25%

22%

26%

REFORMA CONSULTA MITOFSKY

EL UNIVERSAL

Anexo 2

219

Anexo 3Fundamentos para una República Amorosa

• En nuestro propósito de transformación por la vía pacífica y electoral es indispensable con todo una pueblo enterado y dispuesto a ser dueño y constructor de su propio destino; y esto exige una gran labor educativa, una campaña permanente de concientización colectiva.

• Los seres humanos necesitan bienestar. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación o cualquier otro satisfactor material, social o biológico.

• Tres son las ideas rectoras de la República Amorosa: la honestidad, la jus-ticia y el amor.

• Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tran-quilidad y la paz pública; y el amor para promover el bien y lograr la felicidad.

• Son seis preceptos básicos los que forman parte del código del bien: el respeto a nuestra persona en cuerpo y alma; el respeto a la familia; el respe-to a la sociedad humana en general, y a la sociedad en particular; el respeto a la patria; el respeto a la especie humana; y el respeto a la naturaleza que nos rodea. Alfonso Reyes.

• León Tolstoi en su libro Cuál es mi fe sostiene que son cinco las condi-ciones para la felicidad: el poder gozar del cielo, del sol, del aire puro, de toda la naturaleza; el trabajo que nos gusta y hemos elegido libremente;


220

la armonía familiar; la comunión libre y afectuosa con todo los hombres; la salud, y la muerte sin enfermedad.

• Hay otros que deben ser exaltados y difundidos: el apego a la verdad, la honestidad, la justicia, la austeridad, la ternura, el cariño, la no violencia, la libertad, la dignidad, la igualdad, la fraternidad y la verdadera legalidad.

• También incluir principios de nuestro tiempo: la no discriminación, la di-versidad, la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas.

• El propósito no sólo es frenar la corrupción política y moral que nos está hundiendo como sociedad y como nación, sino establecer las bases para una convivencia futura sustentada en el amor, en hacer el bien para al-canzar la verdadera felicidad.

221

Anexo 4Denuncia interpuesta ante

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

referente a la elección presidencial de 2012

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1889 F Street, N. W.

Washington, D. C. 20006,

Estados Unidos de Norteamérica,

PRESENTE.

RICARDO MONREAL ÁVILA, en mi carácter de ciudadano mexicano, doctor en de-recho, y Coordinador de la otrora Coalición “Movimiento Progresista” ante el Institu-to Federal Electoral para el proceso electoral federal 2011—2012 a la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos desarrollada el primero de julio de dos mil doce, personería que acredito con copia simple del nombramiento expedido a mi nombre, así como de la Credencial de elector con fotografía expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, y la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, se-ñalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, en Calle General Prim número 70, Colonia Juárez, código postal 06600, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México Distrito Federal, y correo electrónico: [email protected]


222

Me presento con la personería que tengo acreditada ante esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer lo siguiente:

I. ASPECTOS PRELIMINARES.

Los aspectos que se plantean para solicitar se instaure demanda ante la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos son los siguientes:

1. JURISDICCIONAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 (3), de la Convención Americana, la Corte es competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados parte hayan reconocido o reconozcan la competencia de la Corte.

La Corte tiene competencia para conocer el presente caso.

México ratificó la Convención Americana el 2 de marzo de 1981 y aceptó la jurisdic-ción contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.

2. OBJETO DE LA DENUNCIA.

Se plantea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –en lo subsecuen-te, la Comisión-, la inexistencia de un sistema normativo integral en el Estado Mexi-cano, que haga viable el planteamiento sobre la nulidad o invalidez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuando candidatos, partidos políticos o coaliciones vulneren gravemente disposiciones constitucionales o legales relaciona-das con el financiamiento de los partidos políticos para sus gastos de campaña.

3. DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN QUE SE ESTIMAN VIOLADAS.

El Estado Mexicano es responsable por la violación en perjuicio de la coalición Movimien-to Progresista, del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en adelante, la Convención- en relación con dos obligaciones concretas:

a) De respetar y garantizar los derechos humanos; y,

LA LARGA TRAVESÍA

223

b) Adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos, de conformidad con los artículos 1° y 2° de la Convención.

4. DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO.

El derecho a la protección judicial en términos de lo dispuesto por el articulo 25 (2.b.) en la vertiente de que se ha incumplido con el deber de desarrollar las posibilidades del recurso judicial a efecto de hacer viable el planteamiento de nulidad o invalidez de la elección presidencial ante violaciones graves a las reglas de financiamiento de los partidos políticos para sus gastos de campaña.

Al respecto, debe considerarse lo que dispone el artículo 25 de la Convención Ameri-cana sobre Derechos Humanos.

Artículo 25 Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la pre-sente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de desarrollar las posibilidades del recurso judicial que tiene previsto para solicitar la nulidad o invalidez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.


224

Lo anterior, al abstenerse de desarrollar un recurso judicial que permita que violacio-nes graves a las normas que regulan el financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña puedan consolidar en una determinación de nulidad o invalidez de la elección presidencial.

Esto es, al no prever algún supuesto o hipótesis concreta que atendiendo a la gra-vedad, sistematicidad o condiciones externas de materialización, establezca la posi-bilidad de determinar la nulidad o invalidez de la elección, no obstante que se haya trastocado de manera ostensible el principio de equidad en el proceso electoral.

La Corte ha sostenido que los Estados Parte en la Convención Americana están obli-gados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las re-glas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.

El tribunal interamericano ha afirmado que el propósito principal del derecho interna-cional en materia de derechos humanos es proteger a las personas contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado.

En tal sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la víctima o víc-timas en estado de indefensión.

Por tanto, la falta de un recurso judicial efectivo para reparar violaciones de derechos protegidos por la Convención constituye una violación contra el ámbito de tutela in-teramericano.

La Corte ha establecido que la garantía de un recurso judicial efectivo es un pilar no sólo de la Convención Americana, sino también del propio estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido consagrado en la Constitución.

Un resultado judicial efectivo es aquel capaz de establecer una consecuencia que pueda ser útil a efecto de lograr los fines para los que ha sido concebido.

El recurso judicial no tiene que resolverse a favor de la parte que alega la violación a sus derechos para que se considere “efectivo”, sin embargo, la efectividad implica que el órgano judicial evalúe los méritos de la denuncia.

LA LARGA TRAVESÍA

225

El derecho a la tutela judicial efectiva previsto en la Convención Americana no se limita al libre acceso y desarrollo del recurso. Para que los mecanismos de protección ju-dicial sean realmente efectivos, se requiere que el órgano al que acude el reclamante llegue a una conclusión sostenible y razonada sobre el fondo del asunto.

5. PRETENSIÓN.

La pretensión consiste en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en lo subsecuente, la Corte-, determine que el Estado Mexicano ha incumplido sus obliga-ciones internacionales, al incurrir en la violación de dicho precepto convencional en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos.

6. REPARACIÓN.

Deberá solicitarse a la Corte que ordene al Estado Mexicano:

Activar los procedimientos de reforma legislativa que sean necesarios para adecuar su ordenamiento jurídico interno al artículo 25 de la Convención Americana.

La modificación legislativa habrá de comprender en su caso, normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en adelante CPEUM- del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, -en lo subsecuente COFIPE- y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral -en adelante LGSMIME-, a efecto de proveer una posibilidad jurídico-procesal útil y efectiva para que la violación grave a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos para sus gastos de campaña, pueda servir de base para emitir una determinación de nulidad o invalidez la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en supuestos normativos concretos, que sean esta-blecidos acorde con parámetros de necesidad, objetividad y proporcionalidad.

De esa forma, será dable que en el orden jurisdiccional, los tribunales estén en posi-bilidad de hacer prevalecer los principios rectores del proceso electoral, como son de acuerdo al propio texto del documento constitucional: certeza, legalidad, independen-cia, imparcialidad y objetividad y sobre todo, que el marco normativo integral garantice el respeto al derecho humano a votar de manera auténtica, en los términos que lo consagra el articulo 23 (1.b), de la Convención.


226

II. ATRIBUCIÓN DE LAS VIOLACIONES A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO

1. Responsabilidad integral del Estado Mexicano.

Autoridades legislativas.

En razón de que el sistema normativo constitucional y legal en el Estado Mexicano no desarrolla las posibilidades de un recurso judicial para el planteamiento de nulidad y/o invalidez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por vio-laciones graves a las reglas de financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña.

Al no desarrollarse las posibilidades de los medios impugnativos dispuestos en la Constitución o en la ley para determinar la nulidad o invalidez de la elección -juicio de inconformidad y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente-, el sistema normativo integral se presenta insufi-ciente para garantizar los principios de libertad y autenticidad del sufragio, trastocan-do el pleno ejercicio del voto activo, derecho político-electoral que ha sido reconocido como un derecho humano por la Corte. (Incumplimiento de adoptar disposiciones de derecho interno para proteger derechos fundamentales)

Autoridades encargadas de la organización comicial

Adicionalmente, debe tomarse en consideración que, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención, las demás autorida-des del Estado, permanecen vinculadas con el deber de garantía establecido en el artículo 1 (1) de la Convención y consecuentemente, deben abstenerse de aplicar cualquier nor-mativa contraria a ella. Por lo cual, el Instituto Federal Electoral debe garantizar el respe-to a los derechos fundamentales consagrados en la Convención. (Incumplimiento del deber general de tutelar derechos fundamentales).

Autoridades judiciales.

Las autoridades del Estado están sujetas al imperio de la ley, y por ello, están obli-gados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención se cumplan. (Incumplimiento del deber general de tutelar derechos fundamentales).

LA LARGA TRAVESÍA

227

2. Marco Normativo Constitucional interno.

i) Reconocimiento constitucional de los principios rectores del proceso electoral.

El artículo 41, fracción V, de la CPEUM establece que la organización de las eleccio-nes federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Se reconocen, desde la norma fundamental, como postulados esenciales de la ma-teria electiva, los siguientes: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y ob-jetividad.

Los mencionados principios orientan a todo el sistema federal mexicano, en tanto que el artículo 116 del propio ordenamiento básico estatuye que las leyes de las entidades federativas deben consignar los citados principios en la ordenación normativa de las legislaciones locales, por lo que también cobran vigencia en las elecciones de autori-dades municipales y en los comicios para elegir a las autoridades de las delegaciones del Distrito Federal.

ii) La regulación del financiamiento de los partidos políticos como medida para preservar el principio de equidad.

La CPEUM (41, fracción II) encomienda al legislador ordinario el deber de establecer disposiciones normativas para que los partidos políticos cuenten de manera equitati-va con elementos para llevar a cabo sus actividades, llámense ordinarias permanen-tes, o bien, aquellas vinculadas con sus gastos de campaña.

La Constitución establece un principio de preeminencia de los recursos de origen pú-blico, al señalar que estos deben prevalecer sobre los de carácter privado.

a) El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias per-manentes de los partidos políticos se fija de manera anual multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormen-te, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento


228

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y dipu-tados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, ca-pacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que correspon-da en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que re-sulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

En esa tesitura, el orden normativo constitucional revela estar orientado para preservar principios rectores del proceso electoral, entre ellos, el de equidad en la contienda política, estableciendo un esquema equitativo en la regulación del financiamiento de los partidos políticos tanto en su actividad permanente, -ya sea ordinaria o específi-ca-, como aquella que se lleva a cabo en periodos de campana electoral -gastos de campaña-.

iii) Fiscalización de las finanzas de los partidos políticos encargada a un órgano autónomo.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral dotado de au-tonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente.

La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por parte del Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

LA LARGA TRAVESÍA

229

iv) Atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para calificar jurisdiccionalmente la elección.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros supuestos, sobre las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

En ese sentido, a las Salas Superior y Regionales del Tribunal cuentan con una res-tricción constitucional específica, en el sentido de que sólo se podrá declarar la nu-lidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior debe realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

v) Un sistema normativo integral que NO DESARROLLA LAS POSIBILIDADES DEL RECURSO JUDICIAL.

El poder reformador de la Constitución ha reconocido expresamente como principios rectores de todo proceso electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde la calificación jurisdiccional de la elección bajo las vertientes que se precisan a continuación:

a) Resolver las impugnaciones que se planteen en torno a la nulidad de la elección presidencial -a través del juicio de inconformidad-.

b) Realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexi-canos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma; y,

c) Formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.


230

La CPEUM no fija alguna hipótesis concreta para determinar la nulidad de la elección, porque lo delega implícitamente al legislador ordinario -federal o local- al precisar que la Sala Superior y las Salas Regionales sólo podrán determinar la nulidad de la elec-ción por las causas previstas por la ley.

Es decir, por definición constitucional rige un sistema restringido de causales de nuli-dad, limitado a las que estén previstas taxativamente en ley, -lo cual, pretende hacer preservar los actos públicos válidamente celebrados-, pero la adopción de dicha me-dida no otorga expectativa alguna para que pueda determinarse la nulidad de la elección presidencial, aun cuando se actualicen violaciones graves o sistemáticas a los princi-pios que regulan el financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña, entre otras conductas graves que pueden actualizarse y que en su caso, lesionan gravemente los principios rectores de los proceso electorales.

2. Disposiciones Legales.

COPIFE

A. Atribuciones de la Unidad de Fiscalización.

En el artículo 79, (1), se encomienda a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electo-ral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

En la instrumentación de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, des-tacan, entre otras, las atribuciones siguientes:

•Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en el propio ordenamiento comicial.

•Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos y sus candidatos, así como los demás informes de ingresos y gastos establecidos por el citado código.

•Revisar los informes señalados en el inciso anterior;

LA LARGA TRAVESÍA

231

•Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

•Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos;

•Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes

•Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan con-forme a la normatividad aplicable;

• Instruir los procedimientos administrativos necesarios para instaurar las quejas y proponer a la consideración del Consejo General la imposición de las sanciones que procedan.

B. Plazos para la instrumentación de los procedimientos.

•La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales y de pre-campaña, y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

•Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclara-ciones o rectificaciones que considere pertinentes;

•La Unidad está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectifica-ciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La Unidad


232

informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo, para la elabora-ción del dictamen consolidado;

•Posteriormente, la Unidad dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;

•En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones corres-pondientes;

•Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y reso-lución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

C. Procedimiento Extraordinario de Fiscalización.

En casos de excepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fisca-lización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada su ampliación. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral.

LGSMIME.

A. El juicio de inconformidad promovido para alcanzar la nulidad de la elección pre-sidencial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, de la ley de medios puede plantear-se la nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través del juicio de inconformidad.

A través del medio impugnativo puede controvertirse lo siguiente:

La nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

LA LARGA TRAVESÍA

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Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético; y

Por nulidad de toda la elección.

B. Carga probatoria.

Cuando se impugne por nulidad toda la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, acompañando las pruebas correspondientes.

C. Supuestos limitados para la declaratoria de nulidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, puede declarar la nulidad de la elección presidencial cuando se actualicen los supuestos previstos en el Titulo Sexto de este Libro.

Esto es, las hipótesis por las que, limitativamente, puede determinarse la nulidad de toda la elección presidencial son:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos, o

b) Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, o,

c) Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible.

III. INCUMPLIMIENTO DEL DEBER GENERAL DE TUTELAR DERECHOS FUNDAMENTALES.

1. Incumplimiento de la Convención por parte del Instituto Federal Electoral.

a) Durante el desarrollo del procedimiento comicial, específicamente, el ocho de febre-ro de dos mil doce, Andrés Manuel López Obrador formuló ante la autoridad electoral administrativa un escrito en el que planteó doce puntos que debía desarrollar la auto-


234

ridad electoral administrativa a efecto de garantizar de manera efectiva el respeto al principio de equidad y la autenticidad del voto.

En los cuestionamientos contenidos en esa petición se puso énfasis especial en los mecanismos que habían de implementarse para hacer óptima la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como las reglas que habían de incorporarse para que la Unidad de Fiscalización pudiera alcanzar sus objetivos constitucionales.

Se transcribe la parte conducente del planteamiento aludido:

La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos deberá realizar auditorías durante la campaña, concomitantemente, para verificar el origen y destino de los recursos que se utilizan durante el proselitismo electoral de precandidatos, candidatos y partidos, así como su veraz reporte al IFE. Esta información deberá di-fundirse y transparentarse en cada sesión del Consejo General del IFE.

Más de tres meses después, esto es, el 24 de mayo del año en curso, se emitió el “Acuerdo CG323/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se da respuesta al escrito suscrito por el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista a la Presidencia de la República, mediante el cual, propone diversas medidas para garantizar la equidad y autenticidad del presente proceso electoral federal”.

La autoridad electoral administrativa, en esencia, dio la respuesta siguiente:

Sobre este punto, le informamos que el pasado miércoles 16 de mayo, en sesión extraordinaria, el Consejo General del IFE aprobó el acuerdo identificado con la clave de control CG301/2012, con el fin de contar con un procedimiento extraordinario de fiscalización para la revisión de los informes de gastos de campaña de la elección pre-sidencial, así como para reforzar las acciones paralelas que la Unidad de Fiscalización ha venido realizando a lo largo del Proceso Electoral Federal 2012.

Dicho acuerdo se centra fundamentalmente en lo siguiente:

- Se establece un procedimiento secuencial que conecta dos facultades de la UFRP

* Las auditorías alas finanzas (del 30 de marzo al 30 de abril)

* La revisión de informes de campaña

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* Preliminares (del 30 de marzo al 30 de mayo -incluye la primera etapa-)

* Finales (que los partidos y coaliciones entregarán todos -de presidenciables, sena-dores y diputados- a más tardar el 8 de octubre)

* Se aprueba la escisión del dictamen consolidado y Proyecto de Resolución deriva-dos de la revisión a los informes finales de campaña de la elección a Presidente de la República para que sea presentado al Consejo General el 30 de enero de 2013 (seis meses antes)

* Se precisa que los partidos políticos ya deben contar con el registro de sus opera-ciones en la contabilidad y con la documentación que las soporte.

* Se hace énfasis en la reserva temporal de la información y documentación de todo el programa de fiscalización hasta qué se presente al Consejo General, fecha en la que se hará pública.

* Se establece que al finalizar cada etapa, la Unida presentara informes del avance de las auditorías y revisión de informes a través de la elaboración de versiones públicas.Las garantías que se dan con este procedimiento son:

* Certeza.- El procedimiento de auditoria a las finanzas ya fue implementado con éxito en la revisión de los informes anuales 2010 y 2011, éste último se encuentra en el proceso de revisión de informe.

* Legalidad.- En ningún momento se violentan los derechos de los sujetos obligados, toda vez que los efectos vinculantes se generan hasta la presentación al Consejo Ge-neral del dictamen consolidado y Proyecto de Resolución.

* Imparcialidad.- El programa se aplicara a todos los partidos y coaliciones.

* Independencia.- La Unidad de Fiscalización no compromete su autonomía y garan-tiza el debido proceso.

* Objetividad. Los procedimientos a lo largo de todo el programa de fiscalización pro-veen a ésta Unidad de Fiscalización la evidencia suficiente y adecuada para sustentar sus aseveraciones.


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* Oportunidad. Las fechas que establece el acuerdo son razonables y contemplan factores externos como los plazos en que las autoridades (SAT Y CNVB contestan nuestras solicitudes) y los tiempos que se toman para la confirmación de operaciones con proveedores, prestadores de servicios y aportantes.

A continuación, se presenta la información sobre las Auditorías que durante campaña realiza la Unidad de Fiscalización:

- Visitas de verificación.- La Unidad de Fiscalización ha ordenado visitas de verificación durante las precampañas y campañas. Durante el período de precampaña se realiza-ron 381 actuaciones para la revisión. Para ello, en presencia de los partidos políticos, se seleccionaron: a) Para la elección de diputados federales, 50 distritos (al menos uno en cada entidad federativa) y b) para la elección de senadores, 8 estados de la República. Para el caso de la elección presidencial, se da seguimiento permanente a los actos proselitistas de precandidatos y candidatos.

Estas visitas permitirán a la Unidad de Fiscalización contar con los elementos ne-cesarios para cotejar los gastos observados contra los que reporte el precandidato o candidato del partido o coalición en el informe correspondiente. De toda visita de verificación se levanta un acta que detalla, las circunstancias de modo, tiempo y lu-gar que se presentaron en su desarrollo, así como los datos y hechos más relevantes que hubieran sido detectados por el personal actuante, que harán prueba plena de la existencia de tales hechos, para efectos de la revisión de los informes de precampaña o campaña, según corresponda.

En este sentido, de conformidad con el artículo 81, numeral 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 352 del Reglamento de Fis-calización, durante los periodos de precampaña y campaña se llevaran a cabo visitas de verificación para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos y coaliciones; así como, la veracidad de lo reportado en los informes correspondientes.

•Monitoreo de espectaculares y de medios impresos. La Unidad de Fiscalización desarrolló un sistema que consiste en el levantamiento o identificación de los espectacu-lares, cuya finalidad es promover la imagen o la campaña de candidatos o institutos políticos. Los trabajos se realizan por funcionarios de las juntas locales, quienes pro-ponen las vialidades, avenidas o lugares públicos a ser monitoreados, de igual forma, se convoca a representantes de partidos políticos, a fin de que si lo desean asistan.

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La información que se recaba, se coteja contra la que reportan los partidos políticos a través de sus informes de campaña y el objetivo es detectar ingresos o gastos no reportados. El monitoreo en anuncios espectaculares en la vía pública, diarios, re-vistas y otros medios impresos está señalado en el artículo 227 del Reglamento de Fiscalización.

Las tareas de fiscalización electoral, implementadas a los recursos de los partidos políticos, han cumplido hasta el momento con las siguientes características:

‘* Certeza, los actos de la autoridad se han notificado con oportunidad mediante oficio y en su caso, se respaldan en el acta correspondiente. Asimismo se respeta la garan-tía de audiencia de los partidos políticos.

‘* Legalidad, cada una de las obligaciones de rendición de cuentas y procedimiento de auditoría tienen sustento en la Constitución, el Código Electoral, el Reglamento de Fiscalización, así también en las resoluciones emitidas por el Consejo General del IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

‘* Objetividad, se revisa a los sujetos obligados en condiciones de igualdad y mediante componentes de carácter técnico y especializado. Las visitas de verificación efectua-das en Proceso Electoral para los 7 partidos políticos, se han realizado con base en un sistema aleatorio, cuyo resultado se implementa en los mismos distritos y entidades integrantes de la federación.

‘* Transparencia, desde la aprobación del Reglamento de Fiscalización, las tareas de capacitación y los procedimientos de auditoría han tenido el acompañamiento de los partidos políticos como sujetos activos del procedimiento de rendición de cuentas que es de interés ciudadano.

Es indispensable acotar que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 42, nume-ral 2, inciso n) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los resultados de la realización de auditorías y verificaciones serán información pública, cuando el Consejo General del IFE apruebe el dictamen consolidado y la resolución respecto de la revisión del informe anual, de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio 2012. Dicha información y documentación es parte integrante de la revisión realizada por la Unidad de Fiscalización, en el marco de los informes precampaña y campaña presentados por los partidos y coaliciones.


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En tal sentido, el personal técnico de la Unidad de Fiscalización a cargo de las visitas de verificación, recorre el país para el fortalecer la fiscalización y la rendición de cuen-tas de los ingresos y gastos realizados durante las campañas políticas. La fiscalización electoral 2011-2012 es nacional y coordinada con las autoridades electorales de las entidades federativas. Lo cual, es fundamental porque da respuesta objetiva al recla-mo democrático de contar con un organismo electoral independiente que garantice el respeto al voto ciudadano y las condiciones de equidad a la contienda.

Como puede verse, el Instituto Federal Electoral se abstuvo de dar una respuesta con-creta al planteamiento formulado y no sólo eso; su respuesta puso de manifiesto un actuar omiso y deliberado con relación a las propuestas de medidas sugeridas; esto es, incumplió su deber de respetar derechos fundamentales al no tomar en considera-ción que las medidas propuestas tenían por objeto establecer un esquema normativo y reglamentario que garantizara de manera eficaz el respeto al principio de autentici-dad del sufragio en las elecciones del presente año.Inconforme con la aludida contestación, el 28 de mayo de dos mil doce, Andrés Ma-nuel López Obrador acudió en juicio para la protección de los derechos político-elec-torales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para inconformarse con la respuesta tardía e insatisfactoria que dio el Consejo General del Instituto Federal Electoral. El Tribunal confirmó lo resuelto por la autoridad electoral administrativa.

2. INCUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL.

I. Déficit en el Marco Jurídico Doméstico.

De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima au-toridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto en el artículo 105 de la propia Constitución.

En artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hace eco de la disposición Constitucional explicada.

En tanto el artículo 186 del propio ordenamiento orgánico, determina que el Tribunal Electoral es competente para:

Fracción II. Resolver en un sola instancia y e forma definitiva e inatacable, las impug-naciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

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Por su parte, el artículo 187 de dicha Ley, se establece el mecanismo de funcionamiento de la Sala Superior. Así, ordena que se integrará por 7 Magistrados Electo-rales y tendrá su sede en el Distrito Federal.

Que bastará la presencia de cuatro Magistrados para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomaran por unanimidad, mayoría calificada en los casos expre-samente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes.

En su párrafo 5 el propio dispositivo ordena: Para hacer la declaración de validez y Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.

A la par, se indica expresamente que los Magistrados Electorales sólo podrán abste-nerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto. Concluye el precepto que, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

En el propio capítulo relativo a la integración y funcionamiento de la Sala Superior, se determina la posibilidad de cubrir las ausencias temporales de Magistrados de Sala Superior por sus homólogos de las Salas Regionales, en la hipótesis de vacante defini-tiva, en tanto se hace la elección respectiva y por ausencia temporal de un Magistrado que no exceda de treinta días.

Por su parte, el artículo 146, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sobre los impedimentos dispone que constituyen causa para tal declaratoria los si-guientes supuestos:

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consan-guinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;


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IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los intere-sados;

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defen-sores;

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I;VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, árbi-tro o arbitrador;

IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;

X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;

XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados;

XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título;

XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;

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XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados;

XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para magistrados de los tribunales unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones II a IX del artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales;

XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados. Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo; y

XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.

Como puede advertirse de las normas orgánicas que se traen a cuentas, el diseño legal vigente, dejó de prever la posibilidad de que tratándose de la resolución de asuntos que requieran mayoría calificada, como es el caso de la Elección Presiden-cial, pudiera eventualizarse la declaración de impedimento o bien la declaratoria de recusación fundada de dos Magistrados de la Sala Superior, casos ambos en los que se encontraban impedidos para conocer del juicio respectivo y, en consecuencia, no podían reunirse la mayoría calificada expresamente solicitada por la ley.

Lo que pone en evidencia, la insuficiencia del orden jurídico doméstico para resolver esa eventualidad, que acarrea consigo, en caso de actualización, la negación por el Estado en su conjunto de un acceso efectivo a la jurisdicción.

II. ATRIBUTOS NECESARIOS DEL JUZGADOR EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Los artículos 99 y 100 de la Constitución Federal determinan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; y que la función de decisión a cargo de los Magistrados Electorales se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e inde-pendencia.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre el acceso a la jurisdicción o protec-ción judicial, dispone:


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Artículo 25.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Los Estados partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que se interponga el recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

El Código de Ética Judicial de la Federación, en sus capítulos I y II, al atender a los principios de independencia e imparcialidad dispone que todos juzgador debe evitar involucrarse en actividades o situaciones que directa o indirectamente puedan afectar su independencia e imponen abstenerse de insinuar o sugerir el sentido en que deben emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial, en palabras lisas, ordena que ningún Juez o Magistrado se pronuncie sobre el sentido de un asunto del que se encuentre conociendo.

Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

Capítulo I. Independencia. Es la actitud frente a influencias extrañas al Derecho, pro-venientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél. Por tanto, el juzgador:

1.1. Rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación.

1.2. Preserva el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia.

1.3. Evita involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indi-rectamente afectar su independencia.

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1.4. Se abstiene de recomendar, insinuar o sugerir, con un fin ilegítimo, el senti-do en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto.

Capítulo II. Imparcialidad. 2. Es la actitud del Juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Con-siste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador:

2.1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes.

2.2. Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros.

2.3. Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad.

2.4 Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función.

2.5 Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto.

La razón que motiva esas disposiciones obedece al deber de los juzgadores de salva-guardar el profesionalismo, independencia y objetividad al juzgar; por tanto, se consti-tuyen en imperativos de justicia que deben preservarse por los jueces en su actuación. Al no hacerlo, el justiciable resiente un menoscabo directo en su derecho humano de acceso a la jurisdicción efectiva.

III. Hechos

El 13 de abril de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Impedimento 1/2011, promovido dentro de los recursos de apelación números SUP-RAP-24/2012, SUP-RAP-26/2012, SUPRAP-27/2012 y SUP-RAP-32/2012.

Es impedimento fue presentando por Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su calidad de Presidente del PAN y los representantes propietario y suplente de dicho instituto político ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con el objeto de que la entonces Magistrada Presidenta María del Carmen Alanis Figueroa dejara de conocer


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de los recursos de apelación enunciados, promovidos contra la resolución que decidió el procedimiento especial sancionador incoado contra Enrique Peña Nieto.

En el escrito de impedimento se argumentó que el 9 de marzo de 2011, se llevó a cabo una cena en el domicilio particular de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, a la cual asistieron Luis Videgaray, Diputado Federal del Partido Revolucio-nario Institucional y líder de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja; Sebastián Lerdo de Tejada, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Federal Electoral; Marco Antonio Baños, Consejero del Instituto Fede-ral Electoral, designado con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional y Enrique Ochoa Reza, Director del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y candidato a Consejero del Instituto Federal Electoral, data en la cual se encontraba en sustanciación los recursos de apelación citados, lo cual afectaba la imparcialidad subjetiva e independencia de la juzgadora electoral.

En la resolución de impedimento se determinó que no fue controvertida la celebra- ción de la reunión en el domicilio de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa el 9 de marzo de 2011, como tampoco la asistencia a ella de Luis Videgaray, Sebas-tián Lerdo de Tejada, Marco Antonio Baños y Enrique Ochoa Reza, toda vez que la funcionaria judicial, en su informe que en trámite de la recusación rindió, no negó la realización de ese evento, de los asistente y el sitio donde tuvo lugar.

En disenso o punto de debate en la determinación estribó sobre que, en ese en-cuentro se hubieran abordado temas relacionados con la resolución de los recursos de apelación SUP-RAP-24/2012, SUP-RAP-26/2012, SUPRAP-27/2012 y SUP-RAP-32/2012, en trámite y que la funcionaria tuviera interés personal en la decisión.En la determinación del impedimento, se precisó que si bien el hecho de la reunión no fue objeto de prueba dado que existió reconocimiento de parte de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, no existieron elementos de prueba más allá del propio reconocimiento, que corroboran que en ella se trató por los invitados y la anfitriona lo relativo a los recursos de apelación.

Con independencia de los resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que finalmente quienes lo resolvieron (por una-nimidad de votos) fueron los pares de la funcionaria judicial contra quien se promovió dicho impedimento.

A ese respecto, el artículo 44, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que una vez admitida la promoción del

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impedimento, se solicitará informe al magistrado implicado y el asunto será sometido a consideración del Pleno de la Sala para su decisión.

Como se ve, el diseño orgánico con base en el cual se tramita el impedimento, deter-mina que son los propios pares del recusado quienes resuelven.

Lo anterior resulta particularmente significativo, dado que los criterios que deben pon-derarse para resolver impedimentos son distintos a los que se asumen para decidir los juicios que se dirimen intereses entre pares de carácter privado o público. En el impedimento, a diferencia de los juicios, lo que se pone en tela de duda, es el valor primordial que garantiza el eficiente funcionamiento del sistema de justicia, aspectos que inciden en el derecho humano que tienen todas las personas a ser juzgadas con imparcialidad y objetividad.

Debido a esa distinción, se justifica que en caso de los impedimentos, baste la exis-tencia de una duda razonable sobre el comportamiento del juez frente a las partes, para declararlo fundado y separarlo de la asunción de cualquier toma de decisiones; a diferencia de los que ocurre en los estándares probatorios atinentes a los juicios en general, donde para la resolución se requiere de prueba plena del hecho controvertido.

En la especia, la duda razonable se actualizó desde el momento en que la recusada Magistrada Alanis Figueroa, al rendir su informe, aceptó la celebración de una cena en su domicilio particular en la fecha referida por los promoventes, como la asistencia de las personas citadas en el propio impedimento.

En tratándose de impedimentos el debate debe versar sobre el anuncio de circuns-tancias que pueden afectar la independencia y la imparcialidad de un juzgador, basta la existencia de una duda razonable para considerar la posible afectación a esas ga-rantías. Lo anterior, porque se encuentra en juego el derecho fundamental de tener un juicio imparcial, como parte de las garantías del debido proceso.

En el caso, es de reiterar, la sola aceptación de la funcionaria imputada, de haber con-sensuado la realización del evento, dentro de un ámbito tan privado como es el domicilio personal, el entorno más íntimo de cualquier individuo; que a él asistieran como también lo aceptó, miembros del grupo más cercano y representantes del Partido Revolucionario Institucional, vinculados de manera estrecha, pública y directa con la parte denuncia-da en el recurso de apelación que ella estaba llamada a decidir, constituían confesión suficiente de datos alusivos de manera univoca y objetiva a la conculcación de su im-parcialidad, lo que obligaba a la propia funcionaria a apartarse de la decisión ante la


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duda razonable que generaba el instituto político denunciante y la sociedad sobre su actuación. Máxime si se toma en cuenta el dato de la mayor trascendencia, el hecho de que en aquella temporalidad la funcionaria guardaba el carácter de Presidenta del órgano. Calidad conferida por los pres que finalmente la exoneraron.

Las circunstancias así confesadas debieron a juicio de quienes suscribimos el pre-sente documento, considerarse suficientes para declarar la existencia de una duda razonable, y en consecuencia, para que la Juez dejara de conocer el asunto.

A la par de lo expresado, es de vital importancia destacar que al ser el órgano al que pertenece la funcionaria, un tribunal límite, el sistema jurídico mexicano no prevé re-curso o medio de defensa.

Bajo este diseño, el vigente sistema normativo nacional anula toda posibilidad de de-batir lo decidido por los pares de la funcionaria judicial.

En el caso que se expone, se suma una circunstancia de suyo trascendente, que nos permitimos exponer.

Después de hacerse público por los representantes de la coalición “Movimiento Pro-gresista”, a través de los medios de comunicación que se impugnaría la validez de la elección constitucional de Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, encontrán-donos los inconformes en la etapa de preparación de la demanda atinente e incluso aun durante la tramitación del juicio de inconformidad en el que se cuestionó la más trascendente elección para los mexicanos, pues ya había sido presentada ante la au-toridad responsable y estaba en vías de envió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ahora Presidente del máximo órgano electoral, Magistrado José Alejandro Luna Ramos, en una entrevista difundida ampliamente por el canal judicial, el canal como anuncia su nombre, del propio Poder Judicial Federal, retomada por todos lo medios masivos de comunicación del país, en su calidad de titular de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el contexto de las elecciones que acababan de celebrarse, en esencia sostuvo “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”… “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”, anticipándose con ello a dar por válida la elección, cuando ni siquiera se había iniciado formalmente la presentación de las inconformidades.

Lo que pone en evidencia un pronunciamiento anticipado sobre el destino de la deci-sión relativa a la elección Presidencial. Tema sabe el que versaba la entrevista, con un

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específico propósito, desalentar, tanto a los promoventes como a la opinión pública de que la demanda en que se alegaba, en lo toral, que un elevado porcentaje de votos recibidos en las urnas habrían sido emitidos a través de coaccionar la voluntad de los electores, podría prosperar.

En palabras llanas, con ello el Presidente del órgano que habría de revisar la regulari-dad constitucional y legal del proceso electoral federal para renovar el ejecutivo fede-ral, afirmaba que no había posibilidades de declarar la nulidad de la elección. Cuando par ese momento se conocía, como la mayoría de los mexicanos, que se recurriría el resultado de la elección, siendo este punto de disenso, el de la compra y coacción de votos, uno de los argumentos de peso en que se fundaba la petición legitima de anulación.

Es decir, cuando el órgano del que es titular José Alejandro Luna Ramos, desconocía los hechos y las pruebas con las que pretendíamos acreditar el argumento, además tampoco conocía los informes que a la postre exigiríamos de la Unidad de Fiscaliza-ción de los Recursos de los Partidos Políticos –órgano interno del Instituto Federal Electoral- para confirmar el reclamo legítimo de invalidez.

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representante y máxima autoridad al interior del propio órgano de decisión, había ya hecho público un juicio de valor sobre la demanda que sería sometida a su potestad, adelantando así la determinación que finalmente formalizó.

La gravedad de un actuar como el que se expone, se agudiza cuando tales declara-ciones son emitidas por el titular del órgano jurisdiccional, cuyo deber de garante del profesionalismo y la objetividad inherente a la función es proporcional a la responsabi-lidad que le encomendaron sus pares al designarlo Presidente.

Coincidentemente, como ocurrió en el destacado caso de impedimento referido en el primer orden en el que claramente la juzgadora se colocó en una situación de duda razonable sobre su profesionalismo, imparcialidad e independencia; en ese segundo momento quien pronunció un juicio anticipado respecto del destino de la impugnación de la elección presidencial, era también la cabeza del órgano de decisión, su Presi-dente, quien en la condición pública de anticipación de juicio estaba llamado a decla-rarse impedido para tomar participación en la resolución que finalmente se emitiera.


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IV. CRITERIOS ATINENTES DEL SISTEMA INTERAMERICANO Y ADECUACIÓN DEL CASO CONCRETO A LA HIPÓTESIS DE TRANSGRESIÓN AL DERECHO HUMANO DE DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL ELECTIVA.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana, al resolver el 18 de noviembre de 1997, el caso Juan Carlos Abella vs Argentina, sostuvo lo siguiente:

“250. El artículo 8 de la Convención Americana establece los requisitos que deben ob-servarse en las diversas etapas procesales, para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales. Según la jurisprudencia asentada por la Corte, el mencio-nado artículo: reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.

En ese propio tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia pronunciada el 2 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, en los párrafos 124 al 127 sostuvo lo siguiente: 124. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantas Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos ju-diciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas estén en condiciones de defen-der adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

125. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones del orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como e todos estos otros órdenes.

126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos

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administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía de debido pro-ceso.

127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar de-cisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

De manera fundamental apoya esta postura el precedente IvcherBronstein vs Perú, de 6 de febrero de 2011, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue contundente al sostener que los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dic-tan en ellos. A eso puede agregarse la denegación de justicia, el retardo injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial. La reiteración de esta postura se encuentra en otro apartado de la resolución apenas mencionada, dada bajo la siguiente literalidad: (…) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye con transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.

En el caso que se expone, es de destacar que la decisión del recurso de apelación en el que la Magistrada recusada intervino, se relaciona y tiene incidencia directa con el diverso juicio de inconformidad que interpusimos contra la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se impone percatar a esa autoridad, en el juicio de inconformidad que se se-ñala, uno de los cuestionamientos esenciales fue el atinente a la adquisición de pro-paganda encubierta a través de la televisión comercial con la empresa “Televisa, S.A de C.V” por parte del candidato Enrique Peña Nieto, conducta con la cual se estima se vulneró el principio de equidad en la contienda electoral, a que se refiere el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los partidos políticos e ningún momento pueden contratar o adquirir, por sí o por terce-ras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, como tampoco


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contratar propaganda una persona física o moral, bien a título propio o por cuenta de terceros, que esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular, tema el que se indica, directamente relacionado con la materia de decisión de los recursos de apelación SUP-RAP-24/2012, SUP-RAP-26/2012, SUPRAP-27/2012 y SUP-RAP-32/2012, dado que en los escritos recursales se cuestionaba de manera específica la adquisición encubierta de tiempos en televisión, bajo la fórmula de publi-citación del último informe de gobierno del ciudadano Enrique Peña Nieto, en áreas geográficas diversas a la entidad que gobernó, con la finalidad real de promover su candidatura a la Presidencia de la República y desde luego con ello influir en las pre-ferencias del electorado.

De ahí que, por todo ello, la participación de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, en su decisión del juicio de inconformidad para controvertir la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se encontraba viciada.

Como se ha expuesto, no sólo la actuación desplegada por la Magistrada Alanis Fi-gueroa fue parcial, también lo fue, el proceder del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, por el juicio anticipado expresado públicamente y en varios foros y entrevistas públicas.

Ambos funcionarios, cada cual en su momento Presidentes de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las conductas apuntadas estaban impedidos para resolver de manera objetiva e imparcial el juicio de inconfor-midad contra la validez de la elección presidencial.

Los dos jueces electorales de la más alta jerarquía, estaban llamados, conforme a la ética del juzgador y a los principios de carrera judicial que los obligan, a abstenerse de intervenir en su discusión y resolución, lo que no ocurrió y al no hacerlo, provocaron que la determinación, en el mejor de los casos, se emitió válidamente por cinco Ma-gistrados. Lo que vicia su legalidad, dada la exigencia de mayoría calificada de seis magistrados que impone el orden domestico electoral.

Estas relevantes circunstancias convirtieron al juicio de inconformidad instado para combatir nada menos que la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en un recurso ilusorio, en los términos en que lo ha definido la ju-risprudencia interamericana invocada en párrafos previos.

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Imprescindible es mencionar que los suscritos no contamos, dado el diseño jurídico vigente, con la posibilidad de alegar ante el órgano de decisión del juicio de incon-formidad o ante diversa instancia del orden nacional, el impedimento de dos de sus integrantes.

Como se puso de relieve en párrafos previos, la posibilidad de que in Magistrado o Magistrada de la Sala Regional pudieran conocer ante la actualización de las causas de impedimentos de dos Magistrados de la Sala Superior, de la calificación de la elec-ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no existe. De ahí que la omisión de la previsión legal atiente constituyó un valladar infranqueable.

A) Demanda del juicio de inconformidad

En el escrito de demanda que formuló la coalición Movimiento Progresista el 17 de ju-lio de 2012 para plantear la nulidad de la elección presidencial, sometió a conside-ración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diversos temas que desde su perspectiva resultaban suficientes para alcanzar esa determinación anula-toria, a saber:

a) Adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión.

b) Uso indebido de encuestas y estudios de opinión.

c) Financiamiento encubierto por conducto de Monex.

d) Agravios relacionados con tiendas Soriana

e) Gastos excesivos en propaganda electoral y publicidad

f) Intervención de gobiernos (federal y locales)

g) Compra y coacción del voto, antes, durante y después de la jornada electoral.

h) Irregularidades durante los cómputos distritales.

Como puede verse, los planteamientos hechos valer guardaban un distinto origen temático y no todos ellos estaban vinculados con el financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña.


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Particularmente, en el inciso e) se cuestionó el gasto excesivo efectuado por la coa-lición Compromiso por México, pero también los aspectos marcados con los incisos a), b) y c), revelaban una estrecha relación con los gastos de campaña permitidos constitucional y legalmente.

El hecho de que se haya utilizado propaganda encubierta, que se hayan valido de medios de comunicación, dedicados como línea editorial a noticias, para generar una opinión específica sobre la preferencia de los votantes a través de encuestas -inclinan-do la balanza a Enrique Pena Nieto- y los hechos que se narraron sobre la eventual utilización de recursos de diversas empresas de origen ilícito por conducto de Banco Monex, S.A conllevaba implícitamente que se erogaron gastos de campaña que ex-cedieron en demasía los gastos de campaña permitidos conforme a la normatividad electoral.

Desde la demanda, se planteó la necesidad de conminar a la Unidad de Fiscalización para que ordenara un procedimiento extraordinario a efecto de indagar sobre el origen de los recursos vinculados con esos hechos.

B) Excitativa de justicia.

Dado que ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos se estaban tramitando diversas quejas contra el Partido Revolucionario Institucional instauradas por rebase de tope de gastos de campaña, durante la instrumentación del juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012, se planteó excitativa de justicia a efecto de que se ordenara al Consejo General proveyera lo necesario para concluir las inves-tigaciones y subsanar inconsistencias en el trámite de los procedimientos administra-tivos sancionadores electorales respecto de los que no había recaído resolución.

El 1° de agosto de 2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó no acordar favorable la pretensión de la coalición “Movimiento Progresista”, por estimar que la facultad de investigación correspondía a un órgano técnico con autonomía de gestión, por lo que no era dable conminar a una autoridad a concluir tales investigaciones.

B) Sentencia del juicio de inconformidad.

En la sentencia que resolvió el juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012 se deter-minaron infundadas las alegaciones hechas valer por la coalición “Movimiento Pro-

LA LARGA TRAVESÍA

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gresista” en cuanto a la omisión del Instituto Federal Electoral de resolver las quejas vinculadas con el tema de financiamiento de los partidos políticos.

En el contexto de esa respuesta, se reconoció que la coalición “Movimiento Progre-sista” presentó una excitativa de justicia, a fin de que se proveyera lo necesario para la tramitación y resolución de procedimientos sancionadores que, en su concepto, están relacionados con el presente juicio de inconformidad, por tener vinculación con la elección presidencial; pero se sostuvo precisamente que el 1° de agosto de 2012, se había estimado improcedente la cuestión incidental.

Es así, como las autoridades electorales -administrativas y jurisdiccionales- evidenciaron en todo momento un proceder contrario a su deber de respetar derechos fundamenta-les, como se explica enseguida:

Primero. En la etapa previa a la celebración de la jornada electoral, en la que se abstuvieron de implementar medidas tendientes a garantizar el respeto al principio de equidad, particularmente, en lo relativo al financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña.

Segundo. En la tramitación del asunto SUP-JIN-359/2012, se determinó improce-dente el planteamiento incidental de excitativa de justicia, que sólo pretendía que las autoridades subsanaran el déficit constitucional y legal que no hace viable que la resolución que se dicte en los procedimientos de queja vinculados con la fiscalización de recursos de los partidos políticos en sus gastos de campaña, tenga o pueda tener alguna incidencia objetiva en la determinación de nulidad o invalidez de la elección.

Tercero. En el fondo de la sentencia que se dictó en el expediente SUP-JIN-359/2012 ya no se retomó de manera eficaz el análisis de los agravios vinculados con la omisión del IFE de resolver las quejas instauradas por procedimientos de fiscalización de re-cursos de los partidos políticos, puesto que a partir del diseño constitucional y legal, -que no establece una concordancia necesaria entre los tiempos para resolver las quejas vinculadas con el exceso en el financiamiento de los partidos políticos y la determina-ción sobre la nulidad o invalidez de la elección-, el tribunal ya no estuvo en posibilidad de tomar en cuenta objetivamente el resultado de los procedimientos de fiscalización atinentes, lo que habría sido necesario para poder resguardar eficazmente el principio de autenticidad del sufragio.

Es así, como la falta de concordancia que revela el sistema normativo integral es incompatible con un acceso efectivo a la jurisdicción para proteger el voto autentico.


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IV. INEFICACIA DEL MARCO NORMATIVO INTEGRAL PARA EJERCER UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

a) CASO MONEX.

Con relación al financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex, en la demanda del juicio de inconformidad y en los escritos que posteriormente presentó la coalición “Movimiento Progresista” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo:

El candidato a la presidencia de la República por la coalición “Compromiso por Méxi-co” se benefició en su campana política con recursos de procedencia ilícita

Diversas personas morales y físicas transfirieron y/o depositaron durante los meses de la campana electoral de 2012, recursos millonarios en Banco Monex.

La coalición “Movimiento Progresista” mencionó de manera expresa el nombre de las empresas que participaron en esas transferencias: “Comercializadora Atama”, “Grupo Koleos”, “Grupo Empresarial Tiguan” y “Rodrigo Fernández Noriega”, quienes asegu-ró, efectuaron depósitos bancarios o transferencias millonarias en Banca Monex, S.A.Los recursos transferidos y depositados a Banco Monex, S.A fueron posteriormente parte de operaciones entre MONEX y las empresas Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. e Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.

MONEX facturaba a dichas empresas la entrega de diversas tarjetas de prepago.

Se desconoce el origen de los recursos de esas empresas y persona física, pero por la información que se pudo conocer de sus actividades empresariales dichas personas no contaban con suficientes recursos que aportaron a MONEX.

Se planteaba que integrantes del Partido Revolucionario Institucional utilizaron las tarjetas de MONEX para pagar a representantes generales y a promotores del voto en el Estado de Guanajuato.

Las tarjetas de prepago se dispersaron entre operadores del PRI en el territorio nacio-nal durante los meses del proceso electoral 2012 y está acreditadas la existencia de al menos 9,924 tarjetas.

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Como puede verse, el planteamiento formulado por la coalición “Movimiento Progre-sista”, daba noticia de hechos vinculados con la violación a dos principios constitucio-nales por parte de la coalición “Compromiso por México”, a saber:

A. Por una parte, la transgresión al principio de equidad en el financiamiento de los partidos políticos para gastos de campaña; y

La vulneración a la autenticidad del sufragio.

El análisis jurisdiccional, de conformidad con las pruebas que aportó la Unidad de Fiscalización al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -de acuerdo al estado que guardaban los procedimientos sancionadores- permitió que dicho órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de determinar lo siguiente;

Se tuvo por probada la existencia de una serie de 7,851 (siete mil ochocientos cin-cuenta y una) tarjetas de prepago que fueron objeto de la contratación entre el Partido Revolucionario Institucional y Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. Lo anterior, por el propio reconocimiento del citado partido político.

El Partido Revolucionario Institucional reconoció a su vez que 2,578 (dos mil qui-nientos setenta y ocho) se distribuyeron en las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal a través de “enlaces estatales”, con quienes se celebraron contratos de prestación de servicios asimilables a sueldos; y,

Se aceptó a su vez, que la distribución se dio en cinco de esas entidades federativas -Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Oaxaca y Sinaloa- a través de “enlaces distritales”, en el número que se precisa en la tabla anterior.

El análisis jurisdiccional llevó a la conclusión de que 2,578 (dos mil quinientas setenta y ocho tarjetas), de las 7,851 (siete mil ochocientas cincuenta y un tarjetas) que reco-noció el Partido Revolucionario Institucional había contratado con Alkino, Servicios y Calidad S.A. de C.V, aparecían con el rubro “Inizzio” en la lista de control interno de Banco MONEX,S.A

La sentencia reconoció esos aspectos como probados dentro del juicio pero el es-quema normativo integral demostró absoluta insuficiencia para hacer viable el plan-teamiento de nulidad de la elección presidencial con motivo de violaciones de carácter grave al financiamiento de los partidos políticos.


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La desarticulación absoluta existente entre el sistema normativo diseñado para regular el financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña y el orden nor-mativo que prevé los supuestos previstos para la declaración de nulidad o invalidez de la elección trajo como consecuencia que el tribunal no estuviera en aptitud de examinar el financiamiento de los partidos políticos en función de la nulidad o invalidez de la elección.

De ese modo, en el Estado mexicano prevalece una situación de insuficiencia nor-mativa, en tanto que la vulneración a los principios rectores de la equidad en el fi-nanciamiento de los partidos políticos sólo puede ser materia de una resolución de la autoridad electoral administrativa, pero no puede tener incidencia objetiva en la determinación de nulidad o invalidez de la elección.

En esas circunstancias, el estado actual de la normatividad genera las consecuencias negativas siguientes:

•Hace nugatorio el principio de equidad en el financiamiento de los partidos políticos para sus gastos de campaña, en tanto que violaciones graves o sistemáticas al finan-ciamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña, no puede tener alguna incidencia objetiva en lo relativo a la eventual declaratoria de nulidad o invalidez de la elección.

•Consecuentemente, se trata de un marco normativo integral que no otorga garantía para tutelar o resguardar que en las campanas políticas no ingrese financiamiento de procedencia ilícita

Lo anterior, ante la inexistencia de un recurso efectivo para garantizar una tutela judi-cial efectiva en cuanto a esta clase de violaciones que afectan gravemente la norma-tividad electoral.

•A pesar de que existe un sistema de sanciones para aquellos supuestos en que se viole la normativa para el financiamiento de los partidos políticos en sus gastos de campaña, la desvinculación absoluta que existe entre dicho sistema sancionatorio con el catalogo de nulidades de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-nos genera una situación de insuficiencia normativa.

•La citada insuficiencia normativa permite materialmente que se utilice financiamiento indebido en las campanas electorales e incluso resulta viable que ese financiamien- to provenga de organizaciones con actividades ilícitas o criminales.

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•El financiamiento ilícito o encubierto no es violatorio únicamente del principio de equidad, sino que a su vez, pone en peligro que se afecte la autenticidad del voto, por-que el destino de los recursos con origen ilegal puede ser para desplegar actividades de compra y/o coacción de los sufragantes.

•Ahora bien, aun cuando no haya quedado demostrado que los recursos que forma-ron parte del financiamiento por conducto de Banco Monex se utilizaron para entregar tarjetas de prepago a ciudadanos para que estos emitieran sufragio a favor de la coa-lición “Compromiso por México”, lo cierto es que el ámbito normativo integral impidió que el tribunal electoral abordara el estudio relacionado con el origen y destino de los aludidos recursos con el consecuente daño al principio de equidad en la contienda y a su vez, a los postulados de libertad y autenticidad del sufragio.

• c) INDEBIDA UTILIZACIÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN PARA IN-FLUIR EN EL ELECTORADO A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.

Bajo distinta arista, la coalición “Movimiento Progresista” hizo valer en la demanda del juicio de inconformidad, que algunas empresas de comunicación dieron un uso políti-co indebido a los ejercicios de demoscopia, a partir de la deficiente regulación legal en lo atinente al uso reiterado de encuestas de opinión durante las campanas políticas.

En el planteamiento efectuado en la demanda se sostuvo que se actualizó inducción al voto por manipulación de la verdad, precisándose que el treinta de marzo de dos mil doce, hasta la conclusión del periodo de campaña, diferentes casas encuestadoras y medios de comunicación difundieron encuestas y sondeos de opinión cuyas tenden-cias se alejaron de forma desproporcionada del resultado de la elección, generando confusión en el electorado sobre las tendencias de la votación.

Concretamente, se hizo referencia a tres columnas de Ciro Gómez Leyva publicadas en el Milenio Diario los días 11 de abril, 28 de marzo y 19 de abril (con los títulos “¿Es-tán liquidados Josefina y López Obrador?”; “Le llegó la hora de la verdad a Josefina” y “Pena Nieto les ganó otro día”,) y una más de Héctor Aguilar Camín, publicada el 16 de abril en ese mismo diario con el título “Una elección no competida”.

En todas ella se hizo referencia a los resultados de las encuestas diarias de Mile-nio-GEA/ISA que reflejaban una considerable ventaja de Enrique Peña Nieto frente a los otros candidatos y la candidata a Presidente de la República.


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Se sostuvo oportunamente en la demanda, que la difusión de las columnas mencio-nadas favoreció a la Coalición “Compromiso por México”, en tanto que se demeritó la aceptación del candidato de la coalición actora, al generarse un doble efecto:El primero, de carácter positivo, en apoyo del primer lugar de la encuesta, y el segun-do, negativo, en tanto que se causó detrimento al candidato que aparecía con una desventaja desmedida.

En el planteamiento de demanda se sostuvo que se configuró una vulneración gene-ralizada que otorgó una ventaja indebida en contravención de los principios constitu-cionales de equidad, objetividad y certeza.

De esa manera, el planteamiento elaborado en la demanda perseguía un objetivo esencial: evidenciar que la insuficiencia normativa en materia de encuestas daba lugar a un fenómeno nocivo, en el cual, los medios de comunicación y las casas encues-tadoras podrían actuar conjuntamente para vulnerar la normatividad electoral para favorecer a un candidato específico y en detrimento de su oponente.

La litis que implicaba tal agravio, imponía que el tribunal dilucidara si en efecto, los ele-mentos de convicción existentes en autos resultaban idóneos o suficientes para tener por demostrado que medios de comunicación y las casas encuestadoras participaron en una actividad conjunta dirigida a lograr ese doble efecto en el electorado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no desplegó un ejercicio ju-risdiccional que implicara una tutela judicial efectiva, a efecto de dar solución a tales planteamientos.

En su análisis, redujo la litis planteada a parámetros estrictamente normativos:

Incluso, constriño el objeto de estudio en los términos siguientes:

¿Existe un límite normativo a la realización de encuestas electorales y a su uso por los medios de comunicación? ¿La vulneración a esos límites se traduce en una forma de propaganda político-electoral encubierta? y, en su caso, ¿Durante el proceso electoral federal se actualiza alguna irregularidad por el uso indebido de encuestas como pro-paganda electoral respecto de la elección presidencial?

Al sentar todo su análisis en las premisas anteriores, el ejercicio del Tribunal dejó de tomar en consideración que la materia de estudio -con base en el deber que tienen

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los órganos del Estado de desarrollar las posibilidades del recurso judicial-, consistía dilucidar si el material probatorio permitió un concierto o interacción entre medios de comunicación y casas encuestadoras para llevar a cabo la difusión de encuestas que se calificaron de ilegales en la demanda.

Las autoridades judiciales no emitieron una determinación jurisdiccional que generara alguna pauta a los órganos legislativos para establecer un marco normativo integral capaz de resguardar de manera efectiva el respeto al principio de equidad en la difu-sión de encuestas.

Su pronunciamiento fue meramente descriptivo del estado actual que guarda la le-gislación en materia de encuestas, mas no cumplió un mínimo deber de respuesta a la realidad que se observó por toda la sociedad en el proceso electoral; menos aun, sugirió o hizo una propuesta para una creación o modificación legislativa eficaz que permitiera alcanzar un entorno de equidad en la normatividad de las encuestas y son-deos de opinión en los procesos de elección.

Es así, como el tribunal, incumplió su deber de respeto a derechos fundamentales consagrado en los artículos 1° Y 2° de la Convención, primero, porque omitió efectuar un análisis profundo y objetivo del planteamiento que se hizo valer, el cual implicaba dilucidar si los medios de comunicación y las casas encuestadoras, habían llevado a cabo una actividad conjunta o concertada de la difusión de encuestas para favorecer a un candidato; y en segundo orden, porque su análisis, al constreñirse a una des-cripción de la regulación normativa de las encuestas, no coadyuvó para que el Estado mexicano cumpliera integralmente su deber de respeto a derechos fundamentales, favoreciendo la adopción de un marco normativo integral eficaz para garantizar el principio de equidad en la contienda.

Es así, como el tribunal no coadyuvo, en el ejercicio de control convencional que le compete como autoridad estatal y que imponía que como máximo órgano jurisdic-cional en la materia aportara alguna respuesta idónea y eficaz para dar solución a la problemática planteada.

DEBER DE GARANTÍA DE LOS ESTADOS PARTE.

•En general, el Derecho Internacional a fin de asegurar el ejercicio de los derechos humanos, impone a los Estados un “deber de abstención” hacia la vulneración (por acción o por omisión) de estos derechos; es decir, existe entonces para los Estados


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la imposibilidad de que agentes del mismo cometan violaciones a los derechos huma-nos, o incluso que el Estado tolere la comisión de las mismas por particulares.

•Existe así el “deber de garantía” para los Estados de prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas en su jurisdicción, investigarlas, procesar y sancionar los autores de las mismas, así como reparar los datos ocasionados por estas. De esta manera, el Estado se coloca en una posición de garante de los derechos humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y salvaguardia de los mismos.

•La Corte, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, ha recordado que los Es-tados Partes han contraído la obligación general de proteger, respetar y de garantizar cada uno de los derechos establecidos en la Convención, de tal modo que “todo Menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cual-quier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención”.[1]

•Para cumplir satisfactoriamente tal obligación, los Estados se encuentran obligados a prevenir razonablemente las situaciones en las cuales se cometan violaciones de los derechos humanos, y en caso estas se hayan cometido, deberá de investigar (seria-mente y con los medios a su alcance) las violaciones existentes dentro del ámbito de su jurisdicción con la finalidad de identificar a los responsables, imponerles las sancio-nes pertinentes, así como asegurar a la víctima una adecuada reparación.

•Esta obligación que no se agota con la existencia de un orden normativo interno, sino que es necesario también, una conducta por parte del Estado que asegure la existencia de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas adecuadas e idóneas, incluso debiendo remover los obstáculos (físicos o jurídicos) existentes para que las personas sujetas a su jurisdicción puedan disfrutar de sus derechos humanos, a fin de evitar que en caso se cometa tal violación, esta no quede impune.

•El Estado se encuentra obligado a realizar investigaciones prontas, diligentes, se-rias, exhaustivas, imparciales e independientes frente a toda violación de los derechos humanos que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción. Mediante este deber de investigar, el Estado se encuentra obligado a desplegar motu proprio las ac-tividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon,

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pues a fin de cuentas se trata de una obligación jurídica y no de una mera gestión de intereses particulares. En ese sentido, se configura como una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.

•Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en el caso Velásquez Rodríguez, en donde manifestó que dicha obligación de investigar “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad con-denada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses par-ticulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.[2]

CONSECUENCIA MATERIAL DE QUE SE HAYA INCUMPLIDO EL DEBER DE DESARROLLAR LAS POSIBILIDADES DEL RECURSO JUDICIAL.

Ante lo antes explicado, es posible afirmar que el sistema normativo integral se pre-senta insuficiente para garantizar otro valor fundamental que ha sido reconocido en la orientación jurisprudencial de la Corte.

El Derecho a la verdad

El derecho a la verdad en un primer momento estuvo vinculado al Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que se reconocía el derecho de los familiares a conocer la suerte corrida por sus familiares víctimas de desaparición en tiempos de conflictos armados[3]. Esto fue empleado por la doctrina y la jurisprudencia internacional como el punto de partida y sustento de tal derecho.

Progresivamente, el derecho a la verdad se reconocería primero, respecto de las víc-timas de desapariciones forzadas (en donde la víctima es detenida arbitrariamente, para posteriormente ocultase la suerte o el paradero de la misma a los familiares como a la sociedad en general) para luego ampliarse a toda víctima de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte en un primer momento reconoció la existencia del derecho que le asiste a los familiares de víctimas de desaparición forzada de conocer el destino o suerte corrida por el desaparecido,[4] pero no ha limitado este derecho a los casos de desaparicio-nes forzadas. En la sentencia sobre reparaciones del caso el Caracazo (en donde nu-


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merosas personas fueron ejecutadas por las FFAA y los cuerpos de seguridad del Es-tado Venezolano), la Corte afirmó que “los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados, para que la sociedad venezolana conozca la verdad”[5].

Pese a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no hace referencia expresa al derecho a la verdad, el Comité de Derechos Humanos, ha reconocido tam-bién “la obligación de los Estados de garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos conozcan la verdad respecto a los hechos cometidos”.

El alcance y contenido del derecho a la verdad ha ido ampliándose en la medida en que se ha fundamentado tal principio en diversos niveles internacionales como na-cionales. En un primer momento, fue definido como el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las cuales estas violaciones llegaron a cometerse.

En la actualidad se acepta que el derecho a la verdad implica conocer la verdad ín-tegra y completa sobre los hechos ocurridos, así como conocer las circunstancias específicas en las que se cometieron y quiénes participaron en ellos.

En virtud de la jurisprudencia y la práctica nacional como internacional, la doctrina, resoluciones de determinados organismos u organizaciones internacionales, así como opiniones de diversos relatores especiales sobre el tema, se puede afirmar que el derecho a la verdad constituye en la actualidad, una norma del derecho internacional consuetudinario.

LA CERTEZA ELECTORAL Y LA VERDAD MATERIAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES.

Partiendo de la base de que la certeza constituye un principio rector por excelencia de la materia electoral es incuestionable que la verdad material de los hechos que se suscitan en el desarrollo de los comicios representa un derecho fundamental, porque significa un instrumento para alcanzar de manera efectiva que la voluntad soberana se materialice a través del voto.

Es cierto, el derecho a la verdad, emergió en la visión de los tribunales interamericanos como una noción aplicable a casos de extrema laceración o afectación a la dignidad humana, como es por ejemplo, la desaparición forzada, empero, la dirección que tiene la adopción de este principio ha encontrado aplicabilidad en diversos ámbitos del derecho.

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La certeza electoral y los restantes principios que rigen la materia: legalidad, objetivi-dad, y por supuesto equidad en la contienda, confeccionan un esquema sofisticado de postulados tendientes a asegurar la veracidad del proceso comicial y de sus re-sultados.

Si el Estado Mexicano confía su sistema de justicia electoral, primero, a un Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la organización y regulación integral de los comicios y posteriormente, a manera de segunda instancia, a un Tribunal Electoral a quien encomienda la tutela jurisdiccional a través de los medios de impugnación pre-vistos en la Constitución y en la ley, resulta completamente ajeno a una visión de tutela judicial efectiva, la carencia total de recursos o medios de defensa útiles para que el financiamiento indebido de los recursos de los partidos políticos pueda tener alguna incidencia objetiva en torno a la nulidad o invalidez de la elección.

En esas condiciones, se está en presencia de un esquema normativo integral que no resguarda el principal bien jurídico que habría de prevalecer en la materia electiva: la certeza electoral.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que ante la carencia de medios de impugna-ción que tutelen eficazmente la certeza electoral de la elección presidencial, se trasto-ca o pone en peligro el derecho a ejercer un voto secreto, libre y autentico.

CONCLUSIÓN

En razón de todo lo anterior, es posible explicar que el incumplimiento en que ha in-currido el Estado mexicano consiste en que se ha omitido desarrollar legislativamente las posibilidades del recurso judicial a efecto de proveer una posibilidad jurídico-pro-cesal útil y efectiva para que los tribunales puedan conocer de planteamientos que se hagan valer para solicitar la nulidad o invalidez de una elección por haberse violado de manera grave y sistemática los principios rectores del proceso electoral, como son especialmente, el de equidad en la contienda y autenticidad del sufragio, y que al abordar los méritos de tales planteamientos puedan en su caso, establecer una determinación de nulidad o invalidez de la elección.Al no haberlo así, se vulnera:

a) En principio, el relacionado con un acceso efectivo a la jurisdicción, en los términos a que se refiere el artículo 25 (2.b) de la Convención: y,


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b) Se genera una imposibilidad material y efectiva de alcanzar el conocimiento de la verdad en torno a los hechos vinculados con la violación grave y sistemática de las reglas de financiamiento a los partidos políticos en sus gastos de campaña; y

c) No se provee algún mecanismo idóneo para garantizar la autenticidad del voto y con ello trastocar el derecho humano a sufragar que se consagra en el articulo 23 (1.b) de la Convención.

ELEMENTOS DE PRUEBA.

1.- Escrito enviado por el Candidato a la Presidencia de la República a los Consejeros del Instituto Federal Electoral de fecha ocho de febrero de dos mil doce.

2.- Acuerdo emitido por el Consejo del Instituto General del Instituto Federal Electoral el veinticuatro de mayo de dos mil doce, en respuesta a la misiva del Candidato a la Presidencia de la República.

3.- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el primero de julio de dos mil doce.

4.- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral efectuada el tres de julio de dos mil doce.

5.- Juicio de Inconformidad resuelto por la Sala Superior identificado con la clave SUP-JIN-359/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, mediante la cual se decla-raron infundados los planteamientos de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expuestos por la Coalición “Movimiento Progresista”.

6.- Informe Circunstanciado del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el diecisiete de julio de dos mil doce.

7.- Documento de Pruebas Supervenientes dirigido por el representante de la Coali-ción Movimiento Progresista al Director General de la Unidad de Fiscalización del IFE de fecha 3 de agosto de 2012.

8.- Versión Estenográfica de la Sesión Pública del TEPJF de fecha 30 de agosto de 2012.

LA LARGA TRAVESÍA

265

9.- Informe Final – Elecciones Generales, 1 julio 2012, EU Election Expert Misión Mé-xico, de la Unión Europea.

10.- Boletín de Prensa – Informe de Alianza Cívica, 3 de julio de 2012.

Por lo expuesto, solicito a esa Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respetuosamente solicito:

Primero. Se condene al Estado Mexicano a realizar las adecuaciones legales proce-dentes, a fin de que se garantice el acceso efectivo a la jurisdicción.

Segundo. Se imponga al Estado Mexicano que regule en el orden domestico de ma-nera eficaz el acceso al juicio de informidad tratándose de la anulabilidad o invalidez de la elección constitucional de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de manera tal que, ante la actualización de impedimentos o excusas fundadas de sus miembros, el órgano colegiado de decisión se integre de manera calificada asegurando de ma-nera real el derecho fundamental de la tutela judicial.

Tercero. Condenar al Estado Mexicano para que desarrolle legislativamente las posi-bilidades del recurso judicial a efecto de proveer una posibilidad jurídico-procesal Útil y efectiva para que los tribunales puedan conocer de planteamientos que se hagan valer para solicitar la nulidad o invalidez de una elección por haberse violado de ma-nera grave y sistemática los principios rectores del proceso electoral, como son espe-cialmente, el de equidad en la contienda y autenticidad del sufragio.

México, Distrito Federal a 01 de noviembre de dos mil doce.

PROTESTO LO NECESARIO

Ricardo Monreal Ávila

Coordinador de la Coalición “Movimiento Progresista”


266

[1] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988. Serie C. No 4, párr. 164

[2] Ib., párr.. 177

[3] El artículo 32 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra es la primera norma con-vencional que explícitamente reconoce tal derecho a la verdad. Si bien es cierto que el concepto de desaparición en el Derecho Internacional Humanitario es más amplio, cubre todas aquellas situaciones en las que la suerte o paradero de una persona es desconocido en el Derecho In-ternacional de los Derechos Humanos

[4] Para tal efecto, véanse los casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Castillo Páez entre otros.

[5] Corte I.D.H., Caso Caracazo. Sentencia sobre Reparaciones de 29 de agosto de 2002. Serie C. No 95, párr. 118

267

76 La tabla muestra la preferencia bruta (con indecisos) y efectiva (sin indecisos). Wikipedia. (s/f ). “Elecciones federales en México de 2012”. Recuperado el 11 de junio de 2013, de

Wikipedia: http://goo.gl/C0prJB * http://www.lacronica.com/Encuestas/Encuesta.aspx?NumEncuesta=9629&KeepThis=true&TBifra-

me=true&height=250&width=330

Anexo 5Sondeos, monitoreos

y encuestas independientes76

Fecha Elaborada por PAN: JVM PRI-PVEM: EPN

PRD-MC-PT: AMLO

PANAL: GQ Indecisos

Noviembre/ 2011

El Diario de Ciudad Juárez (Vía Web) 33.00 % 29.00 % 38.00 % - -

Enero/2012 Revista EMET (En Plazas Públicas) 16.16 % 22.89 % 27.95 % - 33.00 %

Enero/2012

UNOTV/Grupo Impacto Inteligente 360º (en redes sociales)

19.65 % 11.06 % 24.82 % - 31.65 %

Febrero/2012 La Crónica de Baja California (Vía Web) 2.09 % 24.69 % 71.13 % 2.09 % -

Febrero/2012 El Imparcial de Hermosillo (Vía Web) 31.51 % 24.81 % 41.63 % 2.05 % -

Febrero/2012 Revista EMET (En Plazas Públicas) 20.73 % 20.17 % 26.55 % - 32.55 %

Marzo/2012 Revista EMET (En Plazas Públicas) 20.40 % 23.87 % 30.48 % 0.58 % 24.00 %

Abril/2012Urna abierta (Vía Web) (En redes sociales)

30.80 % 30.70 % 36.90 % - -

Abril/2012El menos peor (Vía Web) (En redes sociales)

26.33 % 10.10 % 63.57 % - -

Abril/2012 Univision (Vía Web) (En redes sociales) 11.00 % 6.00 % 78.00 % - 5.00 %

Abril/2012 El Imparcial (Vía Web) 29.00 % 22.00 % 47.00 % 2.00 % -

*


268

Fecha Elaborada por PAN: JVM PRI-PVEM: EPN

PRD-MC-PT: AMLO

PANAL: GQ Indecisos

Abril/2012 SNTE-PANAL (Cara a Cara) 16.00 % 31.00 % 40.00 % 4.00 % 8.00 %

Mayo/2012 El menos peor (Vía Web) 24.04 % 9.38 % 66.58 % - -

Mayo/2012 Urna abierta (Vía Web) 28.90 % 28.70 % 40.80 % - -

Mayo/2012 SNTE-PANAL (Cara a Cara) 17.00 % 29.00 % 41.00 % 4.00 % 8.00 %

Mayo/2012 UNAM (Urna Simulada) 4.33 % 5.19 % 85.61 % 4.87 % 8.00 %

Mayo/2012 Radio sin Lema (en redes sociales) 5.00 % 2.00 % 90.00 % 1.00 % 2.00 %

13-19 Mayo/2012

La Jornada/(Monitereo en Twitter)

32.77 % 21.88 % 40.45 % - -

Mayo/2012 Revista EMET (en plazas públicas) 14.99 % 21.16 % 39.29 % 4.00 % 20.28 %

Junio/2012 Revista EMET (en plazas públicas) 21.88 % 22.94 % 32.05 % 3.61 % 10.42 %

Junio/2012 Urna abierta (Vía Web) 26.80 % 26.40 % 45.60 % 0.40 % -

Junio/2012 Kapitolio (Monitoreo en Red) 16.00 % 37.00 % 43.00 % - -

Junio/2012 SNTE-PANAL (Cara a Cara) 20.00 % 30.00 % 37.00 % 3.00 % 8.00 %

Junio/2012 Elección 2012 México (Vía Web) 37.00 % 36.00 % 24.00 % 3.0 0% -

Junio/2012

UNAM, Universidad Harvard y la Universidad Autónoma de Guadalajara (en plazas públicas)

28.00 % 25.00 % 27.00 % 3.00% 17.00 %

269

Anexo 6Cronología de la campaña

presidencial 2012

Marzo

30•Arranca formalmente la

campaña, en Macuspana, Tabasco

•Coatzacoalcos, Veracruz

31•Tlacomulco de Zúñiga, Jalisco• Irapuato, Guanajuato

Abril

12 •Fresnillo, Zacatecas

14•Guasave, Sinaloa•Ciudad Obregón, Sonora

15 •Ciudad Valles, San Luis Potosí•Tampico, Tamaulipas

16•Distrito Federal, Delegación Venustiano Carranza

23•Distrito Federal,

Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe

22 •Monterrey, Nuevo León

1• Jiutepec, Morelos

4 •San Cristóbal de las Casas, Chiapas

10•Guadalupe Victoria,

Durango


270

24 •Ciudad del Carmen,

Campeche

25 • Jesús María, Aguascalientes

26•Distrito Federal•Manzanillo, Colima•Guadalajara, Jalisco 27 •Chihuahua, Chihuahua

30•Distrito Federal•Oaxaca, Oaxaca

•Naucalpan, Estado de México

1•Tijuana, Baja California 2 •Cabo San Lucas, Baja California Sur

3•Tecnológico de Monterrey, Nuevo León


primer debate de candidatos presidenciales

7 •Distrito Federal, con estudiantes de

universidades públicas

8 •Distrito Federal

9•Tulancingo, Hidalgo•Texcoco, Estado de México

11 •Minatitlán, Veracruz•Tuxtepec, Oaxaca

12• Jojutla, Morelos• Iguala, Guerrero

Mayo

LA LARGA TRAVESÍA

271

13 •Huejutla, Hidalgo•Tampico, Tamaulipas•Poza Rica, Veracruz

14•Tlapa de Comonfort, Guerrero

15 •Mazatlán, Sinaloa

16•Nogales, Sonora

18 •Acapulco, Guerrero•Tapachula, Chiapas

20•Córdoba, Veracruz


Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco

22•Distrito Federal•Reynosa, Tamaulipas

23•Puerto Escondido, Oaxaca

24• Ixtlahuaca, Estado de México•Tejupilco, Estado de México

25•Lázaro Cárdenas,

Michoacán

26•Bahía de Banderas, Nayarit•Puerto Vallarta, Jalisco

30 •Progreso de Obregón, Hidalgo• Ixmiquilpan, Hidalgo•Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo•Solidaridad, Quintana Roo


272

1 •La Piedad, Michoacán•Zamora, Michoacán•Guadalajara, Jalisco

2•Tuxtla Gutiérrez, Chiapas•Tonalá, Chiapas

•Villaflores, Chiapas

3 •Ocosingo, Chiapas•Comitán de Domínguez, Chiapas

4•San Andrés Tuxtla,

Chiapas•Orizaba, Veracruz

5 •Puruándiro, Michoacán•Celaya, Guanajuato

7•Distrito Federal

10•Guadalajara, Jalisco,

segundo debate de candidatos presidenciales

11•Aguascalientes, Aguascalientes•San Luis Potosí, San Luis Potosí

12 •Mexicali, Baja California•Hermosillo, Sonora

14•Zacatecas, Zacatecas•Durango, Durango

15•Puebla, Puebla•Oaxaca, Oaxaca

17•Cancún, Quintana Roo•Mérida, Yucatán

18 •Querétaro, Querétaro

Junio

LA LARGA TRAVESÍA

273

19•Guanajuato, Guanajuato

•Distrito Federal, debate de candidatos

presidenciales convocado por el

movimiento #YoSoy132

20 •Ciudad Juárez, Chihuahua•Monterrey, Nuevo León

21•Veracruz, Veracruz•Tlaxcala, Tlaxcala

22 •Cuernavaca, Morelos•Acapulco, Guerrero

23•Tuxtla Gutiérrez, Chiapas•Villahermosa, Tabasco

24 •Guadalajara, Jalisco•Tepic, Nayarit•Morelia, Michoacán

27

•Distrito Federal. Cierre de campaña con una marcha desde el Ángel de la Independencia, hasta el Zócalo

28•Distrito Federal

firma del Pacto por la civilidad política

1 •Comicios para elegir presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y senadores y diputados del Congreso de la Unión

Julio

275

Anexo 7Recuento gráfico


276

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278

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LA LARGA TRAVESÍA

299


300

301

Índice onomástico

AAbella, Juan Carlos: 248Abeledo, Ramón Guillermo: 82Achar, Elena: 80, 81Aguilar Camín, Héctor: 89, 180, 257Ahumada, Carlos: 86Alanis Figueroa, María del Carmen: 157, 243, 244, 245, 250Alí, Jesús: 53Alfaro, Enrique: 95Anaya, Alberto: 24, 28, 36Arce, René: 73 Aristegui, Carmen: 20, 56, 130, 187Aristóteles: 195Arriola, Mónica: 115Ávila, Eruviel: 27, 72, 73, 107, 188 Ávila, Obdulio: 51Aznar, José María: 77

BBaena, Ricardo: 248Baños, Marco Antonio: 145, 244 Barberán, José: 77Barrera Tapia, María Elena: 122Bátiz, Bernardo: 41, 191Batres, Martí: 191Beteta, Óscar Mario: 111, 166Bejarano, René: 86Bosch Muñoz, María de Lourdes: 50Bours, Eduardo: 40Bronstein, Ivcher: 249

CCalderón, Felipe: 18, 37, 42, 49, 61, 77, 78, 92, 107, 118, 133, 151, 155, 180, 186


302

Calderón, Luisa María "Cocoa": 119Calleja Ortega, Roberto: 112Campos, Roy: 168, 169Cantú Garza, Ricardo: 28Carbajal Tejada, Rogelio: 50Cárdenas, José: 171Cárdenas, Lázaro: 65Cárdenas Gracia, Jaime: 28, 50, 192Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc: 47, 76Carrillo Chontkowsky, José: 112Carrillo Garza Sada, Alejandro: 112Carstens, Agustín: 187, 188Carvajal Isunza, Gustavo: 50Carville, James: 77Castañeda, Jorge: 89Cervera García, René: 28Ceseñas, Socorro: 191Chávez, Hugo: 100Clouthier, Tatiana: 95Coninsx, Marie-Anne: 189Costa Bonino, Luis: 77, 78, 80, 81, 167Covarrubias, Ana Cristina: 76Cristalinas, Alfredo: 161, 162, 163Creel, Luis: 80Cruz, Nuno: 82

DDávila, Jorge: 43De la Fuente, Juan Ramón: 41, 56, 64De las Heras, María: 56, 169De Marta, Yago: 79De Tavira, Luis: 42De la Peña, Ricardo: 179Del Valle Gurría, Luis: 80Delgado, Mario: 119Delgado Rannauro, Dante: 28Díaz, Melissa: 82

Díaz Ordaz, Gustavo: 58, 60Di-Bella Roldán, Julio: 50Di Constanzo, Mario: 119Domínguez, Xavier: 79Dresser, Denisse: 119, 120Drucker, René: 64Durán Barba, Jaime: 77

EEbrard Casaubón, Marcelo: 19, 41, 44, 45, 57Echeverría Álvarez, Luis: 46, 60Eco, Umberto: 57Egurrola, Julieta: 42Eleazar Márquez, Camerino: 191Encinas, Alejandro: 56Escalante, Carlos: 79Escobar, Arturo: 58, 59Espino, Manuel: 73Esquivel, Laura: 42Estrada, Francisco: 192

FFernández Noriega, Rodrigo: 254Fox, Vicente: 72, 73, 77, 82, 83, 86, 87, 88, 102, 153Fragoso Oscoy, Juan Óscar: 183

GGallardo, Patricia: 82Gálvez, Xóchitl: 119Galván Rivera, Flavio: 197, 198Gamboa Patrón, Emilio: 59Garay, Silvano: 192García Ramírez, Sergio: 50, 103, 161

LA LARGA TRAVESÍA

303

Gascón, Manuel: 112Gil Zuarth, Roberto: 100, 119Giménez Cacho, Daniel: 42Giménez Sanromán, Rafael: 50Gómez, Pablo: 149Gordillo, Elba Esther: 13, 65, 91, 92, 114, 115Gómez Leyva, Ciro: 168, 171, 173, 179, 180, 257Gómez-Mont, Fernando: 89González Pak, Marco Antonio: 186-188González Roldán, Luis A.: 50González Sánchez, Fernando: 115González Schmal, Jesús: 191Gutiérrez, Beatriz: 62, 95Gutiérrez Candiani, Gerardo: 43, 122Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo: 129

HHank González, Carlos: 27Hellmund López, Adolfo: 80Heredia, Dolores: 42Hernández, Juan: 82Hernández, Pablo: 119

IIbarra, Epigmenio: 29, 51, 77, 98, 119, 192Ibinarriaga, José: 98

JJacobo Molina, Edmundo: 134, 197Jiménez Espriú, Javier: 41Jiménez Pons, Rogelio: 80Jiménez Reyes, Roberto: 157

Joaquín Coldwell, Pedro: 58, 59, 73, 100Juárez, Benito: 65Juárez, Guadalupe: 52

LLabastida, Francisco: 77Lerdo de Tejada, Sebastián: 50, 244Limón, Lía: 73Limón García, Juan Carlos: 79Lino Zárate, Erwin Manuel: 112López-Dóriga, Joaquín: 111, 166, 172López Gutiérrez, David: 112López Hernández, Rosalinda: 28Loret de Mola, Carlos: 110, 166Luna Ramos, José Alejandro: 144, 145, 246, 247, 250

MMadero, Francisco I.: 65Magaña, Marcos: 79Mandoki, Luis: 29, 77, 80, 98, 169Marín, Carlos: 171Martí, José: 121Martín, Luis Fernando: 82Martínez, César: 79Marván Laborde, María: 54, 128Massieu Fernández, Andrés: 50Mastretta, Ángeles: 89Meade, José Antonio: 92, 129, 156Mejía Berdeja, Ricardo: 109, 191Mollinedo, Nicolás: 95Monreal Ávila, Ricardo: 50, 207, 221, 265Montes de Oca, Karen: 84Morales, Marisela: 129Moreira, Humberto: 72Morera, María Elena: 89


304

Morris, Dick: 77Muro, Adela: 192Murphine, Ralph: 79Murillo Karam, Jesús: 129, 182

NNacif, Benito: 146Nava Gomar, Salvador: 197Navarrete, Jorge Eduardo: 41, 118Nieto, Santiago: 77Núñez, Arturo: 36, 53

OOchoa Reza, Enrique: 244Ortiz Hurtado, Artemio: 114Orvañanos, Luis: 80Osorio Chong, Miguel Ángel: 107

PPanke, Luciana: 79Patiño Fierro, Patricia: 28Paz Morales, Ramón: 183Peimbert, Manuel: 89Pérez Gay, José María: 42Pérez Rojas, Sara: 192Poiré, Alejandro: 51Polevnsky Gurwitz, Yeidckol: 29 Poniatowska, Elena: 41, 64Ponce de Aquino, José Luis: 112

QQuijano, Javier: 95Quintero Íñiguez, Alejandro: 110, 166

RRamírez, Eduardo: 191Ramírez González, Alejandro: 112 Ramírez Marín, Jorge Carlos: 50Rendón, Juan José: 79Rentería López, Víctor Manuel: 185Reyes, Alfonso: 219Reza, Silvia: 192Robles, Rosario: 73Rodríguez, Nikol: 192Rodríguez Cuevas, Sergio: 41Romo, Alfonso: 41, 95Rosales, Hugo: 192Rosbach, Lilia: 42

SSabines, Juan: 39Salinas de Gortari, Carlos: 58, 81, 88Salinas Pliego, Ricardo: 66Sánchez, Ceinett: 82Sánchez Cordero Grossmann, Jorge: 157Sandoval, Aristóteles: 79Sandoval Ballesteros, Irma Eréndira: 28Sheinbaum, Claudia: 28, 41Sicilia, Javier: 65, 66Sierra, Joel: 188Sola Reché, Antonio: 77, 78, 119Sosa, Evangelina: 42Sosa, Roberto: 42Soto, Cecilia: 89Souto, Carlos: 79Struck, Tere: 76Suárez, Víctor: 118

LA LARGA TRAVESÍA

305

TTagle, Martha: 119Taibo II, Paco Ignacio: 42Tolstoi, León: 219Torres, Agustín: 119Torres, Pedro: 78Torres Graciano, Fernando: 87Torruco, Miguel: 36, 41Trad, Roberto: 98Turner, Fernando: 92

VValdés Zurita, Leonardo: 33, 84, 87, 117, 133, 189Valencia, Pedro: 77Vallarta, Ignacio Luis: 195Vargas, Fernando: 192Videgaray, Luis: 56, 57, 82, 112, 130, 131, 159, 182, 186, 188, 244Vigues, Hugo: 112

WWalton, Luis: 24, 36

YYáñez, César: 17, 29, 50 , 77 95 Ycaza, Alia: 82

ZZambrano, Jesús: 24, 36, 101, 109Zedillo, Ernesto: 88Zuckermann, Leo: 170

307

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La larga travesía, de Ricardo Monreal Ávila, se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2013

en los talleres de Diseño Tres y/o León García Dávila, Super Avenida Lomas Verdes 2560-306, Lomas Verdes,

Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120. Se utilizó fuente Myriad 11/13.5

Se imprimieron 1,500 ejemplares.

¿A ras de tierra se puede recorrer un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados y contactar a más de 79 millones de electores, en un tiempo de campa-ña formal de seis meses (2006) o de tres meses (2012)? La respuesta es depende: del candidato, del tipo de campaña, de los mensajes de aire, de la estructura territo-rial que se posea y, a partir de 2012, de las redes sociales.

Durante el primer debate de la campaña presidencial de 2012, con orgullo y acierto Andrés Manuel López Obrador presumiría el logro territorial de su larga travesía: “Soy el único candidato que ha recorrido todos y cada de los 2,430 munici-pios del país”. Ello sin televisión, sin radio, sin prensa, con la fuerza y entereza de quien ha caminado todo México desde abajo, el México profundo, el de los munici-pios indígenas del sureste, el de los municipios del desierto y semidesierto del norte, el de los municipios costeros olvidados de Baja California Sur o Nayarit, el de los municipios de la selva negra poblana.

Las dos campañas presidenciales de AMLO han tenido como formato principal los mítines en las plazas públicas de los municipios visitados, encuentros en audito-rios con públicos específicos (estudiantes, empresarios, profesionistas) y conferen-cias de prensa abiertas a todos los medios que desearan cubrirlas. En ocasiones, entrevistas en estudios de radio o televisión. Es un candidato que realiza el 75% de sus traslados por tierra, en jornadas de 18 horas diarias en promedio, con una comi-tiva reducida de invitados y colaboradores cercanos.

De los cuatro contendientes en la pasada elección, es el único que remontó un 42% de opiniones negativas y terminó con un saldo positivo de 12%. Avanzó 54 puntos en un semestre. No se levantó del suelo, sino del subsuelo electoral. Fue el único que duplicó su preferencia en tres meses, de 16% a 32%. Fue capaz de desplazar y desbancar a la candidata del gobierno federal, enviándola a un tercer lugar. Y todo ello lo realizó con una campaña a ras de tierra, con el número de spots más reducido de los tres partidos grandes y sin el favor de los medios de comunica-ción masiva.

Esta obra da cuenta del recorrido de Andrés Manuel López Obrador y de quienes lo acompañamos durante la campaña presidencial de 2012 y después de las elecciones. Una larga travesía que aún no concluye.

Resistentes como el acero, persistentes como el viento, así es como las trave-sías consuman final y felizmente su destino.

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